CSJ - SL181-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL181-2023 Radicación n.° 92216 Acta 03 Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OTTO LEÓN RESTREPO PULIDO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de marzo de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

AES CHIVOR & CIA SCA ESP.

Reconózcase personería adjetiva para actuar en representación de la demandada a la sociedad Álvarez Liévano Laserna S. A. S. identificada con NIT 900.949.400-1, en los términos y para los efectos del mandato que le fue conferido y que fue allegado mediante correo electrónico de fecha 6 de abril de 2022 a esta corporación.

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Radicación n.° 92216

I. ANTECEDENTES Otto León Restrepo Pulido demandó a la sociedad Aes Chivor & Cía. SCA ESP, con el fin de que se la condene a reconocerle la pensión de jubilación convencional causada por haber laborado al servicio de aquella durante más de 20 años y contar con más de 55 años de edad.

En consecuencia, solicitó el pago de la mesada pensional equivalente al 75% del promedio salarial anual tomando todos los elementos que lo integran, en los términos previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre Sintrachivor y Aes Chivor & Cía. SCA ESP, esto es, la suma

de $7.144.909 o aquella que se demuestre a partir de su retiro de la empresa; lo que resulte probado ultra y extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó a la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 15 de diciembre de 1987, que está al servicio de la empresa y devengó en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda un salario promedio mensual de $9.540.011. Precisó que nació el 18 de julio de 1961, motivo por el que a la calenda de la interposición del escrito inaugural tenía más de 55 años de edad, ha prestado servicios por un lapso superior a 25 años y se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM).

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Radicación n.° 92216 Indicó que al interior de la demandada existía el Sindicato Nacional de Trabajadores de Chivor S. A. ESP, con el que, previo laudo, se suscribió la convención colectiva de trabajo con vigencia 2003-2005, de la que era beneficiario; que en el artículo 31 de dicho convenio se previó una pensión de jubilación convencional a favor del trabajador que tuviera más de 55 años de edad y 20 de servicios continuos o discontinuos en entidades del sector oficial. Agregó que con posterioridad a 2005 no se ha pactado una nueva convención y que la prestación extralegal que solicita «venía figurando» desde la convención 1994-1996

firmada entre el empleador de la época, Interconexión Eléctrica S. A., y el sindicato Sintraisa. Adujo que la «empresa» se denominaba Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), no obstante, como consecuencia de un acuerdo administrativo suscrito el 15 de agosto de 1995 entre ISA e ISAGEN S. A. ESP, se dio paso a la entidad hoy demandada estableciéndose la continuidad de las prestaciones, concretamente, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. Agregó que el 30 de diciembre de 1996 se firmó convenio de sustitución patronal en el que ISAGEN «aparece como vendedor» y Chivor S. A. «como comprador», última sociedad que, por reforma estatutaria contenida en la escritura pública 7323 del 5 de diciembre de 2005, cambió su razón social a la de Aes Chivor & Cía. SCA ESP con domicilio en la ciudad de Bogotá.

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Radicación n.° 92216 Puso de presente que de manera reiterada ha solicitado a la demandada el reconocimiento de la pensión convencional, súplica que se le negó con el argumento de que a 31 de julio de 2010 no cumplía con los requisitos para acceder a esta, de conformidad con lo previsto en el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005. Sostuvo que, entre la accionada y un grupo de trabajadores, el 1 de diciembre de 2015 se suscribió un pacto colectivo con vigencia 2016-2020, en el que se estableció en

su artículo 24, una pensión de jubilación en condiciones idénticas a la prestación de carácter convencional y, si bien, no se beneficia de dicho pacto, en el artículo 7 de la CCT 2003-2005 que si lo ampara, «se estableció el principio de igualdad», lo que se acompasaba con lo decidido en la sentencia CC T-149-2008. Destacó que Colombia hace parte de la OIT y que como consecuencia de ello, Sintrachivor y Atelca formularon queja en su contra por la violación de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, la que fue examinada por el comité de libertad sindical, quien rindió el informe respectivo que se aprobó por el Consejo de Administración en su reunión 304 llevada a cabo en marzo de 2009, conforme le fue comunicado a Atelca el 25 de mayo de la misma anualidad, sin que hayan sido atendidas las recomendaciones impartidas, a pesar de que fueron reiteradas en 2016.

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Radicación n.° 92216 Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que el promotor de la contienda se encontraba vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 15 de diciembre de 1987, con la precisión de que el contrato inició con Interconexión Eléctrica; que para la fecha de la presentación de la demanda se encontraba prestando sus servicios personales; que con posterioridad a 2005 no se ha pactado ninguna otra cláusula convencional sobre pensiones y, que la prestación extralegal solicitada por el actor le fue

negada por no haber cumplido los requisitos para acceder a ella al 31 de julio de 2010. Respecto de los restantes supuestos fácticos aseveró que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa afirmó que la norma convencional en la que se soportaban las pretensiones de la demanda era inaplicable al actor, pues el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, dejó sin efecto los regímenes pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010. Así las cosas, acotó que la previsión contenida en la cláusula 31 de la CCT existente en la demandada, perdió vigencia a partir del 1 de agosto de 2010, y por ello, la pensión de jubilación extralegal que en dicho canon se consagraba, solo cobijó a los trabajadores que cumplieron los requisitos en ella previstos (20 años de servicio y 55 años de edad) con anterioridad al 31 de julio de 2010, lo que no ocurrió en el caso del actor y en consecuencia no surgió a su favor el derecho convencional.

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Radicación n.° 92216 Formuló como excepciones de fondo las que denominó inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 22 de abril de 2019 absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda y condenó en

costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, a través de proveído 26 de marzo de 2021 confirmó la decisión de primera instancia e impuso costas al recurrente.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado adujo que no era materia de discusión que entre el actor y la demandada existía un contrato de trabajo desde el 15 de diciembre de 1987, en esa medida, correspondía establecer la procedencia del reconocimiento de la pensión convencional de jubilación deprecada. Con el marco expuesto destacó que en el plenario obraba la convención colectiva de trabajo 2003-2005 suscrita entre Chivor S. A. ESP y el Sindicato Nacional de

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Radicación n.° 92216 Trabajadores Chivor S. A. ESP en la que en su artículo 31 se estableció el reconocimiento de la pensión de jubilación pretendida, en los siguientes términos: ARTÍCULO 31.- CHIVOR S.A. E.S.P. reconocerá y pagará a los trabajadores beneficiarios de la presente Convención Colectiva de trabajo, que hayan cumplido o cumplan cincuenta y cinco (55) años d (sic) edad y veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo en entidades del sector oficial, previo el cumplimiento del respectivo trámite administrativo, una pensión de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio en la empresa. Por otro lado, refirió que en el pacto colectivo de trabajo

2016-2020 celebrado entre la demandada y sus trabajadores no sindicalizados, se estableció en su cláusula 24 una pensión de jubilación así: AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. reconocerá y pagará a los trabajadores beneficiarios del presente Pacto Colectivo de Trabajo, que hayan cumplido o cumplan cincuenta y cinco (55) años d (sic) edad y veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo entre ISA S.A. E.S.P., ISAGEN S.A. E.S.P., CHIVOR S.A. E.S.P., AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. y entidades del sector oficial, previo el cumplimiento del respectivo trámite administrativo, una pensión de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio en la empresa. Advirtió que lo anterior, se pactó a pesar de que en los términos dispuestos en el parágrafo 2 del Acto Legislativo 01 de 2005, a partir de la entrada en vigencia de dicha enmienda constitucional, no se podía establecer en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las previstas en las leyes del Sistema General de Pensiones.

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Radicación n.° 92216 Adujo que como la prestación que se pretendía era de carácter convencional, debía estudiarse si cumplía con lo consagrado en el artículo 48 de la CP modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto, a través del parágrafo

transitorio 3, se limitó esa posibilidad «cuando dijo que las normas de esta naturaleza, vigentes para el momento de su expedición, se mantendrán por el término inicialmente estipulado, pero que en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». Destacó que para el «25» de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la norma convencional continuaba vigente, pues no se demostró que la CCT 2003-2005 hubiese sido denunciada o modificada, por lo que, mantuvo su vigencia hasta el 31 de julio de 2010, de manera que los requisitos para acceder a la prestación dispuesta en el artículo 31 debían satisfacerse antes de la aludida calenda. Resaltó que aun cuando el actor cumplió el tiempo de servicios antes de la fecha en mención, pues para el 31 de julio de 2010 ya había laborado más de 22 años, no sucedía lo mismo con la edad, ya que cumplió los 55 años el 18 de julio de 2016, lo que hacía imposible el reconocimiento pensional convencional. Precisó que el derecho reclamado, a la luz del artículo 30 de la Ley 153 de 1987, era condicional, de manera que requería del cumplimiento de las condiciones dentro de un plazo, que para el asunto era el 31 de julio de 2010, motivo

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Radicación n.° 92216 por el que, «al no cumplirse las condiciones dentro del plazo previsto, es imperante su improsperidad». Aclaró que el actor para la fecha tantas veces citada solo tenía una mera expectativa, de manera que podía ser

modificada por una norma posterior como lo era el Acto Legislativo 01 de 2005, tal como fue precisado por la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 3 abr. 2008, rad. 29907; CSJ SL, 23 en. 2009, rad. 30077 y CSJ SL, 24 abr. 2012, rad 33972. En relación con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, dijo que no obligaban al Estado Colombiano, como se enseñó a través de la providencia CC SU555-2014, dado que por regla general recogían directrices que podían llegar a orientar la política y las acciones nacionales, no obstante, no eran instrumentos que fueran vinculantes. Finalmente en lo que hace al derecho a la igualdad al que se hizo referencia en la decisión CC T-149-2008 destacó que en aquella acción constitucional se alegó la discriminación frente al aumento salarial concedido a trabajadores no sindicalizados y negado a aquellos pertenecientes a una organización colectiva, en la que con claridad se indicó, que el mencionado aumento sería reconocido desde el momento en que fueron otorgados a los trabajadores beneficiarios del pacto, «en este sentido,

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Radicación n.° 92216 acertadamente la juez A quo al no tener un caso frente al cual aplicar la igualdad, concluyó que no es viable su aplicación».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la providencia de primer grado y, en su lugar, se «reconozcan las pretensiones consignadas en la demanda».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, frente a los que presenta réplica la demandada. La acusación se resolverá de manera conjunta, pues a pesar de que los cargos se dirigen por sendas distintas, su argumentación se complementa y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado por la vía directa en

la modalidad de aplicación indebida: (i) de la parte final del parágrafo transitorio 3 del artículo 1° del Acto Legislativo No. 1 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la C.P., en cuanto, según el Tribunal, las pensiones convencionales perdieron vigencia el 31 de julio de 2010 puesto que el actor no cumplió los requisitos exigidos para acceder a la pensión pactada

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Radicación n.° 92216 convencionalmente, aspecto central en la sentencia que se acusa; pronunciamiento del Tribunal que conllevó una aplicación equivocada de las dos proposiciones jurídicas iniciales de dicho parágrafo transitorio, 3 del A.L. No. 1 de 2005; (ii) del inciso tercero del A. L. No. 1 de 2005, que dice cuándo se adquiere el derecho a la pensión, en cuanto la sentencia acusada indebidamente consideró que no ingresó al patrimonio de mi

poderdante el derecho a la jubilación convencional. (iii) del art. 230 de la C. P. sobre el manejo de las fuentes auxiliares de la actividad judicial, dándole a la jurisprudencia un valor que no corresponde con lo expresado constitucionalmente. Para dar desarrollo al cargo la censura aduce que el juzgador de apelaciones incurrió en un yerro jurídico en tanto no hizo una aplicación «coherente» del parágrafo transitorio 3 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en el cual, si bien se hace referencia a unas reglas para la pensión convencional, estas deben analizarse de cara a los principios básicos de: primacía de los derechos inalienables de las personas, favorabilidad, imperio de la ley e irrenunciabilidad. Respecto de este último destaca que carecen de efecto las estipulaciones que afecten o disminuyan los derechos establecidos en la normatividad a consecuencia de la noción de orden público laboral como reconocimiento material de interés general que tiene la sociedad de que se respeten y se reconozcan los derechos laborales. Indica que la interpretación que hizo el Tribunal del parágrafo 3 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 se torna restrictiva ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el numeral 2 del artículo 16 dispone

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Radicación n.° 92216 que «El ejercicio del derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público […]» lo que se armoniza con

el artículo 29 ibidem, de manera que «la prórroga de una cláusula convencional que no ha sido modificada desde el siglo pasado, no es lógico que se restrinja, democráticamente no hay razón para restringirla, porque la prórroga de seis meses es “por periodos sucesivos” (art. 478 del C. S. del T.)». Plantea que la condición que dispone el mencionado parágrafo transitorio 3 se refiere únicamente «a la estipulación de condiciones más favorables (en materia de pensiones convencionales) a las que existieran convencionalmente antes de julio del año 2005», sin que sea dable afirmar que aquellas vigentes son las que prevé la Ley 100 de 1993. Argumenta que para adquirir el derecho a la jubilación se requiere acreditar el tiempo de servicios «ya que es ahí cuando se adquiere y causa el derecho pensional», en tanto la edad, corresponde a una condición de exigibilidad, como se adujo en la sentencia CSJ SL289-2018 y se reiteró en la CSJ SL3336-2021; de allí que se debió ordenar el reconocimiento de la prestación extralegal «por haber sobrepasado la condición del tiempo de servicios». Agrega que cuando en la parte final del parágrafo se dice que las condiciones pensionales más favorables perderán vigencia el 31 de julio de 2010, se está refiriendo a aquellas

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Radicación n.° 92216 que se pactaran con posterioridad a 2005, que no a la «exclusión de las condiciones señaladas en las convenciones colectivas celebradas antes» ni mucho menos a la Ley 100 de

1993; lo que impedía que se aplicara «a todo el universo pensional» como aquellas basadas en el derecho colectivo, en tanto desconoce el derecho a la negociación colectiva dispuesto en el artículo 55 de la CP. Pone de presente que el «inciso tercero» del Acto Legislativo 01 de 2005 al hablar de «adquisición del derecho a la jubilación, en general, quedó modulado por los parágrafos transitorios del mismo» sin que se adicionara que «hay que cumplir con la edad (requisito de exigibilidad) y tiempo de servicios (requisito de causación)», de manera que su «invocación» en la sentencia acusada resulta indebida. Señala que una cosa es una simple expectativa en los términos del artículo 17 de la Ley 153 de 1887 y otra los derechos que surgen de una obligación condicional para los cuales la norma pertinente es el artículo 30 ibidem, que se «armoniza» con los derechos in nuce, que son aquellos que están sometidos a condición suspensiva. Acota que el artículo 467 del CST al definir la convención colectiva de trabajo, contempla que esta fija las condiciones de los contratos de trabajo durante su vigencia, de manera que debe disponer el reconocimiento de la pensión convencional, por tratarse de un derecho adquirido desde el depósito de la convención colectiva de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y, por ende, irrenunciable, al tenor del

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Radicación n.° 92216 artículo 48 de la CP. Sobre el efecto vinculante de las recomendaciones de la OIT se refiere a la decisión CC SU555-2014 y asevera que,

son todas aquellas proferidas por el Comité de Libertad Sindical debidamente aprobadas por el Consejo de Administración, no obstante, ello se desconoció en las instancias, cuando se le dio un valor «que no se merece» a la parte restrictiva de la aludida providencia olvidando que según el artículo 230 de la CP, la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial y que debe aplicarse el principio de favorabilidad del artículo 53 ibidem. A más de lo anterior sostiene que en la sentencia combatida se hace referencia a decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en lo que hace a las discusiones en torno al reclamo de pensiones convencionales por no haberse satisfecho el requisito de la edad antes de 31 de julio de 2010, no obstante, se dejó de advertir que en otras providencias, sin indicar cuáles, tal presupuesto se ha catalogado como de exigibilidad de la prestación extralegal, de manera que resulta indiferente si se cumple antes o después del 31 de julio de 2010. Finalmente afirma que de conformidad con la decisión CSJ SL3343-2020, la convención colectiva de trabajo es una fuente formal de derecho, de manera que sus estipulaciones son normas, al punto que son «mucho más importantes» que un criterio auxiliar; unido a que debe ser interpretadas con una perspectiva finalística y no textual, para con ello

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Radicación n.° 92216 evidenciar, como se hizo en la sentencia referida, que se adquiere el derecho a la pensión convencional por el tiempo

de servicios, pues la edad solo corresponde a una condición futura y esa medida un requisito de exigibilidad.

VII. RÉPLICA La demandada se opone a la prosperidad del cargo aduciendo que en su formulación se incurre en un error de técnica, pues a pesar de que se acude a la modalidad de aplicación indebida, centra sus argumentos en controvertir la interpretación que el colegiado efectuó del Acto Legislativo 01 de 2005, sin indicar por qué los enunciados normativos incluidos en la proposición jurídica no eran aplicables a los presupuestos fácticos del caso en concreto.

Sostiene que, en tratándose de una acusación dirigida por la senda del puro derecho, no le estaba dado al recurrente discutir las conclusiones de orden fáctico a las que arribó el juzgador, a efectos de sugerir que, el requisito de edad dispuesto en la cláusula convencional objeto de análisis, constituye un requisito de exigibilidad y no de causación. Agrega que el juez colectivo no incurrió en ningún error de aplicación o de interpretación de la disposición constitucional que sirvió de soporte de la decisión pues, por el contrario, se ciñó tanto a la previsión contenida en el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 como a la jurisprudencia reiterada de la Corte en torno a su

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Radicación n.° 92216 alcance. Destaca que a pesar de que el mencionado Acto Legislativo respeta los derechos adquiridos, estos recaen en quienes cumplieron los requisitos para acceder a la pensión

de jubilación antes del 31 de julio de 2010, así no se hubiera hecho efectivo el reconocimiento, no así para quienes, a la misma calenda, tuvieran una simple expectativa por no haber reunido todos o alguno de los requisitos exigidos en la disposición convencional, que fue lo que ocurrió en el caso de autos.

VIII. CARGO SEGUNDO Impugna la decisión de segundo grado por la vía directa,

al no aplicar: (i) El artículo 228 de la C.P. sobre prevalencia del derecho material; (ii) El artículo 55 de la Constitución Política sobre negociación colectiva y, consecuencialmente, los artículos 467, 468, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo que desarrollan el tema de la negociación colectiva. Por lo tanto, dejó de lado la base constitucional de la negociación colectiva (art. 55 de la C.P.) y el carácter sinalagmático de lo que se pacta, afectando de paso artículos de la Constitución Política (el 4° - principios de constitucionalidad y de legalidad – y el 5° - derechos inalienables de la persona). (iii) Ha debido tener en cuenta la sentencia impugnada, y no lo hizo, que existen las obligaciones condicionales que se rigen por los artículos 1602, 1603, 1530, 1536 y 1541, 665, 666 del Código Civil, en concordancia con la caracterización que hace la convención colectiva el art. 467 del C. S. del T. que fija las condiciones que regulan los contratos de trabajo; en armonía con el artículo 30 de la ley 153 de 1887, sobre aplicación en el

tiempo de las obligaciones condicionales. (iv) La sentencia acusada no aplicó los artículos 25, 53 de la

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Radicación n.° 92216 Constitución Política, sobre derechos y principios fundamentales del derecho laboral y la seguridad social, el Convenio 98 de la OIT ratificado por Colombia mediante la ley 27 de 1976, que dio lugar a la Recomendación 2434 de la misma OIT, Comité de Libertad Sindical, en armonía con el art. 93 de la Constitución. Ni mucho menos tuvo en cuenta el control de convencionalidad, que implica la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el artículo 29 referente a forma de interpretar las normas de derechos humanos, dentro de ellos el derecho de asociación en su proyección de la negociación colectiva. Por consiguiente, se equivocó la sentencia impugnada porque para debilitar el derecho de mi poderdante eludió apreciar las Recomendaciones de la OIT en su real dimensión lo cual viola los artículos 53 y 93 de la C.P. Y pasó por alto el control de convencionalidad en cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipuló mandatos para la interpretación de tales derechos. Sea de agregar que la Constitución Política de Colombia torna obligatoria esa forma de interpretación; y, la misma Constitución consagra los principios de buena fe, igualdad, prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CP). (v) Además la sentencia del Tribunal no le dio la importancia que la Constitución y la jurisprudencia le atribuyen al principio de favorabilidad (art. 53 C.P.). FAVORABILIDAD que se analiza no

solo respecto a las normas sino a la interpretación de éstas. Para demostrar el cargo indica que el artículo 467 del CST se refiere a condiciones que deben ser apreciadas al tenor de los principios dispuestos en el Código Civil en los artículos 1602 «los contratos son ley para las partes y solo pueden ser invalidados por el consentimiento mutuo o por causas legales» lo que hace parte del principio de libertad contractual; 1603 «los contratos deben ejecutarse de buena fe»; 1530 «es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro»; 1536 «la condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho»; 1541 «las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida». Lo anterior como quiera que «sería injusto que el interés

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Radicación n.° 92216 del patrono (parte poderosa) prevaleciera sobre los derechos del trabajador (parte débil)» en tanto equivaldría a afirmar que los intereses de los primeros si son derechos mientras que los de los segundos son solo expectativas. Sostiene que «otro aspecto, en el terreno de las condiciones» surge para el análisis del asunto en concreto, en consideración a que en la sentencia se incurrió en la equivocación de ubicar el derecho en una simple expectativa y de contera, «quitándole toda connotación a la esencia de las obligaciones condicionales a la permanencia de éstas en el tiempo» al tenor del artículo 30 de la Ley 153 de 1887, canon al que no se le dio importancia.

Indica que el convenio 98 de la OIT en su artículo 1 dispone que los trabajadores deben gozar de protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo y en el 4, se aboga por el pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación voluntaria; empero, tales disposiciones se soslayaron y de paso los artículos 53 y 93 de la CP según los cales, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, prevalecen en el orden interno. Destaca que el Comité de Libertad Sindical le pidió al Gobierno Nacional adoptar las medidas a fin de que las convenciones colectivas que contenían cláusulas sobre pensiones cuya vigencia iba más allá del 31 de julio de 2010 mantuvieran sus efectos hasta su vencimiento.

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Radicación n.° 92216 Al final aduce que el artículo 93 de la CP da un mandato relativo a que la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, lo que excluye una interpretación restrictiva como la que se efectuó por el juez colectivo.

IX. RÉPLICA La opositora advierte que la acusación no tiene vocación de prosperidad, en tanto, las normas invocadas como infringidas no son los preceptos normativos que regulan el objeto de la controversia, consistente en determinar si el régimen pensional contemplado en la convención colectiva de trabajo se encontraba vigente para el momento en que el actor reunió los requisitos para la causación del derecho

pensional, lo que ya fue definido por la Corte, a través de la sentencia CSJ SL3635-2020.

X. CARGO TERCERO Acusa la decisión de segunda instancia «en cuanto incurrió en error de hecho» por la no apreciación de las pruebas en su integridad, lo que ocasionó la violación de los artículos 228, 13, 25, 48, 53, 93 y 55 de la CP; Acto Legislativo 01 de 2005; 467, 468, 469, 479 del CST; 81 del CST subrogado por el artículo 1 de la Ley 188 de 1959 y luego por el 30 de la Ley 789 de 2002; 37 del Decreto 2351 de 1965; 60 y 61 del CPTSS; 54 A del CPTSS adicionado por el 24 de

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Radicación n.° 92216 la Ley 712 de 2001; 8 y 30 de la Ley 153 de 1887, en armonía con el parágrafo del artículo 3 del Decreto 2677 de 1971; 39, 59, 79, 80, 289 de la Ley 100 de 1993; 1536 del CC; 7 de la Ley 71 de 1988; artículos 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 11 del Decreto 2709 de 1994 y el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005. Argumenta que se desconoció en su integridad el artículo 31 de la CCT suscrita entre la demandada y Sintrachivor y, se valoró de manera errada, los medios de

prueba en torno a su edad, tiempo de servicios y «militancia» sindical, cuando se exigió la edad como condición a cumplir antes del 31 de julio de 2010. Reproduce el parágrafo 1 y 2 del artículo 31 de la CCT 2003-2005 y destaca que el juez de la apelación «dio por sentado que negado el reconocimiento del derecho convencional no había que entrar a estudiar la cuantificación de la mesada y la posterior pensión compartida cuando la prestación fuera asumida por Colpensiones». Asevera que el mencionado artículo 31 no solo habla de quienes hayan cumplido la edad sino de quienes la cumplan, de manera que se trata de una condición hacia el futuro y, por ello, no hay razón para «restringir la exigibilidad de la edad como una característica solamente de la pensión sanción (sic) como lo hizo el Tribunal en su a