CSJ - SL1769-2023

Repúbl¡ ca de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casaclin Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1769-2023 Radicación n.° 90819 Acta 24 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2020, aclarada el 13 de octubre del mismo ario, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario que adelantó DIEGO FERNANDO GARCIA ARIAS en su contra.

I. ANTECEDENTES Diego Fernando García Arias demandó para que se declarara que entre las partes existió un contrato laboral a

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Radicación n.° 90819 término indefinido, desde el 1 de octubre de 1997 hasta el 19 de octubre de 2017; que fue terminado de manera unilateral, y por ello, se le adeudaba la suma de $376.968.033, o el mayor valor que se estableciera por concepto de indemnización por despido sin justa causa, debidamente indexada y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, señaló que comenzó a laborar desde el 1 de octubre de 1997 con Metroagua S.A. E.S.P., compañía integrante del grupo empresarial Inassa; que el 2 de diciembre de 2015, firmó

contrato de trabajo a término indefinido, el cual empezó a regir el 1 de enero de 2016. Expuso que en la cláusula décima sexta del contrato de trabajo, se estableció que para efectos indemnizatorios, se tendría como fecha de ingreso el 1 de octubre de 1997, que correspondía a la calenda en la que se vinculó con Metroagua S.A. E.S.P.; que el último cargo desempeñado fue el de gerente corporativo, con sede principal en Barranquilla; que su último salario mensual fue $30.000.000 y recibió como gastos de representación $7.000.000. Señaló que el 19 de octubre de 2017, la empresa demandada lo despidió y le endilgó como justa causa, haber sido privado de la libertad por más de treinta días y otras razones inexistentes; que Inassa solo le pagó la liquidación del contrato de trabajo; que el director de asuntos jurídicos internacionales (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió las notas verbales 344/2017 del 30 de agosto de 2017 2

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Radicación n.° 90819 y 348/2017, del 1 de septiembre del mismo ario, por medio de las cuales la Embajada del Reino de España, solicitó su captura con fines de extradición. Narró que la Fiscalía General de la Nación, ordenó su captura con fines de extradición, mediante la Resolución de 1 de septiembre de 2017; que mediante nota verbal 400/2017 del 25 de septiembre de 2017, la Embajada del Reino de España formalizó su pedimento.

Señaló que el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, dejó sin efecto la petición de extradición mediante providencia de 6 de noviembre de 2017, conforme a las notas verbales 467 /2017 y 475/2017 del 7 y 9 de noviembre de 2017; por su parte, el Fiscal General de la Nación, a través de la Resolución de 9 de noviembre de 2017, canceló la orden de captura con fines de extradición y ordenó su libertad inmediata, de la que goza plenamente en la actualidad. Destacó que la Unidad de Servicio al Ciudadano de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía General de la Nación, a través de oficio FGNSNAVU-693 de 9 de noviembre de 2017, informó que no le figuran registros diversos a la orden de captura con fines de extradición. Aseveró que Inassa no ha cancelado la indemnización por despido sin justa causa, consagrada en la ley colombiana, puesto que fue excarcelado y ninguna empresa

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Radicación n.° 90819 o entidad estatal le imputó delito alguno; que el 8 de noviembre de 2017 la sociedad Triple A S.A. E.S.P. acogió la solicitud del Procurador General de la Nación y suspendió el contrato de servicios de asesoría técnica que tenía con Inassa, en aras de impedir defraudación (f. 1 a 15 Expediente Digital). La Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. Inassa, al contestar, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones; precisó que no se trató de un único contrato de

trabajo y que no le asistía derecho alguno por indemnización por despido sin justa causa; en cuanto los hechos, negó que se hubiese dado una sustitución patronal; que las justas causas que se le endilgaron al accionante, no solo se circunscribieron a la privación injusta de la libertad, sino que se dieron otras motivaciones; que no le constaban los referentes a las solicitudes de extradición y su cancelación; no admitió los demás. Propuso las excepciones de inexistencia de obligaciones, justeza del despido, buena fe, prescripción, compensación, pago, «INNOMINADA O GENÉRICA» (f.° 125 a 168). A folio 148 del Expediente Digital se observa informe secretarial, en el que se comunicó al juez de primera instancia, que en el despacho se encontraba otro proceso ordinario laboral instaurado por el mismo demandante contra la misma demandada y, que «en ambos (...) se reclamaba el pago de indemnizaciones deslindadas del contrato de trabajo, que asegura el actor le unió con la 4

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Radicación n.° 90819 demandada. Para su mejor comprensión, estoy pasando el caso bajo radicado (...) 00414-2017, el cual está en proceso de notificación». El a quo en auto del 18 de enero de 2018, ordenó la acumulación de procesos. En folio 149 del Expediente Digital, el 30 de enero del mismo ario, el despacho consideró: Visto y corroborado lo consignado en el informe secretarial mediante el cual es pasado el proceso radicado bajo el No. 0041120171 donde aparece como demandante el señor DIEGO

FERNANDEZ GARCIA ARIAS y demandada la Sociedad Interamericana de, Aguas Y Servicios S.A. - INASSA, e igualmente examinado el proceso radicado bajo el No. 00414-2017, donde funge el mismo demandante formulando reclamaciones a la demandada INASSA, se vislumbra que ambas acciones persiguen el pago de indemnizaciones, merced a contrato de trabajo que el accionante afirma haber confeccionado con la Sociedad interamericana de Aguas y Servicios - 1NASSA. De tal manera, que se cumplen las exigencias contempladas en et artículo 148 del CGP., aplicable por autorización de artículo 145 del C.P.L. y S.S., para decretar la acumulación del proceso del epígrafe, el asunto radicado bajo el número 00114 -2017.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla puso fin a la primera instancia, mediante sentencia calendada el 3 de noviembre de 2019 (f.° 158), en la que resolvió: PRIMERO: Respecto del proceso 00411 de 2017 CONDENAR a la SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA, a cancelar al señor DIEGO FERNANDO GARCIA ARIAS la suma de $422.760.000, debidamente indexado al momento de su pago, por concepto de indemnización extralegal contemplada en la cláusula Décima Sexta del contrato de trabajo celebrado el

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Radicación n.° 90819 2 de diciembre de 2015. Consecuencialmente, se desestiman las

excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción y compensación esgrimidas por la convocada al replicar el libelo inaugural.

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte demandada.

TERCERO: Respecto del proceso 00414 de 2017 DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación ARGUIDA POR la SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA. En consecuencia, se le absuelve de las pretensiones instauradas por el señor DIEGO FERNANDO

GARCIA ARIAS.

CUARTO: Costas a cargo de la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, resolvió, PRIMERO: MODIFICAR el numeral 10 de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, el 3 de noviembre del 2019, en el sentido de que el valor de la indemnización extralegal contemplada en la cláusula Décima Sexta del contrato de trabajo celebrado el 2 de diciembre del ario 2015, corresponde a la suma de Cuatrocientos Veintiocho Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos $428.538.667,00 M/L, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales 3 y 4 de la sentencia del 3 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, dejándolos sin efectos y en su lugar

CONDENAR a la demandada SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A.- INASSA, al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa al demandante DIEGO FERNANDO GARCIA ARIAS, por la suma de Quinientos Seis Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos con sesenta y siete centavos ($506.961.666,67) M/L.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás.

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CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. Las agencias en derecho serán fijadas por auto separado.

Mediante providencia del 13 de octubre de 2020, resolvió: PRIMERO: ACLARAR el numeral primero de la sentencia proferida por esta Corporación el 30 de septiembre de 2020, en el sentido de que la indemnización extralegal contemplada en la cláusula Décima Sexta del contrato de trabajo celebrado el 2 de diciembre del ario 2015, deberá cancelarse debidamente indexada.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia del 30 de septiembre de 2020, el cual quedará así: "REVOCAR los numerales 3 y 4 de la sentencia del 3 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, dejándolos sin efectos y en su lugar CONDENAR a la demandada SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA, al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa al demandante

DIEGO FERNANDO GARCIA ARIAS, por la suma de Quinientos Seis Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos con sesenta y siete centavos ($506.961.666,67) M/L., suma que se pagará debidamente indexada de conformidad con la fórmula legalmente establecida al momento de la satisfacción de la obligación." En lo que estrictamente interesa al recurso de casación, fijó como problemas jurídicos a resolver, (...) determinar si le asiste derecho al demandante al reconocimiento y pago de la indemnización extralegal pactada en la cláusula décima sexta del contrato de trabajo suscrito por las partes el día 2 de diciembre del ario 2015 con inclusión de todo lo devengado por el actor durante los 12 últimos meses contados hacia atrás desde la fecha del despido y así mismo, si se configuró despido injusto y si al demandante le asiste o no el derecho a la indemnización consagrada en el art. 64 del CST modificado por el artículo 28 de la Ley 789 del 2002 Aseveró que no era motivo de controversia, que el demandante suscribió contrato de trabajo a término

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Radicación n.° 90819 indefinido con la accionada, para desempeñar el cargo de gerente corporativo el 2 de diciembre 2015, con fecha de inicio el 1 de octubre de 1997. Previo a analizar la procedencia de la indemnización extralegal, revisó la cláusula dieciséis del contrato de trabajo suscrito entre las partes (f.° 20 a 23), en la que se consignó,

EFECTOS INDEMNIZATORIOS. Para efectos indemnizatorios, con ocasión de la terminación del contrato de trabajo sin justa causa por parte de EL EMPLEADOR, se tendrá como fecha de ingreso el día uno (1) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997), fecha en la cual EL TRABAJADOR se vinculó a METROAGUA, compañía integrante del grupo empresarial. No obstante, lo anterior, EL EMPLEADOR, teniendo en cuenta las nuevas funciones, el desempeño y el tiempo de servicio de EL TRABAJADOR, ha decidido que en el evento en que, por cualquier causa, EL TRABAJADOR deje de laborar con INASSA, tendrá derecho, por concepto de indemnización, a una cantidad dineraria equivalente a lo devengado por el trabajador en INASSA en los últimos 12 meses, contados hacia atrás desde la fecha de su desvinculación laboral. Esta indemnización será adicional a la que tenga derecho el trabajador según lo establecido contractualmente y por la legislación laboral colombiana vigente y aplicable. Agregó que en el oficio del 29 de diciembre de 2011, firmado por el presidente ejecutivo y el grupo empresarial de Inassa (f. 24), se le manifestó al accionante: (...) en el evento en que cualesquiera de las compañías de nuestro Grupo Empresarial decida terminar de forma unilateral tu contrato de trabajo, tendrás derecho, por concepto de indemnización, a una cantidad dineraria equivalente a lo devengado por ti en cualesquiera de las compañías de nuestro grupo empresarial en los últimos doce (12) meses, contados hacia atrás desde la fecha de su desvinculación laboral. Refirió que a Diego García Arias, le asistía derecho a la

indemnización extralegal, por cuanto se pactó en el contrato 8

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Radicación n.° 90819 de trabajo, como materialización del principio de la autonomía de la voluntad, que para su procedencia no se le colocó condicionamiento alguno; que esa libertad se plasmó en el oficio del 29 de diciembre de 2011; de manera que aun cuando se terminó la vinculación bajo una justa causa (f. 37 a 41), ese derecho subsistía, por cuanto, se quiso privilegiar al trabajador, en consideración a sus funciones, el tiempo de servicios por más de 20 arios; apoyó sus argumentos en una sentencia dictada por su sala homóloga. Descendió al estudio de la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 del CST y narró, que conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, al trabajador le asistía el deber de demostrar el hecho del finiquito y, al empleador la justedad del mismo, por ello, en la respectiva comunicación se debían expresar los motivos. Citó los artículos 62 y 63 del CST, modificados por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, según los cuales, la parte que termina unilateralmente el contrato laboral debe expresar a la otra, la o las causas de su decisión, de modo que posteriormente, no pueden alegarse unas distintas. Adujo que el empleador mediante la comunicación del 17 de octubre de 2017,l e imputó al demandante como justas causas, las consagradas en el numeral 7 del aparte a) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, artículos 62-63 del CST,

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Radicación n.° 90819 (...) consistente en la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, así como también una serie de señalamientos calificados como posibles transgresiones a las obligaciones de obediencia y fidelidad, de conformidad con lo indicado en los artículos 55 y 56 del CST, invocando en particular lo señalado en los numerales 1,2,3 y 6 del acápite de prescripciones de orden, el artículo 89 numerales 1,2, 3 y 6 atinentes a las obligaciones especiales a cargo del trabajador y sobre conductas calificadas como graves en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 95, todo del Reglamento Interno de Trabajo. Precisó que si bien, el empleador debía demostrar las causas de la dimisión, para cumplir esta exigencia no era suficiente lo plasmado en la carta de despido, como se adoctrinó en la providencia CSJ SL4547-2018. Si bien, descendió a los testimonios, les restó credibilidad, por ser de oídas; reiteró que sobre Diego García Arias no pesaba ningún proceso penal. Aseguró que el demandante en su interrogatorio, describió que la orden de cancelación de la extradición llegó del gobierno de España, el 6 de noviembre de 2017; que el 9 de noviembre del 2017 el Fiscal General dio por terminado el trámite y concedió su libertad inmediata y aproximadamente entre los meses de febrero, marzo, abril del 2018, esta Corporación en la Sala Plena Penal, terminó el trámite, que lo mismo aconteció en la Presidencia de la Republica.

Indicó que el demandante admitió en su «interrogatorio de parte que devolvió al gobierno de España la suma de US$ 900 mil dólares, que correspondían a un pago que hizo un empresario de Brasil Sebastián Cristóbal», pero en todo caso,

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Radicación n.° 90819 no fue un hecho endilgado por la convocada a juicio en la carta de despido. Relievó que las órdenes de captura expedidas por parte de la Fiscalía General de la Nación o cualquier otro organismo en Colombia por solicitud del Reino de España, estaban cerradas y archivadas; que a ello se agregaban las decisiones de la Sala Penal de esta Corporación, en providencia del 21 de febrero de 2018, así como la Resolución n. 044 del 15 de marzo de 2018 (f. 274 a 283), que ordenó la libertad del trabajador; que la autoridad extranjera cometió un error que quiso enmendar, sustituyendo la decisión, al imponer al trabajador el deber de presentarse para atender cualquier llamado, por ende la privación de la «libertad era total y absolutamente innecesaria». Describió que el demandante en el Reino de España, tenía un proceso por el que era imputado y se encontraba a la espera que el juzgado decidiera; que con la Fiscalía General de la Nación no había llegado a ningún acuerdo en Colombia; que era testigo de la fiscalía contra Inassa por el posible desfalco que hizo al Distrito de Barranquilla por un valor superior a 240 mil millones de pesos y posiblemente, también sería testigo en el caso de la extinción de dominio que se estaba haciendo contra la sociedad, pero no tenía

ningún acuerdo ni nada firmado con la fiscalía de Colombia ni España; que tampoco había hecho ningún retorno de recursos a Colombia; que en el Reino de España hizo la

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Radicación n.° 90819 devolución de 900 mil dólares correspondientes a un pago que efectuó un empresario de Brasil. Aseguró que el informe «estudio online de afectación y reputación llevado a cabo por DATTIS (...) se tiene que éste no aparece mencionado siquiera en la carta de despido, ni fue relacionado entre los anexos de la misma», sólo fue mencionado por primera vez, en los testimonios recibidos durante la primera instancia. Relató que una vez estudiados todos los elementos probatorios del plenario, se observaba que el demandante fue privado de la libertad con fines de extradición el día 25 de agosto del 2017, que la Fiscalía General de la Nación ordenó su captura mediante Resolución del 1 de septiembre del 2017, en cumplimiento de la solicitud del Reino de España, mediante notas verbales No. 344/2017 y 348/2017 del 30 de agosto y 1 de septiembre del ario 2017, (...) no obstante, no se extrae que tal solicitud de extradición lo fuera a efectos de cumplirse condena alguna en el país extranjero, en primer lugar. Así mismo mediante Resolución del 9 de noviembre de 2017, el Fiscal General de la Nación, canceló la orden de captura con fines de extradición contra el demandante DIEGO GARCIA ARIAS (fl. 62 - 66 cuaderno acumulado) debido a que el Juzgado Central de Instrucción #6

de la Audiencia Nacional de Madrid, dejó sin efectos tal petición de extradición y en su lugar, se acordó la libertad del mismo debiendo comparecer ante dicho juzgado cuantas veces sea llamado, tal como se deprende del auto del 9 de noviembre del ario 2017 emanado del Despacho del señor Fiscal General de la Nación, de lo que se desprende que se trató de una decisión equivocada por parte de la autoridad jurisdiccional extranjera. Razonó que si bien, el actor estuvo privado de su libertad por más de 30 días, no se evidenció en el proceso 12

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Radicación n.° 90819 que lo fuera a causa de alguna «medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en Colombia, que como tal regula el artículo 388 del CPP», tampoco, (...) que fuera condenado por los hechos que se investigan, ni en el Reino de España, país que solicitó la captura del demandante con fines de extradición, al parecer, pues no existe en el expediente material que así lo documente fehacientemente, a efectos de cumplir una detención preventiva en el Reino de España y que luego modificó a efectos de dejarla sin efectos, y donde según lo señalado por el actor cursa una investigación; como tampoco en Colombia, donde se extrae de los elementos aportados, no hay en curso investigación alguna por las irregularidades endilgadas en la carta de despido como Gerente Corporativo de la demandada INASSA, mucho menos codena por el mismo evento. La parte demandada no trajo a la actuación un soporte diferente, a efectos de sustentar su decisión unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo al accionante.

Igualmente se avizora a folios 281 a 283 del cuaderno principal, Resolución No. 044 del 15 de marzo de 2018, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho en la que resuelve dar por terminado el trámite de extradición al señor DIEGO GARCIA ARIAS, ante el desistimiento de la solicitud de extradición por parte del Gobierno de España. Argumentó que del convenio de extradición entre Colombia y el Reino de España, no se extraía que el tiempo durante el cual una persona permaneciera privada de la libertad hasta que culminara el proceso de extradición, estuviera en cumplimiento de una medida de detención preventiva, prevista en un proceso penal del país requirente, por cuanto esta se haría efectiva, una vez se hiciera entrega del investigado, así como del cumplimiento del principio pacta sunt servanda. Destacó que en lo concerniente a los artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, se entendía que la privación de la libertad de una persona, por una orden

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Radicación n.° 90819 judicial ante un requerimiento de autoridad extranjera, es un trámite mixto, que respondía a una captura con fines de extradición, en los precisos términos de las providencias CCC-243-2009 y A233-2009, es decir, no se enmarcaba en una medida de aseguramiento, para aplicar la causal de terminación de contrato de trabajo o despido con justa causa y tampoco se trató de una condena. Advirtió que la captura del ciudadano fue ineficaz, por cuanto no se dio la extradición conforme la nota verbal 267 del 7 de noviembre de 2017; que la autoridad extranjera

corrigió el error y manifestó que no lo requería en su territorio para cumplir condena o detención preventiva, que nunca debió ocurrir, mucho menos sufrir el actor la «irreversible adversidad laboral que produjo en su contra, dada la decisión unilateral de su contrato, sin estar soportada en una justa causa de las que taxativamente consagra el CST». Razonó que no se presentó la causal 7 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, al no contarse con el material probatorio; que por el contrario, se evidenció que el accionante no fue detenido preventivamente; que no tenía condena en su contra, ni estaba incurso en un proceso penal en Colombia; que no toda privación de la libertad desencadenaba «necesaria e indefectiblemente» en una ruptura del contrato con justa causa por parte del empleador, pues lo único que justificaba «esa determinación era la detención preventiva por más de 30 días». 14

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Radicación n.° 90819 Memoró que conforme con los artículos 164 y 167 del CGP, el empleador no demostró las demás causales para justificar el finiquito, que en el plenario no se encontró el reglamento interno de trabajo, tampoco las constancias de publicación en lugares visibles del establecimiento conforme con el artículo 120 del CST; aseveró que la accionada no tuvo conocimiento con anterioridad a la toma de la decisión de terminación del vínculo, sobre incumplimiento de los deberes de obediencia y fidelidad señaladas en los artículos 55 y 56 del CST, de los que solo calificó como una «posible

trasgresión», situaciones que tampoco se demostraron en el proceso disciplinario o de descargos. Afirmó que la accionada desde la contestación de la demanda, enfiló su defensa en los temas de la privación de la libertad del trabajador, en el deterioro de su imagen corporativa; se apoyó en el estudio técnico sobre riesgo reputacional, con base en la carta del 17 de octubre de 2017 que obraba a folios 32 a 36; la apertura del proceso disciplinario realizado el 11 de octubre de 2017 (f.° 26 a 28); y, la copia del acta de audiencia de desprendimiento, clasificación y clonado, realizada el 15 de febrero de 2018 en Madrid, que ocurrió en una fecha posterior al despido.

N. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte accionada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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Radicación n.° 90819

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita a esta Corporación, La CASACIÓN o ANULACIÓN TOTAL de la sentencia MODIFICATORIA, REVOCATORIA Y CONFIRMATORIA de segunda instancia del 30 de septiembre de 2020, adicionada y aclarada por providencia de octubre 13 de igual ario antes identificadas, proferidas por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, en cuanto CONFIRMÓ Y MODIFICÓ el fallo de primera instancia de noviembre 13 de 2019, respecto a la cuantía de la CONDENA a la indemnización extralegal de la cláusula decima sexta del contrato, REVOCÁNDOLA, para CONDENAR a la indemnización por

despido sin justa causa y la CONFIRMÓ en lo demás, en contra de la SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. —INASSAy a favor de DIEGO FERNANDO GARCÍA ARIAS. 2.2. En SEDE DE INSTANCIA, y luego de CASAR o ANULAR la sentencia del Tribunal impugnada, solicito se REVOQUE PARCIALMENTE el fallo calendado el 13 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla CONDENATORIO de la indemnización extralegal de la cláusula décima sexta del contrato contra la sociedad INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. —INASSAy como consecuencia se ABSUELVA de la TOTALIDAD de las PRETENSIONES DECLARATIVAS y de CONDENA invocadas por DIEGO FERNANDO GARCÍA ARIAS en la demanda, con la consecuente condena ejemplar en costas. Con tal propósito propone tres cargos, que fueron oportunamente replicados. Dada la unidad de propósito, normas denunciadas y argumentos en los que soportan, se analizaran de manera conjunta.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, (...) por haber incurrido en violación INDIRECTA, en la modalidad de aplicación indebida, por causa de ostensibles y manifiestos errores de hecho, originados en la apreciación errónea de prueba

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Radicación n.° 90819 calificada y no calificada y falta de apreciación de otras, respecto de la terminación del contrato de trabajo por justa causa, lo que

llevó al Tribunal a aplicar indebidamente los artículos 7 literal a), numerales 5 y 7 del Decreto 2351 de 1965 (subrogatario del Art.62 del C.S.T.); 55, 56, 58 numerales 4°, 5°, 6°, 22, 23, Art.604, 61-h), 64 (mod. Art.28, L.789/02) del C.S. del T, 1602 del C.C, en relación con los cánones 8 de la Ley 153 de 1887; 1494, 1495, 1502, 1613 a 1624, 1626, 1740 y 1741 del Código Civil; 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la SS; 164, 165, 166,167, 169, 170,176, 191, 193, 243, 244 a 246, 257, 260, 281 inc. 3 del Código General del Proceso; Convenio sobre extradición de julio 23 de 1892, artículos 3, 8 y 13, suscrito entre Colombia y España y el protocolo adicional de cooperación de mayo 29 de 1997, en armonía con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 3860 de 2011; art.388 del C. de P.P: artículo 490 y 511 de la ley 906 de 2004 (C.P); artículos 15, 25, 29, 53, 55. 228 y 230 de la Carta Política. Argumenta que el Tribunal incurrió en los siguientes yerros ostensibles de hecho: 5.1. No dar por probado estándolo, que no había lugar a condena a indemnización alguna, incluyendo la indemnización extralegal

adicional de la cláusula décima sexta del contrato de trabajo, porque el vínculo contractual finalizó por justa causa y no por causa injusta. 5.2. No dar por acreditado estándolo, que la cláusula décima sexta, del contrato de trabajo de diciembre 2 de 2015, así como la carta u oficio fechado en diciembre 29 de 2011, obrantes en los folios 20 y 24 del cuaderno 7 según enlace 90819 del expediente digital enviado a la C. S. de J. con respecto a la indemnización extralegal adicional, solo tiene validez y exigibilidad en los casos en que el operario sea despedido sin justa causa, como así se colige de su texto. 5.3. No dar por establecido, estándolo, que como el demandante García Arias fue despedido con justa causa, no tiene derecho a la indemnización adicional de la cláusula décima sexta del contrato de trabajo, también mencionada en el oficio aludido de folios 24 de diciembre 29/11. (cuaderno 7 según enlace 90819 del expediente digital enviado por la C. S. de J.) Nótese que esta carta tiene fecha muy anterior al contrato (no podía valorarse). 5.4. No dar por evidenciado, estándolo, que las causales de despido aducidas por la empresa SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. -INASSAal terminarle el contrato de trabajo al actor, están acreditadas.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 90819 5.5. No dar por establecido estándolo, que el demandante estuvo detenido por mucho más de 30 días previos al despido, suficiente

para terminar el contrato, y que incumplió gravemente sus obligaciones contractuales, propios de actos de inmoralidad; detención preventiva ordenada por el Juzgado Central de Instrucción No.6 de la audiencia Nacional de España, donde se le investiga por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos, corrupción y pertenencia a organización criminal (fs. 281 Cno.#7), conductas en virtud de las cuales confesó haber devuelto una gruesa suma de dinero fruto de un acto de corrupción (Audiencia del Art.80 CPLSS, minuto 38:15 y ss., CD PISTA UNO de pruebas). 5.6. Dar por demostrado sin estarlo, que el despido fue injusto, con el peregrino argumento de no haberse probado que la detención por extradición haya sido para cumplir una sentencia de condena en España, o por auto de detención proferido en juicio en Colombia. 5.7. No dar por justificado, estándolo, que "el actor fue efectivamente privado de la libertad con fines de extradición el 25 de agosto de 2017, y luego ordenada su captura por parte de la Fiscalía General de la nación" p