CSJ - SL1766-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1766-2023 Radicación n.° 92482 Acta 26 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ANA BEATRIZ RODRÍGUEZ ARAGONEZ contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente

contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES – COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES La citada accionante convocó a juicio a Colpensiones, con el propósito que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez junto con su retroactivo, debidamente indexado desde el 1 de enero de 2001, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley

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Radicación n.° 92482 100 de 1993, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que nació el 12 de octubre 1972; que durante su vida laboral se afilió en pensiones al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, donde cotizó para los riesgos de IVM un total de 715 semanas en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1999 y el 31 de diciembre de 20l4. Explicó que dadas las secuelas dejadas por la

enfermedad poliomielitis gonartrosis bilateral y artrosis de cadera, fue sometida a proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral; que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila con dictamen n.° 7253 del 13 de diciembre de 20l6, la diagnosticó con una discapacidad equivalente del 73,39% de origen común y fecha de estructuración 1 de enero de 2001, razón por la cual el 27 de febrero de 2017 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen no profesional, a partir de su estructuración. Indicó que Colpensiones, mediante Resolución SUB 65083 del 15 de mayo de la misma anualidad, le reconoció el derecho pensional en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, por la suma inicial de $737.717, a partir del 1 de junio de 2017. Añadió que como la demandada no le sufragó su derecho pensional desde la data de estructuración de la invalidez, apeló esa decisión, pero mediante acto administrativo SUB 213612 del 30 de

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Radicación n.° 92482 septiembre de 2017, la entidad le negó el pago del retroactivo desde la fecha de configuración de la discapacidad. Explicó que cotizó a pensiones a través del régimen subsidiado donde acumuló 715 semanas; que el 1 de enero de 2005 se afilió a la EPS Comfamiliar; que mediante oficio del 15 de febrero de 2017 la citada EPS certificó que «por pertenecer al régimen subsidiado no existe el pago de

incapacidades». Reiteró que, dada su condición de discapacidad y sus escasos recursos, siempre ha estado en dicho régimen. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos: la fecha de nacimiento de la demandante; que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila con una pérdida de capacidad laboral del 73,39% de origen común, con data de estructuración 1 de enero de 2001; la solicitud pensional y el reconocimiento de la prestación desde el 1 de junio de 2017, en cuantía de un SMLMV; la formulación del recurso de apelación con el fin de que el derecho se sufragara a partir del 1 de enero de 2001 y la decisión desfavorable; que el 1 de enero de 2005 se afilió a la EPS Comfamisanar; y que la referida EPS el 15 de febrero de 2017 certificó que por pertenecer al régimen subsidiado no tiene pago de incapacidades; de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o que debían probarse. En su defensa, argumentó que no era posible reconocer y sufragar la pensión de invalidez que reclamaba la

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Radicación n.° 92482 demandante desde el año 2001, toda vez que al revisar la historia laboral se advertía que había cotizado hasta el 13 de enero de 2015, de ahí que acceder a la pretensión iría en contravía del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que indica que «la causación y disfrute de la pensiones (sic) debe reunir

los requisitos de ley y adicionalmente será necesario la desafiliación al sistema para que se pueda entrar a disfrutar de la misma». Formuló las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, no hay lugar al cobro de intereses moratorios ni indexación, prescripción y declaratoria de otras excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva – Huila, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 22 de mayo de 2018, resolvió:

1. DECLARAR INFUNDADAS las excepciones propuestas por la parte demandada, salvo la de NO HAY LUGAR A INDEXACIÓN, la cual resulta fundada.

2. CONDENAR a COLPENSIONES, a pagarle a la demandante, la suma de $111.888.889, por concepto del retroactivo de mesadas pensionales adeudadas, desde 01 de enero de 2001, fecha de estructuración, hasta el 30 de junio de 2017, en cuantía del SMLMV como le fue reconocida, y en 14 mesadas porque los requisitos fueron antes del 31 julio de 2011, según parágrafo transitorio 6 de AL 1 de 2005., previo descuento del 12% para la ADRES, sobre las mesadas adeudadas conforme a la parte motiva de esta sentencia.

3. CONDENAR a COLPENSIONES, a pagarle al (sic) demandante intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas adeudadas, desde el 27 de junio de 2017, de acuerdo con lo explicado en esta sentencia.

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4. CONDENAR en costas a la demandada en favor del (sic) actor (sic).

5. CONSULTAR la presente sentencia por haber resultado vencida COLPENSIONES.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Huila, al decidir el recurso de apelación formulado por la demandada y conocer en grado jurisdiccional de consulta a su favor, con sentencia proferida el 3 de febrero de 2021, resolvió: PRIMERO.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO del fallo apelado en el sentido de CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES a pagar a la señora ANA BEATRIZ RODRÍGUEZ ARAGONEZ la suma de veinticinco millones novecientos cincuenta y seis mil cincuenta pesos ($25.956.050) por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez causado desde el 01 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2017, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y en 13 mesadas anuales, previo descuento del 12% para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, conforme a lo motivado.

SEGUNDO. - CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primer grado, por las razones expuestas en esta instancia. TERCERO. - Sin condena en costas de la segunda instancia. (Negrilla propia del texto original). La colegiatura puntualizó que conforme al recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, el problema jurídico que debía resolver

consistía en establecer si acertó el juez de primera instancia al reconocer el goce efectivo de la pensión de invalidez de la

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Radicación n.° 92482 actora desde el 1 de enero de 2001, fecha de estructuración de la discapacidad. Especificó que no existía discusión respecto del estado de invalidez de Ana Beatriz Rodríguez Aragonez, toda vez que según el dictamen 7253 del 13 de diciembre de 2016 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila (f.° 14-16) tenía una pérdida de la capacidad laboral de 73,39%. Seguidamente, la colegiatura citó un pasaje de la sentencia CSJ SL, 28 ag. 2012 rad.41822 y el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, para decir que de allí se desprendía que, por regla general, la pensión de invalidez se causaba desde la data de estructuración de la misma; que no obstante, como toda regla tenía su excepción, en este caso la constituían las enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, respecto de las cuales, por su evolución particular, se ha considerado jurisprudencialmente que no siempre la data de estructuración coincide con la del pago de la prestación. Aseveró que lo anterior, por cuanto era frecuente que esa clase de afectaciones a la salud permitían a quienes las padecen conservar una capacidad laboral residual, en virtud de la cual podían continuar trabajando y/o haciendo aportes al Sistema pensional hasta una fecha posterior a la estructuración, que es cuando realmente perdían toda «capacidad laboral», calenda que podría ser la de petición de

reconocimiento de la prestación, la de emisión del dictamen

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Radicación n.° 92482 de PCL o la del último aporte al sistema, según el caso en particular. Enseguida, trajo a colación la sentencia CSJ SL32752019 y argumentó que en los eventos en los que la invalidez provenía de afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo era necesario establecer el momento real desde el cual el padecimiento se manifestó, de tal forma que le impidió al afiliado continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico, el cual podía coincidir con los tres momentos ya referenciados. Explicó que en el sub judice, conforme al dictamen pericial (f.°14 a 17), la demandante padecía de «secuelas de poliomielitis, gonartrosis bilateral y artrosis de cadera», patologías que le significaban deficiencias en la locomoción por afectarle las extremidades inferiores, pues según el diccionario médico, la poliomielitis es una enfermedad infecciosa de origen vírico que es producida por un enterovirus conocido como poliovirus; la gonartrosis se define como «enfermedad degenerativa que se localiza en la articulación de la rodilla» y la artrosis como la degeneración del cartílago de una articulación. Anotó que de lo anterior era evidente que la convocante al juicio padecía de enfermedades de deterioro progresivo que han afectado su salud de forma paulatina, lo que hacía necesario un análisis minucioso sobre el momento en el cual

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Radicación n.° 92482 estos padecimientos le impidieron, en forma determinante, realizar actividades laborales. Dijo que de la escasa historia clínica que se allegó se podía constatar que para el mes de noviembre del año 2000 la accionante ya presentaba secuelas de polio y dificultad para la deambulación y la alimentación, ordenándosele en el año 2001 sesiones de fisioterapia por presentar neuropatía periférica (f.°51-56); que del recaudo probatorio también se desprendía que la demandante fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila el 13 de diciembre de 2016 (f.° 14 a 17), mediante el dictamen n.° 7253, con una PCL del 73,39% con fecha de estructuración 1 de enero de 2001. Refirió que los especialistas en el dictamen establecieron que la señora Ana Beatriz Rodríguez Aragonez no dependía de terceras personas para realizar sus actividades diarias, ni para tomar decisiones; que tampoco requería de dispositivos de apoyo; que con fundamento en dicha calificación el 27 de febrero de 2017 (f.°4 a 9) la promotora del juicio solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual le fue sufragada por la demandada a partir del 1 de junio de 2017, es decir, «a la fecha de corte de nómina». Arguyó que de la certificación emitida por la EPS Comfamiliar (f.°38) se advertía que la convocante al juicio estuvo afiliada a esa entidad a través del régimen subsidiado

en salud desde el 1 de enero de 2005, como madre cabeza de

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Radicación n.° 92482 familia; que igualmente el documento denominado «afiliaciones de una persona en el sistema» (f.° 39 a 41) la registraba como afiliada al referido sistema a través de dicha EPS desde el mes de mayo de 2008 y que hizo cotizaciones mediante el programa «Adulto Mayor Fondo de Solidaridad Pensional» a partir julio de 1999 hasta mayo de 2014, lo cual coincidía con la historia laboral emitida por Colpensiones (f.° 57 a 62), donde constaba que la actora «realizó aportes pensionales en régimen subsidiado desde el ciclo 1999-08 hasta el ciclo 2014-05, con algunos breves periodos de intermitencia, para un total de 715,86 semanas cotizadas». Argumentó que analizando de manera conjunta y armónica el haz probatorio era dable inferir que, aunque la estructuración de la invalidez se remontaba al mes de enero de 2001, en dicha data no fue cuando la afiliada perdió de manera decisiva su capacidad residual para procurarse los recursos necesarios para su subsistencia, pues después de esa calenda pagó la gran mayoría de los aportes a pensión, ya que desde su vinculación al sistema pensional subsidiado en mayo de 1999 hasta el mes de diciembre de 2000 cotizó 63,86 semanas, sufragando las restantes 652 a partir del ciclo de enero de 2001, es decir, cuando ya estaba estructurada la invalidez. Indicó que dicha situación demostraba que después de

la estructuración de la discapacidad en un porcentaje superior al 50%, como consecuencia de la poliomielitis y las enfermedades degenerativas que padece, la actora conservó alguna capacidad residual de trabajo que le permitió hacer

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Radicación n.° 92482 aportes pensionales hasta el año 2014, ya que sus padecimientos no llegaron al extremo de hacerla dependiente de terceros para realizar sus actividades cotidianas, ni para tomar sus decisiones y tampoco la obligaron a utilizar dispositivos de apoyo, pese a las deficiencias que le originaron en la movilidad de sus extremidades inferiores. Recordó que la jurisprudencia ha reiterado que las patologías de progresión lenta y crónicas no crean una limitación inmediata en quien las padece, sino que ello se desarrolla en un lapso prolongado, lo que permite que la PCL mengüe paulatinamente y así la persona podía ejercer una actividad productiva por un periodo posterior a la estructuración de la invalidez. Así, el Tribunal con fundamento en los precedentes de esta corporación y de la Corte Constitucional, consideró «razonable ubicar la fecha de la última cotización al sistema pensional como la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión de invalidez» de la accionante, es decir, desde junio de 2014. Añadió que la actora hizo aportes pensionales subsidiados por más de 14 años, siendo su última cotización en el mes de mayo de igual año, lo que indicaba que desde esa calenda la afiliada ya no tuvo ninguna posibilidad de procurar ingresos para sufragar los aportes al sistema

pensional, ni siquiera ayudada de un subsidio, impedimento que, de manera razonable, a juicio del ad quem, se podía atribuir a sus afectaciones de salud.

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Radicación n.° 92482 Finalizó diciendo que la entidad demandada debió otorgar el goce del derecho a la pensión de invalidez, una vez finalizados los aportes pensionales. Por lo expuesto, modificó el fallo de primer grado, conforme a lo reseñado en el resuelve.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case parcialmente la sentencia fustigada, en cuanto ordenó el «pago del retroactivo de la pensión de invalidez desde el 01 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2017, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y en 13 mesadas anuales, previo descuento del 12% para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES» y, en su lugar, confirme el numeral segundo de la sentencia proferida en primera instancia y decida en costas lo pertinente.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

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VI. CARGO ÚNICO Se formula de la siguiente manera: «Se acusa la interpretación errónea del artículo 40 y 17 de la Ley 100 de

1993, en relación con el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014 y artículo 39 de la Ley 100 de 1993». Señala que no discute los siguientes supuestos fácticos: i) que la señora Ana Beatriz Rodríguez Aragonez nació el 12 de octubre de 1972; ii) que durante su vida laboral fue afiliada al ISS, hoy Colpensiones, donde cotizó para los riesgos de IVM un total de 715 semanas; iii) que ella padece secuelas por las enfermedades de poliomielitis, gonartrosis bilateral y artrosis de cadera; iv) que el dictamen n.° 7253 del 13 de diciembre de 2016, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, determinó que la actora presenta una PCL del 73,39% con fecha de estructuración 1 de enero de 2001; v) que el 27 de febrero de 2017 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue otorgada a través de la Resolución SUB 65083 del 15 de mayo de igual año, en cuantía de un SMLMV, efectiva desde el 1 de junio de la anualidad en cita; vi) que esa decisión se recurrió en apelación y fue resuelta desfavorablemente con acto administrativo SUB 213612 de la misma anualidad; vii) que la accionante siempre hizo aportes a pensiones a través del régimen subsidiado y se afilió a la EPS Comfamiliar, en el mismo sistema, el 1 de enero de 2005; viii) que la referida EPS el 15 de febrero de 2017 certificó que la demandante por hacer parte de ese

sistema no tenía pago de incapacidades; y ix) que la

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Radicación n.° 92482 accionante ha permanecido con esa afiliación por su situación de discapacidad y de escasos recursos, ya que es nivel I del Sisbén. En la sustentación, luego de aludir a algunas consideraciones del juez de apelaciones, indica que el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 es diáfano al establecer que la pensión de invalidez debe pagarse en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca el estado de discapacidad, por ende, aunque la convocante al litigio realizó aportes al sistema pensional durante más de 14 años, con posterioridad a la data de estructuración de la invalidez, ello no es óbice para el reconocimiento del retroactivo desde que se estructuró ese estado, como lo prevé la aludida normativa. Indica que el ad quem desconoce que la regla general para el reconocimiento de la pensión de invalidez, además de una pérdida de capacidad laboral de por lo menos el 50%, consiste en acreditar una densidad de semanas determinadas en un lapso de tiempo específico, acorde con la disposición llamada a aplicar, las que se contabilizan hasta cuando la discapacidad se estructure; y que excepcionalmente, cuando se trata de enfermedades congénitas, degenerativas y crónicas, debe darse un tratamiento diferente, posibilitando tener en cuenta aquellos ciclos sufragados con posterioridad a la data de estructuración, para ordenar así el reconocimiento de la prestación, pero que esa interpretación no es aplicable al asunto bajo estudio, porque aquí no se discutía la

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Radicación n.° 92482 acreditación del derecho por parte de la actora para el 1 de enero de 2001. Explica que el estado de invalidez, cuya fecha de estructuración se fijaba conforme lo indicado en el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014, no puede verse disminuido o extinguido por el hecho de que el afiliado hubiese percibido pagos y realizado aportes posteriores al sistema, pues esta situación no desvirtúa el objeto principal del derecho pensional y que fue precisamente en este punto que el sentenciador de segunda instancia le dio una hermenéutica diferente «a la norma que regula cómo se fija la fecha de estructuración, pues es claro que esta se fija conforme a criterio médicos científicos y evolución de la enfermedad». Por último, aduce que entender que es posible modificar la data de estructuración por el solo hecho de seguir laborando o realizando aportes al Sistema de Seguridad Social, y de esta forma ordenar el pago de la prestación desde una calenda diferente a la establecida por los entes calificadores, «no se acompasa con lo establecido en el artículo 1507 de 2014 y las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, que ordenan el reconocimiento de la prestación desde el momento de estructuración de la invalidez».

VII. LA RÉPLICA La opositora Colpensiones aduce que, contrario a lo pretendido por la recurrente, que no es otra cosa que se le cancele el retroactivo pensional a la accionante desde el 1 de

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Radicación n.° 92482 enero de 2001, fecha en que se estructuró su estado de

invalidez, la jurisprudencia tiene reiterado que la prestación se reconoce desde la calenda en que se efectuó la última cotización y contabilizando todos los aportes efectuados por el afiliado, pese a que se haya causado desde la estructuración, siempre que se acredite que se trata de enfermedades calificadas como congénitas, crónicas o degenerativas, que le permiten a la persona laborar y efectuar cotizaciones posteriores a partir de su capacidad laboral residual. Asevera que una interpretación contraria desconocería que las personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas, por razón de su condición, no tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana, ni tampoco la de buscar que el sistema de seguridad social cubra la contingencia de la invalidez cuando sus fuerzas laborales aun lo permiten.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa seleccionada para orientar el ataque, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que Ana Beatriz Rodríguez Aragonez nació el 12 de octubre 1972 y padece «secuelas de poliomielitis, gonartrosis bilateral y artrosis de cadera»; ii) que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila le dictaminó una PCL del 73,39% con fecha de estructuración 1 de enero de 2001; iii) que hizo cotizaciones

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Radicación n.° 92482 pensionales al régimen subsidiado mediante el programa «Adulto Mayor Fondo de Solidaridad Pensional» de manera

interrumpida desde julio de 1999 hasta mayo de 2014, cotizando un total de 715,86 semanas, de las cuales 63,86 se aportaron hasta diciembre de 2000 y las restantes 652 lo fueron a partir del mes de enero de 2001, es decir, cuando ya estaba estructurada la invalidez; y iv) que Colpensiones mediante Resolución SUB-65083 de 2017 le reconoció y pagó a la accionante la pensión de invalidez a partir del 1 de enero de 2017, en cuantía de un SMLMV. Se puntualiza además que el único tema que genera controversia en casación es la data a partir de la cual se debe sufragar el retroactivo pensional de la demandante, en la medida que, como se reseñó, no se discute que Colpensiones le reconoció y pagó la pensión de invalidez desde el 1 de enero de 2017. En el sub judice, a la Corte le corresponde elucidar si el juez de segunda instancia se equivocó jurídicamente al considerar que, como la capacidad residual de la demandante le permitió cotizar hasta enero de 2014, esa era la calenda a partir de la cual se debía sufragar el retroactivo pensional, pese a que la invalidez se estructuró el 1 de enero de 2001; pues a decir de la censura, cuando se trata de enfermedades progresivas, degenerativas y/o congénitas, las cotizaciones posteriores a la estructuración de la discapacidad únicamente se tienen en cuenta cuando el afiliado no acredita la densidad de semanas necesarias para

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Radicación n.° 92482 obtener el derecho pensional y la capacidad residual del asegurado le permite seguir cotizado. Pues bien, lo primero que debe decirse es que en el proceso de reconocimiento de una pensión de invalidez en el Sistema General de Pensiones, resulta de cardinal importancia, no solo que la persona afiliada haya sido dictaminada con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, sino también que se encuentre definida la fecha de estructuración del estado de invalidez, pues ésta, en principio, establecerá la norma aplicable al caso y fijará el parámetro para contabilizar las semanas requeridas por la ley. Al efecto, de manera reiterada y pacífica, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que, por regla general, la norma llamada a regular la pensión de invalidez es la que se encontraba vigente para el momento de la estructuración de dicho estado. En decisión CSJ SL34372019, entre otras, esta Sala precisó: Para dilucidar lo anterior, basta rememorar lo sostenido por esta Corte en el sentido de que la norma llamada a definir la pensión de invalidez es, por regla general, la que se encuentra vigente en el momento en el que se estructura el estado de invalidez. En este caso, al originarse dicho suceso el 18 de noviembre de 2011, como bien lo dedujo el juzgador de segundo grado, el precepto aplicable era el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual exige haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres 3 años inmediatamente

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. No obstante, es un hecho indiscutido que el actor no cotizó semana alguna en ese lapso, de lo que se deduce que no tiene derecho a la pensión deprecada, bajo esa preceptiva, como tampoco a la aplicación de su parágrafo 2.°. (Subraya la Sala).

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Radicación n.° 92482 Igualmente, conforme a la ley y la jurisprudencia, no cabe duda de que los aportes que se deben contabilizar, a efectos de consolidar el derecho pensional son, en principio, los pagados con antelación a la estructuración del riesgo amparado, mas no los cotizados con posterioridad. Así lo dijo la Sala, entre otras, en decisión CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 41822, al puntualizar: De igual forma, para obtener el ingreso base de liquidación de la prestación económica derivada de la invalidez del afiliado, no es procedente tener en cuenta lo cotizado con posterioridad a la fecha de la estructuración de su pérdida de capacidad laboral, sino los aportes anteriores al reconocimiento pensional, y por ende, tampoco es pertinente pretender una reliquidación de la mesada con los aportes que en mayor cuantía realizó la asegurada después de su minusvalía, por haber seguido laborando. En consecuencia, no incurrió el Tribunal en los desaciertos que le endilga el recurrente, cuando dedujo que no le asistía el derecho a la demandante a que le fuera reliquidada la pensión de invalidez que le reconoció la entidad demandada. (Subraya la Sala).

Ahora bien, existen situaciones excepcionales en las que el derecho a la pensión de invalidez no se define atendiendo la regla general de la fecha de estructuración fijada en el dictamen de calificación, sino que se deben tener en cuenta otros parámetros, como ocurre cuando el padecimiento se causa por enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas, donde la persona puede estructurar el estado de invalidez en otra fecha, por cuanto a pesar de tener una PCL igual o superior al 50%, el afiliado no pierde de manera definitiva su capacidad física laboral en aquella data, sino que sigue trabajando. Lo anterior es lo que se denomina capacidad laboral

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Radicación n.° 92482 residual, la cual, según la Corte, «consiste en la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas y, en tal medida, esa situación no puede ser desconocida» (CSJ SL3275-2019). En este punto, cabe recordar que esta corporación ha determinado que cuando se trata de enfermedades congénitas, crónicas, progresivas o degenerativas que produzcan una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, el momento desde cuándo debe contabilizarse la densidad de aportes o semanas válidas que den lugar a alcanzar el derecho a la prestación de invalidez se puede modificar, según la peculiaridades de cada caso, en el sentido de tomar para estos efectos: i) la fecha de emisión del dictamen mediante el cual se califica el estado de invalidez; ii) la data de la última cotización efectuada al sistema; o iii) la calenda de solicitud del reconocimiento pensional.

Sobre esta precisa temática, la Corte en providencia CSL SL781-2021, rad. 73774, adoctrinó: Ahora bien, respecto de las enfermedades catalogadas como crónicas, congénitas o degenerativas, la Sala a partir de la sentencia CSJ SL3275-2019, rememorada en la CSJ SL10022020, varió su línea de pensamiento en lo relativo a cuál es el momento desde cuándo debe contabilizarse la densidad de aportes o semanas válidas que den lugar a alcanzar el derecho a la prestación originada en una de estas particulares contingencias. Es así, como en la primera de las providencias antes citadas, reiterada en la CSJ SL4567-2019, se sostuvo que de acuerdo a las peculiaridades que en cada caso se evidenciaran, era dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructuraba la invalidez (regla general), sino también «(i) la calificación de dicho

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Radicación n.° 92482 estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando», para lo cual se sostuvo como fundamentos, entre otros los siguientes: […] en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, se profirió la Ley 100 de 1993, que reglamentó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sus fundamentos, organización y funcionamiento desde la perspectiva de una cobertura universal, es decir, comprende las obligaciones del Estado y de la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las contingencias derivadas de la vejez, la salud, la

invalidez y la muerte, que pueden afectar la calidad de vida de una persona acorde con el principio de la dignidad humana (artículo 152 de la Ley 100 de 1993). Precisamente, en amparo del riesgo de invalidez se dispuso la creación de una pensión a favor de la persona que ha perdido su capacidad laboral, como consecuencia de una enfermedad o un accide