CSJ - SL1768-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1768-2023 Radicación n.° 95274 Acta 26 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HEBERTO TORRES, DANIR ZÚÑIGA ARBOLEDA, RAMIRO GARCÍA, HUGOBIEL RUÍZ CARDONA y los sucesores procesales de JOSÉ LUCIANO VALENCIA MEJÍA, señora SOR ÁNGEL MEJÍA MORALES y los herederos indeterminados que comparecieron a través de curador ad litem, contra la sentencia dictada el 11 de mayo de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por los recurrentes contra la sociedad INGENIO PICHICHÍ S.A. Se reconoce personería adjetiva al abogado Rigoberto Echeverri Bueno, con T.P. 36.240 del CSJ, como apoderado judicial del Ingenio Pichichí S.A., en los términos y para los efectos del poder allegado a esta Sala de la Corte.

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Radicación n.° 95274

I. ANTECEDENTES

Heberto Torres, José Luciano Valencia Mejía, Danir Zúñiga Arboleda, Ramiro García y Hugobiel Ruíz Cardona llamaron a juicio al Ingenio Pichichí S.A., a fin de que se declare la existencia de sendos contratos de trabajo a término indefinido, en razón a que fueron enviados en misión por las cooperativas

de trabajo asociado Fe y Esperanza, Progresar y Progresemos, para realizar labores de corte de caña a favor de la convocada al proceso. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condene a la accionada al pago de las cesantías y sus intereses, primas de servicios, compensación en dinero de las vacaciones, auxilio de transporte, cotizaciones al sistema integral de seguridad social, indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria, perjuicios morales, la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de esas pretensiones, en síntesis, relataron que a través de las cooperativas de trabajo asociado Fe y Esperanza, Progresar y Progresemos, prestaron sus servicios personales bajo la continua subordinación de la sociedad Ingenio Pichichí S.A., durante los siguientes periodos: Heberto Torres entre el 1 de abril de 2006 y el 29 de febrero de 2012; José Luciano Valencia Mejía desde el 22 de noviembre de 2005 hasta el 29 de febrero de 2012; Danir Zúñiga Arboleda del 21 de noviembre de 2005 al 29 de febrero de 2012; Ramiro García a partir del 26 de noviembre de 2010 al 29 de febrero de 2012; y

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Radicación n.° 95274 Hugobiel Ruíz Cardona entre el 1 de noviembre de 2010 y el 29 de febrero de 2012. Pusieron de presente que no les cancelaron las acreencias laborales que reclaman; que recibían un salario inferior al de los trabajadores de planta que se beneficiaban de la convención

colectiva de trabajo; que además en cada pago se les descontaba el 8,33% por compensación anual, el 1% por intereses sobre la compensación anual, el 4,16% por descanso anual y el 8,33% por compensación semestral. Arguyeron que cumplieron actividades como corteros de caña en predios de la sociedad demandada, en los municipios de Guacarí y Buga; y que la jornada de trabajo iba de las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. de lunes a domingo, sin descanso. Expusieron que recibieron órdenes de Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo, Lizman Bejarano y otros, como «supervisores, cabos o monitores de corte», quienes controlaban el horario, el corte y lo producido en «chorra o arrume» en una «ficha». Señalaron que la accionada elaboraba la información de cada demandante respecto a los días laborados, el corte de caña, las toneladas cortadas, tarifa y fincas donde se desarrollaba la labor y la remitía a las cooperativas de trabajo asociado, las cuales generaban las planillas de pago, para que la demandada efectuara la consignación respectiva; y que debían afiliarse a una CTA, pero que en realidad los servicios se cumplían para el Ingenio Pichichí S.A.

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Radicación n.° 95274 Agregaron que las CTA a las que estuvieron vinculados no eran propietarias de las herramientas, de los medios de producción ni de los de transporte, que los mismos pertenecían a la convocada al proceso, al igual que era quien ejercía la

potestad disciplinaria; que no existió autonomía ni actividad autogestionaria; que, a pesar de las ofertas mercantiles o contratos celebrados con el ingenio, cada trabajador laboró para dicha sociedad, independiente de los entes cooperativos que los agruparon; que el precio de corte fue impuesto por la pasiva y que la relación contractual fue un acto simulado. Finalmente, dijeron que, pese a que renunciaron, lo que se presentó fue un despido indirecto, en la medida que de no hacerlo no serían contratados por una empresa perteneciente a la demandada. El Ingenio Pichichí S.A. al contestar la demanda, se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra por los demandantes. En relación con los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que con los promotores del proceso no ejecutó un contrato de trabajo, tanto así que los mismos accionantes adujeron que la vinculación fue con las cooperativas de trabajo asociado a las cuales se alude en la demanda inaugural, de ahí que no puede configurarse la existencia de los nexos laborales reclamados. Esgrimió que se dieron verdaderas relaciones comerciales, siendo la vinculación con cada una de las cooperativas, de allí que no es posible sostener que el verdadero empleador era el Ingenio.

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Radicación n.° 95274 Propuso las excepciones previas de inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario, solicitando la vinculación de las cooperativas de trabajo asociado Progresar, Progresemos, Fe y Esperanza; e inepta demanda por falta de

requisitos formales. Igualmente, formuló las excepciones de fondo que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; principio de legalidad y estabilidad jurídica; ilegitimidad sustantiva de la parte demandada; prescripción; pago y compensación; ilegitimidad de personería sustantiva en la parte pasiva; buena fe y la innominada. El juez de conocimiento, por virtud del fallecimiento del accionante José Luciano Valencia Mejía, declaró como sucesora procesal a la señora Sor Ángel Mejía Morales, en su condición de cónyuge supérstite y emplazó a los herederos indeterminados, quienes comparecieron a través de curador ad litem. Luego en audiencia celebrada el 8 de mayo de 2017, declaró no probadas las excepciones previas formuladas, decisión que, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga con decisión del 5 de julio de 2017.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia del 2 de mayo de 2019, declaró probada la excepción

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Radicación n.° 95274 de inexistencia de la obligación y, en consecuencia, absolvió al Ingenio Pichichí S.A. de las pretensiones incoadas por los demandantes, a quienes condenó a pagar las costas del proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los actores, conoció la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y con sentencia calendada 11 de mayo de 2022, confirmó el fallo de primer grado. Impuso las costas de la alzada a los impugnantes. Para tomar su decisión, comenzó por precisar que en virtud del principio de consonancia previsto por el artículo 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver giraba en torno a dilucidar si entre los accionantes y el Ingenio Pichichí S.A. existieron verdaderos contratos de trabajo. Procedió a estudiar las semanas cotizadas en materia pensional a favor de cada uno de los accionantes (f.° 38 a 69), aportes que daban cuenta que fueron realizados por las CTA Progresar, Progresemos, Fe y Esperanza. Valoró la documental de folios 73 a 75 contentiva de un «ACTA DE ACUERDO» de fecha 21 de junio de 2005, firmada entre «un grupo de directivos del Ingenio Pichichí S.A.» y «un grupo de personas, quienes expresan tener representación de los asociados de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) y Sintrapichichí, que prestan el servicio de apoyo en las labores de corte de caña» y «los asesores designados por parte de los corteros a través de la Central Unitaria De Trabajadores (CUT)».

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Radicación n.° 95274 Apreció también otra «ACTA DE ACUERDO» signada el 8 de noviembre de 2008 (f.o 455 a 459); y las documentales visibles a folios 460 y siguientes, alusivas a la verificación de los citados

acuerdos, en las que se advertía la presencia de las cooperativas de trabajo asociado que prestaban servicio a la demandada. Del mismo modo, estimó las diferentes ofertas mercantiles y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial existente entre la convocada a juicio y las CTA Progresar, Progresemos, Fe y Esperanza, las que tenían por objeto realizar la siembra y corte de caña entre los años 2006 a 2011. Adujo que también se allegaron los estatutos, actas de asamblea y de las reuniones de las CTA; junto con los documentos relativos a la vinculación de los accionantes, pagos de compensaciones y demás emolumentos. Así mismo, unas facturas, recibos y las constancias de pagos a una abogada. Luego aludió a los interrogatorios de parte practicados a la representante legal de la accionada y a los demandantes Danir Zúñiga Arboleda, Heberto Torres y Hugobiel Ruiz Cardona. Así mismo, a las declaraciones de Licenia Galindo Jiménez, William de Jesús Calvo Acevedo y Amparo López Espejo. Indicó que de la valoración de esas probanzas no se desprendía que los accionantes prestaron un servicio personal como «dependientes y en favor directo» de la sociedad demandada; encontrándose acreditado que la actividad desarrollada fue «para entidades diferentes a la encartada», esto

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Radicación n.° 95274 es, las CTA, las cuales fueron constituidas legalmente, actuaron con autonomía y la vinculación de los demandantes fue a través de unos convenios, sin que se acreditara algún vicio en el

consentimiento. Resaltó que la convocada al proceso celebró un contrato mercantil válido, en donde las Cooperativas de Trabajo Asociado, «tenían su personal directivo, así como sedes propias dónde ejercer su actividad, designando cabos de corte que se entendían en el campo con sus afiliados; la toma de decisiones y el pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones», de allí que no había «indicio de intermediación laboral que desdibuje sus labores como entidades cooperativas». Expuso que la supuesta subordinación ejercida por la demandada no se presentó, pues así se desprendía de las declaraciones recibidas, resaltando que el deponente William Calvo, a quien los accionantes aludieron en su escrito de demanda inicial como una de las personas que les asignaba labores, fue coherente y precisó respecto a que no impartió órdenes o instrucciones a los coteros de caña, en la medida que sus funciones eran ajenas a las actividades de campo.

Destacó a su vez que: A lo anterior se suma; en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda, así como tampoco que dicha labor fue continuada en el tiempo, en relación a la actividad Agroindustrial de la empresa demandada, pues todos los demandantes fueron trabajadores de cosecha, actividad o tarea que no requieren trabajo continuo o durante todo el tiempo; además, si bien quedó demostrado que la empresa demandada tenía contratos civiles o

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Radicación n.° 95274 comerciales con las cooperativas en las que prestaban servicios los

demandantes; no hay prueba que permita afirmar que cada uno de los actores en este juicio si trabajó o prestó servicios en virtud a dicho contrato entre PICHICHI S.A y las CTA'S, así como tampoco se demostró que las cooperativas no tuvieran otros contratos qué cumplir con ingenios de la región, por lo que su actividad comercial era exclusiva frente a PICHICHI S.A.; además, en las certificaciones emanadas de las diferentes cooperativas que se aportaron al plenario, no se consigna el lugar en el que sus asociados prestaron los servicios de corte manual de caña que se sabe realizaron; no se probó si la prestación de servicios supuestamente a favor de la demandada, se efectuó de manera continua, pues recuérdese que la labor desarrollada fue la propia del corte de caña, lo que supone periodos o estaciones temporales según la cosecha. Lo precedente lo llevó a colegir que no estaba acreditado que los promotores del proceso fungieron como corteros de caña en los términos y condiciones expuestas en la demanda inicial. Finalmente, citó al artículo 6 del Decreto 4588 de 2006, y con apoyo en la sentencia CSJ SL4479-2020, de la cual transcribió un pasaje, infirió que «la empresa demandada hizo uso de una facultad legal, sin incurrir en tercerización». Por lo expuesto, confirmó la decisión absolutoria de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia revoque la

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Radicación n.° 95274 decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones contenidas en la demanda con la cual se dio inicio al proceso y disponga sobre costas lo que en derecho corresponda. Con tal propósito, formulan cinco cargos que fueron replicados por el Ingenio Pichichí S.A. y que serán estudiados por la Sala así: inicialmente se examinará el primero, que está orientado por la vía de los hechos; luego, en forma conjunta, los restantes cuatro ataques, en tanto están dirigidos por la vía directa, acusan similar normatividad y se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4, 5 y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, todos ellos en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Señalan que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado sin estarlo, que de las probaturas detalladas, se obtiene con claridad, que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar presentaron los

demandantes, fueron dependientes y en favor directo de INGENIO PICHICHÍ S.A., cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada.

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Radicación n.° 95274 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que según la documental, las CTAs contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que de las documentales solamente se infiere que las Cooperativas y el Ingenio mantuvieron una relación meramente comercial por el corte de caña. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que también quedó probado, que a[l] INGENIO PICHICHÍ S.A. se presentaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las empresas oferentes. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se evidencia objeto o causa ilícita como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soporte las acusaciones de la activa, referidas a una tercerización. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes eran trabajadores asociados voluntariamente a las CTAS. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las CTAS y el INGENIO se patentizó un negocio jurídico válido. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes prestaron personalmente sus servicios a favor de la demandada INGENIO PICHICHI S.A 9.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAS, no adelantaron labores de cooperativa de trabajo asociado con plena autonomía

administrativa y financiera 10.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs nunca organizaron las actividades a desarrollar por parte de los demandantes asociados. 11No dar por demostrado, estándolo que las CTAS realizaron sus actividades como "cooperativas de trabajo asociado” con las herramientas de la contratante INGENIO PICHICHI S.A. 12No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. fue quien suministró las dotaciones a los asociados de las CTAS. 13No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. fue quien suministró el transporte a los asociados de las CTAS desde sus lugares de residencia hasta las áreas de trabajo y viceversa. 14No dar por demostrado, estándolo, que las actividades de corte de caña, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, poda árboles,

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Radicación n.° 95274 fumigaciones de maleza, aseo de baño, oficinas, guardavías son actividades propias del objeto social de la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. 15.- No dar por demostrado, estándolo, que los asociados a las CTAs no tomaron la decisión de disolver y liquidar las CTAs, que dicha decisión provino del contratante INGENIO PICHICHI S.A.

16. Dar por demostrado, sin estarlo, que las CTAs fueron autogestionarias.

Yerros que, según los recurrentes, se cometieron por no haber valorado correctamente las historias laborales (f.° 38 a 69); las «ACTA DE ACUERDO» (f.° 73 a 75 y 455 a 459); los

documentos de verificación de esos acuerdos (f.° 460 y ss.); las ofertas mercantiles y aceptaciones; los estatutos, regímenes de trabajo asociado y actas de las CTA; el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la demandada y la declaración de la testigo Amparo López Espejo. Y por no apreciar el certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichí S.A. (f.° 30 al 34), y las piezas del proceso, consistentes en la demanda inicial y su respuesta (f.o 6 a 29 y 126 a 146). En la demostración de la acusación, argumentan que el Tribunal erró en la apreciación de las actas de acuerdo, pues allí aparece que la accionada entregó unas dotaciones y efectuó pagos por concepto de aportes al sistema de seguridad social en favor de algunos socios de las CTA, además que hizo «donaciones» y se obligó a efectuar capacitaciones; de modo que las aludidas probanzas dan cuenta que los accionantes estaban subordinados al Ingenio Pichichí S.A., como también que las

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Radicación n.° 95274 cooperativas de trabajo asociado no tenían independencia financiera ni administrativa. Señalan que a folios 156, 167, 175, 182, 199, 229, 240, 256, 271, 291, 301 y 315 militan unos documentos que permiten inferir que las CTA debían informar a la demandada los datos de sus asociados, lo cual muestra que la sociedad podía impedir el ingreso o exigir el retiro de un asociado, además

de imponer sanciones, todo lo cual también se constata a folios 161, 172, 178, 234, 245 y 251. Indican que a folios 159, 190, 261, 262, 310 y 319 consta que la accionada se obligó a cancelar el salario mínimo al «cabo de campo», quien era la persona encargada de impartir órdenes en las labores de campo; que también la demandada podía efectuar pagos a terceros, según se desprende de los folios 159, 170, 177, 184, 232, 243, 250, 258, 294, 304, 311 y 314; y que debía suministrar las herramientas y dotaciones (f.o 150, 156, 167, 176, 215, 218, 222, 229, 240, 249, 285, 302 y 310). Exponen que de las ofertas mercantiles, en correspondencia con el certificado de existencia y representación de la convocada al proceso, se colige que las cooperativas fueron contratadas para actividades propias del Ingenio, quien «respondía con sus propios recursos al pago de los acreedores, entre ellos los asociados», como también a la persona que impartía órdenes y dirigía la actividad de corte de caña efectuada por los accionantes. Así mismo, reitera, que la contratante debía suministrar las herramientas y dotaciones, lo

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Radicación n.° 95274 que da cuenta que las CTA no eran independientes, obrando realmente como una empresa de servicios temporales. Explican que del documento de folios 341 a 345 se desprende que fue la demandada quien contrató a Amparo

López Espejo con el fin de disolver y liquidar las CTA, situación que permite concluir que existían una subordinación y que «los demandantes prestaron una labor personal en las actividades propias del INGENIO». Destacan que también se equivocó la colegiatura en su valoración probatoria, en tanto las documentales de folios 192, 264 y 322 dan cuenta que el Ingenio Pichichí S.A. entregó ciertos dineros por cada asociado, además que hizo donaciones (f.o 186, 259 y 323), y que autorizó a las CTA el uso del transporte (f.o 203, 204, 275, 276, 334 y 335), lo que igualmente descarta la característica de autogestionarias de las mismas.

Finalmente indican lo siguiente: Los demandantes en su demanda genitora sentaron que ellos prestaron sus servicios al INGENIO por intermedio de las COOPERATIVAS (folios 6 al 29 (prueba no apreciada ), y con la contestación del INGENIO vista a folios 239 al 257 (PRUEBA NO APRECIADA), en esa contestación afirma el INGENIO que contrato con las CTAS en el tiempo que relacionaron los demandantes como extremos temporales para realizar trabajos de acuerdo con las ofertas mercantiles, y allí, haciendo parte como socios aparentes de las CTAS estaban los demandantes según las historias laborales de folios 38 al 69, se llega a la certeza que laboraron en los extremos temporales indicados en la demanda realizando labores propia del

INGENIO.

VII. LA RÉPLICA La sociedad demandada expone que resulta equivocado

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Radicación n.° 95274 incluir en la proposición jurídica el artículo 2 del Decreto 2025 de 2011, toda vez que fue declarado nulo por el Consejo de Estado, de allí que no pudo ser vulnerado por el Tribunal. Dice que la demanda inicial no puede servir de soporte para acreditar las afirmaciones de los demandantes; y aduce que el ad quem estimó, básicamente, que no estaba demostrado que los accionantes prestaron servicios personales en favor del demandado, sin que tampoco se apreciara la subordinación ni el periodo en el cual se ejecutó la actividad. Se refiere a algunas probanzas y manifiesta que no es dable inferir que el Ingenio controlara a las CTA; que las obligara a suministrarle información de los asociados y, menos aún, imponerles sanciones; que resulta intrascendente que la demandada hubiera contratado el corte de caña manual, pues no existía prohibición legal; y que cancelar unos honorarios no implica que hubiera ordenado la disolución y liquidación de las CTA, máxime cuando en el plenario está probado que esa determinación la adoptaron los asociados. En lo atinente al suministro de algunas dotaciones, herramientas y recursos a la CTA, puntualiza que ello se desarrolló debido a una colaboración armónica necesaria en una zona en donde las dinámicas sociales son particularmente especiales, y que derivaron en la celebración de compromisos en beneficio de la población, en razón a una imposición de los asociados, quienes incluso en ocasiones bloquearon el acceso a las instalaciones de la empresa.

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Por último, anota que los recurrentes no cuestionan todos los medios de convicción que sirvieron de soporte para la decisión confutada.

VIII. CONSIDERACIONES El problema jurídico que debe resolver la Sala está centrado en dilucidar si el juez plural se equivocó al no establecer que entre los accionantes y el Ingenio Pichichí S.A. existieron verdaderos contratos de trabajo; si la respuesta es afirmativa, la Sala se adentraría en determinar si es procedente o no acceder a las pretensiones condenatorias contenidas en la demanda inaugural.

Previo al análisis de los medios de convicción traídos a colación por la censura, se memora que para confirmar la decisión absolutoria de primer grado el sentenciador de alzada concretó su determinación en que: Del análisis de las probaturas detalladas, se obtiene con claridad, que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo de INGENIO PICHICHI S.A., cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada; empresas que según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento de apremio frente a los demandantes. En este orden, de acuerdo con lo analizado por el ad quem, el pilar fundamental de su decisión se fincó en que el servicio que los aquí demandantes prestaran como corteros de caña

«fueron para entidades diferentes a la encartada».

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Radicación n.° 95274 En cuanto a las cooperativas, el ad quem consideró que las mismas fueron constituidas con apego a la ley y que la vinculación de los actores fue a través de convenios asociativos, que, según las pruebas aportadas, estuvo libre de algún vicio en su consentimiento; además que ejecutaron sus actividades en favor del ente cooperativo a través de contratos de naturaleza civil y comercial legalmente constituidos. A lo que agregó que respecto a la subordinación «no se presentó entre las partes en contienda»; y que tampoco se determinó que los accionantes prestaron sus servicios en virtud de los contratos suscritos por las CTA con la accionada, máxime que «en las certificaciones emanadas de las diferentes cooperativas que se aportaron al plenario, no se consigna el lugar en el que sus asociados prestaron los servicios de corte manual de caña» ni tampoco que es actividad fuera «continua, pues recuérdese que la labor desarrollada fue la propia del corte de caña, lo que supone periodos o estaciones temporales según la cosecha», , es decir, que no se demostró la prestación personal y directa del servicio como elemento esencial del contrato de trabajo que alegaron. Tales inferencias fácticas pretenden ser desvirtuadas por los censores con los diferentes medios de convicción y piezas procesales, que la Sala procede a estudiar y así colegir si se presenta o no un error de hecho en su valoración o falta de apreciación, el que, por demás, se recuerda, para llevar al quebranto de la decisión recurrida, tiene que ser ostensible y

evidente, como lo tiene adoctrinado la Corte.

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Radicación n.° 95274 Previo a efectuar el estudio correspondiente, cumple decir que si bien la censura denuncia la equivocada estimación de los documentos relativos a los estatutos, regímenes de trabajo asociado y actas de las CTA; el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la demandada; y la declaración de la testigo Amparo López Espejo; lo cierto es que, frente a estos medios de convicción no hace ninguna sustentación en concreto, ni explica lo que muestran su contenido contra lo decidido por la segunda instancia y su transcendencia en la comisión de los yerros endilgados. Cabe memorar que cuando el ataque apunta a demostrar equivocaciones derivadas de la errada o falta de apreciación de los medios probatorios, no es cualquier desatino del juez el que da al traste con su decisión, sino aquél que tenga la connotación de «manifiesto», condición que nace frente a transgresiones fácticas patentes. En dicho sentido, es necesario que el recurrente, en primer lugar, identifique la probanza mal valorada o dejada de estimar por el ad quem y, en segunda medida, evidencie el desacierto de hecho que sea ostensible, debiendo acreditar, con base en su contenido, qué es lo que ella realmente muestra y su incidencia en la equivocada resolución judicial, demostración que incumbe hacer mediante un análisis razonado y crítico. Al respecto, en decisión CSJ AL332-2023, se puntualizó: Igualmente, tampoco hizo un análisis razonable y crítico de tales

desaciertos, debidamente relacionados con las pruebas calificadas que debió no solo singularizar, sino también especificar si fueron mal valoradas o dejadas de apreciar, lo cual además debía acompañarse

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Radicación n.° 95274 de la exposición clara de lo que acreditan contra lo que el Tribunal infirió y cómo incidieron las falencias en la aplicación indebida de la ley sustancial (CSJ SL2610-2020, que reiteró la CSJ SL038-2018), carga argumentativa que claramente no se satisfizo. En esta última decisión la Corte estimó: En punto de debate, la Sala se pronunció en la sentencia CSJ SL5442013, puntualizando: Como es suficientemente sabido, cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la mala valoración de las pruebas, debe el impugnante, si quiere que su acusación quede debidamente fundada, exponer en forma clara lo que la prueba acredita y en qué consiste la errónea apreciación del juzgador; demostración que debe hacer mediante un análisis razonado y crítico de los medios probatorios, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación con las conclusiones acogidas en la resolución judicial. Esta tarea de razonamiento que incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, implica para él hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. Si el impugnante omite llevar a cabo esta confrontación, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que pueda tener

el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia, que, es igualmente sabido, llega al recurso amparada con la pres