CSJ - SL1688-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL1688-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1688-2023 Radicación n.° 95333 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el primero (1°) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la
CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. y a
COSMITET LTDA - CORPORACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA.
Reconoce personería al abogado Fabián Vallejo Cabrera, con tarjeta profesional 16930 del C. S. de la J., para que actúe en nombre y representación de la opositora y de Cosmitet Ltda., en los términos y para los fines de los poderes conferidos1. 1 f. ° 5 y 6, archivo «Recursos Extraordinarios_CuadernoCorte_Escrito de oposicin_2023030308241», cuaderno digital de la Corte.
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Radicación n.° 95333
I. ANTECEDENTES Iván de Jesús Cárdenas Chima llamó a juicio a la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. y a la Corporación de Servicios Médicos Internacionales – Cosmitet Ltda., para que se declarara que con ambas existió un contrato de trabajo realidad, entre el 20 de abril y el 3 de julio de 2016 y, en
consecuencia, fueran condenadas al pago del auxilio de cesantía y sus intereses, aportes al sistema de seguridad social, subsidio familiar, trabajo suplementario con la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y las vacaciones, «descansos compensatorios», indemnización por despido injusto, «indemnización moratoria del art. 65 del CST por falta de pago de las prestaciones sociales al momento de la terminación de la relación laboral», así como la del precepto 99 de la Ley 50 de 1990. Pidió, que: […] por la condición más beneficiosa […] se le recono[ciera] y pag[ara] […] la indemnización moratoria prevista en el parágrafo 1° del Art. 65 del C.P.T. y de la S. S. (mod. por el parágrafo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002). Esto es un día de salario por cada día de retardo en la entrega de los comprobantes de seguridad social y parafiscales, desde el 2 de enero de 2018. Solicitó que «las condenas sobre las cuales no proceda la sanción por mora, sean indexadas […]». Narró que se vinculó con la clínica para prestar sus servicios como especialista en traumatología a partir del 20 de abril de 2016; que la jornada variaba semanalmente,
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Radicación n.° 95333 empezando a las 7:00 a.m. y terminando a la misma hora del día siguiente, durante 15 días seguidos y era fijado unilateralmente por la mencionada institución de salud, mediante cuadros de turnos realizados por su representante legal y por la coordinación médica, los cuales eran enviados
por correo electrónico o entregados en físico. Relató que, si bien la atadura fue en la modalidad de prestación de servicios y debía presentar mensualmente cuentas de cobro para obtener el pago de sus labores, lo cierto es que estas se ejecutaban de manera personal, acatando las ordenes de sus superiores inmediatos Daniel Parra Lizcano y Meiby Carolina Gelvez, es decir, bajo la subordinación y dependencia propia de un contrato de trabajo; que todos los implementos de tarea eran de propiedad de la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. Contó que el vínculo contractual terminó el 3 de julio de 2016 sin justa causa por parte de la empleadora; que el último salario devengado fue de $14.496.280 mensuales, o sea, $52.000 por hora laborada; que él asumió la totalidad de sus aportes al sistema de seguridad social; que no se le otorgaron vacaciones, ni se le pagaron las prestaciones y créditos laborales que ahora reclama; que Cosmitet Ltda. es la socia mayoritaria de la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. y era la encargada de efectuarle sus pagos (f.° 7 a 28, cuaderno digital del juzgado). La Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. y Cosmitet Ltda., en el mismo escrito, se opusieron a las rogativas;
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Radicación n.° 95333 aceptaron la fecha de vinculación, explicando que fue a través de un contrato de prestación de servicios, que terminó en la fecha indicada; que los turnos se asignaban mediante cuadros; que el actor debía presentar cuenta de cobro, que
la clínica era la propietaria de las herramientas de trabajo y que no efectuaron aportes al sistema de seguridad social ni pagaron las prestaciones sociales y créditos laborales deprecados, por cuanto el vínculo era de estirpe civil. Negaron los restantes supuestos fácticos. Propusieron las excepciones previas de «pleito pendiente o Litis dependencia», «inexistencia de los elementos que constituyen el contrato de trabajo», buena fe, genérica, inexistencia de la obligación, «temeridad y mala fe en el actuar del demandante» y prescripción (f. ° 270 a 283, ib). Mediante auto del 19 de diciembre de 2019, el juzgado decretó de oficio la acumulación a este proceso de otro con radicado 2019-00076 (f.° 340, ib), en el cual se pretendió que se declarara la existencia de un contrato realidad con las enjuiciadas, que tuvo lugar entre el 21 de septiembre de 2016 y el 20 de octubre de 2017 y se condenara al pago de la indemnización por despido injusto, teniendo en cuenta que el vínculo debía finalizar el 19 de enero de 2019; siendo las restantes pretensiones de condena, así como los supuestos fácticos, idénticos a los ya narrados, pero atendiendo a los nuevos extremos (f.° 307 a 326, ibidem). Las accionadas, también en la misma pieza procesal, replicaron el gestor en similares términos al del proceso
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Radicación n.° 95333 receptor, pero esgrimiendo los medios de defensa de
«inexistencia de los elementos que constituyen el contrato de trabajo», buena fe, genérica, inexistencia de la obligación y prescripción (f.° 327 a 339, ib).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, el 4 de marzo de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “Inexistencia de la Obligación” respecto a las pretensiones invocadas en el proceso con radicación No. 201900076-00; En consecuencia, ABSOLVER a las demandadas de las pretensiones incoadas por IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por las demandadas CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. y COSMITET LTDA. dentro del proceso con radicación No. 2019-00059-00, por lo expuesto en parte motiva de este proveído.
TERCERO: DECLARAR que entre IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA, […] y CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente […] existió un único contrato de trabajo a término indefinido desde el 20 de septiembre de 2016 y hasta el 20 de octubre de 2017, según lo dicho en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., […] y solidariamente a COSMITET LTDA.,
[…], a pagar a IVÁN DE JESUS CARDENAS CHIMA, […] las
siguientes sumas:
AUXILIO DE CESANTÍA 15.268.505
INTERESES DE CESANTÍA (+ sanción) 3.406.050
PRIMAS DE SERVICIOS 15.268.505
VACACIONES (compensación en 7.634.252 dinero) MORATORIA art. 99 L 50/99 (sic) 169.128.060
TOTAL 210.705.372
QUINTO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., […], y solidariamente a COSMITET LTDA., […], a pagar al señor IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA, a
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Radicación n.° 95333 título de la indemnización moratoria consagrada en el art. 65 del C.S.T., la suma de $469.800,oo diarios por cada día de mora calculados desde el día siguiente a la ruptura del contrato de trabajo – 21 de octubre de 2017 – y hasta por 24 meses; a partir de la iniciación del mes 25 deberá pagar intereses moratorios a la tasa más alta para créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, y hasta que se haga efectivo el pago completo de las sumas aquí fulminadas por concepto de prestaciones sociales.
SEXTO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente por […], y solidariamente a COSMITET LTDA, representada por […], a pagar al señor IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA la suma de
$14.094.005,oo a título de indemnización por despido sin justa causa consagrada en el artículo 64 del CST, guarismo que deberá INDEXAR en el momento de su pago efectivo, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
OCTAVO: ABSOLVER a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. y a COSMITET LTDA. de las demás pretensiones invocadas en la demanda por IVÁN DE JESÚS
CÁRDENAS CHIMA.
NOVENO: COSTAS a cargo de la parte demandada […] (f. ° 490 a 492, ib).
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 1° de diciembre de 2021, al desatar los recursos de apelación de ambos extremos procesales, decidió: PRIMERO: “MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia […] objeto de recurso de apelación, el cual quedará así: “CUARTO: CONDENAR a la IPS CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente […], a pagar a IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA, […], las siguientes sumas que deberán indexarse a la ejecutoria de la sentencia:
AUXILIO DE CESANTÍA $ 15.268.505
INTERESES DE CESANTÍA (+ $ 3.406.050 sanción)
PRIMAS DE SERVICIOS $ 15.268.505
VACACIONES (compensación $ 7.634.252 en dinero)
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TOTAL $ 41.577.312
SEGUNDO: REVOCAR el numeral QUINTO de la sentencia […] de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la providencia recurrida.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
Dijo que no era objeto de discusión que «entre las partes» existió una relación contractual desde el «21» (sic) de septiembre de 2016 hasta el 20 de octubre de 2017, donde el actor prestó sus servicios como médico especialista al servicio de la IPS demandada. Delimitó el problema jurídico a establecer: i) si existió un contrato de trabajo realidad entre el demandante y la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda.; ii) si se acreditaron como extremos de esta 20 de abril de 2016 al 3 de julio de 2016; iii) si aquél tenía derecho al pago de horas extras, trabajo suplementario y el reembolso de los pagos al sistema de seguridad social; iv) si resultaba procedente la revisión del salario establecido en primera instancia para la liquidación de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta las horas extras, dominicales y festivos y, v) si la entidad accionada actuó bajo los parámetros de la buena fe para exonerarse de la indemnización de los artículos 65 del CST y del 99 de la Ley 50 de 1990. Memoró el contenido de los artículos 22, 23 y 24 del CST y lo orientado en las sentencias CSJ SL365-2019, CSJ SL4347-2020 y CSJ SL225-2020, atinente a que: i) para la
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Radicación n.° 95333 configuración del contrato de trabajo debe acreditarse la prestación personal del servicio por parte del demandante en favor de la demandada, pues con ello se presume la existencia de la subordinación y le correspondería a la última derruir tal ventaja probatoria demostrando que la labor se ejecutó de forma autónoma e independiente; ii) en los nexos por prestación de servicios no está vedada la coordinación, a través de la cual se puede fijar horario, solicitar informes y establecer medidas de supervisión o vigilancia y, iii) las actividades enmarcadas en las profesiones liberales no están exentas de la presunción aludida. Destacó que no era materia de discusión que el demandante estuvo vinculado a través de un contrato de prestación de servicios desde el 20 de septiembre de 2016 al 20 de octubre de 2017, pese a que se suscribió por cuatro meses (19 de enero de 2017), pero continuó de manera ininterrumpida hasta la segunda fecha, lo que emergía de la copia del instrumento obligacional allegado en los dos procesos, así: en el radicado 2019-00059 (f.° 389-390, ibidem) y en el radicado 2019-00076 (f. ° 266-267, ib). Señaló que no existía documental que diera cuenta del vínculo que supuestamente se ejecutó entre abril y julio del 2016, en razón a que el promotor de la acción no aportó facturas o cuentas de cobro, recibos de pago, ni el contrato de prestación de servicios de dichos periodos y, además, la testimonial fue imprecisa al relatar las fechas en que se
ejecutó el servicio, pues los declarantes sólo indicaron que conocieron al galeno ese año, sin explicar en qué periodo.
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Radicación n.° 95333 Concluyó que los dichos del representante legal de la clínica y del actor, así como de los testigos Yuly Sujey Cortés y Juan José Santamaría no desvirtuaron la presunción de existencia del contrato de trabajo frente a los servicios prestados entre el 20 de septiembre de 2016 y el 20 de octubre de 2017, sino que, por el contrario, denotaron que las herramientas para su ejecución eran suministradas por la IPS, que los profesionales debían consultar las órdenes médicas con la coordinación, siendo esta la que seleccionaba el personal a contratar mediante prestación de servicios, para que el área de talento humano de la clínica, validara la documentación requerida para el contrato, el pago de las horas ofertadas efectivamente laboradas, previo reporte de la coordinación médica. Añadió que las labores del actor satisficieron una necesidad especifica de la Clínica Santa Sofía del Pacifico Ltda.; que el ocultar la labores bajo la figura de «disponible quedándose alojado en las instalaciones de la Clínica», tal y como lo aceptó el representante legal, mostraba claramente la exigencia de cubrir el servicio las 24 horas, los días que estaba el profesional en la ciudad de Buenaventura, según la programación realizada por la empleadora; que la oferta de horas por parte del galeno no fue aportada, descartándose la autonomía alegada. Apuntó que la Corte ha orientado que las sanciones
moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, no son automáticas (CSJ SL1451-2018), sino que para
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Radicación n.° 95333 su aplicación debe constarse si el dador del empleo suministró elementos demostrativos de buena fe, la cual equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta. Razonó que tal proceder se demostró, en tanto, De la prueba documental aportada a las diligencias, concretamente el contrato de prestación de servicios, se evidencia que el demandante se vinculó para prestar sus servicios como médico especialista en Ortopedia y Traumatología, sin especificar un horario, o jornada; indicando que el pago sería por las horas laboradas, a razón de cincuenta y dos mil pesos ($52.000) por hora. Pues bien, al revisar los comprobantes de egreso (f. 268-281), de los cuales se obtuvo el salario promedio por parte de la primera instancia, se observa que cada mes tiene una facturación con promedios salariales diferentes, lo que, si bien no desvirtúa la presunción de existencia de contrato de trabajo, puede contribuir a demostrar que la demandada actuó con la convicción razonable al considerar que efectivamente se estaba ejecutando un contrato civil con autonomía del demandante en la fijación de su disponibilidad de tiempo para prestar el servicio. En el mismo sentido, el demandante al rendir interrogatorio de parte aceptó haber laborado con cierta flexibilidad en la ejecución de su labor, flexibilidad que, si bien no desvirtúa la existencia de contrato de trabajo, si tiene incidencia en las sanciones, como
quiera que en desarrollo de la labor hubo una convicción razonable de la demandada de estar ejecutando un contrato no laboral. Despachó desfavorablemente el tema de apelación del actor, relativo al pago de la sanción prevista en parágrafo primero del artículo 65 del CST, por cuanto también requiere de la verificación de la buena fe, lo que se logró en este caso, deviniendo en improcedente también dicho gravamen (f.° 32 a 55, cuaderno digital del Tribunal).
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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la decisión impugnada, en cuanto revocó las condenas por las indemnizaciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, para que, en sede de instancia, se confirmen los respectivos numerales de la sentencia inicial y se provea sobre costas (f.° 4, archivo «Recursos Extraordinarios Cuaderno Corte Demanda de Casacin_2023110435664.» cuaderno digital de la Corte).
Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. y pasan a estudiarse.
VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el segundo fallo trasgrede la ley sustancial por la vía indirecta, […] en la modalidad de aplicación indebida del art. 191 del CGP, que sirvió de medio de violación de las disposiciones sustanciales
de alcance nacional contenidas en los artículos 65 del CST reformado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990, en armonía con los artículos 53 y 83 de la CN; y el numeral 2° del artículo 23 del CST, modificado por el 1° de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el art. 55 del CST.
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Radicación n.° 95333 Manifiesta que lo descrito ocurrió como consecuencia de los siguientes errores ostensibles de hecho, «respecto a la absolución sobre las sanciones de mora y falta de consignación de cesantías»:
1. No dar por demostrado, estándolo, que el señor IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA no confesó tener cierta flexibilidad en la ejecución de sus labores con la CLÍNICA SANTA SOFÍA
DEL PACÍFICO LTDA.
2. Dar por demostrado, estándolo, (sic) que el señor IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA confesó tener cierta flexibilidad en la ejecución de sus labores con la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL
PACÍFICO LTDA.
3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA obró de mala fe, por lo que era procedente la condena por sanción moratoria.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA obró de buena fe.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la CLÍNICA SANTA
SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA no tenía una convicción razonable para considerar que efectivamente se ejecutó un contrato civil, cuando en verdad era laboral.
6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA tenía una convicción razonable para considerar que efectivamente se ejecutó un contrato civil, cuando en verdad era laboral.
Especifica que tales yerros fueron consecuencia de la indebida apreciación de: • Comprobantes de Egresos (Fol. 17 a 34 Expediente Digital 2019059 archivo 09) de tales documentos se infiere la continuidad en la prestación del servicio como Médico Ortopedista y Traumatólogo, así como la totalidad de las horas laboradas en periodos mensuales y semanales. Partiendo de la base de que, el trabajador es la parte débil de la relación y en muchas ocasiones se ve compelido por la necesidad de obtener o mantener una fuente de ingresos a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor se presentan. En ese orden de ideas, esa forma del acuerdo contractual, no logra derruir la subordinación que se tuvo por acreditada, pues ello era una
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Radicación n.° 95333 condición impuesta por la empresa para poder obtener el pago de la remuneración pactada. Así tal como se ha mencionado en providencias SL 27711 de 2006, replicada en la sentencia SL 17981 de 2017, el principio de la primacía de la realidad, característico del Derecho del Trabajo, impone, como su nombre lo indica, la prevalencia de los hechos sobre documentos o acuerdos suscritos entre las partes,
de manera que si a pesar de existir abundantes documentos sobre una determinada forma de vinculación contractual, el juzgador encuentra que en la realidad lo que desarrollaron y ejecutaron las partes fue un verdadero contrato de trabajo, deberá darle validez a éste y derivar las consecuencias salariales, prestacionales e indemnizatorias que del mismo se derivan. Pero no es cierto que la variabilidad en los pagos de acara (sic) a las horas de prestación revelen independencia o autonomía, todo lo contrario lo que se verifica al amparo de estos documentos es la facultad del empleador de rotar al actor en jornadas diarias y el uso de la disponibilidad. • Contrato de prestación de servicios suscrito entre el señor PEDRO LUÍS CASTELLANOS MERCADO y la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., este documento es demostrativo de falta de autonomía y continuidad en la prestación del servicio (Fol. 15 a 16 Expediente Digital 2019-059 archivo 09). A pesar de que el Tribunal hace acopio de dicho contrato y que toma en cuenta parte de su clausulado, deja de atender a que cuando en él se pacta, en sus consideraciones generales, que las labores contratadas como Ortopedista y traumatólogo serían determinadas por el contratante, escapa a cualquier grado de autonomía e independencia con el que pudo haber contado mi mandante y denota, desde la suscripción del contrato de trabajo, el ejercicio del ius variandi, pues el supuesto contratante, como cualquier empleador, se abroga la facultad de disponer las áreas de prestación del servicio, lo que es alejado de la ejecución de
contrato de prestación de servicios. Además en la cláusula 3.1. se dispone que el ejercicio del servicio contratado se hará bajo las instrucciones que fije el contratante. De otro lado no tuvo en cuenta el Tribunal que el contrato se pactó, por espacio de cuatro meses, con la posibilidad de prolongarse de manera indefinida, es decir, que desde el origen de la prestación de servicio se aceptó que la vinculación era de carácter indefinido, insístase, lo que no es propio de los contratos de prestación de servicios sino de las relaciones de naturaleza laboral, ello aunado a que el objeto misional permanente de la demandada es la prestación de actividades de salud, de lo que se infiere que se trataba de un convenio para la prestación de servicios permanentes dentro del giro ordinario de los negocios de esa empresa.
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Radicación n.° 95333 • Confesión del demandante IVÁN DE JESÚS CÁRDENAS CHIMA. Destacó el Tribunal en la sentencia confutada que en su declaración de parte el promotor de esta acción “8…) aceptó haber laborado con cierta flexibilidad en la ejecución de su labor, flexibilidad que, si bien no desvirtúa la existencia de contrato de trabajo, si tiene incidencia en las sanciones, como quiera que en desarrollo de la labor hubo una convicción razonable de la demandada de estar ejecutando un contrato no laboral (...)”. La anterior afirmación resulta extraña a las resultas del proceso, que se aduzca que el actor aceptó flexibilidad en la prestación de su servicio cuando según la propia síntesis del dicho del actor hecha por el Tribunal ello no se mencionó. Veamos por qué:
“Aceptó que tiene consultorio particular, que era cierto que suscribió un contrato de prestación de servicios con la CSSP, pero aclara que él considera que era un contrato laboral porque ellos lo buscaron, primero porque allá tenían dos ortopedistas y uno renunció, y una médica que es de la costa que fue interna del Hospital de Sabana donde también laboró lo localizó, por que necesitaban un ortopedista 15 días y le ofrecieron pagarle la hora a ($54.000), por 24 horas, y que le daban los tiquetes aéreos, para desplazarse de Montería a Cali y de Cali a Buenaventura en un transporte particular, que también le daban donde quedarse, pues tenían la necesidad de esos 15 días, y que ante la pregunta de que si laboraban el 24 y 31 de diciembre el doctor Daniel Parra le contestó maravillado porque él se iba a quedar, que firmó el contrato, pero considera que no era prestación de servicios, ya que debía asistir a consulta, cirugía, y que las labores que desempeñaba eran propias del objeto misional de la clínica, por lo que considera que es un contrato laboral. Manifestó, que eso de que, si quería o no laborar, no era cierto, pues se trabajaba todos los días considerando que es una clínica de guerra en Buenaventura al ser la única de tercer nivel, que hacía en promedio 5 cirugías por día, atendía de todo, accidentes, pacientes de Cosmitet, todo lo que llegaba, que era imposible descansar, aceptó que el pago variaba cuando se quedaba un día o dos de trabajo, que era cierto, que presentaba cuentas de cobro
mensualmente, y que él presentaba facturación propia, que nunca solicitó más horas, que era la Clínica la que le decía que necesitaba más días y como él necesitaba el dinero, se quedaba dos o tres días más. Expone que el contrato en Buenaventura era exclusivo con la Clínica, pero por fuera de Buenaventura, en los otros 15 días tenía su consulta particular cuando se iba para la costa, pero en Buenaventura era exclusivo con la clínica, cirugías que eran programadas por la Clínica, tenía que estar disponible si había alguna urgencia las 24 horas, indicó que nunca presentó reclamación frente a la modalidad de la contratación, en cuanto a la pregunta sobre que podía hacer en caso de no poder asistir
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Radicación n.° 95333 a una consulta o una cirugía, contestó que no tenía ninguna opción que debía asistir a la consulta, les daban un contrato por 4 meses, y no le daban carta de terminación ni nada, que tuvo que elevar un derecho de petición para que le informaran que había pasado, y que aceptó el trabajo porque lo necesitaba, que nunca le llamaron la atención por ningún motivo, que siempre trabajó con profesionalismo. Respecto de esta declaración encuentra la Sala que no se obtuvo confesión de la inexistencia de la subordinación; y que si bien el médico acepta que hubo variación en la facturación porque podían convenir más días de trabajo, en ningún momento confesó la inexistencia de la relación laboral.” Entonces mal hizo el Tribunal en tener que tales dichos eran una confesión, cuando no cumplen con el presupuesto del art. 191
del CGP de ser el reconcomiendo de un hecho adverso. Y es que ni siquiera se mencionó la posibilidad modificación de horarios a favor de mi mandate todo lo contrario lo que indica es que de los 15 días que laboraba al servicio de la demandada lo hacía con plena disponibilidad de tiempo, las 24 horas. De manera tal que no existe forma de que se tenga por confeso a mi mandante de la flexibilidad del servicio cuando este relata que la clínica lo obligaba a trabajar 24 horas además vivía en las instalaciones de la institución médica. • Confesión del Representante Legal de la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. si bien esta prueba fue objeto de revisión para la declaratoria de contrato de trabajo, no se analizó en debida forma en cuanto a la operación de las sanciones por mora. Notorio resulta la mala intelección que el juez de alzada le dio al interrogatorio de parte del accionante, puesto que a pesar de su claridad y de fundarse en tales dichos para ratificar la existencia del contrato de trabajo, omitió extraer conclusiones pertinentes sobre la liberalidad de la prestación del servicio. En efecto, las manifestaciones con carácter de confesión se pueden sintetizar de la siguiente manera: i) que quien definía los horarios de prestación de Servicio era la clínica, ya que la demandante (sic) no estaba asignada a un servicio específico; 2) que en periodo del año 20102017 no había médicos de plata en esa institución médica, ni generales ni especialistas; 3) que la determinación de los turnos de prestación del servicio, correspondía la Coordinadora médica, o al mismo representante cuando no había
Coordinadora Médica y; 4) que mientras mi mandante prestó servicios para la Clínica demandada vivía en las instalaciones de la misma dadas las necesidades del servicio.
Añade que se dejó de valorar: • Certificado de Existencia y representación legal de la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. de haberse estimado el documento en cita hubiera estimado el juez de alzada que la labor
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Radicación n.° 95333 principal de la empresa demandada es la prestación de servicios médicos, y con base en ello determinar la existencia de un contrato de trabajo por el periodo señalado, de suerte que si el mismo se prolongó por más de 3 años para la ejecución de las actividades permanentes y ordinarias a cargo de dicha empresa, esa temporalidad rompe con la estructura normal de un contrato de prestación de servicios (archivo 5 expediente digital 2019059). Argumenta que de las probanzas aprehendidas con equivocación, el Tribunal no podía colegir que existía una convicción insuperable del empleador de estar atado merced a un nexo civil, que no laboral, pues ello incluso se contradice con la conclusión sobre la extensión del contrato de trabajo; que no existe ninguna razón atendible para considerar que la clínica actuó de buena fe, en la medida que siempre disfrazó el vínculo subordinado como uno de carácter civil, con la finalidad de burlar sus derechos sociales a pesar de que lo contrató para ejecutar una labor misional permanente
(CSJ SL11436-2016 y CSJ SL4344-2020).
Resalta que las inferencias fácticas del juez de segunda
instancia son disonantes, puesto que, aunque tuvo por demostrada la prestación del servicio, […] situación por demás indubitada en el proceso y que surgía a favor de la mandante la presunción del mentado art. 24 del CST, adujo que la misma se había derribado por las pruebas que militan en la foliatura, al valorarlas en clave de una interpretación particular del art. 24 como se explicó en el cargo anterior, al analizar una supuesta exigencia de duración y frecuencia. En efecto, en eventos como el que hoy se invita a estudio a la Sala se ha sentado por la jurisprudencia de esa misma corporación, entre otras, en proveído SL 13020 de 2017, que las posiciones ambivalentes respecto a la existencia de la relación laboral comportan error protuberante de hecho que conlleva el quiebre del fallo recurrido. En ese mismo sentido la Corte Constitucion
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