CSJ - SL1706-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL1706-2023 Radicación n.°95251 Acta 20 Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN, contra la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 17 de febrero de 2022, en el proceso que instauró JACQUELINE GUEVARA

QUINTANA contra la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES Jacqueline Guevara Quintana llamó a juicio a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que se condene al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez tomando como fecha la última cotización, el 30 de mayo de 2018 ó

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Radicación n.°95251 desde la fecha de su calificación -el 23 de octubre de 2017-, al pago de los reajustes de ley, las mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación. Fundamentó sus peticiones en lo que interesa al recurso extraordinario en que es afiliada al régimen de ahorro individual y cotizó durante toda su vida laboral 191.43 semanas. Se le dictaminó una PCL del 78.9%, con fecha de estructuración el 22 de junio de 2017, de origen común. Que fue calificada por Suramericana con fecha de 23 de octubre de 2017 y cotizó hasta el 30 de mayo de 2018,

inclusive, fecha a partir de la cual no pudo seguir ofreciendo su fuerza física e intelectual al mercado laboral por la enfermedad que padecía. Manifestó que cotizó más de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de la última cotización-30 de mayo de 2018o desde la fecha de su calificación -23 de octubre de 2017-. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó su vinculación y aclaró que la pérdida de capacidad laboral fue calificada en un 78.9% con fecha de estructuración el 22 de junio de 2017. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe, firmeza del dictamen de pérdida de capacidad laboral, no existe incumplimiento por parte de Protección S.A., y prescripción.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 10 de mayo de 2021, decidió negar la totalidad de las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción propuesta por la demandada, inexistencia de la obligación (fls. 79-80).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo de 17 de febrero de 2022, revocó la sentencia proferida por el Juzgado 16 Laboral del

Circuito de Medellín y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la demandante desde el 24 de noviembre de 2018, en cuantía de 13 mesadas anuales, calculando un retroactivo hasta el 31 de enero de 2022, por la suma de $36.732.558. Y se ordenó reconocer a partir del 1 de febrero de 2022 una mesada pensional de $1.000.000, sin perjuicio de los incrementos anuales que asigne el Gobierno Nacional para el salario mínimo. Se reconocieron 13 mesadas, de las cuales se autorizó a descontar los aportes en salud. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico a dilucidar si le asiste el derecho del reconocimiento de la pensión de invalidez a la demandante. Para ello consideró que se encuentra fuera de discusión que fue calificada el 23 de octubre de 2017, con un

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Radicación n.°95251 78.9% de PCL, de origen común y con fecha de estructuración el 22 de junio de 2017, teniendo en cuenta los diagnósticos de tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales, gastritis crónica no especificada, enfermedad de reflujo gastroesofágico sin esofagitis, epilepsia y síndrome epiléptico sintomáticos, relacionados con localizaciones focales parciales y con ataques parciales complejos, se indicó que la fecha de estructuración obedece a la evaluación por neurología por secuelas de tumor cerebral, tampoco se encuentra en

discusión que tiene 263,14 semanas. A juicio del ad quem la norma aplicable es la contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003. Se detuvo de manera especial en el estudio de las patologías de la demandante así: tuvo en cuenta que la Señora Guevara Quintana desde que tenía 17 años presentaba dolores de cabeza muy fuertes que fueron diagnosticados como migraña, realizándole en noviembre de 2016 una cirugía. Siguió con dolores de cabeza, empezó a dividir palabras, presentó dificultades para dormir, dolor facial, episodios de desconexión, vómito, ansiedad, visión borrosa, pérdida de memoria, dolor crónico, crisis del lóbulo temporal, dolor facial, epilepsia focal sintomática probable refractaria y deterioro cognitivo. Concluyó entonces el Tribunal que el meningioma cerebral del que fue operada la señora Guevara Quintana le proporcionó un deterioro progresivo, el cual evolucionó agresivamente para el año 2016, época durante la cual fue

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Radicación n.°95251 intervenida quirúrgicamente. Su enfermedad ha tenido como resultado, además de dolores crónicos, la degeneración progresiva en su salud, específicamente, presentó un deterioro cognitivo. El ad quem siguiendo los lineamientos de la sentencia CC SU 588-2016, fijó los criterios para contabilizar las semanas. Es así como consideró que, para el análisis de estos casos, le correspondía a los fondos de pensiones verificar los

pagos efectuados después de la estructuración de invalidez y que hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado. Y, en el caso concreto, se pudo concluir que estos aportes no se ejecutaron con el único fin de defraudar al sistema de seguridad social. Precisó la segunda instancia que, las fechas a las cuales se puede acudir para la contabilización de semanas son: la fecha de calificación, la fecha de solicitud de reconocimiento de la prestación y, la fecha de la última cotización, en palabras de la Corte, la última vez que el afiliado pudo trabajar. Explicó el Tribunal que tal interpretación no amenaza la sostenibilidad fiscal por cuanto se trata de aportes que son efectivamente realizados con posterioridad a la fecha de estructuración. Además, precisó que los anteriores argumentos han sido avalados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL 3275-2019 y SL 4346-2020).

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Radicación n.°95251 Consideró además que el anterior argumento se encuentra conforme con lo dispuesto en el artículo 13 y 54 de la C.P., y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Colombia, el 10 de mayo de 2011. En el caso concreto encontró los siguientes períodos cotizados: la demandante inició a cotizar en diciembre de 2002 y cesó en enero de 2003, continuó en mayo de 2008 hasta agosto de 2009, retomando nuevamente en octubre de 2016 y hasta el mes de enero de 2018 con MG Consultores de Colombia. En febrero de ese mismo año cotizó

nuevamente hasta junio de 2018 y a partir de ese momento las cotizaciones han sido intermitentes hasta el registro que se tiene en enero de 2021. Vistas así las cosas el juez de apelaciones consideró que la demandante tenía los requisitos cumplidos para acceder a la pensión demandada y tuvo en cuenta la radicación de la presente «acción» de la pensión de invalidez que realizó la demandante el 23 de noviembre de 2018, para determinar su reconocimiento.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.°95251 Pretende la recurrente de manera principal que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, la absuelva de todas las pretensiones de la demanda. En forma subsidiaria solicitó casar de manera parcial la sentencia acusada para que en sentencia de instancia se condene a pagar la prestación de invalidez a partir del mes siguiente a aquel en el cual se hizo el pago del último aporte realizado, es decir, desde febrero de 2021. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales no fueron objeto de réplica. Por razones metodológicas al compartir la misma finalidad y coincidir su elenco normativo, se estudiarán de manera conjunta los dos primeros cargos y se resolverá el tercero en forma independiente.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por la «interpretación errónea del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, pues esa es la

modalidad de violación que debe denunciarse cuando el fallo impugnado se funde en jurisprudencia de las altas cortes». Precisó la censura que no se discuten las conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal, no obstante, recuerda que la PCL se estructuró el 22 de junio de 2017, fecha para la cual la Señora Guevara no reunía 50 semanas aportadas en el último trienio.

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Radicación n.°95251 Citó lo señalado en sentencia de la Sala de Descongestión Laboral CSJ SL1021-2019, en la que se dijo: Lo anterior, sin mayor hesitación, lleva a la Sala a poner de presente que fue el propio legislador quien, en principio, asignó a tales instituciones una competencia específica y clara en relación con las controversias relacionadas con la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración, que no puede ser desconocida por los jueces so pretexto de las facultades establecidas en el artículo 61 CPTSS, pues es por virtud de esa configuración normativa en cabeza del legislador, que los dictámenes de las Juntas Regionales ora Nacional de Calificación de Invalidez, son los medios de convicción idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración de la misma, ítems que, en principio se reitera, se tienen como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exijan una determinada solemnidad, que desde luego no la tienen, sino porque establecerlos requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial, razón por la cual el legislador, se insiste, los

difirió́ a tales organismos especializados en el tema. Ahora bien, como fue el propio legislador quién en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, en los términos modificados por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, quien previó que «Contra dichas decisiones proceden las acciones legales», es evidente que, desde una primera óptica, tales dictámenes sí pueden ser controvertidos ante la jurisdicción ordinaria laboral, pero para lograr desvirtuar los aspectos técnico científicos que ellos contienen, imperiosamente tiene que ser con una probanza que no le amerite al Juez el más mínimo asomo de duda en cuanto al equívoco en que eventualmente pudo incurrir la junta respecto de los puntos técnico científicos que se controvierten, preferiblemente, debe ser otro dictamen rendido por la misma junta o por otra de diferente regional; pues, se insiste, son estos los organismos instituidos por el legislador facultados para rendir preferentemente, tales pericias, lógicamente, siguiendo los precisos lineamientos contenidos en el Manual Único para la calificación de la Invalidez. Ahora bien, cuando se controvierte un dictamen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, pero lo que no puede hacer, es armar o configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de un lado y de otro, que fue precisamente lo que aconteció́ en el caso de autos en el cual el fallador de segundo grado edificó a su manera de ver un dictamen donde estableció́ su propio porcentaje de pérdida de

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Radicación n.°95251 capacidad laboral y una fecha de estructuración. Admitir un actuar así́, no solo estaría en contravía de la facultad señalada en el artículo 61 del CPTSS, sino también del derecho de defensa y del debido proceso de las partes involucradas en el proceso, y ese no es el sentido de lo enseñado por la Corte en la sentencia CSJ SL. 19 oct. 2006, rad. 29622, en la que se apoya el Tribunal, pues dicha providencia es clara en adoctrinar: Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías (Se subraya).” Es por lo anterior, que la Corte ha sido clara en que, si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un

tercero, pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros. En efecto en sentencia, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, se precisó́: De la misma manera tiene señalado la Corporación, que el dictamen de la Junta Nacional de calificación de invalidez no obliga al juzgador y que si para definir una determinada controversia se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles uno rendido por la junta regional y otro por la nacional, podrá́ escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de elementos probatorios con los que cuente, pudiendo también optar si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen todo dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Conceder la pensión de invalidez que emana del sistema de seguridad social, en principio, son los dictámenes de las juntas, bien Regionales ora Nacional, la prueba idónea para determinar tanto el grado de la pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, pues tales medios de convicción no solo están provistos de los datos técnicos y científicos que tienen los

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Radicación n.°95251 profesionales que conforman dichas juntas creadas por el legislador, sino porque los mismos se establecen en estricto apego al Manual Único de calificación de Invalidez contemplado por el Decreto 917 de 1999.

Es así como advirtió la recurrente que es claro que la determinación del día de principio de la invalidez es potestad de las entidades a las que la ley les asignó esa facultad expresa (artículo 142 del Decreto 19 de 2012), que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y, por tanto, debe ser con base en el concepto de una de ellas en el que el juez soporte su decisión. Lo cierto es que se deja en evidencia que no era posible para el Tribunal desconocer la fecha de estructuración de la condición valetudinaria establecida en el dictamen de Suramericana para fundar su fallo acudiendo a sus propios conceptos y elucubraciones, desconociendo con ello lo previsto en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005). Citó además la sentencia CC T-094-2022, en relación con la calificación de la pérdida de capacidad laboral y la sentencia de 15 de marzo de 2011 rad. 42625, en la que se analizó el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional que, en estos eventos puede verse muy lesionado si se ordena a dicho sistema reconocer pensiones no establecidas dentro de las normas vigentes en un momento dado, pues es simple concebir que esas prestaciones no cuentan con las provisiones necesarias para atenderlas, lo que conducirá́ al inevitable detrimento de la estructura financiera del citado sistema pensional.

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Radicación n.°95251 Los argumentos antes expresados ponen de manifiesto que el Tribunal impartió́ su condena desconociendo el

contenido de una prueba que debía tener en cuenta por disposición misma de la ley. Además puesto que así lo ha entendido la jurisprudencia reciente, algunos de cuyos ejemplos se transcribieron con antelación, y en los que se comprueba que para el momento de la estructuración de la condición valetudinaria el 22 de junio de 2017, la señora Guevara no reunía 50 semanas aportadas en el último trienio, luego debió confirmarse la decisión de absolver proferida por la primera instancia. Con el fallo recurrido se vulneraron las disposiciones incluidas en la proposición jurídica de esta arremetida y en las modalidades allí́ puntualizadas, consideró la recurrente que existió un motivo con la magnitud suficiente para pedirle en forma respetuosa a la H. Sala que se sirva disponer según lo indicado en el alcance de la impugnación.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de violación por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 1 numeral 1° de la Ley 860 de 2003 y 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 (que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005), 1°, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Señaló la recurrente que escoge esta modalidad pues es

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Radicación n.°95251 la que opera cuando el fallo «se funde en jurisprudencia de

esa Corporación o de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado esa es la modalidad de violación de la ley que debe esgrimirse». Reiteró lo dicho por la Sala de Descongestión Laboral N° 1 en sentencia de 20 de junio de 2018, radicado 62.094 (CSJ SL2295-2018), la cual tomó como punto de partida lo expuesto por la H. Sala en fallo con radicado 53.986 (CSJ SL16374-2015), en relación con que las semanas de cotización para acceder a la pensión de invalidez, deben cumplirse con antelación al siniestro, ya que si se origina con posterioridad corresponde a una contingencia propia del trabajo. En esa línea de pensamiento, la recurrente hace énfasis en que la demandante no reunía 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la contingencia.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en lo señalado en la sentencia CC SU 588-2016, la cual fijó los criterios para contabilizar las semanas en el caso de la pensión de invalidez. Precisó que les corresponde a los fondos de pensiones verificar los pagos efectuados después de la estructuración de la invalidez y que hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y, en el caso concreto, advierte que, estos no se ejecutaron con el único fin de defraudar al sistema de

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Radicación n.°95251 seguridad social. Precisa el Tribunal que las fechas a las cuales se puede acudir para la contabilización de semanas son:

La fecha de calificación, La fecha de solicitud de reconocimiento de la prestación y, La fecha de la última cotización, en palabras de la Corte, la última vez que el afiliado pudo trabajar. Advierte además que el demandante cumplió los requisitos exigidos por la ley y, en relación con el principio de sostenibilidad financiera señaló que, como quiera que se trata de aportes que son efectivamente realizados con posterioridad a la fecha de estructuración, no se configura su vulneración. Argumentos que señala han sido avalados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL3275-2019 y SL4346-2020). La censura por su parte cuestiona tres aspectos importantes de la decisión, los cuales se extractan de los cargos presentados y que se explican a continuación: 1) Se desconoce lo previsto en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005), al no tomar la fecha de estructuración establecida por las entidades competentes acudiendo a conceptos distintos. 2) El fallo desconoce que las cotizaciones deben realizarse con anterioridad al siniestro, pues sí se realizan con posterioridad es una contingencia derivada del trabajo.

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Radicación n.°95251 3) Se vulnera el principio de sostenibilidad financiera pues se reconoce una pensión no establecida en las normas vigentes, ya que es simple concebir que esas prestaciones no cuentan con las provisiones necesarias para atenderlas, lo que conducirá́ al inevitable detrimento de la estructura financiera del citado

sistema pensional. En tal contexto no se discute que: i) la demandante fue calificada el 23 de octubre de 2017, con un 78.9% de PCL, de origen común y con fecha de estructuración el 22 de junio de 2017, ii) que presenta un diagnóstico en el que la fecha de estructuración obedece a la evaluación por neurología por secuelas de tumor cerebral, iii) tampoco se encuentra en discusión que tiene 263,14 semanas y, iv) que se probaron los siguientes períodos cotizados: en diciembre de 2002 y cesó en enero de 2003, continuó en mayo de 2008 hasta agosto de 2009, retomando nuevamente en octubre de 2016 y hasta el mes de enero de 2018 con MG Consultores de Colombia. En febrero de ese mismo año cotizó nuevamente hasta junio de 2018. A partir de ese momento las cotizaciones han sido intermitentes y la fecha de última cotización fue enero de 2021. Con sujeción a lo señalado le corresponde a la Sala dilucidar los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Se equivocó el Tribunal al tomar una data diferente de la fecha de estructuración establecida por las autoridades competentes, a efectos de computar las semanas requeridas por la demandante para reconocer la pensión de invalidez?, ii)

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Radicación n.°95251 ¿Desconoce ello lo previsto en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005)?, iii) ¿Pueden tomarse en cuenta las cotizaciones que son

efectuadas de manera posterior a la estructuración de invalidez?, y, iv)¿Se vulnera el principio de sostenibilidad financiera en los eventos en que se reconoce la pensión de invalidez tomando en cuenta el pago de cotizaciones posteriores a la contingencia protegida, en virtud de la pérdida de capacidad laboral residual?. A efectos dar respuesta a los problemas jurídicos planteados se analizarán los siguientes temas: i) La inmutabilidad de la fecha de estructuración de invalidez dictaminada por las juntas calificadoras, ii) Acceso a la pensión de invalidez en el caso de las patologías crónicas, degenerativas y congénitas y las cotizaciones posteriores a la contingencia y, iii) Financiación de la pensión de invalidez y el principio de sostenibilidad financiera, para finalmente, resolver el caso concreto. i) La inmutabilidad de la fecha de estructuración de invalidez dictaminada por las juntas calificadoras El precedente de la Sala ha reiterado de manera pacífica y uniforme que al momento de realizarse la calificación de la invalidez los calificadores deben fundamentarse en «consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte,

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Radicación n.°95251 indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron; y el DIAGNÓSTICO CLÍNICO de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica […]» (literal a, del artículo 4 del Decreto 917 de 1999) es decir, que

la fecha de estructuración se encuentra soportada en conocimientos de orden fácticos, técnicos y científicos (CSJ SL 1069-2021). En relación con el contenido y análisis de los dictámenes emitidos por la junta de calificación o los entes que por ley le corresponden realizar la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, la Sala ha sostenido que éstos, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria, consagrada en el artículo 60 del CPTSS (CSJ SL1069-2021). Para una mayor ilustración, respecto de la fecha de estructuración de pérdida de la capacidad laboral, la Sala de Casación Laboral, en sentencia CSJ SL3992-2019, adoctrinó lo siguiente: […] Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria. En la sentencia CSJ SL, 19 oct. 2006, rad. 29622, reiterada en CSJ SL16374-2015 y CSJ SL2496-2018, entre otras, se dijo al respecto:

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Radicación n.°95251 Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables. La regla sentada en el fallo citado por el recurrente como apoyo de su criterio es que, en principio, la declaración del estado de invalidez es materia de expertos y no corresponde, en los actuales momentos, a la entidad de seguridad social, como ocurría antes, sino a unos entes autónomos, como son las juntas Regionales en primera instancia, y la Nacional en último grado. De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Eso sí, también ha destacado la Corte, «…a pesar de que el juez tiene plenas libertades para analizar su configuración [pérdida de la capacidad laboral], el ejercicio de discutir y desvirtuar las conclusiones técnicas y judiciales al respecto debe ser seria, responsable y suficientemente justificada.» (CSJ SL697-2019). Los criterios antes esbozados, son compartidos por la jurisprudencia constitucional, entre otras en sentencias como las CC T-604-2014, SU-588-2016, T-1112016 y T057-2017. Pues bien, es así como se ha concluido que el dictamen de las juntas de calificación de la invalidez no es una prueba solemne, puesto que la pérdida de la capacidad laboral y su origen se puede demostrar por otros medios de prueba. Es de anotar, que el juez del trabajo cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, por lo que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones

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(CSJ SL1069-2021).

De otra parte, respecto de las enfermedades congénitas crónicas o degenerativas que produzcan una pérdida de capacidad laboral superior al 50% como lo es el caso en estudio, la fecha para computar las semanas requeridas para acceder a la pensión no siempre será la de la estructuración del estado de invalidez, pues esta se puede modificar, en el sentido de que, para determinar «el momento real» desde el cual se debe realizar el conteo de las semanas exigidas por la ley aplicable para consolidar el derecho a la pensión de invalidez, se puede acudir también a los siguientes criterios: i) la fecha de emisión del dictamen mediante en el cual se califica el estado de invalidez; ii) la fecha de la última cotización efectuada al sistema; o iii) la fecha de solicitud del reconocimiento pensional (CSJ SL1069-2021). Por lo tanto, si se presenta un caso de pensión por invalidez, siempre y cuando sea por enfermedades

degenerativas, crónicas o congénitas, debe aplicarse la figura jurídica denominada capacidad laboral residual, para determinar con certeza la real data de la pérdida de capacidad laboral (CSJ SL770-2020, SL5603-2019, reiteradas en SL1069-2021). ii) Acceso a la pensión de invalidez en el caso de las patologías crónicas, degenerativas y congénitas y las cotizaciones posteriores a la contingencia

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Radicación n.°95251 Con el propósito de una mayor ilustración, si bien frente al tema se hizo alusión en el acápite que antecede, lo cierto es que la Sala ha prestado especial atención a este tipo de patologías, pues ha señalado que una condición de invalidez no deriva per se en una discapacidad absoluta para poder laborar, en tanto aceptar que dicha contingencia excluye del mundo laboral a estas personas equivale a negarles el derecho a la inclusión sociolaboral (CSJ SL3610-2020, reiterada en sentencia (CSJ SL4329-2021). Cabe destacar además que, en relación con el cumplimiento de la densidad de semanas a la fecha de emisión del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, tal como se explicó, se reitera que el citado requisito puede ser analizado con base en la fecha de la última cotización y, adicionalmente, la Sala ha adoctrinado que los aportes que soportan el acceso a la prestación de invalidez se deben derivar de «una efectiva y probada capacidad laboral» con el fin de evitar posibles fraudes (CSJ SL3275-2019).

Precisamente, en dicha sentencia la Corporación explicó: Es por todo lo anterior que en casos en los que las person