CSJ - SL1817-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente SL1817-2023 Radicación nº. 85245 Acta 16 Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el CLUB DE FUTBOL AZUL Y BLANCO MILLONARIOS FC S.A., contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró en su contra

LEONARD VÁSQUEZ ZAMORA.

I. ANTECEDENTES El accionante demandó en proceso ordinario laboral al Club AZUL Y BLANCO MILLONARIOS FC S.A, con el fin de que se declare la ineficacia de la terminación del vínculo contractual suscrito con la convocada, el cual acaeció el 12 de noviembre de 2014, momento en el cual era beneficiario de una estabilidad laboral reforzada por motivos de salud.

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Radicación n.° 85245 Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se ordene su reinstalación en el cargo de jugador profesional de futbol o a uno de igual o superior categoría; el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y cotizaciones al sistema de seguridad social integral, dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su reintegro; las costas del proceso y lo que extra y ultra petita resulte demostrado. Como pretensión subsidiaria, solícita se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto contemplada en el artículo 6 inciso 26 de la Ley 361

de 1997. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, esgrimió que se vinculó a la enjuiciada desde el mes de junio de 2010, hasta el 12 de noviembre de 2014, mediante sucesivos contratos de trabajo, devengando como salario integral la suma de $9.000.000, y un valor de $1.500.000 en especie por concepto de habitación; que con ocasión de un accidente de tránsito, acaecido el 28 de diciembre de 2013, sufrió un trauma craneoencefálico, que le produjo compromiso neurológico, hospitalización, sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología; que tal situación al ser de conocimiento del empleador, mereció la renovación automática del contrato de trabajo desde el 1 de enero de 2014 hasta el 21 de diciembre de igual anualidad. Indicó, que según prescripción médica de la neuróloga MELISSA IBARRA QUIÑONES, en consulta del 11 de octubre de 2014, le fueron indicadas una serie de terapias 2

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Radicación n.° 85245 neuropsicológicas, a razón de «una a la semana por tres meses en doce sesiones», previstas para su culminación hasta el 12 de enero de 2015; no obstante el 12 de noviembre de 2014, el Club convocado dio por terminado en forma unilateral, sin justa causa y sin autorización de Ministerio de Trabajo, su contrato de trabajo, desconociendo además, la cirugía denominada espermatocelectomía o resección quiste del epidídimo sod (circuncisión sod) sic, programada por el medico urólogo para el

26 de noviembre de igual calenda; que el 18 se noviembre siguiente, por comunicación dirigida al presidente del club accionado, solicitó reconsiderar la determinación relativa al fenecimiento del vínculo, bajo el argumento de estar amparado por las previsiones de la Ley 361 de 1997, por encontrarse “con estabilidad reforzada y en estado de indefensión ”, petición frente a la cual dicho directivo guardó silencio. Adujo, que en aras de conjurar la anterior situación, promovió acción de tutela, la cual fue resuelta por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el 16 de enero de 2015, quien accedió transitoriamente al amparo deprecado, conminando al empleador al reintegro y al pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, por lo que para obtener una resolución judicial definitiva, debía demandar ante la justicia ordinaria laboral. Destacó, que en cumplimiento del proveído constitucional antedicho, el Club Azul y Blanco Millonarios FC S.A., el 4 de febrero de 2015, “lo reintegró como Director técnico de los equipos base, sin tener el jugador las competencias y 3

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Radicación n.° 85245 conocimientos para desempeñarse como tal, y omitiendo restablecerlo al mismo cargo que venía desempeñando, esto es al cargo de jugador de futbol profesional o a uno de la misma categoría compatible con su estado de salud”, designación que no fue aceptada por el Jugador, bajo el convencimiento de que tal determinación, desconocía los términos de la orden impartida por parte del

juez constitucional. Bajo el contexto que antecede, precisó que 12 de febrero de 2015, fue requerido por el empleador y citado a descargos el 18 de febrero de siguiente, por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales, diligencia en la cual aludió a la inexistencia de la falta que se le pretende endilgar, aduciendo que “ no puede cumplir funciones como entrenador de futbol base, porque es jugador de futbol profesional”; que el 22 de abril de igual calenda, requirió a la pasiva, a fin de que se le informe las motivaciones por las cuales se le impide entrenar en sus instalaciones como jugador de futbol profesional, petición absuelta mediante comunicado del 23 de abril del 2015, en el que se le reitera el cumplimiento del fallo constitucional cuando se dispone su reincorporación en el cargo de entrenador de futbol base e insiste en el cumplimiento del reglamento de trabajo. El Club AZUL Y BLANCO MILLONARIOS FC S.A., al dar respuesta a la demanda, mediante escrito visible a folio 167 -168, se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, negó los relativos al nexo laboral, regido por sucesivos contratos de trabajo por el espacio temporal comprendido entre junio de 2010 y 12 de noviembre de 4

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Radicación n.° 85245 2014; el valor percibido en especie, como constitutivo de factor salarial; la omisión del estado de salud del demandante para el momento de la terminación del contrato de trabajo, la cual requería de una autorización del Ministerio del Trabajo; y el incumplimiento de la orden

impartida por el juez constitucional. De igual modo, aceptó los supuestos fácticos atinentes a la suma dineraria percibida por el jugador por concepto de Salario integral, la ocurrencia del accidente automovilístico el 28 de diciembre de 2013, las consecuencias del mismo, la renovación automática del contrato de trabajo, la comunicación de las terapias neurológicas al empleador, la no aceptación del reintegro por parte del trabajador en el cargo de entrenador y la citación a descargos; frente a los hechos restantes, manifestó no constarle. En su defensa, propuso las excepciones denominadas inexistencia de presupuestos necesarios para predicarse una estabilidad laboral reforzada, en el momento de la terminación del vínculo laboral, el ejercicio de la potestad bajo el postulado del ius variandi, cobro de lo no debido y la genérica. Así mismo, instauró demanda de reconvención, (fl. 101), cuyas pretensiones fueron encaminadas a que se declare que el trabajador Leonard Vásquez Zamora, actuando en calidad de tal, se ausentó de su trabajo injustificadamente; que ha incumplido de manera sistemática ordenes e instrucciones impartidas por la 5

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Radicación n.° 85245 empresa; que actuó de manera negligente en la ejecución de las labores de su cargo, lo que genera perjuicio al empleador, en tanto “está cancelando salario por una función que no se está cumpliendo en cabeza del trabajador”; que se declare la justa causa de terminación del contrato de trabajo, bajo los lineamientos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Las aludidas pretensiones, tienen como fundamento de

hecho la decisión de tutela, emitida por el Juzgado 58 Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 16 de enero de 2015, mediante la cual se ordenó el reintegro del actor; el requerimiento realizado por el empleador el 27 de enero de 2015; el reintegro del trabajador en el cargo de coordinador y/o entrenador de futbol base, designación que siendo de la misma categoría del inicialmente desarrollado, es compatible con su estado de salud. Como consecuencia de lo expuesto, el demandante manifestó su inconformidad frente a la designación antedicha, y en tal virtud requiere su incorporación como jugador de futbol profesional y participación en los entrenamientos de alto rendimiento; peticiones despachadas desfavorablemente por el empleador, en aras de garantizar su integridad física, en tanto, el futbol es un deporte de extremo contacto, requiere extrema actividad física y por ende un estado de salud optimo, características con las cuales no cuenta el trabajador. 6

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Radicación n.° 85245 Adujo, que desde el 4 de febrero de 2015, el trabajador no se ha presentado al lugar asignado para ejecutar sus labores de coordinador o entrenador de futbol base, incumpliendo de tal modo con el horario laboral, razón por la cual fue citado a diligencia de descargos, realizada el 18 de febrero de 2015, donde a su vez manifestó “no haberse presentado los días 10, 11, 12 de febrero a la hora y el sitio indicado en el acta de reintegro, ni ejercido el cargo asignado por el empleador”. Advirtió, que el 31 de marzo de 2015, después de sendos

requerimientos infructuosos al actor, para dar cumplimiento a la orden de reintegro, y el consecuente incumplimiento de las funciones propias de su cargo, contenidas en el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones y competencias, el Club, radicó ante el Ministerio de trabajo, permiso para dar por terminado el nexo contractual. Leonard Vásquez Zamora, se opuso de las pretensiones formuladas por el demandante en reconvención y, en cuanto a los hechos manifestó, que son ciertos los atinentes a la inconformidad expresada por el trabajador frente al cargo al cual fue reintegrado y su exigencia de reinstalación como jugador de futbol profesional; la radicación de solicitud permiso por parte del empleador a efectos de dar por terminado el vínculo, como consecuencia del incumplimiento de sus funciones como entrenador de futbol base, contenidas en el reglamento interno de trabajo; frente a los restantes supuestos fácticos esgrimió que no son ciertos. 7

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Radicación n.° 85245 En su defensa, propuso las excepciones de falta de causa, y, la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 28 de agosto de 2017, declaró ineficaz la terminación unilateral del contrato de trabajo, acaecida el 12 de noviembre de 2014, y ordenó el reintegro del demandante al cargo de jugador de futbol profesional, y de no ser posible, a uno de igual o superior categoría; el pago de salarios y prestaciones, causados desde el 13 de

noviembre de 2014, hasta la fecha en la que se haga efectivo el reintegro, con los correspondientes aportes al sistema de seguridad social, tomando como salario integral mensual, la suma de $9.000.00 y el auxilio de vivienda de $1.500.000 pesos mensuales.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la llamada a juicio, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído de 21 de agosto de 2018, confirmó la sentencia de primer grado.

Precisó, que no suscitó discusión la existencia del contrato de trabajo, cuyos extremos fueron del 1 de enero al 12 de noviembre de 2014. Dijo, que lo que le correspondía, era establecer «los grados de severidad de la limitación del demandante» a la terminación del contrato, para definir si se 8

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Radicación n.° 85245 encontraba bajo la protección de estabilidad laboral reforzada. Se refirió a lo que ha entendido la jurisprudencia sobre la «protección», no para los que padezcan cualquier tipo de limitación, menos para quienes se hallen en incapacidad temporal por condiciones de salud, aclaró. Sin embargo, dijo no poderse perder de vista que, actualmente, el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 no se encuentra vigente, por la expedición del Decreto 1352 de 2013, por manera que no podría hablarse de limitaciones en los grados allí previstos, «por lo que en aquellos eventos en los que se encontraba vigente tal precepto, la Sala ha optado por aplicar el criterio de la jurisprudencia

constitucional», conforme al cual, la «protección especial» procede para quienes presentan alguna afectación en su estado de salud, siempre y cuando este les impida, de alguna manera, ejercer una actividad laboral en condiciones normales, es decir, «sobre todo aquellos que presenten un grado de discapacidad, aunque la misma no los coloque en situación de invalidez o con una pérdida de capacidad laboral (…) sino en un estado de debilidad manifiesta, dada la afectación física, sensorial o psíquica». Reseñó, que el actor sufrió un accidente de tránsito el 28 de diciembre de 2013, con trauma craneoencefálico grave y diagnóstico de «daño axonal difuso tipo 3 y deterioro cognitivo leve»; que el 23 de julio de 2014, en consulta de control, el neurólogo clínico indicó, que el paciente tenía buena evolución, salvo su manifestación de no tener en un 100 % coordinación ni capacidad relacionada. Anotó, que el 1 de septiembre de 2014, la doctora Melissa Ibarra, le recomendó terapia ocupacional «de 40 sesiones de 20 por mes, en 2 meses». 9

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Radicación n.° 85245 Mencionó, que el 6 de noviembre de 2014, el trabajador ingresó a la Fundación Cardioinfantil por motivos de cefalea y amnesia temporal, por lo que se le otorgó incapacidad médica de 4 días; que el 6 de febrero de 2015, el neurólogo clínico realizó informe de evaluación en el que le diagnosticó «síndrome prefrontal, preferentemente cortical disejecutivo», es decir, la

misma conclusión a la que llegó la doctora Melissa Ibarra en cita de control. Destacó, que con relación al accidente, la profesional dijo que el paciente no mostraba secuelas motoras; con resonancia cerebral normal, sin hallazgos ni alteraciones estructurales, pero halló síndrome prefrontal preferente cortical. Expuso, que en la declaración de parte, la representante legal de la demandada admitió tener conocimiento del accidente que sufrió el actor y que tuvo tratamiento, pero sin saber «de manera puntual, sus alcances»; que aquella relató, que el despido se produjo bajo el entendido de que no padecía ninguna situación incapacitante; que con la orden de tutela se le reintegró a un cargo similar, acorde con su situación física y para proteger su estado de salud y «que la mejor opción fue la de entrenador de futbol base, manteniendo todas sus condiciones laborales, a la que el trabajador se negó»; que el absolvente supo, según lo informó, de las recomendaciones médicas, que señalaban que para la recuperación debía ser reintegrado en el cargo de futbolista profesional. 10

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Radicación n.° 85245 Añadió, que el accionante admitió no haber aceptado el cargo de entrenador de fútbol base porque «eso era como cortarle las piernas»; que no podía desempeñar ese rol porque no tenía la capacitación para ello y «niega que para el momento del despido estuviera completamente bien», en razón a que se encontraba en tratamiento. Luego de aludir a los testimonios de María Sandra Duque y Nicolás García, fisioterapeuta y extrabajador

del club demandado, respectivamente, asentó que no siempre que se tiene una calificación de pérdida de capacidad laboral es posible determinar con exactitud la severidad de los quebrantos físicos o sicológicos que soporta una persona, «debe el trabajador adolecer de una afectación a la salud que le impida ejercer una actividad laboral en condiciones normales». Copió un pasaje de la sentencia CSJ SL11411-2017. Comentó, que el informe clínico de Cempa IPS Ltda., señala que el demandante sufrió un trauma craneal grave, el 28 de diciembre de 2013, el cual lo mantuvo hospitalizado hasta el 28 de febrero del año siguiente, suceso que, dijo, obligó a la demandada a prorrogarle el contrato de trabajo, según lo mencionó el deponente Nicolás García, lo que corroboró con el contrato de trabajo que obra entre folios 179 y 182. Se refirió nuevamente a las consultas médicas del 23 de julio, 1 de septiembre y 6 de noviembre de 2014, y a las notaciones encontradas en ellas por los médicos especialistas. Relievó, que tales padecimientos eran de conocimiento del demandado, pues así lo recoció su representante legal, los 11

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Radicación n.° 85245 que convertían al accionante en sujeto de especial protección, en la medida en que, contrario a lo indicado por el testigo Nicolás García, el hecho de que el actor requiriera terapias ocupacionales para recuperar la normalidad en su salud, (…) evidencia que no podía desempeñar su labor en condiciones normales, pues como atleta de alto rendimiento, además de una buena

salud, requería de un acondicionamiento, el que por demás nunca lograría como entrenador de futbol de base del equipo pues, como (…) lo indicó el demandante, tal determinación le cercenaba la posibilidad de jugar los años que le quedaban en la élite profesional. Apuntó, que lo anterior fue respaldado por un informe de evaluación realizado el 6 de febrero de 2015 por el neuropsicólogo Germán González Torres, quien le diagnosticó al actor síndrome prefrontal preferentemente cortical disejecutivo que se caracteriza por trastornos de carácter y de personalidad; del estado de ánimo; motivación, percepción, memoria, dificultades en la planificación y resolución de problemas. Le recomendó iniciar rehabilitación neuropsicológica, evaluación de seguimiento al año, y la posibilidad de seguir practicando fútbol sin ninguna dificultad, «lo que constituye parte de la terapia como medidas para favorecer y mejorar el desempeño y la incorporación a nivel laboral». Así, concluyó que para el momento en que se produjo el despido, el trabajador se encontraba en estado de debilidad manifiesta, que lo hace merecedor de estabilidad laboral reforzada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 85245 Interpuesto por la sociedad Azul y Blanco Millonarios FC SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en consecuencia, se le absuelva de las

pretensiones incoadas en su contra. Con tal propósito formuló dos cargos, replicados oportunamente, que serán integrados para su resolución, dada la similitud en la proposición jurídica, en la fundamentación y el propósito.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia violación directa, por interpretación errónea de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 1, 2 y 26 de la Ley 361 de 1997; 3 de la Ley 157 de 1987, y 61 del Decreto 1352 de 2013, «lo que conllevó a (sic) la INFRACCIÓN DIRECTA» de los artículos 7 del Decreto 2463 de 2001; 41 de la Ley 100 de 1993; 230 de la Constitución Política; 4 de la Ley 169 de 1893 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 2351 de 1965 en su artículo 8, luego por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990, y finalmente por el artículo 28 de la Ley 782 de 2002.

Reproduce fragmentos del fallo confutado, y advierte que no es materia de debate la existencia de un nexo laboral que finalizó el 12 de noviembre de 2014; que el 28 de 13

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Radicación n.° 85245 diciembre de 2013, el demandante sufrió un accidente de tránsito que le generó el otorgamiento de incapacidades y la asignación de terapias por los médicos tratantes; tampoco, que aquel no cuenta con una calificación de la pérdida de capacidad laboral, por una entidad de seguridad social,

menos en grado relevante. Afirma, que en el artículo 13 de la norma superior está contemplado el fundamento de la protección especial a favor de las personas en condición de discapacidad, pues consagra que todos nacen libres e iguales ante la ley; el Estado se obliga a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y a adoptar medidas en favor de los discriminados y marginados, así como a proteger, especialmente, a quienes por su condición económica, física o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta, con la imposición de sanciones de cara a los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Así mismo, refiere que el artículo 53 ibídem, consigna los principios rectores y tuitivos del derecho laboral; uno de ellos, es la estabilidad en el empleo, «que por el sistema consignado en la legislación del trabajo interna, es relativo o intermedio, consistente en que el empleador está legítimamente facultado para culminar el contrato de trabajo con o sin justa causa, inclusive alegando la consumación de modos objetivos de recisión», salvo que medien razones poderosas, suficientes y de orden jurídico o legal para mantener el vínculo, «aspecto que es excepcional a la estabilidad intermedia». 14

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Radicación n.° 85245 Menciona, que por vía de interpretación constitucional es aceptable mantener la garantía de estabilidad en el empleo a personas de especial protección, verbi gracia, madres o padres cabeza de familia, pre pensionados, o con dificultades en su salud, sin que ello signifique inmutabilidad en el cargo,

pues a más de que es posible invocar las causales de terminación del contrato, ninguna disposición contempla la posibilidad de permanecer de forma definitiva y vitalicia en un empleo, lo que, en suma, conlleva interpretar la estabilidad como una medida de protección excepcional y residual a la general, que no es otra que la estabilidad intermedia o moderada. Señala, que «las Altas Cortes del país» han acuñado tesis distintas sobre el alcance e interpretación del concepto de debilidad manifiesta, pues mientras la Corte Constitucional otorga la garantía a quienes padecen cualquier quebranto de salud, y esto les impide o dificulta el desarrollo de sus labores (CC SU-049-2017), esta Sala considera que debe acreditarse un grado de pérdida de capacidad laboral, pues la simple enfermedad no impone concluir ningún tipo de limitación, con vocación de ser protegida a la luz del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (CSJ SL471-2018). Asegura que, sin embargo, no es dable restarle importancia a lo aleccionado por esta Corte, toda vez que se trata de doctrina probable emitida por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria quien, en virtud de ello, define el entendimiento de las normas que regulan las relaciones de trabajo. 15

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Radicación n.° 85245 Memora el contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley 361 de 1997, y la responsabilidad que recae sobre el Estado de garantizar, a través del ordenamiento jurídico, la adopción de medidas de protección en las que no prevalezca

discriminación sobre los habitantes, por ninguna circunstancia. Recuerda, que el artículo 26 del mismo canon, consagró mecanismos para contrarrestar las desventajas que pueden tener las personas en condición de «capacidad diversa», para hacer posible su inclusión en el medio al que pertenecen, y promover su participación en el ámbito civil, político, económico y social. Explica, que estas medidas se involucraron en las relaciones de trabajo para anular las conductas patronales que desconocen la protección de que gozan los trabajadores que padecen deficiencias físicas, sensoriales y mentales. Señala, que a un trabajador en situación de debilidad manifiesta, por salud, se le debe proteger, particularmente, del despedido por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo. Esgrime, que la inteligencia de la norma es que se prohíbe el despido de los trabajadores titulares de un grado relevante de afectación en su salud, pero en especial, cuando se da por razón de su limitación pues, precisamente, lo que se busca es disuadir la disvinculación discriminatoria. Recuerda, que en fallo CSJ SL1360-2018, esta Sala abandonó la tesis planteada en el CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36115, en el que se ilustró que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, «no consagra una presunción legal o de derecho, que permita 16

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Radicación n.° 85245 deducir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil sospechoso», para en su lugar disponer

que «el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada». Afirma que la incapacidad médica o las terapias, no dan lugar a la protección especial, dada la imprescindible necesidad de acreditación de una limitación que por lo menos supere el 15% de la merma en la capacidad laboral, en los términos explicados por esta Corporación en sentencia CSJ SL2181-2019, la que transcribe. Precisa, que quien pretenda la referida protección, deberá probar su condición de discapacidad en vigencia de la relación de trabajo, y que el empleador la conocía, a fin de que recaiga sobre este el deber de desvirtuar la presunción de discriminación, demostrando que su decisión fue ajena al estado de salud del trabajador; en todo caso, dice, no hay lugar a reconocer la garantía foral cuando no se satisficieron los dos primeros presupuestos, tal y como ocurrió en el caso materia de debate. Critica al juez de alzada de interpretar de manera equivocada el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, que establece «la declaratoria expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería». Señala, que estas hipótesis implican la expulsión de normas que integran el ordenamiento jurídico y, en ese orden, la autoridad judicial deberá revisar que la derogatoria no 17

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implique incompatibilidad con la nueva regulación, o la materia reglada no refiera al contenido sustantivo de la legislación anterior, «ya que de analizar una aparente derogatoria expresa, sin cumplir estas reglas hermenéuticas que son esenciales en el método de resolución judicial, implica apartarse de su genuino postulado e infringir normas que cobran plena vigencia en el tiempo y en el espacio». Comenta, que es dable efectuar un análisis con miras a determinar si la nueva regulación, esto es, el Decreto 1352 de 2013, en relación con el Decreto 2463 de 2001: (…) consignó la normatividad que debía ser derogada es decir una expulsión de la normativa tácita por la entrada en operación de una nueva reglamentación también por comprender una norma derogatoria expresa al tenor literal que comprende una nueva materia y por excepción a un articulado que en modo alguno refiere que todo el contenido de la norma aparentemente derogado se circunscriba a la reglamentación organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. Manifiesta, que ese desatino interpretativo condujo al ad quem a inaplicar el artículo 7 del Decreto 2461 de 2003, que consagra, en armonía con los artículos 1, 2 y 26 de la Ley 361 de 1997, los grados de discapacidad definidos por las juntas de calificación de invalidez, y que son los únicos que activan la protección foral. Alude al artículo 230 constitucional, para recordar el deber que le asiste a esta Corte, de dar alcance a las normas

laborales, e indica que en virtud de lo expuesto, la terminación del nexo de trabajo, a la luz del artículo 64 del Estatuto Laboral, sin que el demandante satisficiera los presupuestos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, «implica 18

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Radicación n.° 85245 la infracción de la disposición enunciada y que consuma la prosperidad del reproche endilgado».

VII. LA RÉPLICA Arguye que la demanda contiene deficiencias técnicas que impiden su prosperidad; esto, por cuanto la censura refiere la interpretación errónea de normas que el juez plural no tuvo en cuenta para emitir su decisión, y la infracción directa de preceptos derogados, tales como el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001.

Menciona que la decisión adoptada por el juez de alzada se aviene a la jurisprudencia constitucional «al señalar que el demandante se encontraba en debilidad manifiesta, una vez analizadas las pruebas arrimadas al proceso y entre otras el conocimiento de la disminución física del demandante por parte de la demanda, por ello, no entiendo la mala interpretación de dicha norma que quiere señalar el casacionista».

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial: (…) por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, en relación con los artículos 13 de la Constitución Política de 1991 , 1º, 2º y 26 de la Ley 361, 7 del Decreto 2463 2001, 41 de la ley 100 de 1993, 64 del

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 2351 de 1965 en su artículo 8, luego por la Ley 50 de 1990 en su artículo 6 y finalmente por la Ley 782 de 2002 en su artículo 28 y los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. A título de errores de hecho, señala:

1. Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que el demandante Leonard Vázquez Zamora se encontraba para el momento de la terminación del contrato de trabajo, esto es, el 12 de noviembre de 2014,

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Radicación n.° 85245 por parte de Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. en condición de discapacidad o capacidad diversa que lo hiciera merecedor de la estabilidad laboral reforzada o fuero de salud.

2. No dar por demostrado, en contra de los autos que el demandante Leonard Vásquez Zamora no presentaba para el 12 de noviembre de 2014 la condición de discapacidad o capacidad diversa que lo hiciera merecedor de la garantía de estabilidad laboral reforzada o fuera de salud.

3. No dar por demostrado, estándolo que el demandante no tenía la condición de persona limitada, en los términos de la ley 361 de 1997.

4. No dar por demostrado, estándolo que al demandante no le fue asignado un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral para las autoridades del sistema de Seguridad Social para hacerse acreedor de la garantía establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997.

5. Dar por demostrado sin estarlo, que la terminación d