CSJ - SL164-2023

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL164-2023
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL164-2023 Radicación n.° 91056 Acta 03 Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Procede la Corte a proferir sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral que OLGA LUCÍA MOSQUERA PAZ instauró contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Mediante sentencia de casación del 27 de septiembre de 2022, CSJ SL3392-2022, la Corte casó la decisión emitida el 31 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo de primer grado proferido por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de esa ciudad el 27 de enero de 2020, que negó las súplicas tendientes a obtener la ineficacia del traslado de

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Radicación n.° 91056 régimen pensional, junto con reconocimiento y pago de la pensión de vejez pretendida por la actora. Los fundamentos de esta corporación consistieron en que el juez de segundo grado se equivocó al desconocer que las normas que imponen la obligación de la AFP de suministrar información oportuna, adecuada y veraz sobre los riesgos e implicaciones del cambio del modelo pensional, operan a favor de todos los afiliados sin distinción, sin que

sea menester acreditar algún perjuicio; así mismo al no advertir que dentro del proceso Porvenir S.A. no demostró que cumplió con ese deber de ilustración que le correspondía, conforme al numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y el artículo 1604 del Código Civil, motivo por el cual la Corte coligió que el traslado al RAIS resultaba ineficaz. Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que la actora solicitó también el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, se dispuso oficiar a las demandadas para que remitieran copia del registro completo y actualizado de la totalidad de semanas cotizadas, y los ingresos sobre los cuales se efectuaron los aportes al sistema pensional a favor de la demandante. Frente a la información solicitada, el 8 de noviembre de 2022 Porvenir S.A. envió la historia laboral consolidada de la accionante; y con posterioridad Colpensiones allegó el reporte de aportes con fecha de expedición 19 de diciembre de 2022.

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Radicación n.° 91056 De toda la información recibida se corrió traslado a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo pertinente, plazo dentro del cual no se efectuó pronunciamiento alguno. Así las cosas, procederá esta Sala a dictar la correspondiente decisión de instancia.

II. CONSIDERACIONES En primer lugar, se observa que el juez de primer grado negó las súplicas de la demanda inaugural y absolvió de todas las pretensiones incoadas, en síntesis, bajo los

siguientes razonamientos:

Adujo que en el presente asunto se pretendía la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado en mayo de 1997. Relacionó algunas de las pruebas allegadas al proceso y resaltó que sobre la actora recayó una confesión ficta o presunta por no haber asistido a la audiencia consagrada en el artículo 77 del CPTSS, consistente en que la AFP Porvenir S.A. suministró la información necesaria para el cambio de régimen. Destacó que la accionante fue beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en razón a la edad; y que para la definición del asunto debía tenerse en cuenta que el precedente jurisprudencial no podía aplicarse de forma irrestricta, en tanto era necesario analizar las particularidades de cada caso.

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Radicación n.° 91056 Expresó que de las pruebas allegadas al plenario se desprendía que la demandante no estaba inmersa en alguna situación que impidiera su vinculación al RAIS a la luz del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, al margen que esa decisión le generó la pérdida del régimen de transición. Se remitió al artículo 271 ibidem y consideró que, si bien en la demanda no se expuso la existencia de un vicio en el consentimiento, era necesario su análisis. En dicho sentido expresó que aun cuando la accionante en el interrogatorio de parte adujo que se trasladó al RAIS por una instrucción de su empleador, ello no estaba demostrado en el proceso, como tampoco que hubiera sido obligatorio adoptar esa decisión, a

lo que se sumaba que la vinculación a la AFP ocurrió cuando estaba laborando para una sociedad diferente a la que aludió en la respuesta a la pregunta, por lo que descartó la fuerza como vicio. Indicó el a quo, que tampoco se evidenciaba un dolo y, frente al error estimó que la promotora del proceso era abogada y la determinación de cambiarse de régimen la pudo analizar con detenimiento, aunado a que esa determinación, en razón a la situación administrativa que presentaba el ISS, no podía considerarse como equivocada, máxime que en el RAIS contaba con determinados beneficios, como lo era obtener una devolución de saldos en una suma superior a la que se otorga en el RPM bajo el concepto de indemnización sustitutiva.

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Radicación n.° 91056 Añadió que la omisión en la información por parte de la entidad de seguridad social no conllevaba la ineficacia del traslado, pues era necesaria la presencia de un vicio en el consentimiento, máxime que, estimó, en algunos casos ese cambio puede favorecer al afiliado; y que de accederse a lo solicitado se afectaría la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional. Contra esa determinación la parte actora interpuso recurso de apelación, y reclamó su revocatoria, para en su lugar acceder a todas las peticiones de la demanda inicial, para lo cual argumentó que no era viable interpretar las normas en contra de la afiliada, máxime que eran imperativas. Expresó que la decisión de primera instancia se soportó en razonamientos subjetivos respecto a la conveniencia para

la actora de pertenecer al RAIS; y que no existía prueba de la firma de formulario de vinculación al fondo privado, el cual tenía la obligación de brindar una información clara, oportuna y suficiente. Agregó que cuando no se cumplían los presupuestos legales, el traslado era ineficaz; y que se debía aplicar la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, conforme a lo esgrimido por la parte demandante y apelante, la Corte, en sede de instancia, procederá a abordar el estudio de las inconformidades, en

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Radicación n.° 91056 primer lugar, si es ineficaz el cambio de régimen pensional y, en caso afirmativo, si le asiste derecho a la pensión de vejez peticionada por la actora. - Ineficacia del traslado de régimen pensional En aras de dar respuesta al recurso de apelación, debe recordar la Sala que la demandante soportó sus súplicas tendientes a obtener la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen pensional, en la circunstancia de que el fondo privado no le suministró la información necesaria a fin de contar con elementos suficientes para discernir los alcances de su traslado al RAIS. Ahora bien, para definir si el traslado de régimen en este caso en particular era o no ineficaz, cabe recordar que, tal como se adoctrinó en sentencia CSJ SL4803-2021, la construcción jurisprudencial de la ineficacia en esta

particular materia se ha basado, precisamente, en avanzar del mero estudio del elemento «consentimiento» sobre la presencia de alguno de los vicios como el error, violencia y dolo, atinentes a la validez del acto, para llegar al análisis del «deber de información» que compete a las administradoras de pensiones, en cumplimiento de normas de orden público que regulan el cambio de régimen. De ahí que, resulta equivocado imponerle a la accionante la carga de demostrar un vicio en su voluntad de traslado, como lo hizo el a quo, cuando lo cierto es que, en los eventos en que se discute el acto de cambio de régimen

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Radicación n.° 91056 por falta de la información debida, es la AFP a quien le atañe acreditar que sí cumplió con el deber de suministrar la información, diligencia y cuidado que le incumbe. Ahora bien, de la revisión del material probatorio allegado, la Sala no evidencia la demostración del cumplimiento de este deber, pues ninguno de los elementos aportados al proceso lo acreditan, ya que no es posible demostrarlo con la respuesta otorgada por Colpensiones a la solicitud de traslado (f.o 29), la copia de semanas cotizadas emitida por Colpensiones y el fondo privado (f.o 30 a 34, 36 a 40, 92 a 95 y 124 a 128), el certificado de afiliación a Porvenir S.A. (f.o 35, 89 a 92), un estudio de la situación pensional que allegó la accionante (f.o 44 a 54) y unos comunicados de prensa (f.o 96 a 97).

En este punto, resulta importante señalar que, si bien la demandante no asistió a la audiencia establecida en el artículo 77 del CTPSS, concretamente a la etapa de conciliación obligatoria, motivo por el cual el a quo la declaró confesa, en el sentido de tener «como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión […] particularmente en punto a que la accionante recibió al momento de la afiliación toda la información necesaria para tomar una decisión informada» (f.o 141), tal situación no implica, a juicio de la Corte, que el presente asunto, se deba tener por acreditado ese deber de información, por lo siguiente: - Es criterio de la Sala que a fin de que opere la confesión ficta se debe determinar por el juez de primera

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Radicación n.° 91056 instancia «cuáles hechos de la demanda inicial, de la contestación o de las excepciones son susceptibles de confesión en los términos del artículo 191 CGP, a fin de que la contraparte pueda ejercer eficazmente y de manera oportuna sus derechos de defensa y contradicción» (CSJ SL4311-2022). Si bien, en principio, podría considerarse que se cumplió con tal exigencia, en estricto rigor no se hizo una individualización de los hechos de la respuesta y las excepciones frente a los cuales operaba la confesión, aunado a que el juzgador de primer grado fue genérico en punto a la «información» que presuntamente recibió la actora, pues solamente indicó que fue «toda» la «necesaria», es decir, no plasmó qué tipo de ilustración se le otorgó a la demandante,

previo a su traslado. Tal ambigüedad impide tener por suficientemente acreditado, a partir de una presunción, que la promotora del proceso contó con la información adecuada sobre los riesgos e implicaciones del cambio al RAIS, esto es, las ventajas y desventajas que generaría ese traslado. - Por otra parte, si en gracia de discusión se estimara que el a quo sí determinó los hechos confesados, lo cierto es que, al remitirse la Corte a la respuesta a la demandada inicial de la AFP Porvenir S.A., se advierte que en relación a los supuestos fácticos expuestos por la actora, los contestó manifestando que no eran ciertos, en tanto si le dio a conocer los requisitos para obtener la pensión de vejez en ambos regímenes, la existencia de la garantía de la pensión mínima, y que tratándose de los riesgos de invalidez, vejez y muerte no existente diferencias en cuanto las exigencias (respuestas

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Radicación n.° 91056 a los supuestos fácticos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22). Y al fundamentar las excepciones de mérito, la demandada expuso que el formulario de vinculación al RAIS, la demandante lo suscribió de forma libre y voluntaria; además indicó que, la actora recibió «toda la información y asesoría completa, necesaria y personalizada respecto a las características, ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual con solidaridad». Partiendo de lo anterior, la eventual confesión solo acreditaría que el traslado fue libre y voluntario, mas no

informado, en la medida que esa última afirmación debe apreciarse de forma integral, es decir, de cara a los hechos expuestos previamente por esa misma demandada en esa pieza del proceso, que es de donde emanaría la confesión, y es allí en la que se encuentra que la información que se dice haberse suministrado, se circunscribió a los requisitos para acceder a las pensiones de invalidez, vejez y muerte; lo cual resulta insuficiente para considerar que en el cambio de régimen medió un consentimiento informado, en la medida que la ilustración que debe tenerse en cuenta refiere a la descripción, características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los modelos pensionales, e implica un cotejo entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de ellos, así como de las consecuencias jurídicas del traslado o vinculación, que implicaba en este caso en particular, la pérdida del régimen de transición, aunque no se requería que fuera beneficiaria para obtener la ineficacia.

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Radicación n.° 91056 - Adicional a lo anterior, aun cuando la confesión ficta, en principio invierte la carga de la prueba (CSJ SL48292021), estima la Sala que ello, en el presente asunto, comporta un análisis más detallado, tal como se pasa a explicar. Tratándose de la ineficacia del traslado al RAIS por la falta de información pertinente y suficiente, era la AFP en quien recaía la carga de probar conforme al artículo 167 del CGP, pues si la accionante edificó su pretensión en la falta o

en la indebida información por parte de esta entidad, está aludiendo o poniendo de presente que la accionada incumplió el deber de asesoramiento, lo cual constituye una «negación de carácter indefinido», aunado a que el deber de diligencia y cuidado corresponde acreditarlo a quien debía emplearlo, y, por ello, radicaba en cabeza de esa demandada demostrar que sí cumplió con su deber legal. Así lo ha enseñado la Corte, entre otras, en decisión CSJ SL43732020, que al respecto puntualizó: Al estar centrado el debate en que la AFP, no suministró la información pertinente que ilustraran a la accionante al momento del traslado, se está en presencia de una negación indefinida que traslada la carga de probar positivamente a la AFP, al respecto en sentencia SL SL1688-2019, así: 3.- De la carga de la prueba – Inversión a favor del afiliado Según lo expuesto precedentemente, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez. Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un

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Radicación n.° 91056 supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo,

se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo. […] En torno al punto, el artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional. (Subraya la Sala). Teniendo en cuenta lo precedente, esa supuesta confesión ficta o presunta que recayó en la accionante no podría implicar que la actora, para desvirtuarla, tuviera la carga de acreditar una negación indefinida y, de contera, relevar a la AFP de demostrar el eficaz asesoramiento en el cambio de régimen aludido, quien mantenía ese deber a efectos de obtener un resultado favorable a sus intereses. En suma, del examen de los medios de convicción incorporados al plenario, ninguno resultar útil al propósito de demostrar que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A., fue diligente en el asesoramiento de la accionante, dándole los elementos de juicio que facilitaran la adopción de una decisión acorde con sus intereses, sumado a

lo ya analizado en sede casacional, se concluye que la afiliación al RAIS efectuada en mayo de 1997 (f.o 90),

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Radicación n.° 91056 efectivamente resulta ineficaz, según lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en las sentencias CSJ SL4360-2019 y CSJ SL2877-2020. Aquí es oportuno manifestar que, si bien la demandante es abogada, conforme lo reconoció en el interrogatorio de parte que absolvió, tal condición de profesional del derecho no puede implicar, como lo coligió el a quo, que el fondo de pensiones estaba relevado de demostrar probatoriamente el cumplimiento del deber de información a que se ha hecho referencia a lo largo de la presente decisión. Y es que la obligación no tiene una regla de exclusión por la profesión o la labor que ejecuta la afiliada demandante, pues, como quedó visto, esta tarea informativa por parte de la AFP debe ser acreditada, atendiendo lo estatuido en el artículo 1604 del Código Civil, referente a que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe ejecutarla y demostrarla probatoriamente al que ha debido empleara. A lo anterior se suma que en asunto en donde se reclama la ineficacia del traslado de régimen pensional, no resulta acertado efectuar juicios de valor tendientes a analizar si esa determinación fue correcta o equivocada, acudiendo, como en este caso hizo el a quo, a apreciaciones subjetivas o destacando que la devolución de saldos en el RAIS es más beneficiosa que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del RPM, en

tanto lo que corresponde era verificar si la AFP cumplió con las obligaciones que le impone la ley para el momento del cambio de modelo pensional, que en el presente asunto estaban

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Radicación n.° 91056 gobernadas por el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, consistente en que se debe brindar la información suficiente, objetiva, completa y clara sobre las ventajas y desventajas, cuando sus afiliados desean trasladarse de régimen. En lo atinente a las consecuencias que produce la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, consisten en que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban con antelación, esto es, como si el traslado no hubiera ocurrido, lo que apareja que la entidad privada deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros, los gastos de administración, los valores utilizados en seguros previsionales y la garantía de pensión mínima a Colpensiones, tal como se dejó sentado en sentencia CSJ SL2952-2021, en la que se expresó: Como la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), la situación se retrotrae al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás. En esa medida, esta declaración obliga a los Fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros, las comisiones, los gastos de administración y los valores utilizados en seguros previsionales y garantía de pensión mínima debidamente indexados, con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos debieron ingresar

al régimen de prima media con prestación definida (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018,

CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ

SL4360-2019 y CSJ SL2877-2020).

Acorde a lo expuesto, los efectos de la referida ineficacia descartan una lesión al principio de sostenibilidad fiscal, en la medida que apareja que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban con antelación, esto es, como si el traslado no hubiera ocurrido, de allí que a Colpensiones se le reintegran todos los recursos, los que sirven para el

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Radicación n.° 91056 reconocimiento de un eventual derecho pensional, el cual se concederá es conforme a las reglas del RPM (CSJ SL28772020). En lo concerniente a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, cabe recordar que dicho medio exceptivo se configura por la inactividad del beneficiario durante el lapso consagrado en la ley, del ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del derecho; y se justifica por motivos de orden práctico, en tanto se pretende que las relaciones jurídicas no se mantengan inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas en el tiempo se solucionen, por esta razón se le limita el derecho de acción para que sea ejercido en un término razonable en aras de la seguridad jurídica. Sin embargo, por tratarse el traslado de régimen

pensional de un aspecto innato o intrínseco al derecho pensional, su reclamación también es imprescriptible, con mayor razón si atañe a una declaración de la manera en que ocurrió un hecho o sobre el reconocimiento de un estado jurídico. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la sentencia que declara la ineficacia de un acto de traslado de régimen pensional, en realidad, lo que hace es «comprobar o constatar» un estado de cosas, tal acción por esta razón también es imprescriptible. En virtud de todo lo expuesto, se revocará la sentencia

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Radicación n.° 91056 absolutoria de primer grado y se declarará la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS que se efectuó, de modo que, para todos los efectos legales, la actora permaneció en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPM, sin solución de continuidad y se condenará a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. a trasladar a Colpensiones los saldos obrantes en la cuenta de ahorro pensional del demandante, junto con sus rendimientos financieros. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique. Igualmente, Protección S.A. deberá trasladar junto con la AFP Porvenir S.A. a Colpensiones, las comisiones y los gastos de administración que fueron cobrados a la actora, así

como los valores o porcentajes utilizados en seguros previsionales y garantía de pensión mínima, los cuales deberán cancelar en forma debidamente indexada y asumir con cargo a sus propios recursos. - Derecho a la pensión de vejez. En cuanto al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, no es motivo de duda que la señora Mosquera Paz es beneficiaria del régimen de transición, por contar con más de 35 años de edad al 1 de abril de 1994, toda vez que nació el 24 de febrero de 1956 (f.o 28), así que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes del año 2011, a lo que se suma que

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Radicación n.° 91056 la declaratoria de ineficacia de cambio de régimen pensional, tiene como efectos que la actora continúe con el régimen de transición y sea la Administradora de Pensiones – Colpensiones, la llamada u obligada a reconocer y pagar a la demandante la prestación. De igual forma no existe controversia en que previo a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, la accionante estaba afiliada al ISS, por lo que su situación pensional, en lo que respecta a los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, se rige por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que consagra como requisitos para obtener la pensión de vejez, tener 55 años de edad si es mujer y 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 pagadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento

de la edad mínima requerida. Régimen que, desde ya expresa la Sala, se extendió hasta el año 2014, toda vez que, conforme al reporte de semanas cotizadas allegado por Colpensiones, efectuó aportes en forma interrumpida del 18 de febrero de 1980 al 11 de febrero de 1996, por un total de 724 semanas, y en la historia laboral de Porvenir S.A. consta que realizó cotizaciones con el empleador con Amoravi Ltda. desde mayo de 1997 hasta mayo de 2004, esto es, con antelación a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, por 357,29 semanas, de allí que emerge que tenía más de las 750 que se exigió en esa reforma constitucional para extender los beneficios de la transición hasta el año 2014, así:

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Radicación n.° 91056 Parágrafo transitorio 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Con lo precedente también queda al descubierto que la promotora del proceso cumple con las exigencias contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del

régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión de vejez, máxime que al quantum anterior se debe adicionar los ciclos aportados con la Caja de Compensación familiar Cafam, entre julio de 2005 y octubre de 2009, que asciende a 222,86, de allí que el número total de semanas corresponde a 1304. Ahora, como la actora cumplió 55 años de edad el 24 de febrero de 2011, ese es el momento en que causó la pensión de vejez, calenda para la cual ya había dejado de cotizar. Frente al valor de la prestación se observa que desde la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 hasta la adquisición del derecho pensional transcurrieron más de diez años, de modo que el ingreso base de liquidación debe computarse conforme al artículo 21 ibidem, que en el caso en particular corresponde al promedio de los salarios con los cuales cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento pensional o, por tener más de 1250 semanas, toda la vida laboral, tomando el más favorable.

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Radicación n.° 91056 Efectuadas las operaciones aritméticas, se encuentra que el IBL correspondiente a los últimos diez años, asciende a la suma de $7.947.865, tal como se pasa a detallar:

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