CSJ - SL1846-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1846-2023 Radicación n.° 85555 Acta 27 Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de mayo de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró XXX1 contra la recurrente

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES); trámite 1 En razón a que en el presente caso se estudiará la situación de una persona que padece el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, la Sala advierte que, como medida de protección de su intimidad, se suprimirá de esta providencia el nombre del demandante, así como los datos e información que permitan conocer su identidad. En consecuencia, para efectos de individualizarlo, se ha utilizado el distintivo XXX.

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Radicación n.° 85555 al que se vinculó como llamada en garantía a la también

recurrente COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A.

I. ANTECEDENTES XXX demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de que se

defina qué entidad «asume la competencia» de la pensión de invalidez causada a su favor, en los términos del artículo 69 de la Ley 100 de 1993, en tanto «entre los dos fondos, no se ha podido solucionar el conflicto referente a multiafiliación». Así mismo solicitó el pago del retroactivo de tal prestación, a partir del 5 de junio de 2001, calenda en la que se estructuró su invalidez y hasta el 6 de mayo de 2014, data en la que se reconoció la prestación en forma transitoria; además el reajuste de las mesadas pensionales causadas conforme al IPC, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que presenta una pérdida de capacidad laboral del 66,65% estructurada el 5 de junio de 2001, conforme se estableció por parte de «Seguros Bolívar» el 27 de noviembre de 2012 y; del 73,05% como lo definió Colpensiones a través del dictamen correspondiente, en el que, además, adujo que la fecha de estructuración correspondía al 5 de junio de «2009».

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Radicación n.° 85555 Manifestó que el 27 de mayo de 2013 Protección S. A. le negó la pensión de invalidez causada a su favor bajo el argumento de que su afiliación se hizo efectiva el 1 de junio de 2009 como consecuencia del traslado de régimen

pensional al provenir del ISS, en esa medida y como quiera que la fecha del siniestro con fundamento en el cual se pretendía el otorgamiento de la prestación pensional era anterior a su vinculación a esa AFP, procedería a la anulación de esta, así como a la devolución de los aportes al ISS, por ser esta última entidad a la que le correspondía el reconocimiento pensional. Puso de presente que atendiendo la negativa de Protección S. A. acudió ante Colpensiones a solicitar la prestación económica derivada de su invalidez, empero, mediante Resoluciones GNR 114923 del 1 de abril de 2014 y VPB 16768 del 29 de septiembre de la misma anualidad, no se accedió a ello, con fundamento en que «no demostró la totalidad de los elementos de juicio que permitan tomar una decisión de fondo mediante acto administrativo», a pesar de haber allegado la totalidad de los documentos requeridos para el efecto. Que posteriormente se le dijo que una vez revisada la base de datos de Asofondos se advertía que se encontraba con «novedad 050 pensionado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad» y que, en consecuencia, debía acercarse a la AFP con el fin de que le fuera indicado el procedimiento a seguir. Arguyó que dado que las demandadas no dieron solución a su situación, se vio obligado a promover una

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Radicación n.° 85555 acción de tutela, que decidió el «Juzgado Décimo de Familia en Oralidad» a través de providencia de 6 de mayo de 2014 amparando sus derechos y ordenando a Protección S. A.

iniciar el trámite pertinente para reconocerle y pagarle la pensión de invalidez respectiva, lo que se atendió el 18 de junio siguiente, con la concesión de la prestación de «manera transitoria» indicándosele que debía iniciar el proceso ordinario correspondiente, con el fin de «solicitar la pensión de invalidez de forma definitiva», en tanto, para la fecha en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral, se encontraba afiliado al ISS hoy Colpensiones. Señaló que la aludida AFP «NO está dándole cumplimiento» a lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 100 de 1993, pues no comenzó a pagar la pensión causada desde la fecha en que se estructuró su invalidez, esto es, el 5 de junio de 2001, de ahí que se encuentre en mora y a su favor procedan los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó haber negado la pensión de invalidez solicitada por el actor y que Protección S. A. viene reconociendo esta. Respecto de los restantes supuestos fácticos manifestó que no le constaban o que no eran tales. En su defensa indicó que la carga de la prueba recaía en el demandante, dado que como «asegurador» no se le podía exigir conocer las situaciones particulares de cada uno de

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Radicación n.° 85555 sus «pensionados» (sic), y en esa medida a estos les competía

demostrar «las situaciones que sustentan sus pretensiones». Formuló como excepciones de mérito las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación de las condenas, compensación, pago, la innominada y buena fe. Por su parte, Protección S. A. al dar contestación al escrito de demanda inicial se opuso a sus pretensiones y frente a los hechos aceptó que el promotor de la contienda fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 66,65% estructurada el 5 de junio de 2001; que aquel interpuso una acción de tutela en su contra y que la atendió de manera transitoria. De los restantes dijo que no eran ciertos, que no le constaban, que eran apreciaciones o pretensiones. En su defensa transcribió los artículos 41 y 42 del Decreto 1049 de 1999; 38 y 39 de la Ley 100 de 1993; 1 y 6 del Decreto 3995 de 2008; y 17 del Decreto 692 de 1994 por considerar que correspondían a las disposiciones llamadas a desatar el conflicto suscitado, sin argumentación adicional alguna. Propuso como excepciones de mérito las que enlistó como falta de legitimación en la causa por pasiva,

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Radicación n.° 85555 inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y pago. Efectuó llamamiento en garantía a la Compañía de

Seguros Bolívar S. A. con fundamento en la póliza 5030000001101 0000 vigente para el lapso comprendido entre el 1 de marzo de 1999 y el 1 de enero de 2003 en la que se amparó el pago de los valores necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes «cuando acaecido el siniestro es insuficiente el dinero obrante en la cuenta de ahorro individual del afiliado», siendo admitido a través de auto de fecha 23 de abril de 2015 (fo. 129). La Compañía de Seguros Bolívar S. A. dio contestación al escrito de demanda inaugural, así como al llamamiento que le fue formulado oponiéndose a sus pretensiones. Frente a los hechos de la demanda aceptó que el demandante presentaba una pérdida de capacidad laboral del 66,65% que fue estructurada el 5 de junio de 2001, de conformidad con la calificación efectuada por su equipo interdisciplinario; que con ocasión a la acción de tutela promovida por Cardona Gómez Protección S. A. reconoció de manera transitoria la pensión de invalidez causada. De los demás dijo que no le constaban, no eran ciertos o no eran tales. Respecto de los hechos del llamamiento admitió la suscripción de la póliza, su vigencia y objeto. Sobre los restantes sostuvo que no eran ciertos o que eran pretensiones.

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Radicación n.° 85555 En su defensa argumentó que, para la fecha de estructuración de la invalidez del actor, 5 de junio de 2001,

este no tenía afiliación válida al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a través del RAIS, en tanto la vinculación a Protección S. A. se hizo efectiva el 1 de junio de 2009. Destacó que como con las cotizaciones efectuadas por el promotor de la contienda a Protección S. A. se paga el seguro previsional correspondiente, a efectos de que fuera cubierto el de la suma adicional necesaria para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, ello suponía que los aportes se realizaran con antelación a la materialización del siniestro, lo que no ocurrió en el asunto, en consideración a que la invalidez del accionante se estructuró desde antes de la afiliación a Protección S. A. de ahí que se excluya de la cobertura del seguro «donde necesariamente para que los riesgos sean cubiertos se debe efectuar el pago de la prima en forma anticipada». Como excepciones relacionó las de inexistencia de la obligación, inefectividad de la afiliación al fondo de pensiones obligatorias a través del RAIS por ser posterior a la fecha de estructuración de la invalidez, fecha de estructuración sin cobertura del RAIS, ausencia de cobertura del seguro «provisional» (sic) para la financiación de la pensión de invalidez, no cobertura de intereses de mora, costas y agencias en derecho, la suma adicional y prescripción.

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Radicación n.° 85555

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, al

que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 25 de mayo de 2016 dispuso: PRIMERO: DECLARAR próspera la excepción de prescripción, propuesta por la AFP PROTECCIÓN S.A. para las mesadas causadas con anterioridad al 25 de septiembre de 2009, y la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la apoderada judicial de Colpensiones.

SEGUNDO: DECLARAR que la entidad encargada de reconocer la pensión de INVALIDEZ al señor XXX es la AFP PROTECCIÓN

S.A.

TERCERO: DECLARAR que la aseguradora COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. representada legalmente por el Dr.

RAMIRO ARBOLEDA VALENCIA deberá financiar la pensión de invalidez del señor XXX de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., representada legalmente por el doctor MAURICIO TORO BRIDGE, o por quien haga sus veces, a favor del señor E. C. G., identificado con la cédula de ciudadanía […], al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: - Retroactivo pensional, desde el 25 de septiembre de 2009 hasta el 6 de mayo de 2014, en cuantía ($32.865.680). - A continuar pagando, las mesadas pensionales sobre un salario mínimo legal mensual vigente y sobre trece mesadas anuales, sin perjuicio de los aumentos legales propuestos para cada uno de los años los años (sic) siguientes. - A los intereses moratorios desde el 25 de enero de 2013 y

hasta cuando se haga efectivo el pago.

QUINTO: CONDENAR a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. a pagar a la AFP PROTECCIÓN S.A., el capital que haga falta para financiar la pensión de invalidez al señor XXX.

SEXTO: ABSOLVER A COLPENSIONES, representada legalmente por el doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, o por quien haga sus veces, de las pretensiones incoadas en su contra por el

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Radicación n.° 85555 demandante.

SÉPTIMO: Las restantes excepciones propuestas por las demandadas y la llamada en garantía, en el escrito de la contestación de la demanda, han quedado resueltas implícitamente con lo manifestado en la parte motiva.

OCTAVO: Las costas serán asumidas por partes iguales por la AFP Protección S. A. y la llamada en garantía Seguros Bolívar vencidas en juicio. Para lo cual se fijan las agencias en derecho en la suma de $3.200.000 a favor de la parte demandante, y se condenará en costas a la parte demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES en la suma de $689.454.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar los recursos de apelación interpuestos por los apoderados del demandante, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. y la Compañía de Seguros Bolívar S. A., a través de proveído del 15 de mayo de 2019 dispuso:

PRIMERO: por razones diferentes se CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor XXX identificado con cedula de ciudadanía […] en contra de COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: se MODIFICA el numeral primero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto a la fecha del retroactivo, siendo tal el día 5 de junio de 2001, razón por la que PROTECCIÓN S.A. adeuda al actor la suma de $74.852.733 correspondiente a las mesadas causadas hasta el 6 de mayo de

2014.

TERCERO: costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., por no haber tenido éxito en el recurso. Se fija como agencias en derecho la suma de $828.116 a cargo de cada una.

Sea oportuno precisar que el demandante impugnó la

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Radicación n.° 85555 decisión con el propósito de que la prestación se le concediera a partir del 5 de junio de 2001 fecha de estructuración de la invalidez, y no desde de 2009 como lo había fijado el juez aplicando prescripción, sin atender que la calificación había ocurrido en el año 2012 y la demanda se había presentado en el 2014, lo que evidenciaba la improcedencia de dicho medio exceptivo.

Por su parte Protección apeló insistiendo en que no era la entidad responsable del reconocimiento de la pensión de invalidez concedida, toda vez que la estructuración de dicha condición se había dado en una fecha en la cual el demandante estaba afiliado al RPM, por lo que era Colpensiones la entidad que debía responder por dicha prestación. A su vez la Compañía de Seguros Bolívar instauró el recurso de alzada con el argumento de que como Protección no era la obligada al pago de la obligación porque la materialización de la invalidez había ocurrido en una fecha anterior a la afiliación a dicha AFP, tampoco era procedente el reconocimiento de suma adicional para financiar la pensión, pues reiteró, aquella debía ser cancelada por Colpensiones. Que, además, se trataba de un riesgo excluido por haberse estructurado antes de la vigencia de la póliza correspondiente. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural manifestó que aun cuando la controversia giraba en torno a establecer si le correspondía a Colpensiones asumir

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Radicación n.° 85555 el reconocimiento de la pensión de invalidez que venía pagando Protección S. A., en cumplimiento de un fallo de tutela, se abstendría de realizar algún pronunciamiento, dado que lo que «intrínsecamente se pretende no solo mediante el recurso de alzada sino además al incoar esta demanda es que se avale la decisión proferida en sede de tutela, que para el caso es inmodificable» ya que, contrario a lo afirmado por algunos de los recurrentes, aquel no se

trataba de un pronunciamiento con carácter transitorio sino definitivo. Puso de presente que a pesar de las trabas administrativas que se desencadenaron cuando la llamada en garantía calificó al actor con una fecha de estructuración anterior a la afiliación al RAIS, con las que no solo le violaron derechos fundamentales sino que le imposibilitaron, en principio, que accediera a la prestación por invalidez; logró que aquella se le concediera, gracias al resultado de la acción de tutela en la que puso de presente además de los argumentos exhibidos en la demanda inaugural, su condición de ser paciente de VIH positivo, circunstancia por lo que se le calificó con una PCL del 66,65%. Destacó que como se apreciaba a folio 17 del plenario, el 6 de mayo del 2014 el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Medellín, profirió sentencia a favor del actor, al considerar que era una persona de especial protección constitucional, que no tenía por qué verse sometido a «las trabas impuestas», unido a que no le era dable retornar a Colpensiones, pues según el contenido de la carta expedida

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Radicación n.° 85555 por la administradora del RAIS, aquel se encontraba activo en ese régimen, con solicitud de pensión y hasta que no se definiera dicho estado no se podía aprobar o rechazar el traslado; y que, además, no tenía los cinco años de permanencia en Protección S. A. previstos en la Ley 797 de 2003 para proceder a ello. De tal suerte que la tutela había ordenado a Protección

S. A. iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar al señor demandante la pensión de invalidez, obligación que en manera alguna se había delimitado o circunscrito a acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, dentro de los cuatro meses siguientes con la finalidad de que examinara su providencia, como lo preveía el artículo «4» (sic) del Decreto 2591 de 1991.

Así, destacó, que tal exigencia había sido fijada por Protección «sin fundamento alguno ni potestad legal alguna, en forma injusta y arbitraria» y con ello había sometido al afiliado a un proceso ordinario, en aras de obtener una pensión de carácter definitivo, pese a que la decisión en firme, proferida por un juez constitucional, había establecido el carácter permanente de tal prestación. Señaló que la providencia del juez de tutela no había sido cuestionada, ya que no se había interpuesto ningún recurso a pesar de existir esa posibilidad, o por lo menos en el plenario no se evidenciaba; «ardid que posiblemente utilizó el fondo para reabrir el debate ante el juez ordinario, en aras de liberarse de la obligación impuesta».

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Radicación n.° 85555 Adujo el colegiado que no desconocía los múltiples razonamientos expuestos por Protección S. A. y por la Compañía de Seguros Bolívar S. A. en el recurso de alzada, empero, precisó que aquellos debieron ventilarse «en un recurso de apelación interpuesto contra aquel fallo emitido el

6 de mayo de 2014, o por lo menos debió la primera de tales entidades solicitar que la sentencia tuviera efectos transitorios», sin que así lo hicieran. En ese orden de ideas, consideró que no le era dable pronunciarse de fondo, toda vez que se había configurado la denominada cosa juzgada constitucional, según la cual las sentencias proferidas en acciones de tutela gozan de los mismos atributos del resto de estas, esto es, son inmutables, vinculantes y definitivas, a no ser que en ellas se diga expresamente algo distinto o se disponga una condición, lo que no se presentó en el asunto sometido a su escrutinio; para lo que se remitió a las decisiones CC T-218-2012, CC

C400-2013, CC T-373-2014 y CC SU1219-2001.

Acotó que para que se estructurara la cosa juzgada, debían concurrir necesariamente y, en esencia, tres igualdades: la de partes, objeto «petitum» y de causa petindi, entendida como el fundamento inmediato del derecho, los que de manera evidente se presentaban en el asunto de autos, dado que tanto en la acción de tutela como en el proceso ordinario actuaron las mismas partes y se suscitó el debate en cuanto a la procedencia o no de la pensión de invalidez, esclareciendo a qué entidad le correspondía su reconocimiento.

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Radicación n.° 85555 Así las cosas, insistió en que se configuraba el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional que le impedía «oponerse o avalar lo resuelto en el fallo de tutela», por ello,

por razones diferentes a las que esgrimió el juez de primera instancia y más allá de compartir o no sus consideraciones, debía confirmar la providencia objeto del recurso de alzada, pues además, no avizoraba una decisión de parte del juez constitucional que resultara arbitraria o injusta, menos si se tenía en cuenta que partió del criterio según el cual el actor se encontraba afiliado al RAIS y no le era dable retornar al régimen pensional del que provenía, por disposición legal, siendo competente la última entidad que recibió aportes. Agregó que tal «arbitrariedad e injusticia» tampoco se predicaba del fallo de primera instancia proferido por el juez ordinario, conforme al cual no le era dable aplicar el artículo 6 del Decreto 3995 de 2008, para efectos de determinar la administradora responsable de la prestación, al no tratarse de un conflicto de múltiple afiliación, ni de una persona excluida del RAIS como lo adujo la llamada en garantía, por cuanto para el momento de la afiliación, junio de 2009, el actor no era pensionado por invalidez, pues el reconocimiento de tal derecho solo ocurrió desde 2014, de manera que no contaba con tal estatus cuando se trasladó a la AFP Protección. En cuanto al retroactivo deprecado, precisó que no estaba llamada a operar la prescripción, dado que al 5 de junio de 2001, fecha de estructuración, no se había determinado el estado de invalidez del actor, razón por la que

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cualquier término había de contabilizarse desde el dictamen, que fue realizado el 24 de noviembre de 2012, por ello y toda vez que la demanda inaugural se había presentado en el término trienal, concretamente el 4 de diciembre de 2014, debía cuantificarse el mencionado retroactivo desde la fecha de estructuración hasta el 6 de mayo de 2014, lo que arrojaba la suma de $74.852.733,33, pues fue a partir de la última data que, en cumplimiento de la orden de tutela, el demandante venía recibiendo el pago de dicha prestación. Finalmente, en cuanto a la solicitud de Seguros Bolívar

S. A. tendiente a la absolución de costas del proceso, sostuvo que bastaba con recordar que de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del CGP estas se imponían con un criterio objetivo «por el hecho de que salgan avante o no las pretensiones», razón por la que era improcedente absolver de las mismas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE

PROTECCIÓN S. A.

Interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la AFP recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se

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Radicación n.° 85555 revoque la decisión de primer grado y se le absuelva de las pretensiones formuladas en su contra.

Así mismo persigue: […] que la H. Sala case parcialmente el fallo acusado en cuanto

condenó a Protección S.A. a reconocer la pensión de invalidez en forma definitiva y vitalicia. Luego, se pide que revoque en forma parcial la sentencia de la jueza a quo en lo que atañe a haber condenado a esa Administradora a otorgar la prestación reclamada y, finalmente, se absuelva a esta entidad de todo lo pedido en su contra. También en subsidio, se busca que la H. Sala case parcialmente el fallo acusado en cuanto le ordenó a Protección S.A. pagar las mesadas pensionales a partir del 5 de junio de 2001. Luego se pide que revoque en forma parcial la sentencia de primer grado en lo que atañe a haberla condenado a cancelar las mesadas pensionales desde el 25 de septiembre de 2009 y […] condene a Protección S.A. a erogar las multicitadas mesadas pensionales a partir del 2 de julio de 2014. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, frente a los que no se presenta réplica de los cuales se decidirán de manera conjunta el primero y el segundo, posteriormente, de la misma forma, el tercero y el cuarto, pues a pesar de dirigirse por sendas distintas, denuncian similar elenco normativo, se fundan en idénticos argumentos y persiguen el mismo fin; y, por último, de manera independiente se resolverá el quinto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta en la modalidad de infracción directa de los artículos 164 y 167 del CGP, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo

145 del CPTSS, 60 y 61 ibidem. Violación medio que condujo

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Radicación n.° 85555 a la aplicación indebida de los artículos 39 literal a), 69 y 141 de la Ley 100 de 1993; y la infracción directa de los artículos 41 y 42, compilados en los artículos 3.2.1.11 y 3.2.1.12 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016; 3 del Decreto 917 de 1999; 3 del Decreto 1507 de 2014; 7 de la Ley 1149 de 2007; 29 y 230 de la CP. Enlista como errores evidentes de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que al 5 de junio de 2001, que fue la fecha que el Tribunal tuvo como de inicio de la condición valetudinaria, el señor XXX se hallaba afiliado al ISS (hoy Colpensiones) y allí hacía sus aportes y, por tanto, era ese Instituto y no Protección S.A. el llamado a responder por el pago de la pensión deprecada, y más aun (sic) cuando al citado 5 de junio de 2001 evidentemente no existía un vínculo eficaz del citado señor XXX con Protección S.A. 2) Dar por demostrado, sin estarlo, que Protección S.A. estaba compelida a reconocer y pagar la pensión de invalidez reclamada por el señor XXX. 3) No dar por demostrado, estándolo, lo que el único responsable de sufragar la prestación reclamada es Colpensiones (antes el ISS). Señala que los errores de hecho enunciados se

cometieron como consecuencia de la falta de apreciación del historial de aportes del señor XXX en el ISS hoy Colpensiones (fo. 168, c.1). Para dar desarrollo al cargo trae a colación el contenido de los artículos 41 y 42 del Decreto 1406 de 1999 compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 para señalar que tratándose de un traslado será responsable del pago de una prestación económica derivada de la ocurrencia de un siniestro, la entidad a la que se encuentra afiliada la persona

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Radicación n.° 85555 y, sólo a partir del momento que se haga efectivo su traspaso será el último quién deberá asumir las consecuencias monetarias derivadas del hecho que dio origen al reclamo de una prestación, como en este caso la de invalidez. Destaca que al revisar los elementos de prueba al amparo de las normas referidas se puede establecer que, de conformidad con el contenido del historial de aportes del actor, este era afiliado activo y cotizante en el ISS el 5 de junio de 2001, que fue la fecha fijada como la de estructuración de su condición de invalidez, de lo que resulta «obvio concluir» que es la entidad llamada a asumir el pago de la pensión reclamada y no Protección S. A. como lo comprendió el juez de la alzada. Reproduce algunos fragmentos de la sentencia CSJ SL4363-2019 para destacar que atendiendo a los desatinos en los que incurrió el colegiado, le corresponde disponer a la Sala en la forma en la que se solicitó en el alcance de la

impugnación.

VII. CARGO SEGUNDO Impugna la decisión de segunda instancia por la vía directa por la aplicación indebida de los artículos 39 literal a), 69 y 141 de la Ley 100 de 1993 y por la infracción directa de los artículos 41 y 42 del Decreto 1406 de 1999 compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016; 3 del Decreto 917 de 1999; 3 del Decreto 1507 de 2014; 7 de la Ley 1149 de 2007; 29 y 230 de la CP.

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Radicación n.° 85555 Para dar desarrollo al cargo sostiene que acepta sin controversia las conclusiones de orden fáctico en las que se fundó el fallo atacado, particularmente cuando estimó como fecha de estructuración de la invalidez del demandante el 5 de junio de 2001 y que en ese entonces se encontraba afiliado al ISS. A continuación, reproduce idénticos argumentos a los expuestos frente al primer cargo motivo por el cual se considera innecesario reproducirlos.

VIII. CONSIDERACIONES Debe la Sala comenzar por recordar que para que se pueda cumplir con el objeto del recurso extraordinario de casación, la demanda debe reunir no solo las exigencias formales previstas en el artículo 90 del CPTSS, sino que debe esgrimir una acusación lógica, clara en su planteamiento y completa en su desarrollo (CSJ SL5268-2017), para a partir de ello, confrontar la sentencia con la ley y así determinar si el fallador plural atendió las disposiciones legales que debía

aplicar para solucionar correctamente la controversia sometida a su escrutinio. En consecuencia, al censor le corresponde identificar los soportes del fallo que debate, para elegir la senda por la cual dirigirá el ataque, ya sea por la vía de los hechos ora por la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, cuando el fundamento de la decisión que se confute sea

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Radicación n.° 85555 mixto; ya que al carecer de esos requisitos la Corte no podrá cumplir su cometido legal. Pues bien, advierte la Sala, que, la sustentación de los cargos primero y segundo adolece de graves desatinos que comprometen su prosperidad, ya que no son susceptibles de ser corregidos en virtud del carácter dispositivo que rige el recurso extraordinario, conforme se pasa a señalar. Para el Tribunal, la sentencia de tutela mediante la cual se concedió la pensión de invalidez a favor del señor XXX, constituyó cosa juzgada constitucional, en la medida que el amparo que se le concedió a través de la sentencia del 6 de mayo de 2014 por el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Medellín lo fue con carácter definitivo, ya que no se delimitó o condicionó el derecho a que el tutelante instaurara un proceso ordinario ante la jurisdicción laboral dentro de los cuatro meses siguientes a dicha decisión, como lo contempla el artículo «4» (sic) del Decreto 2591 de 1991. Destacó que la transitorie