CSJ - SL1645-2023

117 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Salad.( tasación Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1645-2023 Radicación n.° 86563 Acta 23 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por el FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 29 de julio de 2019, en el proceso que promovió en su contra DIEGO FERNANDO

PORRAS CALLEJAS.

Se admite el impedimento presentado por la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, de acuerdo con el numeral 1 del articulo 141 del Código General del Proceso (f.°116 Cuad. Corte), por lo que se considera innecesario pronunciarse sobre la recusación presentada por el apoderado judicial del demandante.

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Radicación n.° 86563

I. ANTECEDENTES Diego Fernando Porras Callejas, llamó a juicio al Fondo de Empleados Médicos de Colombia - «PROMÉDIC00, con el fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 19 de mayo de 2000 hasta el 15 de febrero de 2015.

Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se condenara al demandado, a pagarle cesantías y sus intereses; primas de servicios; vacaciones; aportes a la

seguridad social en pensión por toda la vigencia del contrato; la «indemnización por despido injustificado (indirecto)», por el tiempo laborado durante 14 arios, 8 meses y 26 días; las sanciones moratorias consagradas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, por no pago oportuno de las acreencias laborales adeudadas y la no consignación del auxilio de cesantía en el respectivo fondo; lo que hallare probado extra o ultra petita; y, las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, relató que «inicialmente en el año 1998», se vinculó al Fondo de Empleados Médicos de Colombia - «PROMÉDIC00, para prestar sus servicios profesionales en asesoría jurídica en «AMPARO MUTUAL AUTOMOTOR A.M.A.», para realizar recobros a las compañías aseguradoras y terceros, actividad que «para el pago», el demandado le exigía la presentación de cuentas de cobro; que su labor era supervisada por la coordinadora de amparo mutuales, quien le asignaba funciones, todos los casos de recobros y además, «todas las 2

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IíS Radicación n.° 86563 tareas relacionadas con todo el aspecto jurídico» del fondo accionado. Manifestó que por renuncia del anterior abogado, el gerente del Fondo, a partir del 19 de mayo de 2000, «le adiciona el cargo de ASESOR JURÍDICO GENERAL DE PROMÉDICO 1.. 4 cerrando su oficina personal y teniendo desde entonces la labor de asesor permanente y periódico con más y más obligaciones laborales fundamentales para la

empresa»; que el demandado «para justificar y realizar los pagos», le solicitó verbalmente, firmar un contrato de prestación de servicios profesionales, asignándole inicialmente una suma fija mensual de $650.000 y «comisión del 20% de lo que recuperara al realizar una de susf unciones en el «AMPARO MUTUAL AUTOMOTOR -A.M.A.», con la promesa de que en un futuro, le reconocerían prestaciones sociales y la seguridad social, razón por la que la prestación de servicios profesionales se mantuvo solo hasta el 19 de mayo de 2000 y desde esta data, su relación cambió a una regida por contrato de trabajo. No obstante, para efectos de pagarle el salario, el demandado le exigía suscribir contrato de prestación de servicios y la presentación de cuentas de cobro «mientras los demás miembros de la junta directiva aprobaban plenamente su situación laboral», por cuanto tenía derecho a un contrato de trabajo, lo cual «simplemente era tramitología al interior de la junta [...]».

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Radicación n.° 86563 Indicó que durante el periodo laborado recibió la siguiente remuneración: para el ario 2000, $1.649.700; para el 2001, $3.164.393; para el 2002,$ 3.644.979; para el 2003, $4.000.875; para el 2004, $4.511.498; para el 2005, $5.539.035; para el 2006, $6.623.511; para el 2007, $8.529.625; para el 2008, $9.813.769; para el 2009, $12.330.923; para el 2010, $12.743.493; para el 2011,

$18.437.889; para el 2012, $20.900.320; para el 2013, $20.898.440; para el 2014, $19.458.995; y, para el ario 2015, $30.316.381. Indicó que firmaba los contratos civiles, de los cuales en su época, no le suministraron copias; le exigían constituir pólizas de cumplimiento, lo que nunca hizo; realizaba labores permanentes y continuas relacionadas con el objeto social de la empresa, clasificadas en tres bloques: «servicios financieros», «servicios mutualista» y «servicios recreativos», correspondientes a revisión de conceptos jurídicos sobre los créditos hipotecarios y prendarios, garantías y autorización de desembolsos; autorización de pagos a terceros, afectados en accidentes de tránsito por médicos adscritos al Amparo Mutual Automotor; y, solución de controversias por accidentes o pérdidas en las sedes sociales de PROMÉDICO, en su orden. Adicionó que debía asistir a todas las juntas directivas en calidad de asesor jurídico, elaborar actas de reuniones, rendir informes, aprobar pagos por concepto de honorarios de los contratistas, solicitar permisos para ausentarse del

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Radicación n.° 86563 sitio de trabajo y para el disfrute de sus vacaciones; que integraba el comité de archivo del demandado y el de control social; era afiliado al fondo de empleados Fondeprom; recibía llamados de atención; debía cumplir el reglamento interno de trabajo y someterse a diligencia de descargos en procesos

disciplinarios. Expuso que el accionado no exigía planillas o constancia de pago, de su seguridad social como trabajador independiente, para el pago de sus honorarios, como sí ocurría con los « verdaderos contratistas»; que recibía órdenes e instrucciones constantes, diarias y permanentes de la gerencia, junta directiva y jefes de otras áreas dentro de su jornada laboral; que para el 6 de julio de 2004 y en «noviembre de 2005», le confirieron poderes generales para la representación del Fondo, en cualquier asunto ante autoridades administrativas y judiciales; que en enero de 2004, fue creado el departamento jurídico, cuya dirección estaba a su cargo, le fueron suministradas oficinas en las instalaciones del accionado, elementos, herramientas, equipos de trabajo, correos electrónicos institucionales, tarjetas de presentación y la asignación de una asistente jurídica « Yamile Eraso», empleada vinculada a PROMÉDICO. Por último, señaló que el 5 de diciembre de 2014, el gerente del fondo enjuiciado le comunicó la terminación unilateral del contrato de «Asistencia Plus», lo cual afectó el 80% de sus ingresos; que posteriormente, el 30 de diciembre de ese ario, el gerente le informó «que tenía derechos laborales

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Radicación n.° 86563 y por eso, le volvieron a notificar la terminación por segunda vez en menos de un mes»; que al advertir la desmejora en su salario y condiciones laborales, el 19 de enero de 2015, presentó renuncia debidamente motivada por el

incumplimiento del accionado y vulneración de su «estabilidad laboral y situación económica», por lo que se configuró un «despido indirecto»; que sin embargo, continuó laborando hasta el 15 de febrero siguiente, con fines de realizar la entrega del cargo; y, que el demandado no le pagó las acreencias laborales reclamadas ni los aportes a la seguridad social en pensión (f.°2 a 25). El Fondo de Empleados Médicos de ColombiaPROMEDICO, al responder, se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de ingreso del actor al Fondo en calidad de abogado externo, los pagos efectuados a través de cuentas de cobro, el otorgamiento de poder general para su representación en asuntos judiciales y extrajudiciales, la asistencia a las sesiones de juntas directiva junto con la rendición de informes, el suministro de elementos de trabajo, tarjetas de presentación personal, su integración al comité de archivo y al de control social, la designación de una asistente, las fechas y comunicaciones de terminación del contrato y, el no pago de las prestaciones sociales pretendidas. Argumentó en su defensa, la inexistencia de un contrato realidad, ya que el actor ingresó al Fondo en el ario de 1988, mediante vinculación contractual de prestación de 6

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Zo Radicación n.° 86563 servicios en calidad de abogado externo, no ejerció subordinación jurídica sobre el actor y por ello, no se configuró un contrato laboral, razón por la cual no tenía obligación de pagar indemnización por despido ni las

prestaciones sociales demandadas; precisó que no pretendió desnaturalizar una vinculación laboral, con el convencimiento de que actuó dentro de los parámetros legales. Mencionó que Porras Callejas durante los arios 2000 a 2015, a través de la estructura empresarial «se consolidó como uno de los proveedores que más se beneficiaba económicamente por los honorarios percibidos de los servicios ofrecidos a PROMÉDICO», que es claro que al finalizar el contrato de prestación de servicios profesionales que más lo beneficiaba económicamente, «su reacción es más que lógica que ahora pretenda buscar le sea[n] reconocido[s] ciertos beneficios a través de la presunta existencia de un contrato realidad»; que la terminación del contrato de prestación de servicios, «como se expresó en las comunicaciones del 5 y 30 de noviembre de 2014, no es otra cosa que una terminación válida». Propuso como excepciones de fondo de inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, pago, prescripción, compensación, buena fe, enriquecimiento indebido, inexistencia de la relación contractual o laboral, mala fe del demandante y, la «GENÉRICA» que se encontrare demostrada (f.°166 a 221).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo dictado el 20 de marzo de 2018 (f.°1377 CD), absolvió a la demandada de todas las pretensiones deprecadas por el actor y lo condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por apelación del demandante, profirió sentencia el 29 de julio de 2019 (f.°22 CD cuaderno Tribunal), y dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia número 53 del 20 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, objeto apelación, la cual quedará así: a) DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de derechos prestacionales causados a partir del 15 de febrero del 2012. b) DECLARAR que entre el señor DIEGO FERNANDO PORRAS como trabajador y el Fondo de Empleados Médicos de ColombiaPROMÉDICO, existió una relación laboral que rigió del 19 de mayo del 2000 al 15 de febrero de 2015. c) CONDENAR al Fondo de Empleados Médicos de ColombiaPROMEDICO, a pagar a la ejecutoria de esta Providencia al señor DIEGO FERNANDO PORRAS, las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: • Auxilio de cesantía $151.148.791.57 • Intereses sobre las cesantías $7.070.902.94 • Primas de servicio $59.225.460.55 • Compensación en vacaciones $34.227.677.96 • Indemnización por despido Injusto $27.988.097.53 • Indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales: $66.107.109.60 • Indemnización por no consignación de las cesantías en un fondo: $460.387.178

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I ZA Radicación n.° 86563 • A partir del 15 de febrero 2017 los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación sobre la suma de $217.445.155.05, que corresponde a prestaciones sociales adeudadas. • A pagar el título pensional que corresponde al período 19 mayo del 2000 al 15 febrero 2015, por no afiliación del trabajador Diego Fernando Porras callejas al sistema de seguridad social en pensiones, título que se cancelará a la administradora de pensiones que señale el demandante y en el capital que determine la administradora de pensiones escogida por este. d) ABSOLVER al Fondo de Empleados Médicos de ColombiaPROMEDICO de las demás pretensiones.

SEGUNDO: COSTAS en ambas instancias al cargo de la entidad demandada y a favor del promotor del proceso. [...].

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, concretó el problema jurídico en definir si existió un contrato de trabajo entre las partes y en caso afirmativo, si procedía el análisis de las acreencias laborales demandadas. Aludió a los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y recordó la definición del contrato laboral, la presunción sobre su existencia cuando se demuestra la prestación personal del servicio y la jurisprudencia laboral de esta Corporación CSJ SL,5 ago. 2009, rad. 36549, alusiva a la carga probatoria que le incumbía al trabajador en cuanto a la actividad personal desarrollada, los extremos temporales, jornada de trabajo y salario, mientras que al

empleador, le correspondía desvirtuar la presunción prevista en la segunda norma invocada.

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Radicación n.° 86563 Dijo que, en la respuesta a la demanda, PROMÉDICO, admitió el vínculo con el actor, en calidad de abogado externo conforme el contrato denominado de «Asistencia plus», suscrito el 1 de marzo de 2000 por 12 meses (f.°226 a 229), con el cual tuvo por demostrado uno de los elementos configurativos del contrato laboral, esto es, la prestación personal del servicio; en ese horizonte, la carga probatoria se trasladaba al empleador. Procedió a examinar las pruebas documentales e indicó que en el referido contrato, se estipuló como objeto del mismo, ola prestación del servicio de asistencia jurídica a los afiliados al Fondo de Amparos Mutuales de Automotores que tenga su póliza vigente y al día»; que cubría las áreas de o asistencia jurídica 24 horas al día por accidente de tránsito, ante la unidad administrativa de tránsito, inspecciones del trabajo, además, asistencias jurídicas complementarias, para conciliar, pactándose que el servicio contratado regiría para eventos, accidentes», con un costo mensual del servicio por asociado de $1.600, teniendo como base, mínimo un reporte mensual de 1.300 asociados y que dicho contrato, «tiene una renovación automática por periodos iguales». Señaló que a folios 360 a 534, reposaban documentos del Centro de Conciliación de Tránsito relacionadas con

diferentes diligencias adelantadas en esa entidad y a la cual se acompañó sustitución de poder efectuado por el actor a la doctora Yamile Eraso Buchelly, quien en varias ocasiones actuó en esa calidad. Destacó que el demandante y el Fondo, 10

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Radicación n.° 86563 celebraron un segundo .contrato de prestación de servicios profesionales el 19 de mayo de 2000, cuyo objeto consistió en «asesoríaj urídica continua y permanente», en el término de duración, en áreas civil, comercial y laboral, con respuestas verbales o escritas a las distintas solicitudes.

Resaltó: [...] esa asesoría incluía el estudio de documentos, contratos, garantías que se extendieran a favor de la demandada, además, el acompañamiento a reuniones de junta directiva o asociados para brindar el respaldo jurídico necesario en decisiones que en ellas se toman, debía asistir y brindar consejo profesional a las directivas de PROMÉDICO pactando unos honorarios de $650.000 pagaderos por mes vencido, contrato que tendría una vigencia de 12 meses contados a partir del 19 de mayo del 2000, pero tendría renovación automática por períodos iguales, documento visible de f.° 230 a 232.

Relacionó un tercer contrato celebrado el 1 de julio de 2000 para asesorías jurídicas en el que se establecieron honorarios por $650.000 (f.°233); el cuarto, de duración indeterminada para el cobro de cartera morosa en el que pactaron «honorarios del 20% sobre la deuda cuando se inicie el proceso» (f.°234). También aludió a las comunicaciones que

remitió el accionado a través de la gerencia de recursos humanos a todo el personal, incluido el actor, en la que informa la decisión sobre el « nuevo horario de trabajo» a partir del 1 de marzo de 2006 (f.°99), de fecha «julio de 2013», alusiva a la respuesta emitida por el gerente a la solicitud de incremento salarial del demandante; la relación de empleados enviados a capacitación en gestión documental con indicación de la fecha y horario en la que Porras Callejas debía asistir (f'119), la del 22 de diciembre de 2005, mediante

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Radicación n.° 86563 la cual se le designa integrante del comité de archivo de PROMÉDICOS, «el cual es de obligatoria conformación» (f.° 31); y, solicitud de permiso del actor para ausentarse de la ciudad entre el 17 de julio y 14 de agosto de 2014 (f.°52). Del análisis de las declaraciones de testigos vinculados al demandado, Raúl Clavelo De la Torre, director de Bienestar Familiar, Oscar Dávalos, gerente general, Diana Ximena Saavedra, auxiliar de servicios financieros y posteriormente coordinadora de dicha área, Luis Antonio Delgado, integrante de la junta directiva, dedujo que: De acuerdo con el material probatorio citado concluye la Sala que, inicialmente el contrato fue de prestación de servicios para la asistencia jurídica a los afiliados al fondo de amparo mutuales de automotores, pero con el paso de los meses se fueron incrementando las labores asignadas al actor, razón por la cual la entidad demandada continuó utilizando los contratos de

prestación de servicios y asignándole funciones de asesor jurídico, pactando que estas funciones las debía desarrollar de manera permanente, sin que la parte pasiva de la has hubiese acreditado que tuviese otro asesor jurídico de planta; por el contrario, cuando se cita a la capacitación de acuerdo con la documental antes citada, esa comunicación fue extensiva al actor, precisamente en su calidad de asesor, además, se le dio el tratamiento de un empleado de planta, porque el promotor de la acción solicitó permiso para vacaciones y se las concedió, y el trato que se le dio era de dependiente de esa entidad, tanto así que se le impuso horario de acuerdo a la certificación que milita a folio 99, además, acudía todos los días a las instalaciones de la demandada.

Agregó: [...] claramente se observa que, en varias diligencias el demandante sustituyó el poder a la doctora Yamile Erazo, quien resultó ser la persona que la entidad demandada contrató de planta, como se observa con la copia del contrato de trabajo a término indefinido que suscribió con la señora Erazo como analista del departamento jurídico y que esa era la persona que le ayudaba al doctor Porras, es decir, que si bien el demandante

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( 2.9 Radicación n.° 86563 ejercía una profesión liberal y ante la necesidad de que lo reemplazara en varias diligencias una persona, este no hizo la sustitución a un tercero independiente a la demandada, con la autonomía propia de los contratos de prestación de servicios, sino que fue suplido por personal de planta de la empresa; por consiguiente, considera la Sala que la parte pasiva de la Litis, no

desvirtuó la subordinación, elemento propio de toda relación laboral, lo que conllevará a revocar la providencia de primera Instancia. Concluyó que los extremos de la relación laboral que existió entre el demandante el Fondo PROMÉDICO, inició el 19 de mayo del 2000 fecha de suscripción del segundo contrato, «porque fue a partir de allí que se le impuso la asesoría jurídica permanente», y culminó el 15 de febrero del 2015; que había lugar a la condena por indemnización por despido injustificado prevista en el artículo 64 del CST, conforme el documento de folios 135 y 136 del proceso, debido que el accionado le notificó al actor, [...] la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios profesionales Asistencia Plus, anunciando que no se prolongaría más ese contrato; al establecerse la relación laboral, era necesario que el empleador anunciara una justa causa de terminación del contrato, porque la no prórroga es causal de fenecimiento del vínculo contractual cuando su modalidad ha sido a término fijo, pero para el caso que nos ocupa la parte demandada nunca hizo uso de esa modalidad contractual, por tanto, al no anunciarse una causa legal conlleva que se atienda la indemnización solicitada [...]. Agregó que encontró probada la remuneración percibida, con las cuentas de cobro presentadas al accionado (f.°538 y ss) y las certificaciones expedidas sobre retención en la fuente (f°1346 y ss). Finalmente adujo la procedencia de las sanciones moratorias previstas en los artículos 65 del CST y 99 de la

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Radicación n.° 86563 Ley 50 de 1990, en razón a que, si bien no eran de aplicación automática en tanto se debía analizar en cada caso en particular si la conducta del empleador estuvo asistida de buena fe, como lo ha adoctrinado la jurisprudencia laboral de esta Corporación, coligió que en el sub examine, PROMEDICO «utilizó otra clase de contratación para desconocer derechos laborales del trabajador», aserto que apoyó con las sentencias de esta Corte, CSJ SL, 1 de mar. de 2011, rad. 40206 y CSJ SL, 27 ene. 2016, rad. 46944, esta última que copió parcialmente y adicionó: «[...] se ha de precisar que la aquiescencia del trabajador para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral, cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnización moratoria». En ese orden, manifestó que al haberse declarado el contrato laboral y acreditado el no pago de las prestaciones sociales, conllevaba la aplicación del artículo 65 del CST, hasta por 24 meses, conforme el salario establecido, que era superior al SMMLV y los intereses moratorios a partir del mes 25, a la tasa máxima de créditos de libre asignación sobre las sumas adeudadas. Señaló que, bajo los anteriores razonamientos, también se imponía la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como consecuencia de la omisión del empleador de consignar en el respectivo fondo de cesantías, lo que conlleva a reconocerse un día de salario por

cada día de retardo. 14

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Fondo de Empleados Médicos de Colombia - «PROMÉDICO», concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo plantea en los siguientes términos: Con los dos primeros cargos del recurso se pretende que la Sala de Casación Laboral [...] CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada. Una vez constituida la Honorable Corte en sede instancia, se servirá confirmar en su integridad la sentencia de primer grado. Se proveerá en costas como corresponda.

Con los cargos tercero y cuarto, subsidiarios, se persigue que se CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto condenó al Fondo de Empleados Médicos de Colombia PROMÉDICO a pagar al actor $66.107.109,60 por indemnización moratoria, los intereses moratorios sobre la suma de $217.445.155,05 a partir del 15 de febrero de 2017 y $460.387.178 por indemnización por no consignación de las cesantías en un fondo, para que, convertida en tribunal de instancia, la Corte confirme parcialmente el fallo de primer grado que absolvió de esas pretensiones. Se proveerá en costas según corresponda. Con el quinto y sexto cargos, también subsidiarios, se pretende que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto impuso las condenas teniendo como base un salario obtenido de todos los ingresos percibidos por el demandante para que,

convertida en sede de instancia, al imponerse las condenas se tome como salario solamente la suma de $2.490.400 recibida por concepto de asesoría jurídica. Sobre costas decidirá lo que corresponda. Con el séptimo cargo, que es igualmente subsidiario, se busca que se CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto condenó al Fondo de Empleados Médicos de Colombia PROMÉDICO a pagar $27.988.097.53 por indemnización por despido injusto, para que, en sede de instancia, se confirme la sentencia de primer grado que absolvió al demandado de esa pretensión. Se proveerá en costas como corresponda.

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Radicación n.° 86563 Con tal propósito, formula siete cargos que fueron oportunamente replicados y que se estudiarán conjuntamente, dada la identidad en las normas denunciadas, argumentos y objetivo perseguido.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la violación directa por interpretación errónea de los «artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que llevó a la aplicación indebida de los artículos 25, 64, 65, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, 127, 249, 306, 467d el Código Sustantivo del Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975, 99 de la Ley 50 de 1990, 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993».

Para la demostración del cargo, sostiene que el fallador de segunda instancia concluyó que el accionado no logró

desvirtuar la subordinación laboral, característica de todo contrato de trabajo y, por esa razón, consideró que entre las partes existió una relación laboral durante el tiempo en que el demandante prestó sus servicios a «PROMÉDIC0». Manifiesta que el ad quem soportó tales inferencias, con los razonamientos que hizo sobre los «rasgos» configurativos de la subordinación laboral y que desconocen las características que la identifican en una relación de trabajo; por ello, es un equivocado entendimiento de las normas legales señaladas en la proposición jurídica del cargo y así mismo, un desconocimiento de la reiterada jurisprudencia laboral sobre los criterios que deben tenerse en cuenta para

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Radicación n.° 86563 determinar cuando existe dependencia o subordinación. Expresa que el juez colegiado, señaló que el demandante «debía cumplir un horario, quef ue contratado en forma permanente, debía asistir todos los días a trabajar, que prestaba sus servicios en las oficinas del demandado y con elementos facilitados por este, que recibía algunas instrucciones»; en su trabajo recibía apoyo de los empleados del Fondo y se le daba el mismo trato de aquellos; de estos supuesto, concluyó que no se logró desvirtuar la subordinación laboral, es decir, consideró que todos eran demostrativos de la dependencia propia de las relaciones de trabajo. Reprocha que el Tribunal inadvirtió que la subordinación laboral solamente se presenta cuando existe una real limitación de la autonomía de la voluntad laboral de quien presta el servicio, esto es, cuando debe cumplir sus

actividades siguiendo las órdenes impartidas por el beneficiario de la labor, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, con el cumplimiento de reglamentos, con lo cual «se muestra el ejercicio efectivo de una autoridad laboral o poder de mando». Arguye que al no interpretar cabalmente el artículo 23 del CST y dejar de lado los criterios jurisprudenciales, no tuvo en cuenta que la subordinación laboral no es un concepto unívoco, pues tiene múltiples manifestaciones, pues no se evidencia en iguales condiciones en todas las

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Radicación n.° 86563 relaciones de trabajo, ya que «presenta diferentes matices y admite grados en su intensidad: en unos casos será acentuada, en otros tenue». Dice que la subordinación en una labor depende de la clase de relación, oficio o profesión que ejerza quien trabaja, que es indiscutible que en algunas profesiones, por su naturaleza, existe un alto grado de independencia de quien la ejerce, «como las denominadas profesiones liberales, como el derecho, que ejercía el trabajador demandante». A juicio de la censura, el juzgador plural se equivocó en la interpretación dada al artículo 24 del CST, al inferir la existencia de subordinación laboral, sin tener en cuenta la profesión de abogado ejercida por el actor y los diferentes trabajos que realizó para el demandado, propios del ejercicio de un profesional del derecho. Asegura que la jurisprudencia laboral de esta Corte, ha interpretado que, [...] estas profesiones liberales están atadas a una libertad externa, esto es la que permite su ejercicio, y una libertad

interna, que es la que identifica que la persona pueda organizar su trabajo. También se ha señalado la forma como debe abordarse el análisis de los elementos de juicio para establecer si existe subordinación laboral de un profesional liberal y que en estos casos la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se desvirtúa con mayor intensidad. Con apoyo en la sentencia CSJ SL1021-2018, que reprodujo in extenso, insiste en que el ad quem erró en el concepto jurídico de la subordinación laboral, al considerar que 18

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Radicación n.° 86563 algunas situaciones, como el trabajo en una oficina de la empresa, ser miembro de un comité y prestar sus servicios todos los días, eran prueba de ella, sin tener en cuenta que en una profesión liberal, esos elementos no tienen incidencia alguna para establecer la existencia de una autonomía, ya que no la restringen; que se debe establecer es la forma cómo se ejerce la actividad, se toman las decisiones, estudian los asuntos, «cómo se representa, cómo se actúa ante los clientes y ante las autoridades administrativas», es decir, si hay autonomía, «sin que tenga lógica reparar en cuestiones meramentef ormales y accesorias que no restringen la libertad laboral del profesional, como el sitio donde trabaja, el horario en lo hace, si lo hace habitual o permanentemente y quien le da los elementos de trabajo, entre otros». Por último, con citación de las sentencias de esta Corporación, CSJ SL9801-2015, CSJ SL17496-2016 y CSJ SL4143-2019, asevera que la entrega de material de trabajo

a quien ejecuta la actividad laboral, el cumplimiento de un horario de trabajo, la exigencia de presentación de informes y la vigilancia o control sobre la ejecución de un contrato civil, no son elementos que definen una relación regida por un contrato laboral, por cuanto también se presentan en otro tipo de vínculos jurídicos independientes.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la