CSJ - SL1765-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1765-2023 Radicación n.° 94412 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ECOPETROL S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que HENRY ÁLVAREZ YEPES le instauró.

I. ANTECEDENTES Henry Álvarez Yepes demandó a Ecopetrol S. A. para que se declarara que existió una relación laboral desde el 20 de abril de 1987 hasta el 25 de julio de la misma anualidad y que sufrió un accidente de trabajo en su servicio, el 15 de mayo de aquel año dejando como secuelas «paraplejia flácida

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Radicación n.° 94412 con una disminución de la pérdida de capacidad laboral del 80 %». En consecuencia, se le condenara a reconocer y pagar la pensión de invalidez, «restablecer y salvaguardar la continuidad del servicio de salud»; el retroactivo, la indexación, la actualización y lo ultra y extra petita. En respaldo de sus aspiraciones, narró que: i) laboró para Ecopetrol S. A. desde el 20 de abril de 1987, con un salario promedio de $142.552,83, desempeñando el cargo de

ayudante de pailería; ii) el 14 de mayo siguiente, sufrió un siniestro cuando: Se encontraba laborando en la planta de cracking de balance en el turno de 10:00 pm a 6:00 am, bajo órdenes del supervisor de pailería el señor Luis Castillo y con permiso de operaciones de planta realizando la operación de meter el haz de tubos del E2763 sobre la segunda plataforma. Aproximadamente a la 1:30 pm, el vehículo de placas IN-4729 y con número interno 1302 de propiedad de Ecopetrol y conducido por el señor Álvaro Pineda arrastró el cable de whinche, que estaba destensionado, unido a la grúa 9522, dicho cable fue tensionado arrojando a los operarios al piso sobre el haz de tubos, recibiendo […] politraumatismos.

Expuso que: iii) el departamento de salud de la accionada le diagnosticó una «paraplejia flácida con una disminución de capacidad laboral del 80 %. PCL Fractura de la médula espinal». Por manera, quedó imposibilitado y en silla de ruedas, sin poder mover sus piernas y laborar; iv) el 25 de julio de 1987, el nominador dio por terminado el contrato de trabajo, manifestando que se le seguiría prestando el servicio médico y asistencial a los que tenía derecho, no obstante, ello nunca sucedió.

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Radicación n.° 94412 Expuso que v) recibió de su ex empleadora $2.565.950,94, conforme lo establecido en el artículo 209 del CST, equivalente a 18 meses de trabajo; vi) al momento de la presentación de la demanda se encontraba «postrado en una

silla de ruedas, y en cama, sin poder desarrollar ninguna actividad. Para cubrir sus movimientos básicos, requiere de la ayuda de otra persona […] su esposa, quien también [era] discapacitada e inválida, quien [estaba] bastante enferma»; vii) radicó reclamación administrativa ante Ecopetrol S. A. el 10 de junio de 2015, petitoria que fue insistida el 27 de julio de ese año; viii) el 6 de agosto de 2015, le comunicó que no existía la información para dar respuesta a su pedimento y por lo tanto, no era viable (f.° 2 a 23, cuaderno de primera instancia, expediente digital). Ecopetrol S. A. se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos, admitió parcialmente la relación laboral, pues aclaró que la primera vinculación inició el 3 de enero de 1983 y en lo sucesivo, se celebraron diferentes contratos de trabajo a término fijo, el accidente, el reconocimiento de la indemnización y lo alusivo al agotamiento de la vía gubernativa. Por los demás, adujo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y la que se encontrara probada dentro del trámite judicial (f.° 118 a 129, cuaderno de primera instancia, expediente digital).

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Radicación n.° 94412

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Transitorio Laboral del Circuito de Barrancabermeja, por fallo del 19 de noviembre de 2019 (f.°

259, ibidem), negó las súplicas de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante providencia del 10 de diciembre de 2021 (f.° 25 a 63, sentencia de segundo grado, cuaderno de segunda instancia, expediente digital de la Corte), resolvió: PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Transitorio Laboral del Circuito de Barrancabermeja, en el proceso ordinario impetrado por HENRY ÁLVAREZ YÉPES en contra de ECOPETROL S. A. En su lugar, se dispone: PRIMERO. DECLARAR que el señor Henry Álvarez Yepes tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por parte de Ecopetrol S. A., con ocasión del accidente de origen laboral acaecido el 14 de mayo de 1987.

SEGUNDO. DECLARAR PARCIALMENTE PRÓSPERA y FUNDADA la enervante de PRESCRIPCIÓN.

TERCERO. CONDENAR a ECOPETROL S. A. a reconocer y pagar a HENRY LÁVAREZ YEPES la PENSIÓN DE INVALIDEZ, en suma mensual de $1.170.656 para el año 2021, en cantidad de 14 mesadas mensuales anualidades, sin perjuicio de los ajustes anuales que por disposición legal corresponden y mientras subsistan las causas que le dieron lugar. CUARTO. CONDENAR a ECOLPETROL S. A. a reconocer y

pagar a HENRY ÁLVAREZ YEPES la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCOCIENTOS TRENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($133.838.669) por concepto de retroactivo pensional liquidado desde el 01 de junio de 2012 hasta el 30 de

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Radicación n.° 94412 noviembre de 2021, el cual deberá ser indexado, desde la causación de cada mesada y hasta la fecha efectiva de su pago. CUARTO.(SIC) AUTORIZAR a ECOPETROL S. A. a deducir del valor del retroactivo mencionado, la suma de $2.565.950 por concepto de indemnización, suma esta que deberá ser indexada desde la fecha en que ocurrió su pago al trabajador, hasta aquella en que ocurra el pago del retroactivo en cuya transacción se realice el descuento. QUINTO. CONDENAR a ECOPETROL S. A. a suministrar al señor HENRY ÁLVAREZ YEPES, de manera vitalicia, los servicios médico-asistenciales respecto de todo padecimiento, únicamente si este es directa o indirectamente derivado del accidente de trabajo acaecido el día 14 de mayo de 1987. SEXTO. DECLARAR NO PROBADAS las demás excepciones propuestas por la demandada. SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a ECOPETROL S. A. y a favor de HENRY ÁLVAREZ YEPES. FIJAR la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS (1.200.000)

por concepto de agencias en derecho de segunda instancia. TERCERO. En firme esta providencia, regrese la actuación al juzgado de origen para lo pertinente (negrillas del original). En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró, como problema jurídico determinar si el a quo había incurrido en el error jurídico que se le había endilgado, consistente en inaplicar a la resolución del conflicto, tanto el precedente vertido en la sentencia CSJ SL5011-2016, reiterada en la CSJ SL1418-2018 y CSJ SL3611-2019, y los principios constitucionales que gobernaban la seguridad social. Como supuestos fácticos ajenos al debate probatorio, enlistó:

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Radicación n.° 94412 i) que el señor Henry Álvarez Yepes, prestó sus servicios personales y subordinados en favor de Ecopetrol S. A. durante un periodo total, aunque discontinuo, de un (1) año, siete (7) meses y veinticuatro (24) días. ii) el 14 de mayo de 1987 […] sufrió un accidente de origen laboral, mientras se encontraba al servicio de Ecopetrol S. A. iii) El aludido accidente, le produjo […] una PCL de capacidad laboral calificada en 80 %. iv) Ecopetrol S. A. suscribió una CCT que se mantuvo vigente entre 1987 de 1989. v) Ecopetrol S. A. pagó […] una indemnización en suma de $2.565.950 equivalente a 18 meses de sus salarios, con ocasión del accidente de trabajo, en aplicación del artículo 112 de la CCT,

vigente entre 1987 y 1989. vi) Ecopetrol S. A. pagó al demandante la suma de $66.098.220 en cumplimiento de la condena que le fue impuesta, a título de indemnización plena y ordinaria de perjuicios. vii) […] no se le reconoció pensión de invalidez. viii) El contrato de trabajo de los extremos en la litis, terminó el 14 de mayo de 1987; ix) el 10 de junio de 2015 […] elevó reclamación ante Ecopetrol

S. A. solicitando el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, petición que fue resuelta desfavorablemente.

Realizó precisiones respecto de la finalidad de la pensión de invalidez, las normas que deben gobernar la prestación teniendo en cuenta la fecha de su estructuración; el principio de la condición más beneficiosa que subsana los vacíos normativos de cara al tránsito legislativo, mediante la «ultraactividad restringida» y de la retroactividad. Precisó que las normas referidas -Decreto 1294 de 1995, la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012estaban en vigor para cuando se consolidó la situación jurídica del actor, por lo que no era posible aplicar la favorabilidad.

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Radicación n.° 94412 Realizó recuento normativo en punto a las enfermedades y accidente de trabajo en sus consecuencias a partir de la Ley 57 de 1915, el Decreto 2350 de 1944, la Ley 90 de 1946, los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951,

y el Código Sustantivo del Trabajo. Aclaró que Ecopetrol S. A., además de estar sometida por expresa disposición legal al derecho privado, siempre gozó de un régimen especial que regulaba sus prestaciones de salud, pensión y riesgos establecidas en las múltiples convenciones suscritas y lo consignado en el Acuerdo de la Junta Directa 001 de 1977, aplicable para los no beneficiarios de las CCT, «incluso a la fecha, por lo menos en lo que toca a los subsistemas de salud y riesgos laborales, pues el Acto Legislativo 01 de 2005 solo exterminó los regímenes exceptuados en lo atinente al subsistema pensional y eso a partir del año 2010». Expuso que el Decreto 3170 de 1964, que aprobó el Acuerdo 155 de 1963, estableció la pensión de invalidez y la de sobrevivientes, en caso de muerte por riesgo de labores, dirigido a los trabajadores del sector privado. Para reglamentar lo habilitado con la Ley 100 de 1993, con el Decreto 1295 de 1994, se determinó la organización y administración del sistema de riesgos laborales. En ese orden, por ser normas posteriores a la consolidación de la situación fáctica del actor, no le resultaban a él aplicables, dada la irretroactividad de la ley.

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Radicación n.° 94412 Explicó que si bien la legislación marco del sistema de seguridad social, derogó las prerrogativas anteriores, no sucedió así frente a Ecopetrol S. A. precisamente porque, la

Ley 100 de 1993 nunca ingresó a su universo jurídico. En esa medida, la derogatoria allí prevista, no produjo efectos en su contra. Aceptar lo contrario, era como aseverar que Ecopetrol S. A. quedó desprovisto de toda regulación de orden legal y únicamente a merced de sus disposiciones extralegales. Recabó que esa «ultraactividad selectiva, por llamar de alguna forma al fenómeno conforme al cual, pese a la derogatoria que sobre ellas recayó en virtud de la entrada en vigencia del sistema general, las normas derogadas continuaron produciendo sus efectos para algunos sectores exceptuados como Ecopetrol S. A.». En efecto, dicha figura fue ratificada en el Decreto 807 de 1994, pues allí se reiteró que la hidrocarburífera, permanecía regida por el mismo conglomerado de normas vigentes previas a la Ley 100 de 1993 y siempre le gobernaron, entre ellas, las contenidas en el CST, como el artículo 204 de dicho compendio normativo. Concluyó que, las disposiciones llamadas a gobernar las prestaciones derivadas del accidente laboral de trabajadores de Ecopetrol S. A. entre ellos el actor, eran la CCT, el Acuerdo de la Junta Directiva 001 de 1977 – dependiendo del caso o en ausencia de regulación especial, el Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 94412 En este punto, explicó que el siniestro del llamante a juicio ocurrió el 14 de mayo de 1987, cuya estructuración se certificó el 15 de ese mismo mes y año (f.° 16, cuaderno de

primera instancia, expediente digital) y aquel, además, no pertenecía al orden directivo de la sociedad. Por lo tanto, la legislación que regía las prestaciones de allí derivadas, eran las contenidas en la CCT que se encontraba en vigor entre 1987 y 1989, más concretamente el apartado 112 de aquel acuerdo, que citó así: Artículo 112. Los trabajadores de la Empresa que hayan laborado para esta en forma continua o discontinua durante (10) años o más y padezcan de una incapacidad permanente total, o de gran invalidez, sea cual fuere el origen de dicha incapacidad, tendrán derecho a disfrutar de una pensión mensual vitalicia de jubilación en los términos de que habla el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y proporcional al tiempo servido, sin consideración a la edad. Parágrafo 1° Igualmente, cuando un trabajador fallezca al servicio de la Empresa habiendo laborado para ésta durante diez (10) años o más y menos de veinte (20) se le reconocerá una pensión especial vitalicia de jubilación, proporcional al tiempo laborado a su cónyuge sobreviviente o compañera permanente y a sus hijos legamente reconocidos debidamente inscritos como familiar, que sean menores de diez y ocho (18) años y mayores de edad pero incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez. Parágrafo 2° Cuando un trabajador con una antigüedad de cinco (5) y diez (10) años de servicio, fallezca en accidente de trabajo, sus familiares recibirán el equivalente a seis (6) meses de salario

adicional a los seguros ya existentes. De allí, que no erró el juzgador de primer orden, al estimar incumplidos los requisitos exigidos por el reglamento extralegal, para reconocer la pensión de invalidez peticionada, pues, era claro que el convocante a juicio «no reunió más que un año (01), siete (07) meses y veinticuatro (24)

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Radicación n.° 94412 días de servicios discontinuos, insuficientes de cara a los diez (10) años exigidos por el acuerdo colectivo». Aseveró que, a pesar de lo previo, allí no podía agotarse el debate, en tanto que el actor, lo que solicitaba precisamente ante la certeza que le asistía de no haber alcanzado las prerrogativas del régimen convencional, era la aplicación de una u otra forma, de la pensión de invalidez del sistema general. Sobre el particular, evocó que no eran viables los argumentos relativos a la aplicación del Decreto 1294 de 1995 y las leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012, ante la inviabilidad de la retroactividad que ello comportaba. Pero que además, tampoco lo auxiliaban los principios derivados de la situación más favorable, desprendidos del apartado 53 de la Constitución Política. Empero, reveló que en su discurso argumentativo, el actor también exigió la aplicabilidad del criterio vertical traído en la sentencia CSJ SL5011-2016, que el fallador de la instancia desestimó de tajo cuando encontró que los contornos fácticos de una y otra cusa, no eran del todo

idénticos, pues allí el accionante había padecido accidente ya en vigencia de la Ley 100 de 1993, mientras que acá ocurrió con antelación a su expedición. Explicó que, omitió que no dependía únicamente de marcos idénticos -lo que sería un precedente-, sino también cuando el pronunciamiento se refiriera a una controversia anterior, que pueda tener o no similitudes desde lo fáctico, pero en algunos puntos de

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Radicación n.° 94412 derecho, incluso podría servirle de guía al juez (lo que la convertía en un antecedente). Trajo a colación lo dicho por esa Corte en ese pronunciamiento, en el cual se explicó que la CCT de Ecopetrol S. A. no contenía una pensión de invalidez para quienes le hubieran entregado menos de cinco años de su fuerza laboral. Pero que, tal circunstancia era inequitativa de cara a los afiliados al sistema general, quienes sí gozaban de aquella. Agregó que: Un tanto similar ocurr[ió) en el asunto bajo examen, pero aún con mayor severidad, dado que, en el marco temporal comprendido entre 1987 y 1989, la CCT, a que estaban acogidos los trabajadores de Ecopetrol S. A., no disponía tampoco de una pensión de invalidez para los colaboradores que tuvieran menos de diez (10) años a su servicio. También podría decirse, como fue la óptica de la Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL3611 de 2019 frente a la misma CCT, examinada en sentencia CSJ

SL5911 de 016, que sí la contemplaba, pero exigiendo requisitos más severos que los requeridos para el sistema general. Ante el vacío de la norma convencional respecto a la prestación de invalidez para quienes tuvieran menos de 10 años de labores, lo viable, consideró era acudir al CST, pues, se trataba del régimen genérico aplicable a los trabajadores de Ecopetrol S. A. Memoró que allí, no se creó esa prerrogativa para trabajadores del sector privado. Aunque, de ella sí gozaban los que laboran afiliados al ISS, pues así lo disponía el apartado 21 del Decreto 3170 de 1964, que rezaba: Artículo 21. El incapacitado permanente parcial tendrá derecho a una pensión proporcional a la que le hubiere correspondido en

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Radicación n.° 94412 caso de incapacidad permanente total y de acuerdo con el porcentaje de la valuación de la incapacidad. Incapacitado permanente total tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 60 % del salario mensual de base. El incapacitado permanente absoluto tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mensual de base. El gran inválido tendrá derecho a una pensión equivalente al 58 % del salario mensual de base. En ningún caso, las pensiones por incapacidad permanente total, absoluta, o gran invalidez, podrán ser inferiores a la que habría correspondido al asegurado en el Seguro de Invalidez no profesional. En caso de serlo, se elevará la pensión hasta el valor

que le habría correspondido en el mencionado seguro. Así pues, advirtió que durante la vigencia del Decreto 3170 de 1964, coexistieron dos normas de orden legal que regulaban la misma situación fáctica: las prestaciones derivadas del accidente laboral de los trabajadores del sector privado. El artículo 204 del CST, que prescindía por completo de toda pensión de invalidez en favor de quienes ejercían labores en el privado no afiliados al ISS, dejándolos con nada más que el pago de una indemnización y el Decreto 3170 de 1964, que le brindaba esa precisa prerrogativa, a esos mismos subordinados del mismo sector, pero que estaban atados al ISS. Razonó que, en el interregno de 1987 a 1989, para quienes hacían parte del régimen exceptuado de Ecopetrol S. A., la pensión de invalidez, solo estaba prevista a favor de quienes lograran 10 años o más de servicios continuos o discontinuos.

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Radicación n.° 94412 Mencionó, que el ordenamiento jurídico colombiano no proscribía del todo la posibilidad de que se hicieran diferenciaciones entre los habitantes del territorio. Pero, esa eventualidad se hallaba circunscrita a una diferencia objetiva que tornara válido el trato distintivo, pues de lo contrario, se transgredía el derecho a la igualdad dentro del cual venía envuelto el de no discriminación, cuales además hacían parte de los derechos fundamentales de la Constitución Política y en tal medida, eran irrenunciables. Puso de presente que, pese a que la CCT de 1987-1989 pudo haberse ceñido a las reglas propias de su emisión, la

bilateralidad del acuerdo conforme a la negociación colectiva, lo cierto era que de su contenido se desprendía un trato diferenciado de su clase trabajadora, respecto de aquellos nominados también regidos por las normas del derecho privado, afiliados al ISS, lo que resultaba verdaderamente arbitrario, pues no se fundaba sobre ninguna base objetiva o relevante, siendo lo propio entonces, que uno y otro gozaren de las mismas prerrogativas, so pena de incurrir en discriminación, conclusión misma a la que arribó esta Corte en el ya citado proveído CSJ SL5011-2016 (reiterada en la CSJ SJ1418-2018) y también la CSJ SL3611-2019. Estimó, que aquellas la ratio decidendi eran aplicables al sub judice. Así y dado que la PCL del Henry Álvarez Yepes, fue calificada en un 80 %, al tenor de lo dispuesto en los artículos 16, literal e) del 20 y 21 del Decreto 9170 de 1964, debía ser considerado, según los términos de la clasificación allí señalada «incapacitado permanente absoluto». Esto,

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Radicación n.° 94412 porque i) fue diagnosticado con paraplejia flácida, lo que implicaba la parálisis total de la parte inferior del cuerpo con pérdida de la tonicidad muscular; ii) el artículo 16 del Decreto 3170 de 1964, dispuso que en situación de gran invalidez, se hallaban las personas a quienes en su escenario les impidiera «toda clase de trabajo remunerado» y si bien ello no era una consecuencia automática para la paraplejia, el

apartado 20 ibidem disipaba cualquier duda al señalar en su ordinal 5° que correspondía a una alteración orgánica que determinaba incapacidad absoluta la «alteración funcional que produzca: hemipléjia, parapléjia, cuadripléjia o ataxia locomotriz»; iii) se afirmó la dependencia del demandante respecto de otra persona, para ser considerado en estado de «gran inválido», no siendo ello tampoco un hecho notorio como podía ocurrir, por ejemplo, con la cuadriplejia, caracterizada por paralizar tronco, zona pélvica y todas las extremidades. Y en ese contexto, le generaba una pensión equivalente al 70 % del salario mensual base, obtenido de multiplicar por 4.33 el promedio de lo cotizado en las últimas 75 semanas, siempre que estuvieran comprendidas dentro de los últimos tres años o de no alcanzar las 75, sobre el total de semanas de cotización, conforme el canon 22 ejusdem. Declaró probada la excepción de prescripción sobre las mesadas previas al 10 de junio de 2012, ya que «si bien el actor radicó la demanda el 28 de febrero de 2018, ya había logrado interrumpir el fenómeno extintivo con la reclamación

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Radicación n.° 94412 administrativa que elevó ante Ecopetrol S. A. el 10 de junio de 2015». Subsiguientemente, procedió a reconocer la prestación con 14 mesadas, con la liquidación del retroactivo, que le arrojó un total de $133.838.669, pendiente de indexación, sobre el cual, dispuso que debía descontarse la suma de

$2.565.950 previamente pagada por concepto de indemnización, luego de que también se le realizara su respectiva indexación. Además, que no había razón para desconocer la obligación de suministrar el tratamiento médico de todo padecimiento derivado del accidente de trabajo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Ecopetrol S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y se le absuelva de las pretensiones de la demanda.

De manera subsidiaria, pide que se case parcialmente el proveído, a fin de que «se descuenten de ella indexados

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Radicación n.° 94412 todos los valores pagados por Ecopetrol S. A. al demandante como consecuencia de su accidente laboral». Formula un único cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica y se pasa a estudiar (f.° 1 a 9, demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO ÚNICO Denuncia violación directa por aplicación indebida de: […] los artículos 1º, 7º, 16, 20 y 21 del Decreto 3170 de 1964, 13 de la Constitución Nacional, 8° de la Ley 153 de 1887, 19, 21 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo y la infracción directa de los artículos 230 de la Constitución Nacional 1° del Decreto 2027 de 1951, 199, 204, 216 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo,

37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, 1625 del Código Civil. Recuerda que el fallador declaró que cuando el demandante se accidentó las normas aplicables al siniestro y sus consecuencias prestacionales eran las derivadas del Código Sustantivo del Trabajo y de la Convención Colectiva del Trabajo de Ecopetrol S. A. y que la empleadora las reconoció y pagó en su momento. No obstante, como aquellas disposiciones no contemplaron una prestación que pudiera ser otorgada al llamante a juicio por su invalidez, dedujo que en el año 1987 existía una discriminación injusta respecto de los trabajadores de la demandada, frente a los afiliados al ISS en cuanto a los reglamentos del Instituto, que reglamentaban esa prerrogativa. De modo que, invocando la ratio decidendi de la sentencia CSJ SL5011-2016, resolvió

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Radicación n.° 94412 otorgar, 33 años después de haber ocurrido el accidente, la pensión del ISS por cuenta de la accionada. Explica, que el mismo Tribunal expresó que no acogía las normas vigentes para la época en que el accionante trabajó para la demandada en lo que concierne a las obligaciones que surgieron a cargo como consecuencia del accidente laboral sufrido por el subordinado. Reprocha, que aunque pagó lo que disponían las normas, en sentir del ad quem no implicó cumplimiento por parte de la empresa. De otra parte, resolvió emplear reglamentos del ISS no obstante aceptar que no eran de aplicabilidad de Ecopetrol S. A, en tanto que, desde su

origen, se concibió que se utilizaría el contenido del CST y lo desarrollado en negociación colectiva. Incluso, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, la excluyó de su régimen. En ese sentido, afirma que el fallador de la alzada «abiertamente y con toda franqueza transgredió normas legales sustanciales por infracción directa y otras por aplicación indebida. Para hacerlo, se justificó en la aplicación de un antecedente jurisprudencial». Afirma que, emplear un criterio jurisprudencial de esa manera, transgrede importantes normas sustanciales. Pues, si bien el ordenamiento jurídico nacional proclama que la jurisprudencia y los principios pueden ser utilizados por el juez para resolver los casos que se le someten, tal procedimiento solo está permitido en la hipótesis de que no

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Radicación n.° 94412 exista ley aplicable. Y en el asunto objeto de litigio, estaba sin duda, un marco constitucional, legal y convencional que regulaba específicamente el siniestro laboral ocurrido, que debió ser respetado en todo su contexto. Para soportar su dicho, cita el artículo 230 de la Constitución Política de 1991; el 8º de la Ley 153 de 1887 y el 19 del CST. También menciona, que se refleja la imposibilidad de que el juzgador, omita normas con «el pretexto de que a su parecer sean injustas o insuficientes, para aplicar principios generales o jurisprudencias». Razona que el proveído CSJ SL5011-2016 no era

aplicable al caso, pues el contexto jurídico era diferente, ya que se encontraba en vigencia la Carta de 1991 y la Ley 100 de 1993. Empero, la situación bajo juicio ocurrió al amparo de la Constitución de 1886 y dentro del sistema prestación del CST, mejorado por la CCT, pues los reglamentos del ISS no eran ajustados al caso. De otra parte, acota que «otras sentencias citadas por el Tribunal provienen de las salas de descongestión que tienen prohibido hacer jurisprudencia o variarla». Dijo, que la accionada pagó al actor una compensación dineraria que equivalía o superaba los valores de una pensión. Esto, por cuanto «si el salario del demandante equivalía a $142.552,778» y la tasa de reemplazo que aplicó el Tribunal es 70 % de lo devengado, quiere decir que en términos globales la llamada a juicio «le pagó cuando menos

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Radicación n.° 94412 40 años de salario, 57 años de mensuales pensionales o 49 años de 14 mensualidades pensionales. De modo que, mal puede decirse que se haya incurrido en inequidad alguna frente al demandante» Por lo tanto, reprocha que no se hubiera ordenado la compensación sobre los $66.098.220 que el accionante recibió a título de indemnización plena y ordinaria de perjuicios. Insiste en el yerro, por cuanto la disposición 21 del CST, prohíbe la integración de disposiciones ajenas al contexto normativo aplicable a Ecopetrol S. A. por razones de favorabilidad, sin encaminar el catálogo de ventajas legales y

extralegales inherentes al contexto, fruto en gran medida de la negociación colectiva.

VII. RÉPLICA El actor, se opone a la acusación básicamente solicitando la protección de sus derechos laborales y humanos, que le asistían, como lo son el pro operario, pro homine, la condición más beneficiosa, la igualdad, no discriminación, igualdad, trabajo, seguridad social y mínimo vital. Retoma los argumentos del fallo de alzada e insiste, en que dicha decisión, debe mantenerse en firme (f.° 1 a 12, escrito de réplica, ibidem).

VIII. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 94412 La demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, con lo cual hace imposible el estudio de fondo de los cargos. Por tal razón, en varias oportunidades se ha expuesto que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que la recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar, para dirimir rectamente el

conflicto (CSJ SL14055-2016, CSJ SL10092-2017 y CSJ SL5798-2018). La Corporación recuerda lo anterior, ya que halla falencias técnicas que impiden abordar al estudio de la