CSJ - SL1845-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1845-2023 Radicación n.° 93722 Acta 27 Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES LTDA. hoy S. A. S. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de julio de 2019, en el proceso ordinario laboral que RAMÓN ARTURO RODRÍGUEZ TARAZONA adelanta contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES - COOPSIN y la recurrente.

I. ANTECEDENTES Ramón Arturo Rodríguez Tarazona llamó a juicio a la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios IntegralesCoopsin y a Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. hoy

S. A. S., para que se declare que la existencia de un contrato

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Radicación n.° 93722 de trabajo con la última de las sociedades mencionadas, del 2 de marzo de 2013 al 12 de noviembre de 2015 y, que la primera es solidariamente responsable con la segunda; en consecuencia, se condene a ambas, a pagarle cesantías, los intereses a las mismas, la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las indemnizaciones moratoria y por despido, las primas de servicios, las vacaciones y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, relató que la

cooperativa de trabajo asociado (CTA) Coospin lo envió a Procardio S. A. S. para prestar servicios como médico ortopedista en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca entidad manejada por la segunda. Sostuvo que la CTA dentro de sus actividades no desarrollaba ninguna relacionada con la medicina y, únicamente se dedicaba a «la administración de personal»; que, entre tanto, durante la vigencia de la relación laboral, se encontraba sometido a las órdenes, instrucciones y horarios que la sociedad Procardio S. A. S. le imponía. La Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Integrales – Coopsin contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. En relación con los hechos, aceptó los relativos a que no realizaba actividades relacionadas con la salud, el lugar de prestación de los servicios, que Procardio S. A. S. tenía la calidad de operadora del hospital en el que el actor laboró y la especialidad del mismo; de los demás, manifestó que no eran ciertos unos y que no le constaban otros.

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Radicación n.° 93722 En su defensa, expresó que conforme a los artículos 59 y 70 de la Ley 79 de 1988, las actividades que el demandante ejecutó lo fueron por virtud de un convenio de trabajo asociativo y, conforme al mismo, se le pagaron las compensaciones respectivas. Formuló las excepciones de error al pretender estructurar un contrato laboral, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones y falta de causa. Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. Hoy S. A.

S. también respondió el escrito introductorio y se opuso al éxito de las súplicas. En lo relativo a los hechos, únicamente aceptó que brindaba servicios de ortopedia; de los restantes, manifestó que no eran verdad unos y, poco precisos o sin la connotación de supuestos fácticos otros.

En su defensa, se limitó a sostener que no tuvo vínculo jurídico con Rodríguez Tarazona ya que nunca suscribieron algún tipo de contrato. Finalmente, propuso las excepciones de indebida integración del contradictorio, inexistencia de los elementos esenciales para la relación laboral y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, quien conoció del asunto en primera instancia, mediante

fallo del 22 de marzo de 2019, resolvió:

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Radicación n.° 93722

PRIMERO: Declárese que entre la demandada PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES LTDA. y el demandante

RAMON ARTURO RODRIGUEZ TARAZONA, identificado con cédula de ciudadanía No.7.180.783, existió un contrato de trabajo a término indefinido, sin solución de continuidad, el cual se extendió desde el 2 de marzo de 2013 hasta el 12 de noviembre de 2015, terminado sin justa causa, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: Declárese que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES COOPSIN ejerció actividades de intermediación laboral con PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES LTDA., para vincular como

trabajador al demandante RAMON ARTURO RODRIGUEZ TARAZONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.180.783.

TERCERO: Condénese a PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES LTDA. a pagarle al señor RAMON ARTURO RODRIGUEZ TARAZONA las siguientes cantidades de dinero y conceptos: a. $9.700.000 por concepto de auxilio de cesantías. b. $1.102.413 por intereses a las cesantías c. $9.700.000 prima de servicios causados entre el 2 de marzo de 2013 al 12 de noviembre de 2015 d. $4.850.000 por compensación en dinero de las vacaciones e. $86.400.000 por concepto de indemnización moratoria del Art.65 del C. S. T., por veinticuatro (24) meses A partir del mes veinticinco debe pagar los intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la superintendencia Financiera hasta que el pago de las prestaciones se verifique (cesantías y prima de servicios). f. $7.665.000 que corresponde a 63.80 días de salario, por indemnización del Art.64 C.S.T. g. $75.360.000 por concepto de sanción por no consignación de cesantías a un fondo, articulo 99 de la Ley 50 de 1990. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la motiva.

CUARTO: Condénese a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES COOPSIN a responder solidariamente con el pago de las condenas impuestas en el numeral segundo de esta providencia.

QUINTO: Absuélvanse a las demandadas PROCARDIO

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES COOPSIN de las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Declárese no probada las excepciones propuestas por las demandadas, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: Condénese en COSTAS a la parte demandada.

Liquídense por secretaría e inclúyanse como agencias en derecho

la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS

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Radicación n.° 93722 M/CTE ($13.500.000), que deberá pagar solidariamente las demandadas al demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación que ambas demandadas formularon, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 16 de julio de 2019 confirmó la del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal memoró la presunción «de contrato de trabajo» de que trata el artículo 24 del CST, al igual que las prohibiciones para las cooperativas de trabajo asociado de realizar actividades de intermediación laboral y emplear a sus asociados para suministrar mano de obra en favor de terceros a la luz del artículo 7 del Decreto 273 de 2008. En tal contexto, se refirió a los medios de convicción que figuraban en el expediente, así: i) el certificado emitido el 20 de noviembre de 2015 por Coopsin, según el cual el convocante estuvo vinculado mediante convenio asociativo a partir del 2 de marzo de 2013 hasta el 12 de noviembre de

2015; ii) comunicado interno con logo del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y anotación de Procardio S. A. S. del 26 de agosto de 2014, dirigido a coordinadores asistenciales en el que se imparten directrices sobre la entrega de información; iii) planillas de disponibilidad de turnos donde aparece relacionado el actor; iv) comunicación del 2 de febrero de 2015, que presenta logo

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Radicación n.° 93722 de las dos demandadas en la que se corre traslado al demandante en calidad de coordinador de ortopedia. También mencionó el interrogatorio de parte del representante de Coopsin quien manifestó que el actor se vinculó a la cooperativa mediante contrato de asociación como ortopedista. En tal sentido, refirió que el accionante acreditó la prestación del servicio personal en favor de Procardio S. A. S., de manera que en su favor operó la presunción según la cual dicha relación se ejecutó mediante un contrato de trabajo, aspecto que dicha sociedad no desvirtuó a través del contrato de asociación y la certificación de participación del actor en un curso de economía solidaria. Enseguida anotó que entre las convocadas se suscribió un contrato de servicios (f.° 90 al 105), cuyo objeto era que Coopsin prestara en favor de Procardio S. A. S. en forma autogestionaria la ejecución de procesos y subprocesos relacionados con la actividad de salud. Se refirió al artículo 8 de Decreto 4588 de 2006, según el cual la CTA debía ostentar la calidad de propietaria,

tenedora o poseedora de los medios de producción y labor, como instalaciones, equipos y tecnología; además, que, en caso de que la compañía requiriera de los medios de propiedad de los asociados, podría convenirse su empleo con la respectiva remuneración adicional; que, sin embargo, el representante legal de Procardio S. A. S. confesó que la

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Radicación n.° 93722 empresa era la dueña de los elementos con los cuales el demandante prestó los servicios; que por su parte el representante legal de Coopsin reconoció que todo el proceso de ortopedia del hospital estaba a cargo de la CTA y que, los insumos y elementos de cirugía con los que el actor laboró, eran de Procardio S. A. S. En tal dirección, concluyó que el accionante trabajó por mandato de la intermediaria CTA en favor de Procardio S. A. S., quien le «suministró los medios necesarios»; de modo que, por virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se presentó una relación subordinada bajo los lineamientos de un contrato de trabajo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Procardio Servicios Médicos Integrales S. A. S. antes Ltda., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

Es de aclarar que, si bien la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Integrales – Coopsin también formuló el recurso extraordinario, mediante auto de 18 de abril de 2023, esta Sala lo declaró desierto por falta de sustentación.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Sala case la sentencia del

ad quem, para que, en sede de instancia, revoque del a quo

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Radicación n.° 93722 y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones formuladas en la demanda inicial. Con tal propósito plantea tres cargos por la causal primera de casación, los que son replicados por el accionante. La Sala abordará el segundo y tercero de manera conjunta, pues se dirigen por la misma vía, se acusa idéntico elenco normativo y tienen una estructura argumentativa complementaria.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos, 22, 23, 24, 64, 65, 186, 189, 249 y 306 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990, 1 de la Ley 52 de 1975, 7 de la Ley 1233 de 2008, 8 del Decreto 4588 de 2006, 1577 y 1579 del CC.

Manifiesta que dicha vulneración ocurrió por los siguientes errores manifiestos de hecho en que el Tribunal incurrió:

1. Dar por probado, sin estarlo, que el actor le prestó servicios personales en forma directa a Procardio Servicios Médicos

Integrales Ltda.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que Coopsin actuó como una simple intermediaria que ejerció actos de intermediación laboral en los servicios prestados por el demandante.

3. Dar por demostrado, sin que lo esté, que el actor prestó sus servicios bajo la continuada subordinación de Procardio Servicios

Médicos Integrales Ltda.

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4. Dar por acreditado, sin que lo esté, que la demandada Procardio no logró desvirtuar la presunción de existencia de contrato de trabajo.

5. Dar por acreditado, sin estarlo, que entre el actor y Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. existió una relación laboral.

6. No dar por probado, a pesar de que lo está, que Coopsin era autónoma e independiente en la prestación del servicio

contratado para Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda.

7. No dar por establecido, pese a que lo está, que entre Procardio y Coopsin se acordó que aquella proveería las herramientas necesarias mediante la suscripción de un contrato de comodato, el cual hace parte integral del contrato de prestación de servicios entre ellas celebrado.

8. No dar por demostrado, estándolo, que al actor le fueron pagadas sumas por concepto de compensación anual diferida, compensación semestral, descanso anual y rendimientos de la compensación anual diferida, equivalentes a las prestaciones sociales demandadas en el proceso.

9. No dar por probado, a pesar de que lo está, que Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. tenía fundadas y serias razones para creer, de buena fe, que con el actor no existía una relación laboral que diera origen al pago de acreencias laborales.

Enlista como pruebas apreciadas con error, el contrato de prestación de servicios suscrito entre las demandadas (f.° 90 a 105); el certificado emitido por Coopsin (f.° 9); el

comunicado interno del 26 de agosto de 2014 (f.° 10); la disponibilidad de turnos (f.° 12 al 16); la comunicación del 2 de febrero de 2015 (f.° 19); el interrogatorio de parte del representante legal de Coopsin; la confesión contenida en el interrogatorio de parte del representante legal de Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda.; el convenio asociativo de trabajo (f.° 75 al 77), y la certificación de participación del actor en un curso de economía solidaria (f.° 68).

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Radicación n.° 93722 Y como medios no valorados, la comunicación de folio 18 dirigida por el actor al gerente de Coopsin; el testimonio de Alexander Pérez Fula; el otrosí al convenio del acuerdo cooperativo a término indefinido (f.° 79), y los comprobantes de pago (f.° 125 al 159). En la demostración, dice que el ad quem no apreció que del contrato que suscribió con Coopsin y del convenio asociativo firmado entre esta y el demandante, se infería que el actor no laboró en su favor de manera directa, pues lo hizo por cuenta de la Cooperativa, quien de acuerdo al primer pacto referido, se comprometió a prestarle servicios continuados relacionados con procesos y subprocesos propios de las actividades relacionadas con la salud, «para lo cual podría contar con sus asociados o contratar empleados», con autonomía administrativa «en su gerenciamiento» y, asumiendo todos los riesgos. Explica que, a la luz del convenio de asociación citado,

el accionante en calidad de miembro de la CTA, se comprometió con esta a prestarle su fuerza de trabajo como «médico hospitalario» y conforme a las órdenes e instrucciones que para el efecto aquella le impartiera. Tras ello, afirma que el juez plural no analizó de manera rigurosa lo que pactó con Coopsin, pues de ello se infería que en su condición de contratante se obligó a suministrar a la CTA «las herramientas necesarias mediante la suscripción de un contrato de Comodato, el cual hace parte integral de este

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Radicación n.° 93722 contrato» y, enseguida puntualizó que de haber tenido en cuenta tal aspecto: […] habría concluido que de ser cierto que las herramientas y elementos de trabajo del actor no eran propiedad de la cooperativa sino de Procardio (lo cual de todos modos no se estableció), ello tendría su justificación en lo acordado por las llamadas a juicio y en modo alguno implicaría una violación de las normas que gobiernan el régimen de las cooperativas de trabajo asociado, toda vez que es perfectamente admisible que se celebren entre ellas y quienes contratan sus servicios contratos como el de comodato respecto de los bienes utilizados para adelantar las actividades que aquellas adelantan. En ese sentido, señala que tal desafuero condujo al colegiado a desconocer que de acuerdo al inciso 3 del artículo 8 del Decreto 4588 de 2006, las herramientas de labor de las CTA pueden ser de propiedad de un tercero, siempre que esta mantenga la autonomía en su manejo. Aduce que los argumentos anotados llevan a las

conclusiones según las cuales Rodríguez Tarazona no fue trabajador suyo y que Coopsin tampoco obró como intermediaria laboral. Indica que otro error del ad quem, estribó en señalar que ejerció actos de subordinación sobre el convocante, pues conforme los documentos citados, este se comprometió a cumplir las reglas que Coopsin le impuso. En lo relativo al certificado emitido por la cooperativa que milita a folio 9 del informativo, expresa que acredita que el actor se afilió a dicha CTA y, en consecuencia «demuestra es que las labores […] como médico en el Hospital

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Radicación n.° 93722 Cardiovascular del Niño de Cundinamarca tuvieron su origen en su relación con esa cooperativa». En relación con el comunicado interno del 26 de agosto de 2014 folio 10, indica lo que sigue: Como la cooperativa no se hizo cargo de todas las actividades médicas del hospital y como, adicionalmente, Procardio siguió ejerciendo la dirección de este y, además, en el citado contrato se convino una auditoría asistencial, es apenas natural que Procardio tuviera que coordinar las actividades médicas del hospital, tanto de aquellas contratadas con Coopsin, como las que adelantaba directamente. Este comunicado se enmarca dentro de esa coordinación de actividades y no puede ser entendido como una muestra de subordinación hacia el demandante, no solo porque no aparece que esté dirigido a él, sino porque, si lo estuviera, no contiene órdenes sobre la forma en que debía prestar sus servicios en cuanto a su modo, tiempo o cantidad del trabajo, ya que simplemente se trata de una solicitud sobre el envío de las

personas que soliciten información a la Dirección General o a la Dirección Administrativa, dependencias que, además, tienen a su cargo toda comunicación con los entes reguladores y aseguradoras y la revisión previa de los informes dirigidos a las autoridades competentes En tal sentido, aduce que, en el instrumento probatorio citado, no se aprecia ninguna orden dirigida al accionante de manera directa, sino «una indicación de mera coordinación de actividades, apenas lógica dentro de la relación existente con la cooperativa». En cuanto a la disponibilidad de turnos de folios 12 al 16, dice que no la emitió, pues carece de logo y, contrario a ello, lo que muestra es que Rodríguez Tarazona es su autor, pues era el coordinador de ortopedia y, agrega que el documento de folio 16 acredita que era Coopsin quien

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Radicación n.° 93722 «disponía de esos turnos, pues los del mes de diciembre de 2013 están aprobados por el anterior coordinador de ortopedia José Hernán Forero, quien, como quedó establecido en el proceso, también era asociado de esa cooperativa». Frente a la comunicación del 2 de febrero que 2015 militante a folio 19 del informativo, aduce que contrario a lo que el juez plural entendió, «tiene el logo de Coopsin, pero no del de Procardio», de modo que «debe entenderse que la Coordinadora de Atención al Usuario que los suscribe es miembro de esa cooperativa»; de ahí que, dicho elemento demuestre que la coordinación de algunas actividades desarrolladas por el actor estuviera a cargo de la CTA.

Después se refiere al interrogatorio de parte del representante legal de Coopsin e indica que el colegiado lo apreció con error, «ya que no es cierto que se haya admitido en forma expresa que la propiedad de los elementos que usaba el actorno era de la cooperativa» y, que «nunca se dijo que lo fueran de Procardio»; de ahí que no se cumplieran los presupuestos de que trata el precepto 191 del CGP para considerar que hubo confesión. Afirma que, en contraste, el ad quem no apreció que deponente mencionado, indicó que Rodríguez Tarazona estuvo vinculado válidamente a la CTA y, que no ostentó la calidad de trabajador de Procardio. En cuanto a la «Confesión contenida en el interrogatorio de parte del representante legal de Procardio», manifiesta que

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Radicación n.° 93722 no aceptó que el actor prestara servicios con las herramientas de la entidad y, con todo, de haberlo hecho, ello resulta inane, en tanto «esos elementos fueron dados en comodato a la cooperativa, lo que está permitido por la ley». Tras ello, refiere que el certificado de participación del actor en un curso de economía solidaria, evidencia que tuvo la calidad de trabajador asociado de la CTA; que la comunicación de folio 18 dirigida por el actor al gerente de Coopsin, muestra que los turnos laborados por aquel, eran pagados por Coopsin; que de igual forma, si el ad quem hubiera valorado el testimonio de Alexander Pérez Fula, habría advertido que el accionante era el líder de ortopedia,

desempeñaba sus funciones de manera autónoma y no dependía de las órdenes que le impartiera Procardio, y que el otrosí al convenio de acuerdo cooperativo a término indefinido de folio 79, pone de presente que no intervino en las actividades convenidas entre el actor y la CTA. Expresa que en los comprobantes de pago de folios 152 al 159, se aprecia que las compensaciones dadas al demandante «son equivalentes a las prestaciones sociales y descanso remunerado» y, que puntualmente, «la compensación anual era equivalente a las cesantías», la «semestral a las vacaciones» y «los rendimientos de la compensación anual diferida equivalentes a los intereses a las cesantías», de modo que «debió operar la excepción de compensación» así no haya sido ella quien saldó tales estipendios. Al respecto, aduce lo siguiente:

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Radicación n.° 93722 […] no hay razón para imponer una sanción por no haberse hecho una consignación de una suma que no se debía. La misma decisión ha debido adoptarse respecto de la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que se pagaron sumas asimilables a las prestaciones sociales. Aparte de lo anterior, el Tribunal no efectuó un análisis serio sobre la conducta desplegada por mi representada. De haber examinado con más detalle las pruebas del proceso, habría concluido que esa demandada contó con razones serias y atendibles para considerar que no le adeudaba nada al actor por concepto de acreencias laborales y que por ello la conducta de

esa sociedad no estuvo revestida de malicia o de la intención de desconocer derechos laborales, sino que fue guiada por la creencia honesta y sincera de que, de tener el demandante derecho pagos de origen laboral, estos estarían cubiertos por los reconocimientos hechos por la cooperativa de la que era asociado.

VII. RÉPLICA El accionante se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual refiere que el Tribunal valoró de manera adecuada los medios de prueba que la censura acusa, en tanto de ellos se colige que la CTA fungió como intermediaria laboral y Procardio S. A. S. como verdadera empleadora, entidad que no solo ejerció la subordinación, sino también ostentó la propiedad de las instalaciones y herramientas de trabajo.

VIII. CONSIDERACIONES El ad quem en su decisión estimó que el actor demostró la prestación de servicios personales como médico ortopedista en favor de Procardio S. A. S., de manera que había operado la presunción de que dicha prestación se rigió por un contrato de trabajo según el artículo 24 del CST y, la demandada teniendo la carga de desvirtuarla, no lo hizo.

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Radicación n.° 93722 Explicó que, contrario a lo referido, de los medios de convicción se evidenciaba que el accionante prestó servicios en actividades misionales que eran propias del objeto social de Procardio S. A. S. y, además se acreditaron aspectos indicativos de que Coopsin obró como simple intermediaria; que tal era el caso del representante legal de esa empresa convocada, quien en su interrogatorio confesó que esta era la

propietaria de los elementos con los que el demandante realizó las funciones, al igual que el de la Cooperativa, que aceptó que la sección de ortopedia estaba a su cargo; pero que los elementos con los cuales el actor laboró eran de Procardio S. A. S.; de lo anterior concluyó que la referida subordinación no se desvirtuó y que, en consecuencia, tal sociedad accionada fungió como verdadera empleadora del actor. Procardio S. A. S. formula el recurso extraordinario y a través de la vía indirecta sostiene que el ad quem erró al valorar unos medios de convicción y al dejar de hacerlo frente a otros, de los cuales era posible concluir que Rodríguez Tarazona se desempeñó como trabajador asociado de Coopsin y que, aquella compañía no incidió en el desarrollo de tal relación. Agrega que el accionante desempeñó las funciones de médico ortopedista de manera autónoma e independiente y que, además, la CTA ostentaba la tenencia de los medios de producción por virtud de un contrato de comodato que suscribieron. En dicho contexto, se excluye del debate: i) que, para la

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Radicación n.° 93722 época de los hechos, Procardio ostentaba la condición de operador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca; ii) que entre la primera sociedad y Coopsin existió un contrato de prestación de servicios y, iii) que esta última y el accionante celebraron un convenio de asociación para laborar como médico en aquella entidad hospitalaria del 2 de marzo de 2013 al 12 de noviembre de 2015. Así, a la Sala le corresponde establecer desde la senda

fáctica, si el juez plural se equivocó al concluir que el demandante se desempeñó como trabajador de Procardio S.

A. S. en calidad de médico ortopedista, y que, en tal vínculo, Coopsin obró como simple intermediaria.

Con tal objeto, y previo al análisis de los elementos de prueba acusados, debe recordarse lo dicho por esta Sala en relación con el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado. Precisamente, en sentencia CSJ SL3436-2021 reiterada en la CSJ SL1413-2022 anotó: Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son aquellas empresas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios económicos, profesionales, intelectuales o científicos, para lo cual fijan sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones. En este sentido, una característica principal de tales entes es que sus asociados gozan de plena autonomía técnica, administrativa y financiera en la prestación de sus servicios, y por ello no se rigen por la legislación sustantiva y ordinaria laboral. Sin embargo, cuando esta forma de contratación se utiliza de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de una verdadera relación subordinada, la Corte ha considerado que se incurre en una indebida e ilegal intermediación laboral, expresamente prohibida en los artículos 7.º de la Ley 1233 de

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Radicación n.° 93722 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010, los dos últimos reglamentados

por el Decreto 2025 de 2011. Asimismo, ello acarrea como consecuencia la declaratoria del contrato realidad del trabajador asociado disfrazado con la empresa que se benefició de sus servicios y, por tanto, esta debe responder solidariamente junto con la cooperativa de trabajo asociado por todos los efectos jurídicos laborales derivados. Lo anterior porque en estos eventos se entiende que la precooperativa o cooperativa actúa como simple intermediaria en los términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el numeral 3.º del artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008, que consagra la solidaridad para el caso específico de la intermediación laboral a través de las cooperativas y prohíbe expresamente que aquellas actúen como intermediarias o empresas de servicios temporales a fin de suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión (CSJ SL2842-2020). Incluso, con tales actuaciones ilegales la entidad cooperativa puede verse incursa en causales de disolución y liquidación y perder su personería jurídica, además de ser acreedora de diversas sanciones. En esa dirección, la Corporación ha adoctrinado que la prohibición de actuar como simples intermediarias en el caso de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se acentúa especialmente en el marco de servicios y actividades misionales permanentes que se relacionen directamente con la producción del bien o servicios característicos de la empresa usuaria. Sobre este particular, debe tenerse presente que en la sentencia CSJ SL5595-2019 la Corporación asentó: El personal requerido en instituciones o empresas para el

desarrollo de actividades misionales permanentes, no puede estar vinculado a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo otra modalidad contractual que afecte los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores. Ello precisamente se extrae del citado artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008 y del Decreto 2025 de 2011, que en su artículo 1.º definió que «se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa» (subraya la Sala). Asimismo, es oportuno mencionar que si en el asunto en concreto se acredita que la cooperativa y por tanto el trabajador o trabajadores asociados no son dueños de los medios de producción o laborales, la Corte ha precisado que si bien ello no acredita como tal la subordinación, es sin duda un elemento indicativo de que el vínculo de trabajo asociado no es real sino meramente aparente y esconde así la pretensión empresarial de deslaboralizar el personal de una operación del proceso

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Radicación n.° 93722 productivo de la empresa usuaria a través de un ente que carece de una estructura propia y especializada, ni es autónoma en su gestión administrativa y financiera (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad.

30605, CSJ SL665-2013, CSJ SL6441-2013, CSJ SL12707-2017

y CSJ SL1430-2018).

En tal panorama, se pasa al estudio de los medios de convicción acusados. a) Contrato de prestación de servicios suscrito

entre las demandadas (