CSJ - SL1695-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1695-2023 Radicación n.° 93043 Acta 25 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por CARLOS ALBERTO VERANO NUÑEZ, contra la sentencia proferida el 11 de marzo de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que adelanta el actor contra CODENSA S. A. ESP

hoy ENEL COLOMBIA S. A. ESP.

Se reconoce personería adjetiva para actuar a la sociedad Álvarez Liévano Laserna S. A. S., como apoderada de la parte demandada Enel Colombia S. A. ESP antes Codensa S. A. ESP, en los términos y para los fines en que fue concedido.

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I. ANTECEDENTES El referido accionante llamó a juicio a Codensa S. A.

ESP para que se declare que entre las partes se ejecutó un contrato de trabajo del 7 de mayo de 2001 al 16 de julio de 2013, terminado de manera unilateral y sin justa causa por la empleadora. En consecuencia, se condene a dicha entidad a reintegrarlo al cargo que desempeñaba al momento de la desvinculación, o a otro de igual o superior jerarquía «teniendo en cuenta su fuero sindical circunstancial que tenía» en ese momento; también suplicó el pago de salarios «legales y convencionales», junto a sus respectivos incrementos.

En subsidio, pidió que se impusiera a la accionada el reconocimiento de la indemnización por despido injustificado, la indexación y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, relató que el 2 de mayo de 2001, empezó a laborar al servicio de la convocada, en el cargo de «profesional senior distribución» con un salario integral de $7.663.500. Refirió que el 28 de junio de 2013, la entidad accionada lo llamó a descargos por el «supuesto favorecimiento en el trato a la compañía Pixis Conxultoría», diligencia que se desarrolló los días 4 y 9 de julio de ese año y, el 16 de julio siguiente, lo despidió con soporte en los siguientes motivos relatados así en su demanda:

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Radicación n.° 93043 Haber validado a PIXIS, sin estar acreditado, el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de experiencia de dos años en servicios de gestión de información, inventarios especializados, manejo de volúmenes de información eléctrica, desarrollos tecnológicos enfocados al mejoramiento, innovación y nuevos desarrollos del proceso en empresas del sector". Que mi mandante tuvo en cuenta para la calificación de la experiencia de PIXIS siete contratos, cuando sólo dos contratos tenían que ver con el objeto del contrato, relacionados con el servicio de Gestión de Información, y éstos no suman los dos años de experiencia exigidos. Haber modificado el requisito mínimo de experiencia, de dos a tres años. Haber validado la "Experiencia del personal" de PIXIS, por cuanto

las hojas de vida presentadas por dicha empresa no correspondían a trabajadores suyos y, por lo mismo, PIXIS no cumplía con este requisito. Que mi mandante calificó a PIXIS con la más alta calificación en experiencia del oferente, con 23%, y experiencia del personal, con 17%. Que la evaluación financiera realizada por el equipo evaluador se extrajo de un sistema de registro de proveedores (Repro), "que no es un sistema idóneo de calificación financiera", por lo que el primer lugar de PIXIS "supone graves y notables desviaciones respecto de la calificación financiera real que hizo el área financiera". Haber desconocido las políticas de contratación de la empresa y normas éticas sobre la materia, que conllevaron a (sic) perjuicios para la compañía, pues se canceló el proceso licitatorio, perdiéndose recursos y tiempo, y se colocó en riesgo a la empresa de eventuales reclamaciones jurídicas. Afirmó que en contra de tal determinación formuló el recurso de apelación de que trata el reglamento interno de trabajo (RIT), pero el gerente de recursos humanos de la empresa lo negó. Sostuvo que para el momento del finiquito contractual, estaba afiliado a la Asociación Sindical de Ingenieros al Servicio de la Empresa de Energía – Asieb; que el RIT

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Radicación n.° 93043 estableció que la accionada debía aplicar a los servidores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, el procedimiento estatuido en esta última; que el 14 de octubre de 2011, el Ministerio de Trabajo convocó un Tribunal de

Arbitramento obligatorio para que resolviera el conflicto surgido entre dicha asociación y la empresa accionada, el cual culminó con la suscripción de la convención colectiva de trabajo, cuya vigencia inició el 1 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, motivo por el cual, en su caso, la empleadora tramitó el procedimiento disciplinario del RIT «señalado para los trabajadores excluidos de las normas convencionales», el que, a su juicio, se aplicó de manera equivocada vulnerando el debido proceso.

Explicó que: i) el «ordinal 2 del mencionado procedimiento» estableció un término de 5 días para citar a descargos tras la comisión de la supuesta falta o el conocimiento de la misma; sin embargo, en su caso, desde el 26 de abril de 2013 la empresa supo de la irregularidad que se le endilgó y solo hasta el 28 de junio siguiente se le convocó a la diligencia referida.

Señaló que ii) «el numeral 8» del mismo estatuto, previó la posibilidad de interponer recurso de apelación en asuntos como el suyo, dentro de los dos días siguientes a la notificación de la «sanción»; sin embargo, una vez formulado de manera oportuna contra la decisión de despido, no se resolvió.

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Radicación n.° 93043 Y, finalmente, iii) en el precepto «57 hoy 51» del RIT se dispuso la ineficacia de la sanción disciplinaria que se impusiera con la violación del trámite prenotado. Codensa S. A. contestó la demanda oponiéndose a las

pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la existencia, extremos, salario y forma de terminación de la relación laboral, al igual que los atinentes al conflicto colectivo de trabajo entre Asieb y la empresa; de los demás, manifestó que eran falsos unos y que no le constaban otros. En su defensa expresó que, en el trámite disciplinario adelantado contra el demandante, se observó el debido proceso en los términos del RIT. Precisó que el trabajador en la diligencia de descargos del 4 y 9 de julio de 2013, tuvo la oportunidad de aportar y controvertir pruebas y estuvo acompañado por dos integrantes del sindicato. Refirió que al actor no le era aplicable el régimen disciplinario convencional, en tanto su cargo era de dirección, confianza y manejo; de ahí que se le aplicara el RIT. En lo relativo a la apelación cuyo trámite el accionante echó de menos, afirmó que, en los términos del RIT, dicho medio de impugnación únicamente se aplicaba para sanciones disciplinarias, mas no en el caso de despidos. Al respecto, precisó que, si bien en la carta de desvinculación se le concedió la oportunidad de formular el recurso vertical, «esta posibilidad se otorgó como una garantía extralegal que

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Radicación n.° 93043 no suponía la suspensión de la decisión inicialmente adoptada», pues solo en el evento en que los argumentos del trabajador fueran aceptables, «se hubiera sustituido, pero ello no fue lo que acaeció en el caso particular del demandante».

Por otra parte, sostuvo que, conforme el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, el fuero circunstancial no surte sus efectos cuando la desvinculación del trabajador se producía por una justa causa. En ese sentido, adujo que aun cuando el convocante gozaba de dicha garantía foral para la época de los hechos, tras la demostración de la falta grave en la que aquel incurrió, se realizó su destitución con justeza. Y en lo relativo a la motivación del finiquito contractual antepuso: CODENSA S.A E.S.P. pudo evidenciar irregularidades presentadas dentro del proceso de licitación del Servicio de Gestión de Información de Activos Eléctricos, No. JCSI00277812/100555812, lo que conllevó al (sic) favorecimiento indebido a la sociedad Pixis Consultoría SAS, particularmente en lo que tuvo que ver con la validación irregular de los requisitos técnicos mínimos que se exigían para la adjudicación del contrato, razón por la cual y en garantía del derecho de defensa y debido proceso, el demandante fue citado a diligencia de descargos. Una vez adelantadas, las averiguaciones precedentes y llevada a cabo la diligencia de descargos, la Compañía encontró que el señor Verano Núñez incurrió en una falta grave a sus obligaciones laborales, por lo que su contrato de trabajo fue terminado en virtud de una justa causa a él imputable, como soporte de esta decisión, se le precisó al actor la evidencia sobre el favorecimiento que tuvo lugar frente a la sociedad Pixis Consultoría SAS dentro del proceso de licitación precitado, al encontrar que este oferente obtuvo la mejor calificación en

relación con los demás —sobre todo con MECM quien era el oferente que para la época prestaba el servicio, y el único que cumplía a cabalidad con las exigencias-, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos exigidos.

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Radicación n.° 93043 Aclaró que Verano Núñez no fue el único servidor de la compañía sancionado por las irregularidades descritas, pues a otros también los despidió con justa causa. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de octubre de 2019, resolvió: PRIMERO; DECLARAR que entre el señor CARLOS ALBERTO VERANO NÚÑEZ y lo empresa CODENSA S.A. E.S.P. existió un contrato de trabajo vigente desde el 2 de mayo de 2001 hasta el 23 de julio de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor CARLOS ALBERTO VERANO NÚÑEZ, al momento de terminación de su contrato de trabajo, esto el 23 de julio de 2013, gozaba de la garantía del fuero circunstancial.

TERCERO: DECLARAR probadas las excepciones de

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO

DEBIDO y BUENA FE.

CUARTO: ABSOLVER o CODENSA S.A. E.S.P. de todas las pretensiones incoadas en su contra por el demandante.

QUINTO: CONDENAR EN COSTAS a la demandante y en favor de la demandada. Liquídense, con la suma de $800.000 por concepto de agencias en derecho.

SEXTO: CONSÚLTESE esta decisión con el superior por ser adversa a los intereses del demandante.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación que el convocante formuló, Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 11 de marzo de 2020, decidió confirmar la del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, señaló que los problemas jurídicos, se contraían a establecer si: i) con el objeto de desvincular al accionante, el empleador debía agotar un procedimiento disciplinario previo y ii) si estaba demostrada la justa causa de despido. En aras responder la primera cuestión, recordó que esta Sala tiene adoctrinado que el despido no era una sanción disciplinaria que requiriera de un procedimiento determinado, salvo que así se impusiera en el contrato de trabajo, la CCT, el RIT o el pacto colectivo; que, no obstante, dentro de expediente no figuraba ningún instrumento, en especial, el RIT, que obligara al agotamiento de un trámite anterior a la desvinculación del trabajador. Precisó que en el RIT obrante en el plenario se estatuyó un procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias (f.° 368); pero «de su lectura no se logra extraer que la terminación contratos laborales se le dé la categoría de

una sanción disciplinaria» y, que, en consecuencia, no era necesario que «el trámite fuera impulsado por un empleado con la categoría de jefe», ni se requería que el servidor estuviera acompañado de «abogado y testigos»; de ahí que

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Radicación n.° 93043 tampoco fuera posible atribuir a la accionada la omisión alegada en el escrito introductorio. En lo relativo a la justeza del despido, memoró que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, estatuía que los trabajadores que presentaran pliego de peticiones solo podían despedirse con una justa causa comprobada y, además, precisó que no era materia de discusión que, al momento de la extinción del vínculo jurídico entre las partes, el actor gozaba de fuero circunstancial. En tal dirección, dijo que, a la luz de la jurisprudencia de esta corporación, al trabajador en el juicio le corresponde acreditar el hecho del despido, mientras que, al empleador, la demostración de su justeza. Refirió que el demandante asumió la carga que le correspondía a través de la carta de culminación del vínculo laboral (f.° 14 al 23). De tal documento, coligió que la motivación de la demandada para adoptar tal determinación tuvo su génesis en «una serie de irregularidades dentro del proceso licitatorio del servicio de gestión de información de activos eléctricos YAE n.° JCS 100277812/100555812» con la sociedad Pixis. Al respecto, subrayó que el a quo advirtió «la causal

relacionada» relativa a que la última empresa en comento no acreditó el «requisito mínimo de experiencia de dos años de gestión de información, inventarios especializados, manejo de volúmenes de información eléctrica, desarrollos tecnológicos

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Radicación n.° 93043 enfocados al mejoramiento, innovación y nuevos desarrollos del proceso en empresas del sector», temática que fue objeto de controversia y, al contrario, «se hizo alusión a ello en similares términos en el interrogatorio de parte». En tal contexto, analizó los restantes elementos de prueba bajo la aclaración de que el convocante tenía que demostrar que Pixis sí acreditó los requisitos exigidos, toda vez que «estamos frente a una negación indefinida, siendo entonces deber de la actora, demostrar la existencia de la experiencia requerida». Así, indicó que en el expediente figuraba la auditoría del proceso de licitación comentado, […] señalándose a folio 329 que no existe certificación que avale los trabajos previos indicados por Pixis Consultoría S. A. S. con EPM así como por Key Points. Que así no acredita la experiencia requerida, inclusive menos de un año; que, pese a ello, es una de las empresas mejor calificadas y que existen contrataciones de 2010 que no guardan relación con la tipología de los servicios que se estaban solicitando. En ese sentido, se refirió al «documento de experiencia» de folio 225 y de él advirtió que el demandante evaluó los siguientes contratos: 7500030025, 7500030336, 7500030335, 7500032710, 7500033287, 7500007357 «y el

de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, aclarándose que con Key Points S. A. S., no se tuvo en cuenta esta experiencia» porque el servicio no correspondía a «gestión de información eléctrica», como tampoco «los contratos con la Empresa Energía de Cundinamarca y Condensa frente al

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Radicación n.° 93043 soporte de sistemas Súmate y Gis Comercial, por estar en ejecución». Tras ello, el colegiado señaló: Así, la Sala procede a verificar los demás contratos, encontrando que no obra documental en el plenario que dé cuenta de la experiencia de Pixis Consultoría S. A. S con la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, con excepción de la documental obrante a folio 272, donde se dice que se iniciará el 1 de diciembre de 2012 por un periodo de 3 años, sin que se tenga certeza (de) que el mismo se ejecutó, y el objeto de tal contratación, pues no se hizo alusión a ella, en tal misiva. Del mismo modo, se hace alusión en el informe del Auditor referenciado que los tiempos de 2010, no guardan relación con la tipología de los servicios que se están requiriendo para lo cual tenemos los siguientes con Codensa (fls. 241 y 242): - 7500030025, 7500030336, y 7500030335, servicio de desarrollo de software y otras aplicaciones informáticas - 7500032710, servicio de instalación y mantenimiento de redes informáticas - 7500033287, servicios de servicios informáticos - 5800007357, servicio de soporte técnico a los aplicativos de

autodespacho y autodespacho móvil. Refirió que de acuerdo con esos elementos probatorios, se constataban 838 días, pero «no se observa con claridad que tales objetos [estuvieran] referidos de forma directa a los servicios que se iban a ejecutar en el contrato de Servicios de Gestión de Información de Activos Eléctricos GIAE», como lo eran la «gestión de información, inventarios especializados, manejo de volúmenes de información eléctrica, desarrollos tecnológicos enfocados al mejoramiento, innovación y nuevos desarrollos del proceso en empresas del sector». Al respecto puntualizó que ello obedecía a la ausencia de pruebas que permitieran colegir tal situación y, además, explicó:

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Radicación n.° 93043 […] se avizora que hacen referencia a servicios informáticos y a servicios técnicos de aplicativos de autodespacho y autodespacho móvil, y el contrato con la Empresa Eléctrica de Cundinamarca, tiene un énfasis, en activos electrónicos y labores afines, donde sí carece esta corporación de los conocimientos técnicos para indicar una situación contraria como lo pretende el recurrente. Encontró que la testigo Irma Milena Alfonso Moreno, compañera del actor y quien fue despedida por los mismos motivos que él, carecía de credibilidad, en tanto incurrió en contradicciones, como lo fue: […] cuando [se le preguntó] por el Juzgado si había asistido a alguna de las diligencias de descargos, dijo que sí, a alguna de las dos, aduciendo inclusive, que el mismo trato que recibió en sus descargos, pues había sido el que había observado y

posteriormente, cuando le fue preguntado por el apoderado de la parte actora, dijo que no, y que estaba confundida porque no sabía si había estado el actor en la suya, o ella en la de él. En cuanto a la declarante Janeth Velasco Zambrano, refirió que no le constaban los hechos de manera directa, en tanto ella así lo sostuvo. Concluyó que el fallo de primera instancia debía confirmarse, pues «el acervo probatorio [era] insuficiente para establecer que se cumplieron con los requisitos de experiencia por parte del oferente, Pixis Consultoría S. A. S.» en el marco del «proceso licitatorio adelantando por el demandante y el Equipo de Evaluación Técnica».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case la sentencia del ad quem, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por la demandada y que serán resueltos en ese orden.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 62 del CST, en relación con los cánones 29 y 53 de la CP, 55, 56, 58, 59, 62, literal a) numeral 6, 64, 104,

107, 108, 109, 115 del CST; 7 y 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965; y los preceptos 1618, 1622, 1741, 1742, y 1746 del CC. Expresa que dicha vulneración se produjo por los siguientes errores evidentes de hecho en que el Tribunal incurrió:

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Radicación n.° 93043 a) No dar por demostrado, estándolo, que las partes entendieron sin hesitación alguna que los artículos 47, 49 y 50 del Reglamento Interno de Trabajo consagran un procedimiento previo a la aplicación de sanciones disciplinarias por faltas graves, que pueden dar lugar, como en el presente caso, a la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa. b) Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa demandada no se encontraba obligada a seguir el procedimiento disciplinario para trabajadores excluidos de la convención colectiva de trabajo, establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, cuando en no menos de cuatro (4) ocasiones Codensa adelantó acciones que demuestran un entendimiento diferente al que adoptó el ad quem acerca de la aplicación de esa normatividad interna. c) No dar por demostrado, estándolo, que en el Reglamento Interno de Trabajo se califica como falta grave el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias y que fue ese, precisamente, el motivo que invocó la empresa para dar por terminado el contrato de trabajo. d) No tener por demostrado, estándolo, que en la carta de terminación del contrato de trabajo de fecha 16 de julio de 2013,

se indica que la decisión de la empleadora se adoptó “por el incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Interno de Trabajo”, que relacionó con los numerales 2, 4 y 6 del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo y que era incuestionable que el procedimiento disciplinario adelantado, no se adelantó por mera liberalidad, sino porque este estatuto interno así lo dispone. e) No dar por demostrado, estándolo, que la comunicación dirigida por la empresa a mi mandante, de citación a una diligencia de descargos para el 4 de julio de 2013, se relaciona con un “presunto favorecimiento en el trato a la compañía PIXIS CONSULTORÍA S.A.S” en el proceso de licitación del Servicio de Gestión de Información de Activos Eléctricos, y se indica que la imputación de cargos se adelantaría conforme al procedimiento establecido para el examen de las faltas consideradas como graves según el artículo 55 del Reglamento Interno de Trabajo (que corresponde al artículo 50, según obra en el expediente) (negrilla es de la Sala). f) No dar por demostrado, estándolo, que en la misma comunicación, se indicó al demandante que podría “ser asistido por dos compañeros de trabajo”, manifestación que deja ver a las claras, que la empleadora hizo esa manifestación bajo el entendimiento que el procedimiento disciplinario que adelantaría contra el accionante se encontraba contemplado en el 47 y 49 del Reglamento Interno de Trabajo y, por tanto, que se encontraba obligada a observar las reglas allí contempladas.

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Radicación n.° 93043 g) Dar por no demostrando, estándolo, que la empresa entendió que el procedimiento disciplinario adelantado contra el demandante debía garantizar “el derecho de defensa y contradicción que le asiste a todo trabajador en materia disciplinaria”, establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. h) No dar por demostrado, estándolo, que el procedimiento disciplinario se adelantó en dos audiencias, una, el cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) y otra, el doce (12) del mismo mes y año, las cuales se programaron y llevaron a cabo en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 50 de la ordenación de carácter interno en la empresa. i) Dar por no demostrado, estándolo, que en la parte final de la carta de terminación del contrato de trabajo, la empleadora indica que esa decisión podría ser apelada por el trabajador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la misma según el régimen que le aplica, esto es, el contemplado en el artículo 50 del Reglamento Interno de Trabajo y, en particular, su numeral 8º que así lo dispone. j) No dar por demostrado, estándolo, que el accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Gerente de Recursos Humanos de su despido, pues en la comunicación del literal anterior se señaló que podría hacer uso de ese instrumento para su revisión. k) No dar por demostrado, estándolo, que en la comunicación del 2 de agosto de 2013, que ratifica la decisión tomada de finalizar

la relación laboral, el Gerente General de Codensa invoca el Reglamento Interno de Trabajo para dar respuesta al recurso de apelación presentado por el trabajador, señala que la empresa cumplió con “la totalidad de las disposiciones legales y reglamentarias que garantizan el respeto…” a los derechos de debido proceso y defensa (“se dio observancia estricta del régimen disciplinario que le aplica, esto es el señalado en el reglamento Interno de Trabajo de la Compañía”), esto es, que siempre entendió que, previamente al despido, debía observar el procedimiento establecido en esa normativa interna. l) No dar por demostrado, estándolo, que el despido de mi mandante se produjo sin haber resuelto el recurso de apelación que instauró contra esa decisión, a pesar de que en el Reglamento Interno de Trabajo se dispone que la impugnación debe concederse en el efecto suspensivo, pues no otro es el entendimiento del numeral 8 del artículo 50 en el sentido que “la apelación suspenderá la sanción hasta que el gerente decida”. La fecha de retiro se acredita con base en la liquidación final de prestaciones sociales en la que consta que el contrato de trabajo estuvo en vigencia hasta 16 de julio de 2013, fecha en que se adoptó la decisión de primera instancia.

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Radicación n.° 93043 m) No dar por demostrado, estándolo, que el funcionario de la empresa que adelantó la investigación contra el accionante no tenía el carácter de superior del accionante, pues quien firma las actas de las diligencias de descargos y su ampliación, se

identificó como profesional de la División de Relaciones Laborales, cuando el Reglamento Interno de Trabajo establece que el trámite disciplinario debe adelantarse con el Jefe inmediato del trabajador y que en este documento se define el orden jerárquico de acuerdo con la estructura orgánica de la empresa, circunstancia que muestra sin equívoco que la persona que adelantó esa investigación, no tenía ese carácter. Acusa como pruebas valoradas con error las siguientes: a) El RIT (f.°. 165 a 210 cuad. ppal, tomo II). Frente a este instrumento, sostiene que prevé un procedimiento para sancionar las faltas graves, «entre ellas, la violación grave de las obligaciones legales y reglamentarias, “suficientes para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral”», en particular, para los «trabajadores excluidos de normas convencionales»; dice que dicho trámite se aplica de manera indistinta tanto para sanciones disciplinarias como para despidos, en especial, las cláusulas 49, 50 y 51; de ahí que, la empleadora debió cumplirlo antes de desvincularlo, pero que, no obstante, el ad quem en su decisión le otorgó a dichas normas un efecto contrario. b) Carta de terminación del contrato de trabajo de fecha 16 de julio de 2013 (f.° 14 a 23 cuad. ppal. Tomo I). En relación con este elemento, la censura manifiesta en él la empleadora invocó «los literales d) y m) del artículo 55 del RIT que, en realidad, corresponden al artículo 49» (negrilla es de la Sala), de donde se deduce «sin mayor

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Radicación n.° 93043 esfuerzo probatorio que siempre entendió que se encontraba vinculada al cumplimiento del estatuto interno». c) El informe de Auditoría - Caso 670 - Revisión del proceso de licitación JCS1002778812/100555812 y, que, según el demandante, evidencia que la empresa no observó en el proceso disciplinario que se le adelantó, el término de que trata el precepto 50 del RIT, dado que transcurrieron más de cinco días desde que tuvo conocimiento de la falta hasta la citación para rendir descargos. También enlista como medios de prueba dejados de apreciar: la comunicación del veintiocho 28 de junio de 2013, relativa a la convocatoria a descargos para el día 4 de julio de 2013; la audiencia en que los rindió y su ampliación del día 9 de julio; el recurso apelación que formuló el 18 de ese mes y año contra la decisión de despido; las comunicaciones del 31 de julio y 2 de agosto de 2013; la «certificación de la Jefe de División Administración RH de la empresa, del veinte veintidós (22) de noviembre de 2018» y, la liquidación definitiva de prestaciones sociales. En la demostración, sostiene que no discute la premisa del Tribunal según la cual el despido no se asimila a una sanción disciplinaria y, que, por lo tanto, tampoco se sujeta a un trámite previo, salvo que se contractualmente se establezca lo contrario. Tras ello, se vale de la sentencia CSJ SL3655-2016 para

sostener que, en este caso, la demandada sí debía adelantar

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Radicación n.° 93043 con rigor el trámite señalado en el artículo «55 del Reglamento Interno de Trabajo (que corresponde al artículo 50, según obra en el expediente)» (Negrilla es de la Sala), pues se trató de «un despido sancionatorio». De igual modo manifiesta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en las sentencias CC T-546-2000 y CC SU-449-2020 ha distinguido entre la facultad patronal prevista en el artículo 64 del CST al «juicio de reproche» por la comisión de una falta grave que desemboca en el despido, escenario donde debe observarse el procedimiento que echa de menos. En ese contexto expresa que el artículo 49 del RIT estatuyó un trámite «en los eventos en que CODENSA S.A. ESP decida imponer como sanción la terminación unilateral del contrato de trabajo, cuando el trabajador incurre en una falta grave» y, en el precepto 50 plasmó el procedimiento que debe realizarse antes de desvincular a cualquier trabajador no cobijado por normas convencionales. Enseguida manifiesta que el mismo entendimiento tuvo la demandada de dichos preceptos, pues precisamente lo convocó a descargos con soporte en el artículo 55 del RIT, «que corresponde al 49 de la codificación» (Negrilla es de la Sala), referente a las faltas graves que pueden dar lugar a la terminación del contrato de trabajo. Sostiene que, en suma, la demandada debió seguir el procedimiento previsto en el mencionado artículo 50 del RIT,

en especial, llamarlo a descargos en los cinco días siguientes

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Radicación n.° 93043 al que tuvo conocimiento de la supuesta falta, atender dicha diligencia a través de su superior inmediato y, conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación que formuló contra