CSJ - SL1793-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1793-2023 Radicación n.° 95528 Acta 23 Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BANCO DAVIVIENDA S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró ANDRÉS FERNANDO CAMACHO

QUEZADA.

I. ANTECEDENTES Andrés Fernando Camacho Quezada llamó a juicio al Banco Davivienda S. A. con el fin de previa declaración de que: i) con el convocado existió un contrato de trabajo a término indefinido; ii) el cargo que desempeñó fue el de asesor máster vehículo; iii) la terminación del nexo laboral fue de manera injusta y unilateral y iv) le asiste el derecho a

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Radicación n.° 95528 que las comisiones que generó por créditos aprobado durante la existencia del vínculo laboral. En consecuencia, sea condenado al reconocimiento y pago de aquellas, del reajuste a las prestaciones sociales y a los aportes a la seguridad social, a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST y de los intereses comerciales y moratorios a que haya lugar. Apoyó sus pretensiones, básicamente, en que se vinculó al banco mediante un contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 10 de febrero de 2003; que el último

cargo que ocupó el antes mencionado, desde el mes de octubre de 2012 al 9 de mayo de 2013; que se le canceló un salario básico de $6.189.586 más comisiones de $4.000 pesos por cada $1.000.000 de pesos desembolsados; que durante la vigencia del nexo laboral, realizó la gestión comercial para el estudio y aprobación de los siguientes créditos:

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Radicación n.° 95528 Dijo, que su contrato de trabajo fue terminado unilateralmente y sin justa causa a partir del 10 de mayo de 2013; que la liquidación de prestaciones sociales se efectúo sin incluir el valor de las comisiones a las cuales tenía derecho; que el 21 de mayo de 2013 solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de aquel rubro; que los créditos se radicaban en el sistema VOR con su número de cédula, por lo que debían ser incluidos una vez se

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Radicación n.° 95528 desembolsaran; que el accionado le dio respuesta en la que le relaciona un listado de personas que en comparación con la que presentó le indicaban no habían hecho uso del crédito. Indicó, que el 8 de noviembre de 2013, el demandado le expresó el valor de los pagos realizados por concepto de comisiones de los meses de abril y mayo de 2013, que corresponde a $4.000 pesos por cada $1'000.000 de pesos, aprobado y desembolsado; que también se relaciona cuáles

fueron los aumentos de salarios anuales y de promoción desde el año 2003 hasta el año 2013, a los que tuvo derecho sin que fueran pagados oportunamente, para los años 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y que el convocado realizó los pagos correspondientes a la reliquidación de prestaciones sociales el 6 de Febrero de 2014 (f.º 40 a 56, del cuaderno digital del juzgado). El llamado a juicio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la vinculación del demandante a través de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de febrero de 2003 hasta el 9 de mayo de 2013, data en la que se le dio por fenecido el nexo laboral sin justa causa; el valor que se le reconoció por liquidación de prestaciones sociales, la reclamación que elevó el accionante y la respuesta que se le dio. Sobre los demás adujo no ser ciertos. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, improcedencia de la indemnización moratoria y compensación (f.º 72 a 89, ib.).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, mediante fallo del 9 de mayo de 2017 (f.º 162 del expediente digital del juzgado), resolvió: PRIMERO: DISPONER que la demandada DAVIVIENDA S. A.

debe liquidar y pagar las comisiones dejadas de sufragar al señor ANDRÉS FERNANDO CAMACHO QUEZADA, sobre los créditos que se aprobaron y que hacen parte de la relación anexa.

SEGUNDO: INCREMENTAR sobre el valor cancelado por los incentivos anteriormente mencionados, la liquidación sobre las prestaciones sociales y de la indemnización por terminación unilateral del contrato al demandante.

TERCERO. DISPONER que sobre los incrementos que se deben cancelar al demandante, se realicen los respectivos pagos a la seguridad social.

CUARTO: Las sumas de dinero que debe cancelar el demandado, a favor de la parte demandante, deben ser debidamente indexadas. No se concede la indemnización de intereses moratorios.

QUINTO: No prosperan las excepciones propuestas por la entidad demandada, por las razones expuesta en la parte motiva de la providencia, excepto la de compensación que debe ser aplicada por parte de la entidad demandada.

SEXTO: Se condena en costas al demandado, fijando las agencias en derecho en la suma equivalente al quince por ciento (15 %) del valor de la reliquidación de los incentivos.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por decisión del 7 de

octubre de 2020, resolvió:

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PRIMERO: REFORMAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2017 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por ANDRÉS

FERNANDO CAMACHO QUEZADA contra el BANCO DAVIVIENDA, de la siguiente forma: 1.1. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva en el sentido de ORDENAR a la demandada DAVIVIENDA S. A. reconocer y pagar al señor ANDRÉS FERNANDO CAMACHO QUEZADA la suma de $9.637.201,20 por concepto de las comisiones dejadas de sufragar al momento de la terminación del vínculo laboral. 1.2. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva en el sentido de ORDENAR a la demandada DAVIVIENDA S. A. reconocer y pagar al señor ANDRÉS FERNANDO CAMACHO QUEZADA la suma de $29.340.870,20 por concepto del saldo de las prestaciones sociales e indemnización por despido injusto dejado de pagar en la liquidación final del contrato de trabajo 1.3. REVOCAR el numeral Cuarto de la parte resolutiva y en su lugar CONDENAR a la demandada al pago de los intereses moratorios a la tasa que certifique la Superintendencia sobre las anteriores sumas de dinero, desde el 10 de mayo de 2013 y hasta cuando se verifique el pago de las mismas. En lo demás se confirma la sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en esta instancia a la demandada a favor de la demandante. Para su liquidación se fija como agencias en derecho la suma de $877.803.00, por lo considerado.

El Tribunal, determinó que en el asunto no existía discusión sobre a la existencia del vínculo laboral entre las partes, sus extremos temporales y la terminación del nexo

por parte del empleador sin justa causa con reconocimiento de la correspondiente indemnización, en tanto que fueron aspectos aceptados en la contestación de la demanda y corroborado con las documentales adosadas a f.º 6 y 92. Tampoco respecto a la liquidación de prestaciones sociales efectuada al actor, 17 de mayo de 2013, y su posterior reajuste, el 6 de febrero de 2014, al obrar no solo

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Radicación n.° 95528 concordancia entre los dichos de las partes, sino que los documentos de f.º 7 y 20 daban cuenta de ello. Adujo, también que dentro de la relación laboral suscitada entre las partes hubo reconocimiento y pago por concepto de comisiones o incentivos que el demandado cancelaba por los créditos al asesor, tema no desconocido por las partes y que los mismos funcionarios del banco dieron cuenta del trámite de los créditos, así como el sistema de manejo de los mismos y el reconocimiento de la comisión que se hacía al asesor cuando se materializaba la obligación con el desembolso, tal y como lo explicó el testigo Alex Fernando Guerrero Bulla, jefe del departamento de gestión comercial del banco accionado, desde septiembre de 2012, persona que informó que su departamento es el encargado del pago del incentivo una vez obtenida la información de los desembolsos de los créditos. Determinó, que el tema de debate fueron las comisiones o incentivos que se generaron por causa de los 57 créditos relacionados por el actor, que a pesar de haber sido tramitados al ejercer el cargo que desempeñaba, no fueron tenidos en cuenta por el empleador al momento de la

liquidación del contrato de trabajo. Refirió, que en principio, si bien solo se contaba con la afirmación que el demandante hizo en su escrito de demanda al relacionar los 57 créditos descritos por su «n.º de solicitud», «cedula del cliente», «nombre» y el «valor del crédito solicitado», fue el demandado quien al contestar la demanda no

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Radicación n.° 95528 desconoció la existencia de los mismos, es decir, su causación tuvo lugar en el entendido que sí fueron solicitudes reales sobre las cuales hubo gestión por parte del asesor demandante mientras estuvo activo como trabajador del banco. Aseveró, que en este punto era donde radicaba la inconformidad, puesto que si bien se generaron las solicitudes de crédito por impulso del accionante, para que tuviera derecho a la comisión, ellos debieron haberse materializado con el respectivo desembolso, situación que no se cumplió con los 57 créditos reclamados por cuanto algunos fueron desistidos, otros no utilizados o fueron rechazados, además que si bien en algunos créditos se registró el desembolso este operó con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, es decir, aunque la comisión se causó con la gestión del crédito, la exigibilidad se producía con la fecha del desembolso que en algunos créditos no aconteció y en otros sucedió con posterioridad a la terminación del vínculo cuando se supone culmina toda obligación entre trabajador y empleador. Dijo, que la apelante perseguía desestimar la pretensión del trabajador con la afirmación de que las comisiones no se hicieron exigibles, pues no probó el actor que los créditos

hayan sido efectivamente desembolsados dentro de la vigencia del contrato para que se hubieran pagado a la terminación del contrato con la correspondiente liquidación.

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Radicación n.° 95528 Precisó, que dicho argumento no era de recibo, ya que no se podía imponerle la carga probatoria al demandante de demostrar que los desembolsos de produjeron, toda vez que la entidad bancaria es quien posee y maneja lo concerniente a la información de los créditos que sus clientes solicitan, y en ultimas son los que saben cuándo se registra una transacción, en tanto que el banco es quien dispone del dinero y no el que tramita la solicitud en este caso el asesor, es decir, en virtud de la carga dinámica de la prueba la afirmación del accionante cobra mayor peso y por ende debe ser desestimada por el demandado allegando la prueba de sus afirmaciones Citó y reprodujo la sentencia CSJ SL1297- . 2020. Agregó, que es el banco el que estaba mejor posicionado para allegar la prueba en aras de poder determinar el estado de los créditos objeto de reclamo o por lo menos definir lo más importante en este caso que es la fecha exacta del desembolso donde radica su defensa, afirmación que se acompasaba con el testimonio rendido, en una parte por el señor Juan Carlos Ibáñez Escobar, quien es el jefe de evaluación de crédito de vehículo del Banco Davivienda el cual se encargó de explicar que dicha área es la que tiene las atribuciones para emitir los conceptos sobre las solicitudes de créditos que radican los asesores en el sistema “VOR” que para el efecto maneja el banco, por ello al confirmar que este

si tiene un sistema de información, era quien tenía que arrimar los medios de convicción para desvirtuar las afirmaciones del demandante que sustentan su pretensión.

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Radicación n.° 95528 Adujo, que era el demandado quien tenía que soportar que los créditos no fueron desembolsados dentro de la vigencia del contrato de trabajo, acreditando la correspondiente fecha de desembolso o en su defecto que no se materializaron como lo afirma. Indicó, que al revisar la actividad probatoria a f.º 116 a 123, se aportó la información de 22 de los 57 créditos reclamados, contentiva de los pantallazos del sistema del banco, donde se podía apreciar que efectivamente sobre estos créditos no se generó desembolso y por ende la correspondiente comisión no se causó y que comprenden los créditos con el siguiente calificativo:

No. CON PRUEBA NO

No. C.C. CLIENTE NOMBRE VALOR

ORD GENERADOS

SOLICITUD SOLICITADO

EN CARMEN TULIA 1 8019080 65694826 BARRIOS $ 67.500.000,00 DESISTIDO HERNANDEZ 2 8017109 900361943-3 LOGISTICA Y TRANSPORTE $ DESISTIDO

470.000.000,00 RANCHO MEDINA PARRILLA 3 8018969 900378923-0 S.A.S. $ NO UTILIZADO 144.000.000,00 4 8018443 55143173 MERCEDES MANOZCA MOTTA $ 30.000.000,00 DESISTIDO 5 8019768 5946291 ECSINOVER CASTRO $ 20.000.000,00 DESISTIDO

6 8019689 7712959 YAMILE RODRIGUEZ CARDOZO $ 17.700.000,00 NO UTILIZADO 7 8019024 14252031 MAURICIO GONGORA RINCON $ DESISTIDO

175.000.000,00 GLORIA ISABEL PRECIADO 8 8019041 1105672806 TRUJILLO $ 24.000.000,00 DESISTIDO 9 8020062 24758267 MARIA NIDIA GIRALDO ARANGO $ 30.300.000,00 DESISTIDO SANTIAGO ADALBERTO MUÑOZ 1 8020084 98323106 TORRES $ 60.000.000,00 NO UTILIZADO 0 JUAN CARLOS 1 8020179 79979259 BARRIOS $ 28.000.000,00 DESISTIDO 1 MARTINEZ 1 8021723 1033706169 ESTEPHANY MENDEZ $ 87.720.000,00 NO UTILIZADO 2 SALOMON CERQUERA 1 8021737 14277181 VALBUENA $ 36.000.000,00 DESISTIDO 3 1 8021811 93362898 MIGUEL FERNANDO CASTILLO $ 30.000.000,00 DESISTIDO 4

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Radicación n.° 95528 1 8021920 14203949 DAVID ACOSTA URUEÑA $ DESISTIDO 5 130.400.000,00 1 8020944 74300258 ALEJANDRINO BONILLA $ 36.500.000,00 NO UTILIZADO 6 1 8022153 12138901 JAIRO GARCIA BURITICA $ 30.000.000,00 NO UTILIZADO

7 1 8022273 6463721 MIGUEL ANGEL CASTILLO $ 65.000.000,00 DESISTIDO 8 19 8022352 79123775 TOBIAS RUIZ PEREZ $ 175.000.000,00 NO UTILIZADO 20 8022383 91206338 JHON EDISON GONZALEZ $ 298.000.000,00 RECHAZADO 21 8022415 4968390 MARCO TULIO LLAGUE $ 580.000.000,00 NO UTILIZADO 22 8022227 ENERTOLIMA $ 3.000.000.000,00 RECHAZADO Señaló, que esos 22 créditos quedaban descartados de la pretensión del demandante, habida consideración de que se desvirtuó por el banco que los mismos no fueron desembolsados, sin embargo, no sucedía lo mismo con los restantes 35 créditos, ya que no obraba prueba alguna para lograr infirmar la aserción del actor de que fueron créditos no desembolsados o que si se produjo no lo fue en vigencia del contrato de trabajo, conforme a la carga dinámica de la prueba, por lo que le otorgó crédito al reclamo del accionante, y por ende debieron tenerse en cuenta al momento de la liquidación del contrato de trabajo, los que se concretan en los siguientes: No. No. C.C. CLIENTE NOMBRE VALOR ORDEN SOLICITUD SOLICITADO 1 8018735 809011822-1 OPERACIÓN Y LOGISTICA $ 254.000.000,00 2 8019379 5902143 MEDARDO OCHOA OCHOA $ 28.990.000,00 3 8019942 11433368 ALEXANDER AVILA ORTEGA $ 120.000.000,00

4 8020303 65741508 NANCY LOMBANA $ 50.000.000,00 5 8020521 19386564 GILBERTO URIBE CHACON $ 40.000.000,00 6 8020957 65766756 SANDRA VIVIANA OSORIO $ 76.000.000,00 7 8021210 18125225 JAIRO LEON CHAVEZ $ 74.431.300,00 8 8021217 36175309 LUZ HELENA CARVAJAL $ 43.120.000,00 9 8021398 65696625 AMIRA ARIAS QUIÑOÑEZ $ 39.800.000,00 10 8021563 19223370 ORLANDO BOHORQUEZ GUTIERREZ $ 120.000.000,00 11 8021555 14197485 GUILLERMO BIZCAINO $ 28.000.000,00

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Radicación n.° 95528 12 8021738 1075240266 JUAN ALBERTO VARGAS ESPINOSA $ 31.000.000,00 13 8021742 28795868 ZOILA ROSA AMAYA CASTELLANOS $ 20.000.000,00 14 8021836 10160522 GABRIEL VERA $ 52.500.000,00 15 8021953 93410087 IVAN DARIO ESINOSA $ 28.400.000,00 16 8021560 38229492 MELIDA CELEMIN CORTES $ 76.000.000,00 17 8022325 2835082 FRANCISCO CIFUENTES $ 79.170.000,00 18 8022377 28715207 LUZ MARY MARTINEZ DE NUÑEZ $ 29.800.000,00

19 8022566 5598886 HUMBERTO FRANCO RIVERO $ 20.000.000,00 20 8022214 17773404 JAVIER MUÑOZ ZAMORA $ 70.000.000,00 21 8022851 17655246 OMAR HOYOS VALENZUELA $ 24.800.000,00 22 8022880 12097454 EDILBERTO GUERRA CHARRY $ 70.689.000,00 23 8022834 12240137 ROBIENSON ROJAS ALVAREZ $ 14.800.000,00 24 8021087 11303539 YESID HERNANDEZ ORTIZ $ 76.000.000,00 25 8023009 5905236 HOLMER EDINSON BENVIDEZ BONILLA $ 50.000.000,00 6 8023024 83092906 OSCAR IVAN CAMPOS $ 38.000.000,00 27 8023020 5912512 ALIRIO POSADA MUÑOZ $ 35.000.000,00 28 8022590 900454465-4 VITRARROZ COMERCIAL $ 175.000.000,00 29 8023156 93443189 JOSE NEIRO VELASQUEZ $ 38.000.000,00 30 8022817 ESTELLA VALENTIN $ 250.000.000,00 31 8020122 40757095 RUBIELA RIVERA $ 143.800.000,00 32 8021747 38215267 FANNY ALVAREZ DE GARAVITO $ 50.000.000,00 33 8019935 5889064 JOSE ROBERTO PEDROZA $ 62.000.000,00 34 8021828 4572745 LUIS ERNESTO BETANCURT $ 50.000.000,00

35 8018061 80047604 JAVIER ALEXANDER MENDEZ $ 50.000.000,00

Refirió, que lo precedente en el entendido que la comisión tiene la connotación de ser parte del salario, conforme al artículo 127 del CST, el cual reprodujo. Expuso, que las liquidaciones efectuadas por la demandada incluyeron unos valores por concepto de incentivos, por lo que correspondía determinar si concernía a los aquí reconocidos, pues contrario a lo alegado por ésta, tales documentos no discriminan detalladamente sobre qué créditos corresponde el valor tenido en cuenta, ni de las comunicaciones del 8 de noviembre de 2013 (f.º 14) ni la del 29 de marzo de 2016 (f.º 30), toda vez que se tratan de respuestas sobre comisiones reconocidas mas no especifican sobre qué créditos se generaron.

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Radicación n.° 95528 Manifestó, la pertinencia de acuerdo «a lo manifestado por la recurrente, a liquidar para determinar en concreto el valor que debe ser reconocido y confrontar con lo ya pagado para verificar si hubo un cálculo acorde con la realidad aquí mostrada o si faltó cubrir algún emolumento ». Indicó, que el valor que se debe reconocer por concepto de comisión o incentivo sobre dichos créditos es el resultado de lo que se obtenga de $4.000 pesos por cada $1.000.000 de pesos desembolsado, conforme lo definió el a quo y no fue objeto de apelación. Especificó, que al sumar el monto de los 35 créditos arroja un valor de $2.409.300.300, cuya comisión se calcula al aplicarse una simple regla de tres de

lo que resulta la suma $9.637.201,20. Indicó, que […] en principio este valor al momento de la terminación del vínculo fue el que debió tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales y como monto a pagar por comisión, el cual sumado al salario básico $2.080.689, y la prima extralegal $223.438, valores que se encuentran contenidos en la liquidación que hizo el banco pero que se dejan incólumes por cuanto no fueron objeto de discusión, si no el valor del incentivo, arrojan como salario base para liquidar la suma de $11.941.328. Igualmente, el tiempo sobre lo cual girará la liquidación serán los 129 días que transcurrieron del año 2013 último año de labor y que también fue tenido en cuenta por la liquidación del banco que no fue objeto de controversia por el demandante, se reitera, solo se verificará la misma cambiando el concepto respecto al valor de la comisión aquí reconocida. En esas condiciones, reliquidó las prestaciones sociales, correspondiendo por cesantías $4.278.975,93; intereses a las mismas $183.996; prima de servicios $$4.278.975,93;

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Radicación n.° 95528 vacaciones $2.139.488, y por indemnización por despido $63.189.528,39, para un total de $74.071.964,2, quantum del cual descontó los valores reconocidos en la liquidación y reliquidación de prestaciones sociales efectuadas por el banco, arrojando una diferencia a favor del actor de $29.340.870,20, valor del que adujo no se encontraba afectado por el plazo extintivo de la prescripción, por cuanto

entre la fecha de terminación del nexo laboral, 9 de mayo de 2013 y la de presentación de la demanda no trascurrió el termino trienal de que trata los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS. Frente a la indemnización moratoria recordó el texto del articulo 65 del CST, y adujo que en este asunto se evidencia la falta de pago acorde con la condena que impuso. También rememoró que su aplicación no era automática, pues en razón a su naturaleza sancionatoria exige que esté precedida de un examen de la conducta del empleador, para determinar si actuó de buena o de mala fe. Adujo, que: En el presente asunto, el banco Davivienda se mostró esquivo al momento de reconocer y pagar las comisiones adeudadas al trabajador en la liquidación final de su contrato de trabajo, pues fue así que tuvo que acudir a una nueva reliquidación para intentar sanear su omisión, que como quedó demostrado en ultimas no incluyó todos los factores salariales por concepto de comisiones que se habían generado por los créditos que en vigencia de la relación impulsó, que independientemente la fecha en que se hubieran materializado fue el mismo banco el que no cumplió con su carga probatoria para poder esclarecer en su favor el dicho que soportaba y por el contrario quería con esa conducta elusiva perjudicar al demandante y no sanear en debida forma lo que en realidad se le debía, conducta elusiva.

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Radicación n.° 95528 Argumento con el cual impuso la condena por los intereses moratorios, por cuanto el actor interpuso la

demanda con posterioridad a los 24 meses del fenecimiento del nexo laboral, esto es, el 21 de abril de 2016, generándose aquellos desde el 10 de mayo de 2013 y hasta cuando se cancele los conceptos labores adeudados. A efecto, recordó lo expuesto en las sentencias CSJ SL, 6 may. 2010, rad. 36577 y CSJ SL, 26 nov. 2014, rad. 16280.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Davivienda S. A. concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La plantea, así: Con el primer cargo del recurso se pretende que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada. Una vez constituida la Honorable Corte en sede de instancia, se servirá revocar la sentencia de primer grado, para, en su lugar, absolver al Banco Davivienda S. A. de todas las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas como corresponda.

En subsidio, se busca la casación parcial de la sentencia en cuanto se tuvo como salario mensual de base para reliquidar las prestaciones y la indemnización por despido sin justa causa la suma de $11.941.328, para que, convertida la Corte en sede de instancia, se modifique la sentencia de primer grado y se reliquiden las prestaciones sociales y la indemnización por despido sin justa causa sobre un salario mensual de $ 4.545.336,5. Sobre costas se proveerá según corresponda. Con el segundo cargo se busca la casación parcial de la sentencia

impugnada solo en cuanto impuso condena al pago de los

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Radicación n.° 95528 intereses moratorios a partir del 10 de mayo de 2013 y, además, los impuso sobre la suma adeudada por concepto de saldos en la indemnización por despido sin justa causa. En sede de instancia se deberá absolver de esa pretensión o, en subsidio, imponer la condena por los intereses moratorios a partir del 11 de mayo de 2015 y solo sobre la suma adeudada por concepto de comisiones y prestaciones sociales. Sobre costas se decidirá según corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no merecieron réplica y se pasan a estudiar.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, la sentencia recurrida por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 64, 65, 127, 132, 186, 249, 306 del CST, 1.º de la Ley 52 de 1975, 22, 23, 24 de la Ley 100 de 1993 y 167 del CGP.

Señala como errores de hecho: Desaciertos sobre los incentivos adeudados al actor

1. Dar por demostrado, sin que lo esté, que la demandada aceptó la existencia de los 57 créditos respecto de los cuales el actor afirmó en su demanda que había realizado la gestión comercial para su estudio y aprobación, precisados en el hecho 5 del libelo introductor.

2. No dar por probado, pese a que lo está, que para la causación del incentivo el crédito debía ser colocado, tramitado y gestionado

hasta su desembolso final por el asesor.

3. No tener por demostrado, aunque lo está, que había cuatro causales para que el incentivo no se causara y que incidían en su reconocimiento: crédito desistido, crédito no utilizado, crédito rechazado y crédito no tomado.

4. No dar por establecido, estándolo, que el pago de los incentivos en caso de retiro del asesor se hacía solo hasta dos meses después de esa fecha.

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Radicación n.° 95528

5. Dar por acreditado, aunque no lo está, que el solo registro del crédito en VOR generaba la causación del incentivo.

6. Tener por probado, sin que lo esté, que el demandante colocó 35 créditos de vehículos que le generaron incentivos por

$9.637.201.

7. Dar por probado, sin que lo este, que el banco demandado adeuda al actor la suma de $9.637.201, 20 por concepto de comisiones o incentivos causados en el último año de servicio.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el actor trabajo 129 días en el año 2013.

9. No tener en cuenta, aunque lo está, que el salario devengado por el actor en el año 2013 era variable. 10.Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario mensual sobre el que debieron liquidarse las acreencias laborales del actor al terminar su contrato de trabajo fue de $11.941. 328.oo y no dar por acreditado que ese salario fue de $4.545.336.

Desaciertos sobre la causación de los intereses moratorios y sobre la buena fe del banco demandado

11.No dar por demostrado, estándolo, que la política de la demandada, que el actor conocía, era que solamente se pagaban incentivos hasta dos meses después de la desvinculación del trabajador, siempre y cuando se presentaran los desembolsos del crédito. 12.No dar por demostrado, estándolo, que durante la vigencia del contrato de trabajo el actor no presentó ninguna reclamación al banco demandado por el pago de los incentivos. 13.No dar por demostrado, estándolo, que el banco demandado pagó al demandante los incentivos adeudados a la terminación de su contrato de trabajo. 14.No dar por probado, a pesar de que lo está, que los incentivos supuestamente adeudados al actor no se causaron en vigencia del contrato de trabajo, sino con posterioridad. 15.Dar por acreditado, en contra de lo que demuestran las pruebas del proceso, que la demandada fue esquiva al momento de pagarle al actor las comisiones causadas. 16.Dar por probado, aunque no lo está, que con su conducta elusiva el banco llamado a juicio quería perjudicar al demandante.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 95528 17.No dar por demostrado, aunque lo está, que en vigencia de la relación laboral el demandante no presentó ninguna reclamación por los incentivos que le fueron pagados. 18.Dar por demostrado que no existe un factor objetivo que justifique el actuar del banco demandado. 19.No dar por probado, estándolo, que la sociedad demandada tenía razones serias, sensatas y atendibles para creer, de buena fe, que no adeudaba ninguna suma al actor por concepto de comisiones o incentivos.

20.No dar por probado, estándolo, que la sociedad demandada actuó de buena fe. (Resaltado en el texto). Refiere que tales yerros fueron producto de la errada valoración de las siguientes pruebas:

1. Demanda.

2. Contestación de la demanda.

3. Soporte de créditos desistidos, no utilizados y rechazados.

Folios 116 a 123.

4. Liquidaciones de prestaciones sociales del demandante. Folios 101 y 102.

5. Respuesta al derecho de petición del 8 de noviembre de 2013.

Folios 29 y 30.

6. Testimonios de Alex Fernando Guerrero Bula y Juan Carlos

Ibáñez Escobar

Y. como no valoradas:

1. Esquema de incentivos del Banco Davivienda S.A. Folio 104 a

115.

2. Confesión del actor en el interrogatorio de parte que le fue practicado.

3. Derecho de petición presentado por el actor el 21 de mayo de

2013. Folio 23.

4. Respuesta del 11 de junio de 2013 al derecho de petición radicado por el actor el 21 de mayo de 2013. Folios 27 y 28.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 95528

5. Derecho de petición del demandante, radicado el 17 de enero de 2014. Folio 31.

6. Respuesta a derecho de petición del demandante del 6 de febrero de 2014. Folios 33 y 34.

7. Derecho de petición presentado por el actor el 11 de agosto de

2014. Folio 36.

8. Respuesta al derecho de petición del 20 de agosto de 2014.

Folio 37. 9. Volantes de nómina. Folios 96 a 100.

En la demostración del cargo dice que el Tribunal concluyó que el actor había demostrado haber realizado la gestión comercial de 35 créditos que no fueron desembolsados y que no logró desvirtuar esa afirmación del actor conforme a la carga dinámica de la prueba; que también adujo, que no desconoció la existencia de los 57 créditos a los que aludió el actor y que tuvo lugar su causación en el entendido de que sí fueron solicitudes reales sobre las cuales hubo gestión por parte del accionante y por eso consideró que se causaron las comisiones correspondientes a los 35 créditos por los que impuso condena ni demostró buena fe al no pagar esas comisiones. Refiere que tales piezas procesales fueron mal valoradas, pues no es posible colegir que la demandada haya aceptado la existencia de los 57 créditos cuya gestión comercial se adjudicó el actor en el hecho 5° de la demanda, puesto que, por lo contrario, lo que expresó con claridad y contundencia fue que esos créditos no podían dar lugar al pago de los incentivos o comisiones, por cuanto no se habían dado los requisitos para su pago.

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 95528 Indica, que en el hecho 5 de la demanda el promotor del pleito aseveró que «durante la vigencia del contrato d