CSJ - SL1748-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1748-2023 Radicación n.° 95884 Acta 24 Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por GREGORIO JOSÉ LEÓN URDANETA, contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que instauró en contra de CBI COLOMBIANA S.A.

EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. y al que fueron vinculadas LIBERTY SEGUROS S.A.

y la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A.,

CONFIANZA S.A.

AUTO Se reconoce personería jurídica a los abogados Héctor Mauricio Medina Casas como apoderado judicial de Liberty Seguros S.A. y a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea de la Refinería de Cartagena S.A.S.

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Radicación n.° 95884

I. ANTECEDENTES Gregorio José León Urdaneta demandó a CBI Colombiana S.A. en liquidación judicial (en adelante CBI S.A.), para que se declarara la existencia de un vínculo laboral y la ineficacia del pacto de exclusión salarial del contrato de trabajo, en el que se restó el carácter remunerativo de los incentivos HSE, productividad, bono de asistencia, progreso y de tubería, prima técnica, auxilios de

gastos de transferencia bancaria, lavandería y alimentación. Como consecuencia, solicitó condenar a la compañía y solidariamente a la Refinería de Cartagena S.A.S. (en adelante Reficar S.A.S.), a la reliquidación de las prestaciones sociales, las vacaciones disfrutadas y la indemnización por despido sin justa causa, teniendo en cuenta estos reconocimientos retributivos del servicio. Pidió el pago de las indemnizaciones moratorias del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y del 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la indexación y las costas del proceso. Como sustento de sus peticiones, informó que suscribió con CBI S.A. un contrato de trabajo a término fijo el 27 de noviembre de 2012, para desempeñarse como soldador A, devengando un salario mensual de $2.438.081. Así mismo, que el vínculo finalizó el 14 de abril de 2014. Destacó que la empleadora no consideró como elementos constitutivos de salario para la liquidación de las

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Radicación n.° 95884 prestaciones sociales, las vacaciones y la indemnización por despido, los bonos de asistencia, de alimentación, el auxilio de transferencia bancaria, de lavandería, los incentivos de productividad, progreso, HSE, progreso de tubería y prima técnica. Precisó que la demandada calculó dichos pagos teniendo en cuenta el salario básico y el bono de asistencia «[…] y HSE» y que su actividad como soldador, hacía parte del «[…] giro ordinario de los negocios de la empresa Reficar».

Narró que esta última tiene dentro de su objeto social la construcción y operación de refinerías, de suerte que, en 2006, «[…] le fue confiado […] el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena». Para estos efectos, celebró un contrato de obra con CBI S.A., quien prestó, entre otros, servicios de ingeniería, compras, suministros, construcción, procesamiento, almacenamiento y distribución de recursos naturales. CBI S.A. se opuso a las pretensiones y frente a los hechos, aceptó el cargo que ocupó el demandante, el pago del bono de alimentación, el auxilio de transferencia bancaria, de lavandería y el incentivo de productividad. Argumentó que los conceptos que aquel estima constitutivos de salario eran «[…] todos beneficios de orden extralegal», por lo que no fueron concebidos como una contraprestación directa del servicio.

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Radicación n.° 95884 Propuso como excepciones las de inexistencia de obligaciones, pago, compensación, prescripción y buena fe. Reficar S.A.S. llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. (en adelante Confianza S.A.) y a Liberty Seguros S.A., para que se declarara que las eventuales condenas que pudieran imponérsele estaban cubiertas por la póliza n.° 01-EX000898, expedida el 16 de julio de 2010 y modificada el 23 de octubre de 2015. Detalló que aquella ascendió a USD 77.799.998,66, reformada con posterioridad por valor de USD104.000.000, a fin de que se ampararan los «[…] perjuicios derivados del

incumplimiento de las obligaciones» en los porcentajes correspondientes. En la contestación a la demanda, se resistió a las pretensiones y no aceptó ningún hecho. Expuso que no tuvo una relación jurídica con el demandante y que no podía predicarse su responsabilidad solidaria, por cuanto, no se configuraban los presupuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Como excepciones planteó las de inexistencia de las obligaciones y prescripción. Mediante auto del 4 de septiembre de 2017, el juzgado de conocimiento vinculó al proceso a Confianza S.A. y a Liberty Seguros S.A.

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Radicación n.° 95884 Esta última empresa se opuso a las peticiones de la demanda y dijo que no le constaba ningún hecho. Puso de presente que el demandante incumplió el deber de probar la presunta solidaridad. Relacionó como excepciones las de «[…] improcedencia de incluir en la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y vacaciones, el valor reconocido por bonificación asistencial», no prosperidad de la sanción moratoria, inexistencia de solidaridad, falta de competencia por no agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad y prescripción. En punto al llamamiento en garantía, objetó las pretensiones y aseguró que era cierto que celebró un contrato de seguros, en virtud del cual, se expidió la póliza 01EX000898, la cual estaba vigente para el momento en que se finiquitó el contrato de trabajo. Enunció que el objeto del seguro fue «[…] amparar el

pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por CBI COLOMBIANA S.A. frente a REFICAR S.A.». De igual manera, que el porcentaje del valor asegurado corresponde al 19,3%. Como excepciones, presentó la de falta de cumplimiento de requisitos para afectar la póliza, no pago del siniestro, ni de la sanción moratoria, «[…] suma asegurada como límite máximo de la responsabilidad de la aseguradora», disminución de su valor, límite del porcentaje del riesgo y «[…]

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Radicación n.° 95884 la responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento». Confianza S.A. se abstuvo de pronunciarse respecto de las pretensiones y hechos de la demanda. Sobre el llamamiento en garantía, aceptó la existencia de la póliza, su vigencia, lo asegurado y el amparo conjunto con Liberty S.A. Dijo que no era procedente que se le condenara a pagar la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier otra «[…] diferente a la de despido sin justa causa, así como la condena por los gastos judiciales en que incurra Reficar S.A., ya que tales pretensiones no están amparadas». Como excepciones planteó la de ausencia de cobertura de la indemnización moratoria, así como de cualquier otra diferente a la del despido y la de coaseguro.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 2 de mayo de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del

Circuito de Cartagena resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor GREGORIO JOSÉ LEÓN URDANETA y CBI COLOMBIANA S.A. existió un contrato de trabajo que estuvo vigente entre 27 de noviembre de 2012 y el 14 de abril de 2014.

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de las cláusulas contractuales y convencionales que restaron incidencia salarial a la bonificación de asistencia, al incentivo de progreso convencional, al incentivo de progreso de tubería, al incentivo HSE convencional y a la prima técnica convencional respecto

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Radicación n.° 95884 del demandante GREGORIO JOSÉ LEÓN URDANETA, como se dispuso en la parte considerativa.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. a pagar en favor del demandante las diferencias de prestaciones sociales y vacaciones que fueron expuestas en la parte considerativa y de acuerdo con las tablas que hacen parte de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. al reconocimiento de la sanción moratoria derivada de falta de consignación completa de las cesantías del trabajador en la forma descrita en la tabla que se anexa a esta sentencia.

QUINTO: CONDENAR a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. a reconocer y pagar al demandante la indemnización moratoria

[y] el interés moratorio a la tasa más alta vigente certificado por la Superintendencia Financiera a partir del 15 de abril del año 2014 y hasta el momento en que se produzca el pago total de

las prestaciones descritas en el numeral anterior.

SEXTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción frente al reconocimiento de las primas de servicio que se generaron entre el 19 de mayo del 2013 y la iniciación del contrato de trabajo y no probadas el resto de las excepciones de mérito propuestas. Igualmente, declarar parcialmente probada la excepción de prescripción con respecto al reconocimiento de la sanción moratoria derivada de la falta de consignación completa de cesantías. […] OCTAVO: ABSOLVER a CBI COLOMBIANAS.A. del resto de las pretensiones atinentes a la declaratoria del carácter salarial de los pagos que corresponden a los reconocimientos de salario

sobre el AUXILIO DE TRANSFERENCIA, AUXILIO DE LAVANDERÍA Y BONO DE ALIMENTACIÓN SODEXO, de conformidad con las argumentaciones propuestas.

NOVENO: ABSOLVER a la REFINERÍA DE CARTAGENAS.A.S. y a las llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. y CONFIANZA S.A. de la totalidad de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por el demandante y CBI S.A., el Tribunal Superior del Distrito

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Radicación n.° 95884 Judicial de Cartagena, el 27 de octubre de 2021, revocó los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del fallo del juzgado. En su lugar, absolvió a la demandada de la «[…] reliquidación de prestaciones sociales, vacaciones e

indemnización por despido injusto», como consecuencia de la incidencia salarial de la bonificación de asistencia y bonos convencionales y las «[…] sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la ley 50 de 1990» y confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia. Como problemas jurídicos se planteó resolver si el señor León Urdaneta tenía derecho a la reliquidación solicitada, para lo cual, se propuso establecer: i) el alcance del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo; ii) si el bono de asistencia y los «[…] beneficios convencionales» debían ser incluidos en la base para liquidar las prestaciones sociales, vacaciones y la indemnización por despido injusto; si iii) son procedentes las sanciones del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y del 99 de la Ley 50 de 1990 y v) la solidaridad de Reficar S.A. de las condenas impuestas a CBI S.A. Indicó que no era materia de controversia que Gregorio José León Urdaneta y la demandada sostuvieron un contrato de trabajo entre el 27 de noviembre de 2012 y el 14 de abril de 2014, el cual finalizó sin justa causa por decisión unilateral del empleador, cancelándole la indemnización pertinente.

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Radicación n.° 95884 Recordó que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, disponía que era salario todo aquello que recibía el trabajador, como contraprestación directa del servicio, a menos que se tratara de prestaciones sociales; sumas

recibidas en dinero o en especie para el desempeño cabal de las funciones; rubros ocasionales y entregados por mera liberalidad del empleador; pagos que no tenían como propósito remunerar el trabajo y «[…] beneficios o auxilios habituales o (sic) ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario», de conformidad con el artículo 128 del mismo estatuto laboral. Expuso que la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras, en las sentencias CSJ SL1101-2019, CSJ SL1722019, CSJ SL4313-2020, CSJ SL3886-2020, fijó ciertos parámetros a tener en cuenta, según los cuales, i) era salario todo pago que recibía el funcionario como contraprestación directa de sus funciones; ii) no era posible restar el carácter salarial a rubros que por esencia lo son; iii) trabajador y empleador podían establecer beneficios con exclusión, no obstante dicha facultad no era absoluta. Informó que las partes convinieron en la cláusula 4ª del contrato de trabajo que el trabajador tendría una remuneración, integrada por una asignación básica y una bonificación mensual, cuya causación estaría determinada por dos indicadores, el primero correspondiente a su aporte

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Radicación n.° 95884 en el cumplimiento del cronograma del equipo de trabajo y el segundo atado al acatamiento de las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE). Acotó que este último no «[…] integraría la base de liquidación de ninguna acreencia que tenga como referencia la

remuneración o salario ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo». Conforme a lo anterior, subrayó que la bonificación mensual no integraba la base de liquidación del trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo, sin embargo, sí lo hacía para el cálculo de las prestaciones sociales, los aportes a la seguridad social, las contribuciones parafiscales, la indemnización por despido sin justa causa y las vacaciones compensadas en dinero. Señaló que en la Convención Colectiva de Trabajo aportada con la correspondiente constancia de depósito, también se hizo referencia a la bonificación de asistencia. Pormenorizó que en el artículo 12 del texto convencional, se hizo remisión al anexo 1°, en el cual, se estableció el valor en que debía reconocerse en concordancia, además, con el contenido de la cláusula 14. Dedujo que de estos no se extraían «[…] condiciones diversas a las determinadas en el contrato de trabajo o que se hubiese eliminado el pacto de exclusión salarial».

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Expresó: Ahora bien, como las pretensiones de la demanda buscan la reliquidación de prestaciones sociales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones, debe decirse que para la liquidación de las dos primeras, se pactó tener en cuenta la bonificación por asistencia, y así se evidencia de los volantes de pago allegados, por lo que no hay lugar a fulminar condena

alguna. Ahora, en cuanto a las vacaciones disfrutadas en tiempo, el pacto determinó no incluir la bonificación para la liquidación del mentado emolumento […]. Explicó que la bonificación de asistencia se causaba por el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones contractuales, de suerte que era retributiva del servicio. Así mismo, manifestó que los volantes de pago revelaban que era un pago habitual. En ese orden, puntualizó: En el caso de marras, conforme a la redacción del canon contractual, se revela que la demandada no pretendió quitar carácter salarial a un pago que evidentemente tenía tal connotación, dado que el convenio suscrito consistió en acordar que el bono de asistencia no integraría la base de liquidación para la remuneración de trabajo suplementario y las vacaciones disfrutadas en tiempo, lo cual se acompasa a (sic) una de las hipótesis de desalarización enseñadas por la jurisprudencia, esto es, a pesar de ser retributivo del servicio, no se desconoció la naturaleza salarial del pago, sino que se determinó no tenerlo en cuenta para ciertos pagos (trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas). Sumado a lo anterior, se considera que se trató de un pago extralegal, que no deja en evidencia el desconocimiento de los derechos laborales del actor. Nótese, además, que la exclusión se hizo frente a los conceptos de menor incidencia, por el contrario, la bonificación sí era tenida en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales (cesantías, intereses y primas de servicio), aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales,

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Radicación n.° 95884 indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero, conceptos a todas luces de mayor notabilidad. Memoró el contenido de la cláusula 12 del texto convencional, suscrito entre la Unión Sindical Obrera (en adelante USO) y CBI S.A., en la cual se reguló que los salarios y bonificaciones se aplicarían de acuerdo con el anexo 1°. Resaltó que en el agregado, se plasmó que los incentivos HSE, progreso y de tubería y la prima técnica, no eran salario, lo cual «[…] es totalmente eficaz a la luz de lo dispuesto en el artículo 128 del CST» y de la jurisprudencia de esta Sala. Dijo que era válido en el marco de una negociación colectiva que las partes acordaran que «[…] los beneficios extralegales que en ella se reconocerán, no serán tenidos en cuenta, o mejor dicho, serán excluidos de la base para liquidar determinadas acreencias laborales». Estimó que lo convenido entre los trabajadores y la empresa fue legítimo, por lo que su validez solo podía cuestionarse «[…] a través de la denuncia de la misma, y no a través de un proceso ordinario». Insistió que «[…] establecida la validez del pacto de exclusión sobre la bonificación de asistencia y los emolumentos de carácter convencional antes citados», no era procedente la reliquidación de las prestaciones sociales, vacaciones, indemnización por despido injusto y mucho

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Radicación n.° 95884 menos de la moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo

del Trabajo y del 99 de la Ley 50 de 1990. Finalmente, dijo que era «[…] inane pronunciarse frente a los puntos de apelación planteados por el demandante, tales como la reliquidación de la sanción moratoria del artículo 65 CST, la solidaridad de Reficar S.A. y la revisión de las cuantías» de las condenas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Gregorio José León Urdaneta, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve en los términos presentados y de acuerdo con los alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case el fallo del Tribunal, al no incluir la prima técnica convencional, los incentivos de progreso y de tubería, productividad, bono de asistencia y el HSE como factores salariales.

Apunta que, […] en el evento en que se declare como próspera esta Demanda de Casación, ello implica que se dicte sentencia sustitutiva y se analice y valore, que en las condenas impuestas sea declarado solidariamente responsable la sociedad comercial REFICAR SAS, y que se condene a las codemandadas a la indemnización moratoria prevista en el art. 65 del Código Sustantivo de Trabajo y la prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 95884 Formula dos cargos por la causal primera, los cuales son replicados y por razones metodológicas, se resuelven en orden inverso al propuesto.

VI. CARGO SEGUNDO

Denuncia la violación indirecta, por error «[…] de hecho. Ausencia de valoración probatoria».

Explica: En línea de principio, con el argumento inmediatamente reseñado anterior, si para el despacho era diametralmente importante establecer o hacer un análisis de proporcionalidad y calidad de los pagos recibidos por parte del trabajador, dentro del análisis de interpretación de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, entonces ha debido tener en cuenta las pruebas contenidas en los folios 36 a folio 60, que dan cuenta de los volantes de pago durante la relación laboral.

Reproduce el contenido de los comprobantes de nómina y explica: De todos los cálculos descritos, tenemos que para el mes de enero de 2014, el trabajador devengó como ingresos retributivos del servicio la suma de $2.755.788 (no se tienen en cuenta auxilios no retributivos del servicio), de ese total de ingresos el SALARIO BÁSICO + BONO DE ASISTENCIA + HORAS EXTRAS, ascendió al monto de $3.818.269, por el contrario, los beneficios distintos a los previamente referenciados, ascendían a la suma de $3.232.670 (INCENTIVO HSE CONVENCIONAL + INCENTIVO

PROGRESO CONVENCIONAL + INCENTIVO PROGRESO

TUBERÍA CONVENCIONAL + PRIMA TÉCNICA

CONVENCIONAL).

Dice que lo anotado, permite definir que, si se hubieran analizado los documentos, era posible concluir que «[…] no existe una proporcionalidad en los ingresos percibidos con

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incidencia salarial». Recrimina al Tribunal no haber estudiado si los incentivos de progreso y de tubería, HSE, bono de asistencia y prima técnica, identificados en la Convención Colectiva de Trabajo como no salariales, remuneraron realmente los servicios prestados, al bastarle como razón que simplemente así fue plasmado en el texto. Explica que «[…] si nos encontramos frente a un beneficio de carácter retributivo, pero extralegal, la libertad de las partes de restar incidencia salarial es restringida». Hace referencia nuevamente a los recibos de nómina y a lo enunciado por el representante legal de CBI S.A. en el interrogatorio de parte, y extracta que el reconocimiento de la prima técnica dependió exclusivamente de las actividades que ejecutó, por cuanto los ingresos se veían disminuidos ante la ausencia «[…] del trabajador, y de otro lado, a mayores días laborados y mayores horas de trabajo suplementario causadas, ello implicaba un mayor valor del mismo». Para cerrar afirma que, Sobre el pago de PRIMA TÉCNICA CONVENCIONAL, el ad quem dio un alcance probatorio que no otorga la ley sustancial, en el entendido que dio por demostrado, sin estarlo, que la presencia de la Convención Colectiva de Trabajo implica la virtualidad de validez total sobre pactos de exclusión de factores salariales, aspecto que no se encuentra previsto en la Ley.

VII. RÉPLICAS

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Reficar S.A.S. arguye: Con todo, en el caso que se entendiese que le asiste razón al recurrente, en su propósito de achacar al Tribunal la falta de

estimación de los volantes de pago, ninguna virtud poseería tal acusación, incluso de tenerse como próspera: el Tribunal bien pudo haber omitido tal análisis porque en las razones de orden jurídico que no han sido resquebrajadas por el casacionista en el cargo anterior fallido, ningún sentido poseía el descender a la observación juiciosa de esos medios de convicción. Por su parte, Liberty Seguros S.A. asegura que su situación «[…] solo es susceptible de ser analizada si llega a prosperar la demanda de casación», toda vez que en sede de instancia, se debería absolver a la entidad, dado que no se cumplen los presupuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo para endilgar responsabilidad jurídica alguna a Reficar S.A.S.

VIII. CONSIDERACIONES No se desconoce que el rigor en la técnica del recurso de casación, producto de las exigencias legales y los lineamientos jurisprudenciales de esta Corporación, se ha flexibilizado con el propósito de materializar, a través del estudio de cada caso particular, los objetivos fundamentales de este medio de impugnación, como son la unificación de la jurisprudencia, el mantenimiento del orden jurídico y el respeto a las garantías y derechos mínimos de las personas.

Para que ello sea posible, la parte recurrente debe cumplir con unos requisitos básicos y lógicos que no pueden ser suplidos o enmendados por la Sala, teniendo en cuenta el carácter dispositivo del recurso extraordinario de casación,

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Radicación n.° 95884 tal cual lo regula el artículo 90 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior, hace parte esencial de la garantía del

derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Del alcance de la impugnación formulado, observa la Sala que el recurrente incurre en una imprecisión, al no plantear qué debe hacer esta Corporación en sede de instancia frente al fallo del juzgado, esto es, si confirmarlo, modificarlo o revocarlo (CSJ AL 5557-2022). No obstante, la anterior equivocación puede superarse, bajo el entendido de que el propósito, es que se case el fallo del Tribunal y en sede de instancia se confirme lo resuelto por la juez en los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo y se modifique el noveno para condenar a Reficar S.A.S. como solidariamente responsable. También desacierta en el planteamiento de la acusación, por cuanto, carece de proposición jurídica concreta y no se mencionan puntualmente los errores de hecho que se atribuyen al Tribunal. Adicionalmente, no se argumenta por qué las falencias constituyen un error de hecho protuberante y manifiesto, no se identifican los argumentos que habrían propiciado un desatino de esa magnitud y mucho menos se explica cuál

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Radicación n.° 95884 habría sido su incidencia en el sentido de la decisión. Sobre este tema se pronunció la Corporación en la sentencia CSJ SL 3660-2022, en donde expresó: No obstante, (i) el desarrollo que intenta plantearse corresponde a la vía indirecta, pues la censura elabora un listado de «errores

fácticos», algunos de los cuales no lo son y, en relación con ellos, aparte de su simple enunciación, (ii) no hace ningún desarrollo lógico y dialéctico que tienda a comprobar la ocurrencia de los yerros y la incidencia que ellos tuvieron en la decisión adoptada por el Tribunal. Nótese que si bien se hacen alusiones genéricas y deshilvanadas a algunos medios de convicción, en verdad no se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 90 del CPTSS, pues no hay una singularización de las pruebas, lo que equivale a identificar adecuadamente cada una de ellas no sólo consideradas en sí mismas, sino con su ubicación en el expediente, pero además, tampoco se expresa con claridad qué clase de error se cometió, es decir, si fue por falta de apreciación o por indebida apreciación de los medios que se pretenden denunciar y su incidencia en la decisión. En suma, (iii) este cargo carece de demostración, que consiste, en esencia, en el análisis crítico y razonado de los medios de prueba, confrontando la conclusión que se deduzca de ese proceso intelectual de argumentación con las conclusiones acogidas en la resolución judicial (CSJ SL, 13 feb. 2003, rad. 21820) (subrayas fuera de texto). Por tanto, el impugnante omitió realizar el imprescindible ejercicio argumentativo, que permita hacer manifiesta la violación denunciada, lo cual impide a la Corte efectuar el juicio de la sentencia impugnada. Importa resaltar que esta Corporación ha sido enfática en establecer que, El recurso de casación, no es una instancia más del juicio, en

la que los contendientes puedan defender libremente sus posiciones en torno a lo que debiera ser la solución del caso sometido al escrutinio jurisdiccional, pues se trata de un

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Radicación n.° 95884 mecanismo extraordinario en el que se plantea un juicio de legalidad a la sentencia acusada, por considerar que el fallador transgredió el orden jurídico. Para ello, el legislador y la jurisprudencia han dispuesto de una serie de requisitos de forma, cuyo cumplimiento hace posible que la Corte se adentre en el fondo del reproche, naturalmente, el éxito de la impugnación dependerá de la demostración de los desafueros fácticos y/o jurídicos de magnitud suma, en que incurrió el Tribunal, que impongan la casación total o parcial del fallo, según se hubiera planteado. El que la decisión colegiada arribe a esta Sala, revestida de la doble presunción de acierto y legalidad, explica por qué no es cualquier disconformidad de las partes la que abre paso al quiebre del fallo, pues debe tratarse de un desacierto garrafal que amerite la intervención de la Corte, para restablecer las garantías de los sujetos procesales (CSJ SL968-2023) (subrayas fuera de texto). Además, de la sustentación del cargo se evidencia una indebida mixtura de vías, pues si bien es cierto que el ataque se orientó por la vía indirecta, los reparos que se plantean frente a la sentencia del Tribunal son de orden jurídico, al reprochar la interpretación que hizo a los artículos 127 y 128

del Código Sustantivo del Trabajo (CSJ AL1267-2023). En consecuencia, el cargo no prospera.

IX. CARGO PRIMERO Acusa la violación directa, por interpretación errónea de los artículos 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con el 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

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Radicación n.° 95884 Recrimina a la segunda instancia la exégesis que hizo de los artículos 127 y 128 del estatuto del trabajo, según los cuales un acuerdo convencional, tiene la potestad de «[…] permitir cualquier cláusula de desalarización sobre los beneficios extralegales que en ella se reconocen». Expresa que se «[…] endilgó una condición de validez de los pactos de exclusión salarial no prevista en el art. 128 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo». Así mismo, sostiene que también erró el fallador, al concluir que la «[…] discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial, su vía procedimental es la denuncia de la convención». Asegura que la denuncia de un texto convencional

resulta posible, únicamente cuando la discusión trate «[…] sobre conflictos de orden o de intereses económicos, pero no existe una norma especial que indique que se trate de los reproches, no de intereses económicos, sino de aspectos jurídicos sobre dicha convención». Por último, recuerda que lo que se persigue en este asunto, es que se tengan como salariales los beneficios que fueron objeto de una exclusión, a efectos de reliquidar las acreencias laborales del ex trabajador.

X. RÉPLICAS Reficar S.A.S. advierte que el proceder de la segunda instancia, «[