CSJ - SL1728-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1728-2023 Radicación n.° 95805 Acta 25 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 25 de marzo de 2022, en el proceso que en su contra adelantó JOHN EDILBERTO

MARÍN SILVA.

I. ANTECEDENTES John Edilberto Marín Silva llamó a juicio a Recursivos Serviayuda SAS para que, se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido, fue ineficaz la terminación de fecha «1 de julio de 2015» al no haberse solicitado permiso al Ministerio del Trabajo y, en

consecuencia, se ordenara:

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Radicación n.° 95805 Su reintegro «en las mismas condiciones económicas» y se le reubique en un cargo para el que esté capacitado «de la misma categoría, teniendo en cuenta las restricciones médicas de su EPS SOS y Junta de calificación de Invalidez»,j unto con el pago de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías y, vacaciones, desde la fecha del despido y hasta su reintegro, aportes al sistema integral de seguridad social, indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997,

indemnización moratoria, lo que resultara probado extra o ultra petita y, las costas. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que, suscribió con la demandada contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada el 27 de febrero de 2013 como trabajador en misión, para desempeñar el cargo de auxiliar de servicios generales y bodega, con un salario básico mensual de $600.000 más el subsidio de transporte. Afirmó que en el examen médico de ingreso que se le practicara en la IPS Human Fine, no se reportaron recomendaciones médico-ocupacionales, en tanto se conceptúo «"NO PRESENTA ALTERACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO"», no obstante, el 18 de abril de 2013 se le diagnostica con epicondilitis media y síndrome del túnel carpiano, «CALIFICACIÓN DE ORIGEN COMUN» (sic). La ARL Liberty Seguros de Vida inconforme con la calificación del origen de aquellas patologías dada por la EPS SOS, el 2 de mayo de 2013 indica que las mismas «son de origen COMUN», razón por la cual se remite a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, entidad que el 27 de junio

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Radicación n.° 95805 de 2013 confirma el diagnóstico y el origen común de las enfermedades, decisión que es corroborada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el 14 de febrero de 2014. Ratificó que, no obstante, lo anterior y con pleno

conocimiento de su situación médica, el 9 de mayo de 2013 la demandada dio por terminado el contrato de trabajo aduciendo que la labor para la cual había sido vinculado, terminó. Resaltó que con ocasión de esa decisión se le realizó examen médico de egreso en el que se consignó «RETIRO CON CONTROLES PENDIENTES EN EPS», «RECOMENDACIONES: Pendiente calificación de origen por controversia ARP y EPS por la JRCI DX STC BILATERAL - EPICONDILITIS MEDIA DERECHA», «PENDIENTE: Programación para cirugía de ligamentos de rodilla izquierda» y que, como consecuencia de aquella decisión, vio interrumpido su tratamiento médico y el procedimiento quirúrgico (negrita del original). Por tales hechos, instauró acción de tutela que correspondió al Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, quien declaró improcedente el amparo, decisión que impugnada por el accionante fue revocada por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, quien tuteló sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, igualdad, salud y seguridad social y, ordenó su reintegro, el que se hizo efectivo desde el 28 de octubre de

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Radicación n.° 95805 2013, siendo reubicado en el Hospital San Juan de Dios con funciones acordes a su estado de salud y, el pago de salarios, prestaciones sociales ge indemnización realizado mediante transferencia electrónica a la cuenta de nómina del trabajador>. Señaló que unos meses después de su reintegro, Recursivos Serviayuda SAS le ofreció un traslado a la ciudad

de Bogotá con aumento de salario que no aceptó, por afectar sus condiciones económicas y familiares, lo que llevó a la empresa a presentar dos solicitudes ante el Ministerio de Trabajo, el 9 de mayo y el 17 de junio de 2014, la primera pidiendo autorización para la terminación del contrato y la otra, requiriendo exhortar al trabajador como medida provisional sobre el traslado a Bogotá DC, solicitudes que fueron negadas por la Inspectora de Trabajo mediante Resolución n.° 2014001870 de 24 de agosto de 2014, confirmada por la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial Valle del Cauca, luego de que aquella fuera impugnada por la demandada. Manifestó que a pesar de conocer su situación, su proceso de recuperación y las restricciones médicas emitidas por la EPS, la no autorización de su desvinculación por parte del Ministerio del Trabajo y la decisión de tutela, su empleador decidió «nuevamente de manera unilateral» terminar el vínculo contractual el 1 de julio de 2015.

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Radicación n.° 95805 Refirió que a la fecha de presentación de la demanda cursaba una investigación administrativa en contra de la demandada «por presunta violación a la ley 361 de 1997». Recursivos Serviayuda SAS se opuso a las peticiones. De los hechos, aceptó la vinculación laboral del demandante. Adujo en su defensa que la obra para la cual lo vinculó finalizó el 9 de mayo de 2013, razón que conllevó la terminación del vínculo contractual.

Informó que acató la orden de reintegro y que para cuando vinculó al trabajador ya presentaba merma en su salud pero que los padecimientos no le impedían el cumplimiento de sus funciones, al punto que en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez no se le determinó pérdida de capacidad laboral. Aseguró que el promotor del juicio nunca presentó incapacidades o documento que diera cuenta de que se encontraba en estado crítico de salud, que impidiera el finiquito contractual, amén que el Ministerio de Trabajo no se opuso a ello y el trabajador no acudió a la jurisdicción ordinaria laboral dentro de los 4 meses siguientes al amparo constitucional a impetrar la acción judicial correspondiente. Propuso la excepción de prescripción, así como las que denominó: inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir y, la genérica (expediente digital - cuaderno del juzgado).

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Radicación n.° 95805

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, concluyó el trámite y emitió fallo el 9 de mayo de 2018 (link de audiencia - expediente digital - cuaderno del juzgado), en el que

resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas prescripción, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir y la genérica, propuestas por RECURSIVOS

SERVIAYUDA SAS.

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de la terminación contractual acaecida el 1 de julio de 2015, respecto del contrato

de trabajo que existía entre la empresa RECURSIVOS

SERVIAYUDA SAS y el señor JOHN EDILBERTO MARÍN SILVA.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad demandada RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS a reintegrar al señor JOHN EDILBERTO MARÍN SILVA a un cargo igual o superior al que venía desempeñando sin afectar sus condiciones de salud, sin solución de continuidad a partir del 1 de julio del ario 2015.

CUARTO: CONDENAR a la sociedad demandada RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS a reconocer y pagar a favor del señor JOHN EDILBERTO MARÍN SILVA los salarios, vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y aportes a la seguridad social, dejados de percibir entre el 1 de julio del ario 2015 y la fecha en que se haga efectivo el reintegro.

QUINTO: CONDENAR a la sociedad demandada RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS a reconocer y pagar a favor del señor JOHN EDILBERTO MARÍN SILVA el equivalente a seis salarios mínimos mensuales vigentes para el ario 2015 por concepto de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

QUINTO (sic): Costas a cargo de la parte vencida en el proceso. Tásense por la Secretaría del Juzgado incluyéndose como agencias en derecho a cargo de la demandada y a favor del actor una suma equivalente al 10% del total de la condena impuesta calculada a la fecha de la emisión de esta providencia.

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Radicación n.° 95805

SÉPTIMO: ABSOLVER a la empresa RECURSIV OS

SERVIAYUDA SAS de las demás pretensiones que en su contra haya formulado el señor JOHN EDILBERTO MARÍN SILVA. Inconforme, la sociedad convocada a juicio apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió fallo el 25 de marzo de 2022 (f.° 1-21 expediente digital - cuaderno del Tribunal), en el que confirmó el de primer grado e impuso costas a la impugnante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem fijó como problemas jurídicos: 1.- Determinar si erró el a quo «al no resolver la terminación del contrato laboral del 9 de mayo de 20130, 2.- si al momento del despido, el trabajador gozaba de estabilidad laboral reforzada y si era exigible la calificación de su pérdida de capacidad laboral, 3.- si se desconoció el término de 4 meses de que trata el Decreto 2591 de 1991 y, 4.- si le asiste razón a la demandada cuando indica que no contaba con sede ni clientes en Cali para llevar a cabo el reintegro. Precisó que se encontraban fuera de la discusión, que: i) el promotor del juicio laboró al servicio de la demandada del 27 de febrero al 9 de mayo de 2013; ii) en cumplimiento de una decisión judicial de tutela fue reintegrado el 28 de octubre de esa anualidad; iii) fue diagnosticado con síndrome del túnel carpiano y epicondilitis media y, iv) el empleador

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Radicación n.° 95805 solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para despedirlo, a lo que este no accedió. Para dar respuesta al primer cuestionamiento, indicó que el juzgador de la primera instancia no se pronunció de la terminación del contrato de trabajo acaecida el 9 de mayo de 2013, porque revisado el escrito de demanda: [...] por ningún lado se indica dentro de las pretensiones que se deba evacuar el estudio en ese sentido, contrario, lo que si se observa, es que este punto fue estudiado en el fallo de tutela proferido el 1° de octubre de 2013, a través del cual se ordenó el reintegro del demandante a la entidad, toda vez, que se evidenció que a la fecha de terminación del contrato de trabajo, esto es, el 9 de mayo de 2013, por sus condiciones de salud, se encontraba en estabilidad laboral reforzada. Situación anterior, que conlleva a la imposibilidad del estudio del presente caso, bajo ese tópico, toda vez que constituye una cosa juzgada. Luego de referirse a las sentencias CSJ SL1360-2018, CSJ SL3846-2021 y CSJ SL4632-2021, sostuvo que revisado el material probatorio, no podía pasar por alto que las patologías de síndrome del túnel carpiano y epicondilitis media olas viene padeciendo el señor Marín Silva desde antes de su ingreso a prestar sus servicios a Recursivos Servia yuda S.A.S.», no obstante, le resultó «irrelevante este supuesto y además, el estudio del presente caso no se circunscribe a ello, sino en determinar si a la fecha de la terminación del contrato

de trabajo, esto, al 10 de julio de 2015, se encontraba en alguna situación de salud particular, que lo haga candidato de tal protección especial como trabajador) y, reiteró, que como el trabajador fue reintegrado por orden de tutela, «no se

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Radicación n.° 95805 estudiará lo que ya evacuó el Juez Constitucional, toda vez, que ya se configuró la cosa juzgada frente a ello». Se refirió a las restricciones dadas al trabajador por la EPS SOS y Fundación Ideal, visibles a folios 109-122, de las que sostuvo, tenía pleno conocimiento el empleador, lo que corroboró «con sendos mensajes remitidos a la demandada a través del correo institucional, de los que se extrae que puso en conocimiento no solo aquello, sino también las incapacidades, las citas de control y el procedimiento quirúrgico que se encontraba pendiente por tramitar y que finalmente se logró realizan>, este último, correspondiente a la cirugía de corrección de ligamento cruzado de rodilla. Agregó que a la terminación del vínculo laboral fue valorado por el médico ocupacional el 9 de julio de 2015 quien señaló que se encontraba con una serie de restricciones y procedimiento quirúrgico por definir, «situación que hacía imposible el cumplimiento de su labor, toda vez, que se logra inferir que su estado de salud era incompatible con la labor, pues su cargo era como auxiliar de servicios generales y de manera indefectible requería de sus manos para prestar su servicio». El anterior análisis le llevó a colegir que «ese

padecimiento de salud constituye una limitación física incapacitante para desempeñar sus actividades laborales, máxime, cuando se advierten recomendaciones o restricciones médicas, que activan la protección reclamada».

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Radicación n.° 95805 En lo que hace a la falta de calificación de la pérdida de capacidad laboral, luego de referirse a las sentencias CSJ SL10538-2016 y CSJ SL2586-2020 manifestó que, aunque no se contaba con aquella y, tampoco «con una limitación significativa, sin embargo, si hay serios indicios de que existió un actuar discriminatorio por parte de la entidad demandada», Uno de ellos, es el traslado que se intentó realizar con el demandante para el ario 2014 a la ciudad de Bogotá, para que continuara prestando sus servicios y que, ante la negativa de aquel, la entidad demandada, elevó solicitud ante el Ministerio de Trabajo, para que se autorizara su despido, no siendo exitosa su solicitud, toda vez que no solo fue negada, sino que, habiéndose interpuesto los recursos respectivos, la entidad confirmó tal decisión. Aunado a lo anterior, es de resaltar que, por un lado, una vez la entidad tuvo conocimiento de las enfermedades del actor, invocó como causal de terminación del contrato, que se había finalizado la obra para la cual fue contratado, situación que no fue probada por el extremo pasivo. A continuación, se remitió a la misiva de desvinculación del demandante, de la que resaltó, indicaba que se daba por terminado el contrato de trabajo, al haber cesado el término

de 4 meses de protección de la tutela que ordenó su reintegro y luego de reproducir el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, señaló que revisado el fallo de tutela no se evidencia que allí se hubiera tutelado de manera definitiva o transitoria o que se hubiera dispuesto algún término para la cesación de los efectos de esa decisión y que, en todo caso, [...] no puede pasar por alto la Sala, que si el fallo de tutela, mediante el cual se ordenó el reintegro del demandante a la empresa demandada, data del 1° de octubre de 2013 y la causal de terminación del contrato el 1° de julio de 2015 fue

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Radicación n.° 95805 fundamentada en que cesó dicha protección, esta situación debió ser alegada una vez cumplido el termino de 4 meses que indica la norma, pero no se hizo. Fue tan solo en esta última data, que la entidad, aun teniendo conocimiento del estado de salud del demandante, que tenía restricciones médicas, como no levantar peso de 10 kg, no realizar movimientos repetitivos con sus manos, incluso se encontraba pendiente el trámite de una cirugía de rodilla, es decir, soslayó la situación particular que para esa data padecía el señor Marín Silva y en su lugar, encontró como causal supuestamente objetiva, que debía terminar de manera unilateral el contrato suscitado entre las partes. Lo anterior, aun sin tener autorización por parte del Ministerio de Trabajo, esto, encuentra sustento en la Resolución 2014003070 del 21 de noviembre de 2014, mediante la cual no repuso la decisión contenida en la 2014001870 del 27 de agosto

de 2014 frente a la no autorización de despido del demandante, misma que fue recurrida, pero que mediante acto administrativo 2014003392 del 29 de diciembre del mismo ario, confirmó lo decidido, para concluir, que en ningún momento esta entidad, autorizó el despido del actor (fls. 94-104). Concluyó que si bien para la data de finiquito del vínculo contractual, el trabajador no se encontraba incapacitado, sí contaba con restricciones o recomendaciones médicas vigentes, situación que era conocida por su empleador y que, por ende, conllevaba la confirmación de la decisión impartida por el a quo. En lo que hace a la imposibilidad para el reintegro, alegada por la sociedad convocada a juicio, que fundamentó en el hecho de no tener oficinas ni clientes en Cali, advirtió «que esto en su momento pudo haber sido una causal de despido frente al trabajador, sin embargo, la entidad convalidó todo lo aquí acontecido con el actor, cercenando los derechos de este», amén que,

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Radicación n.° 95805 [...] no se evidencia que se haya alegado tal situación en las instancias administrativas, tanto es que cuando la demandada le propuso al demandante su traslado a la ciudad de Bogotá, ante la negativa de aquel y dada la solicitud al Ministerio de Trabajo, este ente, dispuso no exhortar al señor Marín Silva para trasladarse a aquella ciudad a prestar sus servicios. Es así, que queda a discreción de la entidad demandada, una vez haga efectivo el reintegro del demandante, que realice los trámites tendientes o para la reubicación del trabajador o para

que realice las diligencias tendientes a definir la situación laboral del demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, en sede de instancia revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, se le absuelva íntegramente.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera, que fueron objeto de réplica y, enseguida se estudian de manera conjunta pues, no obstante orientarse por sendas distintas, acusan similar elenco normativo, se complementan en la argumentación y, pretenden el mismo fin.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; infracción directa del 2 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y, aplicación indebida del 186 y 306 del CST; 1 de la Ley 52 de 1952; 99 de la Ley 50 de 1990, 17 modificado por el 4 de la Ley 797 de 2003 y, 22 de la Ley 100 de 1993.

Sostiene que no son motivo de discusión, los hechos que tuvo por acreditados el Tribunal, que el reproche se soporta en el haber considerado que los solos padecimientos de síndrome del túnel carpiano y epicondilitis media, eran suficientes para activar la protección establecida en el

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pasando por alto que, tal como se dejó sentado en providencia CSJ SL5700-2021, la protección a la discapacidad se otorga cuando el trabajador puede verse discriminado debido a su limitación, pero «si esta no compromete ni afecta su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad con los demás, no hay lugar a aplicar el resguardo» (negrita en el texto).

Afirmó: Una correcta intelección del artículo 26 denunciado, le imponía el deber al fallador de determinar si en el asunto de marras existía certeza en la significatividad de la limitación y de los obstáculos, indagar si las patologías diagnosticadas desde antes de iniciar el contrato de trabajo -como fue aceptado y no se debateserían un motivo de discriminación en el campo laboral o si estas se tradujeron en una afectación relevante que impidieran el desempeño normal en las actividades que ejercía el SCLAJPT-10 V.00 1 3

Radicación n.° 95805 trabajador para que demandaran la protección legal del fuero de salud (...) Resalta que no es cualquier afectación al estado de salud la que da lugar a la discapacidad, «sino aquella que resulte relevante, significativa, limitante y que exponga al trabajador a una situación de discriminación por no poder desarrollar las labores para las que fue contratado» y, que, sumada a las barreras del medio, genere un impedimento para el normal desarrollo de las funciones por las que se contrata a un empleado, tal como lo dispone el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Manifiesta que la luz del

nuevo concepto de discapacidad, consagrado en este precepto, la discapacidad no se mira desde la simple existencia de patologías o limitaciones, sino en la suma de estas y los obstáculos que existieren y que impiden el normal desarrollo de las labores, lo que no aconteció en el sub lite, en el que olas patologías ni eran significativas -y así lo tuvo por probadoni estaban calificadas como relevantes, incluso, el demandante opositor ni siquiera se encontraba incapacitado al momento del despido -así lo fulminó el fallador y no se debate-» (resaltado del original). Asevera que jamás se trató de un despido discriminatorio, pues incluso, al momento de la vinculación del trabajador, ya padecía el síndrome del túnel carpiano y la epicondilitis media, aspecto que no se controvirtió, patologías que no impidieron que fuere vinculado y, menos aún, desarrollar las funciones que le fueron asignadas.

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VII. RÉPLICA Para Marín Silva el cargo no está llamado a prosperar porque las partes no acordaron la temporalidad de la relación laboral, no definieron o determinaron la obra o labor contratada y menos aún, fue demostrada por la sociedad recurrente, quien no acreditó que su vinculación hubiere obedecido al reemplazo de personal en vacaciones. Resalta que en vigencia del contrato le fueron emitidas recomendaciones e incapacidades médicas las que eran de conocimiento del empleador y, que el examen médico de egreso evidencia que, a su retiro, tenía controles pendientes

con la EPS, así como una cirugía de ligamentos de rodilla izquierda

VIII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los mismos artículos denunciados en el cargo anterior.

Como causa eficiente de la vulneración, lista los siguientes errores de hecho que atribuye al Tribunal:

I. Dar por demostrado sin estarlo, que, al momento del despido, el señor JOHN EDILBERTO MARÍN SILVA se encontraba en condiciones de discapacidad.

2. No dar por probado, estándolo, que, de acuerdo con el nuevo concepto de discapacidad, al momento de la terminación del contrato de trabajo, el señor JOHN EDILBERTO MARIN SILVA no era sujeto de la protección que otorga el fuero de salud, ni

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Radicación n.° 95805 siquiera contaba con incapacidades y recomendaciones médicas vigentes.

3. Dar por probado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo fue discriminatoria.

4. No dar por probado, estándolo, que ni la terminación del contrato de trabajo, ni la actitud de la empresa RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS, ha sido discriminatoria ni retaliativa.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que se encontraba limitado para desarrollar las labores por las que fue contratado.

6. No dar por demostrado, estándolo en toda la evidencia, que el señor JOHN EDILBERTO MARIN SILVA no se encontraba limitado para desarrollar ni las actividades laborales ni las cotidianas de su vida personal.

Asevera que los yerros fueron resultado de la errónea

apreciación de: recomendaciones médicas (f.° 109-122); correos institucionales (f.° 138-157), examen de egreso (f.° 34), comunicación de traslado (f.° 238 y 345), carta de finalización del contrato de trabajo de 1 de julio de 2015 (f.° 254), Resoluciones n.° 201003070, 2014001870 y, 2014003392 de 21 de noviembre, 27 de agosto y 29 de diciembre de 2014, respectivamente (f.°94-103, 214 y 104-108). Además, de la preterición de: auto 2015009739 de 12 de noviembre de 2015 (f.° 257-258), relación de incapacidades discontinuas otorgadas entre el 20 de mayo y 22 de junio de 2015 (f.° 449-452), respuesta dada por el trabajador a la orden de traslado (f.° 346-347), aclaración de información brindada por la demandada ante las dudas del trabajador (f.° 353-354), escrito de tutela presentada por el demandante (f.° 51-76), diligencias de descargos del 2 y 16 de diciembre de 2014 y 16

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Radicación n.° 95805 30 de junio de 2015 (f.° 387-391, 394-395, 405-408) y, Resolución 2016000741 de 29 de marzo de 2016 (f.° 255-256). Afirma que sin desconocer los hechos que tuvo por demostrados el ad quem, la vinculación del demandante en virtud de un contrato de obra o labor desde el 27 de febrero

al 9 de mayo de 2013, su reintegro a partir del 28 de octubre de esa anualidad; que al momento de su vinculación la compañía ya conocía de las patologías que le aquejaban de síndrome del túnel carpiano y epicondilitis media, que no cuenta con una calificación y limitación significativa y, menos aún, con incapacidades médicas para el momento del despido ocurrido el 1 de julio de 2015, aquel pasó por alto que tampoco tenía recomendaciones médicas y que sus padecimientos no eran relevantes o significativos. Refiere que una correcta valoración de las recomendaciones e incapacidades médicas otorgadas al trabajador, le hubieran permitido colegir al juzgador de alzada que, le fueron expedidas 2 meses antes de que terminara el contrato de trabajo; que en su historia clínica se anota que tenía «un buen estado general» y que para el 10 de octubre de 2014 se le emiten recomendaciones médicas por 3 meses, es decir, hasta diciembre de esa anualidad, las que se prorrogan por un período igual, esto es, hasta febrero de 2015; que las afectaciones de salud del trabajador, dos meses antes del finiquito laboral, tuvieron que ver con un esguince de ligamento cruzado que no, con el síndrome del túnel del carpo ni la epicondilitis media y, que el examen

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Radicación n.° 95805 médico de egreso no da cuenta de la limitación en el desarrollo de sus labores con ocasión de aquellas patologías (resaltado del original). En lo que hace a los correos electrónicos, indicó que de

ellos no logra extraerse la existencia de recomendaciones médicas para la fecha del despido y que, por el contrario, dan cuenta del conocimiento que se dio a la empresa de las incapacidades concedidas en el ario 2014 y en los meses de febrero, marzo, mayo y junio de 2015, así como de la solicitud de permisos para asistir a las citas de control médico, los que detalla y de los que afirma, de haberse analizado de manera «acertada, íntegra y completa», el colegiado de instancia se habría dado cuenta que para el 1 de julio de 2015 «no existían recomendaciones médicas ni incapacidades que impidieran la terminación del contrato de trabajo», conclusión a la que llegó el mismo Ministerio de Trabajo en auto 2015009739 de 12 de noviembre de 2015 (negrita y subraya del texto). De la carta de traslado del trabajador y de las resoluciones emitidas por el ente ministerial del trabajo, indica que se podía extraer que, en aras de garantizarle su labor, el empleador le solicitó aceptar el traslado a la ciudad de Bogotá DC, teniendo en cuenta que no contaba con más clientes donde reubicarlo en la ciudad de Cali, razón que lo llevó, además, a solicitar autorización a aquella cartera, para proceder a su despido o se le exhortara a ser trasladado, solicitudes que fueron negadas y que conllevaron a que se mantuviera al trabajador «ejerciendo funciones en compañías

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Radicación n.° 95805 con las que no contaba con contrato comercial hasta el 1 de julio de 2015», fecha de terminación del vínculo laboral.

Resalta que la negativa del ministerio «no fue eterna ni permanente en el tiempo. Se supeditó al momento en que la compañía peticionó la autorización y mientras el empleado tuviere a su favor incapacidades, recomendaciones o procedimientos médicos vigentes». Asegura que si el Tribunal le hubiera dado una lectura acertada a las resoluciones acusadas y a la respuesta a la solicitud de información dada por la empresa el 24 de abril de 2014, habría concluido que la actitud de RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS, siempre se ha ajustado a la ley, toda vez que contrató un trabajador con patologías de salud que en nada afectaban su rendimiento laboral, fue condenada a reintegrarlo cuando la causal de desvinculación fue objetiva al haber sido contratado única y exclusivamente para suplir una vacante, como él mismo lo aceptó en el escrito de tutela. De las diligencias a descargos indica que, de aceptarse la existencia de recomendaciones médicas para el trabajador, él ni siquiera las respetaba pues, dentro de ellas estaba la de evitar las vibraciones razón por la cual la empresa lo remitía a hacer el trabajo de mensajería en transporte diferente a motorizado, pero al ser propietario de una moto, la usaba cotidianamente ignorando lo que los médicos tratantes le habían ordenado en el ario 2014. Concluye que, de las pruebas obrantes en el plenario, mal apreciadas y no valoradas, se extrae que las patologías

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Radicación n.° 95805 que aquejaban al demandante no eran significativas, que no se encontraba limitado por ellas, que al momento de la finalización del contrato no había sido calificado y, que

tampoco contaba con recomendaciones médicas o incapacidades que hicieren procedente la protección que le fue otorgada.

IX. RÉPLICA Afirma que existe mala fe de su empleador, quien fue en contravía de la decisión del Ministerio de Trabajo que prohibió la finalización de la relación laboral, «pasando por alto no solo una orden ADMINISTRATIVA del Ministerio sino una orden de un juez constitucional».

X. CONSIDERACIONES El fallador de segundo grado, confirmó la protección a la estabilidad laboral reforzada reclamada, por considerar, en primer lugar, que no había l