CSJ - SL174-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL174-2023 Radicación n.° 79378 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIASINTRAELECOL, SECCIONAL BUCARAMANGA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017), en el proceso que le instauró a la ELECTRIFICADORA DE

SANTANDER S. A. – ESSA ESP.

I. AUTO El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de ColombiaSintraelecol, seccional Bucaramanga, solicitó, con su demanda extraordinaria, que la Corte decrete como prueba sobreviniente el Acta del 27 de septiembre de 2015,

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Radicación n.° 79378 a través de la cual la recurrente y la replicante aclararon que la fecha de suscripción de la CCT 2003-2007 fue el 11 de julio de 2003 (f.° 11, cuaderno de la Corte). Frente a esta solicitud probatoria, se pronunció ESSA

S. A. ESP en su escrito de réplica (f.° 24, ib).

La Sala niega la petición probatoria efectuada, por cuanto en sede extraordinaria no está prevista etapa probatoria alguna, en la medida que no se trata de una tercera instancia, ni es un escenario en el cual las partes

pueden subsanar las deficiencias de su gestión litigiosa en las instancias.

II. ANTECEDENTES El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de ColombiaSintraelecol, seccional Bucaramanga, llamó a juicio a la Electrificadora de Santander – ESSA S. A. ESP, para que se le condenara a reconocer y cumplir, en la actualidad y en el futuro, los acuerdos contenidos en los artículos 2°, 4°, 6°, 22, 23, 65 y 70 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre las partes el 9 de junio de 2003, con vigencia de cuatro años a partir del 1° de noviembre de ese año.

Solicitó que se condenara a la accionada a: i) contratar a término indefinido a todos los trabajadores que en la actualidad se encuentren vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo y a través de empresas contratistas y

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Radicación n.° 79378 cooperativas, ii) pagarle el valor correspondiente a la cuota sindical de todos los trabajadores que ha vinculado mediante terceros, equivalente al 1 % del salario mínimo convencional, en cuantía superior a los $500.000.000, debidamente indexado y, iii) las costas. Narró que el Sintraelecol «funciona» en la Electrificadora demandada; que suscribieron una CCT el 9 de junio de 2003, con vigencia de cuatro años a partir del 1° de noviembre de esa anualidad en la que se pactó, En la cláusula 2°: La presente convención se funda en los

principios laborales consagrados en la Constitución Política Nacional y en las disposiciones legales de los trabajadores, para fijar las normas que regirán los contratos individuales durante su vigencia, procurando el mejoramiento, la seguridad industrial e higiene y la estabilidad social y económica en las condiciones laborales. En el artículo 4° […] se definió: Se entenderá que todos los contratos de trabajo suscritos por la empresa con sus trabajadores, serán celebrados a término indefinido y se regirán por las disposiciones legales que regulan los contratos de trabajo y la convención colectiva de trabajo. No obstante lo anterior, la empresa podrá celebrar contratos de trabajo que no tengan el carácter de indefinido, cuando se trata de realización de una obra o labor determinada o la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o transitorio, casos en los cuales podrá celebrarse por el tiempo que dure la obra o trabajo. En la cláusula 6° [..] se estableci[ó]: FAVORABILIDAD DE IMPARCIALIDAD DE NORMAS. En caso de conflicto [o] duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo prevalecerá la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integralidad […] En el artículo 9°: “PLAZO PRESUNTIVO. La empresa no aplicar[á] el plazo presuntivo ni la cláusula de reserva contemplada en la Ley […] Adujo que la empresa viene incumpliendo sistemáticamente las normas convencionales referidas,

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Radicación n.° 79378 acudiendo a la modalidad de contratos a término fijo para

ejecutar labores propias de su objeto social y utilizando empresas contratistas, cooperativas y terceros para realizar labores permanentes, continuas, anexas y complementarias para el mismo fin. Clasificó el personal contratado a término fijo y a través de terceros, así: mantenimiento de redes 350 trabajadores; mensajería 6; facturación, lecturas y reparto 180. Sostuvo que es costumbre de la empleadora enganchar personal en la forma atrás referida, sin especificar la temporalidad de la labor que se debe cumplir, para después desvincularlo aduciendo un modo legal de terminación y así evitar el cumplimiento de sus obligaciones convencionales respecto a la estabilidad laboral; que aquélla jamás podría prescindir de las labores que ejecuta dicho personal, pues son absolutamente necesarias para garantizar su desarrollo. Aseguró que se había visto perjudicado con la política empresarial aludida, por cuanto ha dejado de recibir el 1 % del salario convencional de todos los trabajadores vinculados «mediante terceros o bolsas de empleo», que asciende a más de $500.000.000. Cuantificó en más de 800 los trabajadores que han prestado el servicio a través de contratistas en los últimos tres años, que «jamás han podido pertenecer a la organización sindical y mucho menos han sido beneficiarios de los acuerdos convencionales».

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Radicación n.° 79378 Resaltó que el Ministerio de la Protección Social, mediante las Resoluciones n.° 0338 del 29 de septiembre de 1995, 0363 del 8 de noviembre de 1996, 0138 del 30 de

octubre de 1998 y 0140 del 26 de junio de 2006, sancionó a la demandada por el incumplimiento de los acuerdos convencionales, pero ésta no ha modificado su política abusiva. Destacó que el artículo 65 de la CCT establece que, […] la empresa descontará y girará a SINTRAELECOL el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias en la porción establecida en los estatutos y aprobada por las asambleas de los trabajadores. Los descuentos extraordinarios se someterán a lo establecido en la ley. Agregó que la electrificadora también incumplió el artículo 70 de la CCT, respecto al reconocimiento y pago de la pensión convencional de jubilación para los trabajadores que llenan los requisitos, pues la ha negado sin justificación. Planteó que la misma debe cumplir con el artículo 4° del instrumento colectivo, para lo cual es preciso que contrate directamente a quienes se encuentran vinculados a través de contratistas y trasladar al tesoro sindical el 1 % del salario mínimo convencional establecido en los cánones 22 y 23 de aquel (f.° 3 a 45, cuaderno principal). La Electrificadora de Santander – ESSA S. A. ESP, se opuso a las pretensiones; aceptó los hechos relacionados con el funcionamiento de Sintraelecol en su sede; la suscripción

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Radicación n.° 79378 de la Convención Colectiva de Trabajo el 09/06/03 y su vigencia; que tiene personal vinculado mediante contrato a término fijo, a saber, 30 personas para la ejecución de obras

o labores determinadas y 17 practicantes universitarios; el contenido de los artículos de la CCT y que ha pactado contratos civiles y comerciales. Aclaró que la razón de los acuerdos con terceros no es la realización de labores permanentes, continuas, anexas y complementarias propias de su objeto social, sino que obedecen a requerimientos técnicos o tecnológicos necesarios para el desarrollo del mismo, que son adelantados por personas naturales o jurídicas con absoluta autonomía, de modo que dicho personal no tiene ninguna relación laboral con ella. Negó que la autoridad administrativa del trabajo la hubiera sancionado por idénticas situaciones de hecho. Esgrimió en su defensa las excepciones perentorias de «cumplimiento de obligaciones convencionales y legales por parte de la demandada» e «inexistencia de daño» (f.° 225 a 240, ibidem).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 14 de diciembre de 2016, absolvió la demandada e impuso costas (f.° 651, en concordancia con el CD de f.° 646, ibidem).

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IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver la apelación del sindicato, el 6 de julio de 2017, confirmó la primera decisión.

Dijo que, «frente al principio de consonancia», debía establecer si la fuente formal del derecho, a saber, la convención colectiva de trabajo, fue debidamente

incorporada al proceso, es decir, […] con virtud suficiente para que pueda ser validada en el mismo lo que de contera permitiría establecer si el juez de primera instancia erró al considerar debidamente probada la existencia y validez de la convención, al aplicarla, así fuera negativamente en cuanto a las peticiones de la demanda y en consecuencia, estudiar lo referente al problema jurídico planteado en los términos previstos por dicho estatuto especial y las normas legales y constitucionales que sean aplicables. Lo anterior atiende a razones de técnica jurídica, por cuanto si el estatuto convencional no se encuentra debidamente allegado al expediente haría infructuoso el estudio de los argumentos contenidos en el recurso de apelación que se refieren al sustento normativo de la convención colectiva […] Indicó que la convención colectiva de trabajo de f.° 96 a 143 y 290 a 338 del cuaderno principal, reguló las relaciones obrero patronales entre el 1° de noviembre de 2003 y el 30 de octubre de 2007 y fue suscrita entre la convocada al juicio y Sintraelecol el 9 de junio de 2003, fecha en la que coincidieron las partes; empero, se depositó el 14 de julio de 2003 (f.° 143 y 338, ib), es decir, por fuera de los 15 días previstos en la ley, pues este venció el 2 de julio de 2003, de manera que la convención no cumplió con los requisitos del

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Radicación n.° 79378 artículo 469 del CST y por ello no producía efectos.

Afirmó que esa situación fue obviada por el fallador de primera instancia, quien le dio eficacia probatoria como fuente de derechos y obligaciones para las partes, en virtud de la aceptación que hizo la reclamada de ese instrumento, en la réplica a los hechos de la demanda. Precisó que, frente a este tema específico, mediante sentencia «del 28 de abril de 2016, caso radicado bajo el código 6868013105002201400022901 (118-2016)», se había explicado que: […] el estatuto convencional no se encuentra debidamente allegado al proceso, lo que permite a esta corporación ratificar la tesis sobre la improcedencia de las pretensiones deprecadas con fundamento en ella, como ha sido expuesta en varios precedentes horizontales entre otras las sentencias proferidas en los procesos de radicación 2013-381 y otros en los que se concluyó que, al igual que lo que acontece en esta ocasión, la convención colectiva se allegó al proceso sin el cumplimiento del requisito del depósito oportuno lo que impide darle valor probatorio al texto convencional sin que se discuta su existencia […] Expuso que en la «sentencia de casación del 20 de mayo del 67» la Corte orientó sobre la exigencia del depósito, diciendo que: […] no puede acreditarse en juicio la validez de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo de su texto y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o cuando menos para esto último mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención. Tal posición ha sido reiterada en pronunciamiento reciente de la

Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 10 de agosto de 2010 rad. 36312, en la que precisó que esa Corporación ha explicado que el depósito es un requisito esencial para que produzca efectos jurídicos conforme el artículo 469 del CST.

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Radicación n.° 79378 Acudió a la sentencia CSJ SL, 24 abr. 2013, rad. 43043, para reiterar que lo dicho con precedencia se reiteró en un pronunciamiento «mucho más reciente». Sostuvo que, con todo lo expuesto, agotaba su competencia funcional en lo que correspondía con el recurso de apelación, en el entendido de la imposibilidad de analizar la prueba de la fuente formal en que se edificaron las pretensiones, lo cual impedía «estudiar de fondo el derecho debatido en juicio en los términos en los que alegó la censura frente a la sentencia de la primera instancia» (f.° 673 a 674, en concordancia con el CD de f.° 675, ib).

V. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la organización sindical, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia acusada y «en su lugar conced[a] las pretensiones de la parte demandante» (f.° 12, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y pasan a estudiarse conjuntamente, porque a pesar de que se dirigen por sendas de ataque distintas y se cimientan en normas

diferentes, persiguen idéntico fin.

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VII. CARGO PRIMERO Invoca la […] primera causal de casación contra la sentencia […], por la vía indirecta la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y la Seguridad Social, por interpretación errónea de los art. 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 13, 14, 19, 21, 467, 468, 469, 470, 471 del Código Sustantivo del Trabajo y el 35 de la Ley 712 de 2001 […] Endilga al juez colegiado la comisión de los siguientes

yerros fácticos:

1. No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo celebrada el 11 de julio de 2003 entre SINTRAELECOL y ESSA S. A. E.S.P se encontraba vigente desde la fecha de suscripción.

2. No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo celebrada el 11 de julio de 2003 […] fue depositada dentro de los términos de ley.

3. Dar por demostrado sin que haya sido objeto de litigio entre las partes, que la convención colectiva de trabajo […] no tenía efectos por haber sido depositada de manera extemporánea.

4. No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo […] estaba siendo reconocida por ESSA S. A. E.S.P. por haber sido esta depositada dentro de los t[é]rminos de ley.

5. No dar por demostrado estándolo, que los derechos emanados

de la convención colectiva de trabajo como fue pactada, son una obligación clara, expresa, exigible, propia y vinculante, autónoma e independiente, conforme a su texto en lo relativo a los art. 4°, 6°, 22, 23, 65 y 70 del texto convencional.

6. No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo beneficiaba a los trabajadores a término fijo de la demanda[da] y a los trabajadores de los contratistas independientes que desarrollaban las labores esenciales y

permanentes de ESSA S. A. E.S.P.

7. No dar por demostrado estándolo que trabajadores de término fijo habían sido vinculados por la Empresa para desarrollar actividades permanentes así determinadas por la Ley 143 de 1994 y que por lo tanto sus contratos de trabajo correspondían

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Radicación n.° 79378 a contratos a término indefinido.

8. No dar por demostrado estándolo que los trabajadores de las empresas contratistas Unión Temporal Servisantander, quien fue contratada para desarrollar actividades de suspensión, corte y reconexión del servicio de energía eléctrica y actividades conexas como control y seguimiento a usuarios en suspensión, apoyo a la gestión de cartera y trabajo comunitario con morosos, Unión Temporal DELPRO, quien fue contratada para desarrollar actividades de toma de lectura de medidores, reporte de observaciones y entrega de facturas, Consorcio OLVICOLLFM,

EICON LTDA, SÁNCHEZ GÓMEZ Y CIA LTDA,

PRAGOINGENIERIA LTDA., MEGA, CONSORCIO

MANTENIMIENTO GLOBAL DE REDES, ELECTROLYSEN LTDA.,

UNIÓN TEMPORAL INELSA – M&J, DISCON LTDA, UNIÓN

TEMPORAL PRAGOTECME, INEL LTDA, MYJ ALFA ELECTRIC

LTDA, UNIÓN TEMPORAL MAGDALENA, UNIÓN TEMPORAL

CODICOLSD, CONSORCIO REDES DE SAN ALBERTO,

CONSORCIO MANTENIMIENTO EL CARMEN, CONDISLEC E.U.,

CONSORCIO BARRANCA RURAL, RICARDO GARCÍA ARENAS/TALLER EL TRANSFORMADOR y CONSORCIO REDES GARCÍA ROVIRA, quienes fueron contratadas para desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de subtransmisión y redes de distribución de media y baja

tensión, IRC LTDA, HV CONSTRUCTORES LTDA, INEL LTDA,

MEGA S. A., ACOINGSA ASOCIADOS LTDA, QUIJANO Y SARMIENTO LTDA y ASOINGENIERIA DEL ORIENTE, ELECTROSOFTWARE, quien fue contratada para el levantamiento de información en campo a través de la inspección de las instalaciones eléctricas y equipos de medida de los predios de los usuarios y por medio del software energis de presuntas desviaciones de consumo tal como lo establece el art. 149 de la Ley de Servicios Públicos, JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ, ASO INGENIERÍA DEL ORIENTE LTDA, SÁNCHEZ GÓMEZ Y CIA LTDA., PROSEDIN LTDA y MEGA S. A. quienes fueron contratadas para realización de revisiones integrales y normalización e instalaciones eléctricas con el fin de disminuir pérdidas de energía, corresponde a actividades esenciales de

Distribución y Comercialización de energía eléctrica y las empresas M&J INGENIERÍA S. A., SALOMÓN IGLESIS IGLESIAS y CONDISLEC E.U., quien fue contratada para la construcción de redes de media y baja tensión y montajes de transformadores para la electrificación, corresponden a actividades esenciales de Generación, Distribución y Comercialización de energía eléctrica; y que dichas actividades corresponden a actividades esenciales, permanentes y propias del giro ordinario del negocio de ESSA S.

A. E.S.P.

9. No dar por demostrado estándolo, que los trabajadores de las contratistas anteriormente enunciadas, eran realmente trabajadores de ESSA S. A. E.S.P. beneficiarios de la convención colectiva de trabajo y merecen reconocimiento a su contrato de

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Radicación n.° 79378 trabajo directo y a término indefinido, pues por causa de las cláusulas abusivas de los contratos comerciales como las de entregar la facultad de despedir trabajadores al beneficiario del servicio, la de controlar de manera permanente el desarrollo de las labores de los contratistas o la de autorizar, entregar u homologar el uso de medios de producción a las contratistas; debió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, reconocer dichas relaciones laborales como consecuencia de la falta de autonomía, técnica, administrativa y financiera. Aduce que lo anterior obedeció al, […] yerro en la valoración de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre SINTRAELECOL y ESSA S. A. E.S.P. pues no le correspondía a la Sala Laboral del Tribunal Superior entrar a

analizar bajo el pretexto de la aplicación del principio de consonancia, la fecha de depósito de la convención colectiva de trabajo y si la misma estaba depositada dentro de los 15 días que establece la norma laboral. Lo anterior por cuanto esto configura un irrespeto al precedente judicial establecido por la Corte Suprema de Justicia que ha determinado que “la existencia de la convención colectiva debe acreditarse en el proceso mediante la aportación de su texto auténtico con la respectiva constancia de depósito oportuno, a menos que el tema esté fuera de toda discusión litigiosa porque las partes coincidan en reconocer la vigencia de un determinado acuerdo convencional” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 4 de junio de 1998, rad. 10658, Sentencia del 28 de julio de 1998, rad. 10475 y Sentencia del 21 de febrero de 2005 rad. 23155 (f.° 6 a 8, cuaderno de la Corte).

VIII. RÉPLICA Señala que el alcance la impugnación es incompleto y errado, porque indica que el quehacer la Sala, en sede de instancia, es conceder las pretensiones de la demanda, siendo imposible para la Corte establecer oficiosamente la finalidad del recurso, pues no se especifica si se pretende la confirmación, revocatoria o modificación de la decisión inicial.

Apunta que la formulación del cargo es incorrecta,

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Radicación n.° 79378 puesto que se enrostra la interpretación errónea a través de la vía indirecta, empero, la jurisprudencia ha reiterado que

por dicho sendero se ataca la valoración probatoria efectuada por el Tribunal, no la intelección de normas de naturaleza sustancial y procesal, como las contenidas en la proposición jurídica, careciendo el ataque de las exigencias mínimas en cuanto a su técnica para que proceda su estudio de fondo. Refiere que si superara ello, era necesario que la impugnación señalara la forma cómo se trasgredió cada una de las normas citadas; sin embargo, no lo hizo, pues se limitó a relacionar un conjunto de preceptos, sin explicar, además, cómo se produjo la infracción del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que introdujo el 66 A del CPTSS, ni relaciona dicha disposición con una de carácter sustantivo, como le resultaba imperativo. Dice que, aunque se presentan como errores de hecho, los de los numerales 1° y 2° de la sustentación del cargo, lo cierto es que el juez de segunda instancia dio estricta aplicación al artículo 469 del CST, que exige que el depósito de las convenciones colectivas de trabajo se realice dentro de los 15 días siguientes a su suscripción, siendo un requisito ad substanciam actus, sin el cual el acuerdo no puede generar ningún efecto. Plantea que, al haber revisado el caudal probatorio y advertir que no existía certeza sobre el depósito de la convención en tiempo, el colegiado no tenía otra posibilidad que declarar que no existía la fuente de los derechos

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Radicación n.° 79378 reclamados, por lo que, contrario a lo que aduce el impugnante, el error de apreciación existiría si el Tribunal

hubiera dado por probada la vigencia de un pacto convencional sin los requisitos que expresamente exige la ley. Aclara que su defensa nunca se basó en la ausencia de requisitos sustanciales de la convención colectiva de trabajo suscrita con Sintraelecol, sino en el estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas en ella; empero, fue otra la perspectiva del fallador plural, por lo que no es jurídicamente viable afirmar que estaba demostrado el depósito de la CCT 2003-2007, pues para el momento en que se profirió la decisión confutada, dicha prueba no obraba en el expediente. Explica que el Acta del 27 de septiembre de 2015, suscrita entre ESSA S. A. ESP y Sintraelecol, dilucidó que la CCT se firmó el 11 de julio de 2003, pero tal medio de convicción pudo aportarse al proceso como prueba sobreviniente, sin embargo, el acudiente en casación no lo hizo, de manera que no es posible afirmar que el juez plural debía reemplazar un solemnidad prevista en la ley con el análisis del comportamiento procesal de las partes, pues con ello sí hubiese infringido el artículo 61 del CPTSS. Reproduce apartes de la sentencia CSJ SL961-2018, en la que se precisó, que para probar la vigencia de una convención colectiva de trabajo, no solo se requiere aportar su texto, sino también la constancia de su depósito, por tratarse de una solemnidad exigida por el artículo 469 del CST.

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Radicación n.° 79378 Asevera que, al haber sido la razón de la decisión de

segunda instancia, la falta de acreditación del estatuto convencional del que pretendía beneficiarse el censor, no resulta lógico ni jurídicamente viable enrostrarle al colegiado la incursión en los errores de hecho relacionados en los numerales 6° a 9°, relativos a no dar por demostrado, estándolo, los supuestos incumplimientos a lo pactado en la CCT, en la medida que aquel se liberó de apreciar los supuestos elementos de convicción a los que alude el cargo (f.° 20 a 22, ib).

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 66 A del CPTSS.

Plantea que, aunque el juez de la apelación dijo que su decisión obedecía a la aplicación del principio de consonancia, no se atuvo al contenido exacto de la preceptiva, pues de su literalidad no podía entenderse que estuviera facultado para entrar a estudiar pruebas o hechos que no fueron objeto de discusión entre las partes, en especial, lo relativo a la calidad de la CCT como fuente de derecho entre ellas. Advierte que la segunda instancia no se pronunció sobre ningún aspecto de la apelación, a través de la cual se buscaba la revisión del material probatorio con el que se acreditaba que: i) los trabajadores contratados a término fijo

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Radicación n.° 79378 fueron vinculados por la empresa para desarrollar actividades permanentes determinadas como tales por la Ley 143 de 1994 y, ii) los enganchados a través de contratistas independientes realmente se encontraban bajo la figura del

simple intermediario por falta de autonomía técnica administrativa y financiera de aquellos, lo que se evidenciaba a partir de la revisión de los siguientes contratos comerciales: a) Unión Temporal Servisantander, quien fue contratada para desarrollar actividades de suspensión, corte y reconexión del servicio de energía eléctrica y actividades conexas como control y seguimiento a usuarios en suspensión, apoyo a la gestión de cartera y trabajo comomunitario [sic] con morosos; corresponde a actividades esenciales de la comercialización de energía eléctrica. b) Unión Temporal DELPRO, quien fue contratada para desarrollar actividades de toma de lectura de medidores, reporte de observaciones y entrega de facturas; corresponde a actividades esenciales de la comercialización de energía eléctrica.

c) Consorcio OLVICOLLFM, EICON LTDA., SÁNCHEZ GÓMEZ

Y CIA. LTDA., PRAGOINGENIERÍA LTDA., MEGA CONSORCIO

MANTENIMIENTO GLOBAL DE REDES, ELECTROLYSEN

LTDA., UNIÓN TEMPORAL INELSA – M&J, DISCON LTDA,

UNIÓN TEMPORAL PRAGOTECME, INEL LTDA., MYJ ALFA

ELECTRIC LTDA, UNIÓN TEMPORAL MAGDALENA, UNIÓN

TEMPORAL CODICOL – SD, CONSORCIO REDES DE SAN

ALBERTO, CONSORCIO MANTENIMIENTO EL CÁRMEN,

CONDISLEC E.U, CONSORCIO BARRANCA RURAL, RICARDO GARCÍA ARENAS/ TALLER EL TRANSFORMADOR Y CONSORCIO REDES GARCÍA ROVIRA, quienes fueron contratadas para desarrollar actividades de mantenimiento

preventivo y correctivo de líneas de subtransmisión y redes de distribución de media y baja tensión; corresponde a actividades esenciales de la distribución de energía eléctrica, situación especialmente ratificada por la Corte Suprema de JusticiaSala de Casación Laboral. Sentencia del 1° de marzo de 2010, radicación 35864, en donde se demostró que la labor de mantenimiento de líneas pertenece al giro ordinario del negocio de una empresa electrificadora: “y que “el actor acreditó que la labor ejercida por él, en desarrollo del contrato de obra entre MANSERVIG Y ELECTRICARIBE pertenece a las actividades normales o corrientes de quien encargo [sic] su ejecución, pues es [sic] el [sic] desempeñaba como LINIERO, es decir, se encargada [sic] del mantenimiento de líneas eléctricas, funciones

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Radicación n.° 79378 que pertenecen al giro ordinario de la empresa beneficiaria.”

d) IRC LTDA, HV CONSTRUCTORES LTDA, INEL LTDA, MEGA

S. A., ACOINGSA ASOCIADOS LTDA, QUIJANO Y SARMIENTO LTDA y ASOINGENIERÍA DEL ORIENTE, quienes fueron contratadas para la realización de podas (mantenimiento de redes), redes de 34.5 kv y 13.2; corresponde a actividades esenciales propias de la distribución de energía eléctrica. e) ELECTROSOFTWARE, quien fue contratada para el levantamiento de información en campo a través de la inspección de las instalaciones eléctricas y equipos de medida de los predios de los usuarios y por medio del software energis de presuntas desviaciones de consumo tal como lo establece el art. 149 de la

Ley de Servicios Públicos, corresponde a actividades esenciales propias de la Distribución y Comercialización por mandato de la misma ley citada en el contrato comercial. f) JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ, ASO INGENIERÍA DEL ORIENTE LTDA, SÁNCHEZ GÓMEZ Y CIA LTDA., PROSEDIN LTDA. y MEGA S. A., quienes fueron contratadas para realización de revisiones integrales y normalización de instalaciones eléctricas con el fin de disminuir pérdidas de energía, corresponde a actividades esenciales de Distribución y Comercialización de energía eléctrica.

g) M&J INGENIERÍA S. A., SALOMÓN IGLESIAS y CONDISLEC

E. U., quien fue tratada para la construcción de redes de media y baja tensión y montajes de transformadores para la electrificación, corresponde a actividades esenciales de distribución y comercialización de energía eléctrica.

Destaca que lo anterior prueba las cláusulas abusivas relacionadas con: i) la entrega al beneficiario del servicio de la facultad de despedir trabajadores y, ii) el control permanente de la electrificadora en el desarrollo de las labores de los contratistas; ser dueña de los medios de producción; así como que las empresas contratistas estaban suministrándole personal a través de relaciones comerciales. Memora la sentencia CSJ SL, 19 may. 1999, rad. 11774, en la que se orientó que, en virtud de los principios de la «congruencia o de la consonancia», los jueces no pueden

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Radicación n.° 79378 salirse de los hechos que hayan sido materia del debate y tampoco exigir prueba adicional para la demostración de

hechos afirmados por los sujetos procesales, excepto cuando se trate de aquellas solemnes (f.° 8 a 11, ib).

X. RÉPLICA Asevera que la redacción del cargo da a entender que se enfila por la causal primera de casación; que la jurisprudencia ha orientado profusamente que la violación de normas adjetivas solo puede señalarse cuando ello conlleva directamente a la infracción de preceptivas sustanciales; empero, en la proposición jurídica se objeta el quebrantamiento del artículo 66 A del CPTSS, sin mencionar cuál normativa de estirpe sustantiva se quebrantó, desconociendo lo decantado por la Corte en sentencias como la CSJ SL, 15