CSJ - SL1801-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1801-2023 Radicación n.° 96731 Acta 26 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023) La Sala decide el recurso de casación presentado por MARTA CECILIA PIEDRAHITA PÉREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 25 de marzo de 2021, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP y la NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO, trámite al que fueron vinculadas JOSEFINA GALEANO DE LÓPEZ, KATERINE y LAURA ANDREA LÓPEZ PIEDRAHITA, como litisconsortes necesarias por pasiva.

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Radicación n.°96731

I. ANTECEDENTES Marta Cecilia Piedrahíta Pérez promovió demanda ordinaria laboral contra la UGPP y La Nación – Ministerio del Trabajo, para que se declare que le asiste derecho a la «pensión de sobrevivientes y/o sustitución pensional» a cargo de la «UGPP y/o el FOPEP, por la muerte de su compañero permanente Hernán de Jesús López Durán. Por tanto, solicita que se condene a la referida entidad al pago de la pensión en la cuota parte correspondiente, las mesadas adicionales, los intereses moratorios y/o la indexación, así como las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones, adujo que

conoció al señor López Duran en octubre de 1996, luego, se establecieron como pareja e iniciaron su convivencia desde el 29 de julio de 1998 en el Barrio Boyacá Las Brisas; agregó que de esta relación nacieron dos hijas, Laura Andrea y Katerine López Piedrahita, el 29 de julio de 1998 y el 28 de junio de 2000, respectivamente. Explicó que la convivencia fue continua e ininterrumpida, nunca se separaron más de dos días, y en estos, mantenían comunicación telefónica constante; que compartía con el causante como una familia en las épocas de semanas santa, las vacaciones de sus hijas, viajes a la finca ubicada en la Vereda El Limón en el municipio de Anorí, asistían juntos a fiestas, paseos y reuniones familiares, como el matrimonio de una sobrina de la demandante en Bucaramanga y un viaje a Tolú.

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Radicación n.°96731 Mencionó que desde que inició su vida marital hasta que esta terminó con la muerte del señor López, dependió económicamente de él. Agregó que, como realización de su proyecto de vida común, en el año 2004 la pareja adquirió una casa ubicada en el barrio Florencia de Medellín, la cual fue afectada a vivienda familiar, y allí convivieron con sus hijas hasta el 26 de abril de 2010, fecha del fallecimiento del causante. Dijo que el señor López Durán fue hospitalizado el 15 de abril de 2010 y ella lo acompañó hasta el día de su deceso. Afirmó que mediante Resolución 141 de 1990,

Caprecom le otorgó a su compañero una pensión de jubilación y que, a su muerte ella solicitó la sustitución de esta prestación; sin embargo, la entidad la negó desconociendo la convivencia y el «fuerte vínculo» entre la pareja. Informó que tal sustitución le fue otorgada a Josefina Galeano de López en un 50% por valor de $2.945.858 y el otro 50% la concedió a las hijas del pensionado y de la demandante, distribuido en partes iguales y hasta que cumplieran 25 años de edad siempre que acreditaran escolaridad. Finalmente indicó que la liquidación de Caprecom culminó en enero de 2017 y que por mandato del Decreto 2011 de 2012, la UGPP asumió sus obligaciones.

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Radicación n.°96731 En el trámite judicial intervino la Procuraduría Judicial para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, y formuló la excepción de prescripción (folios 71 y 72). Al contestar la demanda, la UGPP se opuso a lo solicitado. Aceptó los hechos relativos al nacimiento de las dos hijas del causante y la demandante, la fecha de fallecimiento, el reconocimiento de la pensión de jubilación, la reclamación administrativa y el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Josefina Galeano de López en calidad de cónyuge supérstite y de las menores Laura Andrea y Katerine López Piedrahíta; la liquidación de Caprecom y la responsabilidad de la UGPP frente a las obligaciones de la

referida entidad; de los demás adujo que no le constaban. En su defensa aseguró que, en sede administrativa la demandante no demostró la convivencia exigida con el causante y, en cambio, Josefina Galeano de López sí acreditó que sostuvo una vida marital efectiva y real con el pensionado, lo que excluía la posibilidad de una convivencia simultánea o adicional con la actora. Formuló las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y prescripción. Katerine López Piedrahíta fue vinculada al proceso, según auto del 25 de abril de 2017, y representada mediante curador ad litem. En su contestación, frente a las pretensiones afirmó que la reclamación de la actora no podía modificar el derecho pensional otorgado a su favor. En relación con los hechos, admitió el nacimiento de las dos

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Radicación n.°96731 hijas de la actora y el pensionado, que este fue hospitalizado, su fecha de fallecimiento, el reconocimiento de la pensión de jubilación y la sustitución de esta prestación, la liquidación de Caprecom y la competencia de la UGPP. Formuló la excepción de falta de interés para obrar. Josefina Galeano de López, cónyuge del causante, también dio respuesta a la demanda y se opuso a lo pretendido. Frente a los hechos aceptó el nacimiento de las hijas del causante y la actora, la adquisición de un inmueble en 2004, la fecha de deceso del pensionado, el reconocimiento de la prestación de jubilación y su sustitución pensional, así como la liquidación de Caprecom.

Expuso que Marta Cecilia Piedrahíta Pérez, accionante, y Hernán de Jesús López Durán, nunca tuvieron una convivencia continua e ininterrumpida hasta el momento del deceso de este último y que, pese a que con esta procreó dos hijas, solo dejó su hogar durante un periodo de casi dos años, cuando su hija Laura Andrea nació el 29 de julio de 1998 «y hasta 1999». Aclaró que su cónyuge estuvo presente en los eventos sociales de sus hijas, pero no sostuvo una convivencia continua e ininterrumpida con la mamá de ellas, señora Piedrahíta Pérez; además, los viajes del pensionado a una finca en el Municipio de Anorí solo tenían como finalidad verificar las cabezas de ganado de su propiedad y que eran administradas por la familia de la demandante. Señaló que la alegada convivencia enunciada por la actora se desvirtuaba con varios hechos, pues, toda la

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Radicación n.°96731 correspondencia del pensionado era remitida a su residencia donde convivía con su esposo, ya que esa dirección era la que él informaba en los diferentes trámites administrativos que realizaba, además, fue ella quien estaba registrada como su beneficiaria en salud y la que pagó los gastos funerarios. Propuso la excepción previa de inepta demanda, y las de mérito que denominó inexistencia de las obligaciones demandadas y mala fe de la demandante o temeridad. En audiencia celebrada el 23 de septiembre de 2019, el a quo ordenó integrar el contradictorio con la Nación –

Ministerio del Trabajo y con el Consorcio FOPEP; entidades que fueron debidamente vinculadas al proceso y dieron respuesta a la demanda en los siguientes términos: La NaciónMinisterio del Trabajo se opuso a las pretensiones y frente a los hechos indicó que «no es un hecho endilgado a mi representado, por lo tanto, me abstengo de hacer comentario alguno al respecto». Adujo no ser la entidad competente para reconocer y pagar la pensión pretendida, pues ello está a cargo de la UGPP, y el FOPEP es quien administra la nómina de pensionados; además, la actora no agotó la reclamación administrativa ante ese Ministerio. Propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva. El Consorcio FOPEP formuló la excepción previa de indebida notificación, la cual fue declarada probada en

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Radicación n.°96731 audiencia celebrada el 29 de octubre de 2020, por lo que se dispuso su desvinculación del proceso. Mediante auto del 13 de mayo de 2019, se hizo constar que Laura Andrea López Piedrahíta no contestó la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia dictada el 22 de enero de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR prospera la excepción de inexistencia de la obligación y ABSOLVER a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP al igual que a LA NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO, como representante legal de la

UGPP, de las pretensiones instauradas por MARTHA CECILIA PIEDRAHÍTA PÉREZ, al igual que de las convocadas JOSEFINA

GALEANO DE LÓPEZ y KATERINE y LAURA ANDREA LÓPEZ

PIEDRAHÍTA.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte demandante y en favor de la UGPP. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín conoció el recurso de apelación presentado por la actora y mediante sentencia del 25 de marzo de 2021, confirmó la decisión de primer grado, y condenó en costas a la apelante.

Dijo que le correspondía determinar si Marta Cecilia Piedrahita Pérez acreditó cinco años de convivencia previos a la muerte del pensionado Hernán de Jesús López Durán; de ser así, revisaría si era factible la condena por intereses moratorios y costas.

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Radicación n.°96731 Precisó que no eran objeto de debate los siguientes hechos: i) Hernán de Jesús López Durán falleció el 26 de abril de 2010; ii) mediante Resolución 141 de 1990, Caprecom le reconoció una pensión de jubilación; iii) a través de Resolución 247 de 2011, Caprecom negó la sustitución pensional a la demandante, y otorgó el 50% de tal prestación a Josefina Galeano de López, en calidad de cónyuge supérstite, y el otro 50% para las hijas de la actora (folios 14 a 20) y iv) el pensionado compró la finca El Recuerdo ubicada

en el Municipio de Anorí (folios 30 a 34). En relación con el requisito de convivencia discutido, señaló que la norma aplicable en este caso es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dada la fecha de fallecimiento del causante. Aclaró que esta norma prevé que, en los casos de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, se deben acreditar cinco años de vida marital con el pensionado para el momento de su muerte; es decir, la actora debía demostrar que vivió con López Durán, por lo menos entre el 26 de abril de 2005 y el 26 de abril de 2010; sin embargo, no cumplió con dicha carga probatoria. Adujo que la Escritura Pública aportada a folios 35 a 40, acreditaba que el causante y Marta Cecilia Piedrahíta Pérez, adquirieron un apartamento el 15 de septiembre de 2004, el cual se afectó a vivienda familiar. Consideró que este hecho no evidenciaba la convivencia entre los compradores del inmueble, pues apenas correspondía a un indicio que debía ser analizado de manera conjunta con el resto del

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Radicación n.°96731 material probatorio. Explicó que esa limitante a la propiedad no «da a entender» la convivencia ni el ánimo de proteger a la compañera permanente como lo sugiere la actora, ya que la finalidad de dicha afectación es amparar al «cónyuge no propietario» y a sus hijos, de actos de disposición del que sí lo es, tal como se dijo en la sentencia CC C 560-2006.

Señaló que los registros fotográficos eran indicios del hecho controvertido, pero sin que se trate de la «prueba reina» para determinar una convivencia durante los cinco años anteriores a la fecha de la muerte del pensionado, más cuando en la contestación al hecho cuarto de la demanda, la cónyuge del causante advirtió inconsistencias en dichas fotografías. Refirió lo dicho por la actora en su interrogatorio de parte, esto es, que convivió con el pensionado desde 1998 hasta cuando él falleció, que «bajo el mismo techo vivieron dos años y después se fue para donde la cónyuge, pero siguió con ella», y que ella lo acompañó hasta el momento de su muerte. Frente a ello el colegiado consideró que no podían tenerse en cuenta los extremos de la vida marital informados en este interrogatorio, porque eran afirmaciones que favorecían a quien declaraba, por lo que debía evaluar las restantes pruebas. Indicó que tampoco era creíble el testimonio de Gonzalo de Jesús Pulgarín, excompañero permanente de una prima de la actora, por cuanto en su declaración incurrió en contradicciones, entre otras, en cuanto al tiempo durante el

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Radicación n.°96731 cual conoció a la pareja y su convivencia; además, resaltó que era evidente que este testigo desconocía la fecha en que pudo iniciar la vida marital entre la accionante y el causante. El Tribunal dijo que, según este declarante, el pensionado compró la casa en el barrio Florencia cuando nació su primera hija con la señora Piedrahíta Pérez, lo que no

concuerda con la realidad, pues su hija Laura nació en 1998 y el inmueble fue adquirido en el 2004. También adujo que el testigo no dio razón de su dicho, pues, aunque afirmó que la pareja convivió hasta el momento de la muerte del causante, no sabe qué personas lo cuidaron mientras estuvo enfermo en sus últimos días, ni lo visitó en el hospital. En relación con la testigo Nelly de Jesús Silva de Yepes, amiga de la actora, consideró que su dicho no demostraba la convivencia por cinco años previos a la fecha de la muerte, pues se limitó a informar que conoció a la pareja en el Municipio de Anorí, y que sabía que vivían juntos porque los visitaba en Medellín tres veces al año y se quedaba con ellos dos o tres días, sin saber si el resto del año estaban juntos o no. Así que, para el juzgador, esta prueba solo daría cuenta de una convivencia durante nueve días al año, que era el tiempo que la declarante compartía con ellos, más las fechas especiales en que viajaban al referido municipio. Adujo que, aunque la testigo Fanny María Vásquez Henao informó que le constaba el hecho de la convivencia diaria del pensionado y la demandante a partir del año 2004 cuando se pasaron a vivir al barrio Florencia cerca a su casa, y hasta el momento de la muerte de aquel, lo cierto es que su

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Radicación n.°96731 dicho se contradecía con la confesión de la actora, pues ésta manifestó que la única vida marital que tuvo con el causante bajo el mismo techo y de manera permanente, fue durante

dos años, entre 1998 y 2000, porque después, el señor López Durán regresó a la casa con su esposa, pese a que seguía con la accionante. Así, la testigo no podría asegurar una convivencia diaria entre 2004 y 2010, dado que, si bien se alegó una vida marital simultánea con la cónyuge, era evidente que en ocasiones el causante estuviese con ella y no con la demandante. Frente a la declaración de Nidia María López Galeano, hija del pensionado y de Josefina Galeano de López, dijo que no mostraba la convivencia de la accionante con el causante hasta el año 2010, toda vez que en su declaración afirmó que sus padres se separaron en 1998 o 1999 y hasta antes de que naciera la segunda hija de la señora Piedrahíta Pérez (en el año 2000), y que luego de ello, volvieron a vivir juntos. Además, en su testimonio dijo que eran los viernes que su padre amanecía fuera de la casa, y que suponía que era porque iba a ver a sus hijas. Finalmente, el colegiado aclaró que la carga de probar la convivencia entre el causante y la demandante estaba en cabeza de esta última, sin que pudiese exigírsele a los testigos traídos por Josefina Galeano de López, que tuviesen conocimiento de una relación extramatrimonial. Así las cosas, concluyó que no se acreditó tal presupuesto durante los cinco años previos a su fallecimiento.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la actora, concedido por

el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La censura pretende que la Sala case la decisión impugnada, y en sede de instancia, revoque la sentencia del a quo y acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado por la UGPP.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal por transgredir la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 164, 165, 167, 176, 191, 193, 243, 244, 269 y 272 del CGP; 61 del CPTSS, 29 y 48 de la

Constitución Política. Indica que el colegiado incurrió en los siguientes errores fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia de la actora en su condición de compañera permanente con el causante, inició en 1998 y duró hasta su muerte el 26 de abril de 2010.

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2. No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia de la demandante, hoy recurrente, con el causante fue simultánea a partir del año 2000 y se extendió hasta el momento de la muerte del causante.

3. Dar por demostrado, no estándolo, que la convivencia simultánea no se dio en los últimos 5 años de vida del

causante, cuando la misma se dio incluso por más de ese guarismo. Explica que estos errores obedecieron a la indebida valoración de las siguientes pruebas:

1. Escritura Pública 2334 del 15 de septiembre de 2004, de la Notaría 9 de Medellín, compraventa de apartamento de María Olga Ríos de García a favor de Hernán López Durán y Martha Cecilia Piedrahíta Pérez, quienes la afectaron a vivienda

familiar; apartamento 7216 calle 118 ubicado en el barrio Florencia de Medellín (folios 40 a 45)

2. Contestación de la demanda (folios 154)

3. Registro fotográfico (folios 186 a 189) Y por no apreciar la «confesión vertida en el escrito de contestación de la demanda por parte de la litisconsorte necesaria Josefina Galeano de López» (folios 154 a 57).

Afirma que el análisis conjunto de las pruebas muestra que la recurrente convivió ininterrumpidamente con el causante desde 1998 hasta el 26 de abril de 2010. Resalta que Josefina Galeano de López, al responder la demanda inicial, admitió que el causante se fue de la casa para la época en que nació la hija Laura Andrea López Piedrahíta (29 de julio de 1998), y que entre los años 1998 y 2000, vivió exclusivamente con Marta Cecilia Piedrahita

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Radicación n.°96731 Pérez; sin que pueda interpretarse que esa convivencia se interrumpió, por el contrario, continuó simultáneamente con la sostenida por el causante con su cónyuge Josefina

Galeano de López hasta el momento de su muerte. Explica que, en dicha contestación, la litisconsorte Josefina Galeano de López confesó el hecho de la convivencia ininterrumpida entre la demandante y el pensionado, en especial al dar respuesta a los hechos tercero y séptimo, pues, afirmó que «nunca tuvieron una convivencia continua e ininterrumpida hasta el momento de la muerte» del causante y además dijo que «no es cierto que la señora Piedrahita Pérez estuviese pendiente y acompañando continuamente» al pensionado durante sus afecciones de salud. Estas manifestaciones favorecen a la recurrente pues no niegan la convivencia y el acompañamiento, sino que tan solo aclaran que no fueron continuos ni permanentes. Indica que igual ocurre con la afirmación hecha en la contestación de la demanda, según la cual, el pensionado «solo dejó su hogar físicamente durante un periodo de casi dos años el cual inició en la fecha del nacimiento de su hija Laura Andrea» el 29 de julio de 1998 y hasta 1999. Considera que con tal expresión se confesó que al menos durante dos años se mantuvo una convivencia entre la demandante y el causante y que la señora Josefina Galeano conocía de la existencia de las dos hijas de la pareja. Agrega que, en el hecho sexto de la contestación de la demanda, la señora Galeano de López confesó un hecho que

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Radicación n.°96731 la perjudica, esto es que su cónyuge sostuvo una convivencia simultánea con ella y con la accionante. Destaca que también

explicó que la señora Piedrahita se encargó de la venta del ganado que tenía el pensionado en Anorí y que los señores López Galeano recibieron por dicho negocio la suma de $1.800.000, lo que evidencia que la convivencia que inició en 1998 se mantuvo continua y solo término con la muerte del señor López Durán. Asegura que, si el colegiado hubiese apreciado correctamente los «documentos auténticos» y la confesión hecha al contestar la demanda, habría concluido que la actora sí cumplió con el tiempo de convivencia que exige la ley, esto es, cinco años anteriores al fallecimiento del pensionado. Agrega que entre la demandante y el causante existió una cohabitación desde 1998, forjada en la solidaridad, amor, ayuda mutua; construyeron una familia y procrearon a sus dos hijas, Laura Andrea y Katerine López Piedrahíta, quienes nacieron el 29 de julio de 1998 y el 28 de junio de 2000, respectivamente. Aduce que la continuidad de la vida marital discutida se puede establecer con la Escritura Pública 2334 del 15 de septiembre de 2004 otorgada ante la Notaría 9 de Medellín, y mediante la cual los compañeros permanentes adquirieron el apartamento donde se materializó la mayor parte de la vida común, sobre todo en los últimos años de vida de aquel. Inmueble que estaba ubicado en el barrio Florencia de Medellín y fue afectado a vivienda familiar (folios 40 a 45).

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Radicación n.°96731 Afirma que, aunque es cierto que esta prueba por sí

misma no es suficiente para probar la convivencia, sí evidencia su declaración de voluntad libre de coacciones e intenciones nocivas para la misma sociedad, y de su decisión de adquirir ese inmueble y afectarlo a vivienda familiar para asegurar un techo a la unidad familiar que conformaron desde 1998 con sus dos hijas. Por tanto, considera que el Tribunal se equivocó al no valorar correctamente la declaración contenida en la escritura pública denunciada, y el propósito de la afectación a vivienda familiar, que es proteger a la cónyuge o compañera permanente y extensivamente a los hijos. Aclara que jurídicamente la figura de la afectación a vivienda familiar, más que proteger a la familia busca amparar a la cónyuge o compañera no propietaria, pues frente a los hijos menores de edad lo que procede es la constitución de un patrimonio de familia. Resalta que la limitación a la propiedad dispuesta en la escritura pública denunciada exige ostentar la calidad de cónyuge o compañera permanente, la cual fue declarada por la recurrente y el causante en el documento denunciado. También señala que el registro fotográfico allegado al proceso da cuenta de una línea de tiempo en la convivencia continua entre la actora y el causante. Resalta que las fotografías muestran que las dos hijas de la pareja fueron bautizadas en el año 2002 y que allí estuvo presente el pensionado Hernán López. Refiere que en otra fotografía se observa la celebración de la primera comunión de Laura

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Andrea López Piedrahita, y si se tiene en cuenta que según las reglas de la experiencia este evento se realiza a la edad de los 9 o 10 años se puede concluir que tuvo lugar en el año 2008 pues nació en 1998, y en ese evento estuvieron presentes sus dos padres. Aduce que, aunque las otras fotografías aportadas no permitían inferir una fecha razonable, si revelaban la imagen de los compañeros permanentes en eventos sociales, paseos y compartiendo en familia, lo que sugiere que la convivencia siempre se mantuvo, pese a que en el año 2000 fuese simultánea con la cónyuge del pensionado, Josefina Galeano. Estima que las fotografías revelan imágenes sobre la comunidad de vida con vocación de permanencia desde 1998 hasta el 26 de abril de 2010; por tanto, no se trata de un indicio como lo señaló el Tribunal sino de una prueba directa. Resalta que la litisconsorte no tachó de falsas las fotografías ni desconoció que en ellas aparecía la imagen de los compañeros permanentes y sus hijas y tampoco las fechas allí registradas. Por tanto, considera que estas pruebas acreditan la convivencia, y aunque a partir del año 2000 no fue permanente bajo el mismo techo, sí existió solo que de manera simultánea «más que todo los fines de semana». Por último, alude a algunos apartes de la sentencia CC T930-2013 en la que se consideró que las fotografías tienen carácter de documento auténtico.

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VII. RÉPLICA La demandada UGPP presenta oposición. Afirma que el

Tribunal no se equivocó al negar la pensión de sobrevivientes, dado que para ello es indispensable acreditar el hecho de la convivencia en los últimos cinco años anteriores al deceso del pensionado, aspecto que no se estableció en el proceso. Resalta que la parte actora incumplió la carga de la prueba que le incumbía en cuanto a su calidad de beneficiaria de la prestación. Precisa que la adquisición de un inmueble afectado a vivienda familiar no da cuenta de la vida marital exigida, ni tampoco las fotografías allegadas, pues de estas últimas no es dable advertir la fecha efectiva de su creación ni su autenticidad. Además, los testimonios fueron contradictorios, por lo que la valoración probatoria del colegiado fue acertada.

VIII. CONSIDERACIONES El colegiado confirmó la decisión absolutoria de primer grado, por cuanto consideró que la demandante no acreditó su calidad de beneficiaria de la prestación de sobrevivientes.

Esto, con fundamento en que las pruebas allegadas al proceso no permitían establecer que Marta Cecilia Piedrahíta Pérez y Hernán de Jesús López Durán hubiesen sostenido una vida marital durante al menos cinco años inmediatamente anteriores al deceso de éste.

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Radicación n.°96731 Por su parte, la recurrente asegura que los medios de prueba denunciados sí dan cuenta de esa cohabitación que echó de menos el juez plural, pues muestran que la pareja inició su vida marital en 1998 y esta fue continua e ininterrumpida hasta el 26 de abril de 2010, fecha de fallecimiento del pensionado, pese a que a partir del año

2000 existió convivencia simultánea con Josefina Galeano de López. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si el juez de la alzada incurrió en error al considerar que no se demostró el hecho de la convivencia real y efectiva exigida legalmente para que la actora pudiese acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada. Para ello, se pasan a analizar los elementos de juicio denunciados.

1. Escritura Pública 2334 del 15 de septiembre de 2004

A folios 35 a 40 obra copia de este instrumento público otorgado ante la Notaría Novena de Medellín, mediante el cual se registra la compraventa y afectación a vivienda familiar del «apartamento 7216 de la Calle 118 ubicado en el Barrio Florencia». Allí se consigna que María Olga Ríos de García transfiere a título de compraventa a Hernán López Durán y Marta Cecilia Piedrahíta Pérez, el derecho de dominio y posesión del referido inmueble. También se indica que dichos compradores están «casados entre sí con sociedad conyugal vigente» y que el inmueble que adquieren queda afectado a vivienda familiar,

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Radicación n.°96731 en los términos de la Ley 258 de 1996 modificada por la Ley 854 de 2003. El contenido de este documento muestra la celebración del acto jurídico de compraventa de un apartamento, adquirido tanto por el pensionado como por la demandante en el año 2004, pero contrario a lo señalado en el cargo, no acredita el hecho de la convivencia entre los compradores

hasta el momento del deceso del pensionado (26 de abril de 2010), pues no aporta ningún elemento al respecto. Nótese que solo se hace referencia a los datos básicos requeridos para celebrar el referido negocio, por lo que de esta prueba no es dable derivar la circunstancia que echó de menos el Tribunal. Al respecto, en sentencia CSJ SL903-2014 se precisó que escrituras públicas como la denunciada por la censura, no prueban necesaria y objetivamente la vida marital para efecto de determinar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes; así se indicó por esta Sala: Y la copia de la escritura pública visible a folios 156 a 160 del mismo c.2., relativa a la compraventa de una casa de habitación en la ciudad de Buenaventura de MARCO AURELIO VÁSQUEZ IBARRA a CANDELARIA ABOLEDA MENESES el 25 de septiembre de 1990, lo que acredita es ese acto jurídico pero no, necesaria y objetivamente, que fue lo que extrañó el Tribunal, que aquél hubiera convivido con MARÍA LUISA CABEZAS SINISTERRA en la ciudad de Cali de septiembre de 2000 a la fecha de su muerte --10 de septiembre de 2002-- como compañeros permanentes. Y la tenencia de la copia de dicho instrumento público no pasa de ser una mera conjetura sobre la pregonada convivencia que de forma alguna es dado controlar directamente en la sede del recurso extraordinario. Aunque en el referido instrumento público, la actora y el pensionado declararon estar casados entre sí y con sociedad conyugal vigente, dicha calidad de cónyuges no fue

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Radicación n.°96731 la invocada por la actora en este proceso para efectos de reclamar la pensión de sobrevivientes discutida, y tampoco hay prueba que así lo confirme; por el contrario, afirmó su condición de compañera permanente y una convivencia en tal condición desde 1998 hasta el momento de la muerte, circunstancias que el colegiado no encontró acreditadas. De hecho, es un supuesto no controvertido sino admitido por las partes que la litisconsorte necesaria Josefina Galeano de López fue quien ostentó la calidad de cónyuge, y en esa condición se le otorgó el 50% de la prestación discutida. En todo caso, afirmar en esa escritura de venta de inmueble, que ostentaba la condición de cónyuge del causante, no es suficiente para acreditar una vida común hasta el 26 de abril de 2010, o durante al menos cinco años anteriores a ella, pues lo que la ley exige es demostrar una vida marital real y efectiva con el pensionado durante dicho lapso. Por