CSJ - SL1708-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1708-2023 Radicación n.° 79187 Acta 25 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Corte los recursos extraordinarios de casación interpuestos por SEATECH INTERNATIONAL INC. y ATIEMPO SERVICIOS SAS contra la sentencia proferida el 11 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral promovido por RUBÉN DARÍO MARMOLEJO POMARES en contra de las empresas recurrentes.

I. ANTECEDENTES Rubén Darío Marmolejo Pomares llamó a juicio a las sociedades accionadas, con el fin de que se declare: i) que se ejecutó un contrato de trabajo realidad con Seatech International Inc., a término indefinido; ii) que Atiempo

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Radicación n.° 79187 Servicios SAS no actuó como contratista independiente; y iii) que su despido fue ineficaz, toda vez que contaba con el fuero circunstancial, además de gozar de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condene a las demandadas a reintegrarlo a un cargo igual o de superior categoría al que había desempeñado, junto con el pago de los salarios, vacaciones, prestaciones legales y extralegales, los aportes en materia de salud y pensión, la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

De manera subsidiaria, pidió el pago de la indemnización por despido injusto, más 180 días de salario por no contar la empleadora con permiso para el finiquito contractual, pese a que se encontraba en «situación de debilidad manifiesta». Fundamentó sus peticiones en que suscribió un contrato de obra con Atiempo Servicios SAS, por virtud del cual prestó sus servicios para la empresa Seatech International Inc.; que el nexo se desarrolló a partir del 31 de julio de 2011; y que fungió como operario de «cocinamiento de pescado». Manifestó que sus labores eran realizadas de manera personal dentro de la empresa Seatech International Inc.; que estaba subordinado a esa sociedad; que el 30 de julio de 2012, encontrándose en ejercicio de sus funciones, sufrió un accidente laboral, motivo por el cual fue incapacitado hasta

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Radicación n.° 79187 el 30 de octubre siguiente; que pese a ello fue despedido el día 5 de ese mes; y que promovió una acción de tutela, trámite dentro del cual se ordenó «Tutelar los derechos fundamentales de mi procurado al Mínimo Vital y Móvil, Vida, Vida Digna, Debido Proceso, Seguridad Social y Estabilidad Laboral Reforzada». Se refirió a la constitución del Sindicato Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia - Ustrial, al cual pertenece; que el 1 de febrero de 2011 esa organización presentó pliego de peticiones a las accionadas, generándose un conflicto colectivo que continúa vigente, debido a que

estas no han querido iniciar la negociación, motivo por el cual fueron sancionadas por el Ministerio del Trabajo a través de las Resoluciones 114 y 115 de 2013. Al dar contestación a la demanda, Atiempo Servicios SAS se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que suscribió un contrato de obra con el actor, la ocurrencia del accidente laboral, que se presentó un pliego de peticiones por parte del sindicato Ustrial y que se profirió fallo de tutela que amparó unos derechos del demandante; y de los restantes supuestos fácticos indicó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, adujo que el accionante no es destinatario de la Ley 361 de 1997, por cuanto el nexo de trabajo finalizó por haber culminado la obra o labor contratada; y que además de ello no estaba incapacitado ni se le había definido una pérdida de capacidad laboral

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Radicación n.° 79187 superior al «25%». Frente a la existencia del fuero circunstancial, se limitó a esgrimir que el sindicato no ha respetado los plazos previstos en la ley para agotar ese trámite, máxime que esa protección no es indefinida. Como excepciones, propuso las de existencia de temeridad y mala fe, inexistencia de causa jurídica para pedir, prescripción y la innominada. Por su parte, Seatech International Inc. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, manifestó que era

cierto lo relacionado con los derechos amparados en una acción de tutela, la constitución de la organización sindical Ustrial, que se presentó un pliego de peticiones y la existencia de las Resoluciones 114 y 115 de 2013. De los restantes, dijo no constarle o no ser ciertos. En su defensa expresó que, a fin de cumplir con las actividades comprendidas en su objeto social, convino con algunos contratistas la prestación de servicios especializados, tal y como ocurrió con la sociedad Atiempo Servicios SAS; que en virtud de dicho acuerdo el contratista vinculó a su propio personal a fin de cumplir con los encargos que se le realizaron, quien ejercía las facultades de empleador, tal y como lo prevé el artículo 34 del CST. De otra parte, sostuvo que el accionante no estaba afiliado al sindicato para la data en que se presentó el pliego de peticiones, toda vez que «está probado que la (sic) demandante, se afilió posteriormente», por lo que no era

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Radicación n.° 79187 beneficiario del fuero circunstancial, aunado a que el conflicto se ha extendido anormalmente. Propuso las excepciones de inexistencia de la relación de suministro de personal o intermediación entre Seatech International Inc. y Atiempo Servicios SAS; inexistencia del contrato de trabajo del demandante y Seatech International Inc.; ausencia de causa para pedir; pago total de los conceptos debidos a la parte actora a la terminación del nexo; prescripción; inexistencia del fuero circunstancial; y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante el fallo del 29 de septiembre de 2015, resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la tacha del testigo FREDIS MARRUGO VELÁSQUEZ impetradas por las demandadas conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia del contrato de trabajo entre el demandante RUBÉN DARÍO MARMOLEJO POMARES y las demandadas […] con extremos del 30 de julio de 2011 al 5 de octubre de 2012, conforme lo expuesto.

TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADAS las excepciones de fondo impetradas por las demandadas y NO PROBADA la de PRESCRIPCIÓN, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR solidariamente a las demandadas […] a pagarle al demandante RUBÉN DARÍO MARMOLEJO POMARES la suma de $1.140.197 por concepto de indemnización por despido injusto conforme se expuso en la parte motiva de esta sentencia.

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QUINTO: ABSOLVER […] de las demás pretensiones de la demanda conforme se expuso en la parte motiva de esa sentencia.

SEXTO: COSTAS a cargo la parte demandada […].

(Negrillas propias del texto)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Con sentencia del 11 de marzo de 2021, al reconstruir el fallo proferido el 21 de junio de 2017, toda vez que su audio era «inentendible parcialmente», la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al resolver los recursos de apelación interpuestos por el accionante y las demandadas, resolvió: 1° REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2015, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, para en su lugar ordenar el reintegro del trabajador a un cargo igual o superior al que desempeñaba, así como el pago por parte de SEATECH INTERNATIONAL INC., de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes en seguridad social, causados desde el 5 de octubre de año 2012 y hasta cuando se produzca efectivamente el reintegro, de lo cual A TIEMPO SERVICIOS SAS responderá solidariamente, en su calidad de simple intermediario. Así mismo, se autoriza a de SEATECH INTERNATIONAL INC. Y solidariamente A TIEMPO SERVICIOS SAS, a compensar la suma de dinero pagadas en virtud de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Séptimo civil Municipal de Cartagena el 13 de febrero de 2013, en la que se concedió de forma transitoria el reintegro del demandante, según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Confirmó en lo demás el fallo del a quo y no impuso costas. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez colegiado dijo que debía definir: i) quién fue el verdadero

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Radicación n.° 79187 empleador del demandante; ii) cuál era la naturaleza del contrato que los unió; iii) si existió un despido injusto; y iv) si

era procedente el reintegro en virtud del fuero circunstancial o por «estado de incapacidad». Pasó a decidir esas temáticas, en la siguiente forma: Analizada las pruebas en el expediente, los hechos y circunstancias que rodearon el caso, conforme a las reglas de la sana critica, para la sala no existe duda que entre el demandante y la empresa SEATECH INTERNATIONAL INC se celebró un contrato de trabajo a término indefinido, en donde A TIEMPO actuó como simple intermediario, y donde el demandante, en su calidad de trabajador se obligó a prestar sus servicios para la entidad SEATECH INTERNATIONAL INC, en la sucursal de Cartagena en el cargo de operario de cocinamiento de pescado, y que dicha relación laboral estuvo vigente entre 30 de julio de 2011 y el 5 de octubre de 2012. Esta Corporación ha sostenido reiteradamente en casos idénticos al de hoy, que A TIEMPO SERVICIOS LIMITADA viene actuando como empresa de servicios temporales sin estar autorizada para ello, utilizando su fachada para mimetizar vinculaciones laborales y defraudar a los trabajadores respecto de quiénes son sus reales o verdaderos empleadores, convirtiéndose en simple intermediaria mientras que la empresa usuaria se convierten en la verdadera y directa empleadora con las condignas consecuencias económicas. Para la Sala, ese actuar irregular viene probado con el testimonio rendido por el testigo Fredis Marrugo Velásquez quien habló con espontaneidad, indicando que era SEATECH quien le proporcionaba las herramientas y dotación de trabajo, programaba los horarios y controlaba la entrada y salida del demandante.

Siendo así, resulta ostensible que las demandadas quebrantaron lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, puesto que vincularon trabajadores mediante una modalidad de contratación fraudulenta para responder a actividades laborales que a todas luces no eran accidentales, ni transitoria, ni por labor contratada, poniendo en marcha una práctica sistemática, grosera, irregular e ilegal de simulación contractual del trabajo, la cual no solo vulnera las leyes públicas del trabajo, sino que desdibujan los principios sobres los cuales se erigen las relaciones laborales.

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Radicación n.° 79187 Estimó que Atiempo Servicios SAS no fue un empresario independiente, sino un simple intermediario entre la demandante y el verdadero empleador Seatech International Inc., habida cuenta que utilizó la infraestructura, herramientas y los elementos de esta para la ejecución de la labor, de allí que debía responder solidariamente de todas las condenas. En cuanto a la naturaleza del contrato, señaló que cuando se pactaba por obra o labor, como ocurrió en el sub lite, era necesario especificar cuál era la tarea por realizar y si eso no se hacía, conllevaba tener la vinculación a término indefinido. En relación con el contrato de trabajo indicó que de su análisis se desprendía que no se «especificó cuál era la labor para desarrollar. Por el contrario, el término de duración del contrato jamás fue especificado de modo alguno», al punto que «solo se consignaron datos referidos al cargo que tendría, el lugar donde desarrollaría las funciones, el salario, entre otras cosas».

Coligió que esa indeterminación implicaba que debía estimarse que el contrato fue a término indefinido, de modo que al «haberse verificado la terminación de este sin ninguna causa legal que lo justificara, el mismo devino en injusto». Respecto al fuero circunstancial, aludió a los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto Ley 1496 de 1978, y manifestó que existía una prohibición para que el

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Radicación n.° 79187 empleador despidiera sin justa causa al trabajador, por haberse presentado un pliego de peticiones, encontrándose en desarrollo un conflicto colectivo. De modo que, «para la aplicabilidad de la protección por fuero circunstancial, debe probar el interesado, primero, que fue despedido sin justa causa, y segundo, que el despido se produjo durante la existencia de un conflicto colectivo». Destacó que en el asunto estaba acreditado que el accionante fue despedido sin justa causa el 5 de octubre de 2012, como también que según la documental de folios 66 y 67 el presidente de la organización sindical Ustrial notificó a las demandadas el 31 de enero de 2011 de la presentación del pliego de peticiones y precisó: Así mismo, se sabe que mediante resolución No. 115 de 2013, el Ministerio del Trabajo conminó a las empresas SEATECH INTERNATIONAL INC., A TIEMPO SERVICIOS SAS, y RECURSOS ESPECIALES LTDA., a sentarse a negociar el pliego de peticiones presentado por USTRIAL el 31 de enero de 2011, dentro de las 24 horas siguientes a la ejecutoria de dicha providencia,

multando a las mencionadas empresas a 10 SMLMV por cada día de retardo en que incumplan lo señalado por el Ministerio del Trabajo (Ver folios 68-86). En este orden de ideas, se tiene que para la fecha en que el accionante fue despedido, en SEATECH INTERNATIONAL INC sí se estaba desarrollando un conflicto colectivo, puesto que la demora en la iniciación de la etapa de arreglo directo no obedeció a la desidia o negligencia del sindicato, sino a la actitud asumida por la demandada, la cual se vio obligado a sentarse a negociar debido a la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo. Consideró que la prolongación del conflicto colectivo resultaba más notoria con la expedición de la «Resolución 06035», en la que se expresó que para el año 2014, no había finalizado, por cuanto para ese momento apenas quedó en

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Radicación n.° 79187 firme el acto administrativo que ordenó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento. En ese orden de ideas, indicó que procedía el reintegro del trabajador, a partir del 5 de octubre de 2012, y autorizó a «SEATECH INTERNATIONAL INC y solidariamente A TIEMPO SERVICIOS SAS, a compensar las sumas de dinero pagadas en virtud de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena el 13 de febrero de 2013, en la cual se concedió de forma transitoria el reintegro». Finalmente dijo que, al prosperar la súplica anterior, no resultaba procedente analizar si era o no procedente ordenar la reinstalación del demandante por haber sido despedido «en

estado de discapacidad», en la medida que perseguía el mismo fin.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por las demandadas, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE SEATECH

INTERNATIONAL INC.

Pretende que esta corporación case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque las condenas impuestas por el Juzgado y, en su lugar, absuelva a esa sociedad de todas las pretensiones incoadas en su contra.

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Radicación n.° 79187 Con tal propósito, formula cuatro cargos, respecto de los cuales no se presenta oposición; los que serán resueltos en el orden propuesto, pero de forma conjunta los ataques tercero y cuarto, por perseguir la misma finalidad y complementarse entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segunda instancia de violar, «por la vía directa», los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990, lo que condujo a la infracción directa de los artículos 34, 45 y 47 del CST y 53 de CP.

Argumenta que en el presente asunto se configuraron los siguientes «supuestos de hecho»: i) Atiempo Servicios SAS no es una empresa de servicios temporales, pues su objeto social es la prestación de servicios especializados, el cual «desarrolló […] en completa autonomía técnica, administrativa y financiera»; ii) Seatech International Inc. no es una empresa usuaria de servicios temporales; y iii) el accionante no era un trabajador en misión, ni las labores desempeñadas fueron

ocasionales o transitorias, ni obedecieron a incrementos en la producción, como tampoco fue contratado para reemplazar personal. Explica que, a partir de lo anterior, los artículos denunciados no resultaban ser pertinentes para la solución del caso. Así mismo, que de los hechos y las pretensiones de la demanda inicial, como de los fundamentos de defensa esgrimidos por las accionadas al dar contestación a esa pieza

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Radicación n.° 79187 del proceso, se observa que no se está frente a un desbordamiento de los límites temporales de una relación de suministro de personal, toda vez que el vínculo que unió al actor con su empleador fue por «contrato por obra o labor», de allí que el juez plural se equivocó al enmarcar la situación dentro de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, y añade: […] dentro del proceso no existió discusión respecto del vínculo laboral entre el demandante y su empleador Atiempo servicios, para quien prestaba sus servicios, hasta el 05 de octubre de 2012, de esto dan fe los contratos que reposan en el expediente, ahora bien si en gracia de discusión se considera que la modalidad sobre la cual fue contratado el demandante no se cumplió en la realidad procesal, ahora bien si en gracia de discusión se considera que fue otro tipo de modalidad la que desempeño como lo es un contrato a término indefinido, la condena en ese sentido debe dirigirse a su empleador Atiempo servicios, quien se comportó como empleador durante toda la relación laboral. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la norma que debió ser

aplicada por el tribunal en el presente asunto es el artículo 34 del C.S.T., por cuanto en el presente proceso, Atiempo servicios se comportó como un contratista independiente, que continuo desarrollan la relación laboral que desde su elección y hasta en la reubicación que ejecuto en favor del demandante.

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundó su decisión, en lo que respecta al nexo contractual laboral reclamado, en lo siguiente: i) el promotor del proceso estuvo vinculado con la empresa recurrente en virtud de un contrato realidad, dado que Atiempo Servicios SAS actuó como una simple intermediaria, suministrando personal sin tener la calidad de empresa de servicios temporales; ii) que si bien se suscribió un contrato por obra, no se especificó cuál era la labor para desarrollar,

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Radicación n.° 79187 de allí que debía estimarse que era a término indefinido. Además, sostuvo iii) que estaba probado que el actor prestaba servicios en las instalaciones de Seatech International Inc., quien suministraba los materiales y fijaba el horario de trabajo; y iv) que las accionadas vincularon al demandante mediante una modalidad contrato fraudulenta, para responder a actividades laborales que no eran accidentales, transitorias o por la labor contratada. Por su parte, la censura, en el presente cargo, dirigido por la senda jurídica, afirma que en atención a las «supuestos de hecho del caso», los cuales se derivan de unas piezas procesales como la demanda inicial y la respuesta efectuada por las llamadas a juicio, junto con los contratos de trabajo, se tiene por establecido que «A Tiempo servicios, desarrolló su objeto social, en completa autonomía técnica, administrativa y

financiera», que «no se desbordaron los límites temporales de una relación de suministro de personal» y que el vínculo que lo unió con «su empleador es un contrato por obra o labor»; de allí que el Tribunal se equivocó al aplicar los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990, en la medida que la disposición que debió llamar a operar era el artículo 34 del CST, toda vez que Atiempo Servicios SAS «se comportó como un contratista independiente». Conforme a lo que acaba de plasmarse, advierte la Corte que el recurrente incurre en un defecto técnico al referirse a cuestiones probatorias y pretender que la Sala se remita a examinar unas piezas del proceso, como lo son la demanda

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Radicación n.° 79187 inaugural y las respuestas efectuadas por las accionadas, así mismo los contratos de trabajo; proceder que es ajeno a la senda directa escogida para dirigir el ataque, en donde la discusión debe centrarse exclusivamente en argumentaciones jurídicas, toda vez que por esta vía se presume la total conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas a que arribó el Tribunal, y que ahora se controvierten; lo cual sería suficiente para desechar la acusación ante la mixtura inapropiada de senderos de violación. En correspondencia con lo anterior, el censor también parte de unas conclusiones fácticas a las cuales no llegó el juez de apelaciones y que resultan extrañas a las premisas que soportan la decisión impugnada, pues, contrario a lo que

se afirma en el cargo, fue precisamente la falta de autonomía técnica y administrativa, junto con otros razonamientos, los que llevaron al colegiado a inferir que la aquí recurrente era la verdadera empleadora del actor y que Atiempo Servicios SAS fungió como una simple intermediaria. Del mismo modo, respecto a la duración del nexo, estimó que, dada la vaguedad de lo establecido en el contrato de trabajo, debía entenderse bajo la modalidad de indefinido y no por obra o labor contratada como formalmente se pactó. Sin embargo, pese a las referidas impropiedades, la Corte advierte que, si se dejaran de lado y se limitara el estudio a los reparos jurídicos expuestos en el cargo, correspondiendo definir si el ad quem aplicó de forma

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Radicación n.° 79187 indebida los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990, pues la disposición que regía el asunto era el artículo 34 del CST, la cual no llamó a operar, se tiene lo siguiente: Frente a esta inconformidad, encuentra la Sala, que no es cierto que para resolver el litigio el juez plural se hubiera limitado a adecuar la situación sometida a su conocimiento a lo previsto en los artículos 71 y siguientes de la citada Ley 50 de 1990 y, a partir de ello, considerar que las empresas demandadas transgredieron los límites establecidos para la contratación laboral; pues lo que encontró la alzada fue que Atiempo Servicios SAS no tenía el objeto social ni el permiso para actuar como una empresa de servicios temporales, de ahí que le censuró el hecho que hubiera ejercido la actividad de suministro de personal. Sobre el particular, en un caso de

similares contornos y seguido contra las mismas accionadas, la Sala en sentencia CSJ SL2667-2020, expresó: Sobre el particular, el Tribunal en modo alguno consideró que la demandada Atiempo Servicios Ltda. fuera una empresa de servicios temporales, por el contrario, dijo que dicha sociedad suministraba personal a la hoy recurrente, pese a que no tenía tal condición y no estaba autorizada para ello. Así, es claro que la referencia a la norma citada lo fue para descartar que la demandada Atiempo Servicios Ltda. tuviera tal calidad y, por ende, que no estaba autorizada para suministrar personal. Además, el colegiado no consideró que Atiempo Servicios Ltda. hubiera superado el límite temporal máximo autorizado a las empresas de servicios temporales para contratar, ya que, precisamente, lo que encontró fue que dicha sociedad no tenía ese objeto social ni permiso para actuar como EST, de ahí que lo que reprochó fue que hubiera ejercido la actividad de suministro de personal. En punto a este tema, debe recordarse que el suministro de personal se encuentra permitido bajo determinados restricciones y límites legales, pero tal actividad únicamente puede ser desarrollada por empresas de servicios temporales, constituidas

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Radicación n.° 79187 con ese objeto social y debidamente autorizadas, de ahí que el suministro de trabajadores, realizado por sociedades o entes que no tengan tal carácter, es ilegal. Por otra parte, el juez colegiado tampoco pudo incurrir en la infracción directa del artículo 34 del CST, toda vez que esta disposición establece que son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no

simples representantes ni intermediarios, las personas que contraten la ejecución de una obra en beneficio ajeno por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. En ese orden de ideas, para aplicar el artículo 34 del CST era menester que Atiempo Servicios SAS demostrara que asumía los riesgos de la labor que le fue encomendada al demandante, lo cual, a juicio, del juez de apelaciones, no aconteció. En cuanto a las condiciones que debe cumplir el contratista independiente, en sentencia CSJ SL1968-2021, se puntualizó: Acorde a lo dicho, se puede colegir que tratándose de un contratista independiente, éste no tiene como objeto suministrar personal a un tercero, sino cumplir, por su cuenta o riesgo y a cambio de un precio, el «objeto» contractualmente definido con el dueño de la obra o beneficiario del servicio. En este orden de ideas, su actividad no es la intermediación laboral sino la realización de diferentes tipos de actividades que le permitan construir una determinada obra o prestar un servicio a favor de un tercero, las cuales debe cumplir, se itera, con sus propios medios y gozando de libertad y autonomía tanto técnica como directiva. Esta Sala, respecto al anterior supuesto, en decisión CSJ SL4479-2020, dijo:

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2. La tercerización laboral a través de la figura del contratista independiente (art. 34 CST): presupuestos y desviaciones En Colombia la tercerización laboral en la modalidad de

colaboración entre empresas, tiene fundamento normativo, principalmente, en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual consagra la figura del contratista independiente. De acuerdo con este precepto «son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva» (subraya propia). Como se puede observar, para que sea válido el recurso a la contratación externa, a través de un contratista independiente, la norma exige que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos. Por ello, la jurisprudencia del trabajo ha dicho que el contratista debe tener «estructura propia y un aparato productivo especializado» (CSJ SL467-2019), es decir, tratarse de un verdadero empresario, con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de producción, y con empleados bajo su subordinación. (Subrayas y negrilla propias del texto). En ese orden de ideas, como lo que encontró acreditado el juez colegiado es que Atiempo Servicios SAS realmente no era un contratista independiente, sino que fungió como un simple intermediario, que no declaró esa condición, estimó que la consecuencia jurídica era que el verdadero empleador resultaba ser la sociedad Seatech International Inc. y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del CST la codemandada debía responder solidariamente de las

obligaciones impuestas. Por consiguiente, la acusación no puede salir triunfante.

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VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada «de ser violatoria del artículo 47 del CST, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida».

Denuncia los siguientes errores de hecho: 1) Declarar como probado, no estándolo, que Seatech era verdadero empleador. 2) Declarar como probado, no estándolo, que A TIEMPO SERVICIOS S.A.S. actuaba como simple intermediario en la relación laboral entre Seatech y el demandante. 3) Declarar como probado, no estándolo, que A Tiempo solo dirigió su actuar hacia la coordinación el trabajo del demandante. 4) Declarar como probado, no estándolo, que Seatech celebró un contrato a término indefinido con el demandante. 5) Declarar como probado, no estándolo, que la demandante recibía órdenes directas de la señora María Emilia Paz o César Flórez, empleados de Seatech. 6) Declarar como probado, no estándolo, que el demandante prestó los servicios en las instalaciones de Seatech International Inc. 7) Declarar como probado, no estándolo, que el demandante fue despedido por Seatech International Inc. 8) Declarar como probado, no estándolo, que el demandante fue reubicado por Seatech International Inc. 9) Declarar como probado, no estándolo, que el demandante fue reubicado en las instalaciones de Seatech International Inc. Yerros que afirma fueron consecuencia de la

apreciación errónea de las siguientes pruebas: certificado mercantil de Seatech International Inc.; contrato de servicios especializados signado entre esa empresa y Atiempo

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Radicación n.° 79187 Servicios SAS; el comodato suscrito entre las demandadas; las copias de cartas mediante las cuales se le comunicó a Atiempo Servicios SAS la terminación de los servicios contratados; los interrogatorios de parte absueltos por el accionante y los representantes legales de las demandadas; y el testimonio de Fredis Marrugo Velásquez. Expresa que el Tribunal «desestimó» la confesión del demandante, quien en el interrogatorio de parte reconoció que fue contratado por Atiempo Servicios SAS, sociedad para la cual prestó sus servicios, la que también lo reintegró en virtud de una orden de tutela. Transcribe un pasaje de esa probanza junto con un aparte de la declaración