CSJ - SL1641-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1641-2023 Radicación n.° 93118 Acta 24 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 13 de febrero de 2020, en el proceso ordinario laboral seguido por HÉCTOR QUINTERO CORREA contra ASESORES EN DERECHO SAS en calidad de mandataria con representación de Panflota; la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-; la NACIÓN – MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; FIDUPREVISORA S.

A. como administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y contra la entidad recurrente.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93118

I. ANTECEDENTES Héctor Quintero Correa convocó a juicio a las entidades accionadas para que se declare que fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. «hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. entidad cerrada» y se proteja su derecho a la seguridad social en respaldo al amparo otorgado por el Consejo de Estado Sección Cuarta.

En consecuencia, solicita emitir las siguientes condenas: i) a Asesores en Derecho SAS a expedir la resolución del cálculo actuarial por el tiempo laborado para

la Flota Mercante Grancolombiana S. A.; ii) a Fiduprevisora

S. A. a pagar a Colpensiones el valor del referido cálculo actuarial; iii) a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones-, a tener en cuenta los periodos trabajados por el actor al servicio de la Flota Mercante Grancolombiana S.

A., para efectos de liquidar la pensión de vejez. Así mismo, se le paguen los perjuicios morales y materiales por el incumplimiento en sufragar el título o cálculo actuarial, los intereses de mora o en su defecto la indexación y las costas del proceso. De manera subsidiaria reclamó que, en virtud de la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, frente a las obligaciones pensionales a favor del demandante, en razón a su condición de matriz de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. se

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 93118 emita condena por el pago del cálculo actuarial por el tiempo laborado en esta última empresa. En su defecto, solicitó que como efecto de la responsabilidad subsidiaria de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se condene a esta entidad al pago del mencionado cálculo actuarial con destino a Colpensiones. Para sustentar estas pretensiones, dijo que el 8 de junio de 1946 se creó la Flota Mercante Grancolombiana, compañía en la que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café,

y «otros» tenía una participación del 45%, el cual se incrementó al 80,07% para el año 1954. Explicó que el 100% del capital accionario colombiano en la Flota Mercante corresponde a recursos públicos parafiscales pertenecientes a la cuenta Fondo Nacional del Café, cuyo titular es La Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y su administrador es la Federación Nacional de Cafeteros. Adujo que la Flota Mercante tenía la obligación legal de pagar las pensiones de jubilación y hacer los aprovisionamientos de capital para realizar el aporte previo al sistema de seguridad social y las reservas de la cuota correspondiente en relación con los servicios prestados por sus trabajadores, hasta cuando el ISS asumiera tal deber. Aclaró que esta empresa no sustituyó ni subrogó la obligación pensional, ni efectuó una conmutación pensional y que mediante Decreto 1993 de 1967 el ISS llamó a

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 93118 inscripción obligatoria a las empresas de transporte marítimo, pero los trabajadores de la Flota tan solo fueron inscritos el 2 de agosto de 1990. Refirió que el 17 de diciembre de 1992, el Comité Nacional de Cafeteros aprobó que el déficit del Fondo Nacional del Café para 1993 fuera cubierto con las utilidades de la Flota Mercante, y la Asamblea Nacional de Accionistas de esta última dispuso el reparto de utilidades por $173.406.964.589,36. Dijo que la empleadora se encuentra cerrada y no dejó capital ni reservas para cubrir contingencias laborales y que la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora

del Fondo Nacional del café, provee los recursos para pagar las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta empresa. Agregó que la referida Federación inscribió su condición de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana el 29 de abril de 1998. Expuso que el 31 de julio de 2000, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación obligatoria de la CIFMG y el 22 de noviembre de 2012 aprobó la rendición final de cuentas y la terminación de dicho proceso liquidatorio. Sin embargo, este trámite fue reabierto para designar un mandatario con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota para encargarse de los asuntos relacionados con extrabajadores, siendo designada la empresa Asesores en Derecho SAS.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 93118 Mencionó que, mediante diferentes sentencias de tutela, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han amparado los derechos fundamentales de los extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana y han ordenado paga el cálculo actuarial por el tiempo laborado en esa empresa, con destino a Colpensiones; decisiones constitucionales que han sido acatadas por las accionadas. Explicó que prestó sus servicios personales para la Flota Mercante Grancolombiana S. A. desde el 2 de agosto de 1982 hasta el 11 de febrero de 1986, fecha en la que fue despedido sin justa causa y que durante dicho lapso no se hicieron los aportes a pensión. Señaló que en las convenciones colectivas de trabajo se

pactó que las pensiones de jubilación estarían a cargo de la empresa; que él fue miembro de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial Unimar; el último cargo que desempeñó fue el de tercer (3) electricista a bordo de buques, y recibió un salario promedio de US 807,97 que para el «22 de junio de 1985» equivalía a $119.409,88, e indexado al 30 de junio de 1992 era igual a $574.167,29. Refirió que presentó reclamación administrativa ante las accionadas y que en cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado en el expediente 2015-00045-01 presentó

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 93118 ante la mandataria los documentos que lo acreditan como trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. La Federación Nacional de Cafeteros respondió la demanda y se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, aceptó la creación de la Flota Mercante Grancolombiana y su composición accionaria, así como su condición de administradora del Fondo Nacional del Café; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Aclaró que no tiene la condición de matriz de la empleadora del actor por cuanto no es titular del dominio y propiedad del Fondo Nacional del Café, sino únicamente su administradora y que no le es aplicable el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, por tratarse de una asociación gremial civil de derecho privado sin ánimo de lucro y no una sociedad comercial. En todo caso, precisó que

el infortunio empresarial de la Flota no se derivó de las actuaciones de la Federación, sino de la decisión gubernamental de suprimir la reserva de carga que favorecía a la extinta empresa. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, falta de legitimación en la causa y límite patrimonial de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz en relación con su subordinada que entra en insolvencia (folios 989 y ss).

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 93118 Asesores en Derecho SAS también se opuso las pretensiones formuladas en su contra. Frente a los hechos, admitió la calidad de administradora del Fondo Nacional del Café que ostenta la Federación Nacional de Cafeteros; que esta demandada provee los recursos para pagar las mesadas pensionales; el trámite de liquidación de la Flota Mercante; las órdenes de tutela respecto de otros extrabajadores; el tiempo laborado por el actor; el último cargo desempeñado y la reclamación administrativa; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como argumento de defensa expuso que en este caso no procede la expedición del cálculo actuarial, dado que durante el tiempo que duró la relación laboral no estaba vigente la Ley 100 de 1993 y no existía el deber de afiliar y pagar los aportes, pues los trabajadores del mar solo fueron llamados a inscripción al ISS mediante Resolución 3296 del 2 de agosto de 1990. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante;

prescripción y buena fe (folios 1030 y ss.). La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta a la demanda con oposición a lo pretendido. Aceptó los hechos relativos a la creación de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., la calidad de administradora del Fondo Nacional del Café que ostenta la Federación Nacional de Cafeteros, el trámite de liquidación de la Flota y la reclamación administrativa; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 93118 Para sustentar su defensa indicó que la Nación fue ajena al proceso liquidatorio de la ex empleadora del actor y que quien asume dicha responsabilidad es la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café. Además, aclaró que en este caso no opera la responsabilidad subsidiaria del Estado, pues esta solo tiene lugar respecto de entidades descentralizadas de la administración pública. Formuló las excepciones de indebida vinculación del Ministerio de Hacienda, inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva (folios 1073 y ss.). Colpensiones al contestar la demanda objetó las pretensiones. Adujo que no le constaban los hechos y que el reconocimiento de las prestaciones pensionales a cargo del sistema depende del cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para ello, y que el empleador debe pagar las respectivas cotizaciones para el riesgo de vejez. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho y la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de intereses moratorios y prescripción (folios 1124 y ss.).

Mediante auto del 4 de mayo de 2017, el a quo tuvo por no contestada la demanda por parte de Fiduprevisora S. A., toda vez que fue presentada de manera extemporánea (folio 1217 y 1218).

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 93118

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 19 de marzo de 2018,

resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, es responsable subsidiaria de la obligación de transferir mediante el procedimiento administrativo pertinente, el capital adeudado a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, con base en el cálculo actuarial que estará representado en título pensional correspondiente a los aportes pensionales del ex trabajador de la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S. A., HÉCTOR QUINTERO CORREA, por el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 1982 y el 11 de febrero de 1986.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES a validar dentro de la historia laboral del demandante HÉCTOR QUINTERO CORREA, una vez reciba el cálculo actuarial, los aportes pensionales correspondientes al periodo comprendido entre el 2 de agosto de 1982 y el 11 de febrero de 1986, y se ordena que se tenga en

cuenta para efectos pensionales.

TERCERO: ABSOLVER a las demandadas FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. en su condición de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Panflota y la SOCIEDAD ASESORES DE DERECHO SAS, quien actúa como mandataria con representación con cargo a Panflota, de las pretensiones incoadas de forma principal por el demandante y ABSOLVER a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de las pretensiones incoadas de manera subsidiaria en su contra por el demandante.

CUARTO: RELEVARSE del análisis de las excepciones propuestas por las demandadas ASESORES EN DERECHO SAS, FIDUPREVISORA S. A. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, dado el resultado absolutorio de esta litis.

QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en su condición de

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 93118 administradora del Fondo Nacional del Café, dado que no lograron enervar las pretensiones.

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS a la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, dado que no lograron enervar las pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció los recursos de apelación presentados por el demandante y por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y a

través de decisión dictada el 13 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia impugnada en tanto se absolvió a las demandadas Fondo Nacional del Café y Asesores en Derecho SAS.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia impugnada únicamente en el sentido de CONDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORA, en condición de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Panflota a que efectúe el pago a Colpensiones del cálculo actuarial generado a favor del demandante, y DECLARAR que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA asume la condición de garante frente a las obligaciones de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: ORDENAR a la demandada ASESORES EN DERECHO SAS, que expida el acto administrativo en el que se disponga el pago del cálculo actuarial ordenado en el ordinal anterior.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia de primer grado, para ORDENAR a FIDUCIARIA LA PREVISORA, administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Panflota, que en el término de 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, certifique con destino a COLPENSIONES el salario devengado por el demandante. Y ORDENAR a esta última elaborar el cálculo actuarial correspondiente dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la referida certificación.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

SEXTO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 93118 Precisó que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66A del CPTSS, le correspondía determinar si era procedente ordenar el pago del cálculo actuarial a favor de Colpensiones, respecto de los aportes al sistema pensional por el tiempo en que el actor laboró para la Flota Mercante Grancolombiana

S. A. De ser así, establecer cuál de las demandadas debe asumir su pago, y cuáles son los salarios que se deben tener en cuenta para tal efecto. Igualmente, definir si Colpensiones debe validar el mencionado lapso de trabajo y elaborar el cálculo actuarial.

Aclaró que no era materia de controversia la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la Flota Mercante entre el 2 de agosto de 1982 y el 11 de febrero de 1986 y que durante este periodo no se efectuaron aportes a pensión (folios 470 a 475). Explicó que inicialmente la Corte Suprema de Justicia había establecido que en los eventos en que no existiera cobertura del ISS en el lugar de trabajo, el empleador no estaba obligado a pagar las cotizaciones a pensión, recordó las decisiones CSJ SL 9 jul. 2000, rad. 13347 y CSJ SL24 feb. 1998, rad. 10339, ello con fundamento en que según el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, la implementación de la afiliación al ISS sería gradual y progresiva, y, de hecho, esta tan solo inició con la aprobación del Acuerdo 224 de 1966.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 93118 Sin embargo, con la expedición del Decreto 3798 de 2003, la jurisprudencia de esta Corte había precisado que las normas que definen las consecuencias de la falta de afiliación o la mora en el pago de los aportes son las vigentes al momento en que se causa la prestación económica (CSJ SL 27 ene. 2009, rad. 32179). Además, a partir de la sentencia CSJ SL4388-2015 concluyó que según lo previsto en los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 en concordancia con los principios que definen y orientan el sistema general de seguridad social, la solución al conflicto derivado de la falta de afiliación al sistema antes de la Ley 100 de 1993 por falta de cobertura del ISS, correspondía al reconocimiento del tiempo de servicios para la concesión de la pensión de vejez con el consecuente traslado del cálculo actuarial a cargo del empleador. Criterio reiterado en decisión CSJ SL2267-2018. Así las cosas, el Tribunal adujo que la decisión del a quo en relación con el pago de aportes pensionales resultaba acertada y atendía los parámetros jurisprudenciales, toda vez que el eventual derecho pensional del actor se causaría en vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que nació el 20 de febrero de 1956. Aclaró que el hecho de que no se advierta la consolidación de una pensión a su favor, no era óbice para

reconocer el correspondiente cálculo actuarial, como lo sugería la demandada apelante.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 93118 Precisó que el cálculo actuarial debía ser elaborado por Colpensiones en los términos del Decreto 1887 de 1994, con base en los salarios percibidos durante la relación de trabajo y teniendo en cuenta los topes máximos asegurables. Afirmó que como la hoja de vida allegada al proceso no demostraba todas las remuneraciones devengadas por todo el lapso trabajado, y dado que Fiduprevisora S. A., como administradora de Panflota tenía la custodia de los archivos de la Flota Mercante, debía remitir a Colpensiones la certificación de todos los salarios recibidos por el señor Quintero Correa. En relación con la entidad obligada a pagar el cálculo aseguró que, a raíz de la liquidación de la CIFM, el 14 de febrero de 2016 se suscribió un contrato de fiducia con Fiduprevisora para que administrara los recursos del Patrimonio Autónomo y los destinara, entre otros, al pago de las mesadas pensionales, las contingencias jurídicas, las obligaciones con los exempleados y pensionados y la elaboración de cálculos actuariales. Sin embargo, estimó que en el último otro sí a dicho contrato de fiducia, se advirtió que estos pagos dependerían de que el Patrimonio Autónomo contara con los dineros suficientes para ello, y que en sentencia CC SU1023-2001 se reconoció que la Federación Nacional de Cafeteros era la matriz y controlante de la empresa en liquidación, hecho que

se corroboraba con el certificado de existencia y representación legal de esta última (folio 2); circunstancia

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 93118 que obligaba a determinar si en dicha calidad, la Federación debía asumir el pago del referido cálculo. Explicó que según la presunción contenida en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y lo dispuesto en la sentencia CC SU1023-2001, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tiene la condición de garante de las obligaciones de la CIFM en virtud de la responsabilidad subsidiaria que le asiste como matriz de esta empresa, al margen de que los recursos que administre sean de naturaleza parafiscal, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia antes señalada. Aclaró que, aunque tal presunción legal admitía prueba en contrario, lo cierto es que en este caso no existía medio de prueba que diera cuenta de tal circunstancia. Aseguró que, contrario a lo dicho por la demandada apelante, el hecho de que no se encuentre «en firme el proceso» en que se practicó la prueba pericial trasladada a este asunto y valorada por el a quo, resultaba intrascendente, pues lo que se traslada es el medio de prueba, más no la valoración que de este realice el juez del proceso en que se practicó inicialmente. De otra parte, consideró que se debía ordenar a Asesores en Derecho SAS, expedir el acto administrativo que dispusiera el pago del cálculo actuarial, dado que es una de sus obligaciones, tal como lo admitió en su contestación de

la demanda. Finalmente, manifestó que no impondría condena en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cuanto no existe norma que permita

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 93118 extenderle la responsabilidad frente a las obligaciones a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.

A. Además, el control y administración del Fondo Nacional del Café, está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte recurrente pretende que esta corporación case la sentencia impugnada, y en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado en cuanto condenó a la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, y absolvió a La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que, en su lugar, se efectúe el pronunciamiento que corresponda frente a esta última entidad en relación con la responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Además, plantea dos alcances subsidiarios así: Primero: se case la sentencia del ad quem en cuanto confirmó la condena a pagar el cálculo actuarial a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros, y en sede de instancia, revoque la decisión del a quo, para en su lugar absolver a la entidad.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 93118

Segundo: casar la decisión de la alzada en cuanto confirmó los términos de la condena impuesta en primer grado, para que, en sede de instancia, la modifique en el sentido de ordenar a la Federación Nacional de Cafeteros únicamente el pago del 75% del «bono pensional» que resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados por el tiempo laborado para la Flota Mercante

Grancolombiana. Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por el demandante y por Colpensiones, que se abordarán en ese orden. Previamente, la recurrente aclara que la demanda de casación no es «tozuda», sino que pretende que la Corte reexamine su criterio en relación con la obligación de pagar un cálculo actuarial, o al menos, los términos en que se debe efectuar su tasación. Esto, por cuanto considera que, en estricta aplicación de la ley, en especial lo reglado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no existe tal deber, pues el cálculo actuarial solo opera cuando el empleador incumple la obligación de afiliar o cuando este tiene a su cargo el reconocimiento de la pensión. Afirma que la postura de esta corporación se funda en la equidad y no en la ley, y parte de una medida provisional como la adoptada en sentencia CC SU1023-2001 para proteger el derecho a la seguridad social, y la convierte, en definitiva.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 93118

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado por transgredir la

ley sustancial por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 126 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del CCo; 2142 y 2186 del CC; 2 y 6 de la Constitución Política; 259 inciso 2 y 260 del CST; 3, 38, 59 a 61 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3141 del mismo año; 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; 17 del Decreto 3798 de 2003; 12 del Acuerdo 049 de 1990; 373 del CCo; 60 del CPC; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946. Advierte que no controvierte la conclusión del colegiado según la cual, la Federación Nacional de Cafeteros no desvirtuó la presunción contenida en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y que la acusación parte de tres premisas que se dan por establecidas en la sentencia impugnada, esto es: i) que la recurrente fue vinculada al proceso en calidad de administradora del Fondo Nacional del Café y en esa condición se le impuso la condena; ii) que el Tribunal, con apoyo en la sentencia CC SU1023-2001 reconoció la naturaleza parafiscal de los recursos del Fondo Nacional del Café y que, iii) el propietario de los recursos de esta cuenta, aun cuando tienen destinación específica por mandato legal y constitucional, es el Estado colombiano, sin

que el Fondo sea una persona jurídica, por lo que no es sujeto de derechos y obligaciones.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 93118 Asegura que con base en la calidad en que la Federación fue convocada al proceso, el Tribunal ha debido determinar quién era su mandante, y al ser parte en el proceso, imponerle a él la condena, y no al mandatario. Señala que la mandante es La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, titular o dueña de los recursos del Fondo Nacional del Café y quien le encomendó a la Federación su administración, por lo que es esa entidad quien debe asumir la responsabilidad subsidiaria que el colegiado le asignó a la mandataria. De hecho, indica que en la sentencia CC SU1023-2001 se impuso tal responsabilidad a la Federación de manera transitoria, porque le competía al juez ordinario resolver definitivamente al respecto, e incluso se admitió la posibilidad de que fuese la Nación quien respondiera.

Resalta que: i) el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica; ii) sus recursos son parafiscales como se aclaró en sentencia CC C840-2003, ii) la Federación obra como administradora de dicho fondo, por mandato conferido por el Estado colombiano y iii) en esa condición adquirió la calidad de matriz de la CIFM, en virtud de la cual se aplica el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; por ende, es evidente que la responsabilidad prevista en esta norma debe recaer en el mandante y no en la mandataria. Además, si eventualmente cesa la contribución cafetera al referido

fondo, se afectarían los derechos pensionales. Precisa que los argumentos expuestos en la sentencia CSJ SL1213-2021 emitida por la Sala de Descongestión n.° 4 de la Sala Laboral de esta Corte para desatar un

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93118 cuestionamiento similar a este, son equivocados, toda vez que no era necesario acudir a una prueba y menos al contrato de administración, más cuando no se discute la responsabilidad del mandatario en relación con el mandante. Insiste en que una cosa es afectar los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Café de manera transitoria, para garantizar obligaciones laborales y de seguridad social como se hizo en la sentencia CC SU1023-2001, y otra, que, para resolver de manera definitiva, el Tribunal determine la responsabilidad subsidiaria prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, sin tener en cuenta que el titular del mencionado fondo es la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

VII. RÉPLICA La parte actora se opone a esta acusación. Afirma que no hay lugar a replantear el criterio pacífico de la Corte Suprema de Justicia en torno al tema cuestionado, como quiera que desde la misma sentencia CC SU1023-2001 se excluyó la responsabilidad subsidiaria de la Nación.

Refiere que la controlante de la CIFM no es la Nación, sino la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, por ende, es la titular de la responsabilidad subsidiaria discutida. Afirma que, aunque la presunción contenida en el artículo 148 de la

Ley 222 de 1995 admite prueba en contrario, la ahora recurrente no la desvirtuó.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 93118 Colpensiones manifiesta que la inconformidad planteada escapa de su competencia y que, para efectuar un pronunciamiento sobre la demanda de casación, se remite a lo considerado en la sentencia CSJ SL254-2023 de la cual citó varios apartes. Con base en ella, aduce que, aunque «no es un asunto que incumba dilucidar a Colpensiones», lo cierto es que, según la jurisprudencia de esta Corte, la Federación Nacional de Cafeteros sí es responsable de las acreencias a cargo de la Flota Mercante, en su condición de accionista, matriz y controlante de esta empresa, derivada de su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café.

VIII. CONSIDERACIONES En relación con el planteamiento del recurrente en este cargo, el Tribunal precisó que no existe fuente normativa alguna que permita extenderle a La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad frente a las obligaciones a cargo de la CIFM; y que por el contrario, es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia quien tiene la responsabilidad subsidiaria de asumir el pago del cálculo actuarial ordenado por el a quo, como quiera que ejerció el control y administración del Fondo Nacional del Café y obró como matriz y controlante de dicha empresa.

La entidad recurrente asegura que no es ella la responsable subsidiaria, sino la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de mandante de la

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 93118 Federación Nacional de Cafeteros y propietaria de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Café. Aclara que la Federación obró como matriz de la Flota Mercante, pero en calidad de administradora del mencionado Fondo, esto es, como mandataria de la Nación, por lo que no es la llamada a responder por las obligaciones discutidas, pues ello le compete a la mandante. Así las cosas, a la Corte le corresponde establecer si el Tribunal se equivocó al concluir que la responsabilidad subsidiaria prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 recaía en la Federación Nacional de Cafeteros y no en la Naci