CSJ - SL180-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL180-2023 Radicación n.° 90898 Acta 03 Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 25 de febrero de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró en su contra MARÍA

VIRGELINA TAMAYO DE SÁNCHEZ.

I. ANTECEDENTES María Virgelina Tamayo de Sánchez demandó a Porvenir S. A., con el fin de que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hijo Antonio José Sánchez Tamayo; junto con las mesadas adicionales, los reajustes

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Radicación n.° 90898 legales, los intereses moratorios, la indexación de las sumas adeudadas, y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que su hijo ya mencionado murió el 13 de enero de 2011, data para la cual se encontraba afiliado a Porvenir S. A.; que el causante era soltero y no dejó descendencia alguna, convivía con ella «a quien acudía económicamente», por ser mayor de edad; que para la época del deceso se encontraba trabajando con Humberto de Jesús Buitrago y reunía las semanas requeridas para dejar causado el derecho a la pensión en los

términos previstos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, «con no menos de 50 semanas cotizadas en los tres últimos años». Manifestó que es beneficiaria de la pensión porque dependía de su descendiente, toda vez que este era el encargado de suministrarle todo lo que requería para satisfacer sus necesidades básicas, tales como alimentación, vestuario, medicinas y transporte, es decir, que la proveía de lo necesario para que subsistiera dignamente «ante su avanzada edad y necesidades propias de su vejez». Precisó que el 19 de septiembre de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la prestación, la que le fue negada mediante comunicación del 4 de octubre del mismo año, aduciéndosele no depender económicamente de su hijo. Argumentó que inicialmente demandó el reconocimiento de la pensión ante el Juzgado Diecinueve

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Radicación n.° 90898 Laboral del Circuito de Medellín, proceso en el que se absolvió a Porvenir S. A. porque en la historia laboral que se allegó en esa oportunidad «solo se establecía que tenía 13,44 semanas» de cotización; que no existe cosa juzgada porque no se presenta «identidad de objeto, identidad de causa petendi, e identidad de partes», pues para que se configure el segundo presupuesto se requiere que se aleguen los mismos fundamentos o hechos como sustento de la pretensión; y que en esta nueva demanda se trae como supuesto nuevo el que el afiliado reunía las semanas requeridas para dejar causada la prestación. Adujo que por error del empleador las cotizaciones

correspondientes a los periodos transcurridos entre el 200811 y 2009-10 fueron realizadas al ISS; y que al «FONDO DE PENSIONES HORIZONTES» se cancelaron los ciclos 2008-09 y 2008-10; y que mediante derecho de petición solicitó el traslado de esos aportes a Porvenir S. A. Al dar respuesta a la demanda, Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de deceso del causante, la afiliación a ese fondo de pensiones, el parentesco con la accionante, y la reclamación de la prestación presentada el 19 de septiembre de 2016 y su respuesta. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no le constaban, no eran ciertos o no ostentaban tal calidad. En su defensa alegó que no había lugar al reconocimiento de la prestación porque el de cujus no dejó acreditada la densidad de semanas requerida; que con la

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Radicación n.° 90898 información entregada por la misma demandante al momento de reclamar la prestación y según las investigaciones administrativas adelantadas a través de la firma León y Asociados, se concluyó que para el momento del fallecimiento del afiliado la actora no era dependiente económica de aquel; que los gastos familiares eran de $500.000, de los cuales el afiliado solamente aportaba $200.000; y que Tamayo de Sánchez se encontraba afiliada la Nueva EPS como beneficiaria, pero no del causante. Por tanto, debía diferenciarse claramente entre dependencia

económica y recibir un apoyo o ayuda. Al efecto, propuso las excepciones de mérito que denominó inexistencia la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe de la entidad demandada, prescripción, compensación y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 23 de julio de 2019, resolvió:

1. Absolver a la demandada AFP PORVENIR de las pretensiones

de MARÍA VIRGELINA TAMAYO SÁNCHEZ.

2. Declarar probada la excepción de falta de acreditación de la dependencia económica.

3. Condenar en costas a la demandante. Agencias en derecho

$100.000.

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4. Se ordenará el grado de CONSULTA en caso de no apelación por parte de la demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia del 25 de febrero de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, decidió: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el

JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, para en su lugar: PRIMERO: DECLARAR que la señora MARIA VIRGELINA TAMAYO DE SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía

21’963.549, acredita ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ TAMAYO, hecho ocurrido el 13 de enero de 2011.

SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A. al pago del retroactivo pensional causado desde el 19 de septiembre de 2013 hasta febrero de 2021, que asciende a la suma de SETENTA Y SEIS

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 76.856.400).

La AFP PORVENIR S.A. seguirá pagando a favor de la demandante a partir del 01 de marzo de 2021 una mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente ($908.526), que se actualizará anualmente y con 14 mesadas anuales. La entidad descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, conforme lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S.A. al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100, a partir del día 20 de noviembre del 2016 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

CUARTO: DECLARAR probada la prescripción de las mesadas causadas antes del 19 de septiembre de 2013.

QUINTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a las costas en ambas instancias. En segunda, las agencias en derecho se fijan en la suma de 2 SMLMV.

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Radicación n.° 90898 En lo que interesa en sede extraordinaria, el Tribunal,

después de precisar que el recurso de apelación se encaminaba a que se declarara la dependencia económica de la madre respecto del hijo fallecido, en vigencia de la Ley 797 de 2003, dijo que, según la sentencia CC C111-2006, no era necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos, sino que bastaba con la imposibilidad de obtener los ingresos indispensables para subsistir de una manera digna. Arguyó que la jurisprudencia de esta Corte había fijado reglas para determinar la dependencia económica, tales como: i) La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada. ii) Para concluir la dependencia, es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia. iii) Así, debe entenderse por dependencia económica “«la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna», puntualizando que dicha condición desaparece «cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad»”. iv) El concepto atiende a “una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo

vital en un grado significativo”. “la dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros”. Agregó que la dependencia debía establecerse en cada

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Radicación n.° 90898 caso particular y concreto para el momento del fallecimiento del causante (CC T538-2015, CC T725-2017, CC T424-2018,

CSJ SL11871-2017, CSJ SL2605–2019, CSJ SL3772-2019 y

CSJ SL3286–2019).

Al descender al estudio del caso, indicó que Antonio José Sánchez Tamayo era hijo de la actora, nació el 26 de enero de 1957 y falleció el 13 de enero de 2011; que se afilió inicialmente al ISS en el año 1979, efectuando cotizaciones con diversos empleadores y se trasladó a Porvenir S. A. en mayo de 1994. En relación con las semanas de cotización, dijo que debía verificarlas conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Después de analizar el acervo probatorio sobre el particular, arguyó que no compartía lo decidido en primera instancia, dado que «se acredita con creces el requisito de 50 semanas cotizadas entre el 13 de enero de 2008 y el 13 de enero de 2011». Para establecer la dependencia económica de la actora respecto de su hijo pasó a estudiar el formulario de solicitud

de la pensión (f.º 109); la declaración juramentada rendida por Blanca Nubia Sánchez, hermana del causante (f.º 113); la investigación para el pago de prestaciones sociales realizada por la firma León Asociados (f.os 52, 132 ); la comunicación del 26 de julio de 2011, por medio de la cual Porvenir S. A. le comunicó en dos ocasiones a la actora la negativa del reconocimiento de la prestación (f.º 15 y 135); la reclamación de la prestación (f.os 9 y 136), y «la prueba

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Radicación n.° 90898 recaudada el día 19 de noviembre de 2012, en AUDIENCIA PUBLICA celebrada en el proceso con radicado 05001310500 19 2011 00879 00 ante el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín, que fue trasladada a este proceso», prueba de la que dijo: De un lado, la actora relata que es viuda y no recibió pensión por la muerte de su esposo, el causante era el único hijo que vivía con ella en la casa que había comprado junto con su esposo hacía más de 50 años. Narra que en la época en que falleció, su hijo trabajaba en construcción de lunes a sábado en una casa vía Palmas, sus ingresos eran 400 semanales, de los cuales le aportaba 200 para los medicamentos que le recetaban para el corazón y los pulmones. Comenta que era su hija mayor, quien era pensionada, la persona que la tenía afiliada como beneficiaria a la Seguridad Social, porque presentaba mayor estabilidad, sin que se advierta que hubiese efectuado confesión en contra.

Acto seguido incursionó en el estudio de los testimonios de William Darío Hinestroza Otálvaro, Ana Adela Arenas Cardona y Guillermo León Pineda Toro, respecto de los cuales señaló que estos narraron sobre los ingresos y la labor que desempeñaba Antonio José; que además corroboraron los planteamientos de la demandante y daban «cuenta de la dependencia económica en relación con la madre, ya que no generaba ingreso alguno y su estado de salud era delicado»; por lo que el causante era quién le aportaba para el sostenimiento del hogar, dado que era el único hijo que vivía con ella. Añadió que los declarantes fueron espontáneos y coherentes al responder a las preguntas; y que dijeron lo que les consta, «siendo principalmente testigos de que el causante vivía con su madre, trabajaba al momento de su muerte y sus ingresos los invertía en los gastos de su hogar».

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Radicación n.° 90898 Argumentó que las versiones de la actora y de los testigos, «se corrobora[n] con la prueba documental», la que muestra que se trataba de un hogar conformado por una madre viuda, en el que «solo el causante contribuía al sostenimiento del hogar, porque la madre es ama de casa y los otros siete hijos tenían cada uno obligaciones en sus respectivos hogares»; y que el afiliado fungía como oficial de construcción, devengando como último ingreso $400.000 semanales y el realizar trabajos independientes, desde el año 1994 hasta enero de 2011, momento en el que falleció. Indicó que como la demandante y el de cujus hacían

parte de la misma unidad familiar y, por tanto, conforme la jurisprudencia de esta Corte, […] no es procedente desagregar los gastos básicos de cada uno de ellos a fin de determinar si existía dependencia económica, pues ha de entenderse que las necesidades de quienes integran el hogar común en lo que toca con servicios públicos, arrendamiento, salud, vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar, y desplazamientos para atender lo propio de la jornada laboral y las actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna, entran en el presupuesto común de gastos. Luego, la contribución económica del afiliado fallecido fue imprescindible para garantizar a los padres la satisfacción de esos requerimientos primordiales (CSJ SL18980-2017), reiterada en la SL 2327 - 2020 Bajo el mismo planteamiento, expuso que en aras de la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, si bien no era necesario acreditar el monto exacto de lo aportado por el causante, por ser un requisito no previsto en la ley, (CSJ SL6502-2015 y CSJ SL2327-2020); sin embargo, en este caso concreto, «mediante prueba testimonial» se

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Radicación n.° 90898 acreditó que el afiliado fallecido devengaba una suma de $400.000 semanales, cifra que destinaba para cubrir los gastos del hogar, tales como alimentación, servicios públicos, vestuario y los medicamentos de su madre. Acotó que estaba demostrado que el fallecido invertía

sus recursos, principalmente, en su progenitora, quien carecía de ingresos suficientes, «aporte [que] era sin duda, valioso y preponderante para la satisfacción de las necesidades básicas y elementales», lo que le permitía afirmar la subordinación económica de la madre. Insistió en que para acreditar este requisito no era necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos, sino que bastaba la comprobación de la imposibilidad de mantener el exiguo ingreso que le permita al beneficiario obtener lo necesario para subsistir de manera digna. Que para ello resultaba relevante la valoración del mínimo vital cualitativo, «porque lo que debe tenerse en cuenta es el conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular». Aseveró que las pruebas coincidían con lo que verificó la firma León y Asociados, dado que, según el informe de investigación para pago de prestaciones económicas del 15 de junio de 2011, no se encontró la existencia de beneficiarios diferentes a la reclamante. Destacó que el hecho de que la demandante estuviera afiliada como beneficiaria de su hija Blanca Nubia, «no

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Radicación n.° 90898 supone concluir que la actora tuviera independencia económica de su hijo», porque para predicarla, los recursos debían ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna; y que lo que estaba acreditado era que «el aporte que realizaba Antonio José era para atender rubros absolutamente indispensables del hogar», que no provenían de la madre por ser ama de

casa». Por tanto, señaló, era claro que la suma aportada por el hijo para aspectos determinantes de la vida de su progenitora constituía subordinación económica. Con relación a la excepción de prescripción, dijo que esta prosperaba respecto de las mesadas pensionales anteriores al 19 de septiembre de 2013, ya que la reclamación de la prestación se había hecho el 19 de septiembre de 2016 y la demanda se había radicado el 9 de febrero de 2017. En cuanto a los intereses moratorios arguyó que eran procedentes porque la negativa de la pensión fue injustificada. Al efecto, cito las providencias CC C601-2000, CSJ SL1681-2020, CSJ SL3130-2020, transcribiendo algunos apartes de la segunda. Señaló que como la reclamación se presentó el 19 de septiembre de 2016 y la entidad tenía dos meses para el reconocimiento de la prestación, el pago de los réditos debía realizarse a partir del 20 de noviembre de 2016 y hasta el momento en que se hiciera efectivo el pago de la obligación. Así, aseguró que, en consecuencia, debía revocar la

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Radicación n.° 90898 sentencia apelada y, en su lugar, condenar a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de María Virgelina Tamayo de Sánchez, en los términos indicados en la parte resolutiva de la providencia fustigada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la providencia del Juzgado. En subsidio solicita que se case parcialmente la providencia en cuanto condenó a los intereses moratorios «a partir del 20 de noviembre de 2016 y hasta que se pague lo debido a la demandante Tamayo».

Después, pide que se revoque la sentencia del juez de primer grado y, en sede instancia, «se condene a pagar intereses de mora desde el citado 20 de noviembre de 2016 hasta el 30 de enero de 2020 y a partir de ese día Porvenir S. A. solo reconozca la indexación de las partidas adeudadas». Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. La acusación se resolverá en el orden planteado por la recurrente.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta imputa: […] la infracción directa de los artículos 167 y 221 numeral 3 del Código General del Proceso, que rigen en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación de medio que condujo a la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y a la infracción directa de los artículos 29 y 230 de la Carta Magna y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Atribuye al sentenciador de segundo grado el error de hecho consistente en «dar por demostrado, sin estarlo, que la

señora Tamayo dependía en términos económicos del difunto». Señala que no hay prueba que demuestre que el afiliado, para la fecha del deceso daba una contribución monetaria periódica, en una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de su madre y, consecuentemente, que acredite que ese aporte no era la simple ayuda brindada por un buen hijo, sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él. Al efecto, denuncia la errada apreciación de los siguientes medios de convicción: a) Historial de aportes en el ISS (f.43, c. l) b) Documento resultante de la investigación administrativa adelantada por la firma León y Asociados (fs. 52 a 54, c. l) c) Historial de aportes en Porvenir S.A. (fs. 95 a 101, c. 1) d) Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas Pensión de Sobrevivencia (fs. 109 y 110, c. l). e) Declaración rendida por la señora Blanca Nubia Sánchez e) (sic) Confesiones contenidas en la prueba recaudada el 19 de noviembre de 2012 en audiencia pública celebrada en el proceso 05003105001920110087900 ante el Juzgado 19 Laboral

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Radicación n.° 90898 del Circuito de Medellín (f. 163, c. l) f) Testimonios de William Darío Hinestroza Otálvaro, Ana Adela Arenas Cardona y Guillermo León Pineda Toro (grabación de la audiencia correspondiente de primer grado).

Indica que con sólo examinar el haz probatorio resulta fácil hallar que no hay una sola que permita verificar la disponibilidad de dinero con la que contaba el difunto para ayudar a su mamá, el monto y la frecuencia del hipotético aporte ni la significancia de este frente a las erogaciones de su madre, cuya cuantía tampoco se estableció, lo que evidencia el error del sentenciador. Después de citar ampliamente la sentencia CSJ SL4103-2016, en la que se analizó la dependencia económica, dice que el Tribunal se equivocó «cuando ratificó la condena impuesta por el juez a quo», pues no se allegaron los elementos probatorios imprescindibles para refrendar el sometimiento monetario de la progenitora, como, por ejemplo, algo que indicara que el causante tenía el dinero suficiente para atender su manutención y, además, para auxiliar a su madre; la cuantía y la periodicidad de esa colaboración y/o su significancia con relación al total de las erogaciones maternas, aspectos que eran los que debían tenerse en cuenta para corroborar si había o no sujeción pecuniaria frente al afiliado fallecido. Agrega que resultaba imperativo establecer el monto de los gastos del núcleo familiar, así como el aporte que el causante suministraba para su sostenimiento, en la medida en que la jurisprudencia tiene precisado que, si bien la

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Radicación n.° 90898 dependencia económica de los padres no tiene que ser total y absoluta, si debe ser un verdadero sustento financiero importante para resolver las necesidades de la familia.

Acto seguido, cita algunos fragmentos de la sentencia CSJ SL687-2017 y alega que el sentenciador «no contaba con los fundamentos probatorios mínimos para determinar que efectivamente había una dependencia financiera de la señora Tamayo frente al extinto». Añade que según puede constatarse con la prueba recaudada el 19 de noviembre de 2012 en audiencia pública celebrada en el proceso 05003105001920110087900 ante el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín, la señora Tamayo confesó que estaba beneficiada con los servicios del sistema de seguridad social en salud por cuenta de su hija Blanca Nubia, y aclaró lo siguiente: […] vea me tenía afiliada la hija mayor que estaba pensionada, pero como la pensión de ella era el mínimo y él trabajaba en construcción, usted sabe que en la construcción no es de seguido que trabajan, sino que tienen mucho tiempo que no trabajan..." (resaltado propio del cargo), afirmación que luego complementa con la respuesta que dio a la pregunta acerca de si el occiso estuvo afiliado toda la vida a la seguridad social, a lo que contestó: "Doctor eso sí, yo sé que cuando él trabajaba pagaba pensión, no sé si toda la vida pagó." (resaltado propio del cargo), asertos que innegablemente obran en contra de los intereses de la demandante en la medida en que dejan presente la carencia de ingresos del fallecido y la consecuente imposibilidad de socorrer a su mamá. Dice que con lo consignado en los «historiales de aportes», del causante en el ISS y en Porvenir S. A., se verifica que hubo largos períodos en los que el señor Sánchez no hizo

aportes, tanto que en el último trienio de vida sólo aportó 55,43 semanas, lo que equivale al 36% del tiempo.

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Radicación n.° 90898 Señala que la «apreciación conjunta de las pruebas» evidencia que los ingresos del hijo fallecido eran muy variables e inestables, de manera que era obligatorio demostrar que contaba con los medios indispensables para socorrer a su madre y para que esa contribución fuese significativa. Además, tampoco sería válido afirmar que el difunto se desempeñaba en otras labores o que poseía algunos ahorros pues no hay la menor prueba de ello. Indica que, de conformidad con lo establecido en las historias laborales, el causante no cotizó desde octubre de 2009, de manera que «si eso se examina bajo la óptica de lo confesado por su madre, esto es, "yo sé que cuando él trabajaba pagaba pensión", es indudable que no estuvo laborando»; por tanto, para el Tribunal era imprescindible exigir una prueba «de que el muerto conseguía los recursos con los cuales hipotéticamente subsidiaba a su mamá», la que no existe. Itera que no hay prueba alguna de que el fallecido dispusiera de dinero para subvencionar a su mamá o que los medios que pudiera entregarle fueran significativos y, en oposición, hay evidencia sólida que confirma que los ingresos del fenecido eran variables e, incluso, inexistentes. Es más, indica que la actora era «dueña de la casa en la que residía», lo que descarta el apoyo del occiso en la satisfacción de esas necesidades primordiales.

Aduce que, si en gracia de discusión se aceptara que el hijo le daba algún subsidio, no hay comprobación alguna que

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Radicación n.° 90898 demuestre que era constante, representativo e indispensable para garantizarle el mínimo vital y no, más bien, que se trataba de unos medios que ocasionalmente le harían la vida más holgada, propios de un buen hijo. Añade que la accionante confesó «recibir una contribución mensual de sus demás hijos», tal como se aprecia en el Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas Pensión de Sobrevivencia (CSJ SL15116-2014, CSJ SL8406-2015). Memora esta última providencia para indicar que el sentenciador debió establecer el monto de los gastos del núcleo familiar del fallecido. Acto seguido, transcribe apartes de la sentencia CSJ SL2797-2019, en la que se afirmó que no se puede imponer la prestación si en el expediente no hay prueba que acredite la dependencia económica. Argumenta que las anteriores reflexiones acreditan la existencia del error de hecho denunciado, lo que permite el estudio de las pruebas que no son hábiles en casación, esto es, el documento resultante de la investigación administrativa adelantada por la firma León y Asociados, la declaración rendida por la señora Blanca Nubia Sánchez y los testimonios de William Darío Hinestroza Otálvaro, Ana Adela Arenas Cardona y Guillermo León Pineda Toro. Al efecto, después de mencionar algunos apartes de las sentencias CSJ SL2490-2019 y CSJ SL2120-2020, expone

que, si bien al analizar los reportes de los testigos «es incontrovertible que ellos concuerdan en afirmar que el perecido contribuía con sus recursos para afrontar los gastos

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Radicación n.° 90898 de subsistencia de su mamá», también es cierto que nada dicen con relación a en qué consistía ese socorro o qué tan significativo era frente a las erogaciones de la progenitora, de modo que flaca es su ayuda para esclarecer si había o no una supeditación monetaria. Con relación a la declaración rendida por Blanca Nubia Sánchez alega que es palmario que, aunque diga que su hermano ejerció la actividad de empleado en construcción durante 36 años, ello no significa, como erradamente lo asumió el juez colegiado, que hubiera trabajado en forma ininterrumpida; que en el informe presentado por la firma León y Asociados es notorio que su contenido es muy superficial y nada aporta para soportar en ello una dependencia económica de la progenitora.

VII. RÉPLICA La opositora se refiere de manera conjunta a los dos cargos y señala que no deben prosperar porque se mezclan argumentos fácticos y jurídicos que debieron plantearse por vías distintas; que las sentencias que cita tienen que ver con fundamentos de hecho y probatorios en determinados casos, sin relación alguna con lo aquí planteado. Agrega que para demostrar el error de hecho se tiene que acreditar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal.

Precisa que la deficiente argumentación del recurrente permite que la providencia acusada se mantenga incólume,

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Radicación n.° 90898 debido a la presunción de acierto y legalidad que la cobija, máxime que no existe defecto valorativo en prueba hábil. Añade que la acusación de los artículos 117 y 121 del CGP debió plantearse por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea. Por lo demás, arguye que la valoración probatoria efectuada por el Tribunal es acertada.

VIII. CONSIDERACIONES De manera preliminar se advierte que si bien le asiste razón a la censura en cuanto a que el cargo presenta argumentos fácticos y jurídicos, los cuales debieron encaminarse por vías diferentes, lo cierto es que tal irregularidad no impide el análisis de la acusación, dado que la incorporación de los segundos se realizó para evidenciar la configuración del error de hecho que se atribuye al sentenciador; por tanto, simplemente se prescindirá de su estudio y se abordará el ataque por la vía seleccionada por la recurrente, esto es, la indirecta.

Superado el anterior escollo, de cara a los planteamientos esbozados por la recurrente, el asunto que concita la atención de la Corte, gira en torno a la dependencia económica de la demandante María Virgelina Tamayo de Sánchez frente a su hijo hoy fallecido, como requisito para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes; para lo cual la recurrente denuncia la comisión de un error de hecho que apunta a acreditar que, en el caso en particular, la accionante no demostró que existía una subordinación monetaria respecto de su descendiente Antonio José Sánchez Tamayo,

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Radicación n.° 90898 habida cuenta que no probó, como le correspondía hacer, los gastos del núcleo familiar y la existencia de una contribución pecuniaria, su periodicidad, el monto de la misma y su relevancia, a efectos de verificar si era determinante en el mínimo vital de la actora