CSJ - SL16578-2016

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ Magistrado ponente SL16578-2016 Radicación n.°44845 Acta 43 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RAMIRO ARCANGEL VAQUERO PINEDA, contra la sentencia proferida por la Sala de decisión Civil-FamiliaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 12 de noviembre de 2009, en el proceso que instauró el recurrente contra ARROCERA SAHAGÚN –

ANIBAL JANNA & CIA S. EN C.

I. ANTECEDENTES El recurrente llamó a juicio a la sociedad demandada, con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual finalizó por

1 Radicación n.° 44845 causal imputable al empleador. Consecuencialmente, se ordene a la demandada el pago de las sumas indicadas por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, por los tres últimos años; la indemnización por despido, los dominicales y festivos, la indemnización moratoria y la pensión sanción. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que entre las partes se inició un contrato verbal a término indefinido desde el 1º de septiembre de 1975, a través del cual prestó sus servicios de manera permanente, en la ciudad de Sahagún, Córdoba, en el cargo de oficios varios, para lo cual tuvo un horario, por lo general, de 10 a 12 horas diarias; que el salario pactado fue a destajo, pagadero

al culminar cada jornada, el cual fue variable, el que oscilaba, en promedio, equivalente al salario mínimo, y se conocía como tarifa de cuadrilla, respecto del grupo de trabajadores que realizaban oficios similares; que nunca estuvo afiliado a la seguridad social, pero si fueron atendidos (sic) por médicos particulares que, en su momento, le prestaban los servicios a la demandada. Que la relación se mantuvo poco menos de 30 años, hasta cuando el 17 de agosto de 2006, uno de los socios de la empresa y el gerente de turno decidieron dar por terminado el contrato de trabajo, cuando él se negó a firmar y hacer parte de una cooperativa que el empleador quería conformar para ellos y en la que estaba incluido un lote como pago por todos los derechos prestacionales y derechos adquiridos por todos los años de servicio, con el 2 Radicación n.° 44845 constreñimiento de que quien no firmara le sería negada la entrada a la empresa y no trabajaría más, como en efecto ocurrió, dijo. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, negó la existencia del contrato de trabajo; manifestó que el actor, en algunas ocasiones, prestó sus servicios como cotero, es decir, descargaba camiones de arroces que llegaban a la empresa, pero esto no fue constante, solo en épocas de cosechas, cuatro meses al año, pero que esta labor se realizaba por cuenta del agricultor, más no por la empresa, de forma independiente, ya que dicha actividad se podía realizar en periodos cortos de tiempo, por lo que no hubo ningún tipo de subordinación, y menos permanencia en la

actividad; que tan pronto terminaba el descargue, el demandante se iba del lugar; que nunca se había pactado salario, y se le pagaba por labor desempeñada, cuando voluntariamente la prestaba, pero esto era por cuenta del agricultor; que el actor pagaba la consulta médica a los galenos de la empresa; negó que le hubiera dado órdenes, como también que hubiese tenido horario. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de pago en la causa pasiva, cobro de lo no debido y la prescripción. 3 Radicación n.° 44845 II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 28 de julio de 2009, (fls. 106 al 112), absolvió a la demandada. El a quo, para establecer los extremos del vínculo, analizó las testimoniales aportadas, de las cuales dedujo que «…pese a que la mayoría de las declaraciones arrimadas al proceso coinciden en el hecho de que efectivamente el señor… VAQUERO PINEDA, prestó algún tipo de labor, en diferentes quehaceres ordinarios de la demanda, especialmente en las labores de cargue y descargue de arroz, y que por tal labor recibía una remuneración o pago, la cual se efectuaba inmediatamente realizada la labor, es decir le cancelaban el día de trabajo…», y destacó que estas aseveraciones habían sido aceptadas por ambas partes en los interrogatorios que les fueron formulados, «tales afirmaciones no fueron explícitas o lo suficientemente claras

para derivar de las mismas, uno de los elementos estructurales del contrato de trabajo como lo es la subordinación…» . Según el a quo, con las citadas pruebas no se había logrado demostrar que el actor hubiese estado subordinado a la demandada, cumpliendo órdenes estrictas de la misma, 4 Radicación n.° 44845 en forma continua y bajo la imposición de un horario de trabajo, como tampoco que dicha labor fuera permanente por un determinado lapso de tiempo, «…pues por el contrario de la prueba testimonial recaudada lo que se desprende es que el actor desempeñó labores en la arrocera demandada, de manera interrumpida o discontinua, sin que se hubiere demostrado lo contrario».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante fallo del 12 de noviembre de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que le correspondía determinar si fue acertada la decisión del a quo de absolver a la empresa, en vista de que el apelante aducía que el administrador de justicia había valorado de manera errada las pruebas allegadas al plenario, en especial las testimoniales y documentales, con las que supuestamente, según la parte actora, se había demostrado la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo, básicamente la subordinación. Con el citado propósito, invocó el numeral 1º del artículo 22 del CST, de donde extrajo que si faltaba al 5 Radicación n.° 44845

menos uno de los tres elementos del contrato de trabajo, quedaba desvirtuada la naturaleza de la relación, es decir sería otra como el llamado contrato de prestación de servicios, sobre el cual precisó que no generaba en caso alguno pago de prestaciones sociales. Seguidamente, trascribió un pasaje de una sentencia, al parecer de esta Corte, pero sin identificarla, que refiere a la definición del contrato de trabajo; con ese derrotero por él trazado, determinó que a la parte actora le correspondía cumplir con la carga de la prueba según el artículo 177 del CPC, si lo que pretendía era que se le reconociera la relación laboral y el consecuencial pago de las prestaciones derivadas del citado vínculo. En ese orden, invocó la libertad de valoración probatoria que otorga el artículo 61 del CPL a los jueces, conforme a los principios de la sana crítica, sin que sea necesaria una tarifa legal, precisó, siempre que tal apreciación no conduzca a la violación del ordenamiento jurídico, ni a la vulneración de los derechos de quienes figuren como partes dentro del proceso. Para reforzar lo antes dicho, hizo una cita que dijo ser de esta Corte, pero tampoco indicó datos de identificación del precedente invocado, de donde concluyó que al administrador de justicia le era dado valorar las pruebas de la forma como considere conveniente, con el fin de esclarecer la verdad real dentro del proceso, más no una simple verdad procesal, sin exceder de los límites de la 6 Radicación n.° 44845 legalidad, o vulnerar los derechos de las personas que se vean afectadas directamente con la sentencia. Rememoró el artículo 213 del CPC que refiere a la

obligación que tiene toda persona de rendir testimonio cuando sea solicitado con ese fin, y que «…en esta obligación viene sumido el deber de persuadir al juez, a través de un relato claro y preciso acerca de los hechos de los que, efectivamente tenga certeza, en este sentido, los testimonios deben aflorar del conocimiento que se posea sobre el caso en particular, siendo razonable y preciso…» Luego de citar otro pasaje de una sentencia, sin indicar datos de esta, asentó que los testimonios que resulten vagos, incoherentes, contradictorios y responsivos podían ser «desacreditados» por el administrador de justicia de acuerdo con los principios de la sana crítica, e hizo las siguientes reflexiones en torno a la prueba testimonial del sublite: …encontramos que la empresa demandada tachó como sospechosos los testimonios de los señores José Celestino Florentino (Folio 72), Luis Alberto Serpa (Folio 74) Carlos Antonio Yanez (Folio 94), quienes tal como ellos lo afirman se encuentran tramitando procesos similares al que ocupa nuestra atención, lo que nos hace presumir que tienen un interés directo sobre las resultas del aludido proceso, por lo que nos abstendremos de valorarlos; ahora bien analizaremos las deposiciones de los señores…CHOPERENA (folio 92), quien afirma que entre las partes existió un vínculo laboral, y que era el quien cancelaba el flete al actor, además, establece no tener conocimiento de lo que este recibía como remuneración, ni si cumplía con un horario de trabajo, pues, sus narraciones hacen denotar que no tiene un

conocimiento directo de los supuestos fácticos que rodearon la aludida relación, lo que se puede extraer de afirmaciones como 7 Radicación n.° 44845 esta: «no, no tengo conocimiento de eso, uno está desactualizado de todo lo de la empresa, uno apenas transportaba». Ahora bien, el señor ALVARO ELÍAS AYUS PÉREZ (folio 95), nada precisa sobre la existencia de un vínculo contractual entre las partes, además, afirma tener conocimiento única y exclusivamente de las citas y fórmulas médicas que la empresa demandada sufragaba a favor del actor, sin precisar, sobre aspectos fundamentales de la supuesta relación laboral. Es claro entonces que, los citados testigos y las pruebas documentales que militan en el plenario no dan fe del elemento subordinación, el cual de acuerdo a los lineamientos de la doctrina y la jurisprudencia, diferencia al contrato de trabajo de las diversas formas de relación contractual y que ha sido definido por la honorable Corte Constitucional en la sentencia C386 del año 2000, bajo los siguientes parámetros: […] Así las cosas, el contrato de trabajo es una fuente de obligaciones recíprocas, en el cual existe una parte débil (trabajador) que aporta su mano de obra, mientras que por otro lado, existe una parte dominante (empleador), quien a diferencia de las demás relaciones contractuales cuenta con un poder excepcional, que implica cierta primacía sobre el trabajador y que le permite exigir a este adoptar ciertas conductas, para consecución de los fines de la empresa. Así las cosas, como quiera que en el plenario no existe prueba de la cual se pueda colegir la existencia del elemento subordinación, es claro,

entonces que nos encontramos ante una relación contractual distinta del contrato de trabajo, por lo que impele a esta colegiatura desestimar las peticiones esbozadas por el recurrente.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

8 Radicación n.° 44845

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia absolutoria y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un solo cargo que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO VIOLACIÓN INDIRECTA de normas sustanciales, por INDEBIDA APLICACIÓN de los artículos 22, 23, 55, 65, 172, 173, 249, 253, 254, 259, 260, 266, 306, 340 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social; 133 de la ley 100 de 1993 en interpretación errónea de los artículos 217, 218 del Código de Procedimiento Civil, que se suscitaron por los ERRORES DE HECHO MANIFIESTOS Y TRASCENDENTES en que incurrió el Ad quem en la estimación equivocada de documentos y testimonios complementarios aducidos al proceso, que lo llevaron a no tener por demostrado, estándolo, el elemento SUBORDINACION o DEPENDENCIA necesario para declarar la existencia del contrato de trabajo entre el demandante y la demandada, y consecuencialmente la carga prestacional y demás derechos equivalentes que surge de la misma.

Como errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal,

señaló: 9 Radicación n.° 44845 1.- No tener por demostrado, estándolo, que entre la ARROCERA SAHAGÚNANIBAL JANNA & CIA S. EN C., hoy ARROCERA SAHAGUN S.A., y el señor RAMIRO ARCANGEL VAQUERO PINEDA, existió un contrato verbal a término indefinido. 2.- No tener por demostrado estándolo, que el actor se encontraba SUBORDINADO o DEPENDIENTE a la demandada en la relación laboral. 3.- No tener por demostrado estándolo, que como consecuencia de la existencia de la relación laboral, la demandada adeuda a mi poderdante las prestaciones sociales derivadas de la misma. 4.- No tener por demostrado estándolo que al no haberse cancelado las prestaciones debidas la demandada adeuda al actor, la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que entre el actor y la demandada, existió una relación contractual distinta al contrato de trabajo. 6.- No tener por demostrado estándolo que al actor no le fueron cotizados los aportes correspondientes a pensión desde el inicio mismo de la relación laboral. 7.- No tener por demostrado estándolo que la relación laboral terminó por causal imputable a la demandada. Dicho (sic) errores de hecho tuvieron ocurrencia como resultado por la errónea apreciación de las siguientes pruebas: ERRORES DE HECHO EN MATERIA DOCUMENTAL Con las anteriores consideraciones y afirmaciones incurrió el Ad quem en los siguientes errores de hecho manifiestos y trascendentes en materia documental, por errónea apreciación:

10 Radicación n.° 44845 1°. Error de hecho por mala apreciación del documento que obra a folio 7 del cuaderno principal, emanada de Seguros del Comercio S.A., de fecha 28 de agosto de 1984, donde certifica que el actor estaba amparado por la demandada en un seguro colectivo con amparo a la vida, incapacidad total y permanente, accidente de trabajo, gastos de entierro y doble indemnización por muerte accidental en el trabajo. 2°. Error de hecho por mala apreciación del documento que obra a folio 8 del cuaderno principal, donde la demandada con firma y sello envía una orden médica para que el actor sea atendido por cuenta y a cargo de esta por el galeno CARLOS BUELVAS ALDANA, de fecha 18 de noviembre de 1985. 3°. Error de hecho por mala apreciación de los documentos ilustrados como medios de pruebas del cuaderno principal, donde la demandada con firma y sello envía una orden médica para que el actor sea atendido por cuenta y a cargo de esta, por el galeno ALVARO AYUS PEREZ, de fechas agosto 3 de 1994 (folio 9), 31 de octubre de 1994 (folio 10), marzo 10 de 1998 (folio 12), julio 13 de 1998 (folio 13), 1 7 de noviembre de 1998 (folio 16), febrero 2 de 2000 (folio 17), enero 27 de 2001 (folio 18), noviembre 19 de 2003 (folio 19), febrero 14 de 2005 (folio 20), agosto 3 de 2005 (folio 21), octubre 26 de 2005 (folio 22), diciembre 17 de 2005 (folio 23), así

como de las formulas medicas emanada del mismo profesional doctor ALVARO AYUS PEREZ, fechadas noviembre 17 de 1998 ordenando a mi mandante unos rayos X en el tórax, debidamente cancelados por la empresa demandada ARROCERA SAHAGÚN, por la suma de $35.000.00 (folio 14), 17 de noviembre de 1998 donde receta medicamentos a mi mandante (folio 15). SUSTENTACION Tenemos que este tipo de errores de hecho, según la ley 16 de 1969 artículo 7° pueden alegarse solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular. Para tal fin se considera que un documento es auténtico cuando se tiene certeza sobre quien lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Por documentos auténticos, define el artículo 252 C.P.C., como: "Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. 11 Radicación n.° 44845 El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido.

2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó.

3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella.

4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo

276.

5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 27…" La certificación emanada de Seguros del Comercio proviene de la compañía aseguradora ya desaparecida, con papel membreteado y sello de la misma, lo que merece todo el valor probatorio, y así se ha reiterado sobre su existencia, en las declaraciones de una y otra parte. Igualmente ocurre con las notas u órdenes médicas emanadas de la demandada, de las que se tiene veraz conocimiento y certeza sobre quien las elaboraba y suscribía, pues esto, fue ratificado por el señor Manuel Salvador Casillas, quien en su calidad de gerente reconoció expedir dichas órdenes. Máxime, cuando la demandada no tachó de falsos dichos documentos en la oportunidad y forma establecido en el artículo 289 y 290 del C. P.

C., a lo que simplemente procuró oponerse a ellos y solicitar no ser tenidos en cuenta como prueba documental, sin que esto, equivalga a una tacha formal de los mismos. El ad quem en su considerativo plasmado en el fallo impugnado, bosqueja escuetamente, sin merecer atención especial y especificación alguna de su parte, sobre estos medios en particular, pues únicamente se limitó a enunciar de manera general las documentales que reposan en el plenario, sin hacer un estudio pormenorizado sobre el alcance de las mismas, cuando ellas acreditan, sin vacilación alguna, el elemento

SUBORDINACION o DEPENDENCIA que tenía el actor frente a la demandada. Jurisprudencialmente se ha dicho que la 12 Radicación n.° 44845 subordinación o dependencia consiste en la facultad del patrono de dar órdenes al trabajador y el deber correlativo de este acatarlas; de igual forma la doctrina a recogido criterios frente a este elemento esencial, como es el caso del doctrinante mexicano doctor MARIO DE LA CUEVA quien expresa que "Es un poder de disposición de energía de trabajo, lo que quiere decir que la esencia de la relación de trabajo estriba en que el patrono se encuentra, en todo momento, en posibilidad de disponer de la fuerza de trabajo de sus obreros, según convenga a los fines de la empresa", ahora bien de las documentales arriba esbozadas, más concretamente en el punto 1º de los errores de hecho en materia documental, en lo que se refiere a la certificación emanada de SEGURO DEL COMERCIO S.A. en el año 1984, donde se afirma que el representante de la empresa demandada, tenía suscrita una póliza de seguros colectivos número 07242 cobijando con amparo a la vida, incapacidad total y permanente, accidente de trabajo, gastos de entierro y doble indemnización por muerte accidental en el trabajo a favor de un colectivo de personas entre las cuales se encontraba el actor. Al asumir la demandada este tipo de contingencias, que guarda estrecha relación en lo que atina con riesgos profesionales, que para la época en cuestión era asumida por el Instituto de Seguros Sociales y en su defecto por el patrono, deja ver una actividad de tipo laboral entre el actor y la pasiva en este asunto, donde está

presente el elemento subordinación, pues resulta incoherente que la pasiva suscriba un seguro para la salvaguarda de eventos relacionados con accidentes de trabajo de personas ajenas a la relación laboral, puesto que si está amparado para estas eventualidades, es porque la empresa misma reconoce la calidad de trabajador del demandante. Así mismo, en cuanto a los errores de hecho en materia documental, referente a las documentales que reposan a folios 8 a 23 del cuaderno principal, concernientes a las órdenes médicas emitidas por la sociedad demandada, dirigida a galenos particulares como el doctor Álvaro Ayus Pérez, Carlos Buelvas Aldana, Piedad Martínez Bonett, para que por cuenta y a órdenes de la misma, el actor fuera atendido cuando apremiaba por problemas de salud, servicios estos que eran cancelados por la pasiva, incluyendo su formulación y drogas, lo que sin lugar a divagaciones, demuestra que el actor se encontraba subordinado y dependiente de la demandada, pues al no tener este las capacidades económicas para sufragar los gastos médicos que le sobrevenían, era la demandada quien asumía dichas 13 Radicación n.° 44845 eventualidades como trabajador de ella que era el actor. Dichas órdenes eran dadas por los administradores de turno, gerente o jefe de personal de la sociedad, las cuales eran suscritas con sello de la demandada, y se daban en cualquier tiempo, incluso calendadas algunas en época que se dice que no hay cosecha, como la que aparece relacionada con fechas de octubre, noviembre, meses estos que no son propiamente de trabajo como lo argumenta la demandada, pues esta insiste en manifestar que

el demandante únicamente realizaba labores en épocas estrictamente de cosechas. El solo hecho de tomar dichas atribuciones, denota con claridad meridiana la dependencia del actor para con la demandada en este asunto, mayormente cuando, dicha documentación encuentra soporte veraz por las testimoniales allegadas, quienes expresan en su orden: el señor LUIS ALBERTO SERPA CARRASCAL (folio 74), en su jurada manifiesta "…las órdenes de medicina, siempre nos daban la orden y los remedios que se le entregaban a uno, el gerente de la arrocera los mandaba a comprar y se los entregaba a uno, estas órdenes médicas eran entregadas por el gerente..." sic. MANUEL SALVADOR CASILLA RAMOS, único testigo de la demandada (folio 77), quien se desempeñaba como gerente de la demandada manifiesta en su declaración, "..... el dueño de la empresa por mera liberalidad mandaba a algunos de los trabajadores enfermos donde un médico amigo de él y el médico los debía atender, no sé quién pagaba, de pronto el dueño, no sé si le daría alguna propina”. Sic. (negrillas fuera del texto). CARLOS ANTONIO YANEZ ESTRADA, argumentó en su deposición “primero que todo tuvimos al doctor Mario Babilonia como médico, después nos cambiaron al doctor Carlos Buelvas, y después al otro médico que hubo, que fue el doctor Francisco Mercado, eso lo pagaba la empresa, las incapacidades las pagaba la empresa, yo fui operado por el doctor Carlos Buelvas, y me dieron 15 días de incapacidad y me los pago la empresa." Sic y por último la declaración del galeno ALVARO A YUS PEREZ, quien manifiesta "A

mí lo que me consta es que yo lo atendí en varias oportunidades, con orden médica que me expedía la arrocera Sahagún, donde lo relacionaban como trabajador de la cuadrilla de la Arrocera Sahagún, firmada por el representante legal de la arrocera, que era el señor Salvador Casilla, me enviaban una notica y me decían pase la cuenta de cobro de la empresa la última que vez eso sucedió hace como 3 años…" Sic. Erró el fallador de segundo grado al momento de valorar las documentales que reposan en el expediente, puesto que no encontró demostrado, estándolo, el elemento dependencia o 14 Radicación n.° 44845 subordinación que dícese peca por su ausencia en este caso para que se configure la relación laboral y se conceda los demás derechos prestaciones y equivalentes solicitados, de manera que, no le dio, en su apreciación, el verdadero alcance a dichos medios de prueba, lo que lo llevó inexorablemente, a aplicar indebidamente el artículo 23 al absolver a la demandada, estando probado dicho elemento constitutivo. Así lo ha reiterado esta honorable corporación cuando establece de manera reiterada "… Cuando el juzgador incurre en errores de hecho al estimar las pruebas del proceso lo que hace es aplicar indebidamente las disposiciones que rigen el caso en concreto, absolviendo en vez de condenar o a la inversa, según que el error cometido consista en no dar por probado un hecho estándolo, o en tenerlo por establecido, sin que sea así. La absolución o la condena conllevan la aplicación de precisas normas legales: en el primer caso por haber encontrado que no se demostraron los supuestos de hecho

en que la norma se basa, y en el otro, por haber hallado que esos supuestos facticos (sic) si fueron debidamente establecidos." Sic

ERRORES DE HECHO EN MATERIA TESTIMONIAL.

De guisa complementaria o íntimamente relacionada con los errores de hecho en que incurrió el Ad quem en la apreciación de los documentos precedentemente examinados, al hacer las consideraciones que llevaron a confirmar la sentencia absolutoria, el mismo juzgador incurrió también en los siguientes errores de hecho manifiestos y trascendentes: 1°. Error de hecho por falta de valoración del testimonio de JOSE LUIS CELESTINO FLORENTINO (Folios 72-74), al que restó valor probatorio. 2°. Error de hecho por falta de valoración del testimonio de LUIS ALBERTO SERPA (Folios 74-75-76), al que restó valor probatorio por considerarlo sospechoso no obstante ser complementario con los documentos precedentemente examinados. 3°. Error de hecho por falta de valoración del testimonio de CARLOS ANTONIO YANEZ (Folios 94-95), al que restó valor probatorio por considerarlo sospechoso no obstante ser complementario con los documentos precedentemente examinados. Diáfano como es, según la literalidad de la ley 16 de 1969 en su artículo 7°, limita al motivo de casación de error de hecho a tan solo tres medios de prueba, solo cuando se trate de falta de 15 Radicación n.° 44845 apreciación o apreciación errónea de la prueba que tengan que ver con documentos que poseen la calidad de autenticidad, confesión judicial o inspección judicial, excluyendo atacar por esta vía, el

testimonio, el indicio o el dictamen pericial. Sin embargo, esta Honorable Corporación, por vía jurisprudencial, abrió las puertas para que por extensión la prueba testimonial pueda llegar a ser acusada por vía de casación, cuando previamente se ha demostrado un manifiesto yerro fáctico sobre los mismos. Es así como mediante sentencia de fecha 18 de octubre de 2001, sienta un precedente al respecto, al indicar que cuando esa prueba testimonial sirve de soporte al fallo recurrido, es posible acusarla en esta instancia, a continuación me permito trascribir el contenido de la misma “... En cuanto a la prueba testimonial debe anotarse que si bien ella no es calificada en casación laboral para estructurar errores de hecho, según se colige del artículo 7° de la ley 16 de 1969, también es cierto que cuando ella sirve de soporte al fallo recurrido, como sucede en este caso, si es imperativo acusarla como erróneamente apreciada, pues ello es lo que permite a la corte que una vez demostrados los yerros facticos con los que si tiene esa connotación, entrar a estudiar el elemento probatorio. El no hacerlo implica que el fallo debe mantenerse inalterable, revalido de la presunción de legalidad y acierto que lo cobija." Sic. El sentenciador de segundo grado, al momento de analizar las testimoniales de los señores JOSE LUIS CELESTINO FLQRENTINO, LUIS ALBERTO SERPA CARRASCAL, CARLOS ANTONIO YANEZ ESTRADA, le dio un enfoque diferente o una interpretación errónea a la norma analógicamente aplicable en materia laboral por la remisión normativa que contiene el artículo 145 del Código

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es el artículo 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, que a pesar de ser nomas (sic) in procedendo, no acusables por vía de casación laboral, su yerro llevó irremediablemente al error de hecho por la vía indirecta por indebida aplicación de la norma sustancial o in judicando consagrado en el artículo 23 demostrado estándolo, el elemento subordinación y consecuencialmente, la relación laboral. Dichas testimoniales, en el curso de su recepción fueron censurados como sospechosos por la demandada, por haber tramitado en algún momento, reclamos, para lograr el reconocimiento de sus derechos laborales, a lo que sin mayores vacilaciones, el Ad quem, una vez analizadas, puesto que para observar la tildada por sospecha debió hacer un mínimo estudio de las mismas, procedió a desechar dichas pruebas, restándole 16 Radicación n.° 44845 valor probatorio de manera que no tuvieran incidencia alguna al momento de tomar decisión sobre el fallo, por considerar que tenían algún interés en las resultas del proceso. Si bien es cierto que el juzgador tiene la potestad discrecional al momento de apreciar las pruebas, no por ese simple hecho, le es dable sin más, descalificar los testimonios, pues, tal y como el mismo Ad quem lo recalca, quedó atrás y en desuso el sistema tarifario de pruebas de antaño, de manera que el hecho de tachar un testimonio como sospechoso, no necesariamente implica descartarlo de plano como ocurrió, sino que, sencillamente se debe

mirar con mayor detenimiento al momento de auscultarse que tanta credibilidad merece, más aún, cuando sus dichos encuentran apoyo en el caudal probatorio, y son consistentes, contundentes y precisos entre sí al manifestar que el actor estaba subordinado a la demandada, cumpliendo órdenes, el horario impuesto, siguiendo sus directrices e instrucciones, devengando un salario cancelado por la pasiva, y prestando un servicio personal para la misma. Insístase, lo sospechoso no descarta