CSJ - SL173-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL173-2023 Radicación n.° 70219 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALASTAIR GORDON KELSO TURTON, contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, el trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014), en el proceso que le instauró a la FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE DE

VALLEDUPAR.

I. ANTECEDENTES Alastair Gordon Kelso Turton llamó a juicio a la Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar, para que se declarara: i) la existencia de los siguientes contratos de trabajo:

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Radicación n.° 70219 Contrato Extremos Prorroga A término fijo de dos años 1/07/1986-30/06/1988 Hasta el 30/06/1990 A término fijo de dos años 1/07/1990-30/06/1992 Hasta el «30/06/2012» ii) que el último vínculo terminó por decisión unilateral de la empleadora el 24 de julio de 2011 o, en subsidio, el día 21 de ese mes y año; iii) que la dadora del empleo incumplió con las obligaciones de afiliación y pago de seguridad social por los siguientes periodos: Extremo inicial Extremo final AFP 1/07/1986 9/11/1987 No indica

1/01/1995 30/09/1999 ISS 1/11/1999 31/12/1999 Porvenir S. A. iv) que realizó pagos deficitarios en seguridad social entre el 1° de julio de 1996 y el 24 de julio de 2011, pues no tuvo en cuenta su salario y los gastos de representación; v) que no le pagó la seguridad social en salud del 1° de julio de 1986 al 30 de septiembre de 2008. Así mismo, pidió que se declarara ineficaz la decisión unilateral de salario integral, para que se tuviese como ordinario lo pagado por ese concepto, así como la suspensión del contrato de trabajo el 20 de junio de 2011. Reclamó, en consecuencia, que se ordenara el pago de las cesantías, los intereses a las mismas y las primas, del 1° de julio de 1986 al «24 de julio de 2011»; la indemnización moratoria; «los salarios y prestaciones legales desde el 24 de

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Radicación n.° 70219 julio de 2011 hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia que reconozca o declare judicialmente la ineficacia [del salario integral]» o, en defecto, por la suspensión del contrato; la indemnización por despido injusto y los aportes a seguridad social, según el cálculo actuarial correspondiente, más lo que se probare y las costas. Contó que sostuvo con la demandada dos contratos de trabajo, así: Contrato Extremos Prorroga A término fijo de dos años 1/07/1986-30/06/1988 Hasta el 30/06/1990

A término fijo de dos años 1/07/1990-30/06/1992 Hasta el 30/06/2012 Dijo que el último vínculo fue suspendido el 20 de junio de 2011 y finalizado por decisión de la empleadora el 24 de julio del mismo año; que no fue afiliado a seguridad social de manera oportuna y los pagos realizados por ese concepto fueron deficitarios, pues no incluyeron su salario y los gastos de representación; que en junio de 1996, la accionada de manera unilateral le asignó un salario integral mensual de $3.600.000, el cual fue aplicado desde la siguiente mensualidad, con aumentos anuales, siendo el último $10.521.632,oo; que no le fue pagada la liquidación definitiva de cesantías y «demás prestaciones sociales». Narró que habitualmente recibió una remuneración adicional por concepto de «gastos de representación»; que del 1° de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, percibió ese concepto por valor de $4.086.427, pero bajo la denominación

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Radicación n.° 70219 de arrendamiento de vehículo; que presentó reclamación sobre sus acreencias (f.° 3 a 44, en relación con los f.° 701 a 704, cuaderno n.° 1). La Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó la relación laboral con el demandante en los extremos señalados, con dos textos contractuales, que se prorrogaron cada dos años, a partir del 1° de julio de 1990; el valor del salario percibido,

pero resaltando que era integral y no ordinario; el pago de gastos de representación en los extremos y montos señalados, en razón a su condición de representante académico y administrativo y, conforme a la política de compensación diseñada por el mismo; también la suma cancelada por arrendamiento de vehículo.

Negó: i) la suspensión del contrato de trabajo, pues se confundió con la facultad del artículo 140 del CST; ii) el despido injusto, por haber operado causas justificativas para el mismo; iii) haber realizado la afiliación y pago inoportunos de seguridad social, puesto que existió una confusión, derivada de una negligencia administrativa del trabajador, que fue subsanada por su personal administrativo; iv) pagar de manera incompleta la seguridad social, toda vez que lo hizo sobre el 70 % del salario integral, conforme a la autorización que, en el marco de sus funciones, realizó el demandante, teniendo en cuenta que fue quien «para sus intereses y conveniencia diseñó y ejecutó la política y forma de compensación por sus servicios»; v) la incidencia salarial de los gastos de representación y que el concepto de

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Radicación n.° 70219 arrendamiento de vehículo haya tenido por objetivo el anterior rubro, pues correspondió al pacto expreso y escrito que suscribieron ambas partes. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de los derechos alegados en cabeza del actor, cobro de lo no debido, pago total y definitivo de las acreencias laborales y de seguridad social, prescripción, acuerdo válido sobre salario integral, terminación del contrato por justa causa, mala fe, reserva mental del demandante, culpa y dolo

del propio actor, buena fe de la demandada, compensación y genérica (f.° 260 a 274 y 716, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, en fallo del 29 de agosto de 2012, decidió: PRIMERO. Declarar no probada la inexistencia del salario integral, por lo expuesto en parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la demandada FUNDACIÓN COLEGIO

BILINGUE DE VALLEDUPAR a pagar a ALASTAIR GORDO KELSON TURION (sic) los siguientes conceptos: A) PRIMAS DE SERVICIOS DEL PERIODO 1° DE JULIO DE 1986 A JUNIO 30 DE 1996, la suma de $6'905.000

B) AUXILIO DE CESANTÍAS: 1° DE JULIO DE 1986 A JUNIO 30

DE 1996, la suma de $36'000.000

C) INTERESES DE CESANTÍAS DOBLES: La suma de

$8640.000

TERCERO: Condénese a la FUNDACIÓN COLEGIO BILINGUE DE VALLEDUPAR a pagar las sumas ordenadas en esta sentencia debidamente indexadas, a la fecha del pago, de acuerdo con el IPC expedido por el DANE.

CUARTO: Absolver a la demandada de las demás pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva.

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QUINTO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la accionada, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEXTO: Condénese en costas a la parte vencida […] (acta de f.°

750 a 752, en relación con el CD anexo a la carátula, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 13 de noviembre de 2014, al desatar la apelación de ambas partes, resolvió: PRIMERO: REVOCAR los literales A, B y C del ordinal segundo de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, en su lugar se dispone que las condenas impuestas a la parte demandada lo

sean por los siguientes conceptos:

A. El pago al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES y a PORVENIR S. A, entidades de seguridad social a que ha pertenecido el demandante, de las cotizaciones faltantes del complemento de las efectuadas por valores inferiores a los que en su momento constituyeron el salario, valores que aparecen relacionados en la demanda a folios 37 a 40 desde el 1° de julio de 1986 al 24 de julio de 2011, que incluye los gastos de representación pagados desde el 1° de julio de 1996 hasta el 1° de octubre de 2010, fecha en que los gastos de representación se destinaron al alquiler del vehículo del director en la proporción pactada en el contrato, porque dejan de ser parte del salario, y desde esa fecha en adelante hasta el 24 de julio de 2011, por la diferencia entre el valor de gastos relacionados y el del contrato de trabajo; lo anterior más los intereses que de acuerdo con la ley se hubieran causado a favor de las respectivas

aseguradoras, estos dineros deben ser destinados a las entidades de seguridad social mencionadas, de acuerdo con la liquidación que estas entidades elaboren. B.- CONDENAR el pago de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($94.623.272), por concepto de indemnización por despido injusto debido a que no se probaron las causas esgrimidas en el despido.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró no probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido, para en su lugar declarar probada la prescripción respecto a las

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Radicación n.° 70219 prestaciones sociales adeudadas frente al contrato de trabajo en el lapso anterior al pacto de salario integral y declarar no probada dichas excepciones, mantener el contenido restante en cuanto a que las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido, no prosperan respecto a las pensiones reconocidas, modificar el ordinal sexto de la sentencia apelada en cuanto al valor de las agencias en derecho dado el incremento del valor de la condena impuestas […]. Dada la prosperidad de los recursos interpuestos no hay lugar a condena en costas de esta instancia.

Los ordinales restantes: primero, tercero y cuarto quedan incólumes.

Argumentó, en lo que interesa a la casación, que determinaría si era ineficaz el acuerdo de salario integral; si procedía el reconocimiento de las prestaciones sociales causadas desde el inicio de la relación laboral hasta la época en que presuntamente se pactó; si debían pagarse los aportes

a la segundad social anteriores a 1996; si habían prescrito las acreencias laborales causadas con anterioridad al cambio de modalidad salarial y si procedía la sanción moratoria. Dijo, en torno a lo primero, que el salario integral fue previsto en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, que modificó el 132 del CST; que sobre él la jurisprudencia laboral había señalado que «se refiere a una estipulación escrita», que no exige solemnidad para su eficacia, en tanto resulta suficiente probar el acuerdo de voluntades entre el empleador y trabajador, «consignado en escrito o escritos que acrediten sin equivoco que efectivamente ha acontecido dicho [pacto]». Aseveró que, por tanto, no tenía que estar previsto en un solo documento ni en el contrato de trabajo, sino que podía inferirse de cualquier medio de prueba, siempre que

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Radicación n.° 70219 «no dej[ara] dudas sobre la verdadera voluntad de las partes en tal sentido, en donde conste la aceptación, inclusive tácita del trabajador». Apuntó que este tipo de remuneración constituye una unidad conformada por dos componentes: uno salarial, que en ningún caso puede ser inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, otro prestacional, que no puede serlo al 30 % de lo pagado. Señaló que a folios 324 a 334 del cuaderno n.° 1, obraban comprobantes de egreso de 2011 y 2010, firmados por el demandante, en los que se indicaba la cuantía a él retribuida «por concepto de salario integral»; que, aunque este

señaló que esa forma de retribución fue una imposición unilateral de la dadora del empleo, no existía medio de convicción sobre […] su inconformidad expresada, ya fuera en forma escrita o verbal […] ni respeto [de] la omisión en el pago de las prestaciones laborales pretendidas en la demanda, pues únicamente lo vino a expresar por escrito, en los días siguientes a la citación que, en la época de terminación del vínculo laboral, se le hizo para que presentara descargos, lo cual no alcanza a desvirtuar la concertación que respecto a ese tipo de remuneración se deriva de la restante prueba. Denotó que lo anterior era concordante con las actas de la junta directiva de la Fundación Colegio Bilingüe de folios 505 a 690, «en las cuales consta que […] desde mayo de 1996 […] el demandante ostentaba el cargo de director general […]», con la precisión de que a folio 506, ibidem, informaba que en esa calidad, era ordenador del gasto, condición en la cual aquel «enviaba comunicaciones como las que obran a folio 339

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Radicación n.° 70219 a 39 (sic) a 494 al Banco Av Villas», en las que disponía el pago de la nómina de los empleados. Manifestó que, además, los señores Rodrigo Armenta Orozco y José Alejandro Fuentes, dieron cuenta de que las partes entendieron que la relación laboral estaba gobernada por el pago de un salario integral, el cual cumplía con las exigencias de 10 SMMLV para cada anualidad, más un 30% del factor prestacional, ya que siempre superó 13 SMMLV.

Acotó que, por tanto, se cumplieron los presupuestos de la modalidad remuneratoria, por lo que era eficaz y válida, en razón a que estaba «sujeta fundamentalmente al pago de la cuantía mínima y el consenso de las partes, demostrado en este caso»; que, en lo que concierne con […] el pago de las prestaciones sociales causadas a la fecha en la que se produce el cambio de régimen salarial de ordinario a integral, como requisito sin el cual se genera la ineficacia de ese pacto, según lo argumentado por el recurrente, lo cierto es que lo establecido en el numeral 4° del mencionado artículo 132 del CST, […] apunta a que el recibo por parte del trabajador de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales causadas, no da lugar a que por ellos se entienda terminado el contrato de trabajo, luego no se trata […] de un hecho que debe cumplirse para que el salario integral pueda ser acordado sino de una advertencia respecto a las consecuencias que para el trabajador acarrea recibir el auxilio de cesantías y demás prestaciones causadas hasta entonces; de manera que la continuidad del vínculo laboral no puede haberse afectado por esa causa. Arguyó que no procedía el pago al trabajador de los aportes insolutos a salud, conforme lo explicó en el fallo CSJ SL33849-2009, pero sí el cálculo actuarial por la falta de cotizaciones entre el 1° de julio de 1986 al 9 de noviembre de 1997, pues no obraba prueba de la afiliación y pago por ese

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Radicación n.° 70219 periodo, sin que esa omisión pudiera justificarse en la calidad

de directivo del subordinado, toda vez que es un derecho irrenunciable; que con los documentos de folios 335 a 337, ibidem, se acreditaron las cotizaciones efectuadas a ese subsistema desde enero de 1995, de manera continua, salvo […] los ciclos noviembre de 1995, que aparecen cero (0) días cotizados; diciembre de 1996, 17 días cotizados; enero de 1997, 23 días cotizados; dos veces cotizado el ciclo de febrero de 1997; septiembre de 1997 falta; diciembre de 1997 tampoco está; […] en diciembre de 1998, 15 días cotizados; en enero de 1999, 24 días cotizados; en mayo y julio de 1999 falta y agosto de 1999 aparece cotizado dos veces; desde el 01 de noviembre de 1999 al 31 de diciembre de 1999, no aparece acreditado el pago registrado de las respectivas cotizaciones. Precisó que desde el 1° de julio de 1996 hasta el 24 de julio de 2011, los aportes a seguridad social se efectuaron con el salario integral, pero sin tener en cuenta los gastos de representación, por lo que procedía su complementación, ya que, conforme a «la sentencia 35771 de 2011», hacían parte de su remuneración […] porque no fue probado en el proceso que […] en realidad [tuviesen] como destino el ejercicio cabal de actividades destinadas a representar al empleador, sino que apenas se acredita el ingreso […] al patrimonio del demandante en forma continua sin una finalidad concreta, excepto en el período comprendido desde el 01 de julio del 2010 al 30 de junio del

2011, en que ese rubro se acordó mediante contrato escrito, para el pago de arrendamiento de un vehículo destinado a que el demandante desempeñara sus funciones, ese documento se puede verificar a folios 319 y 320 […] (negrilla de la Corte). Añadió que en la contestación a la demanda se aceptó que el empleado recibió los pagos de las cantidades anunciadas por concepto de salario integral y por gastos de representación desde el 1° de julio de 1996 hasta el 24 de julio del 2011; que, sin embargo, «no aparece que en el ingreso

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Radicación n.° 70219 base de cotización se hubieran tenido en cuenta esos valores que hacían parte del salario real», es decir, «el […] integral más los gastos de representación, de los cuales se debía cotizar sobre el 70 % del monto total, ya que el 30 % corresponde a la porción prestacional». Sostuvo que […] debido la habitualidad del pago de esos denominados gastos de representación, que aparecen acreditados únicamente como destinados a actividades como de representación en el periodo indicado en el contrato de arrendamiento de vehículo, esos valores deben ser sumados en proporción del 70 %, al salario base de cotización y por eso sobre ese porcentaje del valor de dichos gastos, la parte empleadora debe cancelar el faltante de los aportes para pensión hechos al seguro social y al fondo de pensiones PORVENIR, al cual se afilió a partir del 1° de noviembre de 1999, esto último según consta a folio 134, más los intereses moratorios que se hayan liquidado por las mencionadas

aseguradoras, con la salvedad hecha en relación con el periodo final, comprendido entre el 1° de julio del 2010 y el 30 de julio del 2011, en que de los $4.086.000 pagados por conceptos de gastos de representación, $4.000.000 fueron justificados como tales por medio del contrato de arrendamiento del vehículo, por lo cual el 70 % de la diferencia entre ambas cifras, es decir, entre $4.000.000 y $4.086.000, es la suma adicional por el incremento de las cotizaciones. Adujo, previo a calificar de injustificado el despido del demandante (debido a que las causales invocadas en la misiva laboral no fueron probadas y porque su reclamo a la empleadora sobre su remuneración tampoco podía ser calificada de mala fe y menos surtir el efecto pretendido, esto es, el de validar el despido), que, en todo caso, no existía responsabilidad por parte del trabajador en la regulación de su propia situación laboral y particularmente en el pago de su remuneración, puesto que:

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Radicación n.° 70219 i) En el primer contrato de trabajo, que inició el 1° de julio de 1986, el demandante fue vinculado para desempeñar el cargo de coordinador académico, según consta a folio 68, ib, por lo que no podía atribuírsele la falta de cotizaciones a la seguridad social. ii) El segundo, que inició el 1° de julio de 1990, refiere el mismo cargo, es decir, de coordinador académico. iii) La declarante Nora López Zuleta, contadora de la

Fundación entre 1995 y 2010, señaló que el órgano principal de la institución era la junta directiva, que impartía las ordenes; que luego estaba el administrador administrativo; que en una época no había recursos humanos, pero había una subdirectora de quien ella recibía las órdenes como contadora; que ésta, la testigo y el director administrativo, revisaban las nóminas en la parte contable de acuerdo con los datos suministrados por la pagadora; que la parte administrativa la revisaba la subdirectora. Además, que la junta directiva aprobaba el presupuesto; que después de su elaboración, pasaba a la subdirectora; que posteriormente nombraron jefe de recursos humano, que era el que revisaba; que una vez estaba todo listo, el demandante, en calidad de director, ordenaba al banco la cancelación de los rubros, mediante un documento firmado por él y por otra persona de la junta directiva, por tanto, se «utilizaban doble firma». También denotó que «el director cumplía las funciones

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Radicación n.° 70219 que le encargaba la Junta directiva sobre todo en la parte académica» y que, por tanto, según lo declarado por la deponente […] la responsabilidad de los gastos del presupuesto de la institución era cumplida en conjunto mediante el procedimiento descrito, en que el paso final de autorización al banco estaba en cabeza del demandante, quien debía firmar con otra persona de la junta directiva, además refleja que […] la que decidía […] era la junta directiva sobre las afectaciones al presupuesto y que hubo cambios al introducir la dependencia de recursos

humanos, a la que se le encargaron unas funciones que antes hacía la subdirectora. iv) La reforma a los estatutos institucionales, mediante la Escritura Pública del 26 deoctubre del 2010, daba cuenta de que «las funciones administrativas atribuidas al señor Turton necesariamente se supedita[ban] a los que esa Asamblea y esa Junta directiva determin[ran]», pues:

1. El artículo 23, previó como atribuciones del director general, «las de ejercer la dirección académica y administrativa, velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos determinaciones e instrucciones de la Asamblea, la Junta directiva, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental y municipal».

Además, «presentar los informes solicitados por la Junta directiva o la Asamblea, someter a la Junta directiva a los planes y programas de la Fundación y del Colegio, presentar los estados financieros mensuales y de cierre de fin de año, elaborar el presupuesto anual y presentarlo a la Junta directiva y las demás que le correspondan por el cargo»;

2. El artículo 8°, en cuanto a la dirección y

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Radicación n.° 70219 administración, indicó que: «[…] la Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar será administrada y dirigida por la Asamblea General de sus miembros y por la Junta Directiva dirigida por la Asamblea» y, 3) El artículo 18, dispuso que «entre las atribuciones de la Junta Directiva están, entre otras, las de trazar las políticas administrativas de la Fundación, nombrar, remover y fijar la

asignación al director general y director administrativo». Por lo previo explicó que la mencionada reforma, demostraba que […] en la Fundación se implementaron cambios en octubre de 2011, o sea después del informe de la revisoría fiscal (a que antes se aludió) y que el procedimiento de pago y elaboración del presupuesto difiere de lo que operaba allí, es decir, en la época de que da cuenta la declaración de la contadora, que tampoco [estaba a cargo] directamente de Turton, lo que igual se concluye al revisar las Escrituras de constitución, elección de Junta de electores y aprobación de estatutos de la Fundación Bilingüe de 07 de mayo de 1979 y de reforma estatutaria que se hizo el 13 de marzo del 2000, es decir, antes de la vigencia del contrato del señor Turton, que inició como coordinador académico y durante la vigencia del contrato, es decir, en el año 2000, en esas reformas no se constata esa función específica atribuida a él como director general. Adujo que, por tanto, la prueba documental citada no demostraba la desatención de las obligaciones del director impuestas por la asamblea o la junta directiva, como tampoco que el trabajador haya «propici[ado] las irregularidades en cuanto a la deficiencia en los aportes a la seguridad social ni que él podía determinar el monto de los derechos económicos que debía recibir», a pesar de la eficacia de la modalidad de salario integral, como lo había indicado

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Radicación n.° 70219 previamente. Adicionó, en punto del despido, que, […] posteriormente al informe de la revisoría fiscal de JHB

MacGregor S. A. (mencionada por la demandada y de la que también hablaron los otros dos contadores […] es decir, Rodrigo Armenta Orozco y José Alejandro Fuentes), la Fundación optó por suscribir un contrato de arrendamiento de vehículo con el actor, equivalente al valor de los gastos de representación que se le venían pagando, firmando sin reparo por el demandante el primero (1°) de octubre del 2010, con el que se respaldan los gastos de representación que en lo sucesivo se le pagaron [negrilla de la Corte]. Dijo que, en consecuencia, teniendo en cuenta que según el declarante, esa revisoría fiscal fue nueve meses antes de la terminación del contrato, tampoco se cumplía el presupuesto de inmediatez «entre la negligencia que la empleadora le atribuye frente a los hechos detectados por la revisoría ni se justificó la demora en tomar la determinación de finiquitar el contrato de trabajo». Indicó que, en relación con ello, conforme al artículo 127 del CST, el salario base de liquidación del accionante estaba […] conformado por la asignación básica mensual devengada […], la cual correspond[ía] a $7.450.676 (sic), que equivale al 70% del último salario recibido, más $85.534 pesos, que es la diferencia entre los gastos de representación y el valor del contrato de arrendamiento del vehículo justificante de que dicho pago no fue parte del salario. […] Operaciones: Se toma entonces el salario de $10.521.632 + $85.534 por el 70 % que sería el salario base, da un resultado de $7.450.676 dividido por 30, nos da un salario de $248.355 por día.

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Radicación n.° 70219 Los extremos temporales que se toman para tasar esta indemnización son: desde el 01 de julio de 1986 al 24 de julio del 2011, o sea, 25 años 24 días. La indemnización en consecuencia […] será, por el 1° año de 20 días, o sea $248.355 x 20 da $4.967.117 (esta es la indemnización del primer año) y por los años adicionales, es decir, desde el 1° de julio de 1987 al 30 de junio del 2011; 24 x 15, o sea 24 años x 15 días serian $248.355 de salario diario, eso da un costo total de $89.407.800 pesos y por la fracción, es decir del 01 de julio del 2011 al 24 de julio del 2011, un día que equivale a $248.355 pesos. En total la indemnización por despido injusto […] arroja un valor de $94.623.272 pesos. Refirió «En cuanto a la indemnización moratoria por falta de pago de prestaciones sociales generadas por el tiempo servido con anterioridad al acuerdo del salario integral», que no había lugar a él, porque «no se acreditó deuda de la empleadora para con su trabajador por concepto de prestaciones y salarios», en razón a que el primer juez se equivocó en su análisis frente a la excepción de prescripción, toda vez que había sido propuesta de manera sucinta pero suficiente. Señaló que, por ende, la prima de servicios causada entre el 1° de julio de 1986 y el 30 de julio de 1996, había sido afectada por ese instituto desde el 30 de julio de 1999;

que a pesar de que la jurisprudencia tenía previsto que, tratándose de las cesantías, en principio, la prescripción operaba a partir de la terminación del contrato de trabajo, el 132 del CST había dispuesto «una causa especial de liquidación» consistente en el pacto de salario integral (calificado como eficaz), por lo que «la exigibilidad de dicha prestación deb[ía] computarse a partir de la celebración de dicho pacto», en tanto «de esa circunstancia nac[ía] el derecho del empleado de exigir el pago de esa obligación».

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Radicación n.° 70219 De ahí que, al no encontrarse prueba de reclamación oportuna, también dicha acreencia estaría sujeta a la citada excepción. Puntualizó, luego de presentarse solicitud de complementación de la sentencia, que […] en cuanto a la otra pretensión de la indemnización moratoria o cualquier indemnización […] que surgiera de la falta de cotizaciones a la seguridad social, […] el recurso [de apelación] fue formulado (en ese aspecto de la falta de cotizaciones a la seguridad social), basado en los argumentos en la responsabilidad que se le atribuyó al trabajador de hacer sus propias cotizaciones, punto que fue ampliamente resuelto […] y que, además, en esta instancia se consideró que esas cotizaciones a seguridad social que se van a pagar a las entidades correspondientes, acarrean los intereses que ellas mismas consideren. Luego, como en la competencia de la segunda instancia está determinada por lo puntos que traiga a consideración el recurrente en este aspecto (que fue solamente el demandante), no hay lugar […] a considerar sanciones por ese aspecto, puesto

que fueron absueltos todos los puntos de inconformidad que el recurrente planteó respecto a la falta del pago de cotizaciones a la seguridad social en el aspecto de pensiones, como quedó anotado […] (acta de f.° 42 a 44, en relación con el CD de f.° 45, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido oralmente por el Tribunal (acta de f.° 42 a 44, en relación con el CD de f.° 45, ibidem) y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala

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Radicación n.° 70219 […] CASE PARICIALMENTE la sentencia impugnada en la siguiente forma:

1. En cuanto CONFIRMÓ el ordinal PRIMERO de la parte resolutiva del fallo del juzgado que declaró «no probada la inexistencia del salario integral que propone el demandante»;

2. En cuanto REVOCÓ las condenas de primera instancia por concepto de primas de servicio, auxilio de cesantía e intereses a la cesantía dispuestas en los «literales A, B y C del ordinal 2° de la sentencia proferida por el juzgado»;

3. En cuanto CONDENÓ a la Fundación demandada a pagarle «al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES y a PORVENIR, las cotizaciones faltantes y el complemento de las efectuadas por valores inferiores a los que en su momento constituyeron el salario desde el 1° de julio de 1986 al 24 de julio de 2011, que incluye los gastos de representación pagados desde

el 1° de julio de 1996 hasta el 1° de octubre de 2010, fecha en que los gastos de representación se destinaron al alquiler del vehículo en la proporción pactada en el contrato porque dejan de ser parte del salario, y desde esa fecha en adelante hasta el 24 de julio de 2011, por la diferencia entre el valor de los gastos relacionados y el del contrato de trabajo; lo anteri