CSJ - SL1632-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1632-2023 Radicación n.° 94508 Acta 24 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por OLGA ARISTIZÁBAL DE SAA contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 24 de mayo de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Olga Aristizábal de Saa demandó a Colpensiones, con el fin de que se declare que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del fallecimiento de su esposo Nelson Saa Miranda, hecho acaecido el 22 de septiembre de 2000. En consecuencia, se le condene al pago

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Radicación n.° 94508 de la prestación desde dicha data, los intereses moratorios, las mesadas adicionales y las costas procesales. Manifestó que es beneficiaria de la prestación de sobrevivientes en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 22 de septiembre de 2000 falleció, en Estados Unidos, el señor Nelson Saa Miranda, con quien contrajo matrimonio el 28 de febrero de 1969 y mantuvo convivencia hasta el día de su

deceso; que para el momento de la muerte contaba con 473,14 semanas cotizadas en el ISS; y que Colpensiones le negó la pensión de sobrevivientes mediante la Resolución GNR 34117 del 6 de diciembre de 2013, decisión contra la cual presentó recurso de apelación que no fue resuelto en término. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió la fecha de fallecimiento del señor Nelson Saa Miranda, la celebración del matrimonio, la cantidad de semanas cotizadas por el causante y la negativa de reconocimiento pensional a favor de la demandante. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos, no le constaban y se atenía a lo que resultare probado en el proceso. En su defensa manifestó que no había lugar al otorgamiento de la prestación porque el causante no dejó

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Radicación n.° 94508 cotizadas la densidad de semanas requerida. Al efecto, propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, por medio de la providencia del 25 de noviembre de 2015, resolvió: PRIMERO: declarar parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas anteriores al 15 de abril de 2010 hacia atrás.

SEGUNDO: se condena a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES […] a reconocer en favor de

la señora OLGA ARISTIZABAL DE SAA la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Nelson Saa Miranda, a partir del 15 de abril de 2010, habida cuenta que se declaró probada la excepción de prescripción.

TERCERO: condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES […] a pagar en favor de la señora OLGA ARISTIZABAL DE SAA la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Nelson Saa Miranda, a partir del 15 de abril de 2010.

CUARTO: condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES […] a reconocer y pagar en favor de la señora OLGA ARISTIZABAL DE SAA los intereses moratorios consagrados en la Ley 100/93 a partir de la fecha ejecutoria de la sentencia.

QUINTO: absolver a COLPENSIONES del resto de pretensiones elevadas en su contra.

SEXTO: condenar en costas a la parte vencida en juicio. Incluya en la misma el valor de $6.450.000, por concepto de agencias en derecho.

SÉPTIMO: CONSÚLTESE el presente proveído con nuestra SUPERIORIDAD en caso de no ser impugnado.

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Radicación n.° 94508

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante proveído del 24 de mayo del 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y el grado de jurisdiccional de

consulta en favor de Colpensiones, revocó la sentencia del Juzgado y declaró probada la excepción de «inexistencia de la obligación», absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas de ambas instancias a la actora. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico en determinar, en primer lugar, si el causante había dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes; y en segundo lugar, si la demandante demostró tener la calidad de beneficiaria. Inicialmente, señaló que no era materia de discusión que el señor Nelson Saa Miranda estuvo afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS, hoy Colpensiones; que durante toda su vida laboral aportó un total de 473,14 semanas; y que falleció el 22 de septiembre de 2000 en Estados Unidos. Con relación a la causación del derecho, afirmó que las normas aplicables eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, pues era la normativa vigente para el momento del fallecimiento, esto es, el 22 de septiembre del año 2000. Luego de transcribir un aparte de la norma, consideró que el

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Radicación n.° 94508 señor Saa Miranda no dejó materializado el derecho a la prestación de sobrevivientes por cuanto «desde el 4 de febrero de 1980 suspendió los aportes que realizaba al Sistema de Seguridad Social en Pensiones»; por lo tanto, no contaba con las 26 semanas cotizadas en el año anterior a su deceso,

supuesto que acaeció el 22 de septiembre de 2000. Tuvo en cuenta que, desde la demanda inaugural se solicitó que se estudiara la prestación conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para lo cual trajo a colación lo expresado en la sentencia CSJ SL2150-2017. Luego, refirió que el artículo 25 del Decreto 758 de 1990 disponía que la muerte de un asegurado generaba el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando éste hubiese cumplido los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de invalidez, que eran: haber cotizado 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha de la invalidez o 300 semanas en cualquier época. Acto seguido, citó un aparte de la sentencia CSJ SL0602021 y luego enunció las providencias CSJ SL5147-2020, CSJ SL1802-2018, CSJ SL4091-2016, CSJ SL11548-2015 y CSJ SL, 4 dic. 2006, rad. 28893. Con fundamento en lo dicho, concluyó que en el plenario no era posible analizar la causación del derecho: […] a la luz de una disposición anterior a la vigente en el momento en que se produjo el “riesgo” asegurado, que en este caso es la muerte del afiliado, toda vez que el principio de la condición más beneficiosa tiene como límite temporal que aquel

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Radicación n.° 94508 se hubiese producido en los 6 años posteriores a la vigencia de la

Ley 100 de 1993, es decir, al 31 de marzo del 2000, exigencia que no se acredita, ya que Nelson Saa Miranda falleció el 22 de septiembre de esa anualidad. En consecuencia, revocó la sentencia apelada y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Olga Aristizábal de Saa, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida en primer grado.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al que se presenta oposición.

VI. CARGO ÚNICO Acusa por vía directa la «infracción directa» de los artículos 4, 13, 29, 48, 53 y 85 de la CP; 16 del CST; 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, transgresión que condujo a la interpretación errónea de los artículos 46, 47 y 141 de la Ley 100 de 1993.

Después de precisar que no discute ningún supuesto

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Radicación n.° 94508 fáctico, afirma que la interpretación errónea deviene de que el juez plural se apoyó en jurisprudencia; que el desatino radica en que a pesar de haber considerado que el causante dejó 473,14 semanas cotizadas, erróneamente dedujo que no

acreditó las 26 semanas al momento del fallecimiento, para así negar el derecho deprecado. Sostiene que si el Tribunal hubiese aplicado los cánones constitucionales enlistados y no se hubiese apartado de los principios que rigen el sistema, habría concluido que le asistía el derecho a la pensión pues, el afiliado fallecido cumplió el requisito de las semanas de cotización. Endilga que el juzgador aplicó de manera desarticulada el fundamento judicial por lo que se evidencian las violaciones de la ley denunciadas; que dejó de lado «la pauta doctrinaria que ha dilucidado» esta Corte y el deber de obrar en contexto con los valores constitucionales y mínimos fundamentales, tales como la condición más beneficiosa y la progresividad del derecho a la seguridad social. Indica que las sentencias CC C1056, CC C1094-2003 y CC C556-2009 soportan esta causa, en las que se estudió la teoría sobre la aplicación de la condición más beneficiosa. En seguida, transcribe apartes de las providencias CSJ SL, 22 ag. 2012, rad. 41935 y CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 41832, para con base en ellas concluir que «la condición regresiva, injusta y desproporcionada contenida en el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993 resultaría inaplicable, por lo que, siendo solo ella el obstáculo formulado por el demandado

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Radicación n.° 94508 para no dispensar la prestación, conllevaría a mantener incólume la decisión atacada».

VII. RÉPLICA

Colpensiones se opone a la prosperidad del recurso porque considera que el juez de segunda instancia aplicó de manera apropiada las normas que regulan la materia, ya que la Ley 100 de 1993, norma vigente para el momento del fallecimiento del causante, requiere que el afiliado haya cotizado 26 semanas dentro del año anterior a su deceso. Agrega que, de prosperar el cargo incoado se le estaría obligando a reconocer una pensión de sobrevivientes sin el cumplimiento de los requisitos, por lo que resultaría una sentencia manifiestamente ilegal. Agrega que el principio de la condición más beneficiosa no habilita a quién no cumple los requisitos de la norma vigente para efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores.

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que advierte la Sala es que, a pesar de que la acusación no es precisamente un modelo en cuanto a la modalidad de violación de la ley que se atribuye respecto de las normas enlistadas en la proposición jurídica, dado que se imputa la «infracción directa» de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normas que sí fueron tenidas en cuenta por el Tribunal, solo que consideró que no se cumplieron los

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Radicación n.° 94508 presupuestos allí previstos, dicho desacierto no impide el estudio del cargo, pues de su desarrollo luce inequívoco que los reparos están encaminados a evidenciar la interpretación errónea de las normas endilgadas. Precisado lo anterior, de cara a los planteamientos

esbozados en la acusación, debe destacarse que aun cuando el colegiado consideró que el principio de la condición más beneficiosa resultaba aplicable para definir la procedencia del derecho pensional pretendido, encontró que no se satisfacían las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, en la medida que para ello se ha definido un límite temporal, consistente en que el «riesgo asegurado» se hubiese consolidado en los seis años posteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, hasta el 31 de marzo del 2000, presupuesto que no halló acreditado, dado que el deceso acaeció el 22 de septiembre de esa anualidad. Atendiendo la senda directa a través de la que se encauza el ataque, se tienen como hechos indiscutidos los siguientes: i) la calidad de cónyuge supérstite de la demandante frente al afiliado fallecido; ii) el deceso de Nelson Saa Miranda ocurrió el 22 de septiembre de 2000; iii) el causante aportó al entonces ISS, hoy Colpensiones, un total de 473,14 semanas antes del 1 de abril de 1994; y iv) el fallecido era cotizante inactivo al momento de su muerte y no sufragó 26 semanas en el año anterior a este suceso. Con el marco expuesto el problema que convoca a la Sala consiste en definir si el fallador de segundo grado

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Radicación n.° 94508 incurrió en un yerro jurídico al considerar que para efectos de acreditar las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, cuando

se aplica el principio de la condición más beneficiosa, era imperativo que el deceso ocurriera dentro de los seis años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Pues bien, el asunto en discusión ya ha sido definido por la Corte en criterio consolidado según el cual es viable aplicar el principio de la condición más beneficiosa a efecto de que los titulares puedan reclamar la pensión de sobrevivientes con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, siempre que el fallecimiento ocurra en vigencia de la Ley 100 original y el causante haya dejado acreditada, antes del 1 de abril de 1994, la densidad de semanas prevista en sus artículos 6 y 25, esto es, 300 semanas en toda la vida laboral o 150 en los seis años anteriores al deceso. En efecto, esta corporación ha señalado que para la aplicación del principio en comento, cuando la muerte ha ocurrido en vigencia de la Ley 100 original, debe verificar solo uno de los dos presupuestos que consagraban los cánones señalados, esto es, o bien las 300 semanas en toda la vida laboral, ora las 150 en los seis años anteriores al deceso. En cuanto al primero (300 semanas) se ha dicho que para el caso de la pensión de sobrevivientes estas deben estar satisfechas al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 1 de abril de 1994; y con relación al segundo, es claro que las 150 semanas deben preceder al

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Radicación n.° 94508 deceso, «pero contabilizando ese tiempo desde el 1º de abril

de 1994 hacía atrás, y adicionalmente tener esa misma densidad en los seis (6) años anteriores a su fallecimiento». Este último condicionamiento es el que prevé una aplicación temporal hasta el 31 de marzo de 2000, como lo consideró el sentenciador de segundo grado. Sobre el particular, basta con memorar la sentencia CJS SL11548-2015, cuyo tenor literal señala: El Tribunal incurrió en el yerro jurídico que le imputa la censura, pues como consecuencia de interpretar con error el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el principio de la condición más beneficiosa, así como de entender igualmente equivocada las decisiones de esta Corporación, dejó de aplicar al caso las disposiciones del artículo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, en materia de pensión de sobrevivientes. Así se dice, porque si bien para el Tribunal el causante no dejó cotizadas trescientas (300) semanas al 1º de abril de 1994, así como que dentro de los seis anteriores a la fecha última mencionada tenía cotizadas ciento cincuenta (150) semanas, sin embargo, en cuanto al lapso transcurrido entre el 1º de abril de 1994 y el 14 de agosto de 1997, no dejó satisfechas esas ciento cincuenta (150) semanas, lo que hacía imposible que la demandante accediera a la pensión de sobreviviente que reclama, aserto para el cual se apoyó en las sentencias sobre ese tema que ha proferido la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, vale traer a colación los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, que a la letra dicen:

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y, b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.

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Radicación n.° 94508 ARTÍCULO 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y, b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento. En torno a la aplicación de dichos preceptos cuando el asegurado fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993, y no cumplía la densidad de cotizaciones exigida por el artículo 46 en su original redacción, de dicha ley, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, ha dicho la Corte lo siguiente: En cuanto a las trescientas (300) semanas cotizadas en cualquier

época con anterioridad al estado de invalidez -y que para el caso de la pensión de sobrevivientes es con anterioridad al fallecimiento-, deben estar satisfechas al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Respecto de las ciento cincuenta (150) semanas cotizadas dentro de los seis (6) años anteriores al estado de invalidez –y que igualmente para el caso de la pensión de sobrevivientes, son anteriores al fallecimiento-, esa densidad debe estar satisfecha pero contabilizando ese tiempo desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, y adicionalmente tener esa misma densidad en los seis (6) años anteriores a su fallecimiento. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL, del 26 de dic. de 2006, rad. 29042, cuyas orientaciones fueron reiteradas posteriormente, así se pronunció la Corte: “En ese orden de ideas, el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 6º ibídem establecía dos supuestos para que surgiera el derecho a la pensión de sobrevivientes: 1) Que el asegurado hubiera cotizado 300 semanas en cualquier tiempo antes de la muerte; ó 2) 150 semanas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento. Sobre el primer supuesto la Corte se ha pronunciado de manera reiterada señalando que la reseñada densidad de cotizaciones debe estar satisfecha para el momento en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, que hasta ahora no ha hecho distinción alguna entre los dos supuestos. En cuanto a la segunda hipótesis, cabe destacar que el número

de cotizaciones allí indicado (150 semanas) debe satisfacerse dentro de los seis (6) años anteriores al fallecimiento, por lo

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Radicación n.° 94508 que la aplicación de la condición más beneficiosa prevista en la normativa anterior debe cumplir los siguientes requisitos: En primer lugar, para que el derecho a la pensión de sobrevivientes se gobierne por el Acuerdo 049 de 1990 es necesario que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 el afiliado haya cotizado 150 semanas, requisito que aquí se cumple porque contando los seis años desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, se tiene que estos terminan el 1º de abril de 1988; ahora bien en este interregno el recurrente hizo las siguientes cotizaciones: del 8 al 14 de junio de 1988, 7 días; del 15 al 29 de junio de 1988, 15 días; del 17 de abril de 1989 al 11 de mayo de 1990, 390 días; del 17 de julio de 1989 al 15 de enero de 1990, 183 días, del 1 de febrero de al 28 de mayo de 1991, 482 días y del 28 de enero de 1992 al 1 de marzo de 1994, 764 días y del 28 de marzo de 1994 al 1 de abril de 1994, 4 días. Para un total de 1.845 días, menos las cotizaciones simultáneas de 283 días un saldo neto de 1.562 que convertidos en semanas arroja la cantidad de 223.14. En segundo lugar, es menester que también registre 150 semanas dentro de los seis (6) años anteriores al

fallecimiento, con lo cual cumple también el causante pues revisados los reportes de folios 81, 82 y 85 se observa que en el citado período (9 de agosto de 1991 al 9 de agosto de 1997), hizo cotizaciones así: año 1995: 180 días; 28 de enero de 1992 a 1 de marzo de 1994, 764 días; del 28 de marzo de 1994 al 8 de junio del mismo año, 73 días y del 9 de junio de 194 al 31 de diciembre de 1994, 206 días, para un total de 1.223 días que convertidos en semanas da 174. 71. Lo anterior incluso sin tener en cuenta las cotizaciones por 270 días (38.57 semanas) reportada en el documento de folios 48 y 49. De manera que aun cuando es evidente que el causante no cotizó trescientas semanas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, ninguna duda queda de que había hecho aportes por más de 150 semanas durante los seis años anteriores a dicho acontecimiento, y cumple también con la exigencia de tener aportes por el mismo número de semanas dentro de los seis años anteriores a la muerte, lo que quiere decir que sus causahabientes tienen derecho a la pensión reclamada en los términos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990. Con el criterio expuesto no se está haciendo más gravosa la situación para los afiliados que reclamen la aplicación del régimen jurídico anterior con base en aportes por 150 semanas, sino cumpliendo con el imperativo legal que preceptúa que en este supuesto la densidad de semanas debe

cumplirse dentro de los seis (6) años anteriores, pues del modo en que se dejó descrito resultan conciliados el mínimo de cotizaciones exigidos para el surgimiento del derecho y la fidelidad al sistema de seguridad social, que se manifiesta en que tal mínimo de aportes debe quedar hecho dentro de

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Radicación n.° 94508 determinado interregno el cual debe ser relativamente cercano al momento de la muerte, siendo esta última circunstancia la que permite que se computen semanas cotizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993> (Resalta la Sala). Posteriormente, en sentencia CSJ SL, del 4 de dic. de 2006, rad. 28893, la Corte en sede de instancia ratificó las anteriores orientaciones al trascribirlas, y adicionalmente observó las siguientes: «De acuerdo con dichas directrices recién fijadas, se observa en el sub lite que el causante generó cotizaciones en el régimen del ISS, antes como después del 1° de abril de 1994, conforme se colige de los reportes o novedades de semanas cotizadas obrantes a folios 13 a 115 y 69 a 70, del cuaderno del Juzgado, por un total de 390 semanas como lo asentó el ISS en la Resolución N° 023930 de 2002 mediante la cual se negó el reconocimiento pensional (fl. 10). De esas 390 semanas aportadas durante la vida laboral del afiliado fallecido, 234,1429 lo fueron antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, lo cual significa que el causante

no alcanzó a tener 300 semanas aportadas en cualquier época antes de la Ley 100 de 1993. Y aunque sí cotizó 150 semanas en los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social que abarca como se dijo hasta el 1° de abril de 1988, no satisface el otro requisito de reunir las 150 semanas en los seis años que anteceden a la fecha de la muerte, bajo el entendido de que este periodo no puede extenderse más allá del sexto año de vigencia de la Ley 100 de 1993, precisión que se ha de hacer para quienes, como en el sub lite fallecen después del 31 de marzo de 2000; de esta manera en el lapso transcurrido entre ésta fecha y el 1 de abril de 1994, según se demuestra con la Historia de los Ingresos Bases de Liquidación del ISS (fls. 69 y 70) y con la documental de folios 113 a 155, el de cujus sólo cotizó 972 días que equivalen a 138,85 semanas. Así las cosas, de conformidad con lo acreditado en el proceso, el causante no satisfizo ninguna de las hipótesis del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 6° ibídem, para acceder los causahabientes al derecho pensional reclamado con base en las exigencias de ese ordenamiento, haciendo énfasis en que las 150 semanas del segundo condicionamiento se cumplan conforme a la nueva postura jurisprudencial atrás transcrita”.). Dos precisiones cabe hacer, entonces, sobre el criterio jurisprudencial vigente en torno a las ciento cincuenta (150)

semanas, así: La primera, para quienes fallecen antes del 31 de

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Radicación n.° 94508 marzo de 2000 pero después del 1º de abril de 1994, deben haber cumplido con esa densidad dentro de los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, e igualmente esa misma densidad dentro de los seis años anteriores a su fallecimiento, permitiéndose la suma de semanas cotizadas tanto antes como después de la Ley 100 de 1993; la segunda, para quienes fallecen después del 31 de marzo de 2000, deben haber satisfecho esa densidad dentro de los seis años anteriores al 1º de abril de 1994, e igualmente esa misma densidad entre el 1º de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2000. (Negrillas del texto original y subrayado de la Sala). Así las cosas, y de acuerdo a la jurisprudencia antes citada, el Tribunal incurrió en el desatino jurídico que le endilga la censura, dado que se equivocó al estudiar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa verificando si el deceso del causante aconteció en el límite temporal previsto jurisprudencialmente para aquellos casos en que se constata el cumplimiento de las 150 semanas en los seis años anteriores al deceso, desatendiendo la hipótesis de cumplimiento de las 300 semanas en cualquier época, antes del 1 de abril de 1994, supuesto indiscutido en el presente asunto. En consecuencia, como el causante dejó cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, un total de 473,14 semanas antes del

1 de abril de 1994, resulta claro que cumplió el primero de los presupuestos señalados en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, y, por ende, dejó causada la pensión de sobrevivientes en los términos previstos en las citadas disposiciones, aplicables al presente asunto por el principio de la condición más beneficiosa. Lo anterior es suficiente para casar la sentencia y, por

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Radicación n.° 94508 tanto, el cargo prospera. Sin costas en sede de casación.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA El sentenciador de primer grado fundamentó su decisión, esencialmente, en que la demandante reclama la prestación en la calidad de cónyuge supérstite de Nelson Saa Miranda, quien falleció el 22 de septiembre de 2000 en Estados Unidos y cotizó al ISS un total de 473,14 semanas; después de aludir a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, norma aplicable, afirmó que el causante no dejó acreditadas 26 semanas en el último año; que en el plenario obra copia del registro civil de matrimonio (f.º 26); y que los testigos Mariela Parra y Carlos Murillo dieron cuenta de que ellos convivieron por más de diez años, razón por la cual estaba acreditada la convivencia, máxime que el vínculo matrimonial estuvo vigente hasta el momento en que ocurrió el deceso.

Afirmó que el causante cotizó un total de 473 semanas al ISS entre el 15 de junio de 1970 y el 4 de febrero de 1980;

que, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, había lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en la cantidad de semanas aludida, máxime que Colpensiones no discutía la convivencia.

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Radicación n.° 94508 En consecuencia, conferiría la prestación a partir del 22 de septiembre de 2000; además precisó que aquella debía liquidarse: […] bajo los parámetros del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en los salarios devengados por el causante y no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, con el reconocimiento consecuencial de las mesadas adicionales dispuestas en la ley. Ahora bien, como se formuló la excepción de prescripción, ver folio 55, teniendo en cuenta que esta prestación fue causada del 22 de septiembre de 2000, pero fue solicitada el 15 de abril de 2013, según consta en la Resolución GNR 345117 (f.º 27) se dispondrá el pago de la pensión en favor de la señora Olga Aristizabal de Saa tan solo 3 años atrás a la fecha de la solicitud, es decir, a partir del 15 de abril de 2010, prestación con los reajustes anuales decretados por el Gobierno Nacional. Con relación a los intereses moratorios, consideró que procedían a partir de la «ejecutoria de la sentencia», pues cuando se reclamó la prestación, la entidad demandada aplicó la norma que correspondía y, además, el derecho se establecía en dicha providencia, en la que se dispuso la

«inaplicación de la citada norma», atendiendo el principio de la condición más beneficiosa. Iteró que conforme a lo previsto en los folios 27 y 28, era claro que Colpensiones «no discutió ni el vínculo, ni la convivencia, ni la dependencia», pues solamente lo hizo respecto de las 26 semanas en el último año. Por consiguiente, imponía la condena en los términos anteriormente señalados. Frente a la decisión la parte actora interpuso recurso de apelación manifestando su inconformidad respecto de los

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Radicación n.° 94508 intereses moratorios, argumentando que proceden desde el 15 de julio de 2010 y no desde la ejecutoria de la sentencia. Por razones de método, la resolución del recurso precedente se realizará después de abordar el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. Al efecto, es preciso tener en cuenta que en la presente controversia está demostrado que el deceso de Nelson Saa Miranda ocurrió el 22 de septiembre de 2000 en el Condado Broward de los Estados Unidos, según consta en el registro de defunción (f.º 4); y que aportó al extinto ISS un total de 473,14 semanas entre el 15 de junio de 1970 y el 4 de febrero de 1980, data en que realizó la última cotización (f.º 21). Definidos los anteriores supuestos fácticos, es necesario memorar que, por regla general, el derech