CSJ - SL1732-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casacien Laboral Sala de Descongestion N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1732-2023 Radicación n.° 96641 Acta 25 Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR HUGO ARDILA ARIZA, contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, en el proceso que adelantó contra UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS.

I. ANTECEDENTES Víctor Hugo Ardila Ariza, llamó a juicio a Universidad Santo Tomás (f.°61 a 73, subsanada a f.°76 a 100), para que se declarara: la existencia de un «Contrato Laboral - Verbal, a término indefinido desde el 18 de enero de 2015», que «se encuentra en la categoría de retén social y ostenta la calidad de prepensionado», el vínculo fue terminado de manera unilateral, ilegal y arbitraria; tenía derecho al reintegro; el

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Radicación n.°96641 nexo se hallaba vigente y surtiendo todos los efectos legales; la llamada a juicio le adeudaba salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social, desde el 18 de enero de 2015 y hasta el reintegro, así como la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ola sanción por el no pago o

consignación de los intereses» y, los intereses corrientes moratorios. Pidió condenarla a su reintegro como «Docente en Cuarta Categoría», y consecuencialmente, a pagarle: salarios, aportes al sistema de seguridad social, auxilio de cesantía, intereses de cesantía, vacaciones, primas de servicio, causados desde la terminación del contrato y hasta el reintegro; sanción por no consignar los intereses; intereses corrientes; sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; indexación y las costas. En un acápite independiente del anterior, requirió que se declarara que el demandado adeudaba los aportes a seguridad social desde marzo hasta agosto de 1994, por ende, fuera condenada al pago. Como fundamento de las peticiones, expuso que el primer contrato de trabajo con la Universidad a término fijo, fue firmado el 1 de febrero de 1993, con vigencia hasta el 15 de junio del mismo ario. A continuación, listó los diversos contratos sucesivos que celebró adicionalmente y, aseveró que el último fue a término fijo para el periodo comprendido entre el 18 de enero de 2010 y 17 de enero de 2011. Adujo que tuvo las siguientes prórrogas: de 18 de enero de 2011 a 2

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Radicación n°96641 17 de enero de 2012; de 18 de enero de 2012 a 17 de enero de 2013; de 18 de enero de 2013 a 17 enero 2014; y desde el 18 de enero de 2014 a 17 de enero de 2015.

Sostuvo que el 27 de octubre de 2014, solicitó ascenso a la cuarta categoría del escalafón docente, sin embargo, el 10 de noviembre siguiente, la Universidad le entregó el preaviso de no prórroga del contrato; el 16 de noviembre de 2014, el Comité de Promoción y Ascenso, expidió el acta número 54, por medio de la cual fue ascendido en el escalafón docente, lo que condujo a que el 16 de enero de 2015, la Universidad Santo Tomás, le informara del aludido ascenso en el escalafón y que se haría efectivo a partir del primer semestre de 2015, sin embargo, el 19 de enero del mismo ario, le restringió la entrada a las instalaciones, desactivó el carné y su correo institucional. Dijo que el 11 de junio de 2015, le solicitó copia de los contratos y, el 15 de diciembre de 2017 elevó reclamación de reintegro, que fue contestada de manera negativa el 20 de diciembre del mismo ario. Para concluir afirmó que «A la fecha, el contrato de trabajo se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales». La Universidad Santo Tomás, al dar respuesta a la demanda (f.°114 a 123, subsanada a f.°125 a 127), se opuso a las pretensiones. Aceptó todos los hechos, excepto la fecha del preaviso, pues dijo que fue el 5 de noviembre de 2014, y la vigencia del contrato.

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Radicación n.°96641 En su defensa dijo que era cierto que el demandante laboró para la Universidad, desde 1 de febrero de 1993 hasta

en 17 de enero de 2015, pero negó la existencia de un contrato a término indefinido, pues sostuvo que fue a término fijo y concluyó por vencimiento del plazo fijo pactado, con el aviso de no prórroga que entregó el 5 de noviembre de 2014. Aseveró que el demandante quería hacer ver que tenía una legítima expectativa de continuar con el contrato de trabajo porque había ascendido en el escalafón docente del grado 3 al 4, pero no tenía en cuenta que durante la vigencia del contrato, él estaba en todo su derecho de solicitar la promoción, pues aunque fuera desvinculado, ante una contratación posterior el docente continuaría manteniendo su categoría. Anotó que no existía norma que la obligara a prorrogar el vínculo. Como excepciones de mérito propuso las que llamó: cobro de lo no debido, y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA.I NSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 26 de mayo de 2021, en el que decidió: PRIMERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS a cancelar a la Administradora en la que el demandante acredite encontrarse afiliado, y a su entera satisfacción, las cotizaciones a seguridad social en pensión desde marzo hasta agosto de 1994; sobre un salario base de liquidación equivalente a $316.800 para

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Radicación n.°96641 esa anualidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Y se precisa que la demandada deberá presentar

la correspondiente solicitud al Fondo de Pensiones referido, una vez ejecutoriada esta decisión y cancelar la suma establecida por dicho ente dentro del plazo máximo determinado por el mismo.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de cobro de lo no debido respecto de las acreencias solicitadas, derivadas de la petición de reintegro de conformidad con lo considerado.

TERCERO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS de las demás pretensiones formuladas en su contra, por lo considerado.

CUARTO: Las COSTAS serán a cargo de la parte demandada (...).

Disconformes, ambas partes apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC., emitió sentencia el 31 de enero de 2022 (f.°155 a 159), en la que decidió: PRIMERO: Modificar el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el entendido de ordenar a la Universidad Santo Tomás a pagar el cálculo actuarial del 1 de marzo al 15 de junio de 1994 y del 1 al 31 de agosto de 1994, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

El ad quem, citó los artículos 22, 23, y 24 del CST, adujo que tampoco se podía pasar por alto el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. A continuación, expuso que en el expediente encontraba las siguientes pruebas: «solicitud del 27 de octubre de 2014» (f.°6), informe de cumplimiento de requisitos

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Radicación n.°96641 para ascenso a escalafón docente, en donde se anotó que cumplía con las exigencias para la categoría 4 (f.°7 y 8); acta 54 de comité de promoción y ascenso de 16 de diciembre de 2014, en donde se incluyó como temas a tratar, «análisis de solicitudes de ascenso en el escalafón y solicitudes de reconsideración» y se relacionó el nombre del accionante (f.°8 y 13); misiva de 10 de noviembre de 2014, en la que se señaló que «terminada la vigencia del contrato actual, no habrá por parte del Departamento de Humanidades y Formación Integral una renovación en su contratación» (f.°9); certificación del 18 de noviembre de 2014, donde se especificó que el accionante laboró como docente de medio tiempo desde el 1 de febrero de 1993 por contratos a término fijo inferiores a 1 ario, y como docente tiempo completo entre el 18 de enero de 2010 y el 17 de enero de 2015 (f.°10).

Destacó también: la misiva del 16 de enero de 2015, por medio de la cual se comunicó la aprobación de la solicitud de ascenso a la cuarta categoría y se hizo constar que «surte efectos a partir del primer periodo académico del presente año»

(f.' 14); «instructivo análisis de continuidad docentes, sinf echa de recibo y/o entrega (f015 y 16)»; certificación de contratos de trabajo y prórrogas, siendo la última prórroga del 18 de

enero de 2014 al 17 de enero de 2015, así como el soporte de cada uno (f.°23 a 54); y liquidación de prestaciones sociales con fecha de ingreso «01/ 18/2 010 y fecha de retiro 01/1 7/2 015» (f.°55). Con soporte en las anteriores pruebas dijo:

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Radicación n.°96641 Del estudio conjunto de las anteriores probanzas de acuerdo con los artículos 60 y 61 del CPT y SS, se concluye que se demostró la existencia de un contrato de trabajo a partir del 18 de enero de 2015,' a partir del primer periodo académico del presente año' como se le comunicó al demandante en carta del 16 de enero de 2015, decisión que no puede ser desconocida y produce todos sus efectos legales (art. 55 del CST). Y en lo que hace a la duración del contrato se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 101 ya referido y a la remuneración pactada en el contrato de trabajo del periodo anterior, por no ser admisible que devengara una suma inferior, ni superior por no estar avalada dentro del plenario. Entonces, se entra al examen de reintegro reclamado por el actor, como pretensión principal, y las consecuenciales de salarios y prestaciones sociales. No puede olvidar el demandante, que no hay lugar a suponer la voluntad del otro contratante, por lo que no es dable considerar que a partir de la expectativa de ascender en el escalafón o la manifestación de que esa promoción tendría efectos a partir del primer semestre académico del ario 2015, se suple ese requisito.

Es clara la manifestación expresa de las partes para que nazca a la vida jurídica el contrato de trabajo independientemente de su modalidad y así lo ha establecido el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral: 'Conviene destacar que el contrato de trabajo en cuanto género, no está sometido a una forma determinada para su existencia, por lo que para su nacimiento es suficiente con que concurra un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador. Al respecto, el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa (...)'. Y que de otra parte que ese acuerdo debe ser ejecutado, esto que los servicios personales se hayan cumplido. Del reintegro argumentó, que la ley, la convención colectiva de trabajo o el reglamento interno de trabajo, son los instrumentos que contemplan cuándo hay lugar al reintegro de un trabajador, pero que en este caso, ano existe normatividad que ordene el reintegro reclamado, por lo que se negará tal pedimento. Puntualizado que es única súplica que se reclama respecto del contrato de trabajo de 2015».

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Radicación n.°96641 Siguió con el reintegro por pre pensionado y expresó que el actor, nació el 21 de agosto de 1959, por ende, para la época del despido contaba 56 arios y de acuerdo con las historias laborales de folios 56 a 87, acreditó 1258 semanas cotizadas al RAIS, por lo cual coligió que, a la finalización del vínculo, reunía los aportes necesarios para acceder a la garantía de pensión mínima, en consecuencia, con apoyo en

el fallo CC SU003-2018, no ostentaba la calidad de prepensionado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo de segundo grado, en sede de instancia, «se ordene revocar en forma parcial la sentencia de primera instancia, para que, en su lugar, quede vigente y se confirme su ordinal primero; y se revoque en lo demás, es decir que se reconozca la existencia del contrato de trabajo y ordene el reintegro laboral», con el consecuencial pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones por el no pago de salarios.

Luego dice que debe tenerse en cuenta la existencia de un contrato de trabajo desde el 18 de enero de 2015 y hasta la fecha, toda vez, que de las pruebas adosadas se hacía

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Radicación n.°96641 evidente que el empleador manifestó su voluntad de suscribir un contrato laboral a través de un aviso informal el día de la notificación de la no renovación y lo mismo en 2 documentos oficiales (Acta 54 y oficio del 16 de enero de 2015), tanto así que no detuvo el trámite de ascenso en el escalafón, por eso fue engañado pues ano se protocolizó de forma escrita el contrato, simplemente se apalancaron en la legalidad del despido que se realizó en 2014». Más adelante desarrolla un discurso sobre el principio de favorabilidad. Con el anterior propósito presenta 4 cargos, que recibieron réplica, de los cuales se analizarán en conjunto

primero y segundo y, luego tercero y cuarto, por contener planteamientos similares, y ser dirigidos por el mismo sendero. Presenta una proposición jurídica común para todos los cargos, así: Las normas sustanciales de orden nacional que fueron violadas por la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de enero de 2022, por el Tribunal Superior (...) son el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 21, 25, 27, 29, 48, 53, 54,8 3 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 1, 5,8, 9, 11, 13,14,16,18,21, 22, 23, 24, 27, 32, 37, 38, 43, 45, 47,54, 55, 57,58,59, 101, 140, 144, 340, y demás aplicables del Código Sustantivo de Trabajo, la ley 100 de 1993, en especial, sus artículos 17, 22, Ley 50 de 1990, C158 - Convenio Sobre la terminación de la relación de trabajo (•••)- El desarrollo individual se presenta en los siguientes términos:

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VI. CARGO PRIMERO Expone que la sentencia desconoció el preámbulo de la carta política, que dispone que uno de sus fines es asegurar el trabajo humano; el artículo 4, dispone la aplicación preferente de la carta Política; y el 25, consagra el trabajo como derecho y obligación social, que goza de especial protección del Estado. Critica que el sentenciador de segundo

nivel, haya dicho que no existía norma para disponer el reintegro, cuando los dos artículos supralegales, «son la fuente para hacer valer los derechos del demandantef rente al engaño que sufrió», que le generó consecuencias negativas. Invoca el artículo 29 de la CN, expresa que imponía el respeto del debido proceso, «en el sentido de que una vez se notificó el preaviso de terminación y no renovación del contrato laboral, se debió interrumpir, suspender y terminar el proceso de ascenso en el escalafón docente». Aduce que la Universidad incurrió en mala fe, porque «expidió unos actos propios beneficiosos para el trabajador, generó confianza legítima», pues le había prometido formalizar el contrato. Enuncia el artículo 9 del CST, explica que dispone que el Estado debe garantizar la protección del trabajo, el artículo 11 ordena que toda persona tiene derecho al trabajo y el 13, consagra el mínimo de derechos y garantías,j unto con el 21, concerniente al principio de favorabilidad; y el artículo 32 que fue ignorado, toda vez que el mismo dice quiénes son los representantes del empleador, por lo que la Universidad debe responder por el acto propio. 10

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Radicación n.°96641 Refiere el artículo 140 del CST, copia un segmento del mismo y aduce que «si se llegare a ejecutar lo antes dicho en el caso concreto se tendrá como resultado la existencia del contrato laboral», sumado al artículo 340 ejusdem, que contempla la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales. Menciona el artículo «99 numeral 3, donde se establece

la sanción para el empleador que no consigna las cesantías» y más adelante copia un párrafo de la sentencia del Tribunal en donde el ad quem argumentó: No puede olvidar el demandante, que no hay lugar a suponer la voluntad del otro contratante, por lo que no es dable considerar que a partir de la expectativa de ascender en el escalafón o la manifestación de que esa promoción tendría efectos a partir del primer semestre académico del año 2015, se suple ese requisito. Es clara la necesidad de la manifestación expresa de las partes para que nazca a la vida jurídica el contrato (...). Considera que los anteriores razonamientos no son válidos, porque la Sala concluyó: Del estudio en conjunto de las anteriores probanzas de acuerdo con los artículos 60 y 61 del CPT y SS, se concluye que se demostró la existencia de un contrato de trabajo a partir del 18 de enero de 2015 'a partir del primer periodo académico del presente ano', como se le comunicó al demandante en carta del 16 de enero de 2015, decisión que no puede ser desconocida y produce todos sus efectos legales (art. 55 del CST). Y en lo que hace a la duración del contrato se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 101 ya referido y a la remuneración pactada en el contrato de trabajo del periodo anterior, por no ser admisible que devengará una suma inferior, ni superior por no estar avalada dentro del plenario. Entonces, se entra al examen de reintegro reclamado por el actor, como pretensión principal, y las consecuenciales de salarios y prestaciones sociales.

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Argumenta que «los documentos oficiales», emitidos por la llamada a juicio, «configuran la manifestación de su voluntad expresa verbal y escrita de formalizar el contrato laboral».

VII. CARGO SEGUNDO Menciona que el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 53 de la CN, toda vez que, en uno de los segmentos de la sentencia, aunque aludió al principio de la primacía de la realidad, exigió que «cuando se reclaman derechos derivados de un contrato de trabajo, y se controvierte su existencia, la prueba tiene que ser de tal contundencia que no quede duda que esa y no otraf ue la relación jurídica suscitada entre las partes».

Argumenta que «los documentos oficiales», emitidos por la llamada a juicio, «configuran la manifestación de su voluntad expresa verbal y escrita de formalizar el contrato laboral». Alega que con lo precedente otorgó una inteligencia errada al principio de la primacía de la realidad y prefirió las formas, pero si hubiese entendido correctamente la norma, habría «automáticamente» amparado los derechos deprecados, porque se probó la existencia del contrato y que por culpa del empleador no se prestaron los servicios. Refiere el artículo 24 del CST, enuncia que también fue interpretado de manera equivocada, porque el mismo invierte la carga de la prueba, por ende, es el empleador quien debe demostrar que no existió un verdadero contrato, y la

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Radicación n.°96641 Universidad no «respetó la palabra», por lo que no formalizó el nexo que se había concertado, como se probó con los documentos de 27 de octubre de 2014, 10 de noviembre de

2014, 16 de diciembre de 2014 y 16 de enero de 2015. Evoca los artículos 22 y 23 del CST, dice que en el sub examine, estaban acreditados los elementos para la configuración del vínculo laboral, unido a que el artículo 37 ejusdem, contempla que las modalidades del contrato son verbales o escritas, y cuando no se fija su duración, el acuerdo se entiende a término indefinido, como lo dispuso el canon 47, numeral 1 del compendio laboral, por lo que las normas que se citan como violadas conducen a la protección de los derechos de los asalariados, porque «se prueba la voluntad de las partes y se cumplen los 3 puntos esenciales de la relación laboral», cuya duración está sujeta a una justa causa o determinada por el artículo 101 del CST. Asevera que el contrato debe ejecutarse de buena fe, lo que obliga que las partes cumplan lo pactado, en armonía con el artículo 57 del CST. Expone que el ad quem, «no valoró la parte _táctica y menos jurídica», y resalta que la demanda se encaminaba a que se declarara la existencia de un contrato laboral, que fue terminado de manera unilateral, ilegal y arbitraria, y una vez así declarado, proceder al reintegro con el consecuencial pago de derecho adeudados, pues se configuraban los elementos del vínculo.

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Radicación n.°96641 Recuerda el artículo 101 del CST, dice que a acorde con él, el contrato se entiende celebrado por ario escolar, salvo estipulación en contrario, lo que no afecta en nada lo aquí

discutido, pero en cambio el Tribunal lo entendió de manera desfavorable al trabajador. Para concluir aduce que las consecuencias del despido sin justa causa son diferentes a las contempladas para aquellos eventos de finiquito ilegal, arbitrario y unilateral, pues en éste último escenario, olas consecuencias y obligaciones que debe asumir la accionada son las de reintegrar al trabajador y además cancelar salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones a las cuales tenga derecho el mandante»

VIII. RÉPLICA La Universidad se pronuncia de manera conjunta de todos los cargos, efectúa un listado de pruebas y afirma que ano hay lugar a suponer la voluntad de uno u otro contratante, por lo que no es dable considerar que a partir de la expectativa de ascender en el escalafón o la manifestación de que esa promoción tendría efectos a partir del primer semestre académico del año 2015, se suple este requisito». Dijo que, en relación con el reintegro, no era procedente, porque el demandante nació el 21 de agosto de 1959, por lo que llegó a los 62 arios, el mismo día y mes de 2021, y de acuerdo con folios 56 a 87, para aquel momento contaba 1258 semanas, por ende, tenía las requeridas para la garantía de pensión mínima.

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IX. CONSIDERACIONES Inicialmente debe destacarse que los cargos distan mucho en asemejarse a la sustentación de un recurso extraordinario, toda vez, que el recurrente se limita a enunciar artículos de rango constitucional y legal, y emprende un discurso que no apunta a derruir los pilares de

la sentencia atacada. Debe reiterarse que quien tenga como propósito la casación de un fallo, debe identificar su construcción argumentativa y enfilar los argumentos pertinentes para derruir el o los soportes de la decisión (CSJ SL2970-2021, SL13058-2015), lo que no ocurre en este caso, pues la censura que se limita a una narrativa de normas. En segundo término, se echa de menos una proposición jurídica adecuada a cada cargo, pues al inicio de la sustentación del recurso, se restringió a enunciar una proposición jurídica, lo que no es viable, toda vez que cada ataque goza de autonomía e individualidad, y debe contener los cánones que se cuestionan trasgredidos, junto con la modalidad de violación pertinente. En tercer lugar, debe resaltarse que, al ser orientados por la vía de puro derecho, se entiende que el recurrente acepta todas las premisas fácticas de la sentencia, especialmente las siguientes: el último contrato de trabajo, celebrado a término fijo, finalizaba el 17 de enero de 2015 y la encartada dio el preaviso el 10 de noviembre de 2014; y el

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Radicación n.°96641 16 de enero de 2015, la misma universidad emitió una comunicación en la que se decía al asalariado que se había aprobado el ascenso a la categoría cuarta y que esa determinación surtía efectos «a partir del primer periodo académico del presente año». Bajo los anteriores supuestos, no existe la trasgresión normativa que endilga, pues el preaviso fue oportuno, y

cuando el Secretario del Comité de Promoción y Ascenso, comunicó el 16 de enero de 2015, que el trabajador era ascendido a la cuarta categoría del escalafón, ello era viable en ese momento, pues el contrato fenecía al día siguiente, sin que ello implicara que se celebró un nuevo contrato, menos, entender que continuó a término indefinido y que debe ser reintegrado, pues ninguno de los cánones que acusa trae ese efecto. Debe destacarse que el recurrente advierte que existe una contradicción en las consideraciones de la sentencia, dado que existen unos pasajes en los que pareciera darle la razón al actor y otros donde no accede a las peticiones. Para mejor comprensión se trascriben los siguientes segmentos: Del estudio en conjunto de las anteriores probanzas de acuerdo con los artículos 60 y 61 del CPT y SS, se concluye que se demostró la existencia de un contrato de trabajo a partir del 18 de enero de 2015 'a partir del primer periodo académico del presente año', como se le comunicó al demandante en carta del 16 de enero de 2015, decisión que no puede ser desconocida y produce todos sus efectos legales (art. 55 del CST). Y en lo que hace a la duración del contrato se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 101 ya referido y a la remuneración pactada en el contrato de trabajo del periodo anterior, por no ser admisible que 16

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Radicación n.°96641 devengara una suma inferior, ni superior por no estar avalada dentro del plenario. Entonces, se entra al examen de reintegro

reclamado por el actor, como pretensión principal, y las consecuenciales de salarios y prestaciones sociales. No puede olvidar el demandante, que no hay lugar a suponer la voluntad del otro contratante, por lo que no es dable considerar que a partir de la expectativa de ascender en el escalafón o la manifestación de que esa promoción tendría efectos a partir del primer semestre académico del ario 2015, se suple ese requisito. Es clara la necesidad de la manifestación expresa de las partes para que nazca a la vida jurídica el contrato de trabajo independiente de su modalidad y así lo ha establecido el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral: "Conviene destacar que el contrato de trabajo en cuanto género, no está sometido a una forma determinada para su existencia, por lo que para su nacimiento es suficiente con que concurra un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador. Al respecto, el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo precepttia que «el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no requiere de forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrarío»". Y que de otra parte que ese acuerdo debe ser ejecutado, esto que los servicios personales se hayan cumplido. (Resaltado y subraya propias). REINTEGRO La ley, la convención de (sic) colectiva de trabajo o el reglamento interno de trabajo, son los instrumentos en los cuáles se puede establecer cuándo hay lugar al reintegro del trabajador a sus labores o al restablecimiento del contrato de trabajo. Visto el caso que ocupa a la Sala, no existe normatividad que ordene el reintegro reclamado, por lo que se negará tal pedimento.

Puntualizando que es única súplica que se reclama respecto del contrato de trabajo de 2015. (Negrita propia). Como se aprecia, en el primer párrafo en principio, el Tribunal acepta la tesis del actor, es decir, que la decisión de escalafonarlo a partir del 2015, podría generar la existencia de un nuevo contrato de trabajo a partir del 18 de enero de ese ario; no obstante, en el siguiente párrafo del fallo, claramente expresó todo lo contrario, y enfatizó en que no era suficiente esa comunicación, que informó la nueva ubicación

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Radicación n.°96641 en el escalafón docente, sino que la voluntad expresa del contratante era indispensable para dar lugar a la existencia de un nuevo contrato de trabajo. Lo precedente, no conduce a la casación de la sentencia, pues la contradicción aparente que advierte el memorialista, resulta inane porque, en el tercer párrafo transcrito, el sentenciador plural concluyó que no procedía el reintegro pedido, dado que esa consecuencia no estaba prevista en la ley o norma extralegal, y que esa era la única petición del actor referente a ese vínculo. Este último argumento, que no es atacado por el memorialista, permite afirmar que así en gracia de simple hipótesis se pensara que surgió un nuevo contrato a partir del 18 de enero de 2015, por causa de la comunicación del ascenso en el escalafón, de ninguna manera conlleva su reintegro pues, no existe norma que consagre esa consecuencia jurídica para la situación acaecida y, no se deriva de ninguno de los preceptos constitucionales y legales

que acusa. De otro lado, debe resaltarse que la censura no discute que no tenía la condición de prepensionado, toda vez, que no cuestiona el análisis que en torno a ese punto desarrolló el juez plural, por lo cual queda intacto. Ahora bien, en cuanto a la alegada trasgresión de los artículos 23 y 24 del CST, dentro del contexto descrito, no existe violación, pues de acuerdo con el preaviso que remitió 18

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Radicación n.°96641 el empleador, el vínculo terminó el 17 de enero de 2015, sin que probara la prestación de servicios personales más allá de esa fecha, para eventualmente presumir la existencia del contrato de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 24 ejusdem (SL16528-2016). Por lo precedente, no se halla violación de la normativa que acusa, pero debe subrayarse que, tal y como lo analizó el sentenciador, así se asumiera que el contrato se prorrogó más allá del 17 de enero de 2015, la petición de reintegro, que fue la única que elevó, no encuentra soporte ni fundamento constitucional, legal o convencional. De lo explicado, los cargos no están llamados a la prosperidad.

X. CARGO TERCERO Lo propone así: En la sentencia atacada no se valoró y apreció en debida forma diferentes pruebas que demuestran la validez y existencia del contrato de trabajo suscrito entre las partes. Con el escrito de la demanda se presentan las pruebas documentales que tiene en su poder el demandante, además, de solicitar su declaración.

Si bien, a todas las pruebas se les debe dar el valor que

corresponde, existen unas que sobresalen, como las pruebas relacionadas con el ascenso y la nueva relación laboral, como lo son: Solicitud de ascenso de fecha 27 de octubre de 2014. Acta número 54 del 16 de diciembre de 2014.

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Radicación n.°96641 Oficio del consecutivo 110.2014.1 J.E.D., del 16 de enero de 2015, mediante el cual se certifica la aprobación del ascenso a la cuarta categoría del escalafón docen