CSJ - SL1664-2023

República de Colombia Cede Suprema de Justicia Sala de Casacitin Laboral Sala de Descongestión N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1664-2023 Radicación n.° 95365 Acta 24 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JOSÉ DAVID MARTÍNEZ PARADA, contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso que adelantó en contra de la EMPRESA

COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL.

I. ANTECEDENTES José David Martínez Parada llamó a juicio a Ecopetrol SA, para obtener en forma principal, la reliquidación de la pensión de jubilación convencional, cesantía, intereses a la cesantía, primas de servicio, convencional, antigüedad, quinquenal, vacaciones, indemnización moratoria o

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Radicación n.° 95365 indexación, lo que resultara probado extra o ultra peti ta y, las costas. En subsidio reclamó declarar que los beneficios no constitutivos de salario que le fueron sufragados no podían ser superiores al 40% del total de la remuneración mensual por lo que de los $24.279.815 que recibió como salario promedio por mes durante el último ario de servicios era salario el 60%, es decir, la suma de $14.567.889 y, en consecuencia, se le reliquide la pensión de jubilación

convencional, la cesantía, intereses a la cesantía, primas de servicio, convencional, antigüedad, quinquenal, vacaciones, indemnización moratoria o indexación, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas. Como fundamento de sus peticiones, expuso que con contrato de trabajo a término indefinido se vinculó con Ecopetrol SA, como ingeniero de proyectos, del 29 de abril de 1992 al 27 de noviembre de 2016, 27 arios, 5 meses y 2 días. Informó que le fue reconocida pensión de jubilación convencional a partir del 28 de noviembre de 2016 en cuantía inicial de $7.442.042 equivalente al 75% del promedio del salario del último ario más el 2.5% por el primer ario de servicio después de los primeros 20 arios; no obstante, la demandada omitió liquidar la prestación de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 109 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el ario 2010.

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Radicación n.° 95365 Señaló que con ocasión de la transformación de Ecopetrol SA en sociedad por acciones, se aprobó una política de compensación para definir la estructura salarial de su personal directivo, técnico y de confianza, la que tuvo como propósito incrementar los salarios teniendo como referente mínimo, gel menos veinte por ciento de la media del sector petrolero mundial», para lo cual se creó el estímulo al ahorro que correspondía a una suma entregada a los trabajadores de manera habitual y periódica cada 15 días y

que era consignada en las sociedades administradoras de fondos de pensiones privadas, para lo cual en cláusula adicional al contrato de trabajo se excluyó el carácter salarial a dicho pago a pesar de que el mismo se reconocía como retribución al servicio prestado por el trabajador. Resaltó que los pagos laborales no constitutivos de salario que le efectuaba Ecopetrol SA del ario 2008 al 2016, no podían ser superiores al 40% del total de la remuneración mensual conforme la Ley 1393 de 2010 y, que presentó reclamación administrativa el 26 de mayo y el 21 de septiembre de 2017, peticiones que fueran resueltas en las dos oportunidades en forma negativa. La Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol SA, se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó la vinculación laboral, el tiempo de servicio, la política de compensación salarial fijada por la empresa y su finalidad, la cláusula de exclusión salarial del estímulo al ahorro y, el agotamiento de la reclamación administrativa. ,

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Radicación n.° 95365 En su defensa adujo que el demandante accedió a la pensión de jubilación el 28 de noviembre de 2016, fecha en la que contaba 57 arios de edad y 27 arios, 5 meses y 2 días de servicio a la entidad, requisitos con los que alcanzó los 70 puntos exigidos en el artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo «antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 de conformidad con lo señalado en el

parágrafo 3 de dicha disposición» y, que para efectos del cómputo del tiempo de servicio al momento de liquidar la prestación, «se tiene en cuenta aquel que laboro (sic) el accionante hasta la fecha del 31 de julio de 2010, que correspondería a 21 años de servicios, razón por la que solo le fue reconocido un 2,5% adicional en los términos descritos en el artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo». Refirió que con la política de compensación salarial se buscaba hacer más competitiva la empresa en materia de remuneración y de esa manera retener a los profesionales calificados que desertaban por la baja retribución que en ese momento les ofrecía, para lo cual efectuó la distribución de los trabajadores en 4 grupos de acuerdo con las diferencias de regímenes salariales y prestacionales impuestos a lo largo de los arios por las diferentes modificaciones legislativas, de los cuales para los trabajadores ubicados en los grupos 2, 3 y 4 se asignaron unas sumas de dinero denominadas estímulo al ahorro, las que se consignaban en un fondo privado de pensiones voluntarias elegido por ellos, que para el caso del aquí demandante correspondió al grupo 2, «sin que pudiera si quiera (sic) pensarse que era como retribución por el servicio prestado». 4

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Radicación n.° 95365 Resaltó que aquella política de compensación estaba cimentada en una base objetiva, proporcional y justificada, respaldada en la diferenciación creada a través de la Ley 50 de 1990, tratándose del régimen de cesantías y, la Ley 797

de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005 en cuanto al régimen pensiona' exceptuado. Propuso la excepción de prescripción y, las que llamó inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido y buena fe (f.° 235-285 cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Transitorio Laboral del Circuito de Barrancabermeja, concluyó el trámite u emitió fallo el 8 de noviembre de 2019 (link de audiencia expediente digital - cuaderno del juzgado), en el que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió íntegramente a Ecopetrol SA y, condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver en grado jurisdiccional de consulta la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, profirió fallo el 13 de septiembre de 2021 (f.° 1-14 cuaderno del Tribunal - expediente digital), en el que dispuso confirmar el del a quo, sin costas.

Como problemas jurídicos a resolver, concretó: i) dilucidar si hay lugar a la reliquidación de la pensión de

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Radicación n.° 95365 jubilación otorgada al demandante, ii) determinar si las sumas canceladas por concepto de estímulo al ahorro tienen connotación salarial y, iii) si la demandada contravino lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, al

cancelar sumas no constitutivas de salario en porcentaje superior al 40% de la remuneración. Para dar respuesta al primero, se remitió a lo dispuesto en el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, luego de lo cual, concluyó: Claro ello, revisados los medios demostrativos que militan en el plenario se advierte objetivamente, que la situación fáctica del demandante se subsume en la segunda hipótesis prevista en el parágrafo transitorio 3° del art. 1° ibídem, por cuanto si bien la fuente formal del derecho deprecado, esto es, la CCT se celebró el 22 de agosto de 2009, para la vigencia 2009-2014, estableció en su art. 109 la pensión de jubilación para aquel contingente de trabajadores que habiendo llegado a la edad de 50 arios y le hayan prestado servicios por veinte arios o más, continuos o discontinuos a la empresa, lo cierto que a las claras tal contenido normativo se erige como talanquera para la asunción del derecho porque i) a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y hasta el 31 de julio de 2010, no podían establecerse condiciones pensionales más favorables a las previstas en el S.G.S.S.P, y de la simple lectura del precepto se advierte que así se hizo entre Ecopetrol S.A y la USO, ii) siendo de tal modo, los firmantes de la CCT con vigencia 2009-2014, procedieron en franco desconocimiento de prohibición de orden constitucional; iii) lo que se traduce, en que lo estipulado en el art. 109 convencional,

sea abiertamente ineficaz, inoponible en sede judicial y no produzca en la realidad efectos jurídicos, de ahí que a pesar que el demandante plausiblemente cumpliera con los requisitos del estatuto convencional antes del 31 de julio de 2010 -fecha de extinción de los regímenes exceptuados y especiales-, el derecho suplicado estaría llamado al fracaso, amén que las reglas de carácter pensional pactadas en el canon extralegal fueron posteriores a la entrada en vigencia del acto modificatorio

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Radicación n.° 95365 constitucional y son abiertamente disímiles a las previstas en el régimen general de pensiones. Concluyó la improcedencia de la reliquidación pensional, en tanto las reglas fijadas en la norma convencional sustento de tal petición, «son ineficaces y no tienen vocación jurídica para relievar el derecho del demandante, como quiera que contravienen diáfanamente la prohibición de orden constitucional». En cuanto al estímulo al ahorro, sostuvo que no tiene incidencia salarial al no estar destinado a remunerar el servicio sino al ahorro voluntario que, además, le generaba al trabajador una rentabilidad financiera con la administración que del mismo hace la Sociedad Administradora del Fondo de Pensiones, sin que el hecho de que sea habitual y continuo, mute su naturaleza no retributiva y lo vuelva salario, conforme lo había analizado en proceso anterior con radicación 2013-00486. Para finalizar, el tercer cuestionamiento, que lo llevó a remitirse a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de

2010, señaló: [...1 adentrándonos en la teleología de la norma citada anteriormente la misma pretende evitar la elución en el pago de las cotizaciones para los sub regímenes de seguridad social en pensiones y salud de acuerdo a lo consagrado en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, normas que en el caso del demandante no regulan su situación jurídica, pues atendiendo su ingreso a la estatal petrolera y su condición de pensionado por esta se encuentra excluido de la aplicación del régimen de seguridad social integral instituido la Ley 100 (sic) en comento de acuerdo con el articulo 279 ibidem, que estipula la inaplicación

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Radicación n.° 95365 de este compendio normativo a los servidores públicos de Ecopetrol, por ende tampoco hay lugar a condena alguna en contra de la demandada, con base en el presupuesto normativo que menciona el promotor del juicio.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación de la sentencia recurrida, en sede de instancia, se revoque la proferida por el a quo y, en su lugar: [...] condene a las pretensiones principales de la demanda, consistentes en que la pensión de jubilación convencional con el plan 70, debe ser en un monto de 75% más el 17.5% por haber laborado 27 arios, 5 meses y dos días y que las sumas pagadas

por estímulo al ahorro es constitutiva de salario (sic) y como consecuencia de lo anterior, se debe condenar a la sociedad ECOPETROL S.A. a reliquidar la pensión de jubilación convencional reconocida al demandante a partir del 28 de noviembre de 2016, con una mesada pensional inicial de $8.535.706, ordenándose el pago del retroactivo pensional. De acogerse el carácter salarial del estímulo al ahorro, la mesada inicial debe ser de $21.396.586,90 o en su defecto de 25 salarios mínimos mensuales vigentes al 2016, al liquidarse conforme a la convención colectiva de trabajo con el plan 70, en un monto de 75% más el 17.5% del nuevo salario promedio mensual del último ario de servicios, que fue de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($24.279.815,00) M/C T, se condene a pagar la reliquidación de las mesadas pensionales de noviembre y diciembre del ario 2016, las del ario 2017 y las que se causen durante el proceso, así como las demás pretensiones principales 8

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Radicación n.° 95365 de la demanda relativa (sic) a la reliquidación de las cesantías, prestaciones sociales y pago de indemnización moratoria. En caso de no acoger las pretensiones principales, acoja las subsidiarias que hacen referencia a declarar que los pagos laborales cancelados por ECOPETROL S.A. desde el ario 2008 hasta el ario 2016 a JOSÉ DAVID MARTÍNEZ PARADA no

constitutivos de salario no podían ser superiores al 40% del total de la remuneración mensual conforme a la Ley 1393 de 2010 en el art. 30 reajustándose la mesada inicial de la pensión convencional. Adicionalmente proveerá sobre costas de este recurso y por las instancias, condenando a su pago a ECOPETROL S.A. Con tal propósito presenta cuatro cargos, por la causal primera de casación, que recibieron oportuna réplica. De los cuales se estudian en forma conjunta el segundo y el tercero, por acusar similar elenco normativo, complementarse en la argumentación y, pretender la misma decisión.

VI. CARGO PRIMERO Por vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 48 de la CN; 46, 476, 478 y 479 del CST; 60, 61 y 66 A del CPTSS y 109 de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes para los períodos 2009-2014 y 2014-2018.

Como causa eficiente de la vulneración lista los siguientes errores «notorios» que atribuye al Tribunal: - No dar por demostrado, que la controversia entre Ecopetrol y el demandante se refería era a la tasa de reemplazo y no al derecho pensional reconocido. - No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía un derecho adquirido a la liquidación de su pensión convencional sumando los seis arios laborados con

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Radicación n.° 95365 posterioridad al 31 de junio de 2010 pues no se trata de una dádiva o un acto de compasión, sino de un derecho

irrenunciable, ligado a la prestación del servicio. - No dar por demostrado, estándolo, que los tiempos laborados por el demandante con posterioridad al 31 de julio de 2010 deben tener alguna incidencia pensional y no pueden perderse así sin más, pues son (sic). - No dar por demostrado estándolo que Ecopetrol que la vigencia (sic) y legalidad de la convención colectiva de los arios y 2014-2018 (sic), no era parte del litigio, pues solo se discutía la tasa de reemplazo y no el derecho convencional. Dice que los citados yerros resultaron de la indebida apreciación del artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia 2009-2014, reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación plan 70 (f.° 49 y 50 cuaderno del juzgado) y, la demanda y su contestación (f.° 1 y ss cuaderno de primera instancia). Señala que la controversia sometida a decisión judicial hace referencia a la tasa de reemplazo con la que debe pagarse la pensión de jubilación convencional al demandante, para lo cual reproduce el artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo 2009-2014, del que señala, estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 calenda para la cual ya tenía cumplidos los requisitos de tiempo de servicio y edad, pues contaba 21 y 49 arios, respectivamente, por lo que tenía derecho a que su prestación se liquidara en los términos de la norma extralegal. Cuestiona que a pesar de reconocer que el demandante

tiene derecho a la pensión de jubilación convencional, el Tribunal hubiera considerado que solamente se puede tener 10

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Radicación n.° 95365 en cuenta el tiempo laborado al servicio de Ecopetrol SA hasta el 31 de julio de 2010 y, no los posteriores, «sin estudiar el tema de los derechos adquiridos, pilar de la demanda y los alegatos ante el Tribunal, desconociendo en su decisión el derecho adquirido que ya tenía el demandante a la pensión convencional y la tasa de reemplazo pactada, por haber cumplido los 50 años y los 21 años laborados antes de 31 de Julio de 2010». Reproduce parcialmente lo considerado en las sentencias CSJ SL038-2022 y CSJ SL3501-2022 y afirma: Además de la escindibilidad de la norma convencional, razones constitucionales, como es el principio de favorabilidad y de equidad, hacen razonable tomar ese tiempo de servicios posteriores (sic) al 31 de julio de 2010, seis arios, por ser la pensión de vejez y su pago es un derecho fundamental (sic), ligado a la prestación del servicio, no siendo una dádiva sino un derecho irrenunciable.

VII. RÉPLICA Para la entidad llamada ajuicio, cuando el demandante habla de derecho adquirido tiene que demostrar que a 25 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de esa anualidad, tenía derecho a la pensión de jubilación por cumplir los requisitos para su causación, presupuesto que no cumple el demandante, pues solo los

alcanzó el 31 de julio de 2010, data en la completó 21 arios de servicio, lo que exigía establecer si el incremento adicional correspondiente al 2.5% por ario adicional a los 20 de servicio, «estaba determinado en la convención colectiva o

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Radicación n.° 95365 laudo arbitral anterior a esta convención colectiva de 1 de julio de 2009 al 20 de junio de 2014, por ello no se puede hablar de derecho adquirido, si no se demuestra que se tenía en la anterior convención colectiva», deficiencia probatoria que, en su decir, «no se subsana con un alegato largo y deshilvanado que se llame demostración del cargo».

VIII. CONSIDERACIONES Para el Tribunal, la reliquidación pretendida por el promotor del juicio no está llamada a prosperar, porque: [...] revisados los medios demostrativos que militan en el plenario se advierte objetivamente, que la situación fáctica del demandante se subsume en la segunda hipótesis prevista en el 0 parágrafo transitorio 3 del art. 1° ibídem, por cuanto si bien la fuente formal del derecho deprecado, esto es, la CCT se celebró el 22 de agosto de 2009, para la vigencia 2009-2014, estableció en su art. 109 la pensión de jubilación para aquel contingente de trabajadores que habiendo llegado a la edad de 50 arios y le hayan prestado servicios por veinte arios o más, continuos o discontinuos a la empresa, lo cierto que a las claras tal contenido normativo se erige como talanquera para la asunción del derecho

porque i) a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y hasta el 31 de julio de 2010, no podían establecerse condiciones pensionales más favorables a las previstas en el S.G.S.S.P., y de la simple lectura del precepto se advierte que así se hizo entre Ecopetrol S.A y la USO; ii) siendo de tal modo, los firmantes de la CCT con vigencia 2009-2014, procedieron en franco desconocimiento de prohibición de orden constitucional; iii) lo que se traduce, en que lo estipulado en el art. 109 convencional, sea abiertamente ineficaz, inoponible en sede judicial y no produzca en la realidad efectos jurídicos, de ahí que a pesar que el demandante plausiblemente cumpliera con los requisitos del estatuto convencional antes del 31 de julio de 2010 -fecha de extinción de los regímenes exceptuados y especiales-, el derecho suplicado estaría llamado al fracaso, amén que las reglas de carácter pensional pactadas en el canon extralegal fueron posteriores a la entrada en vigencia del acto modificatorio 1')

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Radicación n.° 95365 constitucional son abiertamente disimiles a las previstas en el régimen general de pensiones. El reproche de la censura radica en torno a que debió aplicarse en su integridad el artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo 2009-2014, concretamente en lo alusivo a la tasa de reemplazo, toda vez que contaba con un «derecho adquirido» a la pensión de jubilación convencional, así como

al porcentaje allí estipulado, por haber cumplido la edad y tiempo de servicios indicado en la norma antes del 31 de julio de 2010. El precepto convencional cuya aplicación se reclama, en su tenor literal reza: ARTÍCULO 109.- La Empresa continuará reconociendo la pensión legal vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último ario de servicio, a los trabajadores que habiendo llegado a la edad de cincuenta (50) arios, le hayan prestado servicios por veinte (20) arios o más, continuos o discontinuos, en cualquier tiempo, de conformidad con el Decreto 807 de 1994. Con todo, la Empresa reconocerá la pensión plena a quienes habiendo prestado servicios por más de veinte (20) arios, reúnan setenta (70) puntos en un sistema en el cual cada ario de servicio a Ecopetrol equivale a un (1) punto y cada ario de edad equivale a otro punto. Esta pensión de jubilación se reconocerá a solicitud del trabajador o por decisión de la Empresa. Parágrafo 1. No obstante lo anterior, cuando la Empresa lo determine, ésta podrá conceder la pensión de jubilación a aquellas trabajadoras que habiéndole prestado servicio a la Empresa por más de veinte (20) arios, reúnan sesenta y ocho (68) puntos de acuerdo con el sistema anterior. Parágrafo 2. Para aquellos trabajadores que en el momento de la terminación de su contrato de trabajo, se encontraren en incapacidad médica, la liquidación se hará teniendo en cuenta el

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Radicación n.° 95365 promedio de salarios devengados en el último ario de servicios antes de tal incapacidad. Parágrafo 3. Además de la pensión a que el trabajador tenga derecho, de acuerdo con las leyes del trabajo y con lo dispuesto en la norma anterior, la Empresa aumentará monto de esta pensión en un dos punto cinco por ciento (2.5%) por cada ario que el trabajador haya servido a la Empresa por encima de los veinte arios que le dan derecho a la pensión. En asunto de similares contornos al que es objeto de estudio por la Sala adelantado contra la empresa aquí demandada, esta Corporación en reciente sentencia CSJ SL1070-2023, enserió: Conforme con la línea expuesta, si bien es cierto, los trabajadores de Ecopetrol inicialmente fueron excluidos del sistema general de pensiones, también lo es que en el artículo 30 de la Ley 797 de 2003 se incorporó a los servidores de dicha entidad que ingresaran a partir de su entrada en vigor, y por la adenda constitucional de 2005 se dispuso que a partir del 31 de julio de 2010 perdían vigencia «los regímenes pensionales especiales, exceptuados y cualquier otro distinto al régimen general», sin perjuicio de los derechos adquiridos; dicho en otras palabras, salvo aquellos que tuvieran consolidados los requisitos de acceso -esto es un verdadero derecho adquiridoa disfrutar la pensión extralegal, fueron incorporados al sistema general de pensiones, debiendo seleccionar régimen y administrador pensional en caso de no haberlo hecho de manera antecedente.

En este punto, debe aclararse que los recurrentes parten de una premisa errada frente al derecho adquirido, pues están considerando que el alcance del mismo es que se mantiene inmodificable en el tiempo su exclusión del sistema general de pensiones y, por esta vía, que en la actualidad sus condiciones para acceder a una prestación de esta naturaleza son las deprecadas en la demanda, esto es, conforme la norma convencional. Y es que con relación al derecho adquirido valga la pena traer a colación la sentencia CSJ SL, del 17 mar.1977 -Acta 10-, y utilizada por la Corte Constitucional en sentencia C C-168 de 1995, última que acotó: 14

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Radicación n.° 95365 [...] Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder. Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo, al resolver

una demanda contra el artículo 289 de la misma ley que hoy se impugna parcialmente, expresó en relación con este tema lo siguiente: La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca. Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia. (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo) A la luz de lo expuesto, con el Acto Legislativo 01 de 2005, el derecho a la pensión está sometido a que se cumplan los requisitos de acceso exigidos en el régimen aplicable al beneficiario, antes de las fechas de expiración instituidas en el mismo. En el horizonte trazado, y en los concretos términos del parágrafo segundo transitorio de la aludida reforma constitucional, el régimen de Ecopetrol quedó afectado por la derogatoria que introdujo la reforma del artículo 48 constitucional a los regímenes especiales y exceptuados (Ver fallos CSJ SL51182020; CSJ SL1870-2020).

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Radicación n.° 95365 No sobra en este punto traer a colación la providencia CSJ SL3635-2020 que, al estudiar las reglas del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el término de vigencia de las convenciones colectivas, aludiendo a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, determinó: En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto son las siguientes: a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo ario se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de

julio de 2010. c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010. De suerte que en virtud de la postura mayoritaria de la sala expuesta, para la pervivencia de las reglas de instrumentos convencionales hasta el límite temporal de la norma constitucional-31 de julio de 2010-, debían ser suscritos con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, 29 de julio de este ario, con ello se resalta que los instrumentos colectivos a los que alude la censura, posteriores a tal data no mantuvieron su eficacia; ello es así como efectivamente lo es, por cuanto a partir de ese momento, no se podían establecer condiciones diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones, por lo que cualquier acuerdo en tal sentido es inane y no produce efecto alguno.

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Radicación n.° 95365 Aquí y ahora, vale la pena memorar que, contrario al error que se endilga al fallador de segunda instancia, este no desconoce la existencia de convenciones colectivas suscritas entre la empresa demandada y la organización sindical USO, ni que las mismas contienen cláusulas relativas a la jubilación; lo

que señaló fue que la vigencia de las mismas estaba condicionada a lo estatuido en el Acto Legislativo 01 de 2005; tampoco soslayó que los actores eran beneficiarios de lo consagrado en los textos colectivos suscritos por el sindicato, como se desprende de manera textual de la providencia cuestionada, pues definió que los accionantes «no reunieron los requisitos establecidos en la convención antes del 31 de julio de 2010», es decir, dentro del interregno que contempla la adenda constitucional. En ese sendero, en el caso bajo estudio, el único instrumento con vocación de mantener la aplicación de sus efectos una vez expedida la reforma constitucional en comento, es