CSJ - SL177-2022

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL177-2022 Radicación n.° 81961 Acta 02 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. – ELECTRICARIBE S. A. ESP, sustituida procesalmente por LA NACIÓN - FONDO NACIONAL DEL PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP – FONECA, administrado por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario que le

promovieron RODOLFO ANTONIO ORTEGA MÁRQUEZ,

PHANOR SAA RODRÍGUEZ, RODOLFO VALENTINO

BRAVO FERNÁNDEZ, ÉDINSON SUÁREZ MARRIAGA,

RAFAEL EVANGELISTA GARCÍA LENGUA, ÁNGEL LÓPEZ

VILLALBA, BETTY DEL SOCORRO FLORIÁN LÓPEZ,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 81961

ADOLFO PALMA NORIEGA, CARLOS FRANCISCO JAIMES

MONTERROSA y ARMANDO DE JESÚS HENAO OSPINA.

Conforme la solicitud adosada a f.° 40 a 41, del cuaderno de la Corte, téngase al PATRIMONIO AUTÓNOMO

FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y

PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

S. A. ESP -FONECA, representado por FIDUPREVISORA S.

A., como sucesor procesal de la empresa demandada, de conformidad con los artículos 68 del Código General del Proceso, 315 de la Ley 1955 de 2019 y 2.2.9.8.1.6 del Decreto 042 de 2020.

I. ANTECEDENTES

Rodolfo Antonio Ortega Márquez, Phanor Saa Rodríguez, Rodolfo Valentino Bravo Fernández, Édison Suárez Marriaga, Rafael Evangelista García Lengua, Ángel López Villalba, Betty del Socorro Florián Flórez, Adolfo Palma Noriega, Carlos Francisco Jaimes Monterrosa y Armando de Jesús Henao Ospina, llamaron a juicio a la Electrificadora del Caribe S. A. ESP - Electricaribe S. A. ESP-, a fin de que se declarara principalmente, i) la nulidad absoluta del Acta de Acuerdo de Pensionados suscrita el 23 de junio de 2006 entre Electrocosta, Electricaribe y Asopelis Atlántico, así como ii) los acuerdos conciliatorios que cada uno de ellos realizaron ante el Ministerio de la Protección Social. En consecuencia, se disponga la ineficacia de los mismos y se ordene: el reconocimiento y pago de los valores

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Radicación n.° 81961 que les correspondan por concepto de los reajustes establecidos en el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de

1976, contenido en la CCT 1983-1985, sobre las pensiones de jubilaciones de los años 2006 a 2010, así como las diferencias que resulten entre lo que se les canceló y lo que se les adeuda. En subsidio, solicitaron el incumplimiento y como tal la inaplicabilidad del Acta de Acuerdo Pensionados suscrita el 23 de julio de 2006 entre Electrocosta, Electricaribe y Asopelis Atlántico y, por consiguiente, se condene el reconocimiento y pago de los valores que les correspondan por concepto de los reajustes establecidos en el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, contenido en la CCT 1983-1985, sobre las pensiones de jubilaciones de los años 2006 a 2010, así como las diferencias que resulten entre lo que se les canceló y lo que se les debe. Asimismo, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación. En remplazo a las peticiones anteriores, el reconocimiento y pago de los valores que les corresponden por los reajustes legales establecidos en la citada Ley 100 de 1993, que fueron desconocidos en la citada Acta de Acuerdo Pensionados suscrita el 23 de julio de 2006. Fundamentaron las súplicas en que laboraron para la Electrificadora del Atlántico S. A. (Electranta S. A. ESP) hoy liquidada y sustituida por la Electrificadora del Caribe S. A.

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Radicación n.° 81961 (Electricaribe S. A. ESP); que a partir del 16 de agosto de

1998, pasaron a formar parte de la nómina de pensionados de esta entidad, la cual hasta el 2005 venia reconociendo los reajuste de la Ley 4ª de 1976, consagrada en la norma convencional 1983-1985 y reiterada en el acuerdo colectivo 1998-1999; que las pensiones convencionales fueron compartidas con las del ISS, correspondiendo cancelar la diferencia originada entre estas dos prestaciones; que los montos pensionales no superaban el valor de los cinco SMLMV; que el 23 de junio de 2006 se suscribió el Acta de Acuerdo Pensionados entre Electrocosta, Electricaribe y Asopelis Atlántico. Dijeron, que en la mencionada acta se pactó un ámbito temporal desde el 1.° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010, en la que se convino un sistema que facilitaría el disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones vigentes que no sea inferior al mínimo previsto en el sistema general de pensiones - SGP, el cual consiste en «aplicar un reajuste anual del IPC causado menos dos puntos para cada uno de los cinco (5) años entre 2006 y 2010 variando así lo pactado en las convenciones colectivas»; que en el capítulo de beneficios individuales y colectivos se pactó: La empresa efectuará aportes a las asociaciones de pensionados firmantes de este acuerdo, para que se establezcan beneficios que compense el sistema de reajustes de pensiones de los afiliados y para que estos disfruten de compensaciones individuales y colectivas. Expusieron, que en esa acta igualmente se convino que

«La empresa efectuará los aportes a las asociaciones», en los

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Radicación n.° 81961 valores ahí estipulados y para los años de 2006 a 2010; que a la par se estableció que para hacer efectivo cada uno de los beneficios «Las asociaciones determinaran las condiciones de los beneficios, destinatarios y modalidades de manera autónoma, y los recursos se manejaran a través de un fidecomiso»; que Electricaribe S. A. ESP no constituyó el fidecomiso para el manejo de los recursos; que la Asopelis Atlántico no estableció un documento oficial en donde se fijaran o determinaran las condiciones de los beneficiarios y sus destinatarios. Señalaron, que no recibieron el porcentaje que les correspondían por esa compensación que atiende a la pérdida del incremento pensional establecido en la CCT 1998-1999 y/o los dos puntos del IPC que como incremento legal le atañían, a pesar de que tuvieron la voluntad de acogerse a dicha acta de conformidad con las acuerdos conciliatorios suscritos ante el Ministerio de la Protección Social; que fueron miembros de Asopelis Atlántico hasta el 15 de agosto de 2009, toda vez que pasaron a formar parte de la nueva Sociedad Regional de Pensionados de Electricaribe - Sorpel y que elevaron la respectiva reclamación administrativa ante la entidad convocada (f.° 1 a 4, del cuaderno n.° 1 del Juzgado). Electricaribe S. A. ESP se resistió tanto a las pretensiones principales como a las subsidiarias. Admitió, que aquellos laboraron para Electranta S. A. y luego pasaron

a formar parte de la nómina de pensionados de Electricaribe

S. A., por haber operado entre esas entidades la sustitución

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Radicación n.° 81961 patronal; la existencia del Acta de Acuerdo Pensionados suscrita el 23 de junio de 2006, entre Electrocosta, Electricaribe y Asopelis Atlántico, en el que se pactó entre otras, el disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones consagrado en el SGP, los beneficios individuales y colectivos y los aportes que se realizarían a las asociaciones, así como la no constitución del fidecomiso. Sobre las demás afirmaciones de los actores, señaló que no eran ciertos y/o no le constaba. A su favor formuló como excepciones de fondo, las de inexistencia de la obligación, carencia de acción, prescripción, buena fe, pago y cosa juzgada (f.° 1 a 27, del cuaderno n.° 2 del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia del 26 de marzo de 2015, dispuso: PRIMERO: Declarar ineficaz el acuerdo conciliatorio suscrito por Asopelis en el cual los afiliados acordaron ceder sus beneficios, condiciones previstas en nuestro estatuto de seguridad social tal y como lo prevé el Acto Legislativo 001 de 2005.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada, con relación a los señores PHANOR

SAA RODRÍGUEZ, ÁNGEL LÓPEZ VILLALVA, ÉDINSON SUÁREZ

MARRIAGA, BETTY FLORIÁN LÓPEZ, ADOLFO PALMA

NORIEGA, ARMANDO HENAO OSPINA, RODOLFO VALENTINO

BRAVO FERNÁNDEZ. .

TERCERO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la demandada en relación a los

señores RODOLFO ORTEGA MÁRQUEZ, RAFAEL EVANGELISTA

GARCÍA LENGUA y CARLOS FRANCISCO JAIMES

MONTERROSA.

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Radicación n.° 81961

CUARTO: Condenar a la Electrificadora del Caribe S. A. ESP a pagar a los señores RODOLFO ORTEGA MÁRQUEZ, RAFAEL EVANGELISTA GARCÍA LENGUA y CARLOS FRANCISCO JAIMES MONTERROSA las diferencias pensionales resultantes del reajuste efectuado a las mesadas pensionales conforme lo prevé el parágrafo 3 ° del artículo 1.° de la Ley 4ª de 1976 a partir de octubre del año 2010 más las que se sigan causando, debidamente indexado.

QUINTO: Absolver a la demandada Electrificadora del Caribe S.

A. ESP de todas y cada una de las pretensiones de los demandantes de los cuales prosperó la excepción de la cosa juzgada.

SEXTO: Absolver a la demandada Electrificadora del caribe S. A.

ESP de las demás pretensiones de la demanda (f.° 598 a 599, en relación al CD y acta, del cuaderno n.° 3 del Juzgado).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 24 de abril de 2018, (f.° 622 a 623, en lo que respecta al CD y acta, del cuaderno n.° 3 del juzgado), resolvió:

1. Modificar el numeral cuarto de la sentencia apelada, para en su lugar condenar a la demandada a pagar a los demandantes

las siguientes sumas: o RODOLFO ANTONIO ORTEGA MÁRQUEZ reajustes pensionales de la Ley 4ta de 1976, desde el 1.° de julio de 2013 al 30 de marzo de 2018, en la suma de $60.328.699,04 debidamente indexado y las que se causen en lo sucesivo siempre que no superen los 5 SMLMV. o RAFAEL EVANGELISTA GARCÍA LENGUA reajustes pensionales de la Ley 4ta de 1976, liquidadas las diferencias desde el 8 de octubre de 2010 al 30 de marzo de 2018, arroja la suma de $12.804.477,99 debidamente indexado y las que en lo sucesivo se causen siempre que no superen los 5 SMLMV. o CARLOS FRANCISCO JAIMES MONTERROSA reajustes pensionales de la Ley 4ta de 1976, liquidadas las diferencias desde el 1° de enero de 2015 al 30 de marzo de 2018 arroja la suma de $2.069.115,44 debidamente indexado y las que en lo sucesivo se causen siempre que no superen los 5 S.M.L.M.V.

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2. ORDENAR la compulsa de copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para lo de su competencia y a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de la conducta penal en que hayan

incurrido PHANOR SAA RODRÍGUEZ, RODOLFO VALENTINO

BRAVO FERNÁNDEZ, ÉDINSON SUAREZ MARRIAGA, ÁNGEL

LÓPEZ VILLALBA, BETTY DEL SOCORRO FLORIÁN LÓPEZ, ADOLFO PALMA NORIEGA Y ARMANDO DE JESÚS HENAO OSPINA, de las siguientes piezas procesales copia de la demanda, notificaciones, contestación al libelo, acuerdos y constancias de pago conciliación y del acuerdo de pensionados del 23 de junio de 2006, copia de los DVD contentivos de las sentencias de primera y segunda instancia, con destino, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para lo de su competencia.

3. CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

4. Sin costas en esta instancia.

En razón a los recursos de apelación interpuestos por las partes, el Tribunal determinó como problemas jurídicos a definir i) si en este asunto operaba parcialmente la cosa juzgada respecto de algunos demandantes y, ii) si a los restantes accionantes le asistía el derecho al reajuste del 15 % sobre la pensión de jubilación según lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976 contemplada en la CCT 1983-1985.

Determinó como marco jurídico para definirlos los artículos 164, 167 y 303 del CGP; 21 y 488 del CST; 29, 48 y 53 de la CP; 32, 61, 69 y 151 del CPTSS; AL 01 de 2005; y las sentencias CSJ, SL, 23 ene. 2009, rad. 30077, CSJ, SL, 20 feb. 2013, rad. 42994; CSJ SL1846-2016; CSJ SL3022016; CSJ SL12138-2014 y las relacionadas con los efectos de la celebración de acuerdos extra convencionales a fin de modificar y eliminar derechos contenidos en las CCT, más las

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Radicación n.° 81961 sentencia CSJ SL, 12 jul. 2011, rad. 36752, CSJ SL, 9 may. 2006, rad. 24302 y CSJ SL4981-2017. Resaltó como hechos acreditados conforme a las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, i) la condición de pensionados de los demandantes, entre ellos, el actor Rodolfo Antonio Ortega Márquez, desde el 1.° de enero de 1999; ii) la suscripción del Acta de pensionados, el 23 de junio de 2006, entre los representantes de “Electrocosta” y “Electricaribe” y las asociaciones de pensionados de estas empresas, donde se establece el sistema de reajuste anticipado de pensiones consistente en un reajuste anual del IPC menos 2 puntos, para cada uno de los cinco años, entre el 2006 a 2010, y el otorgamiento de bonos anticipados que

compense el sistema de reajuste adicionado a los efectos de los beneficios individuales y colectivos (f.° 168 a 172, del cuaderno n.°1 del Juzgado) y iii) la suscripción de actas de conciliación entre Electrificadora del Caribe S. A. ESP y los accionantes, entre los que se destaca el del señor Rodolfo Antonio Ortega Márquez (f.° 175 a 178, ib.), en las que se incorporan a los pensionados en el Acuerdo de 23 de junio del 2006, suscrito por Asopelcaribe, de la cual son afiliados para acceder a sus beneficios, dichos acuerdos tendrían vigencia desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2010, consignándose que la misma haría tránsito a cosa juzgada. En cuanto al primer problema jurídico, esto es, en relación al tema de la cosa juzgada, lo definió de cara a los demandantes Phanor Saa Rodríguez, Ángel López Villalva,

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Radicación n.° 81961 Édinson Suárez Marriaga, Betty del Socorro Florián López, Adolfo Palma Noriega, Armando Henao Ospina, Rodolfo Valentino Bravo Fernández, hallando que la misma estaba demostrada en los términos de los artículos 302 y 303 del CGP, en tanto habían demandado en pretéritas oportunidades los reajustes que pretendían a en este proceso. Respecto al segundo cuestionamiento, determinó que no era un hecho discutido que a los demandantes Rodolfo

Antonio Ortega Márquez, Rafael Evangelista García Lengua y Carlos Francisco Jaimes Monterrosa les asistía el derecho a que les reconociera el reajuste a la pensión de conformidad con la Ley 4ª de 1976, pues en la CCT que sirven de fundamento se estableció como beneficiarios de dicho acuerdo a quienes ostentara la condición de pensionados de la Electrificadora del Atlántico o de la sustituida sin consideración a su vigencia, por lo que resultaba suficiente para estimar la aplicación del reajuste de dicha ley, siempre y cuando el valor no supere los 5 SMLMV. En tales condiciones y frente al demandante Rodolfo Antonio Ortega Márquez, precisó que se encontraba pensionado desde el 1° de enero de 1999, así como estaba acreditado el valor de las mesadas pensionales reconocidas, desde esa data hasta 1° enero de 2014, respecto de la cual verificó que la pensión había sido reajustada anualmente, según la variación porcentual del IPC certificado por el DANE en el año inmediatamente anterior mediando la

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Radicación n.° 81961 compartibilidad pensional del ISS desde el 1.° de julio de 2013. Expresó, que después de la constatación pertinente halló que desde el año de 2006, la mesada pensional pagada totalmente por Electricaribe S. A. ESP ascendió a $2.028.833,oo que reajustada al IPC 4,48% para el 2007, arrojaba la suma de $2.039.488,oo, cuantía que no superaba la condición exigida por la Ley 4ª de 1976 para dicha

anualidad, pues el salario mínimo para el 2007 era de $433.700,oo que multiplicado por 5 daba un valor de $2.168.500,oo, por lo que estimó debía reajustarse su mesada por el 15 %, resultando una mesada $2.333.157,95. Asimismo, determinó la operancia de la prescripción por los años subsiguientes y determinó los reajustes desde julio de 2013 hasta marzo de 2018, sin perder de vista la compartibilidad pensional, tasándola en la suma de $60.328.699,04, debidamente indexada y dispuso los reajustes que en lo sucesivo se causen, siempre y cuando no superaran los 5 SMLMV, en dichos términos modificó la condenada del a quo, y lo propio lo realizó respecto de los restantes demandantes Carlos Francisco Jaimes Monterrosa y Rafael Evangelista García Lengua.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Electrificadora del Caribe S. A. ESP concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo únicamente frente al señor Rodolfo Antonio Ortega Márquez, conforme lo decidido en auto CSJ AL4784SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 81961 2018, que lo inadmitió frente a Carlos Francisco Jaimes Monterrosa y Rafael Evangelista García Lengua (f.° 3 a 7, del cuaderno de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo formuló así: Solicito respetuosamente la CASACIÓN de la sentencia acusada en cuanto confirmó la declaratoria de ineficacia del acuerdo del 23 de junio de 2006 y en cuanto mantuvo las modificaciones de

los Sres. Rodolfo Antonio Ortega Márquez, Rafael Evangelista García Lengua y Carlos Francisco Jaimes Monterrosa. En sede de instancia, solicito se revoque la declaratoria de ineficacia del acuerdo citado y la condena por pensión que impuso el A quo para los demandantes mencionados, para en su lugar impartir una absolución plena. Sobre las costas se resolverá de conformidad con el resultado del proceso. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no mereció réplica y se pasa a estudiar (f.° 28 a 34, del cuaderno de la Corte).

VI. CARGO ÚNICO Denuncia la violación directa, en la modalidad de aplicación indebida, «del artículo 66 A del C.P.T. y S.S. (art. 35 de la Ley 712 de 2001) como violación medio que condujo a la infracción directa de los artículos 1502, 1503, 1508, 1602, 2469, 2470, 2483 del C.C.; 4° del convenio 98 de la O.I.T.

(aprobado por la Ley 27 de 1976), 2° a 8° del convenio 154 de 1981 (aprobado por Ley 424 de 1999); 14 de la Ley 100 de 1993; 1° de la Ley 71 de 1988; por aplicación indebida de los artículos 53 de la Constitución; 1.° de la Ley 4ª de 1976; 260,

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Radicación n.° 81961 467 del C.S.T.; 1.° del Acto Legislativo No. 1.° de 2005 (art.48

C.P.)». En la demostración del cargo, advierte que el Tribunal dijo ocuparse de los temas de inconformidad exhibidos por las partes en los recursos de apelación interpuestos y, en tal sentido se ocupó de revisar las situaciones particulares de los demandantes, de cara a los procesos que varios de ellos habían presentado en pretérita oportunidad con la misma causa como también lo atinente al monto de las pensiones en aras de identificar si superaban o no el monto de los 5 SMLMV acorde con la Ley 4ª de 1976, como límite para aplicar el beneficio del ajuste pensional en el 15%, sin embargo, no se ocupó del tema central y motivo de inconformidad de la apelación de la parte demandada, esto es la validez o no del acuerdo celebrado por ésta con la asociación de pensionados, que en esencia, constituye la primera pretensión de la demanda. Refiere que esa omisión genera el quebranto del artículo 66 A del CPTSS y por ende se dejaron de aplicar las demás normativas que legitiman la celebración de acuerdos como el cuestionado. Dice que para mayor comprensión los pensionados que concurren al proceso, ya no son trabajadores de Electricaribe S. A. y, por ende, no son parte de la CCT que obliga a la empresa, pero ello no implica desconocer que por el contenido de la que invocan los demandantes, puedan terminar cobijados por algunas de ellas.

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Radicación n.° 81961 Expone que el Acuerdo suscrito el 23 de junio de 2006, fue celebrado entre personas jurídicas que, fue ratificado individualmente por medio de conciliaciones válidamente

celebradas, en las que no se vulneró ningún derecho de los comparecientes a las mismas, como bien lo afirmó el funcionario competente ante el cual se materializaron. Aduce, que en virtud de dicho convenio los pensionados como las asociaciones de pensionados, recibieron importantes beneficios económicos, por lo que sé está en presencia de un contrato multilateral, con intereses recíprocos, entre quienes lo suscribieron, ajustado a las reglas de la contratación civil que es la que legítima tal suerte de convenciones entre personas jurídicas. Dice que si existiera alguna duda sobre la validez del acuerdo por incidir de alguna forma en el contenido de una CCT, habría que destacar para concluir en su legitimidad que el mismo se ajusta al contenido de los Convenios 98 y 154 de la OIT que permiten la concertación entre empleadores y trabajadores con el fin de regular sus relaciones laborales y que legitiman conceptualmente el acuerdo entre la demandada y las asociaciones de pensionados. Hace referencia al artículo 4 ° del Convenio 98 de la OIT, aplicable automáticamente a nuestra legislación por mandato del artículo 53 de la CP, cuyo texto reprodujo e insiste que al omitirse en el fallo fustigado la discusión sobre la validez del acuerdo del 23 de junio de 2006, no consideró la aplicación de tal disposición que es claramente pertinente en el marco de este caso.

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Radicación n.° 81961 Advierte, que tampoco tuvo en cuenta, pese a que coincide con lo dicho por la CC C-1234-2005, CC C-4662008 y CC C-349-2009, el Convenio 154 de 1981 de la OIT

cuyas disposiciones son reiterativas en cuanto a la viabilidad de los acuerdos colectivos aunque no se sometan a toda la tramitación de un conflicto colectivo, y anota lo que dice su artículo 2. Señala, que acorde con lo precedente la demandada se ajustó al contenido de los convenios citados, sin que existiera, vulneración alguna al modificado artículo 48 CP, puesto que en el Acuerdo del 23 de junio de 2006 no se crearon condiciones pensionales más gravosas para los pensionados, por lo que es evidente su legitimidad y validez. Alude que en cuanto a la aplicación del sistema de ajustes de las pensiones previstas en la Ley 4ª de 1976, a la cual acudió el ad quem le resultó obvio, empero no consideró que los actores no son trabajadores de la demandada, y por tanto quedaron por fuera del ámbito de la CCT desde el momento en que se les reconoció la pensión y se retiraron del servicio de la empresa, por ende dejaron de acogerse dicha ley, y luego ratificaron su abandono, cuando aceptaron allanarse a la Ley 100 de 1993 en lo atinente al ajuste anual de sus pensiones. Manifiesta, que los accionantes demandan el ajuste del 15 % desde el año 2006, con la intención de abandonar lo establecido en la citada Ley 4ª, desde cuando les

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Radicación n.° 81961 reconocieron la pensión de jubilación convencional hasta dicho año, lo que traduce que se acogieron inicialmente a la Ley 71 de 1988 y luego a la Ley 100 de 1993, en lo atinente

a la actualización de sus pensiones, y solo sería posible regresar al régimen convencional a través de una nueva convención o de un acuerdo particular suscrito en la fecha a partir del cual vuelvan a pedir la aplicación de la Ley 4ª de 1976. Advierte, que no aborda el tema de las conciliaciones celebradas por los demandantes, porque al prosperar el primer cuestionamiento relacionado con la legitimidad del Acuerdo del 23 de junio de 2006, procede la aplicación del sistema de ajuste y pago de las pensiones que se consagró en dicho acuerdo, por ende la haya innecesario (f.° 29 a 34, del cuaderno de la Corte).

VII. CONSIDERACIONES La censura propone en el único cargo formulado dirigido por la vía directa, el quebranto del artículo 66A del CPTSS y con ello las normas denunciadas, toda vez que el Tribunal no se ocupó del tema de la validez o no del acuerdo de celebrado por Electricaribe S. A. con la asociación de pensionados, siendo uno de los aspectos materia del recurso de apelación que interpusieron.

Al respecto nótese que la Sala ha adoctrinado que el recurso extraordinario de casación no es un medio idóneo para remediar errores que deben corregirse en las instancias

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Radicación n.° 81961 y esta situación impide realizar un estudio de fondo del asunto propuesto en dicha sede. Precisamente, ello se advierte de la acusación, que se dirige a cuestionar la decisión del Colegiado de instancia por abstenerse de la resolución de un punto propuesto en la apelación, porque si ello en efecto es así, como lo asegura la

entidad recurrente, como interesada debió acudir al remedio procesal establecido en el artículo 287 del CGP, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el artículo 145 del CPTSS, para solicitar ante esa misma Colegiatura, la adición de la sentencia, en tanto, tal normativa dispone que «Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria», ello «dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (…)», actuación procesal que en el sub judice no se llevó a cabo. De manera, que al no hacer uso de los remedios procesales que le correspondía en las instancias, no resulta viable que la parte recurrente, a través de este recurso extraordinario corrija su desidia, bajo el argumento del quebranto del principio de consonancia. En la sentencia CSJ SL509-2013, la Corte rememoró lo expuesto en la CSJ SL, 26 en. 2010, rad. 10115, reiterada la CSJ SL, 26 en. 2010, rad. n.° 32938, en la que sobre este puntal aspecto dijo:

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Radicación n.° 81961 “No obstante, sobre esta pretensión no se pronunció el Tribunal, a pesar de que fue un punto incluido por la parte actora dentro de la apelación de la decisión de primer grado, por lo que el recurso de casación no resulta procedente para corregir tal yerro, toda vez que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala de

tiempo atrás, no es la casación un mecanismo alternativo que permita subsanar irregularidades cometidas por el sentenciador de segundo grado, para cuyo remedio tiene previsto el legislador otros mecanismos, tal como lo dijo esta Corporación en sentencia del 11 de febrero de 1998 (radicación 10115), que ha sido ratificado en múltiples oportunidades y que para el caso resulta pertinente transcribir: “resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto. “En efecto, las normas procesales ya señaladas y aplicables por analogía al campo laboral en virtud a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, le exigen al Juez al proferir la sentencia definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de contradictor. “Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del C.P.C., modificado por el artículo 1° numeral 141 del Dcto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por

actuación de oficio del Juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, radicación 9895.” (Sentencia de 11 de febrero de 1998, radicación 10115). Sobre este punto, también deviene recordar lo dicho por la Corte en la sentencia CSJ SL, 29 jun. 2001, rad. 15456:

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Radicación n.° 81961 En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagrados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L. En sentencia del 8 de septiembre de 1998 (rad. 10967), dijo la Sala, en un caso que era susceptible de ser subsanado mediante

la adición de la sentencia, pero que, para el evento de la corrección, resulta igualmente apropiado por existir igual razón jurídica, lo siguiente: “En segundo lugar y dada la omisión del Tribunal, debe indicarse que el procedimiento correcto a seguir por la parte afectada era solicitar la adición de la sentencia como lo dispone el artículo 311 del C.P.C., aplicable en el procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y no, como lo hizo, interponer el recurso de casación, que dada su naturaleza de extraordinario, no está instituido para evitar yerros que pueden subsanarse mediante la utilización