CSJ - SL1704-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1704-2023 Radicación n.° 96967 Acta 25 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LIBARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y MAGNOLIA ESPINOSA MARÍN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 27 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauraron contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A.

(PROTECCIÓN S. A.).

I. ANTECEDENTES Libardo Álvarez Hernández y Magnolia Espinosa Marín demandaron a Protección S. A., con el fin de que se declare que tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo Santiago

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Radicación n.° 96967 Álvarez Espinosa, a partir del 16 de enero de 2020 y, en consecuencia, se le condene al pago del retroactivo pensional, con los intereses de mora y en subsidio de estos la indexación, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas procesales. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que su descendiente quien falleció en la fecha ya referida en el municipio de Medellín, estaba afiliado a Protección S. A., AFP sociedad a la que durante los tres años anteriores al deceso había aportado 108,86 semanas; que el causante no tuvo

esposa, ni compañera permanente, ni procreó hijos y siempre convivió con ellos; que dependieron económicamente de los ingresos de él, tanto «para arrendamiento de vivienda, canasta familiar, servicios públicos, transporte, medicina, vivienda, vestuario y todo lo necesario para el congruo sostenimiento de ambos». Manifestaron que el 27 de enero de 2020 solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero la pasiva se las negó el 4 de junio del mismo año, argumentando que al no haber demostrado que dependieran económicamente del afiliado fallecido, y que en consecuencia «le otorgaron la devolución de saldos». Precisaron que la demandante no laboraba, ni percibía pensión, ni tenía bienes o rentas y tampoco ejercía actividad económica alguna; que Libardo Álvarez Hernández por su parte era pensionado por vejez por Colpensiones, pero tan solo devengaba una mesada de salario mínimo; y que antes

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Radicación n.° 96967 del deceso de su hijo tenía descuentos de nómina por $333.927 por créditos y salud, razón por la que mensualmente tan solo percibía la suma de $667.306. Al dar respuesta a la demanda (f.º 157), Protección S. A. se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió la afiliación del causante a esa entidad administradora de pensiones; que la densidad de cotizaciones señalada en la demanda inicial correspondía a lo aportado durante toda la vida laboral del afiliado; que los accionantes solicitaron el reconocimiento y pago de la

prestación y su negativa porque no habían acreditado la dependencia económica, por lo que se les otorgó la devolución de saldos; y que el demandante era pensionado de Colpensiones. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa señaló que no había lugar al reconocimiento y pago de la prestación pues como los accionantes lo reconocían, eran económicamente autosuficientes porque el actor estaba pensionado desde mucho antes del fallecimiento de su hijo quien se encontraba desempleado varios meses antes del deceso; y que para ser beneficiario se requería que el dependiente derivara su subsistencia de los ingresos del subordinante. Al efecto propuso como excepciones de mérito las de prescripción, compensación, «falta de estructuración fáctica en la cual se basa la parte demandante para hacer viable la pretensión principal», ausencia de los requisitos exigidos por

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Radicación n.° 96967 el legislador para la configuración de la pensión de sobrevivientes y/o inexistencia de la causa jurídica que de origen a la exigencia del reconocimiento de la prestación solicitada por falta de dependencia económica, inexistencia de la obligación, exoneración de condena en costas y de intereses de demora, buena fe, falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva y/o falta de personería sustantiva por pasiva, inexistencia de la fuente de la obligación y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 28 de Julio de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito denominadas «ausencia de los requisitos exigidos por el legislador para la configuración de la pensión de sobrevivientes y/o inexistencia de la causa jurídica que de origen a la exigencia del reconocimiento de la prestación solicitada por falta de dependencia económica e inexistencia de la obligación»¸ formuladas en su defensa por PROTECCIÓN S. A., teniendo en cuenta las consideraciones que quedaron plasmadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÒN S. A. de la totalidad de las pretensiones de la demanda instaurada en su contra por los señores LIBARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y MAGNOLIA ESPINOSA MARÍN, por los razonamientos expuestos en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales a los demandantes a favor de la demandada en cuantía del 100%.

CUARTO: CONSULTAR la presente providencia ante la sala laboral del tribunal superior de este distrito judicial a favor de la parte demandante en el evento de que no se apele esta decisión.

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Radicación n.° 96967

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante providencia del 27 de septiembre de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, decidió confirmar la sentencia del Juzgado y condenar en costas a los

recurrentes. Después de aludir al principio de consonancia previsto en el artículo 66A del CPTSS, acotó que procedería a «desatar la alzada únicamente en lo que atañe a los reparos planteados por la parte apelante». Indicó que estaban fuera de debate los siguientes supuestos fácticos: i) Santiago Álvarez era hijo de los accionantes, según registro civil de nacimiento (f.º 69), quien falleció el 16 de enero de 2020; ii) el causante cotizó 108 semanas a Protección S. A. en los tres años anteriores al deceso; iii) los actores solicitaron la pensión de sobrevivientes el 27 de enero de 2020 y iv) el 4 de junio de la misma anualidad la AFP negó la prestación argumentando que no acreditaron la dependencia económica. Acto seguido consideró que las normas aplicables para dirimir la controversia eran los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificado este último por el canon 13 de la Ley 797 de 2003; y que el literal d) del mencionado artículo 74, establecía que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, eran «beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este».

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Radicación n.° 96967 Afirmó que según la jurisprudencia de esta Corte, incluso antes de que se expidiera la sentencia CC C1112006, en la que se declaró inexequible la expresión «de forma total y absoluta», se consideró que no era posible exigir a los

progenitores un estado de pobreza absoluta o indigencia, pues así tuvieran un ingreso o patrimonio propio, si no resultaban autosuficientes y dependían de la ayuda económica del hijo, podían acceder a la pensión de sobrevivientes (CSJ SL2800-2014, CSJ SL6558-2017, CSJ

SL1310-2019, CSJ SL650-2020, CSJ SL5173-2021 y CSJ

SL2117-2022 y CSJ SL2851-2022).

Expuso que, para el caso de los padres, una vez fallecido el hijo, fenece la contribución pecuniaria que éste les hacía, quienes por este motivo veían afectado su sostenimiento y calidad de vida, «sin que se pueda llegar al extremo de exigírseles encontrarse en un estado completo de desahucio o mendicidad», pues podían contar con recursos propios, «no obstante, los mismos no les permiten una autosuficiencia»

(CSJ SL2117-2022).

Agregó que en la providencia CSJ SL14359-2016, se indicaba que no cualquier ayuda por parte del hijo convertía a los padres en independientes, sino que debían aplicarse criterios que permitieran distinguir entre la simple colaboración propia de la solidaridad familiar y la dependencia real, orientada a que «los ingresos que el hijo daba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de subsistencia».

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Radicación n.° 96967 Discernió que les correspondía a los solicitantes demostrar que el aporte proveniente del causante era significativo y proporcionalmente representativo en relación

con los otros ingresos percibidos por ellos, para lo que se remitió a las sentencias CSJ SL1479-2019, CSJ SL149232014, de las cuales transcribió los siguientes apartes: De lo dicho se sigue que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia. Así mismo, aludió a la decisión CSJ SL650-2020, respecto de la cual recordó los elementos estructurales de la dependencia económica, a saber: «i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una

relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo». A su vez, entorno al carácter representativo del aporte del causante, resaltó que «no significa que es cualquier

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Radicación n.° 96967 estipendio», ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la prestación, sino aquel que tiene la connotación de relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia (CSJ SL185172017). A continuación, incursionó en el estudio de las pruebas documentales y los testimonios, advirtiendo de entrada que compartía la valoración efectuada por el a quo y, en consecuencia, confirmaría la decisión apelada. Respecto de la testimonial de Luis Fernando González Montes dijo: […] refirió que es cuñado del demandante; que conoce a los accionantes hace 35 años y sabe que procrearon tres hijos, de los cuales uno es policía, la hija hace artes manuales y Santiago estudió periodismo en la Universidad de Manizales; que el causante se hizo cargo de los gastos del hogar cuando empezó a trabajar y “no cree” que los hijos de los accionantes les ayuden porque Juan David es policía y trabaja en La Guajira, pero los hijos y la esposa viven en Medellín, entonces le queda muy difícil y Viviana gana muy poquito; que sabe de esos hechos porque han sido muy familiares y comparten mucho; que él les ha colaborado

cuando han necesitado algo; que Santiago se costeó la carrera y murió en Medellín pero el entierro fue en Manizales; que Libardo estuvo en Estados Unidos uno o dos años; que el causante era soltero y no tuvo hijos; que los gastos del hogar los costeaba Santiago y al momento del deceso vivía con sus padres; que antes del fallecimiento ninguno de los hermanos colaboraba; que en Medellín pagaban arriendo y cree que era de $900.000. En cuanto a la declaración de Flor Celmery Martínez refirió: […] que conoce a los demandantes desde hace 35 años porque

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Radicación n.° 96967 vivían en el mismo barrio y fueron vecinos durante 25 años; que habla mucho con los accionantes porque ella -la testigose fue a vivir a Medellín y la demandante iba a visitarla y se quedaba allá 2 o 3 días; que Santiago era la persona que se encargaba de los gastos del hogar y lo sabe porque desde que vivían en Manizales siempre fue el que se hizo cargo de los papás; que cuando el causante se fue para Medellín era la “mano derecha” para pagar arriendo, facturas y mercado y se enteró de eso porque compartía mucho con los accionantes en Manizales y en Medellín y Santiago les pasaba plata para pagar facturas; que el causante estudió periodismo en la Universidad de Manizales y realizó un préstamo en el ICETEX para costearse y mientras estudió, pasaban como podían con la pensión de Libardo porque no podía trabajar por estar estudiando; que para el momento del deceso Santiago

estaba desempleado hacía 2 meses y el día en que lo asesinaron tenía una entrevista de trabajo; que el entierro fue en Manizales, pero no estuvo presente y los gastos los asumió el papá porque lo tenía afiliado a funerales; que cuando murió Santiago los actores se fueron a vivir mientras tanto con el hijo policía y ella les prestó dinero para que se devolvieran para Manizales porque ya no se podían sostener en Medellín; que en Manizales están prácticamente de arrimados donde la hija y viven con lo poco que queda de la pensión del demandante; que Viviana es ama de casa y trabaja haciendo manualidades y Juan David es policía y vive en Medellín con la esposa y las hijas y no le colabora a los papás porque no le alcanza. Luego adujo que escuchados los testimonios y examinadas las demás pruebas obrantes en el proceso, concluía que, aunque eran coincidentes en señalar que el causante velaba por la subsistencia de sus progenitores, lo cierto era que «ninguno presenció directamente tal situación», pues teniendo en cuenta lo que refirieron en sus declaraciones y en el informe de investigación: Libardo Álvarez y Magnolia Espinosa se fueron a vivir a Medellín con su hijo, por lo que resulta físicamente imposible que a Luis Fernando González le constara la ayuda que dice que Santiago le suministraba a sus padres; en cuanto Flor Celmery, aunque vive en esta ciudad, no dio cuenta de la razón de sus dichos y se limitó a señalar que tenía conocimiento porque eran muy cercanos. Expuso que no podía pasar por alto las evidentes

contradicciones en las que incurrieron tanto los

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Radicación n.° 96967 demandantes como los testigos, pues mientras Magnolia Espinosa y Flor Celmery Martínez señalaron que el causante realizó un crédito para pagar sus estudios profesionales, Libardo Álvarez afirmó que fue él quien sufragó la carrera de su hijo «con mucho sudor» y que por eso estaba tan afectado. Agregó que en la alzada se pretendió restarle mérito a lo dicho por el accionante, afirmando que padecía problemas psiquiátricos; pero no había prueba de ello; que Luis Fernando González señaló que el hijo mayor de la pareja no les ayudaba porque vivía en La Guajira y la esposa y las hijas lo hacían en Medellín, mientras que Flor Celmery Martínez aseveró que este vivía en Medellín y que después del deceso del causante, Libardo y Magnolia se fueron a residir con él mientras se devolvían para Manizales, pero que no les ayudaba porque le quedaba muy difícil. Aseveró que en la reclamación de reconocimiento de la prestación (f.os 78-83 del PDF “02PoderDemandayAnexos), los actores señalaron que «el aporte económico que daba el afiliado fallecido era de $650.000 y que ese dinero se utilizaba para arriendo y servicios, pero en el formato de investigación de dependencia económica cambiaron el monto e indicaron que el aporte era de $1.680.000». Afirmó el sentenciador que le llamaba la atención el hecho de que los testigos y los propios promotores de la controversia hubieran referido que Juan David Álvarez no les

colaboraba y que era Santiago quien velaba exclusivamente por ellos; no obstante, en el informe de investigación se

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Radicación n.° 96967 evidenciaba que los demandantes manifestaron que residían con el causante en la carrera 36A con calle 45 y «véase que al plenario se aportó un recibo de pago de un canon de arrendamiento de un apartamento ubicado en la carrera 36A #45-28, obrante a folio 124 del PDF “02PoderDemandayAnexos”, en el que se evidencia un pago por valor de $900.000 y que el cliente es precisamente Juan David Álvarez». Discurrió que el artículo 167 del CGP establecía la obligatoriedad que tienen las partes de probar los supuestos de hecho en los que basan sus pretensiones, así como el efecto jurídico que se persigue, de tal suerte que cada litigante debía propugnar por arrimar los elementos probatorios, a fin de conseguir el resultado que se deseaba

(CSJ SL4050-2019).

Adujo que los accionantes no habían cumplido con la carga de la prueba pues: […] no demostraron que la ayuda que les brindó el causante hubiera sido regular y que los gastos de los demandantes fueran superiores a sus ingresos y por tal motivo tuvieran una relación de subordinación económica respecto del afiliado, así como tampoco que la colaboración fuese significativa o proporcionalmente representativa. Afirmó el juez colectivo que no estaba acreditado cuánto dinero necesitaban los presuntos beneficiarios de la pensión para proveerse su propio sustento, esto es, para cubrir los gastos básicos de vivienda, alimentación, vestido, etc.; que

los testigos, se limitaron a asegurar que el aporte que hacía Santiago Álvarez era necesario porque sus hermanos no

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Radicación n.° 96967 colaboraban, así como que la pensión de Libardo no alcanzaba para su subsistencia, pero que en «ningún momento indicaron a cuánto ascendían los egresos del hogar», información imprescindible a efectos de determinar si son o no autosuficientes y de contera, si el aporte del de cujus era «determinante» para su diario vivir. Adicionalmente, destacó que el padre demandante, en el interrogatorio de parte dijo que, como su hijo tenía tantos gastos, «decidieron viajar a la ciudad de Medellín con el fin de “colaborarle” para su sostenimiento, lo cual da cuenta de que no dependían económicamente del afiliado fallecido, sino que entre los padres y el hijo había una colaboración mutua propia de un hogar». Por lo expuesto confirmaba la sentencia apelada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal

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Radicación n.° 96967 primera de casación, frente a los que se presenta réplica. Las

acusaciones se resolverán de manera conjunta, por cuanto, a pesar de estar orientada por sendas diferentes, se acusan similares disposiciones, la argumentación se complementa, se imputan yerros fácticos y jurídicos sobre un mismo tema (calidad de beneficiaria por devolución de saldos) y se persigue el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa por vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los cánones 12, 13, 25, 50, 78, 142 de la Ley 100 de 1993; 15 de la Ley 776 de 2002; 18, 19, 20 y 21 del CST; y 40, 42, 48 y 53 de la Constitución Política.

Afirma que se incurrió en los siguientes errores de hecho: 1, No dar por demostrado, estándolo, que los señores LIBARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ Y MAGNOLIA ESPINOSA MARÍN dependían económicamente de su hijo SANTIAGO ÁLVAREZ

ESPINOSA (Q. E. P. D.).

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes no demostraron que la ayuda que les brindó el causante era regular y que los gastos de los demandantes eran superiores a sus ingresos y que, por tal motivo, no tuvieron una relación de subordinación económica respecto del afiliado.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la ADMINISTRADORA DE FONDOS DEPENSIONES Y CESANTÍASPROTECCIÓN S.A, reconoció a la señora MAGNOLIA ESPINOSA

MARÍN la calidad de beneficiaria de su hijo fallecido al reconocerle la devolución de saldos.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que los ingresos propios de los demandantes eran insuficientes para su manutención.

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5. Dar por acreditado. en contra de lo que acreditan las pruebas del proceso que los demandantes no dependían económicamente de su hijo, el afiliado a PROTECCIÓN S.A.,

SANTIAGO ÁLVAREZ ESPINOSA (Q. E. P. D.).

6. No dar por demostrado. estándolo, que la demandada exigió prácticamente una dependencia total y absoluta de los actores respecto del afiliado para reconocer la pensión de sobrevivientes. 7, Dar por demostrado, sin estarlo, que la negativa de la demandada al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes estuvo debidamente fundada.

Acusa los siguientes medios de convicción y piezas procesales como valorados erróneamente: • La demanda y su contestación (fls. 4-14 y 157-179); • La solicitud formulada a Protección S.A, por los accionantes (fis. 79-89 y 212-215); • Los interrogatorios de parte rendidos por ambos demandantes y los testimonios de Luis Fernando González Montes, Flor Celmery Martínez Taborda rendidos en la audiencia pública virtual del 28 de julio de 2022. Así mismo, como pruebas dejadas de apreciar enlista las declaraciones extrajuicio rendidas por los demandantes ante la Notaría Segunda de Manizales (f.os 121-124); las

«entrevistas» de Libardo Álvarez Hernández y Magnolia Espinosa Marín recopiladas en la investigación realizada por la firma Decrim Lawyers Group SAS (f.º 90); y el «reconocimiento» a la señora Magnolia Espinosa Marín de la devolución de saldos (f.º 203). Después de afirmar que no discute los supuestos fácticos relacionados con las semanas cotizadas por el causante y el parentesco de los demandantes, dice que «los sentenciadores de ambas instancias valoraron erróneamente las dos piezas angulares del proceso», esto es, la demanda y

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Radicación n.° 96967 su contestación, por cuanto en el hecho noveno se indicó que Protección S. A. negó el reconocimiento de la pensión con el argumento de que «no se logró constatar que los señores Libardo Álvarez Hernández y Magnolia Espinosa Marín dependían económicamente del causante, ya que fue posible comprobar que sin el aparte (sic) del afiliado y en consecuencia le otorgaron la devolución de saldos» (negrillas del texto), y que frente a lo anterior la demandada replicó que era cierto. Que, si se armonizan esas piezas procesales con el documento que reposa a folio 203, mediante el cual la AFP le otorgó a la señora Magnolia Espinosa Marín la devolución de saldos, es indudable «que en dichas piezas procesales se admitió expresamente, al menos, la condición de beneficiaria a la madre del causante», pues no de otra forma se explica por qué le hicieron la entrega de dichos dineros, conforme al

artículo 78 de la Ley 100 de 1993. Dicen que no se podía negar el reconocimiento de la pensión, olvidando que el solo hecho de haberle restituido los dineros de la cuenta de ahorro individual le otorgaba el estatus de beneficiaria, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, en la que de manera pacífica ha sostenido que «cuando se acepta que la persona es beneficiaria de la devolución de saldos también lo es de la pensión de sobrevivientes y viceversa». Afirman que las decisiones de esta Sala han dicho que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres; y al demandado, el deber de

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Radicación n.° 96967 desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia financiera de los demandantes para solventar sus necesidades básicas (CSJ SL6390-2015); y que «contrario a lo inferido por los jueces de instancia» en este asunto, «fue atendida, al menos, por la madre del afiliado fallecido, quien acreditó la dependencia económica con el documento mediante el cual el fondo privado le realizó la devolución de saldos». Acto seguido cita apartes de la sentencia CSJ SL, 4 dic. 2007, rad. 30385, en la que se afirmó que la dependencia no tiene que ser total y absoluta. De otro lado, con relación al derecho pensional de Libardo Álvarez Hernández, indican: […] denuncia como valorados en forma errónea la solicitud formulada Protección S.A. por los accionantes, los interrogatorios

de parte de los demandantes y los testimonios de Luis Fernando González Montes, Flor Celmery Martínez Taborda recaudados en la audiencia pública virtual del 28 de julio de 2022, y; como dejadas de apreciar las declaraciones extrajuicio rendidas por los demandantes ante la Notaria Segunda de Manizales el 30 de enero de 2020 (fis. 121 a 124) y las entrevistas rendidas por señores LIBARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ Y MAGNOLIA ESPINOSA MARÍN durante la investigación realizada por la Firma

DECRIM LAWYERS GROUP.

En relación con la investigación realizada por Decrim Lawyers Group SAS señala que esta corporación tiene definido que los informes que recogen las indagaciones realizadas por las administradoras de pensiones se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que estén suscritos por los demandantes, «como ocurre en el caso examine» (SL18980-2017, SL1449B2017, CSJ SL165-2018 y CSJ SL5477-2019).

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Radicación n.° 96967 Afirma que en la averiguación aparecen las entrevistas de Lisardo Álvarez Hernández y Magnolia Espinosa Marín, las cuales «apuntan en el mismo sentido», de las declaraciones extrajuicio rendidas por los demandantes, documentos en los cuales ambos dijeron haber dependido económicamente de su fallecido hijo, aserción que fue ratificada en desarrollo de los interrogatorios de parte que absolvieron, «la cual es corroborada en gran medida por testimonios» de Luis Fernando González Montes y Flor Celmery Martínez Taborda,

probanzas que los «sentenciadores de instancia» apreciaron erróneamente al desconocerles la dependencia económica. Exponen que los «sentenciadores de instancia» se equivocaron al considerar que no existía dependencia económica porque el causante estaba desempleado para el momento del deceso; que el juzgador de primer grado se cuestionó acerca de que, si el «afiliado no se encontraba laborando hacia 2 meses y medio, cómo aportó a sus padres durante este tiempo (fls 217 y 228 del cuaderno de primera instancia», olvidando que había recibido una liquidación de $4'631 ,234.00 y con esos dineros contribuyó a los gastos del hogar. Dicen que la normativa no exige un término mínimo para que se configure la dependencia o mejor, no prevé que solo exista cuando se verifique por un tiempo determinado, ni mucho menos la excluye porque se materialice en los dos últimos meses de vida del causante o, como sucedió en este caso, no desapareció por la cesación en el empleo de su hijo.

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Radicación n.° 96967 Expresan que se les impuso una carga probatoria desproporcionada, máxime que la madre no labora, ni percibe pensión o subsidio alguno, no posee bienes, ni rentas; que tampoco ejerce actividad económica alguna para contribuir con los gastos del hogar, hechos que aparecen ampliamente «acreditados con los documentos reseñados». Que además el padre del causante recibe una pensión de salario mínimo legal, sobre el que se le hacen varios descuentos de nómina, lo que por sí solo no demuestra que

fuesen autosuficientes para sobrevivir sin la ayuda de su hijo, lo cual va en contravía de lo concluido en el sentido de que los «aportes del causante eran discontinuos», y era el padre quien más aportaba; y que se olvida que para la fecha del deceso el causante vivía con ellos. Iteran que la dependencia económica no tiene que ser absoluta y total frente al hijo fallecido, (CSJ SL650-2020), pues solo basta con acreditar que, a pesar de contar con una pensión de salario mínimo para ambos, éstos no son autosuficientes económicamente a partir de esos recursos.

VII. RÉPLICA La AFP opositora, respecto del primer cargo señala que los jueces laborales ostentan la facultad de formar libremente su convencimiento, por lo que están facultados para preferir aquellas pruebas que les brinden una mayor convicción; que la formulación resulta exigua porque deja libre de debate los verdaderos cimientos de estirpe fáctica en los que se basó la

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Radicación n.° 96967 sentencia; y que el desarrollo de la acusación no tiene una sustentación lógica y coherente. Dice que la devolución de saldos y la pensión de sobrevivientes son prestaciones distintas que exigen presupuestos diferentes, dado que para la primera basta con demostrar la condición de padres; mientras que para la segunda, es necesario acreditar la dependencia económica; que se atacan una serie de pruebas que no son hábiles en la casación del trabajo; que nadie puede crear sus propias comprobaciones para favorecerse de ellas; y que en ninguna

parte de la decisión acusada se indicó que la subordinación financiera tenía que ser total y absoluta.

VIII. CARGO SEGUNDO Imputa por la vía directa la «infracción dir