CSJ - SL1714-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1714-2023 Radicación n.º 95458 Acta 025 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AGROPECUARIA KAMAJE SAS contra la sentencia proferida el 6 de abril de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que le instauró JOSÉ GERMÁN OSORIO HINCAPIÉ.

I. ANTECEDENTES José Germán Osorio Hincapié llamó a juicio a Agropecuaria Kamaje SAS, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral desde el 13 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, que se impusieron condenas por cesantías, intereses sobre estas, primas «de junio y diciembre», vacaciones, reliquidación salarial, indemnización por despido sin justa causa, así como

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Radicación n.º 95458 las derivadas de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 65 del CST y la que surge del no pago de los intereses a las cesantías, además del reajuste de las cotizaciones a la seguridad social en pensiones. Fundó sus peticiones, básicamente, en que laboró a favor de la accionada desde el 13 de enero de 2013, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, en el cargo de mecánico general en la hacienda La Paola, sede de la

empresa; que el salario pactado fue de $1.600.000, pagaderos en cuotas quincenales; que esa misma fue la cifra de su última remuneración; que entre 2013 y 2014 esos salarios fueron pagados a través de recibos de caja menor; que a partir del 1 de enero de 2015, la empleadora empezó a discriminar el salario en dos cuotas, una correspondiente al salario mínimo legal de cada año y, la otra, bajo el título de «alimentación», pero que, en suma, alcanzaban la cifra indicada en precedencia; que la base salarial de los aportes de ley y pagos de prestaciones no fue igual al total recibido a título remuneratorio, sino que correspondía al salario mínimo de cada año. Narró que la afiliación al régimen de cesantías solo operó a partir de 2015, de modo que, en los años anteriores no hubo consignación ni entrega directa de esa prestación; que nunca percibió los intereses sobre cesantías; que la empleadora no le otorgó vacaciones; que la relación laboral terminó abruptamente y sin justa causa.

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Radicación n.º 95458 Al contestar la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que era cierto que el actor cumplía tareas como mecánico, pero a título independiente y por labores eventuales que eran pagadas a través de recibos de caja, situación que se mantuvo hasta que, en abril de 2015, fue contratado como trabajador de la empresa. Advirtió que los pagos por alimentación no eran salariales, de modo que su remuneración no era superior al

monto del mínimo legal vigente, a partir del momento en que fue enganchado como trabajador de la compañía. Agregó que era verdad que no pagó las prestaciones sociales de los años 2013 y 2014 porque en esa época no existía un contrato de trabajo con el actor. Por el contrario, señala que pagó a cabalidad todos los derechos sociales derivados del nexo subordinante, después de que operó la contratación laboral, en el año 2015. En cuanto al resto del relato fáctico, dijo que no era cierto. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, buena fe, compensación, pago total y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá, mediante fallo del 28 de agosto de 2020, dispuso: PRIMERO: Declarar que entre el señor José Germán Osorio Hincapié y la Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS existió un

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Radicación n.º 95458 contrato de trabajo entre el 13 de enero del 2013 y el 15 de diciembre del año 2017.

SEGUNDO: Condenar a la Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS al pago de los diferentes conceptos señalados en el cuadro liquidatario que hace parte integral de esta sentencia, así: Por concepto de salario y prestaciones la suma de $ 7.383.698.

Por indemnización por despido injusto $ 4.760.091.

TERCERO: Condenar a la Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS a pagar al trabajador, hoy demandante, por concepto de sanción

por no consignación oportuna de cesantías, la suma de $ 35.200.000.

CUARTO: Condenar a la Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS a pagar al señor José Germán Osorio Hincapié, por concepto de la sanción prevista en el art. 65 del CST, la suma de $ 38.400.000.

QUINTO: Condenar a la Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS a pagar, a partir del mes de enero de 2020, sobre las cifras total de salarios y prestaciones, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia del ramo, hasta cuando se verifique el pago total de ese concepto de salarios y prestaciones.

SEXTO: Condenar a la Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS al pago a órdenes de las entidades de las diferentes administradoras del sistema de Seguridad Social en pensiones y a satisfacción del cálculo actuarial que cada una de ellas realice, los aportes al sistema de seguridad social del demandante por el período de 2013 al 2017 con un valor del IBC por un valor de

$ 1.600.000.

SÉPTIMO: Condenar en costas a la demandada Sociedad Agropecuaria Kamaje SAS. Se fija, como agencias en derecho, la suma de $ 8.000.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, mediante sentencia del 6 de abril de 2022, confirmó la decisión de primer grado.

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En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que debía determinar si existían elementos de juicio que permitieran establecer la existencia de un contrato de trabajo entre las partes entre el «15 de enero de 2013» y el mes de abril de 2015. Con base en los artículos 22 y 23 del CST, afirmó que debía establecer si el actor demostró la prestación personal del servicio a favor de la empresa demandada entre las fechas indicadas, pues, en ese evento, podría aplicar la presunción del artículo 24 del mismo código. Respecto de esta, acudió a una sentencia de esta Corte que identificó como «CSJ, Casación Laboral, sentencia de mayo 31 de 1955». A continuación, estudió la documental aportada, de donde obtuvo estos hallazgos: A folio 203 del archivo 001 del expediente digital, obra certificación laboral con fecha de elaboración del 6 de mayo de 2015, rubricada por el señor CRISTIAN HERNÁN TRUJILLO LONDOÑO en calidad de representante legal de la demandada, en la que se asevera que el actor JOSÉ GERMÁN OSORIO HINCAPIÉ laboró para la demandada «desde el día 13 de enero del año 2013; con un contrato a término indefinido en el cargo de mecánico general; devengando un salario mensual de Un millón seiscientos mil pesos m/cte. ($1.600.000)». También se observan recibos de caja menor a favor del demandante (fs. 8 a 31, 177 a 180 Arch. 001 ED), expedidos de forma quincenal, desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre

de 2014, en donde se le cancelan diferentes sumas de dinero ($1.200.000, $800.000 y $960.000), por concepto de la prestación de servicios personales en el taller, sin señalarse el tipo de vinculación que unía a las partes y notándose, que en varios de dichos documentos, se hace alusión a “abono” y “saldo”; e igualmente se avizora documento denominado «NOMINA (sic) HACIENDA LA PAOLA TRABAJOS TALLER» por medio del cual cancelan a favor del actor un salario, auxilio de transporte y descontaban para aportes a seguridad social, documento elaborado de forma quincenal desde el 01 de abril al (sic) de 2015; así mismo, se visualizan documentos en los cuales se consigna

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Radicación n.º 95458 para el actor, un valor por concepto de alimentación, expedido de la misma forma y para los mismos periodos ya mencionados fs. 32 a 154, 181 a 184 Arch. 001ED). Del mismo modo, se encuentran dos liquidaciones de cesantías a favor del actor, correspondientes a los años 2015 y 2016 (fs. 115 y 186 Arch. 001 ED), tres liquidaciones por terminación de contrato por los periodos comprendidos entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2015, el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016, y el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017 (fs. 155, 185 y 187 Arch. 001 ED); así como el formulario de afiliación a EPS y CAJA DE COMPENSACION (sic) FAMILIAR, donde se indica que

el vínculo laboral inició desde el 13 de abril de 2015, y afiliación a riesgos profesionales desde el 14 de abril de 2015 (fs. 156 y s.s. Arch.001 ED) planillas de pago de seguridad social integral a favor del accionante y a cargo de la sociedad demandada, entre los años 2015 a 2017 (fs. 159 a 169 Arch 001 ED); bonificación al trabajador en el mes de diciembre de 2015 por valor de $1.000.ooo,oo (sic) y pago de salarios y prestaciones sociales a partir del año 2015, allegados con la contestación de la demanda. Del interrogatorio de parte que rindió la representante legal de la accionada, Valentina Trujillo, desprendió que al actor lo contrataban para hacer algunos trabajos en el taller entre los años 2012 a 2015; que a partir del 2015 lo emplearon, por cuanto se requería un mecánico de tiempo completo y no por tareas; que el horario de trabajo era de 7 a. m. a 4 p. m. de lunes a sábado, pero este último día solo se laboraba media jornada. En cuanto al testimonio de Arlex Giraldo Serna, dijo que «solo se puede extraer que el demandante trabajaba en la finca La Paola y su horario de trabajo era a las 7 am y que este laboraba desde el año 2012 hasta el 2015», por cuanto este testigo era el mototaxista que transportó al actor durante el lapso que mencionó, ya que luego del año 2015, el trabajador adquirió su propio medio de transporte. Por otra parte, de la declaración de Alexander González Jaramillo,

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Radicación n.º 95458 concluyó que el promotor de la acción realizaba funciones de «mecánica, taller, soldadura en la finca», en el horario referido, «y esporádicamente cuando se necesitaba después del horario él iba»; además, que cuando este declarante se vinculó con la demandada, en el año 2015, ya el accionante trabajaba para ellos. El ad quem concluyó, a partir de ese material probatorio, que se verificó la existencia de la relación de trabajo «desde el 15 de enero de 2013 hasta el mes de abril del año 2015», toda vez que quedaron demostrados los servicios personales que ejecutó el laborante Osorio Hincapié en tal periodo, de manera que consideró plausible activar la presunción del artículo 24 del CST. También dedujo que la convocada a juicio no logró probar «que dichas labores fueron desarrolladas con independencia o sin subordinación, o lo que es igual, bajo la égida de una contratación de tipo civil o comercial». En ese mismo sentido, el Tribunal expresó: En efecto, la documental aportada favorece los intereses del actor, en el sentido que corrobora la presunción que a su favor establece la ley, pues si se observa, fue el mismo representante legal de la demandada, el que certificó que el demandante empezó a prestar sus servicios personales para la empresa, a partir del 1º de enero de 2013; de otro lado, se evidencian para el año 2014 recibos de caja expedidos durante todo el año de forma quincenal por concepto de trabajo en el taller, y para los años 2015 a 2017,

se tiene que la misma representante legal acepta el vínculo laboral; además de ello, se tienen los respectivos desprendibles de nómina junto al pago de la seguridad social. Enseguida, definió el monto de la remuneración mensual del actor, pues la empleadora alegó que la base salarial promedio que aceptó el a quo era equívoca, ya que

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Radicación n.º 95458 incluyó los montos anotados en los desprendibles de pago por concepto de alimentación, que, según la apelante, eran sumas entregadas por mera liberalidad, no constitutivas de salario. Para zanjar este debate, observó la certificación laboral firmada el 6 de mayo de 2015 por el representante legal de la empresa, Cristian Hernán Trujillo Londoño, que indica «que el actor JOSÉ GERMÁN OSORIO HINCAPIÉ laboró para la demandada “desde el día 13 de enero del año 2013; con un contrato a término indefinido en el cargo de mecánico general; devengando un salario mensual de Un millón seiscientos mil pesos m/cte. ($1.600.000)”». A continuación, dijo que ese contenido fue corroborado por el actor al absolver interrogatorio de parte, cuando afirmó: «a partir del año 2013 me contrataron como mecánico soldador de la finca contratado por Cristian Hernán Trujillo con el que se llegó a un acuerdo salarial en esa época de 1.600.000», suma que él mismo manifestó que recibió dividida en quincenas, a razón de $ 800.000, a lo que añadió

que esa remuneración era fija y que se mantuvo igual hasta

2017. Al comparar estos datos con el resto de la prueba recaudada, el ad quem extrajo estas conclusiones: Ahora, los recibos de caja del año 2014, aportados en la demanda, dan cuenta que el accionante recibía un pago quincenal de $1.200.000, no obstante, en el interrogatorio de parte practicado al mismo, explicó que el salario quincenal correspondía a la suma de $800.000, y que los $400.000 restantes le correspondían a un ayudante que le fue asignado durante un tiempo, afirmación que no fue desvirtuada por la representante legal en su interrogatorio, la cual toma más fuerza al ver que solo durante las quincenas recibidas desde enero hasta julio de 2014 le cancelaron la suma de $1.200.000 (fs. 8 a 22

Arch 01 ED), y después continúo percibiendo el valor de $800.000 quincenales hasta el 31 de diciembre de 2014.

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Radicación n.º 95458 Aunado a lo anterior, en los desprendibles de nómina generados quincenalmente durante los años 2015 a 2017, se observa que el actor percibía un salario de $322.175, y una suma señalada como “bono de alimentación” por un valor de $477.825 cada quincena. En cuanto al supuesto bono de alimentación, el demandante indicó en interrogatorio de parte que «era una forma de pago a los trabajadores, una parte la entregaban como salario y la otra de esta forma como alimentación, si observa señor juez es la

cantidad que daban por alimentación es la mitad de mi salario», también dijo que la sociedad demandada nunca les reconoció algún valor por concepto de alimentación, y que cuando no llevaba almuerzo se lo compraba a la señora Nancy Hernández quien vivía en la finca La Paola por un valor de $3.500 o $4.000; en cuanto a este aspecto la representante legal de la sociedad demandada VALENTINA TRUJILLO dijo que «se le empezó a dar este bono para alimentación que no era constitutivo del salario de él, porque él nos argumentaba pues que a él le quedaba difícil que su esposa le mandara o así. O sea, se lo dejamos a su elección, porque al principio si había otra persona que se llamaba Marina que era la esposa del otro y a él no le gustaba la comida de la señora, pues no sé porque la verdad no me alimenté nunca allá, entonces lo dejamos a elección de él para que él o la comprara o la trajera de donde la comprara o se la comprara a Nancy, como lo digo, en el 2015 iniciamos otros proyectos y aparte había otro servicio de alimentación en otra parte de la finca; del cual él también hizo uso varias veces pero pues no sé si siempre, porque realmente no me incumbía a mi meterme pues si almorzó, pues dónde almorzaba, cuánto le costaba, realmente era lo que él nos decía que se gastaba en la parte de alimentación y por eso se le ayudaba con esa parte como parte de un bono pero no constituía el salario como tal.». Sobre el tema, el testigo convocado por la parte pasiva, señor ALEXANDER GONZÁLEZ JARAMILLO, quien se desempeña

como administrador de campo de la finca La Paola y esposo de la señora Nancy Hernández, manifestó frente a la alimentación que «normalmente todos traen su comida, cuando un trabajador necesita almuerzo su esposa se los vende, se lo encargan» y que el valor del almuerzo era de $4.000 pesos. Así las cosas, es claro para la Sala que el bono de alimentación o suma entregada por concepto de alimentación; alimentos que según la representante de la demandada que absolvió interrogatorio, podía ser usada por el actor para la efectiva ingesta de alimentos o no; constituía parte del salario cancelado al demandante, esto, por cuanto, (i) de las declaraciones rendidas se desprende que el auxilio por alimentación no era reconocido como tal por la demandada, sino que estaba en cabeza de cada empleado, en el caso puntual del señor JOSÉ GERMÁN OSORIO;

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Radicación n.º 95458 (ii) el valor del almuerzo correspondía a la suma de $4.000 pesos diarios, la que si se multiplica por 15 días de salario arroja como resultado la suma de $60.000 pesos quincenales, cifra que por creces es menor al supuesto valor de $477.825 que se cancelaba de forma quincenal por concepto de alimentación, conforme a los documentos analizados; y (iii) si se suma el supuesto valor de alimentación $477.825 y el recibido por concepto de salario $322.175 da como resultado la cifra de $800.000 mil pesos quincenales, lo que quiere decir que mensualmente lo devengado efectivamente por el señor OSORIO era la suma de $1.600.000,

tal como lo manifestó el demandante en el interrogatorio de parte practicado, y como quedó consignado en la certificación laboral con fecha de elaboración del 6 de mayo de 2015. Sobre las indemnizaciones reguladas en los artículos 65 del CST y 99 numeral 3) de la Ley 50 de 1990, encontró que debían prosperar. Para fundar ese resultado, anotó que estas sanciones, no eran automáticas, según estas consideraciones: […] dado su carácter penalizador, no son de aplicación automática y, de todas maneras, en cada caso el juez debe efectuar un juicio de conducta de la parte deudora, referida al momento de la causación de los derechos del trabajador, para de allí concluir si las sanciones se aplican, o existieron motivos de peso que justificaron el no pago de las respectivas prestaciones. Así lo ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, criterio jurisprudencial que si bien es cierto sirve de fuente auxiliar del derecho, debe ser considerado por los funcionarios de instancia al momento de proferir las decisiones sobre dicho aspecto, y en el caso de autos con mayor razón, pues por tratarse de una penalidad, ha de mirarse la responsabilidad subjetiva en la omisión, es decir, si operó mala fe, entendida ésta como la intención perversa, deslealtad, doblez, alevosía, conciencia antijurídica al obrar, dolo o convicción íntima que no se actúa legalmente; motivo por el cual se debe escudriñar el fondo de las circunstancias que rodearon la ejecución y terminación del contrato de trabajo, para de allí deducir si la

conducta patronal amerita la imposición de la citada sanción. En aplicación de este criterio, la sala de instancia consideró que la empleadora estuvo convencida de estar atada al actor a través de un contrato de trabajo a término

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Radicación n.º 95458 indefinido desde el año 2013, como lo consignó en la certificación laboral que emitió en ese sentido. El juez de apelaciones reconoció que, pese a que la empresa le pagó los salarios y prestaciones al demandante de manera oportuna, es decir, en los periodos en los cuales se generó cada uno de los derechos, conforme a los documentos anexados, lo cierto fue que esos pagos no cubrían el total de la contraprestación por los servicios prestados. Tal afirmación la construyó sobre esta premisa: […] recuérdese que de manera habitual, cada quincena, se daba una suma que se catalogaba como “alimentación”, pero que quedó claro en este juicio, que si bien la misma se entregaba bajo el rótulo que señalaba que era para suplir la alimentación del actor; el valor entregado cumplía con todos los requisitos para ser constitutivo de salario, pues era habitual, se itera, y fija cada quincena, a más que se probó que la empresa la entregaba a sabiendas que el trabajador podía optar por almorzar en su sitio de trabajo, comprar sus alimentos en otro lugar o llevarlos preparados desde su lugar de vivienda. Siendo el valor entregado para alimentación el que entra a acrecer el monto de la remuneración mensual del trabajador, y por ende, da lugar a que la liquidación de sus derechos laborales se efectúe con base en un ingreso mensual de $1.600.000, es

claro que se generó una omisión en el pago de varios de los derechos laborales del actor sin que en efecto quedara demostrada la ausencia (sic) de buena fe en cabeza del empleador, por lo que la condena impuesta por concepto de indemnización moratoria conforme al artículo 65 del CST debe confirmarse. Lo mismo no (sic) ocurre frente a la sanción deprecada con fundamento en el artículo 99.3 de la Ley 50 de 1990, pues es claro que la demandada tenía la obligación de afiliar a su trabajador a un fondo administrador de pensiones y cesantías y depositar allí, antes del 14 de febrero de cada año, el monto de las cesantías causadas en el año inmediatamente anterior, a favor de su trabajador, de lo cual no se allegó prueba por parte de la demandada, lo que conlleva a que la condena por dicho concepto sea confirmada.

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Radicación n.º 95458 Para abordar la apelación en el punto relativo a la condena por pago de aportes retroactivos a la seguridad social en pensiones, determinó que la dadora de empleo debía cancelar los aportes correspondientes al tiempo en que se generó la relación laboral con base en el salario mensual realmente devengado, de $1.600.000 mensuales, de modo que esa decisión no podía variarse. Por último, dado que la recurrente apeló la providencia de primer grado en cuanto al fenómeno de la prescripción, dijo el Tribunal que, con base en los cánones 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS, el término de 3 años contemplado en esos preceptos debía aplicarse en los términos señalados por

el a quo en la sentencia de primera instancia, razón por la cual confirmó ese punto del fallo apelado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Agropecuaria Kamaje SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Procura la sociedad recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no son objeto de réplica.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST en relación con el 55 de la misma codificación y el 83 de la CP.

Explica que el Tribunal, al aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, impuso la sanción de manera directa, sin estudiar que el actuar empresarial pudo ser de buena o mala fe, como la exige la jurisprudencia, de cuyo contenido recuerda que «la buena fe no se presume, sino por el contrario, esta debe acreditarse probatoriamente, a fin de excepcionar la sanción prevista por el legislador». Considera que el error es protuberante, pues se contrapone a los postulados constitucionales, al tiempo que se distancia de la doctrina de esta Sala de la Corte y «rompe con las presunciones de buena fe, consagradas en el artículo

55 del CST y 83 de la Constitución Política de Colombia». Precisa que, frente a esta última norma, la Corte Constitucional ha establecido los alcances de la presunción aludida en el fallo CC C529-2000, también menciona la sentencia CC C840-2001 y, de esta sala, acude a la providencia CSJ SL8216-2016. Tras ello, alega: La indemnización moratoria y, al compartir su naturaleza jurídica, el reconocimiento de intereses moratorios respecto de salarios y prestaciones en dinero, son institutos del ordenamiento laboral que responden a las siguientes características definitorias:

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Radicación n.º 95458 i) Son mecanismos que buscan desincentivar el incumplimiento del empleador en el pago de salarios y prestaciones, insolutas al momento de terminar la relación laboral; ii) La indemnización moratoria y los intereses supletorios operan al margen de las causas que dieron lugar al contrato de trabajo. Basta con que se demuestre que el empleador, a sabiendas, dejó de pagar oportunamente los salarios o prestaciones debidas, para que proceda su exigibilidad; y iii) Tanto la indemnización moratoria como los intereses supletorios encuentran sustento constitucional en la necesidad de proteger la remuneración del trabajador que, al finalizar su vínculo laboral, queda desprotegido económicamente, lo que obliga al pago oportuno de las acreencias debidas. Ello con el fin de evitar que la mora en el pago involucre la inminencia de un perjuicio irremediable, derivado de la afectación del derecho

fundamental del trabajador y de su núcleo familiar dependiente. Bajo los presupuestos esgrimidos, el objeto de la precitada indemnización moratoria es sancionar al empleador que incumple con el pago de los emolumentos de concepto salarial y prestacional, así las cosas en el caso que nos ocupa, no se encuentra en entredicho el cumplimiento de los pagos por concepto salarios y prestaciones sociales, así entonces mal haría en condenarse a mi prohijada al reconocimiento de una condición jurídica de connotaciones resarcitorias de daños, cuando no se prueba el daño que se haya causado, pues la misma no se ha sustraído de sus obligaciones, distinto es que ahora el demandante pretenda la reliquidación de los pagos legal y oportunamente efectuados bajo el supuesto de discusión sobre el factor salarial. Así pues, si la sentencia acusada hubiese interpretado debidamente los preceptos violados, su decisión hubiese sido contraria, situación que debe conducir a la casación de esta, para lo cual, como Tribunal de instancia, le corresponde a la Corte brindar el alcance de la impugnación pretendida.

VII. CONSIDERACIONES Dado que en este cargo no se discuten las conclusiones fácticas, queda por fuera del debate que el Tribunal, para confirmar la prosperidad de las sanciones por mora, tuvo en cuenta que la empleadora no trajo prueba que explicara por

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Radicación n.º 95458 qué no incluyó, en la remuneración y prestaciones debidas al trabajador, las sumas que le entregaba a título de «alimentación», rubro que consideró de carácter salarial; en

cuanto a la consignación de cesantías, estimó que la demandada no justificó el hecho de no haber consignado esa prestación durante todo el tiempo de servicios, esto es, entre los extremos temporales que definió el juez de primer grado y que quedaron avalados por su superior funcional. Establecida esa base, el cargo critica que el Tribunal impuso la sanción contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 de manera directa, sin adentrarse en el estudio de la buena o mala fe con la que obró la sociedad recurrente. Añade que, para el Tribunal, la buena fe no se presume, sino que debe acreditarse, lo que constituye una interpretación errónea de la norma. A la vez, advierte que no se sustrajo de sus obligaciones como empleadora, por lo cual no causó daño alguno al trabajador. La acusación bajo estudio no está llamada a prosperar porque pasa por alto que la sentencia, en cuanto al artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en relación con el 65 del CST, aplicó un mismo criterio jurisprudencial, como puede verse al inicio del acápite tercero de sus consideraciones, en donde, sin vacilación, deja claro que ambas sanciones, «dado su carácter penalizador, no son de aplicación automática y de todas maneras, en cada caso el juez debe efectuar un juicio de conducta de la parte actora» para determinar si se probaron motivos justificativos de la elusión de los derechos reclamados. La Corte observa que la sala de instancia no

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Radicación n.º 95458 necesitó respaldar esa afirmación con ejemplos concretos de

sentencias sobre el tema, pero es evidente que sus palabras coinciden con la enseñanza jurisprudencial emitida por esta corporación. Así puede verse en la providencia CSJ SL41212022, que, sobre este punto, manifiesta: 2.2.7. Indemnizaciones moratorias por no pago de salarios y prestaciones sociales, por no consignación de cesantías, y por falta de pago de aportes De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia de la Corporación ha adoctrinado que el reconocimiento de la indemnización moratoria no es automático, y que para efectos de determinar si es o no procedente, corresponde al juez abordar, en cada caso, los aspectos relacionados con la conducta que asume quien se sustrae del pago de las obligaciones laborales (CSJ SL1430-2018, CSJ SL2478-2018 reiteradas en CSJ SL5595-2019). En concordancia con lo precedente, la forma en que se ejecute la relación de trabajo entre las partes es lo que determina si el empleador actuó o no desprovisto de buena fe. Al hilo de ese pronunciamiento, la interpretación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, según la providencia CSJ SL4511-2019, tiene estas implicaciones: En lo referente a la pretensión de marras, es criterio de la sala que, al igual que la del artículo 65 del CST, por tener su origen en el incumplimiento del empleador de ciertas obligaciones, goza de una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que

guiaron la conducta del empleador. La buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera del empleador frente a su trabajador; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud. En tal virtud, el Tribunal interpretó correctamente las normas que regulan las indemnizaciones moratorias, ya que se ciñó a la doctri