CSJ - SL1651-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1651-2023 Radicación n.º 91263 Acta 024 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

JOSÉ ISMAEL RODRÍGUEZ ORTIZ, MARCO ANTONIO

TORRES FINO, OBDULIO GUTIÉRREZ VERA, AURA DOLORES MALAGÓN DE NARVÁEZ y SERGIO TRIANA contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que ellos, junto con CARLOS JULIO

LUNA CABRERA, BLANCA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ANA JOAQUINA BAQUERO URREA, ANDRÉS GARZÓN PÁEZ y MARCELIANO SIERRA MORALES, instauraron contra LA

NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

TURISMO.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.º 91263 Los promotores de la litis llamaron a juicio a la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de que se reanudara el pago de los «beneficios por extensión a que tienen derecho» ellos y sus grupos familiares, por los conceptos de: auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, primas, auxilios y becas que venían disfrutando y que fueron suspendidos desde el 21 de febrero de 2003.

En consecuencia, pidieron que se les reconocieran las prestaciones citadas desde esa fecha, en la cuantía «que se probare en juicio», junto con el respectivo incremento de las sumas derivadas de las anteriores peticiones, en el mismo porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor (IPC), los intereses moratorios y los perjuicios materiales y morales irrogados, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, debidamente indexados. Como base de sus pretensiones, narraron que el Instituto de Fomento Industrial (IFI) fue creado, convertido en sociedad de economía mixta y sus estatutos reformados mediante los Decretos 1157 de 1940, 3287 de 1964 y 166 de 1969, respectivamente. A continuación, señalaron que la Ley 41 de 1968 autorizó al Gobierno nacional para celebrar un contrato de concesión o de administración delegada para continuar con la explotación de las salinas nacionales, asumiendo todas las funciones y actividades que el Banco de la República desarrollaba como concesionario de la Nación y también para entregar al IFI los bienes y empresas «a que se refería la ley», luego de lo cual se otorgó la explotación de esos recursos a esta última entidad, en virtud de lo dispuesto en

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Radicación n.º 91263 el Decreto Reglamentario 1205 de 1969. Como consecuencia de lo anterior, dicen, operó «el fenómeno de la sustitución patronal en todas las obligaciones relacionadas con el régimen laboral y sanitario pactado con los trabajadores de la concesión salinas» respecto del IFI, ente regulado por las

normas propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y cuyos servidores eran trabajadores oficiales. Expresaron que la jurisprudencia de esta corporación, desde 1975, ha precisado que la Concesión de Salinas es un departamento del IFI, entidad que es titular de las obligaciones laborales de quienes trabajaron para aquella; que mediante Decreto 2590 de 2003 se ordenó la liquidación de esa dependencia; que su extinción definitiva se produjo el 31 de diciembre de 2009, luego de lo cual, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asumió las obligaciones del contrato denominado Concesión de Salinas, suscrito entre la Nación y el IFI, de conformidad con el Decreto 4713 de 2009. Indicaron que la extinta entidad les reconoció sendas pensiones de jubilación, así: Acto Fecha de Titular Mesada inicial administrativo efectividad José Ismael R. 1171 del 181 nov. 1993 $463.647,83 Rodríguez Ortiz 12-1993 Jaime Rafael R. 903 del 211 en. 1993 $241.733,36 Narváez Alba 01-1993 (sustituido por (sustitución: R. Aura Dolores 1657 del 11 Malagón de may. 1999) Narváez) Obdulio R. 1897 del 20 1 en. 2003 $332.000,00 Gutiérrez Vera en. 2003

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Radicación n.º 91263 Sergio Triana R. 1047 del 20 4 ag. 1993 $318.367,68

Triana sep. 1993 Marco Antonio R. 959 del 8 1 en. 1993 $212.681,69 Torres Fino mar. 1993 Afirmaron que, junto con la mesada pensional, el IFI les pagó a ellos y a sus grupos familiares el plan complementario de salud, el auxilio de escolaridad y «primas, auxilios y becas, beneficios a que [tenían] derecho de conformidad con las normas legales, convencionales y reglamentarias». Además, aseguraron que en la convención colectiva de trabajo del 4 de septiembre de 1978 se pactó que la empresa garantizaría «la conservación del régimen jurídico y prestacional existente en la actualidad para los pensionados de la concesión salinas»; que el plan complementario que se venía aplicando a los jubilados de Salinas consistía en servicios odontológicos como extracciones, curaciones, calzas de amalgama, profilaxis, radiografías, exámenes generales e intervenciones quirúrgicas (artículo 7, 10 de julio de 1998); que la cláusula 7.ª de la convención colectiva de trabajo de 1985 consagró el auxilio de escolaridad; que en el artículo 8 del texto extralegal de 1966 se previó la prima especial para los pensionados y que en el precepto 9.º del acuerdo colectivo de 1960 se estipuló el pago de una bonificación en el mes de junio de cada año, sin perjuicio de otra similar, pagadera en diciembre. Expresaron que, a través de la circular 001 del 21 de febrero de 2003, el director del IFI (Concesión de Salinas)

suspendió los beneficios de «salud, educación y otros, que por

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Radicación n.º 91263 extensión de conformidad con normas legales, convencionales y reglamentarias, se venía haciendo a favor de los pensionados de la entidad y sus grupos familiares», por lo que dicha medida se les aplicó desde esa misma fecha. Finalmente, expusieron que, pese a la declaratoria de nulidad de ese acto administrativo por el Consejo de Estado, según providencia del 1 de agosto de 2013, no se les reanudó el pago de tales prerrogativas, razón por la cual presentaron ante la accionada sendas reclamaciones, en diferentes fechas, todas las cuales fueron negadas. Al dar respuesta a la demanda, la entidad accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la declaratoria de nulidad de la circular de febrero de 2003, pero aclaró que el fallo que así lo decidió no dispuso ningún restablecimiento del derecho y dijo que eran ciertas las reclamaciones administrativas presentadas por los demandantes y su negativa dada a estas. Respecto de los demás fundamentos fácticos, expresó que no le constaban, pues no tuvo vínculo laboral con los actores. Propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación, prescripción, pago de intereses moratorios según el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, compensación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, a

través del fallo del 10 de abril de 2019, absolvió a la parte

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Radicación n.º 91263 demandada de todas las pretensiones y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación propuesto por los demandantes, confirmó la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó los problemas jurídicos que debía estudiar, así: (i) ¿se le debe dar valor probatorio a todas las convenciones colectivas allegadas con la demanda? y (ii) ¿Los demandantes tienen derecho al restablecimiento de los derechos convencionales que percibían dada su calidad de pensionados y que le fueron suspendidos mediante la circular 001 del 21 de febrero de 2003 expedida por el IFI, la cual fue declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 1º de agosto de 2013? A continuación, dejó establecido que no estaba en discusión la calidad de pensionados de los demandantes, conforme a las resoluciones que les reconocieron las prestaciones, bien de jubilación o la sustitución de esta. En cuanto al valor probatorio de las convenciones colectivas de trabajo, se remitió al artículo 469 del CST y a la providencia CSJ SL1322-2019, de la que extrajo que, si bien no era indispensable presentar copia auténtica al proceso, ello no excusaba la omisión de aportar la «nota de depósito en

término ante el Ministerio de Trabajo, al tratarse de un

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Radicación n.º 91263 requisito sine qua non previsto en el art. 469 del CST». Tras ello, elucidó: Al revisar las convenciones colectivas de trabajo allegadas en el CD visible a folio 191, encuentra la Sala que todas aparecen con el correspondiente sello de depósito salvo las de 1958 y 1962; frente a las cuales el Ministerio de Trabajo en oficio del 21 de julio del 2016 le manifestó al apoderado de la parte demandante que "...revisada la base de datos del Grupo de Archivo Sindical no encontró registro de convenciones colectivas de 1962 y 1958". Por tanto, es claro que al no tener el correspondiente sello de depósito no pueden ser valoradas contrario a lo que pretende el apoderado de la parte demandante. A continuación, abordó lo relativo al restablecimiento de los beneficios convencionales. Para tal efecto, recordó que, según los accionantes, esas gabelas fueron suspendidas desde el 21 de febrero de 2003, con la expedición de la circular 001 de 2003, expedida por el director de IFI (Concesión de Salinas), cuyo texto copió. A renglón seguido, recordó que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 1 de agosto de 2012, declaró nulo ese acto administrativo. A raíz de esa decisión, expuso que IFI (Concesión de Salinas) era una entidad liquidada, de modo que decidió acudir a la postura de la Corte Constitucional en relación con

la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo en casos como el aludido, para lo cual recordó el fallo CC C902-2003; también mencionó la providencia CSJ SL1099-2018. A partir de esos elementos de juicio, el ad quem concluyó: […] en los casos en que el empleador se haya liquidado o esté en proceso de liquidación, las convenciones colectivas de trabajo que se hubiesen celebrado, seguirán vigentes hasta la

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Radicación n.º 91263 culminación del proceso liquidatorio, pues en ese momento queda extinguida la persona jurídica y, por tanto, las convenciones colectivas que se hayan celebrado pierden vigencia, como quiera que el empleador dejó de existir. Teniendo en cuenta que mediante el Decreto 4713 del 2009 “Por el cual se modifica el Decreto 2590 del 2003” se estableció en su artículo 1º que el proceso de liquidación del IFI concluiría a más tardar el 31 de diciembre del 2009 y se estableció que para todos los efectos terminaría la existencia jurídica del IFI, es claro que desde esa fecha —31 de diciembre del 2009— las convenciones colectivas de trabajo celebradas por el IFI perdieron total vigencia. Estimó que no era aplicable la sentencia «35057 del 11 de agosto de 2009», emanada de esta Corte, citada por los apelantes para indicar que, por tratarse de derechos adquiridos, la convención seguía vigente, así la entidad se hubiese liquidado. La sala de instancia consideró que los supuestos fácticos estudiados en ese caso, no eran aplicables al presente, porque allí se discutió sobre el derecho a una

pensión de jubilación convencional del Idema, cuyos requisitos se cumplieron en vigencia de la relación laboral, prestación de carácter vitalicio, contemplada a futuro, ya que para su exigibilidad se sustrajo el cumplimiento de la edad, de modo que ese evento versaba sobre un derecho adquirido, a diferencia de los reclamados en esta litis, que, además de no ser vitalicios, eran accesorios al derecho principal, que era la pensión. Para concluir, dijo el Tribunal: En consecuencia, si bien es cierto la accionada no tenía la facultad para suspender los beneficios convencionales en febrero del 2003 a través de la circular Nº 001, no es menos cierto que, no se (sic) posible reactivar dichos beneficios como se pretende con la presente demanda, como quiera que los mismos, perdieron vigencia el 31 de diciembre del 2009 y no nos encontramos frente a derechos adquiridos. Adicionalmente, no sobra resaltar que los demandantes ni siquiera probaron que venían recibiendo alguna suma adicional por concepto de beneficios convencionales.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por José Ismael Rodríguez Ortiz, Marco Antonio Torres Fino, Obdulio Gutiérrez Vera, Aura Dolores Malagón de Narváez y Sergio Triana Triana, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, actúe así: […] condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO a la reanudación y pago retroactivo de manera indexada de los beneficios convencionales por extensión a que tenían derecho de auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, auxilios y becas, que venían disfrutando los demandantes y su grupo familiar y que les fueron suspendidos desde el 21 de febrero de 2003, y de los correspondientes intereses moratorios. Costas en ambas instancias y en esta actuación a favor de la parte actora. Con tal propósito, formulan tres cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone la accionada y que se estudian en forma conjunta, ya que buscan igual objetivo.

VI. CARGO PRIMERO Acusan a la sentencia impugnada de violar las siguientes normas por la vía directa, en la modalidad de

infracción directa:

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Radicación n.º 91263 […] artículos 58 de la Constitución Política; 11, 272 y 273 de la ley 100 de 1993; 467, 468, 474 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; 71, 1621, 1622, 1746 del Código Civil; 7 y 9 de la Ley 4 de 1976; 10 y 11 de la ley 446 de 1998 que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 471 (subrogado

por el art. 38 del decreto 2351 de 1965) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 3° de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27, 31 y 32 del Código Civil; 1 y 16 de la Ley 6a de 1945; 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 62 de 1985 y 303 del Código General del Proceso. En la demostración del cargo, hacen explícita su conformidad con los hechos relativos a su condición de pensionados y la suspensión de los beneficios convencionales que se les extendieron. Por otra parte, especifican que la divergencia de criterios se resume en la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo después de la finalización del proceso liquidatorio de la entidad y el valor probatorio del que se excluyó a algunos de aquellos acuerdos. En particular, sobre las convenciones colectivas de trabajo aportadas, aducen que el Tribunal erró al reparar en que no reúnen los requisitos ad substantiam actus, pues carecen de la constancia de depósito, a pesar de haber sido traídas al legajo con oficio del Ministerio del Trabajo. De ese modo, afirman, se desconocieron los artículos 10 y 11 de la Ley 446 de 1998, «donde se indica que estos requisitos han de morigerarse toda vez que se presume la autenticidad de estos documentos atendiendo a principios del proceso social como la

celeridad». Fundan su alegato en el fallo CSJ SL, 25 oct. 2005, rad. 16505.

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Radicación n.º 91263 Añaden que el ministerio demandado no discutió la existencia y validez de los acuerdos colectivos que se enunciaron como fuente de los derechos convencionales deprecados, de modo que no es posible desconocer su valor probatorio, so pretexto de una supuesta falta de requisitos ad substantiam actus, conforme a la providencia CSJ SL200372017. En cuanto a la vigencia de las disposiciones que consagraron los derechos de los pensionados y de sus grupos familiares, incorporadas en convenciones posteriores, indican que el dislate del Tribunal radica en que no aplicó las normas del Código Sustantivo del Trabajo que asignan validez de ley para las partes a las convenciones colectivas de trabajo que consagraron beneficios por extensión, como los reclamados, por considerar que perdieron su vigencia cuando feneció la existencia jurídica del IFI (Concesión de Salinas). En particular, precisan que se dejó de aplicar el artículo 468 del CST, norma que exige que las partes pacten en las convenciones colectivas las causales o modalidades de su prórroga, desahucio o denuncia, lo que significa que todas las cláusulas convencionales tienen vocación de permanencia salvo que posteriormente se deroguen por voluntad de las partes o por el trámite de un conflicto donde se hayan denunciado o producto del proceso de revisión consagrado en el artículo 480 ibidem, pero, si no lo hacen, se

entienden prorrogadas automáticamente.

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Radicación n.º 91263 Por ende, acotan que, si la intención de las partes hubiese sido la de suprimir todos los beneficios pactados al liquidarse la empresa, deberían haberlo plasmado así expresamente, pues, de todas maneras, el principio de la conservación del derecho es «uno de los que están ínsitos en todo el sistema jurídico colombiano», ello, con base en la sentencia CC C043-2017. Tras explicar la ubicación histórica de los artículos 478 y 479 del CST, discurren así: Queda demostrado que por el solo hecho de que se expire el plazo pactado en convención colectiva no desaparecen los derechos y garantías establecidos en las convenciones colectivas, como lo piensa el ad quem sin soporte normativo alguno, es decir aquellos seguirán vigentes, hasta cuando las mismas partes los deroguen, o sean suprimidos en un laudo arbitral, previa denuncia del empleador. Bajo esta óptica la convención colectiva que rige las relaciones laborales en una empresa o establecimiento la constituye el conjunto de disposiciones pactadas en el transcurso del tiempo y que no hayan sido derogadas expresamente por las partes. Opinar como lo hace el Tribunal es recortar de un tajo la historia social que ha conllevado a la existencia de un régimen jurídico laboral diseñado en la ley y precisado por reiteradas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la denuncia del empleador debe ser concreta sobre los puntos que desea sean modificados de la convención y el pliego de los trabajadores a su

vez integra solamente los derechos y aspiraciones que desea se acuerden entre las partes, sin poner en ningún momento en duda las conquistas ya alcanzadas anteriormente y por ello jamás en los pliegos se introduce una cláusula que diga que lo ya pactado continua vigente pues tácitamente implicaría que ese punto es parte del conflicto y que de acordarse todo lo anterior quedaría derogado, es decir estarían partiendo de cero, técnica que ninguna organización sindical va a utilizar pues ella misma estaría exponiendo todo lo alcanzado a la ratificación en la nueva negociación. Entonces la convención colectiva de trabajo es el conjunto de disposiciones acordadas entre empleador y sindicato que siguen rigiendo las relaciones de trabajo hasta tanto no sean derogadas por las partes. [Continúa con una cita del libro González Charry, Derecho colectivo del trabajo, tomo II, página 289]

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Radicación n.º 91263 En el derecho laboral colectivo no existe el formalismo que quiere imponer el ad quem que obviamente choca no solo con el derecho del trabajo sino con el derecho en general, aplicado en Colombia, pues si se asimila la convención a un acuerdo entre las partes que producen obligaciones, se debe reconocer que en nuestro sistema prima el principio de conservación del derecho, cuyo primer pilar se encuentra en los artículos del Código Civil: [cita los preceptos 71, 1621 y 1622 de esa obra] Consideran elemental que, si la empresa existía cuando lograron su jubilación y las convenciones colectivas estaban vigentes, se les aplicaban sus beneficios, convertidos en derechos adquiridos, sin atender a vicisitudes posteriores,

pues tales derechos ingresaron a su patrimonio, sin ninguna condición o eventualidad, como la desaparición del sindicato o de la empresa que fungió como empleadora y que fue sustituida por otra entidad oficial. Para el derecho adquirido del jubilado, originado en convenciones vigentes a su retiro, no importa que posteriormente desaparezca la empresa o se desvinculen los trabajadores, pues ya ingresaron a su patrimonio. Continúan este sustento de la siguiente forma: Sobra cualquier otra disquisición histórica o teleológica para demostrar el anterior concepto y sobre la falta de aplicación de la mentada institución de la prórroga automática y es que de esta manera se ha aceptado de antaño por la doctrina iuslaboralista nacional la interpretación de esta norma. El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo define la convención colectiva de trabajo como aquella que fijas las condiciones de trabajo, siendo una de ellas los derechos pensionales al laborar durante determinado plazo un trabajador a un empleador y por tanto no podía el ad – quem desconocer la validez y vigencia de los pactos convencionales que estipularon en favor de los pensionados del extinto IFI – Concesión de Salinas una serie de beneficios convencionales tanto para ellos como para sus grupos familiares. En definitiva, tenemos que el régimen jurídico colombiano, desconocido por el ad quem se rige por el principio de continuidad del derecho, aplicable tanto a las leyes como a los contratos y acuerdos particulares como ya se explicó.

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Radicación n.º 91263 Si se hubieran aplicado por el ad –quem los artículos 468 y 478

del Código Sustantivo del Trabajo y 1621 y 1622 del Código Civil, se hubiera concluido sin asomo de duda que las mismas partes convalidaron durante años la vigencia y aplicación los derechos contenidos en la convención colectiva independientemente del destino que en su momento hubiese corrido la empresa. En cuanto a los beneficios convencionales por extensión, afirman que se constituyeron en derechos adquiridos y que el juez plural no aplicó los artículos 58 de la CP; 11, 272 y 273 de la Ley 100 de 1993; 467, 468 y 474 del CST; 71, 1621 y 1622 del Código Civil; 7 y 9 de la Ley 4 de 1976, con lo que no alcanzó estas conclusiones:

1. Que en el evento en que se disuelva el sindicato (en este caso ‘SINTRASALINAS’) o la empresa que fungió como empleadora (IFI –Concesión Salinas), que hubieren celebrado una convención, esta continuará rigiendo los derechos derivados de la negociación colectiva (en este caso los beneficios convencionales por extensión que se deprecan), puesto que en virtud del artículo 58 de la Constitución Política, estos derechos entraron al patrimonio de los jubilados en el mismo momento en que adquirieron esta calidad y no podían ser expropiados unilateralmente por la patronal.

2. Que aún después de haber entrado en vigencia la ley 100 de 1993, por expreso mandato de la misma en su artículo 11 los derechos adquiridos deben ser respetados (en este caso los beneficios convencionales de sanidad y educación que percibían los pensionados del extinto IFI – Concesión de Salinas) máxime

cuando los actores adquirieron su derecho pensional con anterioridad a que entrara en vigencia esta ley el 1º de abril de 1994.

3. La ley 4 de 1976 estableció en cabeza de las entidades, en este caso del extinto IFI – Concesión de Salinas y hoy de su sucesor procesal el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la obligación de proveer una serie de servicios de sanidad que han de complementarse con los acuerdos en este mismo sentido contenidos en las convenciones colectivas suscritas; beneficios que hicieron tránsito a derechos adquiridos por cuanto entraron efectivamente al patrimonio de los pensionados que hoy fungen como demandantes, como se evidenció en los acápites previos de esta demanda de casación.

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Radicación n.º 91263 Enuncian el principio de continuidad del derecho como uno de los aplicables a las convenciones colectivas de trabajo, dado que el contenido de sus cláusulas con carácter normativo ingresa directamente al patrimonio del trabajador, mientras que las obligacionales «son las que establecen las relaciones entre las partes empleador – sindicato que sirven para proteger las primeras», como permisos y auxilios sindicales, etc., en tanto que las de envoltura jurídica fijan las condiciones de duración, extensión, denuncia, desahucio del acuerdo entre otros aspectos. De las primeras, insisten en que, una vez ingresaron al patrimonio de los laborantes, no pueden ser desconocidas, aún si reportan beneficios que serán percibidos tras la terminación del contrato, como los destinados a los trabajadores en retiro, pues «mantienen esas

prerrogativas por la protección constitucional a los derechos adquiridos», por ende: Los beneficios por extensión que reclaman los hoy demandantes, entraron a su patrimonio en el mismo momento en el que adquirieron el status de jubilados; es decir; son derechos adquiridos y es por ello que no pueden ser expropiados sino por una sentencia judicial al tenor del artículo 58 de la Constitución y bajo las consideraciones extensamente expresadas en la demanda. Enseguida, citan la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la circular 001 de 2003, que interpretan en apoyo de su argumentación, pues reconoce que los derechos tuvieron origen en la negociación colectiva, de la cual se estableció la conservación del régimen prestacional para los jubilados, particularmente, del artículo 15 de la convención colectiva de trabajo suscrita en 1978. Además, resaltan que estos derechos tienen apoyo en los artículos 7 y

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Radicación n.º 91263 9 de la Ley 4.ª de 1976, que, si bien fue subrogada por el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, «lo cierto es que en virtud del artículo 11 de esta norma […] estos beneficios se conservan puesto que a la fecha de vigencia de esta disposición (1º de abril de 1994) los demandantes ya habían cumplido con los requisitos previstos para acceder a ellos». Por último, exponen que el ad quem desconoció los efectos de la declaración de nulidad decretada por sentencia judicial. En ese sentido, como se rehusó a aplicar la decisión

del Consejo de Estado, incurrió en la «falta de aplicación absoluta del artículo 1746 del Código Civil que es claro en indicar las consecuencias de la declaratoria de nulidad mediante sentencia judicial». Dicho lo anterior, explican que, si el ad quem hubiera utilizado ese precepto, habría concluido que el efecto inmediato de la declaración de nulidad de la circular 001 del 21 de febrero de 2003 es la restitución de todos los derechos cercenados por esta a los pensionados del extinto IFI (Concesión de Salinas) tal y como venían siendo reconocidos antes de la expedición de ese acto administrativo, «sin entrar a considerar si su monto se determinó en el proceso».

VII. CARGO SEGUNDO Formulan su acusación en estos términos: Acuso la sentencia atacada […] por la vía indirecta en la modalidad de infracción directa (falta de aplicación) de los artículos 58 de la Constitución Política; 11, 272 y 273 de la ley 100 de 1993; 467, 468, 474 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; 71, 1621, 1622 y 1746 del Código Civil; 7 y 9 de la Ley

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Radicación n.º 91263 4 de 1976, que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374,

400, 467, 471 (subrogado por el art. 38 del decreto 2351 de 1965) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo consagratorios de la validez de las convenciones colectivas de trabajo; 1º y 3° de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27, 31 y 32 del Código Civil; 1 y 16 de la Ley 6a de 1945; 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993; 1º de la Ley 62 de 1985 debido a evidentes errores de hecho en que incurrió el ad quem por mala apreciación de unas pruebas y la omisión de apreciación de otras. Como pruebas mal apreciadas por el Tribunal, indican:

1. Laudo arbitral de 1956

2. Convención colectiva de trabajo del año 1958

3. Convención colectiva de trabajo del año 1960

4. Convención colectiva de trabajo del año 1962

5. Convención colectiva de trabajo del año 1966

6. Convención colectiva de trabajo del año 1967

7. Convención colectiva de trabajo del año 1960

8. Convención colectiva de trabajo del año 1971

9. Convención colectiva de trabajo del año 1975

10. Convención colectiva de trabajo del año 1977

11. Convención colectiva de trabajo del año 1978

12. Convención colectiva de trabajo del año 1980

13. Convención colectiva de trabajo del año 1981

14. Convención colectiva de trabajo del año 1983

15. Convención colectiva de trabajo del año 1985

16. Convención colectiva de trabajo del año 1987

17. Convención colectiva de trabajo del año 1989

18. Convención colectiva de trabajo del año 1990

19. Reglamento de servicios de sanidad para familiares de trabajadores y pensionados el IFI.

20. Sentencia del 1 de agosto de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado (obrante a folios 49 a 67 del expediente)

21. Respuesta a la consulta elevada por el Ministro de desarrollo económico ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 1998 (obrante a folios 24 a 31 vuelto del expediente)

22. Oficio dirigido por el IFI –Concesión Salinas respecto de los beneficios convencionales de sanidad para 1998 (obrante a folios 33 a 35 del expediente)

23. Circular 01 del 21 de febrero de 2003 proferida por el Director del extinto IFI – Con