CSJ - SL1842-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1842-2023 Radicación n.° 86816 Acta 27 Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JORGE ALFONSO POVEDA FORERO contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2019 por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso que le sigue a la INDUSTRIA

NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. y a CLAUDIA

LUCERO ARANGO OSORIO.

I. ANTECEDENTES Jorge Alfonso Poveda Forero demandó a la Industria Nacional de Gaseosas S.A. (en adelante, Indega S.A.) y, solidariamente, a Claudia Lucero Arango Osorio, con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato de

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Radicación n.° 86816 trabajo con la primera desde el 20 de septiembre de 1983 hasta el 5 de marzo de 2016, el cual terminó sin justa causa. En consecuencia, solicitó que se las condenara al pago de cesantías y sus intereses, primas de servicios y la «compensación de las vacaciones»; al reconocimiento de las indemnizaciones moratorias por falta de pago de prestaciones sociales y por no cancelar las cesantías en la forma legal; al reajuste de la indemnización por despido injusto y a la indexación. En sustento de sus pretensiones, manifestó que el 20 de septiembre de 1983 fue vinculado laboralmente a Inversiones Medellín S.A. (hoy Indega S.A.), en el cargo de

«Vendedor I Rutas Foráneas», encargado de distribuir y comercializar productos del empleador en la zona del centro de la ciudad de Armenia. Declaró que en 1989 la empresa le propuso comprar un camión para transportar la mercancía en la modalidad de flete, previa renuncia de su contrato de trabajo, lo que hizo efectivo el 25 de abril de ese año y continuó realizando la misma actividad con posterioridad a esa fecha, sin interrupción, pero con cambio en el nombre de la prestación del servicio y en la forma de pago. Aclaró que recibía una contraprestación determinada por la compañía, equiparada a su salario anterior, liquidada a través de unas planillas donde le descontaba el valor del vehículo.

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Radicación n.° 86816 Relató que, en el año 2000, la empresa determinó nuevamente el cambio de actividad y dio la connotación de concesionario, de manera que debía acogerse a los nuevos planteamientos y acatarlos. Fue ubicado en los municipios de Calarcá y Caicedonia, debiendo desplazarse a Tebaida, Salento y Sevilla, a través de diversos contratos; en tanto que en 2004, el supervisor de ventas de la empresa le indicó que tenía que establecerse en una bodega en Armenia para distribuir los productos en esa ciudad, exigiéndole inscribirse en la Cámara de Comercio. El 7 de abril de 2007 firmó un contrato de arrendamiento de vehículo automotor con la empresa y a finales de ese mismo año, varió nuevamente la modalidad contractual mediante uno de concesión para la reventa de los productos. Sostuvo que además debía contar con contratos de

arrendamiento del local donde funcionaba la bodega, los cuales se trasladaban a la sociedad mediante uno de cesión; que debía vincular trabajadores, pero era la empresa la que determinaba quién ingresaba o era desvinculado; que la compañía reconocía los pagos laborales, de manera que la liquidación definía lo que le correspondía a él y a sus colaboradores; se le obligaba a afiliarse a BPO Consulting Ltda. (en adelante, BPO Ltda.), entidad que manejaba los dineros de las prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social, y lo asesoraba respecto al manejo de empleados y liquidaciones ante la DIAN.

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Radicación n.° 86816 Afirmó que, además de la distribución y venta de productos, cumplía otras funciones como arreglos de neveras entregadas en establecimientos de comercio, censo de aquellas y exhibición y publicidad de productos. Informó que él y su personal siempre debían estar uniformados; que la labor encomendada fue ejecutada de forma personal; que estuvo sometido a las directrices que impartía la demandada principal a través de los «[…] Gerentes que tuvo […] los supervisores de venta y Talento Humano» y que debía hacerlo dentro del horario de lunes a sábado, incluyendo los festivos, de 6 am a 6 pm. Agregó que el 20 de mayo de 2013 cambió una vez más la modalidad contractual, al ser vinculado mediante contrato de trabajo por intermedio de Claudia Arango Osorio, pero sin que variaran sus actividades o condiciones del servicio. Señaló que esta fue terminada unilateralmente el 5 de marzo de 2016; que no le pagaron la indemnización por despido sin

justa causa en forma legal; que su liquidación se efectuó sólo desde el año 2013 en adelante y que se negó a recibirla, por lo cual fue consignada a disposición judicial. Alegó que su verdadero empleador fue Indega S.A.; que se ocultó esa relación laboral bajo diferentes figuras contractuales; que entre la suscripción de cada contrato pasaban algunos días, pese a lo cual prestó servicios sin solución de continuidad; que las obligaciones, metas y parámetros de sus actividades para la señora Arango Osorio los imponía la empresa, quien además dispuso la terminación de su vínculo y que las órdenes de la sociedad

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Radicación n.° 86816 las recibió particularmente en correos electrónicos de parte de los jefes de bodega. Al dar respuesta a la demanda, Claudia Lucero Arango Osorio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no le constaban aquellos referidos a los supuestos vínculos con Indega S.A. ni en particular, las actividades ejecutadas por el demandante. Aceptó que celebró un contrato de trabajo con aquel, verbal e indefinido, desde el 20 de mayo de 2013; que lo finalizó en la fecha señalada en la demanda, sin justa causa y con el pago de la indemnización correspondiente; y que, dada la negativa del trabajador a recibir su liquidación, la cual fue calculada por todo el tiempo laborado, constituyó el depósito judicial respectivo. Afirmó que ella impartía las órdenes al demandante, reconocía su salario, se beneficiaba del servicio y pagó todo lo que en derecho le correspondía, por lo que negó la

supuesta intermediación laboral con Indega S.A., las aludidas órdenes de parte funcionarios de la empresa y la existencia de deudas por acreencias laborales. Detalló que en la liquidación final se realizó un descuento al trabajador por un préstamo que había autorizado y que su remuneración comprendía un salario fijo y una parte variable según las metas que ella le proporcionaba.

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Radicación n.° 86816 Presentó las excepciones de ineptitud de la demanda, inexistencia de las obligaciones demandadas y solidaridad, cobro de lo no debido, buena fe y compensación. Indega S.A., dio respuesta a la demanda oponiéndose a todas las pretensiones y, si bien aceptó la existencia del vínculo laboral entre el 20 de septiembre de 1983 y el 26 de abril de 1989, precisó que una de las varias funciones del trabajador consistió en la venta y distribución de productos y enfatizó que el contrato finalizó por la renuncia libre y voluntaria del trabajador, por lo que negó que se hubiera presentado engaño o coacción. Sostuvo que así cesó cualquier actividad laboral del demandante y suscribieron tres contratos de distribución el 30 de abril de 1989, el 10 de agosto de 1995 y el 2 de enero de 1998, que tenían por objeto otorgar «[…] una licencia no exclusiva para adquirir y distribuir los productos fabricados o distribuidos por LA COMPAÑÍA»; en tanto que el 28 de agosto de 2002 cambiaron a uno de concesión, bajo el cual se autorizó al demandante a comprar y a revender la mercancía,

el cual finalizó por mutuo acuerdo, mediando transacción, celebrada el 18 de mayo de 2013. Alegó que aquel desarrolló sus actividades comerciales de forma independiente, con su personal, sus medios, bajo su riesgo y en uso de su vehículo, asumiendo las obligaciones de sus trabajadores y las propias del negocio.

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Radicación n.° 86816 Apuntó que el hecho de comprar y revender productos no otorgaba la calidad de trabajador, pues los contratos de distribución eran claros en cuanto a la forma en la que se debía desarrollar la relación comercial y determinaban la cooperación que las partes tendrían frente a la publicidad y mercadeo de la mercancía, aclarando que su objeto social principal es la producción no la distribución del producto. Así, no dio órdenes o instrucciones al demandante ni cancelaba salarios ni a él ni a sus trabajadores. Aclaró que él no le prestaba un servicio a la empresa, pues lo que hacía era comprar para revender bajo su propio riesgo, de manera que no establecieron un salario o contraprestación, sino que lo recibido correspondía a la diferencia entre el precio al que compraba los productos y al que los vendía en el mercado. Añadió que la definición, gestión y administración del personal eran cuestiones de la exclusiva competencia del demandante en las que no intervino la empresa, tampoco impuso directriz alguna en relación con BPO Ltda., con la cual no sostuvo vínculo comercial; y si bien el contrato disponía el uso de uniforme, no entregó dotación ni a él ni a sus trabajadores. Así, en su rol de contratante, estaba facultada para vigilar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el

contrato, lo que no es un indicio de subordinación.

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Radicación n.° 86816 Manifestó que desconocía todos los hechos relativos a la relación laboral con la señora Arango Osorio y negó que hubiera emitido órdenes por medio de correos electrónicos, rechazando la validez de los enunciados en la demanda. Propuso las excepciones de prescripción, cosa juzgada, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, ausencia de derecho y de fundamento legal para reclamar reconocimiento de la existencia del contrato de trabajo, buena fe, suscripción de un contrato comercial y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia, mediante sentencia del 2 de mayo de 2017, absolvió a las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el grado jurisdiccional de consulta surtido en favor del demandante, la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, a través de fallo del 13 de agosto de 2019, confirmó la sentencia del juzgado.

El Tribunal se ocupó de establecer si entre Indega S.A. y el señor Poveda Forero existió una relación laboral desde el 20 de septiembre de 1983 hasta el 5 de marzo de 2016, en la

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Radicación n.° 86816 cual Claudia Lucero Arango Osorio participó como intermediaria. Para ello, se basó en los artículos 22 y 24 del Código

Sustantivo del Trabajo y las sentencias CSJ SL, 1 julio 2009, radicación 30437, CSJ SL, 1 noviembre 2011, radicación 40270, CSJ SL, 17 abril 2013, radicación 39259, CSJ SL, 13 abril 2005, radicación 23721, CSJ SL, 14 marzo 2002, radicación 17209 y CSJ SL, 6 septiembre 2001, radicación 16082, lo que le permitió afirmar que la existencia de un contrato, independientemente de si es civil o comercial, en ningún caso implica la veda total de instrucciones o el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista. Estimó que dicha verificación no llevaba de manera automática a definir la existencia del contrato de trabajo, y que las instrucciones específicas había que valorarlas dentro del entorno de la relación y no de manera descontextualizada, ya que las órdenes particulares eran las que llevaban a concluir si correspondían a un tipo de contrato u otro. Explicó que, […] si bien es cierto el 20 de septiembre de 1983, Inversiones Medellín S.A.- hoy Industria Nacional de Gaseosas S.A.-, en calidad de empleador, y Jorge Alfonso Poveda Forero, en condición de trabajador, celebraron un contrato de trabajo a término indefinido para que el último se desempeñara en el cargo de «vendedor comercial», también lo era que el 26 de abril de 1989 el último presentó renuncia, y en la entrevista de retiro señaló que de manera voluntaria terminaba su compromiso de continuar con la explotación del negocio de compra venta de

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Radicación n.° 86816 productos Coca Cola, para su posterior distribución al consumidor en la ciudad de Armenia (folios 191, 192 y 194 del tomo dos, del cuaderno principal). […] el 26 de abril de 1989 la compañía demandada procedió a liquidar el aludido contrato de trabajo (folio 193 del mencionado tomo), de allí que el demandante en el espíritu genitor no solicitara rubro alguno por el lapso enunciado. De otro lado, la Sala advierte que, luego de esa fecha entre las citadas partes, se suscribió un contrato de distribución y venta de productos Coca-Cola por un plazo de 5 años prorrogables, en el que el señor Poveda Forero se comprometió a vender bebidas gaseosas en la zona que determinara la entidad, y con los precios previamente convenidos. Además, pactaron que el distribuidor tendría completa autonomía técnica y administrativa para asumir los riesgos de la operación comercial, así como para contratar y utilizar el personal necesario, razón por la cual le correspondía al distribuidor asumir los pagos de las prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores que contratara (documento folio 197 a 200 del tomo 1 del cuaderno principal y folio 201 del tomo 2 del cuaderno principal). Asimismo, se tiene que el 10 de agosto de 1995 las mismas partes celebraron otro contrato de licencia de distribución por un plazo de 5 años, en el que estipularon que la compañía le había permitido al distribuidor, señor Poveda, el uso de automotores y muebles u otros activos para la comercialización de las bebidas

gaseosas; igualmente establecieron la manera como se realizarían los gastos de publicidad, promoción y exhibición de marcas en cuya ejecución este último gozaba de plena autonomía (documentos 202 a 207 del tomo 2 del cuaderno principal), convenio que se renovó el 19 de enero de 1998 (folios 208 a 211 del tomo dos del cuaderno principal). Igualmente se aprecia que el 26 de agosto de 2002, los mencionados contratantes celebraron un contrato de concesión para la reventa, en el que la compañía se comprometió a entregar al concesionario, hoy demandante, los productos para su distribución y comercialización, y pactaron que entre ellos no existiría vínculo o dependencia laboral alguna, relación que se terminó de manera anticipada mediante contrato de transacción que suscribieron el 18 de mayo de 2013 (documento folios 212 a 216 tomo dos del cuaderno principal). Sostuvo que Indega S.A., celebró un contrato de suministro con Claudia Lucero Arango Osorio, en el que se comprometió a distribuir los productos de la compañía bajo la modalidad de consignación o venta de contado con sus

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Radicación n.° 86816 propios medios, y con plena libertad y autonomía técnica para su ejecución. Aseguró que el señor Poveda Forero laboró al servicio de aquella en el período comprendido entre el 20 de mayo de 2013 y el 5 de marzo de 2016, desempeñando el cargo de vendedor en el desarrollo de la actividad comercial de distribución de bebidas gaseosas, contrato que fue liquidado por la empleadora, quien realizó la consignación de

prestaciones sociales e indemnización por despido injusto ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, lapso sobre el cual el demandante tampoco pretendió el pago de conceptos laborales. A partir de los testimonios de Diego Fernando Sánchez Martínez, Gabriel Jaime Yepes, Jorge Alberto Hurtado, Javier César Ariza y Valdivia Osorio Marín, encontró probado que el demandante distribuía productos de la demandada, lo que, en principio, permitía presumir la existencia de un contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, advirtió que esta inferencia jurídica fue desvirtuada por la sociedad, puesto que los dos primeros testigos dijeron que el demandante era un contratista en desarrollo de un contrato de distribución o concesión mercantil, cuya situación estaba corroborada con los que suscribió con la sociedad comercial desde el 26 de abril de 1989 hasta el 19 de mayo de 2013.

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Radicación n.° 86816 Además, estableció que en la ejecución de tales operaciones comerciales, este en calidad de distribuidor, gozaba de la prerrogativa de contratar por su cuenta el personal necesario para ejecutar las tareas encomendadas, y para ello impartía instrucciones, sin que en razón de estas actividades Indega S.A. tuviera un control efectivo, pues si bien efectuaba funciones de supervisión, obedecía a la inspección y vigilancia que debía realizar para comprobar el cumplimiento de los contratos mercantiles, toda vez que el señor Poveda Forero comercializaba sus productos, y tenía la protección de la marca, razón por la cual tampoco estaba

sometido a un horario preestablecido, ya que gozaba de autonomía como agente vendedor. Dijo que los correos electrónicos cruzados entre las partes no llevaban a establecer un alcance probatorio distinto al mencionado, pues la certeza de las circunstancias en que se desarrollaron aquellas relaciones se obtenía del análisis de los otros medios probatorios analizados. Puntualizó que de los documentos también se desprendía que la relación jurídica que existió entre el demandante y la sociedad era propia de una intermediación comercial especial, pues los negocios jurídicos tenían por objeto la promoción y explotación de productos destinados a los consumidores en general y, por ende, el primero había asumido el rol de comerciante con un manejo independiente y autónomo propio de la agencia mercantil, cuya figura está regulada en los artículos 1317 a 1331 del Código de Comercio.

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Radicación n.° 86816 Dedujo que, si bien en estas contrataciones existió un encargo específico, lo cierto es que en la distribución de bebidas gaseosas nunca hubo una subordinación laboral. Encontró que, con posterioridad a esas relaciones comerciales, el demandante celebró un contrato de trabajo con Claudia Lucero Arango Osorio, conforme al cual recibió los pagos salariales y prestacionales con las indemnizaciones correspondientes, sobre lo que no se formuló una puntual protesta. Con base en lo expuesto, concluyó que se probó que la empresa desvirtuó la existencia de la relación de trabajo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Jorge Alfonso Poveda Forero, concedido

por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y en su lugar condene a las pretensiones de la demanda inicial.

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Radicación n.° 86816 Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que no son objeto de réplica y se estudian conjuntamente pues se fundamentan en argumentos similares y persiguen el mismo propósito.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa la sentencia de violar la ley sustancia por la infracción directa, […] de los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política de Colombia, en relación con los artículos 13, 22, 35, 38, 44, 46, 47, 57, 64, 65, 139, 186, 189, 193, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, 1, 2, 3, 10, 11, 17, 152, 153, 202, 203 de la Ley 100 de 1993, Decreto Reglamentario 1295 de 1994, Decreto 2644 de 1994, Decreto 917 de 1999, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 25 y 48 de la Constitución

Política de Colombia

Sostiene que, pese a la existencia de la presunción de contrato realidad consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y la demostración del servicio prestado, el Tribunal afirmó erróneamente que esta se desvirtuó, haciendo nugatorios sus efectos. Indica que el artículo 53 de la Carta Política consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, que a su vez da fundamento al contenido de la norma mencionada, por lo que el fallador debía declarar su existencia. Puntualiza que al concluir la intermediación comercial desprovista de subordinación, dejó de lado aspectos fácticos

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Radicación n.° 86816 relevantes, entre ellos, que debía seguir parámetros impuestos por Indega S.A.; rendía informes; debía pagar los productos el mismo día de la entrega, estar pendiente de bienes de la sociedad, visitar clientes, asistir a reuniones y portar el distintivo alusivo a la empresa o a la marca que distribuía; y realizaban control de su actividad semanal y mensual, imponiéndole metas e incentivos, que no son propias de un contrato mercantil. Expone que, pese a que se advirtió que de las actividades realizadas se presumía la existencia de un contrato de trabajo, hubo un desvío buscando pruebas que indicaran que los contratos de agencia comercial no se habían desdibujado, en vez de indagar si los mismos desvirtuaban la presunción, invirtiendo así el alcance del

artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria por la «aplicación indebida indirecta», […] de los artículos 13, 22, 35, 38, 44, 46, 47, 57, 64, 65, 139, 186, 189, 193, 249 y 306 del CST, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 1, 2, 3, 10, 11, 17, 152, 153, 202, 203 de la Ley 100 de 1993; Decreto 1295 de 1994; decretos 2644 de 1994 y 917 de 1999; preceptos 60 y 61 del CPTSS; 25 y 48 de la CP, en relación con el 10, 13, 20, 832, 833, 864, 1317 a 1331 del Código de Comercio; 1494, 1502, 1503, 1505 y 1602 del CC.

Sostiene que el Tribunal cometió como errores de hecho:

1. Dar por probado, sin estarlo, que la prestación de servicio

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Radicación n.° 86816 efectuada personalmente por JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, en favor de la sociedad demandada, entre el 20 de septiembre de 1983 de abril de 1989 (sic) y el 5 de marzo de 2016, no hubo un único contrato de trabajo.

2. Dar por probado, sin estarlo, que la señora CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO, no participó como intermediaria, en la prestación del servicio efectuada personalmente por

JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, en favor de la sociedad demandada, entre el 20 de mayo de 2013 y el 05 de marzo de 2016.

3. Dar por probado, sin estarlo, que la prestación de servicio efectuada personalmente por JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, en favor de la sociedad demandada, entre el 26 de abril de 1989 y el 18 de mayo de 2013, estuvo ligada por contratos de carácter comercial, en los que la prestación del servicio no estuvo regida por las normas de trabajo, dado que el actor por su gestión comercial, no le era exigido una jornada laboral y que en la ejecución de las tareas encomendadas gozo (sic) de autonomía e independencia propia en la distribución y venta de bebidas gaseosas y productos que comercializa la sociedad INDUSTRIA

NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

4. Dar por probado, sin estarlo, que en la prestación de servicio efectuada personalmente por JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, en favor de la sociedad demandada, entre el 26 de abril de 1989 y el 18 de mayo de 2013, nunca hubo subordinación.

5. No dar por probado, estándolo, que el vínculo jurídico que existió entre JORGE ALFONSO POVEDA FORERO y la sociedad demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., entre el 26 de abril de 1989 y el 18 de mayo de 2013, corresponde a un verdadero contrato de trabajo.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó sus servicios personales bajo continua subordinación de los Gerentes, Jefes de Bodega y Jefes de Venta de la sociedad

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

7. No dar por demostrado, estándolo que al actor, la sociedad demandada en los contratos comerciales limitaba su independencia y autonomía, toda vez que le imponía precios de productos, niveles de venta, clientes, venta de productos exclusivos, además le suministraba elementos, inventariaba equipos, pagaba publicidad, promotoras y regalos a clientes, así mismo el actor debía rendir informes periódicos sobre compradores de productos indicando dirección, cantidad entregada, ventas efectuadas, áreas de operación, fuerzas de venta empleada por los compradores y por el actor.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estaba en la obligación de participar en talleres, seminarios y reuniones que programara la sociedad demandada.

9. No dar por demostrado, estándolo, que las actividades o funciones del actor como vendedor son permanentes en la

sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

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10. No dar por demostrado, estándolo, que las funciones de distribución y venta de bebidas gaseosas desarrollan el objeto

de la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

11. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante ejecutó actividades permanentes en la sociedad INDUSTRIA

NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

12. No dar por demostrado, estándolo, que la señora CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO y la empresa denominada BPO, tenían sus instalaciones en el mismo lugar donde se encuentra la sede en la ciudad de Armenia Quindío de la

demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., esto es Km 1 vía a Jardines.

13. No dar por probado, estándolo, que la señora CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO, participó como intermediaria, en la prestación del servicio efectuada personalmente por JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, a favor de la sociedad demandada, entre el 20 de mayo de 2013 y el 05 de marzo de

2016. Como pruebas no apreciadas por el Tribunal, relaciona: […] el Certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad demandada Fls 21 a 27 y 184 a 190, Certificado de Matricula (sic) mercantil de la señora CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO, fls 28 y 158 a 159, Otrosí a contrato de Concesión para la reventa fl 43, contrato de arrendamiento de local comercial del 23 de noviembre de 2010 fl 50, contrato de cesión de la posición dominante del contrato de arrendamiento del 23 de noviembre de 2010 fl 48, contrato de prestación de servicios BPO con el señor JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, Fls 53 a 63, entrega de inventario de equipos de refrigeración a cargo del señor JORGE ALFONSO POVEDA FORERO del 06 de octubre de 2010 Fl 69, P&G junio de 2011 fl 70, seguimiento al plan de trabajo del señor JORGE ALFONSO POVEDA FORERO Fls 74 a 75, certificado laboral del señor JORGE ALFONSO POVEDA FORERO del 05 de marzo de 2016 por parte de la señora

CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO Fl 79, contrato de suministro de la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. y la señora CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO fls 107 a 114 y 217 a 224, Entrevista de Retiro del señor JORGE ALFONSO POVEDA FORERO del 17 de mayo de 1989, contrato de distribución entre JORGE ALFONSO POVEDA FORERO e INVERSIONES MEDELLÍN, fls 197 a 201, Contrato de Licencia de Distribución del 10 de agosto de 1995 fls 202 a 207, contrato de licencia de distribución del 02 de enero de 1998 Fls 208 a 211, contrato de concesión para la reventa del 26 de agosto de 2002 fls 212 a 215, Correos electrónicos enviados al señor JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, Fls 311 a 364, Contestación de Claudia Lucero Arango Osorio a Reforma de la demanda con logo de la empresa BPO fls 366 367, interrogatorio de parte del actor

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Radicación n.° 86816 JORGE ALFONSO POVEDA FORERO, interrogatorio de parte del representante legal de INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.; así como de la apreciación errónea de los contratos de licencia de distribución suscritos entre la demandada y el señor

JORGE ALFONSO POVEDA FORERO.

Al fundamentar el cargo, arguye que los contratos de concesión y de licencia de distribución no fueron de naturaleza comercial y recalca que antes de celebrarlos,

prestó servicios de manera subordinada a Indega S.A. mediante uno de trabajo. Expone que del interrogatorio de parte practicado al representante legal de la empresa se desprende confesión en que desarrolló labores propias de personal subordinado; que la misma actividad descrita como objeto de aquellos fue llevada a cabo mediante uno de trabajo hasta el 26 de abril de 1989, «[…] pero se cambió la modalidad de vinculación para ejercen (sic) las mismas actividades» y sus funciones eran las de distribución y venta de los productos de la empresa en un sector geográfico definido por ella. Derivado de ella, dice, […] que al actor el jefe de ventas debía verificar que este efectivamente vendiera los productos de la compañía, y que entre más vendiera mayores beneficios se le generan a la sociedad, además que para realizar esta actividad se le brindaba un apoyo logístico, desde luego para generar mayores ventas, indicaciones que se daban a través de diversos medios, entre ellos el correo electrónico, así mismo se infiere que el actor debía portar uniformes con marcas y colores relativos a la sociedad demandada, debía arrendar locales para el funcionamiento de la bodega de los productos de la sociedad demandada, contratos que debía ceder a favor de la misma y que además tenía que rendir informes cada que los jefes de venta lo requirieran, que no podía vender productos de otra marca porque su actividad no era una tienda cualquiera, con lo que se desdibuja la independencia

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Radicación n.° 86816 y autonomía que replicó por el Tribunal y que concurrían en el actor para ejercer sus actividades. De la misma manera el representante legal en el interrogatorio de

parte aduce que el actor estuvo vinculado con la GBF de la Industria Nacional de Gaseosas de la ciudad de Armenia, para ejercer actividades de vendedor de productos de la misma sociedad, actividad que también despliega como como subordinado a través de un tercero que posee vínculos con la demandada. Puntualiza que con el certificado de existencia y representación legal de Indega S.A. demuestra que realizaba labores propias de su objeto social; que la distribución y venta de gaseosas está íntimamente ligada con el de los contratos comerciales celebrados y sus funciones e