CSJ - SL1747-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1747-2023 Radicación n.° 94479 Acta 25 Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. -REFICAR S.A.S.-, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 30 de julio de 2021, en el proceso que instauró en su contra SIMÓN

CASTILLA ALMEIDA.

I. ANTECEDENTES Simón Castilla Almeida demandó a la Refinería de Cartagena S.A.S. (en adelante Reficar S.A.S.), con el fin de que se le condenara al pago de la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, equivalente al valor de los salarios faltantes para

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Radicación n.° 94479 cumplir el plazo estipulado y el 80% del bono de retención pactado entre las partes. Fundamentó sus peticiones, en que se vinculó a la demandada, como inspector QAQC, a través de un vínculo a término fijo, a partir del 19 de septiembre de 2012, cuya fecha de vencimiento inicial era el 18 de septiembre de 2013 y se prorrogó hasta el mismo día y mes de 2014. Explicó que este fue terminado por Reficar S.A.S. el 18 de septiembre de 2014, previo envío de una comunicación que recibió el 1º de agosto del mismo año. Dijo que su salario mensual integral a la fecha de

contratación fue de $15.897.000 y al final $17.684.700; que, por decisión de la junta directiva de la sociedad, se le ofreció un bono de retención, cuyo propósito era incentivar su continuidad y permanencia en la empresa, hasta la finalización del proyecto de expansión de la refinería, esto es el 31 de diciembre de 2015 o a la culminación de las labores para las que fue contratado. Añadió que su valor se fijó en $63.664.920, de los cuales recibió $12.732.984, que correspondían al 20% del total acordado, el 30 de junio de 2014, fecha en que este se suscribió. Afirmó que, una vez celebrado el acuerdo, se cambió la naturaleza contractual, pasando de término fijo a «duración de la obra», la cual llegaría a su fin el 31 de diciembre de 2015 y como terminó el 18 de septiembre de 2014, sin que hubiera concluido el proyecto, la demandada le adeudaba por

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Radicación n.° 94479 concepto de indemnización la suma de $272.344.380, equivalente al valor de los salarios faltantes hasta el 31 de diciembre de 2015, además del saldo del 80% del valor del bono de retención, por $50.931.936, cantidades que deberían indexarse. Al dar respuesta a la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la suscripción y prórrogas del contrato de trabajo a término fijo, el cargo desempeñado y los salarios

devengados. También admitió que el valor del bono ascendía a $63.664.920 y que el demandante se acogió voluntariamente a la propuesta de la empresa, recibiendo el pago del 20% el día 30 de junio de 2014. Negó los demás. Dijo que, con el acuerdo de retención celebrado entre las partes, no se cambió la naturaleza jurídica del contrato inicialmente suscrito a término fijo, y para fundamentar su tesis trajo a colación la cláusula primera, en la que se estableció que el trabajador, […] deberá laborar para REFICAR, de manera continua e ininterrumpida, hasta la ocurrencia del primero de los siguientes eventos: i) Fecha en que sus labores al interior del proyecto para las que fue contratado hayan finalizado o no se necesitan, a criterio exclusivo de la empresa, o ii) El 31 de diciembre de 2015. Explicó que el elemento que identificaba a los contratos por duración de la obra, «[…] consiste en que se debe señalar de manera precisa el objeto del servicio contratado, es decir,

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Radicación n.° 94479 se debe indicar expresamente la labor u obra de que se trate, cosa que no aconteció en el Acuerdo». Agregó que si la intención de la empresa hubiera sido ampliara su duración, como lo hizo frente a otros trabajadores, habría acudido al mismo otrosí que suscribieron quienes así lo hicieron. Lo mismo hubiera ocurrido con la variación de la naturaleza del vínculo. Manifestó que en los contratos por duración de la obra no había lugar para preavisos, ni tampoco para aplicar la

teoría de aquellos sucesivos de trabajo, criterio que apoyó en lo dicho por esta Sala en la sentencia CSJ SL, 3 de julio de 1997, radicación 9312, de la cual transcribió algunos apartes. En adición a ello, explicó las características propias de los que son a término fijo y las diferencias de unos y otros. En su defensa propuso las excepciones de falta de causa para demandar, buena fe, prescripción, compensación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, inexistencia de las obligaciones demandadas, caducidad de la acción y «carencia de supuestos fácticos y de derecho para pedir indemnizaciones y condenas».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 20 de mayo de 2015, resolvió: PRIMERO: DECLARENSE (sic) parcialmente probadas las excepciones de fondo de FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR,

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Radicación n.° 94479 BUENA FE, COMPENSACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, interpuestas por la demandada, dados los resultados del proceso.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. a pagar al demandante SIMÓN CASTILLA ALMEIDA, […], la suma de $50'931.936, correspondiente a la proporción del 80% del bono de retención a que tiene derecho, conforme las consideraciones de la sentencia.

TERCERO: ABSOLVER A LA DEMANDADA de las demás

pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió fallo, el 30 de julio de 2021, en el que dispuso: PRIMERO: REVOCAR los numerales primero y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha el 19 de julio de 2019 (sic) proferida por el Juzgado Séptimo (sic) Laboral del Circuito de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral promovido por SIMÓN CASTILLA ALMEIDA contra REFICAR S.A., de conformidad con la motivación que antecede. En su lugar: CONDENAR a REFICAR S.A., a pagar una vez en firme el fallo de primera instancia, al demandante SIMÓN CASTILLA ALMEIDA,

la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($272.933.870,oo), por concepto de indemnización por terminación unilateral e injusta del ligamen contractual laboral. Ésta suma deberá indexarse hasta el momento del pago efectivo.

SEGUNDO: CONFIRMAR los restantes numerales de la parte resolutiva de dicha sentencia.

En su decisión, el Tribunal planteó como problemas jurídicos determinar: (i) Si en el presente caso el Acuerdo de Retención celebrado el 30 de junio de 2014, ofrecido el día 19 mismo mes y año, tuvo la virtualidad de mutar la contratación de termino fijo,

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Radicación n.° 94479 a contrato por el tiempo que dure la realización de una obra

o labor determinada, (ii) Y si el pago del bono debía ser proporcional o total. Como respuesta al primer cuestionamiento, dijo, que ella era positiva y para explicarlo, empezó por recordar lo siguiente: Para arrojar torrentes de luz sobre este caso, propedéuticamente empezaremos por memorar que el contrato de trabajo en el sistema del Código descansa, entre otros, en estos tres (3) principios fundantes, el primero, engastado en el artículo 13, sobre mínimo de derechos y garantías, el segundo, en el artículo 14, sobre carácter de orden público de las disposiciones que regulan el trabajo humano, e irrenunciabilidad, el tercero, en el artículo 16, sobre efecto general Inmediato de las normas laborales. No obstante, el contrato de trabajo, como todo contrato, tiene su almáciga en el Código Civil y también se somete a su Imperio. Luego de ello, citó la providencia mediante la cual puso fin a la segunda instancia, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Belisario Barrios González contra Blastingmar, con radicación 13001-31-05-008-2014-0012902, en donde anotó: El contrato de trabajo, como cualquier otro contrato, nace a la vida jurídica desde el momento de su celebración, esto es desde la data en que los contratantes expresan de manera libre y espontánea su consentimiento libre de vicios. En el Código Civil colombiano, igual que en todos los códigos civiles románicos, la principal fuente de las obligaciones es el contrato (art. 1494); el contrato es un acto por el cual las partes se obligan a realizar en favor de la otra una prestación consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 1495); el

contrato es bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente (art. 1496); el contrato es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro (art. 1497); el contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra

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Radicación n.° 94479 parte debe dar o hacer a su vez (art. 1498). El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la entrega de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento (art. 1500). Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz; 2) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3) que recaiga sobre un objeto licito; 4) que tenga una causa licita (art. 1502). Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (art. 1602). Conforme con lo anterior el contrato de trabajo es fuente de obligaciones, es consensual, bilateral, oneroso y conmutativo, de tracto sucesivo, obligándose el trabajador a prestarle al empleador un servicio personal, y éste a pagar en contraprestación un salario; y como todo contrato válidamente celebrado es ley para las partes contratantes. (Las subrayas no

son del texto original). Pero además de lo colacionado en este precedente de Sala, la misma obra establece en su artículo 1603 que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella; y a efectos de interpretar los contratos, el artículo 1618 dice que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras, y el 1620, que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno, y el 1621, que en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, y el 1624, que no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. (Hemos resaltado con subrayas). Enseguida, transcribió algunos apartes de las cláusulas primera, segunda y tercera del acuerdo de retención, suscrito el 30 de junio de 2014 y explicó las razones por las cuales estimó que se cambió la modalidad contractual, de término fijo a duración de la obra o labor contratada, así:

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Radicación n.° 94479 Primero, porque el contrato laboral es consensual y constituye ley para las partes contratantes (1500 y 1602 del CC), es decir basta el consentimiento para su perfeccionamiento, no está sometido a fórmulas sacramentales ni requiere de un otrosí para cambiar su modalidad como lo alega la opositora. Además, lo dispuesto en él obliga a empleador y trabajador dado que el Acuerdo de Retención hace parte del contrato laboral, es el contrato mismo. Segundo, el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe y obliga a los que en él se expresa (1603). Y, en este caso, el Acuerdo de Retención es "expresión" del contrato y por ende obliga. Tercero, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras (1618). En este caso quedó claro, conforme se estipuló en la cláusula primera, que el bono de retención tenía como propósito que el trabajador continuara y permaneciera en la empresa hasta la culminación de sus funciones y/o del proyecto. Así lo reconoció el representante legal de REFICAR al absolver posiciones (respuesta a la primera pregunta del interrogatorio de parte que le formuló su contraparte), esto es, que el objeto del bono de retención era evitar que al momento en que terminara el contrato el trabajador se fuera (y la terminación era la fecha de vencimiento (18 septiembre de 2014). Y más adelante agregó, que era para impedir la fuga del cerebro. Y en relación con la pregunta al respecto señaló: si, se modificó el contrato en el sentido de que

no se fuera. En este punto, citó y transcribió apartes de la sentencia CSJ SL, 7 abril 1995, radicación 7243 y continuó: Cuarto, oigamos el artículo 1624 del C.C., según el cual no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Manifestó que este punto era crucial en la discusión, pues el segundo aparte de la cláusula primera incluía alternativamente dos exigencias para que el trabajador

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Radicación n.° 94479 obtuviera el bono en un 100%, (i) que laborara de manera continua e ininterrumpida hasta la fecha en que las actividades para las que fue contratado hubieran finalizado o no se necesitaran, a criterio exclusivo de la empresa o (ii) hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2015. Sostuvo, entonces, que ella era ambigua, en la parte correspondiente al numeral (i), porque si bien quedó al arbitrio de la empresa fijar esa fecha, no pudo establecerse en el expediente ni la demandada dio parámetros determinables para ello. Tal vacío, a su juicio, no podía ser soportado válidamente por el trabajador «[…] al socaire de “a criterio exclusivo de la empresa”, porque la finalización de labores o necesidad de estas corresponden a variables perfectamente

verificables», máxime si el mismo representante legal en su interrogatorio aceptó que las actividades para las que fue contratado continuaron en el tiempo. Afirmó que como el bono fue ofrecido, extendido, dictado por Reficar S.A.S. (folios 10 y 122), y faltaron explicaciones al respecto, el aparte citado de la cláusula primera se interpretaría en su contra. Al no poderse aplicar, «[…] operará únicamente el aparte (ii) de ese aparte, esto es, 31 de diciembre de 2015». Por las anteriores razones, aseguró que sí se modificó el contrato, debiendo ser extendido hasta el 31 de diciembre de 2015, según el querer del propio empleador.

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Radicación n.° 94479 Añadió explicaciones sobre los «actos de habla», citando a John Searle y John L. Austin y remata indicando que cuando a un trabajador se le pide que conserve su puesto, que se mantenga en él, antes del vencimiento del plazo fijo, incluso antes del preaviso, y acepta, se le está cambiando la modalidad contractual, porque el derecho como acto de habla transforma la realidad contractual, quedando clara la intención de permanencia. En torno al segundo cuestionamiento, afirmó que la respuesta también era positiva, pues debía pagarse en su totalidad, porque no se dieron las condiciones para su pérdida y, además, porque quedó establecido que el contrato debió terminar el 15 de diciembre de 2015.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los

términos en que fue presentado y conforme a las limitaciones y alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque en su totalidad la proferida por el juez y, en su lugar, se le absuelva de todas las pretensiones de la demanda inicial.

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Radicación n.° 94479 Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, replicados, que se estudian y resuelven conjuntamente, no sólo porque se dirigen por la misma vía y contienen una proposición jurídica semejante, sino porque presentan argumentos similares y complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la violación indirecta de la ley, por aplicación indebida del artículo 1602 del Código Civil y 196 del Código General del Proceso (violación medio), que condujo a la aplicación indebida del 46, 61 y 64 del Código Sustantivo del

Trabajo. Aduce que el error evidente de hecho consiste en «Dar por probado, sin estarlo, que con la suscripción del acuerdo de retención suscrito el 30 de junio de 2014, se modificó el contrato de trabajo a término fijo suscrito entre el demandante y la demandada». Afirma que este fue producto de la mala apreciación de la respuesta al interrogatorio de parte del representante legal de Reficar S.A.S. (audiencia del 20 de mayo de 2015, minuto 33:26) y del acuerdo de retención de fecha 30 de junio de 2014 (folios 117 y siguientes).

Para la demostración, en primer lugar, cita la parte de la sentencia en la que el Tribunal asegura que el representante legal confesó la modificación del contrato y

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Radicación n.° 94479 manifiesta que conforme al artículo 196 del Código General del Proceso, deberá aceptarse con las aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho aceptado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe. Se ocupa, entonces, de transcribir la respuesta, en torno a la pregunta relacionada con la modificación del contrato, en la que contestó: «[…] sí lo modificó en cuanto a que le concedió al señor Simón Castilla un estímulo económico si permanecía al servicio, si no se iba, si no se retiraba de Reficar, en ese sentido con el aspecto remuneratorio consistió en una modificación al contrato». De esa forma, el Tribunal escuchó sólo parcialmente el contenido de la respuesta, que de ninguna manera resulta siendo una confesión.

Luego explica:

2. Derivado de esos errores de apreciación del interrogatorio de parte del representante legal, el Tribunal terminó aplicando de manera indebida el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, al confundir dos modalidades de terminación diferentes, y a su vez el artículo 46 ibidem en relación con las condiciones de finalización y no prórroga del contrato a término fijo.

3. El contrato a término fijo, puede tener vocación de continuidad más allá del plazo inicialmente pactado y por eso tiene legalmente establecido una prórroga automática consagrada en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que si el empleador establecía un beneficio económico

y el contrato continuaba vigente al 31 de diciembre de 2015, no se estaban cambiando las condiciones pactadas entre las partes respecto de la modalidad contractual, porque al contrato a término fijo le corresponde, por ley, una condición de prórroga automática, es decir que si el empleador guarda silencio, el contrato se va a seguir prorrogando de manera automática, en este caso, hasta el 18 de septiembre de 2015, por lo tanto el

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Radicación n.° 94479 acuerdo suscrito no modificó las condiciones pactadas entre las partes, porque por vía de prórroga automática el contrato podía exceder el término que se estaba ejecutando hasta ese momento que era hasta el 18 de septiembre de 2014. Basta con leer de manera desprevenida el acuerdo suscrito entre las partes, para concluir que de manera alguna contiene acuerdos o cláusulas que modificaran aspectos diferentes al de otorgar un beneficio económico si el contrato continuaba vigente en unas fechas determinadas. Indica que la respuesta tampoco permite inferir que la intención fuera la de pactar un nuevo término de vigencia, sino la de evitar una de las modalidades de terminación del contrato de trabajo previstas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, que era la renuncia. Por ello, en la cláusula tercera se establece expresamente como causal de devolución del bono la justa causa de despido, de forma tal que el acuerdo solo tiene por objeto afectar temas económicos relacionados con causales de terminación del contrato sujetas a la voluntad o actuación del trabajador, lo que excluye cualquier relación con aquellas sujetas al término fijo.

Sostiene que la valoración probatoria del Tribunal acerca de la intención de la suscripción del otrosí se encuentra con una «[…] dificultad argumentativa evidente, manifiesta e infranqueable y es que si la intención de las partes fuese la de ampliar el término de vigencia del contrato a término fijo no necesitaban suscribir un nuevo acuerdo», pues bastaba con su silencio para que el contrato se prorrogara de manera automática, de conformidad con el

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Radicación n.° 94479 artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, hasta el 18 de septiembre de 2015. Así mismo, precisa que la primera condición prevista en el inciso segundo de la cláusula primera del acuerdo, deja a salvo la posibilidad de no prorrogar la vigencia del contrato de trabajo, y ello no es abusivo por la sencilla razón de que la propia ley, en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, así lo permite, cuando el servicio para el que fue contratado el trabajador a término fijo ya no es necesario. Afirma que el acuerdo de retención era claro y expreso en señalar que el contrato podía no llegar a tener vigencia hasta el final del proyecto, y en ese sentido podía finalizar con anterioridad, en la medida que el empleador lo considerara necesario, y por eso fue que este no se prorrogó en los términos de la norma arriba indicada. De esa forma, las partes dejaron expresamente reglado el sentido y alcance del acuerdo en su cláusula primera que se denomina objeto, pues allí consignaron de manera clara que el objetivo era entregar unos beneficios salariales,

atendiendo simplemente a la duración del contrato. Por último, esgrime que,

7. Esta defensa no desconoce la amplitud interpretativa que el artículo 61 del CST le otorga al Juez para la valoración de las pruebas, pero por supuesto esas facultades no le permiten al Juez desatender el sentido literal expresamente pactado por las partes con el pretexto de auscultar una supuesta intencionalidad diferente a la plasmada en el acuerdo.

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Radicación n.° 94479 Uno de los criterios a que se refiere el artículo 61 del CST que se debe tener en cuenta el Juez para la valoración de las pruebas es el de las máximas de la experiencia y la lectura propuesta llevaría entonces al absurdo de pensar que en empresas en las que se reconocen beneficios no salariales atados a la antigüedad del trabajador y que claramente propenden a que se reduzcan los índices de rotación de personal como por ejemplo los bonos quinquenales supondrían una tácita modificación de las modalidades de todos los contratos hasta la fecha de agotamiento del quinquenio porque la intención es que el trabajador permanezca 5 años al servicio del empleador a fin de causar esa bonificación.

8. Tan claro es que el acuerdo de retención no modificó el término de vigencia del contrato inicialmente pactado, que le permitía al empleador terminar el contrato sin justa causa y liquidar en ese caso de manera proporcional el bono de retención; así lo establece expresamente el parágrafo primero de la cláusula tercera del acuerdo, la cual permite al empleador tomar la decisión de finalizar el contrato en cualquier momento.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la violación indirecta de la ley, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 28, 61 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo y 1602 del Código Civil.

Atribuye al Tribunal los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por probado sin estarlo que la proporción de tiempo transcurrido entre el 01 de julio de 2014 y el 18 de septiembre de 2014 corresponde al 80% del período de tiempo entre el 01 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de

2015.

2. No dar por probado estándolo que el parágrafo primero de la cláusula tercera del acuerdo de retención, esto es, […], establece reglas proporcionales a la liquidación del bono de retención en caso de despido sin justa causa.

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Radicación n.° 94479 Le endilga al Tribunal haber apreciado incorrectamente el acuerdo de retención de fecha 30 de junio de 2014 (folios 117 y siguientes). Para fundamentarlo, explica inicialmente las razones por las cuales el juez reconoció la inexistencia de un despido sin justa causa, decisión revocada por el Tribunal al considerar que existió un cambio en la modalidad contractual, que pasó a ser de término fijo a duración de la obra y, por tanto, terminó sin justa causa. Agrega que, si esa fue su interpretación, debió dar aplicación al parágrafo primero de la cláusula tercera del acuerdo de retención, que establece: “(...) PARÁGRAFO PRIMERO. - Si el contrato de trabajo termina antes del 31 de diciembre de 2015, o antes de finalizar las causas

que le dieron origen a la contratación por decisión unilateral e injustificada de REFICAR, el Bono de Retención se reconocerá de manera proporcional al tiempo laborado entre el 01 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, al que serán imputables las sumas que le hubieran sido canceladas en junio y diciembre de

2014. En todo caso, en el evento en que el valor del Bono de Retención calculado conforme a lo aquí previsto resulte inferior a aquello que le hubiera sido cancelado al Empleado en junio y diciembre de 2014, éste no deberá devolver suma alguna a REFICAR por este concepto (…)” Y remata explicando el alcance del parágrafo, para lo cual expone: Así las cosas, se tiene que el anterior parágrafo se aplica de la siguiente manera:  El parágrafo primero de la cláusula tercera del acuerdo de retención aplica siempre que el contrato finalice de manera unilateral e injusta.

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Radicación n.° 94479  Se reconoce el 100% del bono al 31 de diciembre de 2015, o antes si las labores del proyecto para el que fue contratado ya han finalizado, a criterio de la empresa.  El bono en caso de terminación del contrato de trabajo sin justa causa se reconocerá de manera proporcional al tiempo laborado entre el 01 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, calculándose la proporción sobre el 100% del bono pactado inicialmente.  Si el valor calculado proporcional resulta ser inferior a lo

cancelado en junio y diciembre de 2014, el trabajador no deberá devolver suma alguna. En ese sentido, la cláusula le era aplicable al trabajador así:  El 30 de junio de 2014, se reconoció y pagó al actor la suma de $12.732.984, equivalentes al 20% del valor pactado en cláusula segunda del acuerdo de retención; y así se dio pro probado en ambas instancias.  El trabajador estuvo vinculado hasta el 18 de septiembre de 2014. El actor laboró 78 días entre el 01 de julio de 2014 y el 18 de septiembre de 2014.  Conforme al parágrafo primero de la cláusula tercera del acuerdo de retención, la proporción del bono se establece de conformidad con el número de días laborados entre el 01 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, equivalentes a 541 días. Así las cosas, al realizar una regla de tres simple, conforme lo expuesto hasta aquí, se tiene que si por 541 días trabajados se debía cancelar al actor el valor de $63.664.920, por 78 días efectivamente laborados por el actor, entonces le correspondía una suma equivalente a $9.179.046 (14,4%), lo que lleva a concluir que con el pago realizado de $12.732.984, se cubrió la proporción de la suma del bono establecido en el acuerdo de retención a que tenía derecho el demandante, sin que deba devolver concepto alguno a mi representada, aun cuando se haya cancelado de más $3.553.938. En conclusión, la tesis adoptada por el Tribunal en la que señala: "(...) De manera simple fluye de las anteriores consideraciones

que el bono debe ser pagado en su totalidad porque el contrato debió llegar hasta el 31 de diciembre de 2015 .)" resulta desacertada, en tanto que las partes de manera valida y eficaz acordaron al suscribir el acuerdo de retención, la manera y los tiempos en los que se reconocería el bono allí pactado; señalando unas condiciones específicas de liquidación si el contrato terminaba por despido; así pues resulta inequitativo e injusto que se considere que el contrato terminó por despido sin justa causa para efectos de ordenar la indemnización por despido, pero se adopte una tesis diferente para efectos de aplicar las condiciones de liquidación del bono relativas a esa forma de desvinculación.

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VIII. RÉPLICA Asegura el replicante Simón Castilla Almeida, que la sentencia recurrida goza de la presunción de acierto y legalidad, de modo que para desvirtuarla se impone la carga de argumentar suficientemente la equivocación del Tribunal.

Insiste en la confesión de la sociedad demandada, por conducto de su representante legal, quien respondió que el acuerdo perseguía que aquellas personas que tenían unos niveles de experticia importante, no muy comunes en el mercado, no abandonaran el proyecto en su fase final. Además, que el obje