CSJ - SL1805-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casacien Laboral Sala de Desconoestion N." 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1805-2023 Radicación n.°95230 Acta 26 Bogotá, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ, JOSÉ TEóFILO

GUTIÉRREZ CHAVERRA, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MATABAJOY, ROBERTO CORTÉS TABORDA y JESÚS ALBEIRO GUERRERO MENDOZA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 11 de mayo de 2022, en el proceso que adelantaron contra INGENIO PICHICHI SA. Se acepta el impedimento invocado por el Magistrado Donald José Dix Ponnefz, en escrito del 13 de abril del corriente ario.

I. ANTECEDENTES En lo que interesa al recurso extraordinario, Héctor

Alfonso Jaramillo Cruz, José Teófilo Gutiérrez Chaverra,

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Radicación n.°95230 Juan José Rodríguez Matabajoy, Roberto Cortés Taborda y Jesús Albeiro Guerrero Mendoza, llamaron ajuicio al Ingenio Pichichi, para que se declarara que: entre cada uno de ellos y la citada sociedad existió un contrato realidad a término indefinido, fueron enviados en misión al aludido Ingenio, por

parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar y la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos, para efectuar labres de corte de caria. Consecuentemente, pidieron condenar a la llamada a juicio, de acuerdo al tiempo de servicio de cada uno, a pagarles: auxilio de cesantía y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud, riesgos laborales, indemnización por despido sin justa causa, sanción del artículo 65 del CST, los perjuicios morales por 500 salarios mínimos, la indexación, lo extra y ultra petita, además de las costas. Como fundamento de las pretensiones, relataron que: prestaron sus servicios a la demandada como trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar y Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos, pero fueron remitidos en misión en labores de cortar caria, actividad que desarrollaron desde el noviembre de 2005 hasta el 29 febrero de 2012. Informaron que, durante ese tiempo, la llamada ajuicio no pagó las prestaciones sociales, las vacaciones, los intereses a la cesantía, ni el auxilio de transporte, les sufragó 2

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Radicación n.°95230 un salario inferior al de los trabajadores de planta, quienes estaban cobijados por la convención colectiva, y además, las cooperativas les efectuaron descuentos del salario. Dijeron que la actividad como corteros de caria, fue desarrollada en los predios del Ingenio Pichichi, con una

jornada que iniciaba 6:00 a.m. y terminaba 3:00 p.m., de lunes a domingo y festivos, sin descanso, bajo las órdenes de los supervisores, cabos o monitores de corte del ingenio. Sostuvieron que el Ingenio Pichichi SA, se encargó de la información de cada trabajador, especialmente en cuanto a días laborados, corte de caria por el número de tajos, especificación del producto, toneladas cortadas y tarifa. Estos datos eran remitidos a las Cooperativas de Trabajo Asociado citadas, para que se efectuara el pago. Adujeron que para poder ingresar a sus instalaciones, la demandada los obligó a afiliarse a las cooperativas, las que no eran dueñas de las herramientas con las que se efectuó el trabajo, no cumplieron funciones autogestionarias, el precio de corte lo fijaba el ingenio Pichichi, al igual que el control de los asalariados, y fue el aludido ingenio quien dispuso la disolución y liquidación de las cooperativas, pagó los costos que este proceso implicó. Manifestaron que, en el último ario, percibieron los siguientes salarios: Héctor Alfonso Jaramillo Cruz $932.000; José Teófilo Gutiérrez Chaverra $984.916.66; José Rodríguez

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Radicación n.°95230 Matabajoy $1.078.500; Roberto Cortés Taborda $984.916.66 y, Jesús Albeiro Guerrero Mendoza $758.470. Para finalizar, aseveraron que durante la relación laboral sufrieron perjuicios morales y que en las cartas de

renuncia que firmaron, no medió su voluntad, pues de no hacerlo no habrían sido incorporados a la empresa Pichichi Corte SA, que es propiedad de la encausada (f.°6 a 29 cuaderno de las instancias). El Ingenio Pichichi SA, se opuso a las pretensiones y negó los hechos. Propuso las excepciones previas de inepta demanda por falta de integración del /itis consorcio necesario y por falta de los requisitos formales, la de mérito de prescripción y, las que llamó, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, pago, compensación, ilegitimidad de personería sustantiva y buena fe. En su defensa, adujo que con los demandantes jamás existió contrato de trabajo, por el contrario, debían tenerse en cuenta las expresiones que constituían confesión, en cuanto a que estuvieron vinculados a las Cooperativas de Trabajo Asociado citadas en la demanda (f.°. 130 a 150 cuaderno de las instancias).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, concluyó el trámite y emitió fallo el 14 de mayo de 2019, en

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Radicación n.°95230 el que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a la demandada e impuso costas a los promotores del juicio (CD a f.° 352 cuaderno de las instancias). Disconformes, los accionantes apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, profirió fallo el 11 de mayo de 2022, en el que confirmó el de primer grado e impuso costas a los recurrentes (gestor documental).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador de la apelación expuso que el estudio se centraría en verificar si existieron verdaderos contratos de trabajo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, si se presentó tercerización laboral y, si la convocada al juicio debía pagarles las acreencias laborales. Procedió al análisis de las pruebas y describió que, conforme a la documental de folios 37 a 73, reportes de semanas a la seguridad social, se exhibían los períodos y cotizaciones de los demandantes por cuenta de los diferentes empleadores para los que prestaron servicios, en los que no aparece el Ingenio Pichichi, que a folios 77 a 79 del cuaderno No. 1 obraba acta de acuerdo del 21 de junio de 2005, suscrito por directivos de dicho ingenio y un grupo de personas en representación de varias cooperativas, quienes

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Radicación n.°95230 estipularon, entre otros aspectos, que la compañía se comprometía a dar capacitación en cooperativismo con énfasis en administración de empresas a un grupo de cuarenta asociados y que en el cuaderno 9 aparece glosado un «ACTA DE ACUERDO» suscrita el 8 de noviembre de 2008, que plasma algunos trabajadores asociados que prestan servicio en el corte manual de caria de azúcar con la

demandada y otros sectores de la población, que a folios 460 y siguientes se veían las actas de verificación de tales acuerdos. Afirmó que la demandada había allegado copias de diferentes ofertas mercantiles, sus aceptaciones y contratos de prestación de servicios, y «demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006 a 2011», todas con el fin de realizar «corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHI SA, o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que último dispusiera», que también a folios 2 y 8 se observaban copias de los estatutos de las cooperativas demandadas, los regímenes de trabajo asociado, actas de asambleas y de reuniones de los consejos de administración. Expuso que en los cuadernos restantes que conforman el expediente, aparecían copias de las facturas presentadas por las Cooperativas al Ingenio demandado, por concepto de corte de caria, recibos de pago de facturación, contrato con una abogada y cuentas de cobro a favor de la doctora Amparo López Espejo debidos por las cooperativas; que en otros 6

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Radicación n.°95230 cuadernos estaban copias de los documentos relativos a la vinculación de los demandantes, certificaciones, historia laboral, hoja de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTA, pagos de compensaciones semanales, semestrales y anuales, aportes a la seguridad social y nóminas de pago. Procedió en seguida al análisis de la prueba testimonial.

Describió lo dicho por los testigos Amparo López Espejo, William de Jesús Calvo Acevedo y Nancy Beatriz Franco Ocampo, quienes informaron haber laborado al servicio del ingenio demandado o hicieron parte de la liquidación de las cooperativas enunciadas en la demanda, que nada tuvieron que ver con los corteros de caria en el campo y que su relación fue con los representantes de las cooperativas con las que el ingenio tenía contratos civiles; López Espejo informó haber hecho parte de la liquidación de la entidades a través de contratos de prestación de servicios y sabe que aquellas manejaban directamente su personal. Concluyó que del análisis de las pruebas detalladas, se obtenía con claridad que o no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHI SA, cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada; empresas que según la documental contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la

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Radicación n.°95230 presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes». A lo anterior, agregó que al Ingenio se habían presentado varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las oferentes, sin que se allegara prueba que desnaturalizara su legalidad pues cumplieron a

cabalidad sus funciones, que no se encontraba indicio de intermediación laboral; en punto a la subordinación, elemento determinante para fijar la existencia del contrato realidad alegado, era diáfano que el mismo no se presentó entre las partes y así se deducía de las declaraciones acopiadas de quienes informaron que no habían impartido ordenes o instrucciones a los corteros de caria por cuanto sus labores no comprendían dicha función, que además al movimiento de personal y las labores que desempeñaban lo fueron en cumplimiento de la oferta comercial que tenían con el ingenio demandado. En cuanto a la prestación de servicios como corteros de caria, dijo que además de no haberse acreditado que fue para el Ingenio, tampoco se encontraba demostrada en las condiciones de tiempo que afirmaron, menos que dicha labor fuera continuada en el tiempo en relación con la actividad agroindustrial de la empresa demandada, pues todos fueron labores propias de cosecha, actividad o tarea que no requiere trabajo continuo o durante todo el tiempo, que si bien está demostrado que la empresa tenía contratos civiles o comerciales con las cooperativas en las que prestaban servicios, no había prueba que permitiera afirmar que cada

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Radicación n.°95230 uno de los demandantes sí trabajó o prestó servicios en virtud de dichos contratos, tampoco que las cooperativas no tuvieran otros contratos que cumplir con diferentes ingenios de la región, por lo que su actividad comercial no era exclusiva para Pichichi, en síntesis, que no se probó si la prestación de servicios fue continua y tampoco había certeza que permitiera determinar que sirvieron como corteros de

caria del Ingenio Pichichí, como se afirmó en la demanda. Reprodujo el artículo 6 del Decreto 4558 de 2006 y pasajes de la sentencia CSJ SL4479-2020, para concluir que la demandada hizo uso de una facultad legal, sin incurrir en tercerización ilegal, y que, además de no demostrarse prestación personal del servicio de los demandantes para el Ingenio Pichichí, menos se acreditó que este ejerciera poder subordinante de cara a la actividad de corte que pudieran haber desarrollado los demandantes para cualquiera de los demás Ingenios o terceros contratantes de las Cooperativas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el apoderado de los demandantes, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita se case el fallo del Tribunal, en sede de instancia revoque el de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones e imponga costas como corresponda.

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Radicación n.°95230 Con tal propósito presenta 5 cargos que recibieron réplica de los cuales, la Sala estudiará en conjunto 2, 3, 4 y 5 dada la identidad de cuerpo normativo acusado y argumentación, así como su idéntico propósito.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de «los artículos 4, 5, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 37, 46, 54, 55, 64,

65, 127, 144, 193 y 259 del C.S.T.; 1 de la Ley 52 de 1952; 60, 61 y 145 del C.P.L.; 3, 59, 61, 62, 63, 64, de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 1, 2, 77 y 99 de la Ley 50 de 1990». Como causa eficiente de la trasgresión normativa, lista los siguientes errores: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caria de azúcar fueron para entidades diferentes a la convocada a juicio. Esto es para las CTASs PROGRESAR Y PROGRESEMOS. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que conforme a la ABUNDANTE PRUEBA DOCUMENTAL las CTAs contaron en su momento con Constitución legal propia del régimen cooperativo y societario respectivamente y con la operatividad propia de las empresas de dichos sistemas, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se prestaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las CTAs y que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de indeterminación. 10

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Radicación n.°95230 4.- No dar por demostrado, estándolo, que en efecto los demandantes recibieron órdenes en el campo por los señores cabos pagados y que actuaron como a nombre del INGENIO. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de Caria de cada uno de los demandantes, las mismas no se encuentran propiamente determinadas en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como corteros en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor.

6. No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO quien ordenó la disolución y liquidación de las CTAs y por ello pagó la suma de $159.000.000 MILLONES DE PESOS a las señoras AMPARO LOPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO. 7.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs no fueron autónomas e independientes, que siempre fueron ayudadas por el INGENIO.

Asegura que los yerros fueron consecuencia de la errónea valoración de: reporte de semanas cotizadas de cada demandante (f.°37 a 73); acta de acuerdo de 21 de junio de 2005 (f.° 77 a 79); «Acta de Acuerdo» firmada el 8 de noviembre de 2008; documentos de verificación de acuerdos (f.°460 y ss); diferentes ofertas mercantiles, aceptaciones de las mismas,

contratos de prestación de servicios, todos ellos «con elf in de realizar corte manual y siembra de caña (...)», copias de los estatutos de las CTAs PROGRESEMOS y PROGRESAR, actas de asambleas de las cooperativas y de reuniones de los consejos de administración; los cuadernos que conforman el expediente que glosan las copias los documentos relativos a la vinculación de los accionantes (certificaciones, historia laboral, hoja de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTAs PROGRESAR y PROGRESEMOS, pago de compensaciones semanales,

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Radicación n.°95230 compensación semestral y anual, aportes a la seguridad social y nóminas de pago). Además, de la preterición de: certificado de existencia y representación legal de Ingenio Pichichi (f.°31 y ss), «Las de folios 6 al 47. No apreció la demanda»; «Las de folios 130 a

150. No apreció la contestación de la demanda».

Empieza el desarrollo por reproducir apartes de la sentencia del Tribunal y argumenta, que llegó a la conclusión absolutoria debido a la valoración errónea de las pruebas que se encuentran a folios 152, 158 y 159, 169 y 170, 179, 186, 192, 199 y V, 216, 220, 224, 231 y V, 252,260,264,272 y V, aceptaciones folios 156, 157, 167, 168, 178, 185, 198, 229, 230, 241, 241, 242 y 243, 251, 259, 271, los cuales

verdaderamente indican que las labores fueron de corte, riego, siembra, limpieza de prados, árboles, fumigación de maleza y guardavías, labores circunscritas al objeto social del ingenio, concatenado a que el certificado de existencia y representación legal del ingenio (f.° 31 y ss). Asevera que el colegiado apreció las historias laborales de cada uno de los demandantes (f.°37 a 73) en las que se detalla la fecha en que iniciaron y cuando entraron afiliados a través de la CTAs y «SAS» para el corte de caria y labores varias, pero se confunde y contradice al concluir que la prestación de servicios como corteros de caria no estaba determinada en el tiempo indicado en la demanda, cuando la referida foliatura lo que demuestra es la prestación de un servicio personal por intermedio de las citadas, las cuales 1')

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Radicación n.°95230 contrató el ingenio demandado mediante ofertas para realizar actividades del objeto social, siendo la demandada el verdadero empleador y no las que fingieron como intermediarias. Considera que se equivocó también en la apreciación de las ofertas mercantiles que tuvo a la vista (f.°152 a 230 cuaderno 1; y 231 a 292 cuaderno la, pues entre esos mismos folios que nombro el TRIBUNAL están los folios 154, y 155 No. 3, 160 y 161 No. 5, 171 y 172, No. 5, 180 y V, 2019, 222 No. 3 y 223, 226 Cláusula 5 y 227 y V No. 5, 244 y 245 No. 5, 253 No. 9 y V), con los que se corrobora

que el ingenio suministraba cada 4 meses, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable y canillera, lo que implica que la demandada los consideraba como sus trabajadores, lo que conduce a concluir que no existía autogestión y que el verdadero empleador era el que suministraba las dotaciones a todos los socios de las CTAs. Afirma que erró en la estimación de las ofertas mercantiles que tuvo a la vista folios 152 a 230 cuaderno 1, y 231 a 292 cuaderno 1 A, las que están contenidos los folios 163, 174, 181 V y 182, 188, 236, 247, 254 V, 262, 278 V, asegura que las CTAs no fueron autónomas y los asociados dependían de la programación que el ingenio dispusiera lo que determina que fueron simples intermediarias y los asociados prestaron servicios fue para el Ingenio Pichichi quien fue el verdadero empleador, se obligó a pagar a terceros por el servicio prestado aunado a que la demandada podía exigir a las CTAs el retiro o prohibir el ingreso de socios, que

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Radicación n.°95230 las citadas entidades de obligaron además a suministrarle el número y nombre de sus afiliados, antecedentes judiciales y disciplinarios. Cita los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292, en los que aparece que el ingenio suministró $27.000.000 y $18.200.000 con destino al Fondo de Solidaridad de las CTAs

con el fin de atender solvencia de asociados y pago de seguridad social, con lo que se ratifica que no fueron autogestionarias sino empresas de papel creadas por el ingenio para su beneficio; que en los folios 460 y ss de las referidas ofertas, concernientes a la verificación de los acuerdos, también se equivocó en el contenido oculto de tales pruebas, debió haber declarado que las referidas fueron instrumentos de simulación laboral y que ninguna autogestión realizaron por cuanto el capital provenía directamente del ingenio; se obligó además con los socios a entregarles dotaciones como limas, machetes y guantes, pago a la seguridad social, incapacidades y donaciones por más de $317.000.000 para educación y vivienda, se comprometió a brindar capacitación en cooperativismo así que no había autogestión, era el Ingenio el empleador. Menciona el contenido de los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, argumenta que allí aparece que la demandada suministró a cada socio de la CTA $420.000 mensuales, con el fin de apoyar los procesos de producción, por tanto, sí fue el verdadero empleador; tal documental da cuenta que autorizó a la cooperativa que usara el transporte de los trabajadores directos, por tanto, ni siquiera tenía sus 14

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Radicación n.°95230 propios medios de transporte. Invoca tales pruebas para decir que en ellas aparecen los contratos de servicios celebrados entre el ingenio y las liquidadoras con el objeto de disolver y liquidar las CTAs, con lo que surge que el Ingenio las creó, las ordenó liquidar y disolver, lo que patentiza una

verdadera simulación y ausencia total de autogestión. Sostiene que también se apreciaron indebidamente las ofertas mercantiles que son visibles a folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, en tales documentos indican que el Ingenio se obligó con las CTAs a apoyar con el pago de un salario mínimo para el pago del cabo, también ayudar con la carga laboral de la abogada contratista, a pagar incapacidades, darles bonos de productividad a los asociados, ofrecerles otras labores diferentes al corte de caria, apoyarlos con aporte económico para funerales, elementos de juicio con los que considera que los demandantes estuvieron dirigidos y subordinados por el Ingenio, siendo éste su verdadero empleador. Transcribe un segmento, que atribuye al Tribunal donde se dijo, entre otras cosas, que «la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor fue continua en el tiempo (...)». Para derruir esta afirmación, remite a que se analice la demanda y las historias laborales de folios 37 a 73, donde, dice, figuran los extremos que se enunciaron y

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Radicación n.°95230 durante los que estuvieron afiliados a las CTAs, se encuentran debidamente demostrados.

VII. RÉPLICA Asegura que se denuncian normas que no pudieron ser infringidas por el fallador (artículo 2 del Decreto 2025 de

2011), pues cuando se profirió la decisión de segundo grado ya habían sido declaradas nulas; dice que el Tribunal no incurrió en equivocación en la valoración de las pruebas que denuncian, pues con ninguna de ellas se demuestra la prestación de los servicios por cada uno de los demandantes y menos, el poder de subordinación de la enjuiciada, que lo probado en ese asunto no es otra cosa que la contratación de servicios con algunas CTAs para efectuar el corte de caria y otras labores conexas, lo que está permitido legalmente.

VIII. CONSIDERACIONES Para comenzar, se advierte que la Sala centrará su estudio únicamente en las pruebas que enuncia la censura, de las cuales elabora alguna construcción argumentativa, pues, aunque lista un número amplio de documentales, en el desarrollo del cargo deja de lado pronunciarse de muchas de las que acusa.

Lo anterior, debido a que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, cuando de la senda láctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser manifiesto y 16

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Radicación n.°95230 protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148C5J; y CSJ SL2814-2019). Antes de analizar los planteamientos de recurso, se recuerda que para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, el colegiado se sustentó en que una vez analizados los elementos de juicio, tanto la documental incorporada como la testimonial escuchada en el proceso, no existía demostración «referida a que los servicios que como

corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes,f ueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHI SA, cuando sí, que los mismosf ueron para entidades diferentes a la encartada», que no obstante se presentaron ofertas mercantiles no había prueba que desnaturalizara la legalidad de las empresas oferentes y tampoco indicio de intermediación laboral. A lo anterior, agregó que no se encontraba determinada la prestación de servicios personales como corteros de caria en el tiempo que se dijo en la demanda y menos que fuera continua en tiempo por parte de los demandantes en virtud del cumplimiento de los contratos civiles suscritos entre las CTAs y el ingenio demandado; tampoco se estableció el elemento subordinante para fijar la existencia del contrato realidad. En la sustentación del recurso, para tratar de demostrar la efectiva prestación de los servicios, aluden

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Radicación n.°95230 inicialmente a las ofertas mercantiles y al certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi SA, probanzas a partir de las cuales aseveran que las Cooperativas (realizaron las actividades propias del objeto social del INGENIO», por lo que las mismas resultaron ser «meras intermediarias y como tal, se dio el elemento de subordinación», pues en su decir, las Cooperativas de Trabajo Asociado a las que pertenecieron, «no tenían independencia financiera ni administrativa brotando existió subordinación (sic) y que ademásf ue el INGENIO quien las disolvió y liquidó». De esta primera acusación, sustentada en los folios 31

y ss cuaderno 1, no encuentra la Sala elemento alguno que demuestre que efectivamente los accionantes desplegaron su fuerza de trabajo en favor de la encartada, pues el que aparezca determinado objeto social y que las cooperativas hayan contribuido a su desarrollo, no conducen a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios fueron simples intermediarios. En relación con la valoración de las ofertas mercantiles así como de sus correspondientes otrosíes (f.° 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1A), tampoco se puede colegir que los demandantes efectivamente hayan prestado servicios a favor del Ingenio Pichichi SA, ni los extremos temporales en que habría ocurrido, sino que todo el esfuerzo lo encaminan a probar diversos aspectos de la relación entre las Cooperativas Progresar y Progresemos con la sociedad demandada, atinentes a suministro de herramientas, el

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Radicación n.°95230 registro de asociados que debía entregar la cooperativa a la compañía demandada; que hubo donaciones de la empresa llamada a juicio a favor de las cooperativas para un fondo de solidaridad e igualmente una de $420.000 para cada afiliado, que el ingenio se obligó a pagar a terceros los créditos que las CTA no cubrieran, que aquel podía exigir a estas el retiro o prohibir el ingreso de asociados al ingenio y, que se obligó a permitir que estos hicieran uso de los medios de transporte que la demandada tiene para el servicio de sus trabajadores directos. Así, de ninguna de estas pruebas se colige, que efectivamente los accionantes hayan prestado su fuerza de

trabajo al aludido Ingenio Pichichi SA, que fue precisamente lo que extrañó el ad quem y que es el soporte de las pretensiones de la demanda. En el mejor de los escenarios, de estos documentos, podría colegirse que, las citadas cooperativas tenían cierto grado de autonomía financiera y administrativa, como lo detallaron los deponentes, y que sí hubo donaciones o alguna injerencia del Ingenio Pichichi SA en la administración y liquidación del ente solidario, no obstante, no conduce a otorgar a los demandantes el carácter de trabajadores del ingenio, pues, tales actos fueron producto de los compromisos que adquirieron las CTA y el Ingenio Pichichi SA en las diferentes ofertas mercantiles y que antes que evidenciar elementos propios subordinantes de naturaleza laboral, lo que acreditan es el cumplimiento de obligaciones SCLAJPT-10 V.00 1 9 Radicación n.°95230 recíprocas de carácter comercial a las que aquellas se comprometieron. En los documentos de folios 193, 194 y 265 V, se encuentra que la compañía llamada a juicio, aceptó suministrar a unas cooperativas un salario mínimo legal mensual( para pago de servicios del cabo de campo», así como en asocio con el SENA u otra entidad, dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de asociados a las CTAs y a Sintrapichichi, sin que tales convenios conduzcan a otorgarle a los demandantes la calidad de trabajadores del ingenio, pues en ellos se hace alusión particular a ese denominado «cabo de campo» de quien no se acreditó la

prestación del servicio a favor del Ingenio Pichichi SA y, mucho menos que esa persona haya ejercido alguna vigilancia sobre los peticionarios y, en lo que hace a la referida capacitación, en aquel acuerdo no se individualizan los trabajadores que se beneficiarían con aquella, lo que tampoco lleva a desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal. Acusan los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, concretamente los contenidos en los folios 207 y 208, 280 y 281 del cuaderno de las instancias, con apoyo en los cuales aseveran que se