CSJ - SL1713-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1713-2023 Radicación n.° 95361 Acta 025 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ORLANDO AVENDAÑO DURÁN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 8 de febrero de 2022, en el proceso que instauró contra el MUNICIPIO DE PÁEZ.

I. ANTECEDENTES Orlando Avendaño Durán llamó a juicio al municipio de Páez, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo desde el 1 de enero del año 2001, «a la fecha»; y, que el 7 de julio de 2017 sufrió un accidente de trabajo, imputable al empleador, que le generó una pérdida de capacidad laboral, por lo que tiene derecho a ser

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Radicación n.° 95361 reincorporado al cargo que desempeñaba como trabajador oficial. En consecuencia, que se ordenara su reintegro, con el pago de los salarios; la remuneración por trabajo suplementario; las prestaciones sociales; el subsidio de alimentación y transporte; las primas de navidad, servicios y vacaciones; la bonificación por servicios prestados; el auxilio de vacaciones; los aportes al Sistema de Seguridad Social, y la restitución de los asumidos de manera personal. Igualmente, la indemnización plena de perjuicios de que

trata el artículo 216 de CST, así: la suma equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios materiales; la misma cantidad por los de salud; y la equivalente a 250 por los morales subjetivados, «o por el valor que discrecionalmente el Juez fije». Asimismo, pretendió la indemnización por incapacidad permanente parcial o la pensión por invalidez de que trata la Ley 776 de 2002 y el pago de las incapacidades médicas; la indexación de las sumas objeto de condena, y los intereses de mora a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. Subsidiariamente, solicitó que se declarara que, la duración del contrato se dio entre el 1 de enero del 2001 y el 18 de febrero de 2018, «(fecha de finalización de la incapacidad médica)»; que el empleador lo terminó de manera

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Radicación n.° 95361 unilateral e injusta, y que, dado que se encontraba protegido por el fuero de estabilidad laboral reforzada, el despido era ilegal e ineficaz al no estar autorizado por la autoridad competente; y, en consecuencia, pidió el reintegro al cargo, sin solución de continuidad, el pago de los salarios y las prestaciones sociales, y, la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Como sustento fáctico esbozó, que ingresó al ente territorial demandado, como trabajador oficial, el 1 de enero de 2001, mediante contratos verbales de trabajo y de

prestación de servicios que se le exigió suscribir con cada uno de los alcaldes, habiendo cumplido sus funciones en forma continua, subordinada y dependiente. Transcribió las fechas, la modalidad y el valor de los vínculos celebrados entre los años 2009 y 2017; precisó que su objeto consistió en «REALIZAR LABORES DE BARRIDO Y

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL

PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ,

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL ALCANTARILLADO Y

REALIZAR EL CARGUE CASA A CASA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS AL VEHÍCULO RECOLECTOR»; y agregó, que desde el año 2001 prestó sus servicios en actividades semejantes, las cuales describió. Aseguró que la ejecución de sus funciones siempre se dio en las instalaciones y bienes de uso público del municipio de Páez, a través de los medios y las herramientas suministradas por su empleador y en cumplimiento de las

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Radicación n.° 95361 órdenes y horario de trabajo asignados por aquel, sin el pago respectivo del tiempo suplementario. A continuación relató que, a partir del 1 de marzo de 2003, por exigencia del ente territorial, realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social como trabajador independiente; y que el 7 de julio de 2017 sufrió un accidente de trabajo mientras desempeñaba las funciones de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las viviendas

urbanas, en el cual su mano izquierda quedó atrapada con la tapa compactadora del carro recolector de basuras, ocasionándole múltiples fracturas y daños en los tejidos, lo que acarreó la amputación del «cuarto metacarpiano y del cuarto dedo». Indicó que, en esa oportunidad, estuvo hospitalizado entre el 8 y el 29 de julio de 2017; que, tanto al dársele de alta, como en los controles del 19 de diciembre de ese año y del 30 de enero de 2018, le fueron proscritas incapacidades médicas, que no se le pagaron; y que a causa del accidente sufrió «necrosis en los bordes de las heridas, inflamación en la región de la palma, deformidad en la mano izquierda, monoplejia (sic) la mano izquierda, hipoestesia de la mano izquierda, malrotación del 3er y 5to dedo y pérdida de la cabeza del 3er metacarpiano», lo que mermó su capacidad física y sensorial, calificada según dictamen emitido por el médico José Yamid Bolaños Cardozo, del 27 de marzo de 2018, en un 40.05% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración del 4 de febrero de ese año.

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Radicación n.° 95361 Señaló que, el 1 de abril de 2018, el alcalde municipal en turno, le solicitó suscribir el acta n.° 1, con el objeto de «Acordar la Reiniciación de común acuerdo, en la ejecución del

contrato No. PSPAG-19-MP-IMC-010-2017»; y el 6 de mayo y 11 de julio de 2019, el secretario de Planeación y Obras Públicas le remitió citaciones para firmar «el acta de reinicio» referida. Sostuvo que los días 11 de junio, 15 de julio y 21 de agosto de 2019 presentó derechos de petición ante el empleador con el propósito de obtener el «“reconocimiento de la indemnización por accidente de trabajo”», la reubicación laboral, «las ayudas y los medios para poder desempeñar su labor, y se ordenara a quien correspondiera el reconocimiento y pago de las incapacidades», así como los salarios, las prestaciones sociales e indemnizaciones, frente a los cuales recibió respuesta negativa, bajo los siguientes argumentos: la inexistencia de una relación laboral; la obligación del contratista de estar afiliado a una ARL, que era la encargada de reconocer y pagar las incapacidades médicas; y que, conforme con el dictamen referido, era dable reiniciar el contrato de prestación de servicios suscrito. Precisó que, los días 24 y 28 de septiembre de 2020, radicó petición de pago de «la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, la pensión por invalidez o la indemnización por incapacidad permanente parcial» como consecuencia del accidente laboral, obteniendo respuesta negativa.

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Radicación n.° 95361 Para finalizar, aseguró que siempre fue encubierta una relación laboral continua, subordinada y dependiente, a través de vinculaciones irregulares que cercenaron sus

derechos mínimos e irrenunciables. La demanda fue inadmitida, subsanada y posteriormente admitida en providencia del 26 de noviembre del 2020; notificada al demandado por aviso e informada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante correo electrónico del 9 de diciembre siguiente. Posteriormente, en auto del 14 de enero de 2021 el juzgado dispuso la notificación del contenido del auto admisorio a «la personería del municipio de Miraflores (Boy)», bajo el entendido de que «el artículo 16 del C.P. del T. y de la S.S., faculta al Ministerio Público para intervenir en los procesos laborales, de conformidad con lo señalado por la Ley»; actuación que dejó sin efecto el 28 de enero del mismo año, y en su lugar dispuso enterar a la «Procuraduría Delegada para asuntos laborales de la ciudad de Tunja» y correr traslado por «el término de diez (10) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del C.P.T. y de la S.S., bajo la situación de competencia indicada en la parte motiva de esta determinación»; comunicación efectiva el 2 de febrero de 2021. El Ministerio Público en memorial enviado el «2021-feb22 20:31:32» intervino e interpuso las excepciones de prescripción, falta de competencia por indebido agotamiento de la reclamación administrativa para solicitar la devolución

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Radicación n.° 95361 de pago de aportes a pensión y remuneración por trabajo en

tiempo suplementario; y la que denominó «de las incapacidades médicas objeto de reconocimiento y pago». El ente territorial demandado guardó silencio, por lo que, mediante auto del 25 de febrero de 2021, se tuvo por no contestado el libelo genitor.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, en audiencia declaró probada la excepción de falta de competencia, únicamente frente a las pretensiones «de remuneración por trabajo suplementario y de reintegro o de devolución de los aportes al sistema de seguridad social integral».

Por su parte, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que, en virtud del principio de la realidad sobre las formas, entre el señor ORLANDO AVENDAÑO DURAN (sic), y el Municipio de PÁEZ BOYACÁ, existió un contrato propio de un trabajador oficial, en el que por no haberse pactado su término se entiende celebrado a seis (6) y prorrogado en el tiempo, de seis en seis meses, iniciando el 29 de enero de 2013 y terminando el 16 de febrero de 2018, de manera unilateral y sin justa causa por el empleador demandado, tal y como se analizó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR al Municipio de Páez (Boy.) a pagar a favor del señor ORLANDO AVENDAÑO DURAN (sic), los siguientes conceptos por los valores que se describen: Auxilio de alimentación $1725.182

Cesantías $8600.539 Intereses sobre las cesantías $443.477

Prima de servicios $1352.190

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Radicación n.° 95361 Vacaciones $2889.190 Prima de navidad $3606.123 Indemnización por terminación del contrato $7220.900 Indemnización artículo 26 Ley 361 de 1997 $7974.000 Incapacidades $3987.000 Indexación sobre todo (sic) y cada uno de los conceptos anteriormente relacionados, desde que cada uno se hizo exigible hasta cuando se verifique el pago total.

TERCERO: CONDENAR al municipio de Páez, representado por el señor alcalde Dr. ELBER YAMITH PEDRAOS HOLGUIN (sic) a pagar a favor del extrabajador ORLANDO AVENDAÑO DURAN

(sic), pensión de invalidez por accidente de trabajo, en la suma mensual de setecientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos ($797.400) para el año 2018, para los años subsiguientes deben hacerse los incrementos ordenados por el gobierno. Esta pensión se debe pagar desde el 19 de febrero de 2018, junto con los intereses moratorios, tal y como se expuso en la parte que sirvió de sustento a esta determinación.

CUARTO: CONDENAR al municipio de Páez, representado por el señor alcalde Dr. ELBER YAMID PEDRAOS HOLGUIN (sic) a pagar a favor del extrabajador ORLANDO AVENDAÑO DURAN

(sic) por daños morales la cantidad equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha, es decir, año 2021.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, por las

razones indicadas en la parte motiva de esta determinación.

SEXTO: Declarar con mérito parcial la excepción de “Prescripción”, como se indicó antecedentemente.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte vencida. Por Secretaría practíquese la liquidación del caso. Inclúyase en la misma como Agencias en derecho la suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

OCTAVO: Súrtase el grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de la entidad demandada ente territorial Municipio de Páez Boyacá. Por secretaría remítanse las diligencias al superior, dentro del término legal.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a través de sentencia del 8 de febrero de 2022, al resolver los recursos de apelación interpuestos por

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Radicación n.° 95361 ambas partes, y el grado jurisdiccional de consulta a favor del ente territorial, decidió: Primero: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida del 30 de septiembre de 2021 por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MIRAFLORES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: “PRIMERO: DECLARAR que, en virtud del principio de la realidad sobre las formas, entre el señor ORLANDO AVENDAÑO DURAN (sic), y el Municipio de PÁEZ BOYACÁ, existió un contrato propio de un trabajador oficial, en el que por no haberse pactado su

término se entiende celebrado a seis (6) y prorrogado en el tiempo, de seis en seis meses, iniciando el 5 de febrero de 2016 y terminado el 16 de febrero de 2018, de manera unilateral por parte del demandante, tal y como se analizó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO:

a. CONDENAR al Municipio de Páez (Boy.) a pagar a favor del señor ORLANDO AVENDAÑO DURAN (sic), los siguientes conceptos por los valores que se describen:

CONCEPTO TOTAL

Auxilio Alimentación $1075.735,47 Prima de servicios $1329.938,13 Vacaciones $1449.710,66 b. Declarar probada la excepción de prescripción frente a la indemnización plena y ordinaria de perjuicios derivada de la culpa patronal”.

Segundo: Revocar el numeral cuarto de la sentencia.

Tercero: Confirmar la sentencia en lo demás.

Cuarto: Sin costas en esta instancia judicial.

Quinto: Oportunamente y previas las constancias necesarias, devolver el proceso al Juzgado de Conocimiento para que se continúe con el trámite normal del proceso. …”.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció como problemas jurídicos, determinar: i) si se probó la prestación personal del servicio del demandante

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Radicación n.° 95361 al Municipio de Páez a partir del 1° de enero de 2001 como trabajador oficial ii) si procede la declaratoria de un solo contrato de trabajo o de varios con interrupciones relevantes; iii)

igualmente, se examinará si proceden las condenas impuestas en la sentencia y iv) si debe condenarse al pago de perjuicios materiales y a la salud. Para resolverlos, definió el concepto de contrato de trabajo; citó el contenido de los artículos 2 y 3 del Decreto 2127 de 1945, por medio del cual se reglamentó la Ley 6ª del mismo año, de lo que estableció, que «le basta al trabajador demostrar la prestación personal del servicio para que se deduzca que dicha actividad es de carácter subordinado. Como consecuencia le corresponde al empleador demostrar que el servicio prestado era de otra naturaleza para que se inapliquen los efectos laborales». A continuación, transcribió el artículo 4 de la citada ley; explicó las características del contrato de prestación de servicios; y previo análisis de las pruebas documentales y testimoniales, afirmó que: Luego, no hay duda de la prestación de los servicios del demandante al municipio en las actividades de reparación de la red de alcantarillado, reparación de techos, mano de obraadecuación de vivienda del programa saneamiento básico, limpieza de alcantarillados, rocería de lotes de propiedad del Municipio-Sena, Matadero, corte del césped del campo deportivo de futbol, cunetas y mantenimiento de los cerramientos y del techo, resanes de piso de la Concentración Bolívar, plantación de los árboles que hacen parte de la reforestación en el casco urbano del Municipio de Páez, las que son propias de un trabajador oficial por estar relacionadas con la transformación, mantenimiento y sostenimiento de obras en bienes destinados al

servicio público. Pues, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, no se debe examinar el concepto de obra pública en función del tipo de bien público como lo consideró la primera instancia para descartar el vínculo laboral antes del año 2009, sino en cuanto a su finalidad, esto es que se trate de obras de utilidad pública, interés social o

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Radicación n.° 95361 directamente relacionadas con la prestación de un servicio público. Apoyó su postura en las sentencias CSJ SL391-2020, CSJ SL5197-2021 y CSJ SL437-2019; y concluyó que: De lo anterior, se establece que el vínculo contractual entre las partes del proceso no correspondió a contratos de prestación de servicios independientes, regidos por las normas de derecho público, como lo alega la parte demandada al recurrir, aunque formalmente se le haya dado esa denominación; lo cual no impide conforme al principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades, declarar la verdadera vinculación que existió entre las partes, la que en este caso corresponde a una relación laboral entre ORLANDO AVENDAÑO DURÁN, como trabajador oficial y el Municipio de Páez como empleador, como lo concluyó la primera instancia. […] Significa lo anterior, que el Municipio de Páez no desvirtuó la presunción que establece el artículo 20 del decreto 2127 de 1945, porque para ello no basta la exhibición del contrato alegado, sino que deben concurrir realmente todas las características y elementos propios del mismo, lo cual no demostró como quedó explicado.

Una vez estableció lo anterior, pasó al análisis de la continuidad y de los extremos temporales. Y al respecto expresó, que el demandante solicitó en la pretensión primera principal, la declaratoria de una única relación laboral, vigente del 1 de enero de 2001 a la fecha, y en la primera subsidiaria, a partir del mismo extremo inicial, al 18 de febrero de 2018; pero que no obstante, el juez de primera instancia con base en la prueba documental, concluyó que se trató de varios contratos, con interrupciones significativas que comportaron solución de continuidad, y como resultado de ello, declaró uno laboral del 29 de enero de 2013 al 16 de febrero de 2018, lo que fue refutado por dicha parte, insistiendo en que se trató de uno solo, sin interrupción, vigente a partir del 1 de enero de 2001.

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Radicación n.° 95361 Sobre el particular, trajo a colación las sentencias CSJ SL4503-2021, CSJ SL437-2019, CSJ SL3686-2018, CSJ SL3215-2018 y CSJ SL5165-2017 referentes a la unidad contractual; analizó las órdenes de trabajo, los contratos de prestación de servicios firmados por las partes, los informes allegados y los testimonios; y extrajo de ellos, que hubo interrupciones significativas que impedían declarar la existencia de uno solo, «pues no obra prueba irrebatible que durante las interrupciones, el demandante continuó trabajando a pesar de no haber firmado contrato, o cualquier otra modalidad de las que empleó el Municipio para vincularlo;

luego, no tiene razón el demandante acerca de la continuidad de la prestación del servicio». Asimismo, puntualizó que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta surtido a favor del ente territorial, modificaría el extremo inicial del vínculo, pues «entre la invitación publica 003 de 2015 con vigencia del 22 de enero de 2015 al 30 de diciembre de 2015 y la invitación 010 de 2016 vigente a partir del 5 de febrero de 2016 al 30 de enero de 2016, hubo una interrupción de 34 días». Corolario de lo anterior, coligió que, a partir de la prueba referida, estaba demostrada la relación continua entre las partes durante el período comprendido entre el 5 de febrero de 2016 y el 16 de febrero de 2018; y así debía declararse, realizando las modificaciones pertinentes. En lo que se refiere a la prescripción trienal propuesta por el Ministerio Público, la analizó, atendiendo a que el

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Radicación n.° 95361 contrato de trabajo finalizó el 16 de febrero de 2018, y dicho fenómeno quedó interrumpido con las reclamaciones elevadas ante el municipio, así: El 11 de junio de 2019 le reclamó la reubicación laboral, las ayudas y medios para que se pueda desempeñar adecuadamente la labor, más el pago de las incapacidades generadas hasta esa fecha (archivo 1 fls.104 a 106 digital); En escrito radicado el 12 de julio de 2019 solicitó: 1. Reintegrarlo a su sitio habitual de trabajo como trabajador oficial

del MUNICIPIO DE PÁEZ (Boy.) 2. Reconocer, liquidar y pagar las incapacidades médicas, los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales a que legalmente tiene derecho mi mandante, por prestar sus servicios como trabajador oficial del MUNICIPIO DE PÁEZ (Boy.) (fls. 116 a 119 archivo 1): El 24 de septiembre de 2020 solicitó: “reconocer, liquidar y pagar a mi representado Orlando Avendaño Durán la indemnización plena y ordinaria de perjuicios de que trata el artículo 216 del C.S.T, derivada de la responsabilidad subjetiva del Municipio de Páez (Boyacá), en la ocurrencia del accidente de trabajo padecido el 07 de julio de 2017…. (fl. 141 a 143 archivo 1); el 28 de septiembre del mismo año adicionó la petición anterior, solicitando: “reconocer y pagar a mi representado Orlando Avendaño Durán la pensión por invalidez o la indemnización por incapacidad permanente parcial de que trata la ley 776 de 2002, de conformidad con el dictamen que se allega. (fls. 144 a 145 archivo 1). No obstante, estimó que «la interrupción de la prescripción, no se extendió al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios derivada del accidente de trabajo ocurrido el 7 de julio de 2017», pues la petición ante el empleador se elevó el 24 de septiembre de 2020, «cuando habían transcurrido más de los tres años a los que aluden los artículos 488 del C.S.T Y 151 del CPTSS».

En consecuencia, liquidó las acreencias laborales con las modificaciones que consideró procedentes.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el censor que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, «en sus numerales primero y segundo en cuanto que, modificaron los numerales primero y segundo, declararon probada la excepción de prescripción frente a la indemnización plena y ordinaria de perjuicios derivada de la culpa patronal, y revocaron el numeral cuarto» de la providencia de primer grado; para que, constituida en instancia, […] modifique la sentencia proferida por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MIRAFLORES (Boy.), en cuanto a i.) Declarar la existencia de la relación laboral alegada desde el 01 de enero de 2001 y hasta el 16 de febrero de 2018, junto con la condena al pago de los haberes laborales causados y no pagados, y ii). Condenar a la entidad territorial demandada al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, y los derivados de los daños a la salud como consecuencia de su culpa patronal en la ocurrencia del accidente laboral que sufrió el demandante señor ORLANDO AVENDAÑO DURÁN, y iii). se confirme en todo lo demás la providencia de primer grado.

Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal

primera de casación, replicados por la entidad territorial demandada; de los cuales se resolverán en forma conjunta los tres primeros, en la medida en que se encauzan por la senda de pleno derecho, y persiguen la misma finalidad.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de ser violatoria de la ley por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del «artículo primero del Decreto Legislativo 564 de 2020, dejado de aplicar frente al término de prescripción contenido en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo».

Para sustentarlo, asegura que el Tribunal al resolver sobre la prescripción, no tuvo en cuenta la primera disposición referida, en armonía con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; transcribe el contenido de las normas citadas, y afirma que: […] en tanto al aplicar la consecuencia jurídica de la prescripción extintiva, nada dijo el Ad Quem, en relación a la suspensión del término de prescripción de que trata el artículo 1 del Decreto Ley 564 de 2020, frente a la contabilización de los términos contenidos en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 488 de CST, debiendo para el caso haberse referido a la suspensión de la contabilización de los tres (03) años con que contaba el trabajador para hacer exigibles sus derechos, a partir del 16 de marzo de 2020, término este que se reanudó a partir el

1 de julio de 2020, conforme lo dispuso el acuerdo PCSJA2011581 del 27 de junio de 2020; lo que indiscutiblemente varía la consecuencia jurídica de la sentencia impugnada, en tanto el término de prescripción de los derechos de mi mandante, se afectó por la suspensión dispuesta en la norma dejada de aplicar en la sentencia ahora recurrida.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, por interpretación errónea «del inciso segundo del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en

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Radicación n.° 95361 relación con la falta de aplicación del artículo primero del Decreto Legislativo 564 de 2020, lo que condujo a la infracción directa de la regla de interrupción del término de prescripción». En su postura, el Tribunal «interpretó inadecuadamente el inciso segundo del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968», al considerar que: […] la interrupción de la prescripción, no se extendió al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios derivada del accidente de trabajo ocurrido el 7 de julio de 2017, porque el demandante la reclamo hasta el día 24 de septiembre de 2020, cuando habían trascurrido más de los tres años de los que aluden los artículos 488 de C.S.T. y 151 del C.P.T.S.S., para que opere el fenómeno extintivo. Como consecuencia, se declarará probada la excepción de prescripción

propuesta por la delegada del Ministerio Público […]. Explica que bajo el entendido de que la indemnización pretendida se causó el día del accidente, «claro es que al 16 de marzo de 2020 (fecha de inicio del término de suspensión de la prescripción), no habían trascurrido los 3 años de que tratan los artículos 1 del Decreto 3135 de 1968, 488 de C.S.T. y 151 del C.P.T.S.S., pues para dicha data había trascurrido un periodo de 2 años, 8 meses y 9 días», por lo que considera que: […] al reanudarse dicho término a partir del 1 de julio de 2020, el periodo restante para completar los tres años de que habla la norma en mención, era de 3 meses y 22 días, que vencían el 22 de octubre de 2020, lo que permite concluir que la reclamación efectuada por el señor Orlando Avendaño Durán, el 24 de septiembre de 2020, sí interrumpió el término de prescripción extintiva que corría sobre su derecho de reclamar la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, ello por un periodo igual.

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VIII. CARGO TERCERO Encamina el ataque por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «del artículo 488 del Código Sustantivo del trabajo, y de la norma adjetiva contenida en el artículo 151 del C.P.T.S.S. como violación de medio del artículo 216 del C.S.T».

Indica que no reprocha el sustento fáctico de la

decisión, pero asegura que se equivocó el ad quem al establecer la fecha de exigibilidad del derecho reclamado, esto es, «desde la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo y no desde la fecha en que se obtuvo la calificación de Pérdida de Capacidad Laboral por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá». Se apoya en la sentencia CSJ SL10728-2016, para sostener, que al calificarse la pérdida de capacidad laboral el «10 de julio de 2021, y al haberse presentado la demanda el 30 de octubre 2020, claro es que no se configuró la prescripción aducida por el Tribunal, frente a la responsabilidad por culpa patronal de que trata el art 216 del C.S.T. con ocasión al accidente de trabajo que padeció el demandante el 7 de julio de 2017».

IX. RÉPLICA El municipio de Páez responde de manera conjunta los cargos primero y segundo, y en lo referente sostiene que:

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Radicación n.° 95361 […] el Tribunal Superior de Boyacá, Sala Laboral, realizó la contabilización de términos de forma adecuada, lo que en derecho y conforme a los hechos probados, llevaba a concluir un que NO se interrumpió la prescripción frente al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios derivada del accidente de trabajo ocurrido el 7 de julio de 2017. Transcribe el contenido del artículo 1º del Decreto Legislativo 564 de 2020. Y asegura, que las medidas relacionadas con la suspensión de términos de prescripción

y caducidad «se dieron frente a las autoridades judiciales, no respecto de las autoridades administrativas», sin que pueda darse un alcance distinto a la disposición; y que, de acuerdo con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 6 del CPTSS, el demandante debía agotar la reclamación dentro del término de los tres años contados desde que la obligación se hizo exigible. A continuación, indica que el actor confunde los «criterios de suspensión e interrupción»; para diferenciarlos, transcribe el contenido de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del CPTSS; y concluye que: Enunciado estos dos conceptos, en el presente caso habría suspensión de términos si dentro del término de tres años, contados a partir de la ocurrencia del accidente, el accionante hubiere presentado la respectiva reclamación administrativa ante el Municipio de Páez, pues en ese evento, en efecto, se habrían interrumpido los términos de prescripción y sobre el término que empezara a correr desde cero, era procedente la aplicación de los efectos propios del artículo 1 del Decreto 564 de 2020, para acudir a la jurisdicción laboral. No puede el actor, pretender revivir un término que expiró, por no haber realizado la respectiva reclamación administrativa dentro del plazo legal contemplado en la norma para reclamar sus derechos. Con lo cual es irrelevante para el presente caso la suspensión de t