CSJ - SL1780-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1780-2023 Radicación n.° 93609 Acta 22 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso que le instauró ANA MILENA ESPINOSA LÓPEZ trámite al que se vinculó como litis consorcio necesario al

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES PAR ISS

LIQUIDADO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código General del Proceso, se acepta la renuncia de la apoderada de Colpensiones, María Lucía Laserna Angarita, al mandato conferido (f.º 6 a 8 del cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 93609 Téngase a Soluciones Jurídicas de la Costa SAS, representada legalmente por Carlos Rafael Plata Mendoza, como apoderada de Colpensiones, en los términos y para los efectos del poder general conferido, obrante en el cuaderno digital de la Corte. Asimismo, se tiene como apoderado judicial de la convocada al doctor Carlos Rafael Plata Mendoza, portador de la Tarjeta Profesional n.º 107775, expedida por el Consejo

Superior de la Judicatura, en la forma y para los efectos del poder otorgado, adosado en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Ana Milena Espinosa López llamó a juicio a Colpensiones con el fin de que previa declaración que i) con Colpensiones existió un contrato realidad entre el 24 de julio de 2008 y el 19 de diciembre de 2014 y, ii) se dio la sustitución patronal entre el Instituto de Seguros Sociales y la primera mencionada, en los términos del artículo 67 CST.

En consecuencia, Colpensiones sea condenada al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios y las sanciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST. En subsidio, en caso de que el nexo laboral fue en virtud de un contrato de trabajo a término fijo, se condenara a las mismas pretensiones e indemnizaciones reclamadas.

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Radicación n.° 93609 Fundó sus peticiones, básicamente, en que se desempeñó como abogada inicialmente para el ISS, entre el 24 de julio de 2008 al 30 de marzo de 2013 y posteriormente, para Colpensiones entre el 1.º de abril de 2013 y el 19 de diciembre de 2014; que dentro de las obligaciones laborales estaba la de desempeñar una actividad personal que no podía sustituir, que inicialmente fueron 200 procesos, luego 300 y finalizó con 200; que no gozaba de autonomía técnica ni administrativa ni podía prestar el servicio a través de terceras

personas; que el horario que se le impuso fue el que correspondía a los despachos judiciales, es decir, de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm y de 8 am a 12 m y de 1 pm a 5 pm, de lunes a viernes, pero debía estar disponible para cualquier requerimiento, en especial los que la Contraloría le solicitara. Arguyó que a partir del mes de marzo de 2014 se le impuso una nueva obligación laboral, reasignándole el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, en donde debía responder por 200 procesos, que incluía proyectar las contestaciones de la demanda conforme las directrices impartidas por el empleador; atender audiencias, presentar apelaciones en contra de las decisiones incluso para algunos casos se le daba la orden de no interponer impugnaciones. Dijo que desde el 21 de diciembre de 2012 el ISS a través de otrosí al contrato suscrito, lo cedió a Colpensiones con el fin de que siguiera prestado los servicios ejerciendo el mismo cargo, funciones y obligaciones para la cual había sido contratada, por lo que se presentó una sustitución patronal; que el convocado, a través de sendos contratos de

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Radicación n.° 93609 prestación de servicios profesionales, plasmó el elemento subordinación y el salario que percibiría; que mensualmente se le pagó la respectiva remuneración. Refirió, que los servicios los prestó en forma ininterrumpida; que a pesar de la denominación que se les dio a dichos contratos se trataba de verdaderos nexos

laborales; que la subordinación se ejerció a través de los superiores jerárquicos quienes en algunas oportunidades laboraron para las dos entidades; que le fueron remitidos varios correos electrónicos mediante los cuales se le exigía tiempo, calidad y cantidad en el desempeñó de las labores encomendadas; que el salario que percibió fueron los siguientes:

AÑO SALARIO

2008 $3.903.000 2009 $4.473.000 2010 $4.696.800 2011 $4.820.400 2012 $5.099.983 2013 $5.100.000 2014 $5.368.886 Indicó, que a la fecha Colpensiones no le ha informado el estado del pago de sus cotizaciones a la seguridad social y parafiscalidad; que ésta le dio por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral y sin justa causa; que la misma le debe reintegrar los valores descontados en forma ilegal de su salario; que la convocada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado; que todos los cargos que fueron

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Radicación n.° 93609 creados a través de la Resolución n.º 003 de 2011 era para ser desempeñados por trabajadores oficiales; que fue modificada por su homóloga n.º 524 de 2015 únicamente en cuanto hace a las funciones que debían ejecutar dichos trabajadores; que después se dictaron otras disposiciones, entre ellas el Decreto 310 de 2017 que modificó la planta de personal y creó unos empleos públicos y que se agotó la vía gubernativa (f.º 5 a 32, demanda inicial y f.º 402 a 411,

escrito subsanatorio, del cuaderno del Juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó únicamente el agotamiento de la vía gubernativa. En cuanto a las demás afirmaciones las negó, argumentando que la demandante estuvo vinculada como abogada externa, a través de contratos de prestación de servicios, ejerciendo el mandato para el ISS, como contratista independiente y en esas mismas condiciones para ella, los cuales estuvieron regidos por Ley 80 de 1993, por lo que no generó nexo laboral alguna ni subordinación. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, carencia del derecho e inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, la innominada, buena fe, prescripción y compensación (f.º 416 a 431, ib.). Por auto del 4 de octubre de 2017, el juzgado de conocimiento vinculó como litisconsorte necesario al Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS (f.º 456, ib.), quien al dar respuesta al libelo demandatorio se resistió a las

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Radicación n.° 93609 peticiones de la actora. Sobre los supuestos de hecho, aceptó que al liquidarse el ISS, la demandante continuó con la actividad que venía desarrollando, a través de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales, regulados por Ley 80 de 1993, quien se comprometió de forma autónoma e independiente a asumir la defensa de los intereses de las llamadas a juicio y como contraprestación el pago de unos honorarios.

Sobre las demás afirmaciones señaló que unas no eran ciertas mientras que las otras no constituían hechos. Excepcionó las de carencia de acción legal por parte de la demandante, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; buena fe en la celebración y ejecución de los contratos celebrados; compensación, prescripción de las acciones correspondientes a los derechos laborales reclamados y la innominada (f.º 508 a 528, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 14 de noviembre de 2018 (f.º 610 a 612, en relación al acta y CD, del cuaderno del juzgado), dispuso:

1.º - DECLARAR PROBADA LA EXCEPCION DE CARENCIA DEL DERECHO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, formulada oportunamente por la apoderada judicial de la accionada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES. 2.º - ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, representada legalmente por la

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Radicación n.° 93609 doctora ADRIANA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ o por quien haga sus veces, y al vinculado como Litisconsorte necesario por la parte pasiva, PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY LIQUIDADO – PAR ISS, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.

3.º- […] 4.º COSTAS a cargo de la parte vencida en el proceso. Liquídese por la Secretaría del Juzgado. FÍJESE la suma de $200.000, en que este Despacho estima las AGENCIAS EN DERECHO, a cargo de la accionante, y a favor de COLPENSIONES y del PAR ISS en un 50 % cada uno de ellos.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por decisión de 23 de abril de 2021 (f.º 32 a 46), resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada No. 304 del 14 de noviembre de 2018 de primera instancia, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali y en su lugar, DECLARAR infundadas las excepciones de fondo propuestas por las demandadas, salvo la de prescripción, la cual se declara en forma parcial respecto a primas de servicios y vacaciones.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo realidad entre la demandante ANA MILENA ESPINOSA LÓPEZ y el Instituto de Seguros Sociales liquidado, hoy PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY LIQUIDADO PAR ISS entre el 24 de julio de 2008 y el 30 de marzo de 2013, presentándose sustitución de empleadores con COLPENSIONES desde el 1.º de abril de 2013 extendiéndose el contrato de trabajo hasta el 19 de diciembre de

2014.

TERCERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY LIQUIDADO PAR ISS "PAR ISS liquidado" a pagarle a la doctora ANA MILENA ESPINOSA LÓPEZ, los siguientes conceptos y valores:

CESANTÍA:

2008 $1.691.300.00

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Radicación n.° 93609 2009 $4.473.000.oo 2010 $4.696.800.00 2011 $4.820.400.oo 2012 $5.099.983.00 1/1/2013 a 31/3/13 $1.275.000.oo. CÁLCULO ACTUARIAL PARA PENSIONES Se condena a que el demandado antes referido, proceda a pagar un cálculo actuarial a la entidad a la que se encuentre afiliada la demandante a pensiones, por el tiempo laborado con base en los salarios devengados en cada mes de trabajo y por el tiempo comprendido entre 24 de julio de 2008 al 31 de marzo de 2013. ABSOLVER a COLPENSIONES de la solidaridad por sustitución de empleadores respecto a estas condenas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la demandante ANA MILENA ESPINOSA LÓPEZ los, siguientes

conceptos y valores: CESANTÍA 1/4/2013 a 31/12/2013 $3.825.000.oo 1/1/2014 a 19/12/2014 $5.204.000.oo

PRIMAS DE NAVIDAD 2014

$2.602.000.oo VACACIONES Del 24 de julio de 2014 a 19 de diciembre de 2014 la suma de

$1.080.935.oo. CÁLCULO ACTUARIAL Se condena a que el demandado antes referido, proceda a pagar un cálculo actuarial a la entidad a la que se encuentre afiliada la demandante a pensiones, por el tiempo laborado con base en los salarios devengados en cada mes de trabajo y por el tiempo comprendido entre 1 de abril de 2013 y el 19 de diciembre de 2014. INDEMNIZACIÓN MORATORIA Se CONDENA a pagar a COLPENSIONES, la suma de $178.962.86 diarios desde el 20 de marzo de 2015 hasta que se verifique el pago de las prestaciones e indemnizaciones adeudas a la demandante.

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Radicación n.° 93609 INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO Se CONDENA a COLPENSIONES a pagarle a la demandante la suma de $6.263.700.33., por concepto de indemnización por despido injusto.

QUINTO: Costas en ambas instancias a cargo de las demandadas. Agencias en derecho en segunda instancia $1.000.000.oo, a cargo de cada una de las demandadas y en favor de la demandante. Las costas de primera instancia serán tasadas por el a quo.

El ad quem circunscribió el problema jurídico a definir si en este asunto se verificó entre los contendientes un nexo laboral. Como marco jurídico reprodujo los artículos 1º de la Ley 6ª de 1945 y 20 del Decreto 2127 de 1945, también recordó los artículos 53 de la CP sobre la primacía sobre las formalidades y 24 del CST y luego trascribió el numeral 3,

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Sostuvo que, demostrada una relación de trabajo, esta debe ser sometida a la normativa propia del contrato de trabajo, el cual no deja de serlo por el nombre que se le dé, ni de otras modalidades o condiciones que se le adicionen. Aludió que en este asunto no era materia de discusión que la actora suscribió varios contratos de prestación de servicios para ejercer mandato judicial con la parte demandada (f.º 33 a 79, del cuaderno del juzgado). Hizo énfasis sobre el principio de la primacía realidad sobre las formas, del que adujo, que:

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Radicación n.° 93609 […] viene a ser uno de los principios transversales en el derecho del trabajo y consiste en darle prevalencia a la verdad real frente a lo que nos enseña las apariencias, que se instituye y, además se justifica, en tanto procura equilibrar una ecuación desigual e inequitativa que se presenta en las relaciones laborales dependientes, cual es, el de la imposibilidad de predicar plena libertad para convenir las condiciones en las que aquella se va a ejecutar. Precisó, que, para descartar el elemento esencial de la subordinación, incumbía a quien ha sido señalado como empleador, probar que, no obstante tratarse de un servicio personal, no fue continuado sino instantáneo, o que no fue subordinado sino autónomo, modalidades que pueden conducir a la determinación de la existencia de una relación jurídica de contenido ajeno al derecho del trabajo. Adujo, que no podía descartarse a priori que, el profesional del derecho a pesar de que formalmente esté

contratado para la gestión de procesos judiciales, en realidad pueda estar vinculado por una relación de trabajo subordinada a través de contrato de trabajo. Señaló, que era posible que la asistencia jurídica esté sometida a los mandatos, lineamientos y criterios jurídicos que le impone el contratante, sea persona natural o jurídica, esta última de índole pública o privada. Alegó, que: Tanto la ajenidad, como la dependencia van a constituirse en conceptos jurídicos que, en todos los casos de aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas,; van a requerir de valoración judicial y, en el caso de las profesiones

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Radicación n.° 93609 liberales van a servir de indicadores para establecer cuándo es posible que se concrete una: relación de trabajo, en una actividad a la que por esencia se le va a dificultar imponer las reglas laborales ante la marcada autonomía intelectual que se requiere, que pueden hacerlas incompatibles con el poder de dirección empresarial Acorde con lo expuesto, se refirió i) a los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, (f.º 33 a 79); ii) a las certificaciones del cumplimiento de requisitos como empleada (f.º 80 a 85); iii) a las certificaciones sobre los valores de los honorarios profesionales (f.º 86 a 88); iv) a los correos electrónicos solicitando informes y demás (f.º 122 a 375) y, v) a las certificaciones de la retención en la fuente (f.º 376 a 378). Destacó de dichos documentos que conforme a la

certificación expedida por el gerente seccional ISS en liquidación, la demandante i) debe actuar en coordinación con la dirección jurídica seccional del Instituto y de acuerdo con las directrices impartidas por la unidad de procesos de la dirección jurídica nacional respecto a la política a seguir para la correcta atención de los procesos a su cargo; ii) reclamar remanentes en la forma exigida por el gerente seccional o por la dirección jurídica; iii) acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Instituto, cuyo incumplimiento es causal para imponer multas sucesivas; iv) que los argumentos jurídicos que el contratista esgrima en las diferentes actuaciones judiciales deberán ser concordantes con las decisiones jurisprudenciales emitidas sobre el particular y los conceptos expuestos por la dirección jurídica

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Radicación n.° 93609 nacional y dirección jurídica seccional Valle del Instituto, así como el protocolo de defensa judicial definido por la Unidad de procesos de la dirección jurídica nacional. Expresó, que: En el documento a folios 37 a 39 en donde se habla de la cesión del contrato a Colpensiones se habla que siempre y cuando los abogados externos se sujeten al régimen sancionatorio establecido por Colpensiones, y luego, Colpensiones en documento de 25 de enero de 2013 acepta la cesión del contrato indicando entre otros aspectos que no existe personal de planta suficiente para atender las obligaciones objeto de la presente aceptación de cesión, al igual que se cuenta con la autorización del Presidente de Colpensiones para contratar con objeto igual.

En general en todos los contratos celebrados de manera continua se indicaba sobre el deber de seguir las políticas de defensa y en términos generales su actividad estaba controlada por el contratante. Dijo, que, la actora debía asistir a reuniones constantes, así como atender oportunamente las solicitudes y compromisos que surgieran de las mismas y que según del instrumento emanado de Colpensiones del 10 de julio de 2014 (f.º 90 a 94), debía actuar en coordinación con el manual de defensa judicial definido por Colpensiones y de conformidad con las directrices impartidas por la gerencia nacional de defensa judicial, respecto de la política a seguir para la correcta atención de los procesos a su cargo; que en caso de desplazamiento se reconocían gastos de viaje y dentro de las obligaciones de Colpensiones estaba impartir instrucciones para la ejecución de los servicios contratados. Adujo, que a la accionante también le tocaba registrar constantemente la información en plataformas de las

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Radicación n.° 93609 demandadas, se le hacían constantes requerimientos por vía de correos electrónicos y se le convocaba a reuniones constantes. Señaló, que de las declaraciones se obtenía, que: i) Omaira Barona Caracas, indicó que: […] "del 2011 al 2013, las funciones que realizaba la demandante era contestación de las demandas, asistir a las audiencias y culminar con los procesos. Relata que en la institución no había asignación de cubículos ni computadores para cada uno, había dos o tres computadores para 50 abogados aproximadamente.

Cada abogado debía ingresar información a la plataforma con lo que habían realizado y a la señora Omaira le correspondía revisar que estuviera completo, que, si lo hubiesen realizado y que las demanda si fueran contestadas, de lo contrario serían sancionados. Frente a los horarios refiere que no les exigían llegar a una hora específica, simplemente iban a revisar si les habían asignado procesos. Con respecto a las ordenes o instrucciones, manifiesta que desde el departamento de jurídica les decían como debían hacer las contestaciones de la demanda y también les llegaba los modelos desde Bogotá. Realizaban reuniones de vez en cuando y estaban obligados a asistir. Desconoce que la señora Ana Milena hubiese sido sancionada por alguna razón. Sobre el pago de la demandante refiere que debía presentar una cuenta, el estado de las demandas y demostrar que ya tenía pago la seguridad social. Relata que cuando el seguro pasó a ser Colpensiones ella siguió hablando con la demandante y le manifestaba que seguían realizando las mismas labores en otras sedes. Refiere que los abogados externos participaban de las actividades y fiestas de fin de año y las novenas. Cuando ingresaba un abogado nuevo, realizaban unas reuniones para dar los instructivos y ahí aprovechaban para ser presentados. Las capacitaciones decían que eran obligatorias para que se enteraran de lo que iba a suceder o para darles nuevas directrices." ii) Rocío Montoya Giraldo, por su parte, señaló que:

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Radicación n.° 93609 […] conoce la demandante desde el 2008, porque estuvo

vinculada en el Seguro Social desde el 2004 y cuando la señora Ana Milena entró, ella estaba ahí. Recuerda que la demandante entró en el 2008, porque en diciembre les tocó el turno de la novena y ella estaba en ese grupo. La novena la organizaba el seguro social. Refiere que la demandante ingresa por contrato de prestación de servicios en el año de 2008 a mediados, esto lo sabe porque a finales del año tuvo más relación con ella. Ese contrato era Igual al que ella estaba suscrita, sin embargo, no sabe cuánto tiempo, pero dice que había contratos de 6 meses o más, que a veces había contratos hasta el 28 de diciembre, pero que cobraban hasta el día 19 del mismo mes. A pesar de que cobraban hasta ahí, tenían que trabajar el resto diciembre porque les pedían informes del resto del mes. Le consta porque ese era su trabajo. Trabajaban en las Instalaciones del seguro o por fuera. Esa oficina en la Institución había dos o tres computadoras, fotocopiadoras, casilleros. Desde el 2008 al 2013 existieron más de 70 abogados aproximadamente y se reunían cuando la institución realizaba capacitaciones, regularmente los viernes y si no podían asistir, debían presentar la excusa o la razón por la cual no pudieron asistir. Las capacitaciones eran para dar nuevas directrices para la defensa, para manejo de nuevos aplicativos y demás. Referente a los horarios relata que no había un horario establecido, es decir no debía de ir a las 8 am. Solo iban por las herramientas que necesitaran para realizar su trabajo La señora Rocío manifiesta que el señor Andrés, Coordinador

inmediato como ella lo llama, les decía que debían ir a la instalación por un proceso que de pronto se encontraba a punto de vencer y que, si no iban, se quedaban sin asignación. También los llamaban para darles las directrices de los fundamentos con los cuales debían contestar las demandas. No le consta a la señora Roclo de que a la demandante le hicieran llamados de atención. Frente al pago, refiere que era mensual y que tenían que presentar una cuenta de cobro y reflejar los 200 procesos que manejaban y para poder cobrar debían tener pago la seguridad social. La señora Rocío estuvo en la cesión de contrato a Colpensiones entre diciembre de 2012 y marzo de 2013. Las directrices eras las mismas, las capacitaciones eran obligatorias y se volvió más estricto el horario para las mismas.

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Radicación n.° 93609 Refiere que los instructivos que les asignaban para las contestaciones de las demandas, eran de obligatorio cumplimiento. Manifiesta que en el tiempo que estuvo en el seguro y en Colpensiones, nunca le prohibieron realizar otras actividades jurídicas fuera de la institución." iii) Betty Real Quintero, relató que: […] la señora Ana Milena llegó al seguro social como abogada externa en el año 2008 hasta que pasaron a Colpensiones, es decir, durante el proceso de liquidación. Manifiesta que Ana Milena tenía contrato de prestación de servicios, le correspondía contestar las demandas que le hacían al seguro social, asistir a las audiencias, presentar las apelaciones, asistir a las audiencias que tenían en el día, si tenía tres, debía de ir.

Lo anterior, se lo comentaba la señora Ana Milena. La señora Betty en el año 2012, le fue asignada la labor de que estuviera al tanto de las labores que realizaba la señora Ana Milena y los demás abogados. Manifiesta que le tocaba verificar que la señora Ana Milena y demás, fueran todos los días al seguro social a verificar sus casilleros, a ver que procesos le habían asignado, si fueron y porque no fueron o porque no recogieron los procesos asignados y que las demandas fueran presentadas en los términos, esto último por medio de un aplicativo. Narra que dentro de la institución habían asignado dos computadores para más o menos 50 abogados externos. Relata que la señora Ana Milena y los demás abogados, recibían órdenes o Instrucciones de la señora Nila María Manzano que fue la jefe jurídica, instrucciones como asistir a reuniones para entregarles los instructivos para la defensa del seguro social. Con el tema del horario relata que no estaban obligados a ir a las 8am, si no que ellos podían ir al seguro social cuando les fuera necesario, ya sea por una documentación o para revisar sus casilleros. Referente a los pagos, mensualmente presentaban cuenta de cobro y adjuntaban el informe de los 200 procesos que tenían asignado. Manifiesta que Ana Milena y los demás abogados tenían más de 200 procesos, pero solo debían adjuntar esa cantidad. Cuenta que la demandante no fue afiliada al seguro social, ella misma lo pagaba. El seguro social les aportaba el tema de la papelería para realizar sus funciones. Manifiesta que la demandante estuvo en el seguro social hasta el

20132014 cuando cedieron a Colpensiones. Que los contratos de prestación de servicios eran de 6 meses o 8 meses, no había

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Radicación n.° 93609 interrupciones. En fechas decembrinas a los abogados les tocaba ir a bellavista a mirar que había, que directrices les daban o que había pendiente. Es decir, después del 19 de diciembre había contrato. Refiere que los abogados externos los viernes en hora de la mañana o tarde, se citaban a las capacitaciones jurídicas que exponía el señor Juan Pablo Salazar Esparza. Se tomaba asistencia porque eran obligatorias. Si no asistía tenía que justificar su ausencia. Cuando ingresaba un abogado nuevo, en las capacitaciones se aprovechaba para presentados ante los demás compañeros." iv) Claudia Melissa Rengifo Ortiz, indicó que: […] los abogados externos no estaban obligados a cumplir horarios, porque no tienen ningún tipo de vínculo permanente en la institución. No reciben órdenes de ningún funcionario. Para el pago de los honorarios, presentan cuenta de corbo y los procesos que tenían a cargo, los abogados tenían que pagar su seguridad social. Ellos prestan sus servicios a Colpensiones y también a demás personas, es decir no tienen exclusividad A los abogados se le otorga unos lineamientos a nivel general para realizar su trabajo. No se les plantea que en todo momento tienen que apelar, lo que deben de hacer es dar un concepto de si es viable una apelación o no. Colpensiones ahora contrata firmas de abogados para llevar los procesos, anteriormente eran abogados personas naturales."

Expuso, que del análisis en conjunto de dichos testimonios, la prestación del servicio estaba acreditada, así como la presencia de órdenes y directrices propias de la subordinación, en tanto que debía seguir las instrucciones acerca de la forma como elaborar la defensa jurídica, toda vez que esta debía hacerse bajo el esquema indicado por las accionadas; y que el número de procesos asignados hacían casi que la labor de un profesional del derecho sea exclusiva para las demandadas.

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Radicación n.° 93609 Adujo, que, en la declaración de parte rendida por la actora, esta manifestó que: […] trabajó con el extinto seguro social, como abogada por contrato de servicios profesionales desde el 2008, aproximadamente 4 contratos toda vez que no eran regulares. Relata que tenía establecido un horario laboral de 8 am a 6pm, luego de 8 am a 5 pm y dichos horarios los imponían los directores Jurídicos en su momento. Narra que de vez en cuando hacía uso de los computadores de las instalaciones del seguro social, ahí realizaba partes de sus demandas y etc., no permanecía tiempo completo, toda vez que se desplazaba por varios juzgados de la ciudad de Cali, refiere que tenían casilleros asignados para el trabajo de cada uno. Refiere que le pagaban por cuenta de cobro y que les exigían que tuvieran pago lo referente a la seguridad social, es decir, ella pagaba la seguridad social. Señala que el contrato no tenía cláusula de exclusividad pero que por la carga laboral que le imponían, era difícil seguir litigando por su cuenta. Los contratos eran variables en su duración, podían ser de tres meses, seis

meses y a veces continuaban con la labor y no llegaban los contratos de Bogotá. Señala que los honorarios profesionales los pagaban mensual o se juntaban dos cuentas, para reclamar el pago presentaban la cuenta de cobro y un informe de los procesos a cargo. La demandante refiere que muchas de las instrucciones para realizar su trabajo las enviaban desde Bogotá, por ejemplo, los modelos de las contestaciones de las demandas, instrucciones de que debían apelar en todo momento y en general las instrucciones para cada proceso. Estimó, que acorde con el material probatorio, en este asunto se dio i) la prestación del servicio; ii) la imposición de órdenes; iii) la limitación de la autonomía jurídica de la demandante y, iv) la continuidad de la prestación de los servicios, por lo que se estaba presencia de un verdadero contrato de trabajo. También consideró que la demandante ostentó la calidad de trabajadora oficial, en la medida en que las demandadas tenían al momento de la prestación del servicio

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Radicación n.° 93609 la condición de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por lo que sus servidores, por regla general, son trabajadores oficiales a voces del artículo 5° del Decreto 3135 de 1968. Igualmente determinó que, en este asunto, operó la sustitución de empleadores prevista en los artículos 53 y 54 del Decreto 2127 de 1945 (hoy artículos 2.2.30.6.17 y 2.2.30.6.18 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública No 1083 de 2015), siendo Colpensiones

sustituto quien era responsable solidario de las obligaciones anteriores derivadas del contrato de trabajo y de las que surjan después de la sustitución. Recordó, que para que opere la sustitución de empleadores es necesario que se concurran los siguientes presupuestos: i) un cambio de empleador por otro; ii) la continuidad del objeto social de la empresa o identidad del establecimiento y; iii) continuidad de los servicios del trabajado. A e