CSJ - SL1753-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1753-2023 Radicación n.° 91311 Acta 25 Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS EDUARDO MATEUS ORTEGÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 30 de septiembre de 2020, dentro del proceso que instauró en contra de AEROVÍAS

DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA S.A.

I. ANTECEDENTES Luis Eduardo Mateus Ortegón llamó a juicio a Aerovías del Continente Americano S.A., (en adelante Avianca S.A.), para que se declarara ineficaz su despido, sucedido en medio de un conflicto colectivo de trabajo y cuando se hallaba en estado de discapacidad.

Solicitó que se condenara a la demandada a reintegrarlo a un cargo de igual o mejor categoría, junto con el pago

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Radicación n.° 91311 indexado de salarios, primas legales y extralegales y «[…] demás beneficios establecidos en la convención colectiva». En subsidio, requirió las indemnizaciones por despido sin justa causa y la del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Como fundamento de sus pretensiones relató que prestó sus servicios para la demandada como aviador desde el 20 de marzo de 1979 hasta el 30 de abril de 2017, fecha en la cual la empresa dio por terminado el contrato de

trabajo. Narró que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles Acdac, a la que se hallaba afiliado, presentó pliego de peticiones a la entidad el 4 de febrero de 2016 y que el conflicto colectivo que se generó, estaba vigente al momento de su despido pues estaba en proceso de convocatoria del tribunal de arbitramento. Dijo que, entre la empresa y los trabajadores, el 30 de diciembre 2002, se suscribió un acta extraconvencional que prohibió el despido de «[…] trabajadores por haber sido beneficiarios de la pensión de jubilación». Agregó que, en ella, se comprometió a que a partir del 1° de enero de 2005, solo en caso de presentarse un excedente de aviadores debidamente sustentado, podría aducir la justa causa de terminación basada en la jubilación de aquellos y retirar por esta vía, en primer término y en

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Radicación n.° 91311 orden descendente de edad, a quienes tuvieran 54 años o más. Informó que el 20 de enero de 2003 firmó un otrosí al contrato de trabajo modificando sus condiciones laborales, adoptando las regulaciones establecidas en el acta suscrita entre Acdac y Avianca S.A. Manifestó que el 30 de abril de 2017, la demandada le informó la terminación de su contrato sin autorización del Ministerio del Trabajo, aun cuando se encontraba con problemas de salud, adquiridos en desarrollo de sus actividades. Añadió que el 7 de junio de 2017, en su examen de

egreso presentó diagnóstico por problemas de hernias de disco intervertebral, enfermedad común en pilotos y que le realizaron varias resonancias magnéticas de columna. Indicó que el 31 de julio de 2017, elevó la respectiva reclamación ante la demandada. Avianca S.A. se opuso al éxito de las pretensiones. Frente a los hechos aceptó, la fecha de terminación del contrato, la reclamación elevada y su respuesta negativa. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Señaló que de acuerdo con los reglamentos aeronáuticos de Colombia, ningún piloto comercial de aviones puede ejercer las labores de vuelo una vez superados

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Radicación n.° 91311 los 65 años, como era el caso del demandante, por tanto, concluyó que no se encontraba habilitado para desempeñar sus funciones, y al no contar con una licencia de vuelo activo, sumado a que se encontraba pensionado desde el año 2002, había justa causa para terminar su contrato de trabajo. Agregó que no estaba vigente ningún conflicto colectivo al momento de los hechos, al punto que el 8 de agosto de 2017, la organización sindical en mención radicó un nuevo pliego de peticiones. Finalmente, indicó que el demandante a la fecha del despido no se encontraba calificado con pérdida de capacidad laboral, no presentaba ninguna restricción en sus actividades y su desvinculación no se debió a un estado de salud particular. En su defensa, propuso las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa de la obligación,

improcedencia del pago de la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa o reintegro y de los pagos pretendidos al no existir esta posibilidad, compensación, buena fe, pago y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 26 de noviembre de 2018, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a la demandada.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación presentada por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2020, confirmó la sentencia del juzgado.

Como problema jurídico, planteó estudiar si, (i) ¿A la fecha de terminación del contrato de trabajo existente entre las partes se encontraba vigente el conflicto colectivo suscitado por ACDAC el 4 de febrero de 2016?, (ii) ¿Los motivos aducidos por AVIANCA en la carta de despido, no constituyen justas causas de terminación del vínculo existente, a la luz del Acta del 30 de diciembre de 2002, suscrita entre la sociedad en mención y ACDAC? y (iii) ¿Conforme al estado de salud del accionante, la accionada no podía despedirlo sin previo aval del Inspector del Trabajo? Inició señalando que de acuerdo con el artículo 25 del Decreto 2531 de 1965, el fuero circunstancial comenzaba con la presentación del pliego de peticiones ante el empleador por parte de la organización sindical o por los trabajadores

no sindicalizados, momento a partir de cual surgía la prohibición de despedirlos sin justa causa comprobada, con la finalidad de evitar represalias en su contra y desmotivar al empleador de tomar medidas tendientes a debilitar el movimiento sindical. Trajo a colación la sentencia CSJ SL769-2019 para señalar que ello no perpetuaba la garantía hasta la suscripción de una convención, pacto o la ejecutoria del laudo arbitral, en tanto existían eventos en los cuales el conflicto cesaba de manera anormal, debido al

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Radicación n.° 91311 incumplimiento de las etapas propias o cuando no existía interés por parte de quienes lo promovieron de concluirlo. Resaltó que cuando se demandaba la protección del fuero circunstancial, correspondía al demandante demostrar el supuesto de hecho que lo generaba, y a su vez, dejar en claro que a la fecha del despido no había finalizado el conflicto, para que la demandada, asumiera la carga de probar el hecho que lo extinguía según las sentencias CSJ

SL948-2020 y CSJ SL6732-2015.

Del análisis probatorio, expuso que el 4 de febrero de 2016, Acdac presentó a Avianca S.A. un pliego de peticiones y que el 26 de febrero siguiente, se inició la etapa de arreglo directo. Así mismo, que el 16 de marzo del mismo año, se suscribió el acta de prórroga, en la que se señaló como «último término» el 5 de abril de 2016 y que, en esta fecha, se convino finalizar aquella fase del conflicto.

Destacó que, no se acreditaba que la organización sindical estaba realmente interesada en el proceso de negociación colectiva. Añadió que su presidente, mediante oficio del 23 de enero de 2017, respondió al Ministerio del Trabajo que, para efectos de la designación del árbitro, resultaba necesario efectuar una asamblea de afiliados. Dijo que no había constancia de dicha reunión; y, por el contrario, no se acreditó lo sucedido posteriormente con el conflicto, así como que los trabajadores presentaron otro pliego de peticiones, iniciando un nuevo conflicto colectivo.

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Radicación n.° 91311 Respecto de la justeza del despido consideró que, si en gracia de discusión se considerara que existía el fuero, en todo caso no procedía el reintegro, en la medida que el señor Mateus Ortegón fue despedido con justa causa comprobada. Dijo que en los términos del numeral 14 del literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el parágrafo 3º del 33 de la Ley 100 de 1993, es justa causa para terminar el contrato de trabajo el reconocimiento de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Agregó que, si bien debía observarse el acta extralegal, no podía leerse de manera aislada, sin analizar el RAC 61 adoptado mediante la Resolución n.º 03547 del 21 de diciembre de 2015, en la medida que establece que, para ejercer como piloto al mando en servicios aéreos comerciales

de transporte público, el titular de la licencia debía tener menos de 60 años, o menos de 65 años siempre que el copiloto fuera menor de dicha edad. En ese orden, sostuvo que el acuerdo no tenía aplicación para la fecha del despido, pues contaba con 65 años, luego no era posible exigirle a la entidad abstenerse de invocar la justa causa de despido basada en la jubilación como lo acordó con Acdac, ya que había llegado a la edad en que se encontraba inhabilitado para ser piloto.

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Radicación n.° 91311 Añadió que la demandada sí se encontraba posibilitada para hacer uso de la justa causa de terminación por el reconocimiento de la pensión de jubilación, máxime cuando el demandante tenía tal calidad desde el 29 de noviembre de 2002. Por último, dijo que para acceder a la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debía existir un nexo causal entre la condición de salud del trabajador y el motivo del despido de acuerdo con las sentencias CSJ SL1360-2018 y CC SU-049 de 2017. Argumentó que en el presente caso ello no se estructuró, toda vez que la terminación se fundó en una justa causa, de manera que no podía decirse que existió discriminación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Luis Eduardo Mateus Ortegón, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, los cuales se resuelven en los términos sustentados y con el alcance propio del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case el fallo del Tribunal, y en sede de instancia revoque la sentencia del juzgado y se condene a Avianca al: […] reintegro del actor al cargo de piloto del equipo A – 330 o a uno de igual o superior categoría, que venía ocupando hasta el

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Radicación n.° 91311 30 de abril de 2017, en las mismas o mejores condiciones laborales y salariales, junto con el pago de los salarios, primas legales y extra legales, y demás beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo, con los respectivos incrementos legales y extralegales, causados desde la fecha en que fue despedido, hasta cuando sea efectivamente reintegrado, se declare la no solución de continuidad del contrato que suscribió el actor; así mismo a que se condene a la accionada a reconocer y pagar de manera indexada, la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, correspondiente a 180 días de salario por haber sido despedido por su limitación de salud. De forma subsidiaria a reconocer a la parte demandante el pago de la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Para ello formula tres cargos por la causal primera, los cuales son replicados y se resuelven a continuación de manera conjunta, teniendo en cuenta la complementariedad de sus argumentos y los alcances de la decisión.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 55 de la Constitución Política, en concordancia con los Convenios 98 y 154 de la OIT; 25, 27 y

37 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978; en relación con el 432, 433, 434, 436, 444 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 60 de la Ley 50 de 1990; 2º y 3º de la Ley 39 de 1985; 1602 del Código Civil; 31, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y 167 y 244 del General del Proceso.

Como error de hecho señala: No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía la condición de protegido en caso de conflicto colectivo, toda vez que la organización sindical a la cual está afiliado presentó el pliego

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Radicación n.° 91311 de peticiones, y la negociación colectiva no había finalizado al momento del despido.

Frente a las pruebas relaciona: […] erróneamente apreciadas • Pliego de peticiones del 5 de febrero de 2016 radicado por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC, ante la empresa Avianca S.A. (fls 163 a 164). • Acta de instalación de la etapa de arreglo directo y cronograma de sesiones de negociación del 26 de febrero de 2016

(fls 260-261). • Acta de prórroga de la etapa de arreglo directo del 16 de marzo de 2016 (fls 262-263). • Acta finalización de la etapa de arreglo directo del 5 de abril de 2016 (fl. 264)

• Solicitud elevada por ACDAC ante el Ministerio De Trabajo - Grupo Interno De Trabajo De Relaciones Laborales, de 23 de enero de 2017 (fl 258). • Comunicación de fecha 6 de diciembre de 2017, suscrita por Martha Patricia Arias – Coordinadora del grupo de archivo sindical (fl 320).

Pruebas no apreciadas: • Demanda introductoria del presente proceso (fls. 3-31) • Contestación de la demanda del presente proceso (fls 287304) En la demostración del cargo señala que Acdac presentó pliego de peticiones a Avianca S.A. y que no fue responsabilidad del colectivo que el conflicto hubiera tenido dilaciones. Dice que el Tribunal erró al concluir que él estaba llamado a demostrar la «continuidad del conflicto», toda vez que según el artículo 167 del Código General del Proceso «[…] existe una negación indefinida según la cual a la fecha del despido no había finalizado el conflicto».

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Radicación n.° 91311 Asegura que probó su existencia y que su despido ocurrió mientras se desarrollaban, como lo demostraba el pliego de peticiones del 4 de febrero de 2016, las actas de instalación de la etapa de arreglo directo y su prórroga, la finalización del arreglo directo, la solicitud elevada por Acdac al Ministerio del Trabajo y la carta de despido. Afirma que la organización de trabajadores no permitió el decaimiento del conflicto colectivo y, por el contrario, mantuvo el interés en su permanencia, como se demuestra con las actas de la fase de arreglo directo, que acreditan la

voluntad del sindicato de llevar a cabo una negociación con la empresa. Por último, frente a la valoración de las pruebas dice,

1. En cuanto al pliego de peticiones del 5 de febrero de 2016, radicado por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC ante la empresa Avianca S.A. (fls 163 a 164), se resalta que el mismo fue erróneamente apreciado por el ad quem por cuanto no se valoró que dicho documento dio inicio y materializó el ejercicio del derecho a la negociación colectiva por parte de la organización sindical ACDAC; aunado a lo anterior en el pliego de peticiones se materializó las aspiraciones económicas y políticas de los trabajadores afiliados a la organización sindical ACDAC, las cuales para la fecha de terminación del contrato de trabajo del demandante no habían sido resueltas.

2. Frente al acta de instalación de la etapa de arreglo directo y cronograma de sesiones de negociación de 26 de febrero de 2016 (fls 260-261) y el acta de prórroga de la etapa de arreglo directo del 16 de marzo de 2016 (fls 262-263), las mismas fueron valoradas erróneamente por parte del ad quem en tanto no se tuvo en consideración que dichos documentos constituyen pruebas contundentes para demostrar la intención de la organización sindical por materializar sus aspiraciones laborales en el campo económico y político tendientes a exigir la negociación del pliego de peticiones, por lo tanto a la materialización de su derecho a la negociación colectiva,

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exigencias las cuales no habían sido resueltas al momento en que se terminó el contrato de trabajo del demandante.

3. En cuanto al acta de finalización de la etapa de arreglo directo del 5 de abril de 2016 (fl. 264), la misma fue erróneamente interpretada por el fallador, pues dicho documento solo da cuenta del agotamiento de una etapa dentro de la negociación colectiva que se estaba desarrollando entre la organización sindical ACDAC y la empresa AVIANCA, dado que por la vía de la autocomposición es decir el arreglo directo no se tuvo éxito, y con la cual se pretendía agotar algunos de los medio que se tenían al alcance como la heterocomposición; sin embargo, dicha prueba demuestra que la causa primigenia del conflicto colectivo se encontraba vigente y por lo tanto subsistía la protección al trabajador en caso de conflicto colectivo.

4. En cuanto a la apreciación otorgada al escrito de la demanda, el mismo no fue valorado en las instancia, lo cual efectuó en las sentencias, toda vez que de haberse valorado la narración de los hechos que se efectuó se hubiera concluido, por parte de los falladores, que la negociación colectiva entre la organización sindical ACDAC y la empresa AVIANCA S.A., no había finalizado al momento de la terminación del contrato de trabajo del demandante, con lo cual se hubiera dado aplicación a la garantía de protección en caso de conflicto colectivo, remediando con ello el despido discriminatorio del cual fue víctima el demandante.

5. Frente a la Contestación de la demanda del presente proceso (fls 287-304), la misma no fue valorada por parte del ad

quem, lo cual influyó en la sentencia, pues de la misma se hubiera logrado llegar a la inferencia de que la negociación colectiva no había finalizado para la fecha de terminación del contrato de trabajo del demandante; dicha afirmación se sustenta en que la empresa en su contestación no cumplió con la carga de la prueba de demostrar la fecha en que presuntamente finalizo el conflicto colectivo. Se reitera que la demandada no cumplió con la carga de la prueba del hecho contrario, es decir, de las afirmaciones definidas que den pie a la extinción del conflicto, y, por ende, de la inexistencia del derecho al fuero. En consecuencia, la posición asumida por el ad quem en la sentencia objeto de impugnación da al traste con el precedente que se rememora de la Corporación e incurre en el error de hecho endilgado en este aparte del cargo.

6. En cuanto a la comunicación del 23 de enero de 2017, se puede concluir que la misma fue erróneamente apreciada por el ad quem, dado que del contenido completo e íntegro del mismo se puede concluir lo siguiente: i) dicha comunicación primero hace una precisión sobre los términos para que sea válida una asamblea en la organización sindical ACDAC, ii) posteriormente señala que una vez se lleve a cabo la asamblea se resolverá sobre

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Radicación n.° 91311 la solicitud de designación unificada del árbitro dentro del conflicto colectivo, iii) de igual forma se señala que no es posible responder en tres días debido a la naturaleza de la labor realizada por los afiliados, iv) por último, se señala que no se notificó el

acto administrativo que tomó la determinación de unificar los tribunales de arbitramento de ACDAC y SINTRATAC, imposibilitando la interposición de los recursos correspondiente. De lo expuesto anteriormente se puede observar que el conflicto colectivo no había finalizado y que la organización sindical lo que hizo fue precisar porque razón no podía convocar una asamblea con tan poco tiempo, y por lo cual solicitaba un término prudencial para realizar la misma, razón por la cual dicha prueba no demuestra otra cosa distinta a la continuidad del conflicto colectivo y la intención del sindicato de continuar agotando las etapas correspondientes para el conflicto, y lo que permite concluir fehacientemente que para la fecha de terminación del contrato del demandante continuaba el conflicto colectivo. Esta situación hizo que las organizaciones deban adoptar la estrategia de volver a presentar el pliego de peticiones, habida cuenta de que el primero de ellos, que se había sometido al conflicto colectivo había tenido en últimas discrepancias y dilaciones tanto administrativas como netamente imputables a la empresa, lo cual impedía que el conflicto pudiese desarrollarse; no obstante, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva se encontraba vigente.

7. Frente a la comunicación de fecha 6 de diciembre de 2017, suscrita por Martha Patricia Arias – Coordinadora del grupo de archivo sindical (fl 320), la misma fue erróneamente apreciada por el ad quem en tanto de la misma no se puede concluir que al momento de la terminación del contrato de trabajo del demandante, el conflicto colectivo hubiera finalizado, dicha interpretación es totalmente descontextualizada del texto completo e integro de dicho documento.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 62 numeral 13, 14,15, 467 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 9º de la Ley 797 de 2003; 5 y 26 de la Ley 361 de 1997 y 4º y 5º de la Ley 1346 de 2009.

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Radicación n.° 91311 Relaciona la comisión de los siguientes errores de hecho: • No dar por demostrado, estándolo, que el actor estaba amparado por las condiciones establecidas en el acta del 30 de diciembre de 2002 y el otrosí suscrito el 20 de enero de 2003, por cuanto independiente de la edad del trabajador, ha debido demostrase la condición de excedentes de pilotos en el equipo A330. • Dar por demostrado sin estarlo que el acta extra convencional ya no tenía aplicación para la fecha de despido del demandante. • Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante a los 65 años ya no podía realizar ningún tipo de actividades aeronáuticas, siendo carga de la prueba por parte de la empresa demostrar que efectivamente el piloto no podía desarrollar actividades. • Dar por demostrado sin estarlo que en el caso del señor Luis Eduardo Mateus Ortegón se configuró una ineptitud del trabajador para desempeñar la labor encomendada. • No dar por demostrado, estándolo, que la empresa AVIANCA invoca una justa causa de despido casi diez años después de conocer la circunstancia fáctica que le da origen.

• No dar por demostrado, estándolo, que la empresa AVIANCA ejerció un acto de discriminación en contra del actor al despedirlo por su condición de discapacidad y su situación de estabilidad laboral.

Frente a las pruebas señala: […] erróneamente apreciadas: • Acta del acuerdo AVIANCA ACDAC de 30 de diciembre de 2002 (fls. 56-63). • Comunicación del 30 de enero de 2003, donde la caja de auxilios y de prestaciones de ACDAC CAXDAC, donde informa el reconocimiento de la pensión de jubilación al capitán Luis Eduardo Mateus Ortegón (fl. 307) • Carta enviada por Avianca calendada el 31 de marzo de 2017, por la cual se informa al Capitán Luis Eduardo Mateus Ortegón que se le da por terminado unilateralmente con justa causa el contrato de trabajo a partir de la culminación de la jornada laboral del 30 de abril de 2017 (fls. 76-79).

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Pruebas no apreciadas: • Demanda introductoria del presente proceso (fls. 3-31). • Contestación de la demanda del presente proceso (fls 287304). • El otrosí al contrato de trabajo suscrito el 20 de enero de 2003 (fls. 64 -68).

En la demostración del cargo manifiesta que el acta del acuerdo extra convencional y el otrosí jamás establecieron alguna limitación para la aplicación o el cumplimiento de unas condiciones determinadas, en ese sentido el Tribunal realizó una errada interpretación sobre dicha prueba otorgándole unos efectos que no se encuentran previstos en

él. Sostiene que no se condicionó la continuidad del trabajador al desempeño como piloto y que en la empresa existen otros que superaron la edad de 65 años, pero que fueron reubicados en otro tipo de actividades al interior de la compañía. Frente al otrosí señala que no fue una intención de las partes limitar la aplicación de dicho acuerdo al cumplimiento de la edad, por tanto, la empresa se obligó a invocar la justa causa solo en aquellos casos en los que se demostrara la existencia de un excedente de pilotos en el equipo, y previo a la valoración del orden descendente de edad. Refiere que,

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Radicación n.° 91311 i) No existe un aparte del acuerdo extra convencional o del otrosí (documento no valorado en la sentencia) que establezca una justa causa para despedir al trabajador; o que disponga la inaplicación del acuerdo por cumplir la edad de 65 años; ii) la valoración efectuada por el ad quem del acuerdo extra convencional frente al marco de referencia del RAC 61 fue equivocada por cuanto concluyó que a los 65 años el piloto se encontraba inhabilitado; conclusión completamente desacertada, toda vez que del estudio del RAC 61.1435, como marco de referencia en la apreciación de la prueba, se concluye que el cumplimiento de 65 años de edad es una limitación, mas no una inhabilitación, es por ello que el piloto queda facultado hasta los 68 años de edad para ejercer diversas actividades, como instructor o desarrollando actividades aeronáuticas de tierra. Respecto de la demanda y de su contestación, considera

que no fueron valoradas, pues de ellas se infiere que la aplicación del acta de acuerdo extra convencional y el otrosí al contrato de trabajo no se encontraba limitada al cumplimiento de la edad de 65 años. Asegura que el acuerdo debe interpretarse a favor de los trabajadores, en los términos explicados en las sentencias

CSJ SL1546-2018, CJS SL3933-2018 y CSJ SL13649-2017.

Recuerda que la terminación del contrato se sustentó en el numeral 13 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965; sin embargo, la empresa no probó que él no fuera apto para desempeñarse como piloto, de suerte que debió adelantarse una audiencia de descargos pues, según el artículo 62 del estatuto laboral la «ineptitud», debe ser entendida como una conducta «imputable al trabajador a realizar su tarea de forma inepta o torpe, lo que implica un incumplimiento de sus obligaciones» y acota que dicho vocablo no puede confundirse con el de «incapacidad».

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Radicación n.° 91311 Afirma que la justa causa que se invocó no cumplió el presupuesto de inmediatez pues había sido pensionado diez años antes. Por último, informa que como su discapacidad fue lo que motivó a Avianca S.A. a finiquitar el contrato, el despido devino discriminatorio. Cita las sentencias CSJ SL13602018 y CC C-531-2000 y la Ley 1346 de 2009.

VIII. CARGO TERCERO Lo formula así: Acuso la sentencia recurrida con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del

Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por ser directamente violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de falta de aplicación de los preceptos legales sustantivos y de orden nacional contenidos en el Decreto 2351 de 1965, modificatorio del Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 16, los artículos 16 y 17 del Decreto 2177 de 1989, artículos 4 y 8 de la Ley 776 de 2002, artículo 7 del Decreto 917 de 1999, art 26 de la ley 361 de 1977, los artículos 13, 25, 47 y 54 de la Constitución Política. En la demostración del cargo manifiesta que el tribunal se rebeló contra las normas que determinan la reubicación laboral a causa de un período de incapacidad temporal de origen laboral o según orden del médico. Cita las normas acusadas y las sentencias CC T-263 de 2009, CC T-960 de 2009, CC T-269 de 2010 y CC T-554 de 2010, para argumentar que i) todo empleador se encuentra obligado a reincorporar a los trabajadores y reubicarlos; ii) debe asignar funciones acordes con el tipo de ilimitación a

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Radicación n.° 91311 los trabajadores y, iii) el traslado debe hacerse a cargos con la misma remuneración. Indica que gozaba de estabilidad laboral en razón a su condición de salud, la cual tiene relación con la reubicación laboral teniendo en cuenta además que con su edad ha disminuido su capacidad laboral. Agrega que el despido fue discriminatorio y que Avianca

S.A. no contaba con autorización por parte del Ministerio del Trabajo para hacerlo, por tanto, debía ser reubicado en un cargo de mayor o igual jerarquía. Opina que el fallador no se percató de que la demandada debía realizar las modificaciones necesarias, en la planta de personal y en su contrato específicamente, respecto de las funciones distintas a las de tripulante de cabina de mando, para que no se le hubiera afectado su mínimo vital.

IX. RÉPLICA Avianca S.A. afirma que el argumento de la carga de la prueba de la vigencia del conflicto colectivo no guarda relación con el examen del proceso y se basa en consideraciones de orden jurídico, surgidas de una norma y de la jurisprudencia, de suerte que no es admisible un cargo encaminado por la vía indirecta para establecer si se equivocó el Tribunal.

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Radicación n.° 91311 Señala que en todo caso este no es equivocado, toda vez que tiene fundamento en los criterios jurisprudenciales de esta Corte; además estima que hubo una correcta valoración de las pruebas por parte del Tribunal. Frente al segundo cargo expresa que la limitación impuesta para hacer uso de la justa causa legal de terminación del contrato de trabajo perdía aplicabilidad cuando un piloto no pudiera continuar prestando sus servicios en esa actividad, por no ser legalmente posible al estar inhabilitado por órdenes de la ley. Sostiene que no hay un desacierto evidente de hecho, que permitan concluir algo diferente a lo que la prueba acredita, así sus conjeturas sean razonables. Respecto del tercer cargo dice que, ninguna de las pretensiones de la demanda tiene su fuente en el derecho del

funcionario a ser reubicado en su cargo, puesto que lo que se buscó fue su reintegro al cargo de piloto de A 330 o a uno de igual o superior categoría, pero con apoyo en varios hechos, ninguno de los cuales hace referencia a su instalación en otro puesto. Expone que las normas que se consideran infringidas no son aplicable