CSJ - SL1693-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1693-2023 Radicación n.° 92210 Acta 25 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ANA ZENAIDA VALDÉS TEJADA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de julio de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.

FIDUAGRARIA S. A., como vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN,

y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

Se reconoce personería adjetiva a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda, con T.P. 287.982 del C. S. de la J., para actuar en nombre y representación de Colpensiones, conforme al poder allegado ante esta corporación.

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Radicación n.° 92210 Se reconoce personería al abogado Sebastián Sarmiento Orozco, con T.P. 358421 del C. S. de la J., según el poder de sustitución aportado, para actuar en nombre y representación de la sociedad Fiduagraria S. A., como vocera y administradora del PAR ISS.

I. ANTECEDENTES Ana Zenaida Valdés Tejada llamó a juicio a Fiduagraria

S. A., como vocera del PAR ISS, y a Colpensiones, con el fin de que se declare la existencia del vínculo contractual laboral con el ISS desde el 4 de julio de 1973 hasta el 30 de junio de 1974, en consecuencia, pide condenar a quien reemplazó al Instituto a pagar todas las prestaciones, en especial, el aporte a la seguridad social en pensiones con la corrección y reconstrucción de su historia laboral con los periodos que no se han tenido en cuenta; que se declare que es beneficiaria del régimen de transición; que tiene derecho a la pensión de vejez conforme a la Ley 71 de 1988 desde el 1 de junio de 2012, con el 75% del IBL del último año de aportes o cotización y, de resultar más favorable con los últimos 10 años.

En consecuencia, pide condenar al pago del retroactivo pensional desde el 1 de junio de 2012 o desde la fecha favorable que se pruebe en el proceso, junto con los intereses de mora, la indexación, lo que resulte ultra o extra petita y las costas del proceso.

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Radicación n.° 92210 En subsidio de lo anterior, solicita reconocer la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990 según la sentencia CC SU7692014, desde el 16 de julio de 2001 o desde la fecha en que se pruebe en el proceso, tomando el IBL de las últimas 100 semanas o de ser más favorable, los últimos diez años. Para lo anterior relató que nació el 16 de julio de 1946, cumpliendo 55 años el mismo día y mes de 2001; laboró para

el ISS Regional Cauca desde el 4 de julio de 1973 hasta el 30 de junio de 1974. Sostuvo que es beneficiaria del régimen de transición ya que para el 1 de abril de 1994 tenía 49 años de edad, y para el 25 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas; además, laboró para empresas del sector privado y entidades públicas acumulando un total de 1036,14 semanas. Indicó que presentó diversas solicitudes a fin de obtener la inclusión de los periodos que no han sido contabilizados en la historia laboral, sin obtener una respuesta positiva; que trabajó al servicio del Departamento del Cauca desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 1978 y del 28 de enero de 1981 al 5 de mayo de 1996, tiempo que ha sido desconocido, así como los periodos pagados por ella como trabajadora independiente. Aseguró que la historia laboral de Colpensiones expedida el 26 de marzo de 2014 muestra 102,34 semanas hasta el 31 de mayo de 2012 y la de fecha 14 de diciembre

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Radicación n.° 92210 de 2014 registra 108 semanas hasta la misma data, lo que muestra los errores en el manejo de la información y el desorden administrativo. Dijo que adquirió el estatus pensional el 16 de julio de 2001, pero continuó cotizando bajo un monto superior, por lo que la prestación debe reconocerse desde el 1 de julio de 2012 por haber efectuado el último aporte en mayo de esa anualidad; que las normas aplicables son la Ley 71 de 1988

y el Decreto 758 de 1990, cuyos requisitos cumplió en tanto completó 20 años de aportes al 1 de junio de 2012 y 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (16 de julio de 2001). Por último, informó que el 27 de marzo de 2015 le solicitó a Colpensiones el cobro del tiempo laborado para el ISS Regional Cauca y el reconocimiento de la pensión de vejez (f.os 1 a 16 de primera instancia). Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, únicamente admitió la fecha de nacimiento y el cumplimiento de 55 años de edad; frente a los restantes, dijo no constarle. Estimó que, si bien era beneficiaria del régimen de transición siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990, no cumplió los requisitos ya que solo tenía 168 semanas cotizadas. Por consiguiente, el estudio de la pensión debía hacerse según la Ley 100 de 1993; sin embargo, tampoco

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Radicación n.° 92210 acreditó las exigencias correspondientes. En su defensa propuso las excepciones de prescripción y caducidad, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, no configuración del derecho al pago indexado, presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción y las restantes que puedan declararse de oficio (f.os 93 a 99 y 159 a 162 del cuaderno de primera instancia). Por su parte, Fiduagraria S. A. como administradora del

Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos dijo que no le constaban. Adujo que el vínculo laboral alegado por el periodo del 4 de julio de 1973 al 30 de julio de 1974 no estaba probado, por ende, no podía condenarse a pagar las prestaciones y cotizaciones. Adicionó que la actora cumplió con la edad requerida por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, pero no con la densidad de aportes necesaria. Formuló las excepciones previas de falta de reclamación administrativa, falta de legitimación en la causa por pasiva, y las de fondo que denominó prescripción, inexistencia de la relación laboral, inexistencia del derecho y de la obligación, ausencia del vínculo de carácter laboral, cobro de lo no debido y la innominada (f.os 113 a 121 y 145 a 147 del cuaderno de primera instancia).

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Radicación n.° 92210 Mediante auto del 5 de julio de 2017, el juzgado de conocimiento declaró no probada la excepción de falta de competencia y se abstuvo de resolver en esa oportunidad la concerniente a la falta de legitimación en la causa por pasiva (f.° 173).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 15 de agosto de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la demandante ANA ZENAIDA VALDÉS TEJADA tiene derecho a que la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, reconozca la pensión de vejez, en atención a la aplicación de las previsiones de la sentencia de la Corte Constitucional SU 769 de 2014, esto es en el marco de régimen de transición y en aplicación a las previsiones de edad, tiempo y monto del Acuerdo 049 de 1990 al acreditar 1000 semanas de cotizaciones, entre tiempos públicos y aportes al sistema del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1° de junio de 2012.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocerle a la demandante ANA ZENAIDA VALDÉS TEJADA, a partir del 1° de junio de 2012, la pensión de vejez a que tiene derecho, en un monto equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, esto es, en cuantía inicial de $1.284.121.60, suma respecto de la cual deberá efectuar los reajustes legales pertinentes y pagar las mesadas pensionales ordinarias y la adicional que corresponde para completar 13 mesadas pensionales al año.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a pagarle a la demandante las mesadas pensionales causadas a partir del 01 de junio de 2012, debidamente indexadas tomando para el efecto el índice de Precios al Consumidor que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de acuerdo con la

fórmula: ÍNDICE FINAL X VALOR HISTÓRICO = VALOR INDEXADO INDICE INICIAL (valor mesada).

Así, deberá tomarse como índice inicial el del mes de causación

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Radicación n.° 92210 de la respectiva mesada pensional y como Índice final el del mes en que se verifique el pago.

CUARTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES para que descuente de las mesadas pensionales indexadas a que tiene derecho la demandante ANA ZENAIDA VALDÉS TEJADA, en el porcentaje que en derecho corresponde, los aportes pertinentes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las restantes súplicas de la demanda.

SEXTO: EXCEPCIONES. Dadas las resultas del juicio el Despacho se considera relevado del estudio de las propuestas frente a las absoluciones producidas. Se declaran no probadas las planteadas respecto de las condenas infligidas.

SÉPTIMO: COSTAS. Sin costa en la instancia.

OCTAVO Las partes quedan legalmente notificadas en ESTRADOS. Si no fuere apelada oportunamente la presente sentencia, CONSÚLTESE con el SUPERIOR (f.o 314 del cuaderno digital de primera instancia). En lo fundamental, el a quo estimó que de las pruebas no era posible determinar que entre la actora y el ISS hubiese existido un nexo laboral entre el 4 de julio de 1973 y el 30 de junio de 1974, aducido en el escrito inicial, pues del reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones el 14 de agosto del 2017, solo se determinaba que «hubo una vinculación subordinada de la demandante con

el Instituto de Seguros Sociales desde el 1 de octubre de 1973 y finiquitada el día 1 de marzo de 1974 por un total de 21,71 semanas al sistema»; elemento probatorio con el cual se evidenciaba la relación, pero exclusivamente en esos extremos temporales. Precisó que para obtener la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 debían acreditarse 20 años en total

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Radicación n.° 92210 entre tiempos públicos y cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales; sin embargo, la actora solo acreditó 1000 semanas. De otro lado, dijo que tratándose de personas beneficiarias del régimen de transición, era dable acumular los tiempos públicos con los tiempos privados y cotizados al Instituto de Seguros Sociales para efectos de la prestación regulada por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, acogiendo el criterio expuesto en decisión CC SU769-2014, bajo el entendido que ello únicamente procede en circunstancias en las que estuviera de por medio un reconocimiento mínimo como garantía del ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social. Puntualizó que la actora era beneficiaria del régimen de transición y que, sumados los tiempos servidos en el sector público con los cotizados en el ISS, alcanzaba a consolidar 1000 semanas en toda su vida (para el 31 de mayo del año 2012 completó 1000,43 semanas de cotización), y cumplió 55 años de edad el 16 de julio de 2001, por lo que reconocería la pensión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación de la parte actora y conocer del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante fallo del 29 de julio de 2020 resolvió:

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Radicación n.° 92210

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado 38° Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ANA ZENAIDA VALDÉS TEJADA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y FIDUAGRARIA S.A., para en su lugar, ABSOLVER a las demandadas de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante en la suma de $400.000.oo pesos.

El colegiado puntualizó que determinaría: i) si la actora tenía derecho a la pensión de vejez, conforme al régimen de transición, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con acumulación de los tiempos públicos y privados cotizados teniendo en cuenta la tesis de la Corte Constitucional; de no proceder, ii) verificaría si cumplía los requisitos de la Ley 71 de 1998, para lo cual constataría la existencia de tiempos faltantes por el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1973 y el 30 de junio de 1974, junto con los correspondientes

intereses moratorios. Recordó que la Corte Constitucional, frente a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, consideraba viable la acumulación de tiempos públicos y privados para su reconocimiento (CC SU057-2018). Dijo que frente a tal postura, podría, en principio, indicarse que Ana Zenaida Valdés Tejada tenía derecho a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, acumulando los tiempos privados y públicos para

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Radicación n.° 92210 contabilizar el mínimo de semanas requerido; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideraba que para obtener este derecho pensional según el Acuerdo 049 de 1990, solo podían tenerse en cuenta los aportes realizados exclusivamente al ISS, hoy Colpensiones, dado que los aportes públicos y privados podían ser sumados pero con aplicación de la Ley 71 de 1988 (CSJ SL5113-2019). Así, expresó que acogería la línea jurisprudencial de esta Corte, que indica que, según el Acuerdo 049 de 1990 no es posible sumar las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos servidos al sector público, máxime que existe norma específica que permita esa acumulación teniendo en cuenta el régimen de transición, esto es, la Ley 71 de 1988. Respecto del segundo problema jurídico destacó que el tiempo laborado con el ISS alegado por la actora «del 4 de julio de 1973 al 30 de junio de 1974» estaba respaldado con las declaraciones extraprocesales que reposaban a folios 19

y 20 del plenario; no obstante, estas no eran prueba idónea para probar los tiempos servidos, más aún, cuando «lo que se acredita» con la certificación de dicha entidad (f.° 23) es que la accionante «no registraba vínculo laboral con el ISS como empleada pública o trabajadora oficial». Citó el testimonio de Edilma López Mina y consideró que no probaba el referido vínculo de trabajo, pues, su dicho era contradictorio, ya que, tras indicar que la demandante laboró

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Radicación n.° 92210 para el ISS en 1973, dijo que ello le constaba porque fue compañera de trabajo, y que si bien no trabajaban en la misma dependencia, ella laboraba con la hermana de la demandante; explicó que cuando la indagó por la fecha de terminación del nexo de la promotora, dijo no tener certeza por encontrarse en licencia de maternidad, pero sostuvo que se extendió aproximadamente un año. Así, estimó que su dicho era contradictorio porque declaró que conocía a la actora antes de su vinculación al ISS, pues la señora Valdés Tejada la reemplazó en la Contraloría durante su licencia de maternidad. Además, manifestó que resultaba extraño para la Sala que la testigo indicara con exactitud la fecha y el tiempo servido por la demandante en el ISS y no pudiera precisar el tiempo que ella misma laboró con dicha entidad con la que afirmaba haber trabajado por 20 años; al preguntarle sobre la fecha de licencia de maternidad tampoco pudo señalar o aproximar la calenda; tampoco sabía las funciones de la

actora o el cargo. En consecuencia, concluyó que no había derecho a la pensión reclamada al no acreditarse los requisitos de la Ley 71 de 1988.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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Radicación n.° 92210 La Sala mediante auto del 15 de febrero de 2023 admitió la demanda extraordinaria y, con ocasión del fallecimiento de Ana Zenaida Valdés Tejada, ordenó tener como sus sucesoras procesales a Eliana, Elizabeth, Astrid y Julián González Valdez en calidad de hijos, sin perjuicio de que otros interesados pudieran hacer valer sus derechos.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente persigue la casación de la sentencia acusada, para que en sede de instancia se revoque la de primer grado, en su lugar, declare y reconozca que laboró con el ISS desde el 04/07/1973 hasta el 30/09/1973 y desde el 02/03/1974 al 30/06/1974; que tiene derecho a la pensión por aportes de Ley 71 de 1988, en suma inicial de $1.284.121,60, efectiva desde el 01 de junio de 2012 y hasta el 12 de octubre de 2020 (fecha de fallecimiento de la afiliada); intereses de mora sobre dicho retroactivo, proyectados desde el 27/07/2015 hasta cuando se verifique el pago total de la obligación a sus sucesores procesales o, en su defecto, el pago indexado de dicho retroactivo. En subsidio de lo anterior, se confirme la sentencia de primer

grado. Además, se disponga que, por la sucesión procesal, la condena debe ser pagada a favor de los sucesores procesales previamente informados. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por las

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Radicación n.° 92210 demandadas. La Sala resolverá, por método, inicialmente el cargo segundo y, luego, el primero.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión por violar la ley, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del Decreto 758 de 1990, artículo 12 del Decreto 758 de 1990, en relación con los artículos 1, 2 y 45 de la misma norma y 36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior en relación con el artículo 1, 16, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo lo anterior en relación con los artículos 4, 13, 25, 42, 48, 53 y 380 de la

Constitución Política. En la demostración del cargo, en lo fundamental, señala que el Tribunal le dio a la disposición acusada un alcance que no tiene, o por lo menos, una inteligencia que no correspondía al estimar que solo podía tenerse en cuenta los aportes efectivamente realizados al ISS, cuando el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no consagra esa restricción y tampoco lo hace el artículo 36 de Ley 100 de 1993; por el contrario, esta última permite acumular los periodos públicos laborados, por lo que en concordancia con el artículo 13 constitucional debió aplicar por igualdad esa

opción. Así, la norma aplicable permite obtener una pensión con 1000 semanas en cualquier tiempo, sin que haya restringido de forma expresa que tales cotizaciones tuvieran que ser exclusivas al ISS, hoy Colpensiones.

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Radicación n.° 92210 Apoya su postura en las sentencias CC SU769-2014 y CC SU057-2018, de las cuales transcribe algunos apartes. Agrega que la discriminación frente a la posibilidad de acumular los tiempos y considerar los servicios públicos prestados no cotizados para alcanzar la pensión del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, también ha sido objeto de pronunciamiento por esta corporación quien rectificó el criterio anterior, cita en apoyo las decisiones CSJ SL19812020 y CSJ SL1947-2020.

VII. RÉPLICA Colpensiones se opone al cargo, para ello señala que si bien el criterio sobre la temática planteada fue modificado, lo cierto es que no le asiste razón a la censura al pretender la aplicación de la disposición citada, «puesto que como se extrae de las cotizaciones reclamadas y el periodo en que efectuó los aportes al ISS, no era beneficiaria del precepto normativo» y, si en gracia de discusión, se admitiera lo contrario y se encontrara fundado el cargo en cuanto a su fundamento jurídico, ello no cambiaría la decisión del Tribunal dado que la actora no cumple con la densidad de semanas para obtener la pensión de vejez, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

La apoderada judicial del PAR ISS indica que no es

posible entender en qué forma se dio la errada interpretación de las disposiciones denunciadas, por lo que estima que existe un grave error en la técnica del cargo que impide su contradicción. No obstante, señala que el ad quem decidió

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Radicación n.° 92210 con apoyo en preceptos legales valorados bajo las teorías del máximo órgano de cierre de la especialidad laboral, de modo que aplicó los preceptos al caso en concreto, dando como resultado la no prosperidad de las pretensiones.

VIII. CONSIDERACIONES La Sala no aprecia la deficiencia técnica aludida por la oposición en tanto que del cargo se logra entender el cuestionamiento que se hace a la intelección que hizo el Tribunal respecto del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que puede ser analizado de fondo.

Así, el juez de alzada estimó que, para alcanzar la pensión de vejez bajo los parámetros de la referida disposición, solo se podían tener en cuenta los aportes realizados exclusivamente al ISS, hoy Colpensiones, pero no los tiempos laborados al sector público, dado que existía norma específica con la que estos se podían acumular teniendo en cuenta el régimen de transición, esto es, la Ley 71 de 1988. Tal decisión la apoyó en la jurisprudencia de esta corporación. Dicha postura es controvertida por la censura, quien denuncia, en lo fundamental, la errada interpretación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, al estimar que tal norma no prohíbe la sumatoria del tiempo público laborado y que, por su lado, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sí

permite dicha sumatoria.

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Radicación n.° 92210 Según los reparos expuestos le corresponde a la Sala determinar si el colegiado se equivocó al interpretar el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, al considerar que para acceder a la pensión allí consagrada no era posible sumar los tiempos servidos en el sector público a los cotizados al ISS. Pues bien, esta Sala de la Corte en un principio sostuvo que no era posible acumular los tiempos públicos laborados no aportados al ISS con las cotizaciones efectivamente sufragadas al RPM administrado hoy por Colpensiones, a efectos de concretar la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año (CSJ SL032-2018). Por ello, el fallador de segunda instancia se apoyó en esa postura. Sin embargo, tal criterio fue rectificado en decisión CSJ SL1947-2020, en la cual se reexaminó el tema y se concluyó que sí era viable computar los tiempos públicos servidos y no cotizados al ISS con lo aportado a dicho instituto, para los efectos pensionales previstos en el citado artículo 12 del referido Acuerdo. El nuevo criterio se fundamentó en que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 habilitó la posibilidad de proteger a todas aquellas personas que, al 1 de abril de 1994, tuvieran una expectativa legítima para pensionarse conforme a un régimen anterior, aplicando de dicha normativa lo que tiene que ver con los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas

cotizadas y tasa de reemplazo, pero en lo relacionado con la

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Radicación n.° 92210 forma de computar las semanas se dijo que ello se regula por lo establecido en el literal f) del artículo 13, parágrafo 1 del artículo 33 y el parágrafo del citado artículo 36 de la Ley 100, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados cotizados con los públicos, así estos últimos no hubiesen sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social. En efecto, la Corte en la decisión referida explicó: No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas. Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin de que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador. […] Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial

para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993. De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social. En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36

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Radicación n.° 92210 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas. Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de

la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado. Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano. La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna. En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe

remitir el juez para su interpretación. En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

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Radicación n.° 92210 Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens. Por lo expresado, le asiste razón a la censura en cuanto a que la pensión de vejez gobernada por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puede consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y además con los tiempos laborados a entidades públicas. Por lo explicado, el cargo prospera.

IX. CARGO PRIMERO Acusa la decisión por violar la ley, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los artículos 22, 23 y 24 del CST; ello en concordancia con los artículos 1, 2, 9, 11 y 21 del CST, 164, 165, 174, 176, 188, 222, 240 a 243 del CGP, 51, 60 y 61 del CPTSS. Todo lo anterior en relación con el artículo 1, 4, 48 y 53 de la CP y el Acto Legislativo 1 de 2005.

Lo anterior como producto de los siguientes errores de hecho:

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Radicación n.° 92210 1) Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora no trabajó siquiera un día para el ISS patrono. 2) No dar por demostrado, estándolo, que la actora sí trabajó para el ISS