CSJ - SL17470-2014

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrado ponente SL17470-2014 Radicación n.° 41863 Acta 41 Bogotá, D. C., doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ROGER ENRIQUE SIMANCA ÁLVAREZ, contra la sentencia proferida el ocho (08) de junio de dos mil nueve (2009), por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso que el recurrente le sigue a la UNIVERSIDAD DE

CÓRDOBA.

1 Radicación n.° 41863

I. ANTECEDENTES El señor ROGER ENRIQUE SIMANCA ÁLVAREZ, actuando en nombre propio, demando a la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA a fin de que se declare que el contrato de trabajo que lo ligó con la demandada terminó unilateralmente y sin justa causa, en consecuencia, que se profiera condena al pago de «…la pensión sanción estipulada por la Ley 171 de 1961 y regulada por el decreto 1848 de 1969. Y me sea concedida en los términos y alcances contenidos, en la convención colectiva del año 1975 celebrada entre el sindicato de trabajadores oficiales y la Universidad Nacional de Córdoba…»; indemnización por despido injusto; aumento salarial legal y extralegal correspondiente a los años 2003 a 2005; 50% restante de

la prima de servicios convencional causada en el 2005; reliquidación de salarios y prestaciones legales y convencionales; sanción moratoria e indemnización por perjuicios materiales y morales; indexación de las condenas y todo lo que resulte acreditado ultra y extra petita. Igualmente solicitó que «(…)se declare que yo no estaba obligado ha (sic) aceptar el cambio de naturaleza jurídica de trabajador oficial a empleado público y que el hecho de que la Universidad de Córdoba, me halla (sic) resuelto el día 10 de marzo de 2006, la fecha de mi desvinculación como trabajador oficial, es esa la fecha de terminación de mi contrato de trabajo a término indefinido al servicio de la Universidad de Córdoba» En sustento de sus pretensiones afirmó que como trabajador oficial y para desempeñar el cargo de «auxiliar de mantenimiento de la división de servicios generales», se vinculó 2 Radicación n.° 41863 laboralmente con la demandada a partir del 8 de junio de 1995; que posteriormente a partir del 1º de febrero de 1996 y hasta el 10 de marzo de 2006, fecha en que fue despedido, fue nombrado en el cargo de «celador». Narró, que por medio del Acuerdo 095 de 14 de diciembre de 2005 el Consejo Superior del ente universitario “suprimió el parágrafo del artículo 19 del Acuerdo 0021 de 1994 (…) que señala quienes tienen la calidad de trabajadores oficiales (…) entre ellos el cargo que (…) como celador”. Agregó que en la fecha señalada, la misma autoridad expidió el Acuerdo 096 del 14 de diciembre de 2005 y

ordenó: (i) la supresión de los cargos de trabajadores oficiales, (ii) la liquidación de los contratos de trabajo y (iii) la incorporación automática de los trabajadores a quienes se les suprimió el cargo, en condición de empleados públicos en provisionalidad, creados en la nueva planta de personal. Adujo que hasta la expedición de los citados acuerdos tuvo el estatus de trabajador oficial, tal y como se lo informó la entidad en comunicación del 2 de marzo de 2006 “dando de esta manera por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo (…) que había mantenido por más de diez (10) años”; adujo a la luz del D. 2127 de 1945 la decisión es injustificada por tanto tiene derecho a la pensión sanción consagrada en la L.171/61, así como a la indemnización por el término de la expiración del plazo presuntivo. 3 Radicación n.° 41863 Afirmó que le manifestó a la universidad que no aceptaba el cambio de empleo en tanto lesionaba los derechos laborales adquiridos en la convención colectiva de trabajo y que luego de un cruce de comunicaciones la convocada al juicio, en comunicación del 13 de marzo de 2006, le informó que a partir de esta fecha desempeñaría el cargo de «COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA “MISAEL DIAZ URZOLA”», comunicación ésta que fue respondida el mismo día por el actor, en el sentido de que ello constituía un mecanismo de presión para que renunciara a la institución y que por tanto procedería a demandar en tanto resultaba evidente le estaban conculcando sus derechos como trabajador oficial.

Señaló igualmente que el 17 de marzo del mismo año, la oficina de recursos humanos de la demandada lo requirió para que explicara los motivos del porque desde el 13 del mismo mes y año no se había presentado a laborar, a lo que respondió que su incomparecencia obedeció a que la administración le había terminado el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justificación, a partir del 21 de enero de 2006. Agregó que por tal motivo le iniciaron un proceso disciplinario que culminó con resolución de 21 de abril de 2006 a través de la cual lo declararon insubsistente en su calidad de empleado público. (fls. 2 a 17 y 173 a 184). El ente universitario, al dar respuesta a la demanda, manifestó que el actor estuvo vinculado mediante dos contratos de trabajo entre los que se configuró solución de 4 Radicación n.° 41863 continuidad, el primero a término fijo que fue del 8 de junio de 1995 al 31 de diciembre de ese mismo año, y el segundo a término indefinido desde el 1º de febrero de 1996. Negó que hubiere sido “despedido el 10 de marzo de 2006” y precisó que “fue desvinculado desde el 21 de abril de 2006 mediante Resolución Rectoral por abandono del cargo.” Explicó que los actos administrativos que expidió la universidad para reclasificar a los trabajadores oficiales a empleados públicos -acuerdos 095 y 096no fueron caprichosos o carentes de sustento legal, pues los mismos se expidieron porque las personas que laboraban en la Universidad como trabajadores oficiales -entre los cuales se encuentra el demandanteno reunían las características

establecidas en la Constitución y la ley para ostentar dicha calidad. Se apoyó al efecto en los Decretos 770 de 2005 y 4150 de 2004 así como en múltiples sentencias de la Corte Suprema de Justicia, principalmente las proferidas el 4 de abril de 2001 y 9 de abril de 2003, en las que se precisa que: «La condición de trabajador oficial emana de la ley y se configura sólo en las hipótesis en ella previstas, sin que sea dable que dicho sistema de clasificación pueda ser escamoteado o evadido por el hecho de que se reconozcan al trabajador beneficios convencionales. La declaración judicial sobre la naturaleza laboral contractual del vínculo de uno de sus servidores debe atenerse exclusivamente al mandato legal y por tal razón si se trata de empleado de un ente territorial debe buscar establecer si aquel está dedicado a la conservación o mantenimiento de obras públicas, único supuesto en que es posible tenerlo como trabajador oficial». 5 Radicación n.° 41863 Hizo énfasis en que el actor no fue despedido unilateralmente y sin juta causa, como lo afirma en la demanda, pues su retiro obedeció a que desde el 13 de marzo de 2006, sin justificación alguna, se ausentó de sus labores y fue por ello que se declaró la vacancia de su cargo. Precisó también que hasta el 20 de enero de 2006, al demandante se le dio el trato de trabajador oficial y a partir de 21 del mismo mes y año y hasta la fecha de su desvinculación, fue incorporado de manera automática y sin solución de continuidad como empleado público de la nueva planta de personal de la Universidad de Córdoba.

En su defensa propuso la excepción de “Inexistencia de la obligación” la cual la hizo consistir en que: “la Universidad dentro de todo el procedimiento de cambio de naturaleza jurídica de los trabajadores oficiales a empleados públicos y especialmente en el caso del señor Roger Simanca Álvarez actúo dentro del marco legal, toda vez que con anterioridad a la expedición del cuerdo 096 ‘por el cual se modificó la planta de empleados administrativos de la Universidad de Cordoba’ se venía incurriendo en el error de tener clasificados como trabajadores oficiales a personas que desempeñaban funciones propias del empleo público. Que la desvinculación del actor de la Universidad de Córdoba no se dio por despido unilateral y sin justa causa como pretende hacerlo ver él en su demanda sino por abandono del cargo. Como es bien sabido situaciones de hecho como las que se venían presentando en la Universidad no generan derechos adquiridos y no obligan a la administración a seguir incurriendo en el mismo error; lo legal en estos casos es ajustar a derecho las situaciones irregulares mencionadas. (fls. 129 a 139). 6 Radicación n.° 41863 II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Montería, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2008, absolvió a la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor ROGER ENRIQUE SIMANCA ÁLVAREZ, a quien le impuso las costas del proceso (fls. 463 a 475). En esencia, el fallador de primer grado luego de

precisar que la convocada a juicio es un establecimiento público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Educación, expresó que la clasificación de sus trabajadores se rige por lo previsto en el artículo 5º del decreto 3135 de 1968, por tanto sus servidores por regla general son empleados públicos, con excepción de aquellos que se dediquen a labores de construcción y sostenimiento de obra pública, quienes serán trabajadores oficiales. Teniendo en cuanta lo anterior y luego de trascribir apartes de una sentencia dictada por su superior funcional, que a su vez cita varias sentencias de esta Sala de la Corte, sostuvo que como en el caso de autos no se demostró que el actor desempeñara labores de construcción y sostenimiento de obra pública, mal puede concluirse que era trabajador oficial. (fls. 463 a 475) 7 Radicación n.° 41863

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, la Sala CivilFamilia-Laboral del Distrito Judicial de Montería, mediante sentencia del 08 de junio de 2009, por razones diferentes, confirmó la decisión de primer grado, no sin antes imponerle al actor las costas de la alzada.

Afirmó de entrada que le asistió razón al recurrente, en tanto se equivocó el a quo al estudiar la calidad de trabajador oficial de Simaca Álvarez en cuanto “la demandada no cuestionó ni debatió” tal condición “del demandante y su vínculo contractual”. Para sustentar su dicho se apoyó en la demanda y su contestación y en la liquidación de final de cesantías

(fls. 77 a 79). Con fundamento en lo anterior, procedió a estudiar pretensiones relacionadas con: (i) la pensión sanción, (ii) el 50% restante de la prima de junio de 2005; (iii) aumentos salariales convencionales correspondientes a los años 2003 a 2005; (iv) la sanción moratoria consagrada en el D. 797/49, todas las cuales negó. Frente a la primera adujo, que no se configuró despido injusto porque la universidad demandada al expedir los actos administrativos N° 095 y 096 de 2005, corrigió la irregular vinculación contractual de servidores como trabajadores oficiales pese a que conforme a la Constitución y la ley eran empleados públicos, a quienes por demás le 8 Radicación n.° 41863 respetó la “estabilidad laboral” al ordenar su vinculación automática como empleados públicos. En esos términos, afirmó, no hay lugar “al pago de la pensión sanción por despido injusto”. En relación con la segunda pretensión -pago del 50% restante de la prima del mes de junio de 2005 consagrada en la convención colectiva de trabajo-, señaló que como el salario del actor era variable era necesario promediar los salarios devengados durante el último año, negó la petición en tanto no hay prueba de los salarios devengados por el actor en dicho periodo. Adicionalmente adujo, que a partir de marzo de 2006, el demandante perdió su condición de trabajador oficial y adquirió la condición de empleado público y que por tanto desde entonces no era destinatario de los beneficios de la convención. Frente al aumento salarial correspondiente a los años

2003 a 2005, en los términos del artículo 8° de la convención colectiva del año 2000, señaló que si bien es cierto están consagrados en la norma convencional, el actor no demostró cual era el salario promedio que devengaba en tales anualidades, “lo cual implica que [la] corporación no puede entrar a liquidar los aumentos” pretendidos. Finalmente y en relación con la sanción moratoria del D. 797/49, expresó que no se configuran los hechos que den lugar a la condena. Ello -afirmó- “encuentra respaldo en la notificación llevada a cabo por [la] entidad en enero 18 del 2006, en donde se le informaba al demandante sobre el cambio de naturaleza 9 Radicación n.° 41863 jurídica del cargo que venía desempeñando de trabajador oficial a empleado público (Cfr. Folio 25) y, la liquidación d todos sus salarios y prestaciones efectuada el 20 de enero de dicho año.” Con base en tales fundamentos, confirmó la decisión de primer grado, e impuso las costas de la alzada a cargo del recurrente. (fls. 11 a 29 C. Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN De manera principal busca que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que en sede de instancia revoque la decisión del a quo, y en su lugar acceda a todas y cada una de las pretensiones de la demanda con la cual se dio inicio al proceso.

Subsidiariamente, formula los siguientes alcances: “Primer alcance subsidiario de la impugnación: se concreta a obtener que esa Honorable Corporación case la sentencia acusada respecto de la absolución que involucra por los conceptos de pensión restringida de jubilación (Ley 171 de 1961. artículo 8°) e indemnización moratoria (Decreto 797 de 1949, artículo 1°) y que no la case en lo restante, para que una vez hecho ello y actuando como tribunal de instancia se sirva luego revocar la sentencia de primera instancia en lo que hace a la absolución que envuelve por los conceptos de pensión sanción (Ley 171 de 1961, artículo 8°) e indemnización moratoria (Decreto 797 de 1949, artículo 1°) para en su lugar condenar a la entidad demandada a pagar al actor dichos conceptos y que confirme 10 Radicación n.° 41863 dicho fallo en lo restante con la provisión que corresponda en materia de costas. Segundo alcance subsidiario de la impugnación: se concreta a obtener que esa Honorable Corporación case la sentencia acusada respecto de la absolución que involucra por los conceptos de ajuste de salarios e indemnización moratoria y que no la case en lo restante, para que una vez hecho ello y actuando como tribunal de instancia se sirva luego revocar la sentencia de primera instancia en lo que hace a la absolución que envuelve por los conceptos de ajuste de salarios e indemnización moratoria para en su lugar condenar a la entidad demandada a pagar al actor dichos conceptos y que confirme dicho fallo en lo restante con la provisión que corresponda en materia de costas.

Tercer alcance subsidiario de la impugnación: se concreta a obtener que esa Honorable Corporación case la sentencia acusada respecto de la absolución que involucra por los conceptos de pago del plazo presuntivo contractual e indemnización moratoria y que no la case en lo restante, para que una vez hecho ello y actuando como tribunal de instancia se sirva luego revocar la sentencia de primera instancia en lo que hace a la absolución que envuelve por los conceptos de pago del plazo presuntivo contractual e indemnización moratoria para en su lugar condenar a la entidad demandada a pagar al actor dichos conceptos y que confirme dicho fallo en lo restante con la provisión que corresponda en materia de costas. En búsqueda de tales finalidades, y con fundamento en la causal primera de casación, presenta dos cargos que no fueron replicados, los que se estudiarán de manera conjunta por denunciar similar elenco normativo, perseguir idéntico fin, y presentar unidad de designio.

VI. CARGO PRIMERO Está formulado en los siguientes términos: La sentencia acusada viola indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 8° de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 11 del Decreto 2350 de 1944; 1º, 2°, 3°, 20, 29, 40, 43, 48, 49, 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945; 11, 12 literal f) y 17 literales a) y b) de la Ley 6ª de 1945; 5° del Decreto 3135

11 Radicación n.° 41863 de 1968; 53 de la Carta Política; 1° del Decreto 797 de 1949, y 1°, 9°, 21, 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 15 y 122 de la Constitución Nacional; 3°, 8°, 10 y 14 de la Ley 153 de 1887; 1613, 1614, 1615, 1616, 1627 y 1649 del Código Civil; 5° de la Ley 4 de 1913; 1°, 2°, 4°, 8° de la Ley 6ª de 1945; 4°, 13, 14, 18, 37, 38 y 47 literal g) del Decreto 2127 de 1945; 3°, 4°, 16, 19, 65, 127 y 414 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 39 del Decreto-Ley 2351 de 1965; 3°, 8° y 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968; 1°, 2°, 3°, 5° inciso 1°, 43, 48, 51 y 70 a 73 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 19 del Decreto-Ley 2420 de 1968; 1° y 3° del Decreto 3130 de 1968; 5°, 6°, 8° y 26 literal b) del Decreto 1050 de 1968; 26 del Decreto 2400 de 1968; 1º de la Ley 4a de 1976; 1º de la Ley 52 de 1975; 58 y 76 del Decreto 1042

de 1978; 3°, 5°, 8°, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978, 1° de la Ley 33 de 1985; 31, 37, 47, 59, 60, 88 y 141 de la Ley 50 de 1990; 65 de la Ley 30 de 1992; 36, 133 y 275 de la Ley 100 de 1993; 84, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo; 177 y 305 del Código de Procedimiento Civil, y 2°, 6°, 50, 51, 60, 61, 66ª, 77 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en armonía con lo dispuesto por el artículo 1° del Acuerdo 096 de 14 de diciembre de 2005 emanado del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba (…) Como errores de hecho enlista los siguientes: 1 Dar por demostrado que durante el tiempo en que prestó sus servicios a la Universidad de Córdoba el demandante tuvo la calidad de trabajador oficial, y al mismo tiempo inferir que él no fue despedido sin justa causa ya que con los actos administrativos promulgados por dicha entidad lo que se hizo fue corregir una imprecisión sobre el tipo de vinculación que le correspondía y que era la de empleado público.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el hecho de modificar unilateralmente el estatus del demandante al pasarlo de trabajador oficial a empleado público después de habérsele reconocido la primera de las indicadas calidades durante 10 años, 7 meses y 13 días y no ser materia de debate, constituyó una arbitrariedad y estructuró el despido del señor Roger

Simanca Álvarez, quien en consecuencia y por razón de su antigüedad tiene derecho a la pensión restringida de jubilación en los términos y condiciones establecidas por el artículo 8° de la Ley 171 de 1961.

3. Dar por demostrado, en contra de la realidad, que no existen parámetros para decretar el ajuste de la retribución merecida por el actor durante los años 2003, 2004 y 2005, por lo que entonces, consecuencialmente, tampoco procede el reajuste de sus prestaciones sociales.

12 Radicación n.° 41863

4. No dar por demostrado, siendo evidente, que el demandante laboró para la entidad demandada entre el 8 de junio de 1995 y el 10 de marzo de 2006, por lo que entonces y al habérsele liquidado su cesantía y sus demás acreencias laborales considerando sólo el período comprendido entre el 1° de febrero de 1996 y el 20 de enero de 2006 se le adeudan las correspondientes diferencias.

5. No dar por demostrado, estándolo, que con ocasión del despido del que fuera víctima el trabajador sufrió ingentes daños, mismos que afectaron no solo su esfera patrimonial sino también su esfera moral, por lo que entonces se le adeuda el resarcimiento correspondiente.

6. No dar por demostrado que la Universidad demandada no ha aducido ni probado ninguna razón atendible desde los puntos de vista jurídico o fáctico que puedan demostrar la buena fe de su comportamiento patronal o que justifiquen el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que entonces debe ser condenada a pagar al actor la indemnización moratoria

Expresa que dichos errores se cometieron por no haber apreciado correctamente las siguientes pruebas: la demanda y la respectiva reforma; su contestación; las comunicaciones entre las partes de fechas 18 y 19 de enero de 2006, 9 de febrero de igual año, 2, 13, 17, 22, 25 y 31 de marzo de 2006, 29 de junio de la misma anualidad, 18 de julio de 2006, 23 de mayo de 2005, 6 de julio del mismo año, 8 de septiembre de 2005; la resolución No. 364 de 21 de abril de 2006; el Acuerdo No. 096 de 14 de diciembre de 2005 proferido por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Córdoba; la resolución No. 0031 de 20 de enero de 2006 mediante la cual se liquidan algunos créditos laborales al actor; el comprobante de los pagos mensuales hechos por la demandada al demandante; la resolución No. 6010 de 29 de diciembre de 1995 con la cual se liquida la cesantía del accionante. 13 Radicación n.° 41863 Y como pruebas dejadas de valorar, enlista los documentos que reposan de folios 189 a 194 y los testimonios de Juan David Díaz Oviedo, Renny Jackson Daza Salome y Estefan Enrique Romero Núñez. En la demostración del cargo y al referirse a los dos primeros yerros fácticos, señala que si el ad quem y la universidad aceptaron la calidad de trabajador oficial del

actor durante el tiempo en que prestó sus servicios, no entiende la deducción del Tribunal al afirmar que la terminación de la relación laboral no se presentó por despido, sino que obedeció al propósito de “corregir una imprecisión”, respecto de la verdadera naturaleza del cargo que era la de empleado público. A continuación transcribe en extenso la sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2008, radicación 30105, para concluir que la circunstancia de modificar de manera unilateral el estatus del demandante de trabajador oficial a empleado público, constituye una arbitrariedad que origina el despido, lo que aunado a las condiciones temporales del servicio prestado le da el derecho a la pensión restringida de jubilación. Adiciona que el actor a través de diferentes comunicaciones se opuso a la modificación de esa calidad, en las que explicó los motivos de la vulneración de sus derechos. 14 Radicación n.° 41863 Respecto del tercer error de hecho, expresa que en razón a la calidad indiscutida de trabajador oficial que tenía el demandante, se encontraba cobijado por las convenciones colectivas de modo que tenía derecho a los aumentos salariales correspondientes a los años 2003 a 2005, que al no haber sido cancelados por la Universidad junto con la reliquidación de prestaciones sociales, implica la violación de la legislación laboral. Acusa al colegiado de segundo grado de la errónea apreciación “de los documentos citados en conexión con el del folio 109 y la convención colectiva”, y afirma que en caso contrario “habría condenado” al incremento salarial pretendido y su incidencia en la liquidación de prestaciones y demás créditos del

trabajador que fueron liquidados en forma deficitaria. El cuarto yerro fáctico lo hace consistir en que la liquidación final de prestaciones, se contrajo al período comprendido entre el 1° de febrero de 1996 y el 20 de enero de 2006, cuando en verdad y como está demostrado en el proceso, el demandante inicio su relación laboral el 8 de junio de 1995, con lo cual tiene derecho a la reliquidación definitiva teniendo como extremo inicial de la relación laboral esta fecha y no aquella. En lo atinente al quinto error factico, señala que los daños irrogados al demandante con ocasión del despido están demostrados con la documental de folios 189 a 194 así como en varios testimonios. Acusa que el juez de segunda instancia no valoró ninguno de tales medios 15 Radicación n.° 41863 probatorios y que de haberlo hecho, habría conducido a “imponer las condignas consecuencias”. Al referirse a la sexta acusación, arguye que el ente universitario no adujó ni probó la buena fe en su actuar que justificara el incumplimiento de sus obligaciones, que por el contrario, el cambio de la calidad de trabajador oficial a empleado público sin razón atendible, se traduce en una actuación de mala fe que imponía la condena al pago de la indemnización moratoria. Igualmente señala que el sólo hecho de que la entidad hubiese liquidado los derechos del actor, con un salario menor del devengado o calculándolo con base en un tiempo de servicios inferior al laborado, constituye una conducta «perversa y de mala fe», que conduce

al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria consagrada en el D. 797/49.

VII. CARGO SEGUNDO Está formulado en los siguientes términos: La sentencia acusada viola directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 125 de la Constitución Nacional; 1°, 2°, 3° y 20 del Decreto 2127 de 1945; 5° del Decreto 3135 de 1968 y 65 de la Ley 30 de 1992, en relación con los artículos 13, 15 y 122 de la Constitución Nacional; 3°, 8°, 10 y 14 de la Ley 153 de 1887; 1613, 1614, 1615, 1616, 1627 y 1649 del Código Civil; 5º de la Ley 4ª de 1913; 1°, 2°, 4°, 8° de la Ley 6 de 1945; 4°, 13, 14, 18, 37, 38 y 47 literal g) del Decreto 2127 de 1945; 3°, 4°, 16, 19, 65, 127 y 414 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 39 del Decreto-Ley 2351 de 1965; 3°, 8° y 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968; 1°, 2°, 3°, 5ºinciso 1º, 43, 48, 51 y 70 a 73 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 19 del Decreto-Ley 2420 de 1968; 1° y 3° del Decreto 3130 de 1968; 5°, 6°, 8° y 26 literal b) del Decreto 1050

de 1968; 26 del Decreto 2400 de 1968; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 52 de 1975; 58 y 76 del Decreto 1042 de 1978; 3°, 16 Radicación n.° 41863 5°, 8°, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978, 1° de la Ley 33 de 1985; 31, 37, 47, 59, 60, 88 y 141 de la Ley 50 de 1990; 65 de la Ley 30 de 1992; 36, 133 y 275 de la Ley 100 de 1993; 84, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo; 177 y 305 del Código de Procedimiento Civil, y 2°, 6°, 50, 51, 60, 61, 66ª, 77 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en armonía con lo dispuesto por el artículo 1° del Acuerdo 096 de 14 de diciembre de 2005 emanado del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, violación que condujo a la aplicación indebida de los artículos 8° de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 11 del Decreto 2350 de 1944; 29, 40, 43,48, 49, 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945; 11, 12 literal f) y 17 literales a) y b) de la Ley 6ª de 1945; 5° del Decreto 3135 de 1968; 53 de la Carta Política; 1° del Decreto 797

de 1949, y 1º, 9°, 21, 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo”. -negrilla del texto - fl.34-. En esencia, en la demostración del cargo, inste el recurrente que la condición de trabajador oficial del demandante no fue discutida por la universidad accionada y fue admitida en la sentencia impugnada, de modo que la glosa gravita en el entendimiento que el Tribunal le dio al sentido “del Acuerdo 096 de 14 de diciembre 2005 emanado del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba mediante el cual se suprimió la planta de trabajadores oficiales de la entidad no se despidió al trabajador en cuanto que dicho acto se originó en el propósito de ‘corregir una imprecisión’ sobre el tipo de vinculación que correspondía, que era la de empleado público.” Continúa luego con la trascripción parcial de la sentencia impugnada y señala que la conclusión según la cual el demandante “no fue despedido sino reacomodado” en condición de empleado público constituye un yerro monumental.” Luego de otras disertaciones, concluye: 17 Radicación n.° 41863 De manera que cuando el Tribunal Superior de Córdoba interpreta que por virtud de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Nacional la universidad demandada estaba en su derecho de suprimir la planta de trabajadores oficiales y de asignar al actor la calidad de empelado público con la implícita obligación de éste de aceptarla y con el correlativo menoscabo de los derechos convencionales que le correspondían, incurre en una hermenéutica manifiestamente errónea.

VIII. CONSIDERACIONES

Previo a determinar si el fallador de segundo grado violó el ordenamiento legal al negar los derechos reclamados por el ROGER ENRIQUE SIMANCA ÁLVAREZ, y derivados del contrato de trabajo y/o de la convención colectiva, debe la Sala determinar a qué categoría de servidor público perteneció el demandante durante su vinculación con la Universidad de Córdoba, esto es, si fungió como empleado público o como trabajador oficial, definición que resulta de trascendental importancia, en tanto el ad quem mezcló una y otra condición generando confusión. En este orden, conviene recordar que tradicionalmente han sido dos los criterios legales a tener en cuenta para determinar la categoría laboral de los servidores que prestan sus servicios a entidades de la administración pública: (i) el factor orgánico, referido a la naturaleza jurídica o el tipo de entidad, y (ii) el funcional, concerniente a la actividad desempeñada específicamente por el servidor. La regla general es que quien presta sus servicios en organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder 18 Radicación n.° 41863 Público y de la Administración Pública cuyo objeto principal es el ejercicio de funciones administrativas, es empleado público, y solo por excepción, será trabajador oficial quien se ocupe en la construcción y sostenimiento de obras públicas. Igualmente se erige como derrotero general que quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales, a excepción de los que, conforme a los estatutos de dichas empresas, desempeñen