CSJ - SL1752-2023

v\ República de Colombia Celle Suprema de Justicia Sala de Camelia Lateral Sala de Desesiessdie N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1752-2023 Radicación n.°93539 Acta 24 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por DRUMMOND LTD., contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso ordinario que en su contra instauró ISRAEL HERNÁNDEZ CARRILLO.

I. ANTECEDENTES Israel Hernández Carrillo, llamó a juicio a Drummond Ltd., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo indefinido que inició el 6 de enero de 2011 y culminó el 14 de julio de 2015 por la demandada, estando cobijado por la protección de estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, solicitó se ordenara su reintegro a un cargo

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Radicación n.°93539 igual al que desempeñaba o de superior jerarquía sin solución de continuidad y, se condenara al reconocimiento y pago de salarios; vacaciones legales; primas extralegales de navidad, semestral y anual de vacaciones; bonificaciones por antigüedad y por firma de convención; aportes a la administradora de fondos de pensiones causados desde que fue despedido y hasta que sea reintegrado; la indemnización del art. 26 de la Ley 361 de 1997; la indexación, lo ultra y

extra petita y las costas del proceso. Indicó en sustento de las pretensiones, que suscribió con la demandada contrato de trabajo a término indefinido el 6 de enero de 2011, para ejercer el cargo de «SUPERVISIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE GAS Y PETRÓLEO», data en que gozaba de óptimas condiciones de salud; que el último salario que devengó fue de $9.474.000; que se afilió a la organización sindical Sintradrummond; que desde noviembre de 2014, empezó a sentir un constante e insoportable dolor en su espalda; que el 21 de enero de 2015, le practicaron resonancia magnética y se concluyó que tenía «ACENTUACIÓN

DE LA LORDOSIS CON CAMBIOS GENERALIZADOS DE OSTEOPENIA Y

ASPECTO MÍNIMAMENTE HETEROGÉNEO QUE CONVENDRÍA

EVALUARLO CON ESTUDIOS DE EXTENSIÓN Y GADOLINIO.

DISCOPA TÍA EN LOS SEGMENTOS DESCRITOS Y LEVE

ANTEROLISTESIS LUMBROSACRA CON LEVE CONTACTO

NEURORADICULAR».

Narró que debido a los dolores crónicos fue atendido por la división médica de la accionada el 7 de marzo siguiente; también por el Dr. Humberto Uribe y por la EPS Saludcoop, 2

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Radicación n.°93539 entidad que le concedió incapacidad del 16 de ese mes hasta el 14 de abril de 2015 disponiendo recomendaciones al empleador por 6 meses; que tras reincorporarse al trabajo, fue remitido a valoración ocupacional de la accionada, donde

ratificaron las sugerencias y se le diagnosticó «trastorno de los discos invertebrales, no especificado». Contó que el 14 de julio de esa anualidad, le notificaron la terminación del vínculo laboral sin justa causa; que le practicaron examen de egreso y le certificaron las patologías diagnosticadas a esa fecha; que continuó con «múltiples padecimientos de salud», y tuvo que practicarse terapias fisicas y resonancia magnética de columna cervical simple; que el 23 de octubre de 2015, se efectuaron los siguientes hallazgos: En C3-C4: Existe complejo osteofitico (sic) y discal que moldea el saco dural y alcanza a comprometer el trayecto correspondiente de C3 derecho. En C4-05 Protrusión discal central con desgarro de anillo comprime el saco dural sin repercusión neuroradicular.

CONCLUSIÓN

RECTIFICACION DE LA LORDOSIS CON CAMBIOS

DEGENERATIVOS Y COMPROMISO NEURORADICULAR

DESCRITO.

Que nuevamente fue incapacitado el «30 de marzo de 2015 (sic)o, por 30 días; y el 24 de diciembre de ese mismo ario, se le diagnosticó padecimientos en la rodilla izquierda; que mediante dictamen 3188165 de 4 de enero de 2016 de la EPS Cafesalud, se señaló que el trastorno de disco lumbar «y otros, con radiculopatía y otras degeneraciones del disco cervical», tenían origen «común»; que continuó incapacitado por más de tres meses. 3

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Radicación n.°93539 Indicó que a través de dictamen 0005842016 de 26 de

noviembre de 2016, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se confirmó el de la EPS Cafesalud en cuanto a que el trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía eran de origen «laboral» (sic) y, que la degeneración del disco cervical, de índole común; que fue despedido en estado de debilidad manifiesta (fs.°3 a 20 cdno. principal). La demandada al contestar, no presentó oposición a la declaración de un contrato de trabajo en los términos señalados por el actor, pero sí ofreció resistencia a las demás pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió los relacionados con la vinculación laboral, pero aclaró que fue en la modalidad integral y que el cargo fue el de supervisor de proyecto de gas. Indicó que al ser contratado, en el examen de ingreso presentaba «hipoacusia leve bilateral, escoliosis dorsolumbrar derecho asociada a imbalance pélvico», de modo que no era cierto que estuviera en óptimas condiciones de salud. Afirmó que las recomendaciones médicas, partieron «del hecho equivocado respecto del cargo del demandante, pues se indica que el mismo es de SUPERVISOR DE PERFORACIÓN, cuando el cargo desempeñado fue el de SUPERVISOR DE PROYECTO DE GAS», que, sin embargo, tras analizarse aquellas, se observó que podía realizar sus labores «sin restricciones», pero con cuidados especiales. De los demás, indicó que no eran ciertos o que no le constaban. 4

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6 Radicación n.°93539 En su defensa manifestó, que lo narrado por el ex

trabajador era falso y que solo pretendía inducir en error, para así obtener una sentencia favorable; que de cualquier modo, no estaba calificado con el porcentaje debido de pérdida de capacidad laboral, por tanto, no estaba amparado por el fuero de salud. Propuso como excepciones las de cobro de lo no debido, improcedencia del reintegro, pago, compensación y la «GENÉRICA» (fs.°156 a 167 cdno. principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá DC, mediante fallo de 26 de enero de 2021 (cd f.°240 cdno. principal), declaró la existencia de un contrato de trabajo indefinido entre las partes, desde el 6 de enero de 2011 hasta el 14 de julio de 2015, que terminó por el accionado sin justa causa. Absolvió de las demás pretensiones; declaró probada la excepción de cobro de lo no debido. Impuso costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, al desatar el recurso de apelación del demandante, con sentencia de 30 de junio de 2021 (fs.°250 a 257 cdno. principal), dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 26 de enero del 2021, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar DECLARAR la ineficacia de la terminación del 5

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Radicación n.°93539 contrato de trabajo y, por tanto, disponer que el contrato de trabajo debe ser restituido al mismo estado en que se hallaría de

no haber existido la ruptura del vínculo laboral y el consecuente reintegro del trabajador a su lugar de trabajo, conforme a lo considerado.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a la demandada DRUMMOND LTD al reintegro del señor ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO, sin solución de continuidad, a un cargo de igual o superior categoría, conforme sus condiciones de salud y a cancelarle los salarios integrales, vacaciones y aportes al subsistema de seguridad social en pensiones, dejadas de percibir entre el 14 de julio del 2015 y el momento del reintegro efectivo al cargo. Sumas que deberá cancelar debidamente indexadas[,] de conformidad con los criterios expuestos en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: CONDENAR a DRUMMOND LTD a pagar a ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO la suma de $56.844.000 por concepto de la indemnización consagrada en el 26 de la Ley 361 de 1997, suma que deberá cancelar debidamente indexada.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de compensación propuesta oportunamente por la parte demandada, y autorizarla a descontar de las condenas aquí impuestas el valor de $31.930.099 pagado al demandante por concepto de liquidación definitiva. Las demás excepciones se declaran no probadas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones elevadas en su contra por ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO.

SEXTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de

$500.000 las cuales serán liquidadas en primera instancia de conformidad con lo establecido en el art. 366 del CGP (Negrillas propias del texto). Propuso como problema jurídico, resolver si a la fecha de finalización del vínculo laboral, el accionante se encontraba amparado por la estabilidad laboral reforzada, a causa de su condición de salud y, si dicha terminación se tornaba ineficaz al no contar con el aval del Ministerio del Trabajo. 6

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Radicación n.°93539 Recordó que de acuerdo con el alcance de la Ley 361 de 1997, [...] es clara la desaparición en el sistema jurídico de la determinación de la discapacidad por grados, según las limitaciones moderada, severa y profunda, quiere ello decir, que contrario a lo afirmado por el Juzgador de primer grado y como bien lo apunto (sic) la recurrente, no puede acudirse a estas escalas para determinar el ámbito de: ) la protección de la estabilidad laboral reforzada por discapacidad, en atención a que el Decreto 1352 del 26 de junio de 2013, en su artículo 61 derogó 70 el Decreto 2463 de 2001, que precisamente en su artículo , establecía los grados de severidad de la limitación, luego no resulta plausible concurrir en este caso en concreto a dichos grados para determinar la limitación, máxime cuando se evidencia que la terminación del vínculo contractual es posterior a la fecha en que ya había entrado a regir el Decreto 1352 de, 2013 (26-06-2013), pues la finalización se produjo el 14 de julio

del 2015. Indicó que al perder sustento legal la tesis que exigía la determinación de los grados en virtud de la derogatoria del art. 7 del Decreto 2463 de 2001, «por lo menos, desde su derogatoria expresa», se estaba ante una circunstancia normativa que obligaba a acudir a otra forma de interpretación, para establecer si la limitación en la salud del trabajador era o había sido la causa del finiquito del vínculo laboral, «que no puede ser otra que la definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-049 de 2017». Hizo referencia a los fallos CC T-041-2019 y CC T-3202016, con los cuales indicó que el demandante debía acreditar que contaba padecimientos físicos o mentales, que le impidieran o dificultaran ejecutar la labor de manera trascendental, y que el empleador las conociera previo a la terminación del vínculo, para que operara la protección de la Ley 361 de 1997; que de probarse lo anterior, le correspondía 7

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Radicación n.°93539 al dador del laborío demostrar la justa causa que tuvo para finiquitar el contrato, sin que fuera necesario solicitar autorización al Ministerio de Trabajo. Expresó que al finalizar la relación el 14 de julio de 2015, la condición de salud del actor ose hallaba comprometida de modo que le impedía sustancialmente ejecutar la labor de manera transcendental o en sumo en condiciones regulares o habituales su oficio», debido a la primera patología diagnosticada como lumbago no especificado y, luego la de trastorno de disco lumbar «y otros»,

con radiculopatía, según historias clínicas expedidas el 29 de enero y 31 de marzo de 2015, en las que se dieron «recomendaciones médicas, tales como SE EXPLICA DE SU CONDICIÓN MEJORAR HIGIENE POSTURAL REALIZAR PAUSA ACTIVA NO ESFUERZO EXTENUANTE"( fol. 27 a 29, 37 y 38)». Afirmó que esos padecimientos conllevaron que se le practicara resonancia magnética de columna lumbos acra (f.°30), y que se le expidiera incapacidad desde el 16 hasta el 30 de marzo de 2015 (f.°35), que fue prorrogada del 31 de marzo al 14 de abril (f.°39) y que, a su terminación, esto es, el día anterior (13), le dispusieron una serie de recomendaciones por seis meses, que trascribe una a una. Con las anteriores probanzas, señaló que lo padecido por el demandante, tenía la entidad suficiente [...] para afectar drásticamente su desempeño laboral, al punto que la DIVISIÓN MÉDICA SUCURSAL MINA PRIBBENOW al servicio de la encartada, expuso en historia clínica calendada del

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Radicación n.°93539 21 de abril del 2015 que dado el diagnóstico "TRASTORNO DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES, NO ESPECIFICADO", "consideramos paciente que puede desempeñar su labor sin restricciones." sin embargo, "debe tener cuidados generales como evitar levantamiento de peso mayor a 12.5 Kgs, evitar posturas críticas y/o repetitivas del tronco y tener una higiene

postural adecuada todo el tiempo, tal y como lo recomienda su EPS". Puntualizó que lo colegido, no se desvirtuaba con las declaraciones del Director Médico de Drummond, en tanto que, si bien manifestó que el actor para la terminación del contrato, no tenía calificación del origen de la enfermedad y, que la patología no era de origen laboral, lo cierto fue que ratificó las recomendaciones que debía seguir el demandante y que estaban en la historia clínica, para el desempeño de su actividad en procura del mejoramiento de sus condiciones de salud. Le llamó la atención que en la historia clínica emitida por el médico neurocirujano se dejó sentado no solo recomendaciones médicas y la incapacidad otorgada, sino la evaluación por medicina laboral y la remisión a terapias de fisioterapia con instrucciones específicas (f.°36). También señaló que posteriormente al despido, en la historia clínica ocupacional de egreso de 14 de julio de 2015, se ratificó la patología y se agregó como diagnóstico definitivo «"Hipoacusia Neurosensorial, Bilateral"». Con lo precedente, concluyó que: (i) las patologías sufridas por el actor le impedían o dificultaban ejecutar la labor de manera trascendental; (ii) al momento de la terminación del contrato laboral en efecto el demandante se encontraba en tratamiento médico dada su condición de salud; (iii) el cual continuó conforme se avizora de las historias clínicas 9

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Radicación n.°93539 aportadas y que obran a folio 51 a 110, lo que dio lugar a que la

Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de julio del 2016 mediante dictamen 7252040-5458 llevará (sic) a concluir que los diagnósticos "Otras degeneraciones del disco cervical" fuese de origen común, mientras que el "Trastorno de Disco Lumbar y Otros, con Radiculopatía" de enfermedad laboral; (iv) de ahí que también se descarte el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional emitido por las Juntas y que dictaminó una pérdida de capacidad laboral inferior al 15% (fl. 197 a 201), en tanto que es evidente que partieron de un solo diagnóstico y no de manera integral conforme a lo ya calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; (v) máxime cuando es claro que al estar derogado el Decreto 2463 de 2001, no podría determinarse si aquel porcentaje trae consigo o no una limitación moderada, severa o profunda, que por demás insiste esta Corporación no puede acudirse a estas escalas para determinar el ámbito de la protección de la estabilidad laboral reforzada por discapacidad; [...]. A lo dicho, agregó que al conocer la demandada las patologías, sabía de las incapacidades laborales derivadas de tal situación y que a través de su división médica ratificó las recomendaciones, era claro que el problema de salud del trabajador determinó la finalización de su vinculación contractual, o «así ha de presumirse» en razón a que la accionada en ningún momento lo desvirtuó ni esgrimió un argumento razonable u objetivo, con lo cual anotó que además de no solicitar autorización al Ministerio de Trabajo

para dar por terminado el contrato, lo hizo de forma unilateral y sin justa causa. En ese orden, declaró la ineficacia de la terminación del vínculo y, que por tanto, el contrato de trabajo debía restituirse al estado en que se hallaría de no haber existido la ruptura y el consecuente reintegro, con el pago de todos los salarios en la modalidad integral, vacaciones y aportes pensionales dejados de percibir desde su desvinculación y 10 SCLAJPT-10 V.00 q Radicación n.°93539 hasta que se produjera el reintegro, teniendo como remuneración $9.474.000. Asimismo, la indemnización de 180 días, prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997 por $56.844.000, para lo cual trajo a colación la sentencia CSJ SL850-2016. También declaró no próspera la excepción de prescripción; ordenó la indexación y autorizó a la convocada ajuicio a que compensara las sumas pagadas al demandante por la liquidación definitiva recibida al momento de la finalización del lazo contractual.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación de la sentencia del ad quem, para que, en sede de instancia, se confirme la de primer grado.

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, oportunamente replicados. Se estudiarán de manera conjunta a pesar de dirigirse por sendas distintas, debido a su unidad de designio y por complementarse entre sí.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.°93539 Acusa la sentencia por la vía directa, por la aplicación indebida de las siguientes disposiciones legales: [...] 2.°, 13, 25, 47, 53, 54 y 93 de la Constitución Política, 127, 132 y 186 del Código Sustantivo del Trabajo (- subrogado por el artículo 14 y 18 de la Ley 50 de 1990, respectivamente-), 15, 17, 18 y 20 de la Ley 100 de 1993 (modificados por el artículo 3.°, 0 4., 5.° y 7.°, respectivamente, de la Ley 797 de 2003), 1.° al 5.° y 26 de la Ley 361 de 1997, 7.° del Decreto 2463 de 2001, 137 del Decreto 19 de 2012, 61 del Decreto 1352 de 2013, en relación con los Convenios 111 y 159 y las Recomendaciones 99, 168 y 169 de la OIT, lo cual la condujo a la INFRACCIÓN DIRECTA de los artículos 61, literal h),( -subrogado por el artículo 5.° de la Ley 50 de 1990-) y 64 (-modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002-) del Código Sustantivo del Trabajo, 34 de la Ley 23 de 1981, 15 de la Constitución Política, 44 del Decreto 1295 de 1994, 5.0 , incisos 1.0 y 2.°, del Decreto 2463 de 2011, 142 del 0 Decreto 019 de 2012, 18 de la Ley 1562 de 2012, 7., 30, 51 y 55

del Decreto 1352 de 2013, el Decreto 1507 de 2014, en su anexo técnico, punto 5 y siguientes, 10 de la Ley 175 de 2015 y 2.2.5.1.26, 2.2.5.1.28, 2.2.5.1.49 2.2.5.1.5 y 2.2.5.1.53 del Decreto 1072 de 2015, de conformidad con el artículo 189 de la Constitución Política. Dice que el Tribunal se rebeló contra la jurisprudencia de esta Corporación, al señalar que desapareció del sistema jurídico la determinación de la discapacidad por grados y, que la Corte Constitucional ha protegido a las «personas supuestamente discriminadas», al ordenar su reintegro con un concepto «gaseoso e indeterminado» que no proviene del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. Asevera que lo expresado en sentencia CC SU-049-2017 no exime de acreditar un grado de pérdida de capacidad laboral, para establecer científicamente la dificultad de ejercer de manera sustancial la labor contratada, por lo menos del 15%. 12

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Radicación n.°93539 Que esta Sala de Casación acude al criterio médico-legal de discapacidad moderada o relevante, es decir, a una cifra cierta y objetiva de la pérdida desde un 15%; cuestión que «siempre ha tenido sustento normativo, el cual, cuando se presentó el despido,f ue el Decreto 1507 de 2014». Sostiene que los porcentajes de pérdida de capacidad

laboral «están vigentes», por así preceptuarlo el Manual Único para la calificación, esto es, el Decreto 1507 de 2014, en su anexo técnico, punto 5 y siguientes, al establecer los porcentajes, leves y moderados, y la clase II; por tanto, por expresa disposición legal, la calificación implica una cuantificación porcentual; excepto los casos notorios, «y frente a una protección jurisprudencial. Ya que, finalmente, TODO CASO requiere de una cuantificación porcentual» para conceder la protección aludida. Se apoya en la sentencia que identifica con fecha «22 de noviembre de 2017». Dice que la discapacidad moderada o relevante puede establecerse a través de cualquier medio probatorio, al haber libertad de valoración y sana crítica, y no existir tarifa legal ni prueba solemne; que, [...] Incluso es válido prescindir de las pruebas médicas cuando se trata de un hecho notorio, eximente de demostración. Por ejemplo, en los antecedentes jurisprudenciales de la citada Sala se considera como una discapacidad relevante, -así no esté calificada como tal-, a quien padece de un cáncer, por ejemplo. Por lo tanto, quien pretende beneficiarse de una excepción en materia de estabilidad laboral, sustraerse de la regla general, tiene la carga de la prueba en torno a su pretendida situación de salud, luego es claro que el demandante debía probar una pérdida de capacidad relevante. 13

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Radicación n.°93539 Advierte que si bien la acusación es jurídica, estima

necesario resaltar que la carga probatoria la tenía el demandante; que no puede demostrarse una situación médica «a través de la historia clínica», por estar sujeta a reserva legal y constitucional, de modo que no prueba el conocimiento del empleador, salvo que se acredite que tuvo acceso a dicha información; que en cualquier caso, prima «la presunción no desvirtuada de ausencia de conocimiento de la historia clínica por su carácter reservado», de acuerdo con los arts. 15 de la CN, 34 de la Ley 23 de 1981, 1 y 14 de la Resolución 1995 de 1999 y 10 de la Ley 175 de 2015. Con lo anterior, asevera que al no existir prueba del conocimiento del empleador de una pérdida de capacidad de por lo menos del 15 %, se rompe el nexo de causalidad. Recuerda que según doctrina de esta Corte, el simple hecho de tener incapacidades, tratamientos, exámenes, dolores, no hace que la persona sea objeto de la protección de una estabilidad laboral reforzada.

VII. RÉPLICA La opositora arguye que la censura no señaló con claridad ni de manera detallada, la razón por la que el Tribunal no debía aplicar las disposiciones que cita en la proposición jurídica; que el «anexo técnico» no es una norma sustancial. Trae a colación la sentencia CSJ SL11612-2013 y, aduce que la demanda de casación no cumple los

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Radicación n.°93539 requisitos formales, para ser analizada de fondo.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por el sendero directo, por la interpretación errónea del art. 26 de la Ley 361 de 1997, lo que conllevó la infracción directa de los arts. 61, literal h),

(subrogado por el 5 de la Ley 50 de 1990) y 64 (modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002) del CST, 34 de la Ley 23 de 1981 y 15 de la CN. Acude a los mismos argumentos del cargo anterior, por tanto, por sustracción de materia no se relatan.

IX. RÉPLICA Advierte que por ser un cargo «exactamente» igual al anterior, repite lo manifestado en aquella oposición; en cuanto a la estabilidad laboral reforzada, se remite a la

sentencia CC SU-049-2017.

X. CARGO TERCERO Ataca por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los arts. 2, 13, 25, 47, 53, 54 y 93 de la CN, 127, 132 y 186 del CST (subrogado por los arts. 14 y 18 de la Ley 50 de 1990), 15, 17, 18 y 20 de la Ley 100 de 1993 (modificados por los arts. 3, 4, 5 y 7 en su orden de la Ley 797 de 2003), 1 al 5 y 26 de la Ley 361 de 1997, 7 del Decreto 2463 de

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Radicación n.°93539 2001, 137 del Decreto 19 de 2012 y 61 del Decreto 1352 de 2013, en relación con los arts. 51, 60, 61 y 66 A del CPTSS.

Como errores de hecho, endilga los siguientes: • Dar por establecido, sin estarlo, que el actor estaba cobijado por una estabilidad laboral reforzada ("fuero de la salud") para el momento de su despido por parte de la demandada. • No dar por demostrado, estándolo, que el entonces trabajador no presentaba ninguna limitación de su salud relevante para el momento de su despido, o que, por lo menos, el empleador la desconocía válidamente. Dice que el ad quem pretermitió el análisis probatorio de:

1. La (confesión contenida en la) demanda (folios 3.° al 20).

2. La historia clínica de ingreso (folios 22 al 26).

3. La historia clínica del 7 de marzo de 2015 (folio 31).

4. La historia clínica del 13 de marzo de 2015 (folios 32 y 33).

5. La calificación de pérdida de capacidad laboral de AXA (folios 188 al 193).

6. El desacuerdo con la calificación de AXA (folio 195).

7. La apelación al dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional (folios 203 al 208).

8. Las preguntas escritas de la apoderada del demandante para el despacho comisorio para evacuar el testimonio. (folios 209 y

210). Como pruebas erróneamente valoradas, enlista:

1. La historia clínica del 29 de enero de 2015, IPS Puerto Boyacá.

(folios 27 al 29).

2. La historia clínica del 31 de marzo de 2015, IPS Puerto Boyacá

(folios 37 y 38).

3. La orden del 21 de febrero de 2015 para la práctica de una

resonancia magnética de columna lumbosacra, CEDICAF (folio 30).

4. La primera incapacidad de la EPS SaludCoop (folio 35).

5. La segunda incapacidad de la EPS SaludCoop (folio 39).

6. Las recomendaciones médico-laborales de la EPS SaludCoop

(folios 40 al 43). 16

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7. La historia clínica del 21 de abril de 2015 (folios 44 y 45).

8. El testimonio del Doctor Rivera.

9. La historia clínica del Doctor Uribe del 16 de marzo de 2015

(folio 36). 10.La historia clínica de egreso del 14 de julio de 2015 (folios 47 al 50). 11.Las historias clínicas posteriores al despido del actor (folios 51 al 110). 12.E1 dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (folios 111 al 114). 13.E1 dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá (folios 197 al 201). En la demostración, afirma que la demanda inicial contiene confesión judicial espontánea a través de apoderado, pues en los hechos 7 al 27 se contó que el dolor de espalda del actor inició en noviembre de 2014 y, que nunca «fue constante ni insoportable»; que los exámenes practicados «-s ujetos a reserva-, sólo hablaban» de cambios leves y mínimos; que tuvo una incapacidad por 15 días, prorrogados por otros 15; que se reintegró a laborar con recomendaciones, y que hubo más exámenes e

incapacidades con posterioridad a la terminación del contrato, pero «TODO siempre relacionado con un único punto,

LA ESPALDA».

En cuanto a que el Tribunal coligió que el actor en el «examen médico de egreso» presentó hipoacusia, dice que «desde el examen médico de ingreso», se detectó en grado leve, pero ello no impidió su contratación ni el normal desarrollo laboral; que tal padecimiento jamás fue mencionado en consulta médica durante, ni después de su labor. Que en la historia clínica de la división médica de Drummond (f.°31), el demandante contó tener dolor lumbar 17

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Radicación n.°93539 «ocasional», se le diagnosticó un lumbago no especificado y clínicamente estaba «normal», y que sólo refirió un dolor leve a la «palpitación»; que en la historia clínica de la IPS de Puerto Boyacá. de 13 de marzo de 2015, sujeta a reserva, contó sufrir dolor en la columna, «de resto normal», «Nada grave»; que al evaluar Axa Colpatria la pérdida de capacidad laboral el 15 de enero de 2019, calificó el trastorno del disco lumbar y otros en un 10.20 %, con fecha de estructuración «de 2019», es decir, más de tres arios después del despido, menor al 15%, y solo se refiere a la espalda. Afirma que en la apelación al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá., el actor pretendió una pérdida de más del 50 %, al incluir «una cantidad de supuestos padecimientos que jamás se

mencionaron ante Drummond», ni en los anteriores dictámenes médicos; que tan cierto es lo anterior, que [...] en el cuestionario de preguntas a los testigos sólo se hizo referencia a la columna, recomendaciones médicas y a una incapacidad. De los documentos no estimados se concluye con facilidad que toda la situación de salud del actor durante la vigencia de su relación laboral giró en torno a un dolor leve en la espalda, y que se reincorporó normalmente al desempeño de las labores para las cuales fue contratado, con simples recomendaciones. En lo que tiene que ver con los medios de convicción erróneamente apreciados, expone que las «Pruebas 1 y 20, esto es, la primera historia clínica (que insiste tiene carácter reservado), sólo se menciona un dolor lumbar, un lumbago no especificado y la necesidad de una impresión diagnóstica; que todo «lo demás normal. Recomiendan mejorar la postura 18

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Radicación n.°93539 corporal, realizar pausas activas, no hacer un esfuerzo extenuante y tener un movimiento corporal adecuado. Nada grave». Según la censura, son recomendaciones médicolaborales menores, rutinarias, sin un diagnóstico delicado, relevante, mucho menos definitivo. Que en la segunda historia clínica persiste el dolor lumbar, espasmo y que «Todo lo demás normal». En punto a las «Pruebas 3, 4, 5 y 6», alude a su contenido para hacer énfasis en que nada es grave ni relevante en la salud del actor; que la incapacidad fue de 30 días, por «manifestaciones de dolor, situación no comprobable médicamente, subjetiva»,

pero que estas «sí las conoció el entonces empleador»; que una vez vencida, se reincorporó a sus labores, «con simples recomendaciones, no restricciones ni reubicación», que en el documento de folio 41, quedó expresamente consignado que se garantizaba el derecho a la intimidad, cuestión que no se percató el colegiado. Con la «Prueba 7», sostiene que el Tribunal incurrió en un error de hecho y «en una contradicción lógico - fáctica», pues