CSJ - SL1816-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Salad. Candil Laboral Sala de Desaugestlin N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1816-2023 Radicación n.°92007 Acta 24 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por PROYECTOS Y MONTAJES LTDA., contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que en su contra instauró HERNANDO

HERNÁNDEZ ORDUZ.

I. ANTECEDENTES Hernando Hernández Orduz, llamó a juicio a Proyectos y Montajes Ltda., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, que inició el 1 de enero de 2008 y finalizó el 22 de enero de 2018. En consecuencia, reclamó el pago de las cesantías y sus

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Radicación n.°92007 intereses, primas, vacaciones, los aportes a la seguridad social en pensiones, las indemnizaciones previstas en los arts. 64 y 65 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990, lo extra y ultra petita y las costas del proceso. Indicó en sustento de las pretensiones, que se vinculó con la demandada en calidad de trabajador el 1 de enero de 2008, para desempeñar funciones de director de instalación de canchas sintéticas; que su jefe directo fue Hermes López

Becaria; que para la correcta ejecución de sus funciones, «tenía a su cargo 6 trabajadores»; que el salario que devengó desde 2008 a 2015 fue de $6.000.000; en el 2016 de $6.500.000 y de 2016 a 2018 de $7.000.000; que cumplió un horario de trabajo de lunes a sábado de 8:00 am a 12:00m y de 2:00 pm a 6:00 pm. Contó que el 22 de enero de 2018, la demandada dio por terminado el vínculo laboral sin que mediaraj usta causa; que nunca le pagaron sus acreencias laborales (fs.°2 a 12 cdno. 1 digital, iguales folios en otro cuaderno digital que contiene subsanación). Proyectos y Montajes Ltda., al contestar, se opuso a las pretensiones. Negó todos los hechos. Manifestó que el actor prestó sus servicios como contratista independiente, con total autonomía y libertad, que los pagos a su favor se efectuaron en tal calidad. En su defensa, sostuvo que las relaciones laborales y las de prestación de servicios civiles eran diferentes; resaltó 2

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Radicación n.°92007 que las segundas se caracterizan por la prestación de un servicio profesional o especializado, que se realiza por cuenta y riesgo del contratista con total independencia, o respondiendo por sus acciones y soportando los riesgos inherentes a la actividad, con la posibilidad de sub contratar trabajadores, y recibiendo como retribución el pago de honorarios». Tras referir los elementos del contrato de trabajo, indicó que lo que existió entre las partes fue una relación distinta a

la laboral, pues las actividades que desempeñó no estuvieron sujetas a subordinación. Planteó como excepciones, las de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y la «GENÉRICA» (fs.°1 a 11 cdno. 2 digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo de 28 de noviembre de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre HERNANDO HERNANDEZ ORDUZ y la sociedad PROYECTOS Y MONTAJES LTDA, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 01 de enero de 2009 hasta el 22 de enero de 2018, conforme a las consideraciones que se han dejado hechas.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad PROYECTOS Y MONTAJES LTDA, a pagar a favor del demandante la suma de

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Radicación n.°92007 $49.754.072, por concepto de PRESTACIONES SOCIALES Y

VACACIONES.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad PROYECTOS Y MONTAJES LTDA a pagar a favor del demandante la suma de $8.020.628, por concepto de INDEMNIZACIÓN MORATORIA por el no pago oportuno de prestaciones sociales y vacaciones (sic), sin perjuicio de los que se sigan causando, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR, a la sociedad PROYECTOS Y MONTAJES LTDA a pagar a favor del demandante la suma de $24.305.359,

por concepto de SANCIÓN POR LA NO CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS, acorde a lo dicho en la parte motiva.

QUINTO: CONDENAR a PROYECTOS Y MONTAJES LTDA a pagar dentro de los 30 días siguientes a la sentencia, los aportes al sistema general de pensiones, a la administradora del sistema general de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante HERNANDO HERNANDEZ ORDUZ o al que escoja para su afiliación, en la forma y términos indicados en la parte motiva de este fallo.

SEXTO: Absolver a la demandada de las demás pretensiones propuestas por el demandante.

SEPTIMO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 365 del C.G.P., se fijan como agencias en derecho a favor del demandante y a cargo de la demandada, la suma de $4.104.003.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al desatar la apelación interpuesta por la demandada, con sentencia de 28 de octubre de 2020

(fs.°665 a 679 cdno. digital), confirmó la de primer grado. Impuso costas a la parte vencida en juicio. 4

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Radicación n.°92007 Precisó que en casos como el sub examine, no era la voluntad de las partes la que determinaba si un contrato era o no de trabajo, sino la acreditación de los requisitos previstos en el art. 23 del CST; que, correspondía al demandante acreditar la prestación real y efectiva del servicio a favor de la demandada, «no de modo genérico y abstracto,

sino caracterizada en extremos y sujetos -sobre quienes recae el beneficio de la fuerza laboral-, para derivar en su favor la presunción contenida en el art. 24 ...o, invirtiéndose la carga de la prueba en el otro sujeto de la relación jurídico-procesal. Trajo a colación las sentencias CSJ SL, 5 ag. 2009, rad. 36549; CSJ SL, 16 oct. 2019, rad. 58413; y CSJ SL, 4 mar. 2020, rad. 72479. Indicó que la jurisprudencia ha sido pacífica en enseriar, que las certificaciones expedidas por el empleador constituyen plena prueba de los aspectos sustanciales del contrato de trabajo, por lo que la probanza tendiente a infirmar su dicho, debía ser de tal entidad que desmintiera su contenido y alcance. Se apoyó en las providencias CSJ SL, 26 oct. 2016, rad. 46704; CSJ SL, 8 oct. 2014, rad. 41948. Anotó que la certificación de folio 17, expedida por «"(...) Proyectos y Montajes ... GRAMAS SINTÉTICAS (...) y rubricada por "(...) HERMES LOPEZ (...)"», tenía plena validez probatoria, por estar elaborada en hoja membreteada, indicar «sus medios de contacto -lo cual se corrobora con lo denotado af olio 13 a 15», y estar suscrita por el representante legal, sin que fuera tachada, glosada o controvertida en la oportunidad procesal debida. 5

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Radicación n.°92007 De dicha documental, coligió que Hernández Orduz

prestó sus servicios personales a favor de la demandada, sociedad que conocía de su pericia y destrezas y confió en él, al punto que lo recomendaron, [...] circunstancia que las reglas de la experiencia y la costumbre contractual, enserian no se predican de personal contratado de manera ocasional o transitoria, sino de quien se conoce de primera mano su trabajo y calidad; ii) el servicio prestado generaba una contraprestación, y el promedio de la misma era del orden de $ 6.000.000; iii) en antípoda a lo manifestado por el recurrente, de la misiva no se extrae que la prestación del servicio fuera con solución de continuidad. Es decir, la pasiva era conocedora que el accionante le prestaba un servicio personal, en su favor, que el mismo era permanente, no era transitorio como se alude, porque desde la fecha de que se certifica a la fecha de expedición transcurrieron 7 arios y 9 meses, el servicio era remunerado, y como se verá más adelante, el cargo ejecutado era propio del giro ordinario de los negocios de la demandada, además que también era ejecutada por personal de planta de ésta [... ]• Con lo anterior, dedujo cumplido lo previsto en los arts. 23 y 24 del CST, para así generar en favor del actor la presunción descrita en el último precepto, e invertir la carga de la prueba en la contraparte. Indicó que el a quo no se equivocó en la valoración de la certificación, máxime cuando no le hizo decir cosa distinta a su contenido ni dedujo la totalidad del extremo encontrado, como lo adujo la llamada a juicio. Resaltó que en la

contestación de la demanda (hecho primero), Proyectos y Montajes confesó, de manera espontánea, la efectiva prestación del servicio. Anotó que tal aceptación bajo otra modalidad contractual, no era óbice para restarle efecto al art. 24 del CST, pues el objeto del proceso recayó en la 6

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Radicación n.°92007 desnaturalización de la forma contractual planteada por la demandada durante la vigencia del contrato. En cuanto a la valoración de la prueba testimonial y el interrogatorio de parte del demandante, recordó lo plasmado en el art. 61 del CPTSS, y las sentencias CSJ SL, 20 may. 2015, rad. 38787, y CSJ SL, 18 oct. 2017, rad. 72018. De las declaraciones de John Flowuer Estévez Lizarazo, Cayetano Guarín Mantilla, John Jairo Acosta Mantilla, Paola Almendrades Murillo, Johanny Carrillo Barajas y Jean Carlos Acosta Mantilla, coligió que el accionante prestó sus servicios personales en favor de Proyectos y Montajes Ltda., en el cargo de instalador de grama sintética, que la actividad ejecutada era propia del giro ordinario de sus negocios, que el cargo también lo ejercían de planta en la entidad, que la labor era subordinada, que si bien, «en apariencia el personal» para la ejecución de las obras encomendadas a Hernández Orduz «era contratado y pago por éste», lo cierto fue que tales actos eran ejecutados a favor del primero quien suministraba materia prima y capital como dueño de los medios de producción, calidad de la que careció el

accionante, a más de que la labor era subordinada y no simplemente coordinada. Precisó que, el simple hecho de tachar de sospechoso a un testigo, no conlleva pérdida de credibilidad, pues esa glosa debía ser fundada y demostrable. Con esta anotación, señaló que las «intervenciones» de John Flowuer Estévez Lizarazo y Paola Almedrades Murillo, fueron fluidas y claras, 7

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Radicación n.°92007 no parcializadas ni con intereses superpuestos. También afirmó que sus declaraciones no hicieron «parte de un guion orquestado», dado que, al ser indagados, sus respuestas siempre fueron certeras y plausibles en lo que su conocimiento les permitía; que no fueron testigos de oídas, sino conocedores de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la situación investigada. Calificó de extemporánea la tacha formulada a Almendrades Murillo, no obstante, indicó que, si se pasara por alto tal desafuero, las resultas serían las mismas, pues su declaración la calificó de igual forma que la de los anteriores deponentes. Manifestó que el a quo no valoró de manera sesgada las declaraciones de John Flowuer Estevez Lizarazo, John Jairo Acosta Mantilla, Paola Almendrades Murillo, Johanny Carrillo Barajas, Cayetano Guarín Mantilla y, Jean Carlos Acosta Mantilla, que todo lo contrario, afianzaron lo acreditado en el proceso, esto es, que el actor prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada, como instalador de grama sintética a favor de Proyectos y Montajes

«pues, luego de terminar la obra el accionante debía hacer presencia en las instalaciones de la empresa,p ara prestar sus servicio[s] en la bodega, realizando corte de grama, mediciones a clientes, mantenimiento y bulteando arena o caucho»; que el demandante, [...] era usado por la patronal, como aparente contratante de personal, para contribuir con la instalación de la grama sintética a los clientes, sin embargo, quién [sic] en honor a la verdad, 8

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Radicación n.°92007 desembolsaba el dinero por interpuesta persona de Hernández Ordúz (sic), era el representante legal de la pasiva, quien además pagaba la seguridad social de aquellos, o de otra manera, realmente el demandante a contrario sensu, de lo expuesto por la entidad apelante, obraba como representante suyo, conforme lo prevé el art. 32 del CST. Afianzó la anterior conclusión en las respuestas del representante legal al absolver interrogatorio de parte y, en el «análisis conjunto de la certificación de folio 17». Anotó que la accionada, atendiendo su objeto misional, tenía operarios de planta que ejecutaban idénticas labores que el promotor del litigio, quien recibió la dotación que le fue entregada. Aclaró que si bien los testigos Cayetano Guarín y Jean Carlos Mantilla, de un «análisis presuroso develarían» aspectos contrarios a los expuestos por los restantes testigos, procedió a analizar sus manifestaciones, sin encontrar error en su valoración por parte del juez unipersonal. Manifestó que el a quo sí valoró las cuentas de cobro y facturas (fs.°56 a 640); advirtió que de cualquier modo, esos

documentos no tenían por sí solos el alcance probatorio para derruir la sentencia apelada, más aún cuando se dio aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Aludió al objeto social de la demandada, según certificado de Cámara de Comercio. Señaló que las documentales atacadas como inapreciadas, no lo fueron y que si bien daban cuenta de una 9

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Radicación n.°92007 remuneración que no era propia de un pago mensual fijo, también acreditaban que fue a destajo o por tarea ejecutada, en los términos del numeral 1 del art. 132 del CST. Dijo que su conclusión también tenía asidero en los interrogatorios de las partes y los testimonios. Expresó que la remuneración del servicio a través de esta forma era simplemente una modalidad de estipulación del pago o retribución, «más no un indicio o señalamiento forzoso de una modalidad contractual particular», de modo que «el mero y llano hecho que la contraprestación del servicio se hiciera de dichaf orma», no derruía la conclusión del a quo, al señalar que la relación contractual fue laboral y que tales elementos eran simplemente formas y no realidades «nacidas al universo jurídico». Anotó que la presentación de cuentas de cobro y facturas a nombre del actor o como «comerciante propietario de un establecimiento de comercio», no resquebraja la anterior argumentación, más aún cuando la prueba dio cuenta que: i) por exigencia de la demandada, el demandante tenía la obligación de presentar cuentas de cobro por trabajo realizado, ii) el dinero de anticipos, pago de salarios y seguridad social de

trabajadores los suministraba PROYECTOS Y MONTAJES LTDA; iii) los medios de producción eran de la sociedad demandada; iv) la labor era subordinada, y cuando no había instalaciones el accionante, al igual que ocurría con los restantes instaladores, debía concurrir a las instalaciones físicas de la entidad convocada a juicio. Apoyó también la decisión del a quo al determinar los extremos y la no solución de continuidad del vínculo. 10

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Radicación n.°92007 Estimó que al ser la actividad desarrollada por el actor como contratista independiente, propia del objeto misional y comercial de la accionada, la tercerización no era factible, amén de que tal ficción comercial solo opera para desligarse de actividades que no siendo de su resorte, le permitirían especializarse en otras áreas para hacerse competitivo en el mercado. Destacó que tampoco se probó que el personal fuera insuficiente; que en todo caso, contrató al actor de manera continua por más de 10 arios para ejecutar una labor propia y connatural a sus actividades; que la accionada tenía personal de planta para ejecutar tales actividades, o que «no teniéndola decidió formalizar con el grueso de contratistas su vinculación, advirtiendo que podría disminuir costos»; que «lo nuevo del negocio de instalación de grama sintética en el mercado comercial», la informalidad con la que se contrató al demandante y lo «rudimentario» de las pautas y directrices de trabajo, así como la remuneración, en modo alguno conllevaba visos de desnaturalización de una relación laboral, ni desdice la estructuración de los elementos del

contrato de trabajo, más cuando no había prueba de la calidad de contratista independiente, como dueño del intelecto, medios de producción o incluso de la agenda de clientes. Agregó que de la prueba se desprendía que, quien financiaba el pago de salarios «indendientemente (sic) de la modalidad que se pactara con los operarios - jornal, destajo o tarea-, era la pasiva», por ser quien proveía la dotación para 11

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Radicación n.°92007 aquellos y quien asumió la seguridad social, así como que otorgaba la materia prima e instrumentos para la instalación, lo que revelaba que el demandante fungió como representante de la accionada en los términos del art. 32 del CST, en tanto que el representante legal en su interrogatorio de parte, refirió que se desentendió o descargó la parte operativa en el actor. En lo referente a la sanción moratoria, memoró entre otras sentencias, las CSJ SL, 24 ab. 2012, rad. 39319, CSJ SL 10551-2015 y manifestó que si bien, el a quo no se «explayó en discernimientos sobre la imposición de la fustigada condena, salvo el mero impago de prestaciones sociales a la terminación del contrato», también es cierto que, tal aspecto no le hacía merma a la decisión, en la medida que arribaría a la misma conclusión, por cuanto: i) en eventos como el analizado, la buena fe de la patronal no se presume, debe probarla el empleador remiso en el pago de sus obligaciones contractuales -contrario piensa la alzada-, no indicando tampoco lo anterior, la presunción de mala fe,

simplemente que debe encargarse éste, de demostrar los pilares racionales y justificativos de su proceder contrario de la ley, empero, en autos ello, no está acreditado; ii) la suscripción de facturas, cuentas de cobro o soportes contables, por parte del demandante, y su retribución por ellas por parte de la empresa apelante, no son prueba fidedigna del convencimiento de estar bajo la creencia del desarrollo de un negocio jurídico ajeno a ribetes laborales, pues en esencia, el proceso de marras tenía como finalidad desnaturalizar las formas planteadas por la recurrente durante la ejecución del ligamen; iii) por ese hilo conductor, y como ya explicara en la crítica y ponderación de la prueba producida en juicio, en autos (sic) el accionante no ejecutaba una actividad independiente, autónoma y autogestionaria, como contratista independiente, pues no era dueño ni de los medios de producidos, ni del capital con el cual se sufragaba la mano de obra, ni pagaba seguridad social de aquellos, y peor aún, desarrollaba una actividad misional e inherente al giro ordinario y misional de los negocios de la pasiva; 12

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Radicación n.°92007 iv) la actividad de Hernández Orduz como presunto contratista, no fue temporal, ni esporádica, como se quizo (sic) hacer ver, sino continúa, permanente y subordinada, no desnaturalizando ello, el pactar la contraprestación por destajo o tarea, o el hecho de presentar cuentas de cobro o facturas para la materialización de ello; v) la patronal empleaba personal de planta para tal

actividad, y luego de ello, advertido que no era rentable la contratación espurea (sic) de los contratistas que tenía, a varios de ellos, les legalizó su contratación. Con tales premisas, concluyó que la conducta de la demandada no se subsumía en la teleología que dimana del art. 65 de CST, para hacerlo acreedor de la buena fe liberatoria de dicha sanción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende, PRINCIPALMENTE, que la Sala Case totalmente la sentencia de fecha 28 de octubre de 2020, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso de la referencia, para que, una vez constituida en Tribunal de instancia, revoque totalmente la sentencia proferida el día 28 de noviembre de 2018 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, para en su lugar, absolver a la sociedad Proyectos y Montajes LTDA de todas las pretensiones de la demanda De manera SUBSIDIARIA, solicitamos a la Sala que se case parcialmente la sentencia de fecha 28 de octubre de 2020, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso de la referencia, en lo relacionado con la confirmación de la condena impuesta por concepto de indemnización moratoria de que trata el artículo 65

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Radicación n.°92007 del Código Sustantivo del Trabajo y la sanción moratoria por la

no consignación de cesantías, para que, una vez constituida en Tribunal de instancia, revoque parcialmente la sentencia proferida el día 28 de noviembre de 2018 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, absolviendo a la sociedad Proyectos y Montajes LTDA de la condena impuesta en los numerales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia. Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, que no merecieron réplica. Se estudiarán de manera conjunta los dos primeros, dada su unidad de propósito y correlación de argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los arts. 23, 24, 32, 132 del CST y 53 de la CN.

Asevera que el Tribunal se equivocó al dar «por probados los elementos esenciales de la relación de trabajo (arts. 23 y 24 C.S.T.) sin estarlo», error que en su criterio «salta evidente de la amplía documental aportada con la contestación de demanda», visibles en los folios «14, 35, 57 A 66, 80, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 a 148, 151, 154, 157 a 165, 168, 172, 173, 175, 177 a 188, 192 a 198, 200 a 214, 224 a 227, 233 a 241, 245 a 246, 249 a 254, 255 a 262, 265 a 268,273 a 276 del PDF de contestación de demanda...».

Afirma que «allí», se evidencia el pago efectuado a terceros diferentes al demandante por concepto de obras contratadas con él; es decir, que esos documentos muestran que los pagos «no siempre fueron realizados directamente» al actor, sino que los «solicitaron y recibieron» Karen Tatiana 14

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Radicación n.°92007 Hernández y Martha Osorio Hernández, sin que pueda extraerse que tal conducta fue impuesta por Proyectos y Montajes Ltda. Destaca que la anterior omisión probatoria, conllevó que la sentencia se cimentara «en la apreciación aislada de la certificación» que expidió a favor del actor, [...] la que si bien refleja la prestación de un servicio personal en su favor, vista en armonía con las piezas probatorias mencionadas atrás, elimina la presunción de dependencia que aplicó el juez colegiado en su decisión (pg. 7 a 10 de la sentencia de segunda instancia), lo que a su vez lo llevó a resolver el asunto con normas que no estaban llamadas a gobernarlo (arts. 23 y 24 del C.S.T. y 53 de la C.P. de Colombia). Asegura que los pagos a terceros por concepto de obras ponen en tela de juicio el elemento remuneración, necesario para la configuración del contrato de trabajo, por lo que, el yerro fáctico es evidente; advierte que «a pesar de la cantidad de documentos que sostienen la argumentación que exponemos, ningún razonamiento se efectuó sobre el particular». Al estimar demostrado el error de hecho con medio de convicción calificado, sigue con las «testimoniales», para lo

cual asegura que los testigos no dieron plena fe de lo deducido por el Tribunal, [...] pues si bien refirieron que Hernando Hernández acudía a las instalaciones de Proyectos y Montajes, también lo es, que no permanecía allí todo el día, que llegaba y salía cuando quería (Paola Almendrades). Jean Carlos Acosta indicó que no siempre veía al señor Hernando en las instalaciones de la empresa, por su parte, Johanny Carrillo indicó constarle que el demandante 15

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Radicación n.°92007 no debía permanecer en las instalaciones de la compañía. - La actividad era subordinada por la sociedad accionada, a través de su representante legal, el señor Hermes, quien supervisaba las labores ejecutadas por el señor Hernández, asistiendo a las obras desarrolladas o vía telefónica. Ningún testigo manifestó haber visto que el representante legal de la entidad demandada u otra persona vinculada a la misma, hubiere dado órdenes directas al señor Hernández respecto del modo, tiempo, cantidad y forma de la ejecución de la obra contratada. En su lugar, de lo que los testigos dieron fe, es que el señor Hermes acudía esporádicamente a revisar el avance de la obra contratada o verificar su finalización, acciones que la jurisprudencia nacional ha indicado que, por si solas, no configuran el elemento subordinación, pues es natural que el contratante verifique y controle el estado de su negocio o inversión. Reitera que un solo testigo manifestó haber oído o alguna vez» ordenes al actor, pero por conversaciones telefónicas, lo que genera dudas sobre las palabras usadas por quien

estaba al otro lado de la línea, «basándose así en suposiciones». Expone que los declarantes dan fe que el demandante «siempre estuvo sólo al frente de las obras contratadas», que ejercía poder de dirección y ejecución de su condición de contratista, y que ninguno asevera que recibiera ordenes de la compañía sobre qué hacer, cómo y dónde hacerlo. En ese orden, indica que el Tribunal hizo decir a las pruebas testimoniales algo que nunca expresaron. En cuanto al suministro de dotación, advierte que tal afirmación tiene asidero en el dicho de «un solo testigo», aun cuando todos los demás manifestaron que no la recibía o que nunca lo vieron usando algo similar. 16

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Radicación n.°92007 Anota que de lo declarado por Cayetano Guarín, Jean Carlos Mantilla y Johanny Carrillo Barajas, se extrae que el demandante no cumplía horarios y no seguía órdenes, que elegía libremente a los trabajadores que contrataba para sus obras y que les hacía los pagos. En punto a la certificación, dice que si bien tal probanza acredita la prestación del servicio, también lo es que los demás medios de convicción derruyen no solo la presunción de subordinación, sino también la remuneración, en la medida que el accionante era totalmente independiente en la ejecución, coordinación y dirección de la obra, pues contrataba trabajadores sin la aquiescencia de la compañía y sin que se le indicara cómo efectuar la obra. Como segundo error, atribuye al colegiado dar por probado, sin estarlo, que el accionante percibía una remuneración permanente por los servicios prestados;

equivocación que, en su sentir, acredita con los documentos de folios 488 a 508, 522 a 524, 528 a 534, 550 a 558, 584 a 598, 613 a 620. Señala que si bien se «valoró todas las cuentas de cobro arrimadas al expediente como remuneración por las obras contratadas» y se aplicó el art. 132 del CST, el ad quem argumentó que el demandante recibía un salario a destajo, con lo cual pasó por alto no solo lo descrito en precedencia, sino también, 17

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Radicación n.°92007 [...] que gran parte de las cuentas correspondían a venta de diversos materiales de obra, desdibujándose por tanto el elemento remuneración, especialmente en su habitualidad. Si el juez colegiado hubiere estudiado al detalle cada uno de los documentos referidos, habría llegado a la conclusión de que el demandante no percibía un ingreso permanente por parte de Proyectos y Montajes LTDA, lo que refuerza los yerros denunciados en el aparte anterior.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión por la vía indirecta, por la infracción directa de los arts. 2053 a 2060 del CC.

Insiste en que a pesar de que se incorporaron al expediente diferentes contratos de obra civil, el Tribunal no hizo alusión a estos y se refirió insistentemente a las condiciones y características del contratista por prestación de servicios, «es decir, confundió el contrato de obra civil con el contrato de prestación de servicios, como si fueran lo mismo». Aduce que la equivocación del colegiado se corrobora

con la deficiente valoración de las documentales referentes a pagos a terceros por materiales, así como de los contratos de obra suscritos; que de haberse apreciado correctamente tales medios de convicción, necesariamente habría concluido «que se encuentran a tono con lo dispuesto en la legislación común en torno al contrato de obra civil». Recuerda que este tipo de contrato tiene como fin la realización de una obra material, ya sea de construcción o reparación locativa, que es lo que indican tales documentos. 18

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Radicación n.°92007 Dice que los argumentos del ad quem refieren situaciones ajenas al tipo contractual civil que informan las evidencias probatorias, «por ejemplo, el objeto misional del contratante, falta de personal (como si de una prestación personal de servicios se tratara) o la falta de materiales propios del contratista». Trae a colación lo previsto en el art. 2503 del CC y asevera que, de conformidad con esta norma, y los contratos de obra pueden ejecutarse asumiendo el contratante la materia de trabajo, lo que se evidencia de los documentos allegados al expediente o(como son, compra venta de metros de césped, rejillas, mallas, etc.)», que el colegiado no los contrastó y «los valoró como indicio de des configuración de un contrato de prestación de servicios».

VIII. CONSIDERACIONES De acuerdo con lo argumentado por el Tribunal y lo planteado por el recurrente, le corresponde a la Corte resolver si la sentencia atacada entraña errores de hecho protuberantes que, de acreditarse, conllevan su quebrantamiento.

De entrada, se observa que aunque la censura lista una

serie de folios que en su criterio, contienen pagos efectuados a terceros diferentes al demandante, no señala con claridad si tales documentos fueron erróneamente valorados o preteridos por el ad quem. 19

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Radicación n.°92007 De cualquier modo, de la sustentación de los cargos