CSJ - SL17913-2017

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL17913-2017 Radicación n.° 53169 Acta 017 Bogotá, D. C., primero (1°) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ambas partes, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 10 de diciembre de 2010, en el proceso que promovieron ANTONIO JOSÉ ARIAS FLÓREZ, DOMINGA ANTONIA GÉLVEZ DE ARIAS y MARÍA GLADYS FLÓREZ RODRÍGUEZ, en nombre propio y en representación de sus hijos EDGAR JULIÁN ARIAS

FLÓREZ, JHON JAIRO ARIAS FLÓREZ y MARLON

AUGUSTO ARIAS FLÓREZ contra la EMPRESA

COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL S.A.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 53169 María Gladys Flórez Rodríguez, Edgar Julián Arias Flórez, Jhon Jairo Arias Flórez y Marlon Augusto Arias Flórez, en calidad de cónyuge e hijos, Antonio José Arias Flórez y Dominga Antonia Gélvez de Arias, en calidad de padres, demandaron a Ecopetrol S.A., buscando que se declarara que Edgar Arias Gélvez falleció en accidente de trabajo, por culpa de la accionada; que en consecuencia, se condenara al reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales, lucro cesante y

daño emergente, sufridos por ellos; la indemnización de los perjuicios morales padecidos y la indexación de las anteriores sumas. Como fundamento de sus pretensiones, afirmaron que Edgar Arias Gélvez nació el 2 de marzo de 1950, estuvo vinculado laboralmente a Ecopetrol, en Barrancabermeja, por más de 23 años y falleció el 4 de agosto de 1994, en accidente de trabajo, al incendiarse el día anterior, pasadas las 12 del día, la planta de aromáticos situada en el complejo industrial de Ecopetrol de Barrancabermeja; que en razón de su cargo de supervisor, el trabajador gozaba de régimen especial salarial y prestacional consagrado para los directivos en el Acuerdo n.° 01; que María Gladys Flórez Rodríguez, nació el 2 de enero de 1950, que se encontraba casada con el trabajador fallecido y procreó con él 3 hijos, Edgar Julián, Jhon Jairo y Marlon Augusto Arias Flórez, que cónyuge e hijos dependían económicamente del trabajador; que aquel era hijo de Antonio José Arias y Dominga Antonia Gélvez; y que, todos sufrieron moralmente el fallecimiento del trabajador.

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Radicación n.° 53169 Señalaron que el accidente se debió a hechos atribuibles a culpa de la empresa; que el incendio ocurrió cuando algunos trabajadores trataban de limpiar el filtro de una de las motobombas; que se debió a escapes de la nafta gasificada, al ponerse en contacto con el aire y el fuego del

horno que la gasificaba; que las investigaciones de la empresa, de investigadores externos contratados por Ecopetrol y de autoridades del Ministerio del Trabajo, probaron que el incendio se dio por una serie de fallas, por acción y por omisión, de los directivos de la demandada. Dijeron que la planta no tuvo una planeación y construcción apropiadas, que la distancia entre los equipos y el horno que gasificaba la nafta era de 3 metros cuando debió ser de 20; que por la obsolescencia y el mal mantenimiento de algunos componentes de la planta, se torció el vástago de una de las válvulas de seguridad, cuando se le pretendió cerrar manualmente por los operarios, dando lugar a escapes de gases de nafta y al incendio; que se presentó mantenimiento inapropiado en los dos hidrantes de agua contra incendios existentes en la planta, que no había presión para expulsar el agua y lo que salió inicialmente fue barro, que eso impidió que apagaran oportunamente el incendio; que fue deficiente el diseño en el sistema de tuberías de conducción de los derivados del petróleo, que solo había una válvula de seguridad por cada motobomba, que debieron existir otras de bloqueo por si se presentaban fallas; que la planta carecía de controles de seguridad efectivos, que no contaba con detectores de gas, ni con alarmas que permitieran el cierre automático de las

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Radicación n.° 53169 válvulas por las que fluía la nafta; que tampoco contaba con instalaciones automáticas de agua entre las motobombas,

que formaran barrera de contención a iniciarse el incendio; que no se efectuaban pruebas diarias para detectar escapes del gas; que no se adiestró al personal de la planta, sobre cómo comportarse en ese tipo de emergencias, pues los trabajadores ni supieron usar los extinguidores, ni se les entrenó en manejo de sustancias inflamables de manera periódica; que la empresa no tenía una organización contra incendio, ni sistema de seguridad apropiado, para evitar la emergencia, que fue descuidada y negligente al no imponer al personal procedimientos apropiados para el manejo de la planta, ni exigió el cumplimiento de los existentes; que no contaba con personal de seguridad industrial en la planta, que supervisara las labores de los trabajadores; que el programa de salud ocupacional no se encontraba actualizado para la fecha del accidente; que los comités paritarios de medicina, higiene y seguridad industrial no operaban correctamente; que la empresa no tenía control de las formas de trabajo en frío o en caliente; que la demandada en la planta no tenía un cuerpo de bomberos, que no se hizo planeación en la reparación de los daños y se permitió la limpieza de los filtros con la planta encendida. Afirmaron que la demandada empezó a dar solución a las deficiencias o fallas de la planta de aromáticos, después del incendio; que fue gravemente negligente en procurar una atención médico-hospitalaria eficiente y oportuna al trabajador fallecido, pues no contaba con ambulancias apropiadas cercanas al lugar de los hechos, ni con unidad

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Radicación n.° 53169 de quemados en el hospital de la empresa, pese a la alta

inflamabilidad de las sustancias que allí se procesan, que no tenía disponible un helicóptero para accidentes graves y que tardíamente contrató uno inapropiado para trasladar a los trabajadores accidentados, pues el accidente ocurrió a las 12:25 pm y sólo hasta las 5:00 pm fueron trasladados a una clínica en Bucaramanga, donde no pudieron ser atendidos y luego a un hospital donde tuvieron que esperar turno; finalmente, que todos ellos se encontraban registrados como beneficiarios de las acreencias laborales del trabajador fallecido. Ecopetrol S.A., se opuso a la prosperidad de lo pretendido, admitió la vinculación de Edgar Arias Gélvez, la ocurrencia del accidente de trabajo, en la planta de aromáticos del complejo industrial de Barrancabermeja, que aquel ocasionó la muerte del trabajador, el cargo por él desempeñado en esa fecha y el régimen especial del que gozaba, la petición presentada ante la empresa por los demandantes, la audiencia de conciliación ante la inspección del trabajo y la inscripción de los demandantes como beneficiarios del trabajador fallecido; negó la culpa en el accidente, las acciones y omisiones relacionadas en los hechos como causantes del accidente, así como la negligencia en la atención médica, traslado y coordinación. Señaló que se ha preocupado por establecer procedimientos de prevención de accidentes industriales, que en el momento del accidente aplicaba todos los procedimientos de seguridad, calidad y prevención,

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Radicación n.° 53169 ordenados por las normas nacionales e internacionales; que la operación de la empresa en su planta de refinación

requiere de una constante evaluación de riesgos; que la prevención de riesgos derivados de errores humanos se supedita a la evaluación de situaciones generadas por esos errores y que no es posible prever todas las acciones de los funcionarios en la operación; que las investigaciones realizadas aclararon que el derrame de nafta se produjo porque los operarios ejercieron una fuerza exagerada sobre la válvula, que ocasionó el torcimiento del vástago y la imposibilidad de cerrarla, operación «antitécnica» que fue producto de la imprudencia y negligencia de los operarios y la inaplicación de los procedimientos de seguridad. Formuló las excepciones que denominó prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago, y culpa del actor.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2006, el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, declaró la culpa de Ecopetrol en el accidente de trabajo en el que falleció Edgar Arias Gélvez, condenó a la empresa a pagar a la cónyuge y a los hijos, los perjuicios materiales como consecuencia de la culpa comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo; a pagarle a cada uno de los demandantes el equivalente a 35 salarios mínimos legales vigentes a la ejecutoria de la sentencia, a título de perjuicios morales; y, sobre las anteriores condenas, a pagarles un

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Radicación n.° 53169 interés legal moratorio del 6% anual desde la ejecutoria de

la sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2010, adicionó la sentencia, para autorizar a Ecopetrol a deducir del monto de la condena por concepto de perjuicios materiales, las sumas que de igual naturaleza canceló a los beneficiarios de la condena, incluyendo las mesadas pensionales pagadas; modificó la condena por perjuicios morales para fijarlos en $2.000.000 para cada uno y confirmó la decisión en lo demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal comenzó por establecer que, el problema jurídico a resolver, consistía en determinar si el accidente de trabajo que ocasionó la muerte de Edgar Arias Gélvez, se debió a culpa de la demandada; adujo que «[…] el problema jurídico ya fue objeto de estudio en un caso de idénticas características, por parte de esta Corporación en sentencia dictada en este Tribunal el 15 de febrero de 2008 […]» y transcribió in extenso consideraciones de la citada decisión, en la que hizo distinción de los dos tipos de responsabilidades en accidentes de trabajo, la objetiva, que emana del riesgo creado por la vinculación, asegurado por el sistema general de riesgos profesionales, y la subjetiva, por culpa del empleador, que determina la obligación de

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Radicación n.° 53169 indemnizar a quien se le causa un perjuicio; en el aparte

transcrito también se refirió lo dispuesto en el art. 216 del CST, jurisprudencia de esta Corporación y el análisis probatorio de ese proceso, en el que se concluyó la responsabilidad culposa de la empresa en los hechos que determinaron la muerte de Álvaro Mora Mora, así como que, debían descontarse del monto de las condenas por perjuicios materiales, las sumas recibidas por los beneficiarios por concepto de pensión y lo cancelado a ellos por la muerte del trabajador, y estimó los perjuicios morales en la suma de $2.000.000. Y para establecer en este asunto, que el accidente de trabajo ocurrió por culpa del empleador, indicó: Pues bien teniendo en cuenta que los hechos ocurridos en el caso que nos ocupa son idénticos al del precedente citado, como quiera que se trata del mismo accidente industrial del 3 de agosto de 1994, a la misma conclusión se arriba, teniendo en cuenta el análisis de las pruebas allegadas al interior del proceso, como lo fueron: El acta de fecha 9 de septiembre de 1994 emitida por el ministerio del trabajo y seguridad social que consigna las evidencias encontradas en las visitas realizadas los días 6, 7, 8, y 9 de septiembre de 1994 a las instalaciones de ECOPETROL S.A., estableciendo que el equipo en general afectado por el incendio había sido prácticamente retirado y repuesto; la entrevista con el jefe de contra incendio, señor LUIS FERREIRA, permitió establecer problemas de presión en el sistema hídrico de contra incendio el día 3 de agosto de 1994 durante el incidente

en la planta de aromáticos, a pesar de afirmar que en términos generales el sistema cumplía con las necesidades de la planta; que durante la inspección se puso a disposición de los funcionarios del ministerio la válvula de subsión (sic), había sido forzada con palanca para obligar al cierre (ajuste), ya que se encontraba goteando el drenaje de la bomba y se fue tal la fuerza de torsión que curvaron el vastago (sic) de la válvula, sin que esto fuera tenido en cuenta para modificar el procedimiento en el trabajo al destacar el análisis del funcionario del ministerio del trabajo y seguridad social, en la revisión de la válvula de succión (comprometida en el incendio); que se consignó en el informe que: “la empresa ECOPETROL ha elaborado

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Radicación n.° 53169 permanentemente panorama de Riesgos, (Anexos 3, 3ª, 3B, 3C) en las diferentes plantas, olvidándose de ejecutar las modificaciones y corregir total o parcialmente las condiciones ambientales peligrosas para evitar los accidentes y/o aparición de enfermedades profesionales o de registrar la información pertinente que permita conocer la desaparición o disminución del riesgo y que modifique la relación sistematizada en función del desarrollo del programa de salud ocupacional”, señaló el informe que los procedimientos para la ejecución de los procesos industriales establecidos por la empresa contemplan de manera separada y no expresa paso a paso las actividades a realizar, tanto las de carácter industrial como las de seguridad industrial, como se recomienda, de tal manera que no se omitan aquellas actividades

previamente establecidas para evitar los accidentes de trabajo, que el manual de manejo de productos químicos y toxicología no está integrado como un manual de operaciones, sino como una herramienta de consulta, y que el personal operativo se ha acostumbrado a convivir con el riesgo y solamente se dan cambios sensibles cuando se presentan los accidentes, dice el informe que ECOPETROL ha desarrollado actividades aisladas en salud ocupacional, faltando una atención adecuada en el control y/o minimización de los riesgos, y que si la empresa realizara auditajes (sic) a las operaciones y a los equipos contra incendio, mediante programas de inspecciones, los equipos no habían fallado ante la emergencia de la planta de aromáticos (salió barro de las mangueras), y que no se habían ejecutado simulacros desde 1991 en esta área; el oficio A0262 en el cual se amplía el informe técnico relacionado con el accidente, para endilgarlo a la falta de prevención de riesgos y a la no aplicación de las medidas de seguridad industrial, cuestiona el programa de salud ocupacional de la empresa puesto que el día del accidente el sistema hídrico, que tiene por fin evitar esta clase de siniestros, no funcionó, además, que el programa de salud ocupacional prevé una auditoría que no realiza, lo que habría evitado el accidente; la exposición de HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ ARRIETA (fs 160-164), uno de los trabajadores que se encontraban haciendo el mantenimiento al filtro de la planta y resultó involucrado en el accidente, quien relató la forma en que se presentó el imprevisto y resalta la falta de funcionamiento del sistema hidráulico de contra incendio de la planta; el informe del

ministerio del trabajo que deja en evidencia la precaria seguridad de la refinería tras verificar que antes de la fecha de los hechos se dejaron de celebrar quince reuniones del comité de medicina, higiene y seguridad industrial. En cuanto a los pagos efectuados por la empresa a los causahabientes del trabajador, acreditados en el proceso, se remitió al precedente transcrito, para concluir que «[…] debe

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Radicación n.° 53169 descontar del monto de la condena por perjuicios materiales, los dineros cancelados por ECOPETROL por la muerte del trabajador, aun las sumas recibidas por concepto de pensión», porque los beneficiarios de tal condena fueron beneficiarios de las indemnizaciones y de la pensión por muerte, y que: […] de lo contrario las víctimas recibirían doble indemnización propiciando un enriquecimiento sin causa; pues tendrían a su favor la pensión vitalicia, para la cónyuge, las temporales en el caso de los menores, y un pago indemnizatorio total de igual naturaleza al recibido, y que comprende a lo que habría devengado el trabajador de haber permanecido sano durante su vida probable. Finalmente, respecto a la condena por perjuicios morales, adujo error del a quo en su estimación, por cuanto debió «[…] atender el prudente arbitrio bajo parámetros razonables», conforme a lo cual, los tasó en la suma de $2.000.000 para cada demandante, acorde con lo probado, indicando que «[…] a lo sumo se cuenta con el vínculo matrimonial y el parentesco de consanguinidad que unió a los beneficiarios con el operario; circunstancias de las que se

desprende el sufrimiento moral que les ocasionó la muerte del padre y cónyuge [...]».

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, primero éste por razones metodológicas, pues de prosperar,

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Radicación n.° 53169 relevaría del estudio del presentado por la parte demandante.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que la Corte case la sentencia del Tribunal, en cuanto confirmó las condenas impuestas, en sede de instancia, revoque totalmente la del a quo, y absuelva de todo lo pedido.

Con tal propósito formuló un cargo no replicado, que será analizado a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusó la sentencia de violar, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el art. 216 del CST.

Como errores manifiestos de hecho en que incurrió el Tribunal, relacionó:

1. Dio por demostrado sin estarlo que Ecopetrol tuvo culpa en el accidente que ocasionó la muerte del señor EDGAR ARIAS

GELVES (sic).

2. No dio por demostrado, estándolo, que el accidente industrial de 3 de agosto de 1994 ocurrió por culpa de los operarios.

3. En particular, dio por demostrado sin estarlo que hubo descuido empresarial en el mantenimiento de la unidad P-1311A en la Planta de Aromáticos del Complejo Industrial

Barrancabermeja.

4. En particular, no dio por demostrado, estándolo, que la

empresa hizo el correspondiente mantenimiento de la unidad P1311A antes del 3 de agosto de 1994 y que lo estaba haciendo el mismo día 3 de agosto de 1994.

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5. En particular, dio por demostrado sin estarlo la falta de funcionamiento del sistema hidráulico de contra incendio de la

Planta de Aromáticos del Complejo Industrial Barrancabermeja. Expresó que los errores de hecho fueron consecuencia de la errada apreciación del acta del 9 de septiembre de 1994 a folios 110 a 113; de los documentos del Ministerio de Trabajo de folios 116 a 129 y de folios 132 a 147, elaborados por el Jefe de División de Higiene y Seguridad Industrial con destino al Jefe de la División de Vigilancia y Control de la entidad; del oficio A0262 a folios 148 y 149; de la declaración testimonial de Héctor Manuel Jiménez Arrieta; y de la falta de apreciación, de los testimonios pedidos por la parte demandante como prueba trasladada, decretados e incorporados al proceso como tal. Para la demostración del cargo, indicó que en la sentencia, fueron dos los temas que orientaron el análisis probatorio; el primero, que el accidente obedeció a falta de mantenimiento; el segundo, que no funcionó el equipo contra incendio; que «Uno más dos igual a culpa. Luego la apreciación probatoria de toda la prueba debe indicar esa ecuación: […]». Dijo que el acta del 9 de septiembre de 1994 «[…] indica que es una visita de vigilancia y control realizada semanas después de la ocurrencia del accidente industrial

[…]»; que el hecho de que el equipo afectado fuera reemplazado, no era prueba de la falta de mantenimiento; que de la entrevista al «jefe de contra incendio» Luis Ferreira

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Radicación n.° 53169 «[…] quien dijo que hubo problemas de presión en el sistema hídrico de contra incendio y afirmó que en términos generales el sistema cumplía con las necesidades de la planta», no podía deducir el Tribunal que el sistema hídrico hubiera fallado; además, que fue la apreciación de un funcionario público, sobre lo que alguien le comentó, sin que diera su versión en el proceso; que: - El tribunal dice que durante la inspección el funcionario del Ministerio tuvo a su disposición la válvula de succión forzada con palanca para obligar al cierre (ajuste), ya que se encontraba goteando el drenaje de la bomba y que fue tal la fuerza de torsión que curvaron el vástago de la válvula, sin que esto fuera tenido en cuenta para modificar el procedimiento en el trabajo. Pero como la cuestión no es cómo encontró el Ministerio la válvula de succión, sino por qué se produjo el incendió (sic), y como la cuestión es si la unidad recibía mantenimiento, es una apreciación absolutamente errada la del Tribunal cuando infiere de esa circunstancia la culpa patronal por falta de mantenimiento. Afirmó que lo que no vio el Tribunal del acta, es que el funcionario del Ministerio, recibió de los directivos sindicales, un comentario respecto a que «[…] la operación en desarrollo de la cual se produjo el accidente era de carácter rutinario dentro de las instalaciones de la planta

[…]», que la máquina estaba recientemente en funcionamiento pues había sido sometida a reparación general; que desconoció lo anterior, concluyendo contra la evidencia que el accidente obedeció a la falta de mantenimiento; y que, toda la prueba indicó, que el filtro de la válvula tenía que ser limpiado en forma rutinaria. Señaló que, lo que el ad quem tomó del informe del Ministerio (f.° 116 a 119), que le sirvió para dar por

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Radicación n.° 53169 demostrada la culpa patronal «[…] no demuestra la relación de causa a efecto del accidente industrial, porque una cosa es que no se implementen medidas de seguridad industrial sobre mapas de riesgo detectados y otra que no se le hubiera hecho el debido mantenimiento a la válvula de succión y al filtro de la unidad P-1311A»; que si hubiera apreciado cabalmente el informe del Ministerio, habría descartado la culpa patronal por cuanto «[…] no podía imputársele a la empresa falta de mantenimiento de la unidad cuando precisamente el día del accidente industrial se estaba haciendo un trabajo rutinario de mantenimiento, como lo está indicando el propio funcionario en el aparte trascrito». Expresó de la valoración del Tribunal, del documento a folios 145 a 146, que éste hace parte del documento de folios 132 a 147; que no lo exoneraba de verificar la relación causal, de los juicios de valor que hizo el funcionario del Ministerio en el informe, con el accidente industrial ocurrido el 3 de agosto de 1994; que al dar por demostrada la culpa utilizando el informe «[…] es claro que lo apreció

erróneamente pues de los juicios de valor que hizo el funcionario del Ministerio no sigue la causa del accidente industrial»; que en los antecedentes se indicó que el día del accidente a la unidad P-1311A se le estaba haciendo mantenimiento, por segunda vez en el día, que la planta en general venía de una refacción integral y estaba en la puesta en marcha; y que, igual consideración merece, la apreciación que calificó de errada, del oficio A0262 a folios 148 y 149, pues no podía concluir la culpa, cuando se

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Radicación n.° 53169 expresó en todos los informes que se estaba cumpliendo una operación rutinaria de mantenimiento. Del testimonio de Héctor Manuel Jiménez Arrieta, indicó que incurrió en una contradicción fundamental en su exposición, que es inadmisible que el Tribunal le diera credibilidad al testigo, que «[…] al tiempo que sostiene que no había agua en el hidrante después reconoce que los bomberos apagaron el incendio»; que además, guardó silencio sobre aspectos fundamentales, que la válvula de succión había sido forzada con palanca para obligar el cierre, curvando el vástago de la válvula, sin que esto fuera tenido en cuenta para modificar el procedimiento en el trabajo a realizar, la que adujo fue la «causa primigenia del accidente industrial». Finalmente hizo un relato de «cómo ocurrieron realmente los hechos»; indicó que los testimonios dejados de apreciar fueron solicitados por la parte demandante como prueba trasladada, decretada como tal por el a quo e incorporada al proceso en cuaderno separado; descartó a

Pedro Orlando Calderón y Alirio Rincón, por ser testigos de oídas, que no merecen credibilidad, ni podían ser calificados como testigos técnicos; respecto a los demás, transcribió apartes de su declaración, para indicar que, de apreciar esos testimonios, el Tribunal «[…] habría concluido que en la conducta patronal no medió ni por asomo negligencia por una supuesta y no probada falta de mantenimiento y por una supuesta y no probada falta de funcionamiento del sistema hidráulico. Prueba si, en cambio, lo expuesto en la

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Radicación n.° 53169 contestación a la demanda: que hubo culpa del operario, pero no de la empresa»

VII. CONSIDERACIONES El único cargo, propuesto por la vía indirecta, acusa la decisión del ad quem de incurrir en violación del art. 216 del CST, por su indebida aplicación y enlista los errores de hecho que afirma cometió el Tribunal y las pruebas que, por su errada apreciación, lo llevaron a la comisión de tales errores; sin embargo, observa la Sala que, ninguna de ellas es prueba calificada en casación, por lo que no resulta procedente el estudio de fondo de las mismas.

El acta del 9 de septiembre de 1994 (f.° 110 a 113, cuaderno principal), constituye un informe de las visitas realizadas por funcionario de la división de Inspección y Vigilancia, del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, a las instalaciones del complejo industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja, los días 6 a 9 de septiembre

de ese año, suscrita por éste; se registró en ese instrumento una síntesis de las entrevistas realizadas, de las manifestaciones efectuadas por las personas presentes en las visitas, de lo encontrado en el lugar en el que ocurrió el accidente de trabajo, de informes y copias de permisos recibidos, entre otros. Los documentos a folios 116 a 129 y 132 a 147, que relacionó como dos pruebas distintas, son dos copias del mismo, sin fecha, que fue dirigido por el jefe de la División

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Radicación n.° 53169 de Higiene y Seguridad Industrial a la jefe de División de Vigilancia y Control, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya referencia es «Vigilancia del cumplimiento a las normas en Salud Ocupacional Empresa: ECOPETROL», como indican sus primeros párrafos, constituye una descripción elaborada a partir de la información proporcionada por la empresa y la USO, las versiones dadas por las partes y la información obtenida en la inspección a la planta de aromáticos, sobre el accidente de trabajo ocurrido el 3 de agosto de 1994, en la referida planta de Ecopetrol en Barrancabermeja. El oficio A0262, dirigido por profesional especializado de la Subdirección Preventiva de Salud Ocupacional, Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, al Director Regional de Trabajo y Seguridad Social de Santander (f.° 148 y 149), como se desprende de su contenido, es una respuesta a una solicitud de «[…] ampliación del Informe Técnico relacionado

con el siniestro de la Planta de Aromáticos en la Empresa Ecopetrol, el día 3 de agosto de 1994 […]». Las pruebas referidas con antelación, constituyen documentos declarativos provenientes de terceros, que se asimilan para efectos del recurso extraordinario, a la prueba testimonial, esto es, no son medios calificados, tal como lo ha reiterado en múltiples oportunidades esta Corporación; así se indicó en sentencia CSJ SL4514-2017, respecto a un informe de investigación de accidente de trabajo de la ARL, en la que además, se refirieron decisiones

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Radicación n.° 53169 anteriores, entre ellas, la sentencia CSJ SL2644-2016, en la que se indicó: Al respecto, anota la Sala que efectivamente la aludida investigación (Folios 17 y 75), aparece suscrita por la profesional de salud ocupacional del ISS, Beatriz Elena López Arango y, por lo tanto, ese medio de convicción en realidad corresponde a un documento que proviene de un tercero, que en casación laboral recibe el mismo tratamiento de la prueba testimonial y, en consecuencia, no resulta apto dentro del recurso extraordinario para estructurar un error de hecho, conforme a la restricción contenida en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969. Y la sentencia CSJ SL 19749, 8 jul. 2003: Allende los aspectos formales sobre los que llama la atención el cargo, relacionados con los requisitos que se deben cumplir para la estimación probatoria de un documento como el de folios 64 y 65 del expediente, respecto al cual el propio acusador dice que es

declarativo, lo que salta a la vista en la argumentación demostrativa de aquél es que está exclusivamente fundada en una prueba sobre la cual no se puede construir ataque en casación, como es el caso de los informes que sobre los accidentes de trabajo rinden las administradoras de riesgos profesionales (ARP), de los que la jurisprudencia ha manifestado constituyen documentos declarativos provenientes de terceros, que deben por tanto ser asimilados a un testimonio. Además de los anteriores, acusa el recurrente la errónea apreciación del testimonio de Héctor Manuel Jiménez Arrieta y la omisión de apreciación de los «[…] testimonios que fueron pedidos por la parte demandante como prueba trasladada […]» que tampoco son prueba calificada. En la causal primera de casación, por violación indirecta de la Ley sustancial, conforme lo establece el inc. 2° del num. 1° del art. 87 del CPTSS subrogado por el art. 60 del Decreto 528 de 1964, el error de hecho solo es motivo de casación cuando proviene de la falta de

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Radicación n.° 53169 apreciación o de la apreciación errónea de documento auténtico, confesión o inspección