CSJ - SL1681-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1681-2023 Radicación n.° 92321 Acta 20 Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a

BAVARIA S. A.

I. ANTECEDENTES Hugo León González Naranjo demandó a Bavaria S. A., para que se declarara la existencia «y vigencia» de los contratos de mandato «suscritos [por ellos] para los trámites […] en los diferentes procesos ejecutivos» en los que fungió como su apoderado, cuyos honorarios y gastos no le fueron cancelados; que dicho vínculo finalizó por incumplimiento de

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Radicación n.° 92321 la mandante. Pidió, en consecuencia, que conforme al dictamen pericial que aportó, se condenara al pago de $1.063.114.908 por concepto de honorarios, más los gastos procesales insolutos y las costas. Relató que en agosto de 1995 fue contratado por la demandada, para que la representara en el recaudo judicial de su cartera morosa; que, para ese efecto, «suscribió contrato de prestación de servicios profesionales el 28 de agosto de 1995 y se otorgaron los respectivos poderes para actuar»; que

dicho acuerdo lo firmó con la vicepresidencia jurídica de la época. Narró que desde el 2002, la contratante, sin previo aviso, interrumpió el envío de los casos con ese fin, lo que le causó un desequilibrio contractual, pues la modalidad de su remuneración era a «cuota litis»; que los litigios en los que participó fueron llevados hasta sentencia debidamente ejecutoriada, incluida la liquidación de crédito, costas y agencias en derecho. Contó que en el 2003 solicitó verbalmente y por escrito «la terminación de los contratos de mandato y su vinculación como apoderado de la [accionada]», sin llegar a un acuerdo; que informó aquella anomalía a la auditoría interna y externa; que convocó a la contratante a conciliar sus diferencias, sin que se le presentara ninguna oferta, por lo que la audiencia se declaró fracasada.

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Radicación n.° 92321 Aseveró que el 30 de octubre de 2014, comunicó a la peticionada su decisión de dar por terminado «el contrato de prestación de servicios profesionales […] por el incumplimiento contractual imputable de manera exclusiva a la mandante», por: i) el cambio unilateral de las condiciones; ii) el manejo abusivo en transacciones y daciones en pago; iii) la «inaplicación del contrato de prestación de servicios por decisión unilateral e inconsulta de la alta gerencia […]» y, iv) la «inaplicabilidad del contrato de prestación de servicios legales por falta de la designación del término de duración». Manifestó que, a pesar de su gestión profesional, la

mayoría de los demandados en los procesos en los cuales fungió como apoderado de Bavaria S. A., eran insolventes por haber cesado sus servicios como distribuidores; que por política interna de la sociedad, se negó a recibir los bienes que le habían sido otorgados como garantía real, pese a ser un procedimiento normal, aceptar la dación en el pago de aquellos que fueron objeto de aquella; que dicha situación afectó el recaudo y sus ingresos. Indicó que mantuvo de manera permanente su oficina profesional al servicio del mandato suscrito por más de veinte años; que desde el 2003 no se le remitieron nuevos procesos; que dio impulso procesal a veintidós procesos ejecutivos en Bogotá, Soacha, Duitama y Tunja; que sustituyó su poder para evitar sanciones; que agotó todos los mecanismos de solución alternativa de conflictos y asumió todos los gastos de los trámites a su cargo, los cuales no fueron reintegrados (f.° 1 a 16, 149 a 153, cuaderno n.° 1° del juzgado).

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Radicación n.° 92321 La accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos negó haber suscrito un contrato con el actor, pues éste solo presentó una propuesta el 28 de agosto de 1995, que tituló «contrato de prestación de servicios profesionales», la cual fue dirigida a la «doctora Consuelo Ordoñez sin indicar su cargo», en la que no acordó una cantidad mínima ni máxima de procesos remitidos, ni exclusividad.

Explicó que si bien el reclamante tramitó algunos casos en su nombre, tuvo conocimiento de ello «por las facturas presentadas […] para el cobro de sus honorarios y gastos del proceso»; que no suscribió un «contrato de mandato», pues como se confiesa en la primera pieza procesal, «[…] se trataría de “contrato de prestación de servicios profesionales”»; que, si bien fue citado a trámites conciliatorios, no presentó oferta alguna, porque pagó los honorarios adeudados por los recaudos que fueron facturados, sin que tuviera injerencia en las costas y agencias en derecho, dado que la oferta indicaba que serían para el abogado. Adujo que no adeudaba nada al reclamante, puesto que pagó cada una de las facturas presentadas por recaudo de capital e intereses que, conforme a la propuesta por él presentada, correspondía a los honorarios pedidos; además, porque las agencias en derecho eran a cargo de los deudores ejecutados. Añadió que la experticia allegada carecía de sustento legal y fáctico y no le constaban los demás hechos.

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Radicación n.° 92321 Propuso en su defensa las excepciones perentorias de prescripción, cobro de lo no debido, compensación, pago total, buena fe e inexistencia de las obligaciones reclamadas (f.° 182 a 200 y 332 a 333, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Proferida por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el 3 de septiembre de 2019, resolvió:

PRIMERO: ABSOLVER a BAVARIA S. A. de las pretensiones incoadas en su contra por Hugo León González Naranjo, acorde con lo mencionado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido incoadas por la demandada por las razones expuestas.

TERCERO: COSTAS de esta instancia a cargo de la parte demandante […] (acta de f.° 397 en relación con el CD de f.° 396, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2020, confirmó la de primera.

Dijo que determinaría si entre las partes se suscribieron varios contratos de mandato sucesivos o uno de prestación de servicios profesionales; que «no [había] duda» que lo celebrado fue lo último, conforme lo manifestó el gerente de contraloría de Bavaria S. A. en calidad de contador público

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Radicación n.° 92321 (f.° 201 a 203, ibidem) y se colegía del suscrito el 28 de agosto de 1995 (f.° 11, ib). Señaló que «toda la documental aportada», daba cuenta de que el actor había prestados servicios profesionales como abogado de la demandada, fungiendo como apoderado judicial en diferentes procesos; que esto se colegía de «los distintos pagos» que le fueron realizados «por diferentes conceptos entre 2003 y 2012», entre los cuales se incluían los

siguientes rubros: […] reembolso de gastos comisorios, reembolso de revisión procesos Boyacá, prima de éxito, incidente de regulación de perjuicios, segundo abono proceso ejecutivo Contreras, honorarios profesionales por reintegro y honorario proceso ejecutivo, reembolso, gastos de emplazamiento y rembolso, gastos procesales y otros conceptos más, correspondiente a diversas facturas que fueron representadas por el [contratista] y canceladas por la [contratante], pero que derivaban del ejercicio de su profesión de abogado. Expresó que no se aportaron otras facturas que dieran cuenta de gastos procesales impagos o de que la convocada adeudara honorarios por algún proceso en específico, ni que se hubiesen presentado otras «distintas a las allí consignadas que no se hubieran cancelado», lo cual tampoco se extraía de las declaraciones practicadas, que ratificaron la prestación de servicios profesionales del apelante, supuesto que «no admit[ía] discusión». Razonó que, en lo que concernía con «los honorarios o agencias en derecho que eventualmente cancelaran los deudores y que serían de propiedad del mandatario», había acertado el primer juez, puesto que «no existía prueba» de que

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Radicación n.° 92321 el convocante no las «[hubiese] cobrado […] en los correspondientes procesos o que las hubiera entregado a Bavaria S. A. para que esta se las reembolsara», teniendo en cuenta que estaban destinadas a él «como lo afirmó […] en su demanda»; que «el sentido común indicaría que fijado su

monto […] [y obtenido] el pago, dichas costas no tendrían que ser consignadas [por éste] a la entidad demandada para que ésta se las reembolsara», porque si eran de su propiedad podía quedarse directamente con ellas (f.° 435 a 441, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia impugnada,para que, en sede de instancia, revoque «en lo pertinente el fallo de primer grado […] y, consecuentemente, ordene el pago de los valores solicitados en la demanda».

También pide que se […] case de manera oficiosa la sentencia recurrida si encuentra que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales, como se lo permite el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, aplicable a este asunto por remisión del artículo 145 del C.P.L. (archivo: «Recursos Extraordinarios_ Casación Memorial_2022013436213», expediente digital).

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Radicación n.° 92321 Con tal propósito formula cuatro cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados y se decidirán así: el primero individualmente y los últimos tres conjuntamente, pues comparten algunos argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de segundo grado, por la

[…] CAUSAL SUI GENERIS: NULIDAD INSANEABLE DERIVADA

DE LA SENTENCIA POR FALTA DE COMPETENCIA DEL

TRIBUNAL AL HABERSE VENCIDO EL TÉRMINO PARA FALLAR

FIJADO EN EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL

PROCESO […].

Dice que, aunque el Decreto 528 de 1964 no contempla la «nulidad insaneable», como causal directa de casación, es admisible su proposición en materia laboral, en razón a la integración normativa del artículo 145 del CPTSS, en relación con el 121 y 133 del CGP y la sentencia CC T334-2020, a fin de garantizar el debido proceso. Expresa que en el fallo CC T121-2020, se señaló que el artículo 121 del CGP fija unos términos perentorios para proferir las sentencias de primera y segunda instancia, so pena de la pérdida de competencia de los jueces, circunstancia que vicia la actuación posterior. Afirma que el colegiado adoptó la decisión recurrida por fuera del término legal, que era de seis meses, toda vez que el expediente ingresó a la secretaría el 23 de septiembre de 2019, fue asignado por reparto al magistrado ponente, quien

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Radicación n.° 92321 admitió la apelación mediante auto del día 30 siguiente, notificado el 1° de octubre y solo el 3 de agosto de 2020, es decir, más de 10 meses después, se corrió traslado escrito de alegatos de conclusión, siendo notificada la sentencia el 9 de septiembre siguiente, esto es, con posterioridad al 23 de marzo de 2020, fecha en la que feneció su competencia. Sostiene que debe decretarse la nulidad de lo actuado y

remitirse el expediente para que otra Sala decida la apelación (archivo: «Recursos Extraordinarios_ Casación Memorial_2022013436213», ibidem).

VII. RÉPLICA Manifiesta que el cargo no debe prosperar, puesto que la Corte tiene adoctrinado que el artículo 121 del CGP, no aplica al contencioso laboral y de seguridad social; que, si en gracia de discusión se aceptara aquello, dicho vicio había quedado saneado con la actuación posterior que realizó el recurrente, dado que no hubo vulneración a su derecho de defensa, conforme al artículo 136 n.° 4, ib, pues no peticionó la nulidad antes del proferimiento de la segunda providencia

(archivo: «Recursos Extraordinarios_ Casación Memorial Partes e Intervinientes_2023112159140», expediente digital).

VIII. CONSIDERACIONES El cargo es inestimable pues la Sala tiene pacíficamente establecido, que los vicios de procedimiento están excluidos del recurso de casación laboral y de seguridad social, en

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Radicación n.° 92321 razón a que dicha causal fue derogada por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, por lo que, conforme se ha explicado, entre otros, en los fallos CSJ SL370-2013, CSJ SL230-2018, CSJ SL117-2018 y CSJ SL441-2021, está «contemplad[a] exclusivamente para imputar a la sentencia de segunda instancia vicios in judicando y no irregularidades in procedendo, puesto que éstas tienen mecanismos procesales idóneos para ser planteadas y definidas en las instancias».

Además, la Corte ha explicado, por ejemplo, en las providencias CSJ SL1340-2022, CSJ SL1163-2022, CSJ SL2408-2022 y CSJ SL3127-2022, que el artículo 121 del CGP no es aplicable supletoriamente ni por analogía al contencioso ordinario laboral y de seguridad social, toda vez que la garantía de celeridad y acceso a la justicia dentro de un plazo razonable, está regulada de manera especial en los artículos 31, 42, 48 y 71 del CPTSS. En efecto, en las citadas providencias, la Sala explicó que, […] el procedimiento del trabajo y seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas, por lo que no se debe acudir a los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que no hay un vacío legal que deba suplirse con estas disposiciones, en tanto que el art. 145 del CPTSS solo autoriza acudir al Código General del Proceso a falta de disposiciones en la especialidad. Inclusive, el mismo art. 1° del CGP reconoce que ese código regula la actividad procesal «en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios» y que se puede aplicar a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, «en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes». Además, la Sala considera que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, puede adoptar distintas

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medidas que sean adecuadas para brindar a toda persona las garantías judiciales debidas, atendiendo la especialidad de los derechos sustanciales que van a ser objeto de adjudicación por parte de los jueces, por lo que no necesariamente debe hacerlo de igual forma en todos los casos. En tal contexto precisó que, si bien dentro del CPTSS «no existe una regla similar al art. 121 del CGP, ello no significa necesariamente que hay una laguna normativa que deba suplir el juez, puesto que el legislador tiene adoptados otros mecanismos que sirven para la misma finalidad», como son los arriba mencionados, si se tiene en cuenta que La pérdida de competencia del juzgador por no dictar la sentencia dentro de un plazo razonable que prevé el art. 121 del CGP no es la única forma de hacer efectivos los principios de celeridad y la garantía del plazo razonable, inclusive, puede llegar a ser contraproducente, como lo previó la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-443-2019, cuando analizó el alcance del artículo 121 del CGP y declaró inexequible la expresión «de pleno derecho» contenida en el inciso sexto de dicho artículo y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que «…la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso». Ahora, en relación con el fallo CC T334-2021, cumple señalar que, como se denotó en las citadas providencias, la

naturaleza inter partes (entre las partes) de esa decisión constitucional, no ata a la Corte como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, la cual tiene como función interpretar las normas sociales adjetivas y sustantivas, unificando la jurisprudencia; máxime si, como en este caso, existen razonamientos suficientes, como los atrás expuestos, para apartarse de aquella postura. Por lo indicado, el cargo no prospera.

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IX. CARGO SEGUNDO Denuncia que el Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley, «por falta de aplicación» de los artículos 1262, 1263 y 1264 del CCo.

Lo anterior, tras haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

1. Tener por demostrado, sin que exista prueba idónea que lo demuestre, la existencia de un contrato de prestación de servicios

entre HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO y BAVARIA S. A.

2. No tener por demostrado, estándolo, que entre HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO y BAVARIA S. A., existieron y estuvieron vigentes, como mínimo 22 procesos judiciales, en el que el primero obraba como mandatario de la segunda.

3. No tener por demostrado, estándolo, que en los últimos 22 procesos judiciales que estuvieron vigentes, HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO no recibió remuneración alguna a cargo

de BAVARIA S. A.

4. No tener por demostrado, estándolo, que en los 22 procesos

judiciales en los que HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO obró como mandatario de BAVARIA S. A., ejerció sus funciones y deberes como lo imponía el encargo encomendado.

5. No tener por demostrado, estándolo, que los contratos de mandato terminaron por culpa imputable a BAVARIA S. A., lo que ameritaba el pago de los honorarios, fijados por peritos o a estimación del juez.

6. No tener por demostrado, estándolo, que la oferta remitida por HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO, no tenía ninguna fecha de vigencia o duración, pues cada caso particular de cobro dependía del mandato que al respecto profiriera BAVARIA S. A.

Refiere que tales yerros fueron consecuencia de apreciar indebidamente:

1. La oferta de servicios presentada por HUGO LEÓN GONZÁLEZ NARANJO a BAVARIA para el recaudo de cartera morosa (f.° 24 del expediente digital).

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2. El memorial remisorio de los poderes necesarios para la gestión profesional, atinente a los múltiples mandatos de cobro que HUGO LEON GONZÁLEZ NARANJO asumiría a nombre de BAVARIA S.A. (folio 26 del expediente digital).

Además, al omitir valorar:

3. La confesión de la parte demandada quien, al contestar el hecho 1.1., manifestó expresamente que «no se suscribió ningún contrato».

4. El Dictamen pericial en el que se da cuenta que el señor HUGO

LEÓN GONZÁLEZ NARANJO, mantuvo, como mínimo, 22 procesos judiciales, como mandatario de BAVARIA S.A.

5. La confesión de la parte demandada quien, al pronunciarse sobre las pretensiones, reconoció expresamente que los contratos de mandato habían terminado.

Arguye que la oferta que presentó debía instrumentalizarse mediante poderes y, aunque era un acto unilateral, el colegiado lo calificó como un contrato de prestación de servicios; que si bien en algunos documentos se hizo alusión a esa denominación […] la labor interpretativa no [podía] quedar atada o subordinada a la literalidad de las palabras usadas en los diferentes textos, pues es deber del fallador «explorar en el contrato privado la finalidad común convergentes de las partes, no obstante la claridad del articulado o de su significación lingüística, sobre todo, cuando la controversia viene planteada sobre un entendimiento diferente del mismo, no siendo admisible al hermeneuta restringirse al sentido natural u obvio de las palabras, a la interpretación gramatical o exegética, al escrito del acto dispositivo documental o documentado por claro que sea el tenor literal (sentencia 1° de agosto de 2002, exp. 6907), ni encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato (sentencia 3 de junio de 1946, LX, 656)» Afirma que, por tanto, la calificación que los contratantes le hayan dado al vínculo, en comunicaciones aisladas, no determinaba su naturaleza, pues «la adecuación o tipificación jurídica de lo convenido depende únicamente de

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Radicación n.° 92321 sus características intrínsecas y no de los términos utilizados en su nomenclatura», como lo ha explicado la Corte al señalar que «los contratos son lo que son y no lo que digan los contratantes». Manifiesta que la conclusión del fallador de alzada de que celebró un contrato de prestación de servicios profesionales, según «la manifestación que en tal sentido hizo el Gerente de Contraloría de Bavaria S. A., en su calidad de Contador Público (f.° 201-203)» y el documento «suscrito entre las partes el 28 de agosto de 1995 (f.° 11)», era equivocada, pues «parte de valoraciones probatorias infundadas e imprecisas». Señala que en la demanda y su réplica no se aceptó ese tipo de nexo, toda vez que la convocada confesó que «sólo hubo una oferta», «no un contrato», razón por la cual no podía dársele tal alcance, reemplazando la voluntad de las partes, «encasillándolas en una categoría que ellas mismas rechazaron». Asegura que la valoración conjunta de la prueba permitía colegir que suscribió con Bavaria S. A. múltiples mandatos para la realización de actos concretos, lo que implicaba la aplicación del artículo 1262 del CCo, que regulaba dicha figura jurídica; que con la oferta presentada se comprometió a «gestionar procesalmente» los casos que aquélla le entregara para su cobro, es decir, a realizar de manera específica y concreta los actos procesales para recaudación de la cartera, lo que permite develar que:

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Radicación n.° 92321 […] (i) no se trataba de un objeto amplio o genérico propio de los contratos de prestación de servicios, sino que […], como abogado, atendería los cobros que específicamente se le encargaran y (ii) la gestión del mandatario incluía la realización de gestiones procesales para lograr la misión encomendada. Dice que lo que existió fue una «oferta» instrumentalizada o ejecutada en mandatos específicos (poderes), para la realización de gestiones de cobro, con la precisión de que esta «[…] no subsistía por sí misma ni generaba obligaciones para las partes, por el contrario, solo cuando se generaba un mandato por parte de BAVARIA era que […] debía ejecutar, después de recibido el poder pertinente, los actos procesales necesarios para el recobro de la cartera». Sostiene que la experticia allegada no fue objeto de contradicción y demostraba que ejecutó veintidós procesos judiciales en nombre de la contratante, los cuales se encontraban pendientes de pago, no empece a que hubo muchos otros que fueron satisfechos; que debieron aplicarse los artículos 1262 y 1263 del CCo, por ser los llamados a regular el conflicto, pues definen el negocio jurídico suscrito y los actos que comprende. Asevera que […] si la relación contractual estuvo enmarcada en una pluralidad de contratos de mandato, al menos 22, que terminaron anticipadamente en el año 2014, según lo aceptó el demandado al pronunciarse sobre las pretensiones, era deber del Juez Laboral, en primera y segunda instancia, aplicar el artículo

1264 del Código de Comercio que regula esos escenarios. Adicionalmente, al notificarse de la presente demanda, BAVARIA procedió a revocar (terminar) unilateralmente los contratos de

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Radicación n.° 92321 mandato, de lo cual se enteró al Tribunal en segunda instancia, pero, a pesar de ser circunstancias sobrevinientes, decidió no solicitar las pruebas de oficio. Expone que el mandato era comercial y debía entenderse como oneroso; que, por tanto, tiene derecho a que se le reconozca la gestión pactada o la que determinaran los peritos, dado que no se pactó la remuneración en caso de terminación anticipada; que los errores endilgados condujeron a la violación normativa de la proposición jurídica (archivo: «Recursos Extraordinarios_ Casación Memorial_2022013436213», ibidem).

X. RÉPLICA Aduce que el cargo es inestimable, puesto que: i) entremezcla cuestionamientos fácticos y jurídicos; ii) desconoce que la falta de aplicación es una modalidad de trasgresión normativa propia de la senda directa; iii) increpa la omisión e indebida valoración de los medios de convicción, lo que es un imposible jurídico.

Indica que el fallador de alzada no se rebeló respecto de las normas de la proposición jurídica, puesto que concluyó que no se probó el mandato comercial que ellas definen, pues lo que existió fue un vínculo de prestación de servicios, que infirió de los medios de convicción que la impugnación refiere como pretermitidos (archivo: «Recursos Extraordinarios_

Casación Memorial Partes e Intervinientes_2023112159140», expediente digital).

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XI. CARGO TERCERO Acusa al colegiado de incurrir en violación indirecta de «los artículos 1262, 1263 y 1264 del Código de Comercio, por error de derecho, al haber infringido los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, relativo a las pruebas de oficio».

Sostiene que aquél negó las pretensiones de la demanda aduciendo que la prueba documental aportada, evidenciaba la existencia entre las partes de un contrato de prestación de servicios, lo que daba lugar a rechazar las pretensiones relativas a la suscripción y terminación de los contratos de mandato, con las consecuenciales condenas, lo que coligió de la manifestación que hizo el gerente de contraloría de Bavaria y el documento de folio 11, ibidem. Afirma que, sin embargo, la segunda instancia debió ejercer su deber de decretar pruebas de oficio, a fin de verificar que lo que ejecutó fueron múltiples contratos de mandato – poderes- (artículo 1262 del CCo), cuya terminación anticipada daba lugar al pago de honorarios tasados o probados mediante experticia, según el artículo 1264, ibidem. Rememoró el fallo CSJ SL, 22 ag. 2000, rad. 6047 para afirmar que el fallador incurrió en error de derecho, pues no aplicó los artículos 54 y 83 del CPTSS, que «le imponían el deber de decretar y practicar las pruebas de oficio que fueran

necesarias para concretar la naturaleza jurídica del contrato

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Radicación n.° 92321 que vinculó a las partes y cuya certeza se discutía», porque es obligación de los jueces buscar la verdad material del conflicto que se les propone, esclareciendo lo oscuro, a fin de proferir una sentencia justa, como lo explicó la Corte Constitucional en el fallo CC SU768-2014; que, por tanto, dicha omisión daba lugar a un «vicio de derecho por infringir las disposiciones legales que le permitían la producción y valoración de los elementos de convicción». Razona que la Sala Civil de la CSJ, en la providencia SC7824-2016, en «casos similares», había denotado que «el error de derecho por la omisión en el decreto y práctica de pruebas de oficio, […] constituye una barrera de acceso a la justicia, puede alegarse en sede del recurso extraordinario de casación», lo que también había sido expuesto por el juez límite constitucional en la CC SU129-2021, en el que reiteró la obligatoriedad para el juez laboral de decretar pruebas de oficio, si con ello garantizaba la naturaleza del derecho social y evitaba injusticias. Plantea que tales supuestos que fueron satisfechos en el caso, pues demostró: […] (i) Que dicha potestad oficiosa [tuviese] por finalidad, entre otras, procurar la verdad material y la efectividad del derecho y (ii) Que la parte interesada haya tenido un interés real y eficiente de cumplir con su carga probatoria pero que, a pesar de ello, no haya sido suficiente para generar suficiente certeza sobre el

hecho que se pretendía demostrar. Lo indicado, porque, aunque obrara en el expediente una oferta, no contrato, de sus servicios para la realización de procesos ejecutivos, la legislación vigente establecía que

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Radicación n.° 92321 cada uno de ellos debía contar con un poder, es decir, un mandato para su iniciación, según el artículo 74 del CGP; que allegó experticia no desconocida ni objetada, en la que se evidenciaba que fue apoderado de la contratante en veintidós procesos «para los cuales, obligatoriamente, requería de un mandato judicial»; la demandada manifestó en su contestación a la demanda que no suscribió ni firmó ningún contrato de prestación de servicios y, mediante memorial aparte, notificó al colegiado sobre la revocatoria de esos mandatos como consecuencia del proceso ordinario laboral. Señala que se requería el uso de la facultad oficiosa del decreto probatorio, pues no era posible colegir, como el Tribunal lo hizo, que no había duda de la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales, dado que los medios de convicción no demostraban ese negocio jurídico y la accionada, mediante confesión, lo había negado, no siendo posible suplir su voluntad con afirmaciones subjetivas y carentes de respaldo probatorio. Expresa que debió decretarse «cualquier medio de prueba idóneo», que permitiera requerir a partes «o [a] los diversos juzgados donde obró […] en nombre de la demandada», que allegaran el documento que legitimó su comparecencia, esto es, los mandatos. Insiste en que el Tribunal «hizo un vago esfuerzo

argumentativo para llegar a una conclusión para la cual no existían las pruebas necesarias, afectando la titularidad del

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Radicación n.° 92321 derecho que se pretendía, y que ha debido reforzar a través de los pedimentos de oficio necesarios para así lograr una adecuada tipificación de la relación contractual que medió entre las partes». Añade que «desdeñó por completo la prueba adosada al expediente» y trasgredió por omisión los artículos 54 y 83 del CPTSS, dado que: i) fue diligente en la consecución de la necesaria para acreditar la existencia de los contratos de mandato, en razón a que aportó los documentos que atestiguaban la oferta y «la necesidad de que […] se oficializara a través de contratos de mandato para representar a Bavaria judicialmente»; además allegó el dic