CSJ - SL1676-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1676-2023 Radicación n.° 91606 Acta 19 Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FANOR SALCEDO CASAÑAS, ÓSCAR VELÁSQUEZ, EDGAR SERNA SEPÚLVEDA y MANUEL MARÍA MINGAN LEÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el primero (1°) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró al INGENIO PICHICHI S. A.

I. ANTECEDENTES Faber Salcedo Casañas, Óscar Velásquez, Edgar Serna Sepúlveda y Manuel María Mingan León llamaron a juicio al Ingenio Pichichi S. A., para que se declarara que entre ellos y la demandada existió un contrato laboral realidad, a pesar de que formalmente, fueron enviados a esa sociedad por las

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Radicación n.° 91606 Cooperativas de Trabajo Asociado Aldía, Progresar, Practicaña, Progresemos, Fuerza Interactiva y por Servisasociados SAS. Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la accionada a reconocerles las cesantías y sus intereses, junto con las primas, vacaciones y auxilio de transporte, causados desde el inicio de la relación hasta el 2012; así como también, que se efectuaran las cotizaciones al sistema de seguridad

social integral durante ese tiempo; se les concediera la indemnización por despido injusto; más las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; los perjuicios morales causados; la indexación; lo que resultare probado y las costas. Narraron que prestaron sus servicios personales y subordinados al Ingenio Pichichi S. A., como presuntos afiliados a las cooperativas y contratistas mencionados; que, sin embargo, éstas no eran dueñas de las herramientas, medios de producción o de transporte y que no funcionaban autogestionariamente, a tal punto, que la accionada era la que fijaba el precio del corte de caña y quien desplegaba la potestad reglamentaria y disciplinaria. Precisaron que cumplieron su actividad como corteros de caña en «los predios o suertes» de la demandada, de lunes a domingo y festivos, sin descanso, de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; que siempre recibieron órdenes de los «supervisores, cabos o monitores de cargo» de esa sociedad; que estos se encargaban de «apuntar la chorra o arrume [...] con su respectiva ficha,

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Radicación n.° 91606 revisar que no quedaran tocones altos». Puntualizaron que sus vinculaciones tuvieron los siguientes extremos y salarios promedio en los últimos 12 meses: Demandante Tercero Inicio Fin Salario Fanor Aldía CTA 15/03/2004 19/11/2005 $880.666,66 Salcedo Progresar 20/11/2005 29/02/2012

Casañas CTA Óscar Practicaña 01/12/2005 08/08/2010 $1.420.000 Velásquez CTA Crecivalores 09/08/2010 29/02/2012 SAS Edgar Serna Practicaña 05/12/2005 08/08/2010 $710.000 Sepúlveda CTA Crecivalores 09/08/2010 29/02/2012 SAS Manuel María Practicaña 05/12/2005 08/08/2010 $1.430.000 Mingan León CTA Crecivalores 09/08/2010 29/02/2012 SAS Indicaron que el salario que se les reconoció era inferior al de los trabajadores de planta o a los cobijados por la convención colectiva; que de su remuneración se les descontaba unos porcentajes sobre las denominadas compensaciones anuales, semestrales y de descanso, que no eran prestaciones, sino salario; que la accionada les debe la cotización a pensiones con fundamento en la remuneración real; así como también los siguientes ciclos: Demandante Aportes Adeudados Fanor Salcedo Casañas 02/08 Edgar Serna Sepúlveda 04/11 Mingan León 09/09 a 12/09 01/10 a 12/10 01/11 a 12/11 02/12 a 02/12

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Radicación n.° 91606 Aclararon que, para acceder a la vinculación, la accionada les condicionó a afiliarse a través de las cooperativas y contratistas; que, no obstante, era la

demandada la que apuntaba la información de cada trabajador, sobre los días laborados y la cantidad de caña cortada; que, con base en esos datos, aquella remitía la información a la CTA y, ésta última manufacturaba «las respectivas planillas de pago semanal». Afirmaron que siempre expusieron su descontento con la situación y los perjuicios que les causaba la falta de pago de sus prestaciones; que prueba de ello es que en el 2008 participaron en una huelga por la tercerización laboral; que, por ello, muchos compañeros fueron procesados penalmente, pero absueltos. Señalaron que la accionada fue la que ordenó la liquidación de las cooperativas; que a ellos no les devolvieron sus aportes o entregado ganancias; que, aunque firmaron una carta de renuncia, no fue voluntaria; que la misma obedeció a un despido indirecto, porque de no haber procedido así, no habrían sido vinculados al ingenio directamente como lo fueron (f.° 10 a 61, cuaderno principal tomo 1)1. La demandada se opuso a las pretensiones, negando los hechos o aduciendo que no le constaban, porque entre ella y los actores, no existió relación laboral de ninguna índole; 1 Primera Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente Primera Instancia_2022080253656

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Radicación n.° 91606 que, en efecto, estos confesaron que fueron vinculados como trabajadores asociados de una persona jurídica distinta, con quien no tiene responsabilidad solidaria contractual o legal. Formuló como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la

obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, «ilegitimidad de personería sustantiva de la parte demandada» y buena fe (f.° 234 a 253, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, el 27 de febrero de 2019, declaró probada la excepción denominada «inexistencia de la obligación», absolvió a la demandada y condenó en costas a los accionantes (f.° 259 a 277, cuaderno principal tomo 2)2.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por apelación de los demandantes, el 1° de marzo de 2021, confirmó la de primera.

Dijo que, con sujeción al principio de consonancia, debía determinar si entre los actores y la sociedad accionada existió un verdadero contrato de trabajo, teniendo en cuenta 2 Primera Instancia_CuadernoPrincipalTomo2_Expediente Primera Instancia_2022080444356.

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Radicación n.° 91606 que aquellos alegaron que las cooperativas y las sociedades por acciones simplificadas, suministraron personal a la empleadora. Memoró que la alzada sustentó probatoriamente su reclamación en: i) las solicitudes, ofertas mercantiles y aceptación de estas, junto con los contratos de prestación de servicios (f.° 259 a 359, ibidem); ii) las actas de acuerdo y de verificación de preacuerdo

(f.° 63 a 72, ib); iii) los compromisos contractuales entre las CTA y las SAS de mantener informado al ingenio sobre sus asociados y de éste último de pagar un salario mínimo al cabo, apoyar con el reconocimiento de aportes a seguridad social o la concesión de dotaciones, beneficios laborales, donaciones y transporte (f.° 166, 167, 172, 173, 177, 184, 187, 189, 192, 195, 208, 216, 226, 227, 252, 257, 261, 263, 266, 267, 267, 288, 291, 292, 348, 349, 389, 496 y 497, ibidem); iv) la facultad concedida a aquellas de pagar a terceras personas en nombre de Pichichi S. A. (f.° 175, 187, 194, 218, 255 y 262, ib) y, v) los contratos de prestación de servicios con las profesionales que se encargaron de la liquidación de las mencionadas.

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Radicación n.° 91606 Consideró que, sin embargo, [....] las anteriores documentales por sí solas no constituyen prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo [...], en la medida que no permiten su presentación como premisa suficiente de los supuestos de la prestación personal del servicio por cada uno de los actores en beneficio de la sociedad accionada, de ésta documental tampoco se infiere el presupuesto en el recurso de las condiciones de sujeción de las cooperativas a los designios del contratante, más que éste y aquellas mantuvieron una relación comercial para el corte de caña, tampoco se

concluye, sin duda plausible, que se tratara de actos en simulación en que las condiciones de negociación de estas últimas fueran inexistentes, pero sobre todo no son indicio probable de las condiciones concretas de la alegada relación laboral de los actores. Refirió que, si bien resultaba «indicativo del contexto o marco general de las relaciones laborales del sector», los ceses de actividades que conllevaron a la suscripción de Acuerdos en el 2005 y 2008, «no aportan prueba particular a cada actor (f.° 60)», pues en ellas no se relacionan las circunstancias específicas de los reclamantes; allende a que estas no se logran evidenciar de «la enunciación de donaciones, contratación de profesional para la redacción de estatutos, bonificaciones de productividad, capacitaciones, gestión para incapacidades, pensiones, transporte y dotaciones». Señaló que la alzada insistió en que según los testimonios las cooperativas no habían sido autogestionarias, al punto que el Ingenio ordenó su liquidación y pago a quienes se encargaron de dicha tramitación; que, no obstante, José Lubin Cobo no hizo referencia alguna a ese procedimiento; Amparo López Espejo y Licencia Galindo, admitieron que había sido el Ingenio el

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Radicación n.° 91606 encargado del pago de sus honorarios para la disolución y liquidación, pero aclararon que, en todo caso, fueron cubiertos con una reserva que tenían las cooperativas y que, con todo, habían sido designadas por la asamblea de asociados. Denotó que William de Jesús Calvo Acevedo expresó que

fue interventor de los contratos entre la demandada y quienes se les endilgaba la calidad de terceros; que su relación fue directa con los gerentes y representantes de estos y que él nunca dio órdenes o instrucciones a los asociados; que esa declaración coincide con la de José Lubin Cobo, quien también aseveró que el ingenio no tuvo a su cargo operarios para el corte de caña; que, a pesar de ello, no había instrucciones para ese personal, porque la comunicación que existía era entre el jefe de cosecha y los representantes legales de los contratistas; que, incluso, aquél no inició procesos disciplinarios o tramitó permiso alguno. Concluyó que, aunque de la prueba se siguieran «[...] las condiciones de negociación y gestión de la sociedad demandada frente a las cooperativas liquidadas», es decir, que Pichichi S. A. no pagara el servicio contratado con las dotaciones que suministraba o con el reconocimiento de honorarios a las liquidadoras o con la cotización de aportes a seguridad social, sino que asumiera obligaciones de verdadero empleador, en todo caso ello no demostraría la existencia de un contrato de trabajo con los demandantes, por cuanto la «[...] falta de autonomía no implica dar por demostrado que bajo los extremos laborales alegados, los

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Radicación n.° 91606 actores efectivamente y de continuo hubiesen prestado labor al alegado empleador». Sostuvo que el éxito de las pretensiones en casos como el presente, está en la acreditación de la prestación del servicio en forma personal y exclusiva, en favor de la accionada y en los extremos determinados en el gestor, de

acuerdo con los artículos 23 y 24 del CST y en el caso no se logró probar, […] la prestación única de servicio de los actores en toda cosecha a cargo o propiedad del citado Ingenio, como tampoco ser posible unificar un lapso cierto de actividad por cada uno de los demandantes en el cultivo, en propiedad o administración probada del llamado a juicio, siendo la relación contractual por parte de las CTA y SAS. indicada con éste, una premisa que no permite sostener que en todo momento y lugar el accionado fuera el único contratante de éstas, así una conexión estrecha y exclusiva a través de las CTA y SAS precitadas, asidua y permanente para cada uno de los asociados demandantes. Agregó que tampoco se logró evidenciar la existencia de subordinación por parte de la accionada por medio de su personal y que, en síntesis, […] la documental expuesta en el recurso aporta elementos probatorios de tipo indiciario a nivel general o de soporte pero no suficientes en la particularidad de cada demandante, si se demostrara la prestación personal del servicio para cada recurrente en beneficio de la encartada, pero no resultan suficientes en la reconstrucción cierta de los hechos del contrato de trabajo alegado (archivo «Segunda Instancia_ApelacionSentencia_Expediente_Segunda_Instancia_2 022082957858», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, la Sala revoque la del juzgado y acceda a las pretensiones (archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial_De_Partes_E_intervinien tes_2022051445244», ibidem) Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la demandada, los cuales serán estudiados conjuntamente, porque, no obstante, se dirigen por sendas de ataque diferentes, comparten argumentos de estimación y persiguen igual finalidad. VI.CARGO PRIMERO Denuncian que el Tribunal vulneró la ley por la vía indirecta por aplicación indebida de los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Afirman que el colegiado incurrió en los siguientes defectos fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que las documentales por sí solas no constituyen prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo.

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2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal del servicio por cada uno de los actores en beneficio del citado Ingenio no fluye de la documental aportada.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que de las documentales solamente se infiere que las Cooperativas y el Ingenio mantuvieron una relación meramente comercial para el corte de caña.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que sin duda no se trató de actos en simulación en que las condiciones de negociación de las COOPERATIVAS y el INGENIO fueran inexistentes.

5. Dar por demostrado sin estarlo, que de la documental indicada en el recurso no se infiere el presupuesto de las condiciones de sujeción de las cooperativas y sociedades por acciones simplificadas a los designios del contratante.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se cumplió con el requisito en el artículo 24 del CST con relación que no se probó el servicio personal.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probó un tiempo cierto de la prestación personal de servicio de los demandantes en cultivos determinados y un beneficiario.

8. No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO el que ordenó la disolución y liquidación de las CTAs y SAS mediante la celebración de un contrato de servicio por la suma de $159.000.000.oo de pesos.

Señalan que el juez de la apelación valoró con error las siguientes pruebas: Las de folios 279, 359 ofertas mercantiles para el suministro de personal destinado a corte de caña y labores varias de campo

CTAs y SAS.

Las actas de acuerdo y verificación de cumplimiento suscritas el

22/06/05, 26/08/10, 28/08/10 y 23/02/11 obrantes de folio 63 a 72. Los documentos a folio 172 nral 14º, 184 nral 14º, 192 Vto nral 13º, 216 Vto nral 13º, 252 nral 14º, 261 nral 14º, 266 Vto nral 13º, 389. Las cooperativas Aldia, Practicaña, Progresar, Progresemos, Fuerza, Interactiva, así como Crecivalores S.A.S. y Serviasoaciados S.A.S, debían mantener informado al citado

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Radicación n.° 91606 Ingenio de los datos de sus asociados y dependientes, como de sus antecedentes. Las de folios (folio187, 288, 348, 349, 496, 497). Erogación pago del cabo y apoyar a la cooperativa en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, incapacidades, apoyo económico por fallecimiento, revisión de carga laboral de la abogada del órgano cooperado, programas educativos y planes de vivienda, así como en el análisis de necesidades de transporte. Las de folios 444 a 449, como allí se enuncia contrato de prestación de servicios entre la demandada y las señoras LICENIA GALINDO y AMPARO LÓPEZ ESPEJO para la labor profesional como liquidadoras de diferentes entidades entre estas, Aldia CTA, Practicaña CTA, Progresar CTA, Progresemos CTA, Fuerza Interactiva CTA, así como Crecivalores S.A.S. y Serviasoaciados S.A.S, Las de folios 175, 187, 194 Vto, 218, 255, 262 Vto, incluyó una

cláusula que facultó el pago a terceros por el aceptante (sociedad demandada) de las obligaciones de las citadas. Las de folios 267, 187, 288, 348, 349 que se entregara $420.000 a la cooperativa por una ocasión y por cada asociado por mera liberalidad y varias donaciones con destino al fondo de solidaridad. Las de folios 226, 227, 208, 291, 292 Transporte anexo No. 1 del 07/02/11 la demandada se comprometió a permitir que los trabajadores del contratista, utilizaran el servicio de transporte para los trabajadores directos del multicitado Ingenio. Las de folios fl. 166 cláusula 15; 167 nral 3º; 172 cláusula 4; 173 nral 5º las dotaciones y elementos de trabajo por cada asociado se entregarían por el Ingenio demandado cada 4 meses. Las de folios 177, 189, 195, 257, 263 Vto, 269 Vto se facultó para impedirle ingreso a sus instalaciones o predios bajo su responsabilidad o exigirle el retiro de socios, personas o terceros vinculados por el oferente.

Y como no valoradas:

1. Las de folios 164, 168, 169, 170, 180, 181, 182, 191, 192, 198, 199 C.C. 008/11, 215, 216, 222, 231, 235, 240, 244, 248, 249, 250, 259, 260, 265, 266, 272, 383, 385, 386 correspondiente a ofertas mercantiles.

2. El certificado de existencia y representación del INGENIO

PICHICHI S. A. a folios 31 al 35

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3. Las historias laborales de los demandantes de folios 42 al 59 3. (sic) La demanda genitora CUADERNO PRINCIPAL folios 5 al 30 del cuaderno 1 sentaron LOS DEMANDANTES que ellos prestaron sus servicios al INGENIO por intermedio de las COOPERATIVAS y SAS y con la contestación del INGENIO vista a folios 139 al 158 CUADERNO 1 dijo que contrató con las CTAS y SAS en los mismos extremos temporales de los demandantes.

4. Las aceptaciones de las ofertas cuaderno 2 folios 185, 186, 196, 204, 216, 236, 246, 248, 259, 265 para los servicios de corte de caña, siembran riego, limpieza y otras labores.

Aseguran que el juez de la apelación se equivocó al afirmar que en las Actas de Acuerdo de 2005, 2010 y 2011 («f.° 63 a 72»), los documentos que apreció y los testimonios que recaudó, no había prueba de la prestación personal del servicio, porque, por el contrario, de ellas se infería que otorgaron una actividad para el Ingenio por intermedio de las CTA y SAS; que, así por ejemplo, los convenios iniciales exhiben que el ingenio realizó actos de verdadero empleador, porque suministró dotaciones, pagó incapacidades, entregó donaciones y concedió capacitaciones a los trabajadores de las cooperativas y sociedades anónimas. Refieren que el poder de subordinación de la demandada, también aparece corroborado en los «folio 172

nral 14º, 184 nral 14º, 192 Vto nral 13º, 216 Vto nral 13º, 252 nral 14º, 261 nral 14º, 266 Vto nral 13º, 389», pues ésta era quien recibía los datos de los asociados y dependientes; así como la información sobre sus antecedentes judiciales y disciplinarios, conservando para sí la potestad de exigir el retiro o permitir el ingreso de los trabajadores «f.° 177, 189, 195, 257, 263 Vto, 269 Vto».

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Radicación n.° 91606 Exponen que el colegiado no valoró los «folios 164, 168, 169, 170, 180, 181, 182, 191, 192, 198, 199 C.C. 008/11, 215, 216, 222, 231, 235, 240, 244, 248, 249, 250, 259, 260, 265, 266, 272, 372, 379, 383, 385, 386», en perspectiva del certificado de existencia y representación de la accionada de «folios 31 a 35», porque si las hubiera observado, habría llegado a la conclusión que las CTA y las SAS y, por ende, ellos como sus servidores, fueron contratados para realizar actividades misionales, tales como corte de caña, sembrar, limpiar y regar el campo. Apuntan que, aunque el Tribunal advirtió que el Ingenio se comprometió a pagar el salario mínimo mensual al «cabo», vinculado por las intermediarias «f.° 187, 287, 288, 348, 496

y 497», no infirió, como debía, que si aquella era la que remuneraba a quien daba las órdenes en el campo, era quien ejercía la subordinación. Afirman que, adicionalmente, los documentos de «f.° 444 a 449» acreditan que fue la pasiva la que contrató el servicio de las abogadas Licenia Galindo y Amparo López Espejo, para liquidar a las CTA Aldía, Practicaña, Progresar, Progresemos, Fuerza Interactiva y a las sociedades anónimas Crecivalores y Serviasociados; que al respecto el juez de segundo grado se limitó a nombrar la prueba, pero dejó de lado que estas en conjunto con las demás, dejaban ver la intermediación. Sostienen que,

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Radicación n.° 91606 […] si las CTAs y SAS a las cuales estaban asociados los demandantes (Historias laborales de folios 42 al 59 Y SS no valoradas), si hubiesen sido empresas legales, autogestionarias, no tendría por qué el INGENIO haberlas disuelto y liquidado como aparece en ese contrato de prestación de servicios. Con ese documento era fácil concluir por parte del TRIBUNAL, que los demandantes prestaron una labor personal en las actividades propias del INGENIO, quien conocía a los demandantes, su identificación, antecedentes y en ese mismo contrato se estipuló que el INGENIO es el que hace la guarda del archivo de cada trabajador. El INGENIO ordenó la disolución y liquidación de las CTAs y SAS, es una orden, clara muestra de subordinación en la prestación de un servicio personal, resultando ser el verdadero

empleador y las CTAs y SAS de papel. Refieren que el segundo sentenciador se limitó a decir que en las ofertas mercantiles se incluyó una cláusula que facultó a Pichichi S. A. para pagar en favor de las cooperativas las acreencias que tuvieran con terceros («f.° 175, 187, 194 Vto, 218, 255, 262 Vto»); que, sin embargo, no derivó de ese elemento lo que verdaderamente mostraba, esto es, que las CTA y las SAS no tenían recursos propios o capital para el pago de sus acreedores. Señalan que similar conclusión se sigue de las pruebas de «f.° 267, 187, 288, 348, 349» y «f.° 226, 227, 208, 291, 291», en las que se evidencia que el ingenio entregó donaciones a un fondo de solidaridad de esas personas jurídicas, pagó un bono de producción a los trabajadores de éstas y se comprometió a facilitar el transporte. Plantean que la intermediación irregular también la ratifica el suministro de dotación por parte de la accionada «f.° 166 cláusula 15; 167 nral 3º; 172 cláusula 4; 173 nral 5º. Y otros folios que no apreció como 184 Cl 4 y 185 No. 5, 193 No. 9 y V, 233 Cl 15 No. 3 y 234, 237 Cl15 y 238 No. 3, 246

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Radicación n.° 91606 Cl 15 No. 3 y 247, 267 No. 9 y V, 381 Cl 15», porque dejan ver

que las CTA y las SAS no eran dueñas de los bienes de producción o de trabajo, ni tenían capacidad de administrar el talento humano y que, por tanto, sus servicios siempre fueron para el ingenio. Sostienen que de las ofertas mercantiles; así como de los «Contratos CC.-08/11 (folios 199 y 200), C.C. 071/10 (f.° 279), C.C.007/11 (folio 359)» y de los documentos de «folios 184 Cl 4 y 185 No. 5, 193 No. 9 y V, 233 Cl 15 No. 3 y 234, 237 Cl 15 y 238 No. 3, 246 Cl 15 No. 3 y 247, 267 No. 9 y V, 381 Cl 15», últimos que no valoró el colegiado, se observaba que las CTA y SAS actuaban como empresas de servicios temporales, pues suministraban personal de corte de caña, siembra, riego y limpieza. Insisten que, en ese contexto, la subordinación la ejerció la demandada; que, además, si el Tribunal hubiera valorado la demanda y su réplica, junto con las ofertas mercantiles y sus aceptaciones; así como, con la liquidación y disolución de las cooperativas y sociedades anónimas por cuenta del ingenio, habría colegido que «[…] prestaron un servicio en las actividades propias del INGENIO, [por lo que] erró el tribunal al decir que no encontró prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo, habiendo los demandantes realizado las actividades del INGENIO en forma personal». Llaman la atención que, efectivamente, en la demanda aseguraron que entregaron sus servicios por intermedio de

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Radicación n.° 91606 terceras personas «folios 6 a 29»; que en la réplica se admitió la contratación de las CTA y de las SAS, en los extremos temporales referidos «folios 126 a 146»; que en las historias laborales está acreditada la realización de sus funciones para aquellas «f.° 42 a 59» y en las aceptaciones a las ofertas aparece que los servicios contratados estaban destinados a la realización de actividades armónicas con el objeto social de la reclamada (cuadernos 1 y 2) (archivo «[…] 2022051445244», ib).

VII. CARGO SEGUNDO Increpan a la segunda instancia, […] ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del artículo 24 del CST (subrogado por el art. 2° de la Ley 50 de 1990), con relación de los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, 53 de la CP; 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Ley 1233 de 2008.

Señalan que el Tribunal descubrió en las pruebas que el ingenio pagó el salario mínimo del cabo de campo; apoyó a las cooperativas con donaciones y concesión de aportes al

sistema de seguridad social, incapacidades y de bonos de productividad y que remuneró a las liquidadoras de las personas jurídicas en comento. Arguyen que, así las cosas, el colegiado «evidenció la actividad personal en la ejecución de las ofertas para el corte de caña labores como el riego siembra y limpieza» y, a pesar de ello, exigió en contra de la teleología del artículo 24 del

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Radicación n.° 91606 CST, que demostraran la existencia de subordinación, no obstante, debió presumirla (archivo «[…] 2022051445244», ibidem).

VIII. CARGO TERCERO Confrontan la legalidad de la segunda sentencia por, […] infracción directa de los artículos 8°, 16 y 17 del Decreto 4588 en relación con el 24, 35 del CST en relación con los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con el artículo 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990.

Recuerdan que según el artículo 8° del Decreto 4588 de 2006, las cooperativas de trabajo asociado deben ser los propietarios, poseedores o tenedores de los medios de

producción, tales como, instalaciones, equipos, herramientas, tecnologías, entre otros; que el Tribunal dio por probado que fue el ingenio quien suministró las dotaciones y el transporte y, no obstante, no desató los efectos normativos de aquel precepto. Aducen que la Ley 50 de 1990 autoriza la intermediación de actividades personales, por situaciones excepcionales y temporales, en el marco de una relación en misión a través de EST; que cualquier contratación en contra de esos mandatos, se debe entender desnaturalizada; que según los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 ibidem, tales vinculaciones están prohibidas para las precoperativas y cooperativas asociadas y que la violación de esos preceptos

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Radicación n.° 91606 conlleva la aplicación de la ley laboral según la sentencia CC T962-2008. Concluyen que, […] si el Tribunal, no hubiese infringido los artículos 8°, 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006 habría determinado que hubo contrato laboral realidad, pues se trató que los demandantes realizaron las actividades propias del INGENIO, con dotaciones, transporte o herramientas del mismo y eso es una prestación personal del servicio INTERMEDIADO en sus largos extremos temporales de los demandantes desde el 2005 al 2012 a través de las CTAs y SAS. El simple intermediario se caracteriza porque realiza a favor del beneficiario de la obra, todas o algunas de las actividades del objeto social, y en este caso el corte de caña, siembra son actividades propias del INGENIO PICHICHI S. A. las cuales no las podían realizar las CTAs y SAS […] (archivo «[…]

2022051445244», ibidem).

IX. CARGO CUARTO Reprochan que la sentencia del Tribunal es violatoria de la ley sustancial […] por infracción directa del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990.

Manifiestan que se violó el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 que permite enviar trabajadores en misión por seis meses prorrogables por otros seis, so pena de ser considerados subordinados de la empresa usuaria, porque toleró las actividades de intermediación del ingenio entre

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Radicación n.° 91606 2004 y 2012, sin conceder las consecuencias legales por ese acto (archivo «[…] 2022051445244», ib).

X. CARGO QUINTO Acusan al Tribunal de haber violado la ley […] por infracción directa del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 en relación con los artículos 24 CST (subrogado por el art. 2° de

la ley 50 de 1990); 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°