CSJ - SL1847-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1847-2023 Radicación n.° 86638 Acta 27 Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de julio de 2019, en el proceso ordinario laboral que en contra de la recurrente instauró

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

I. ANTECEDENTES Víctor Hugo Rodríguez Sánchez demandó a la Universidad Santiago de Cali, con el fin de que se declare que dicha institución educativa estaba obligada a suscribir con él un «contrato de trabajo a término fijo con duración de dos años, iniciando el día 14 de enero de 2014 y terminación el día 13 de enero de 2016». En consecuencia, solicitó se

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Radicación n.° 86638 condenara a la accionada a reintegrarlo «sin solución de continuidad […] al empleo de profesor de tiempo completo», cargo que desempeñaba el 13 de enero de 2014, y a pagarle los salarios, prestaciones sociales y bonificaciones previstas en el parágrafo 2 del artículo 5 de la convención colectiva de trabajo, dejadas de percibir desde el día siguiente, hasta el momento en que se haga efectiva la reincorporación; así mismo la indexación de las sumas adeudadas y las costas procesales.

Como pretensión subsidiaria al reintegro solicitó «a título de indemnización, la suma de $145.881.448, por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social», dejados de percibir por la omisión del empleador de cumplir con la obligación de contratarlo por dos años contados a partir del 14 de enero de 2014; junto con la indexación, las bonificaciones convencionales de los años 2012 y 2013 y la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que entre las partes procesales existió una «relación laboral», que inició el 1 de agosto de 1994 y terminó el 13 de enero de 2014, aunque especificó haber suscrito un contrato de trabajo a término fijo el cual «empezó a regir el 14 de enero de 2008 y terminó el 13 de enero de 2014. Precisó que se vinculó para desempeñar el cargo de profesor de tiempo completo especial, previa participación en el concurso de méritos convocado por la Universidad.

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Radicación n.° 86638 Agregó que entre el ente educativo y el Sindicato de Profesores de la Universidad Santiago de Cali se suscribió la convención colectiva de trabajo, sin precisar la fecha, de la cual es beneficiario, en cuyo artículo 11 se pactó la estabilidad laboral, en los siguientes términos: […] En cumplimiento del derecho a la estabilidad laboral para su personal docente, la Universidad se obliga a que el docente que tenga siete (7) años o más, de estar vinculado a la Universidad,

cualquiera que sea su modalidad del contrato laboral, solo podrá ser desvinculado por justa causa previamente comprobada y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 2351 de 1965. En cuanto a los profesores de tiempo completo, medio tiempo y dedicación exclusiva, una vez finalizados se observará lo siguiente: a) Aquellos contratos suscritos por tres (3) años se elaborarán por un término de cinco años […]. Adujo que en cumplimiento de la anterior disposición el último contrato de trabajo que firmó a término fijo de tres años «inicio el 14 de enero de 2011 y finalización el 13 de enero de 2014», pero con la obligación de la Universidad de contratarlo como mínimo por dos años más al término del plazo pactado inicialmente, tal y como se consignó en el parágrafo de la cláusula segunda del contrato, el cual dice: PARÁGRAFO: las partes acuerdan que no obstante a que su contrato de trabajo es a término fijo, y su duración no podrá ser mayor de tres años, estás deciden por mutuo acuerdo, y por mera liberalidad, que al vencimiento del término pactado por Ley, y no obstante al preaviso de Ley de los 30 días, este se extenderá por el término de 2 años más. Arguyó que, mediante comunicación del 17 de septiembre de 2013, recibida el 2 de octubre del mismo año, la Universidad le informó la decisión de no prorrogar el

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Radicación n.° 86638 contrato suscrito formalmente a término fijo, con expiración

el 13 de enero de 2014; que su situación laboral no fue debatida ni sometida a la aprobación del Consejo Académico de la Universidad para el inicio del año 2014; a pesar de que el artículo 60 del Estatuto de Profesores prohíbe despedir a los docentes sin justa causa comprobada. Indicó que ante el reclamo que formuló solicitando se diera cumplimiento al parágrafo contractual, fue informado por parte del Departamento de Gestión Humana de que debía atenerse a la comunicación del 17 de septiembre de 2013. Finalmente, señaló que el salario devengado fue de $3.100.911; que se adeudan las bonificaciones convencionales correspondientes a los años 2012 y 2013, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 5 de la convención colectiva de trabajo vigente para esa época; y que, dentro de los 60 días siguientes a la finalización del vínculo laboral, la universidad no le comunicó el estado de sus aportes a la seguridad social. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó que el 17 de septiembre de 2013 le informó al demandante que su contrato terminaba el 13 de enero de 2014 y que no sería prorrogado, documento que entregó y recibió el actor el dos de octubre del mismo año; y que el salario devengado fue de $3.100.911. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos, no le constaban o no tenían tal calidad.

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Radicación n.° 86638 En su defensa argumentó que la vinculación de Víctor Hugo Rodríguez Sánchez se realizó inicialmente mediante contrato de prestación de servicios (año 1994); luego, a través de 23 contratos de trabajo por obra y labor determinada, durante diferentes periodos entre los años 1995-2011; y finalmente, por medio de «Contrato de Trabajo a Término Fijo para Docentes Tiempo Completo Especial, con una duración del 14 de enero de 2011 al 13 de enero de 2014». Agregó que todos los salarios y prestaciones sociales fueron debidamente cancelados durante la ejecución y a la finalización del plazo fijo pactado; y que la terminación fue debidamente preavisada. Alegó que el régimen laboral de los docentes de las entidades educativas privadas es el previsto en el Código Sustantivo del Trabajo; que según el artículo 46 ibídem, «el contrato a término fijo debe constar por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente». Añadió que la disposición es de orden público y, por tanto, su desconocimiento genera nulidad absoluta, razón por la cual tanto la cláusula contractual como la convención colectiva violan las normas laborales. En este orden, dijo, la suscripción de un contrato de trabajo por cinco años está en contra de lo previsto en el citado artículo. Expuso que el último contrato de trabajo suscrito a término fijo, con vigencia entre el 14 de enero 2011 y el 13 de enero de 2014, fue preavisado mediante comunicación del

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Radicación n.° 86638 17 de septiembre de 2013, la cual fue recibida por el actor el dos de octubre del mismo año, es decir, que culminó por expiración del plazo fijo pactado, en los términos previstos en el artículo 61 ídem. Indicó que no había lugar al reintegro porque el despido del trabajador no fue sin justa causa, sino por el vencimiento del plazo fijo pactado entre las partes y, por ende, no se cumplían los presupuestos previstos en los artículos 11 de la convención colectiva de trabajo y 60 del «estatuto de profesorado». En defensa de sus intereses interpuso las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de derechos, carencia de derecho, nulidad de la cláusula 2 del contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las partes, inexistencia de la obligación, falta de fundamentación de hecho y derecho para el reintegro, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe, compensación y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

providencia del 31 de agosto de 2015, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI a cancelar a favor del señor VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, las BONIFICACIONES CONVENCIONALES contenidas en el parágrafo segundo del artículo 5 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2010-2012, suscrita entre el Sindicato de Profesores de la Universidad

Santiago de Cali y la Universidad Santiago de Cali,

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Radicación n.° 86638 correspondientes a los años 2012-2013. Se autoriza al ente Universitario a compensar los valores que por dichos conceptos haya cancelado al actor.

SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, representada legalmente por CARLOS ANDRÉS PÉREZ GALINDO o por quien haga sus veces, de las demás pretensiones que en su contra formuló el señor Víctor Hugo Rodríguez Sánchez.

TERCERO: CONDENAR en costas en la parte vencida en juicio.

Se fijan como agencias en derecho en un salario mínimo legal vigente la suma de $644.350.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, mediante proveído del 31 de julio de 2019, decidió: PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia No. 243 del 31 de agosto de 2015, en el sentido de: 1.1. CONDENAR a la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI a reconocer y pagar a favor del señor VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ la suma de $74.421.864, a título de indemnización por terminación del contrato de trabajo. 1.2. CONDENAR a la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI a reconocer y pagar a favor del señor VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ la suma de $74.421.864, por

concepto de indemnización moratoria adeudada desde el 14 de enero de 2014 hasta el 13 de enero de 2016. A partir del 15 de enero de 2016, la demandada deberá reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre la suma liquidada adeudada por bonificaciones convencionales contenida en el parágrafo 2 del artículo 5 de la convención colectiva de trabajo vigente para el año 2010-2012 suscrita entre el Sindicato de Profesores de la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Santiago de Cali correspondiente a los años 2012-2013. 1.3. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. 1.4. COSTAS en instancia a cargo de la demandada apelante

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Radicación n.° 86638 infructuosa y a favor del actor, las agencias en derecho se liquidan en $900.000. Liquídense conforme al artículo 366 del CGP. En lo que interesa en sede extraordinaria, el Tribunal señaló que respecto del recurso de apelación de la parte demandante, debía estudiar «el alcance del principio de estabilidad en el empleo», con fundamento en cláusulas contractuales, la convención colectiva de trabajo y los estatutos universitarios, al igual que el «reconocimiento de la indemnización moratoria por no pago de derechos convencionales»; y que con base en el recurso de la demandada, debía analizar «el carácter de beneficiario de la convención colectiva de trabajo aplicado al actor para imponer la condena o no, por bonificaciones convencionales».

Para la resolución de los temas planteados, en primer término, discernió que la autonomía universitaria no es absoluta; que en el artículo 46 del CST está regulado el contrato de trabajo a término fijo, según el cual, aquel no puede extenderse por más de tres años, disposición cuya constitucionalidad había sido definida en la sentencia CC C588-1995, que citó de manera extensa, resaltando que «en ninguna situación de desprotección se coloca el trabajador, antes por el contrario […], se consagra la renovación automática del contrato en caso de silencio de las partes, ocurrido con una antelación de un mes a la fecha de su expiración”». Refiriéndose a la citada providencia señaló que los trabajadores y empleadores pueden acordar las condiciones

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Radicación n.° 86638 de la prestación del servicio en forma libre y espontánea, en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad, el cual es compatible con las normas constitucionales que reglamentan el trabajo, en cuanto su aplicación no implique la vulneración de los derechos esenciales o mínimos de los trabajadores regulados por estas y la ley. Y que el principio de estabilidad en el empleo no se opone a la celebración de contratos a término definido. Por consiguiente, adujo, el contrato a término fijo responde a la idea de la estabilidad en el empleo, porque aun cuando las partes determinan libremente y acorde con sus intereses las condiciones de durabilidad de la relación de trabajo, «esta puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, más aún cuando se da la circunstancia de que subsiste la materia del trabajo y las causas que le dieron

origen al contrato». Señaló que, en otros términos, más que la fijación de un espacio de tiempo preciso en la duración inicial de la relación de trabajo, lo relevante era la expectativa cierta y fundada del trabajador de conservar el empleo en cuanto cumpliera con sus funciones laborales y el empleador tuviera un interés motivado en las necesidades de la empresa de prolongar o mantener el vínculo laboral. Con fundamento en la sentencia de constitucionalidad mencionada, expuso que el límite superior de duración de los convenios a término fijo representa un margen entre el cual podían moverse las partes, sin que ello fuera obstáculo para

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Radicación n.° 86638 que en caso de quererlo ampliar pudieran hacerlo, obviamente, «no bajo la figura de un contrato a término fijo por cinco años», como lo pretendió el demandante, pues se desnaturalizaría el mismo; «pero si bajo cualquiera de las hipótesis legalmente establecidas, esto es, reconducción tácita del contrato de trabajo a término fijo por la sola continuidad en el servicio, prórroga del contrato a término fijo cuando expresamente así se pacte», o la celebración de uno a término indefinido, o por duración de la obra o labor determinada, o por período académico, acorde a las necesidades del establecimiento educativo. Dijo que en similar sentido se había pronunciado el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, con radicación 006607, y agregó: […] la relevancia del interés público puede manifestarse entre otros aspectos en la incorporación de ciertas cláusulas, entre

ellas, las relativas al término de duración del mismo, que el legislador en su libertad de configuración del régimen de vinculación laboral a la administración bien puede limitar por razones que tocan con ese interés público, que no está presente en el común de las relaciones laborales entre particulares […] Agregó que el Consejo de Estado, en torno a la estabilidad del empleo, conceptuó que ésta no reviste un carácter absoluto por cuanto no significa un derecho del trabajador a permanecer indefinidamente en el cargo, «concretándose tan solo en el contenido de continuidad de permanencia que deben revestir las relaciones obreropatronales, si involucra la necesidad de pagar una indemnización cuando dichas expectativas de permanencia resultan ser injustificadamente defraudadas». Luego agregó:

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Radicación n.° 86638 […] la garantía de estabilidad laboral no se refiere a la permanencia indefinida en el cargo, ni a la imposibilidad de desvinculación sin expresión de una de las llamadas justas causas para terminar la relación laboral, en cambio, aquella solo se ve suficientemente respetada cuando las normas jurídicas garantizan una indemnización por despido injustificado. (subrayado de la Sala). Señaló que el empleador, en ejercicio de su autonomía, tenía la potestad de decidir aspectos como la terminación del contrato con o sin justa causa, sin que ello contradijere la regulación internacional del Protocolo de San Salvador, «siempre que contemple el pago de una indemnización a cargo del empleador», pues así lo había dicho esta Corte en las sentencias CSJ SL4988-2018, CSJ SL4457-2018 y CSJ

SL3424-2018. Esto es, que también puede obligarse convencionalmente a celebrar exclusivo preferentemente una forma de contratación» (CSJ SL4988-2018), o modificar la forma y duración de los contratos de trabajo vigentes o en curso, o imponer una sola forma de contratación, porque empleador y trabajadores pueden, de común acuerdo, consentir en inaplicar un plazo o apartarse del mismo. Argumentó que el ordenamiento jurídico colombiano ha optado por la estabilidad laboral relativa que supone la facultad del empleador de establecer contratos a término fijo y de finiquitar la relación sin que medie justa causa previo el pago de una indemnización. Con relación al contrato de trabajo obrante a folio 307, del cual destacó había sido aceptado por las partes, dijo: Primero: dicho contrato, con fecha de inicio 14 de enero de 2011, se suscribió 8 días después de su iniciación, esto es, el 21 de

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Radicación n.° 86638 enero del 2011, véase el folio 307 vuelto, lo cual demarcaría o demarca que el trabajador no inició la prestación de sus servicios con un contrato escrito sino de carácter verbal, por ende, gobernado por el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual "el contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar salvo estipulación".

Segundo: a partir del 21 de enero del 2011 las partes suscribientes decidieron en la cláusula segunda lo siguiente: DURACIÓN DEL CONTRATO: la duración del presente contrato

será del 14 de enero de 2011 al 13 de enero de 2014. Parágrafo: las partes acuerdan que, no obstante, a que su contrato de trabajo es a término fijo y su duración no podrá ser mayor a tres (3) años, estás deciden por mutuo acuerdo, y por mera liberalidad, que, al vencimiento del término pactado por ley, y no obstante el preaviso de ley de los 30 días, este se extenderá por el término de dos años más”. Pacto contractual que resultaba a favor del trabajador por ampliar la duración presunta, por tratarse inicialmente de un contrato verbal que trastocó a una duración fija hasta el 13 de enero del 2014. Es esta la primera manifestación acordada entre las partes en torno a una vigencia superior a la que legalmente le hubiese significado al accionante. La segunda manifestación la reviste el contenido del parágrafo, en el cual las partes acuerdan que el contrato vencía el 13 de enero de 2014, que el trabajador podía ser notificado de la expiración de dicho plazo 30 días antes y que pese a todas esas circunstancias el término pactado se extendería por dos años más, quiere decir lo anterior, que tanto empleador como trabajador consideraron necesario que después del 13 de enero del 2014 ameritaba una permanencia o continuidad de 2 años. Ahora, lo que no resulta claro es bajo qué modalidad contractual, porque: a) el contenido restante de la cláusula segunda advierte que el contrato finiquita el 13 de enero del 2014; b) el parágrafo reconoce que la duración de cualquier otro

contrato a término fijo no puede ser superior a tres años y que el empleador no renunciaría a su potestad de preavisar la finalización del vínculo, lo que en efecto ocurrió el 2 de octubre del 2013 (véase folio 313), pues se le informó al demandante que el mismo finalizaría el 13 de enero del 2014 y no sería prorrogado; c) la cláusula quinta del contrato enuncia obligaciones y compromisos del profesor "dentro del período académico señalado”;

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Radicación n.° 86638 d) la cláusula octava dice que "el presente contrato individual de trabajo por labor determinada no sé prórroga ni se renueva automáticamente y, en consecuencia, una vez vencido el término consagrado en la cláusula segunda, termina o finaliza este, las prestaciones sociales causadas se pagarán dentro de los 30 días comunes siguientes contados a partir del día siguiente de la fecha de finalización del contrato”; […]; e) jamás existió una sola relación de trabajo sino varias discontinuas y regidas por diferentes tipos de contrato a saber: el primero de agosto de 1994 suscribieron las partes un contrato de prestación de servicios por duración del período académico que inició el 1 de agosto de 1994 y finalizó el 19 de noviembre de 1994 (véanse los folios 254 a 255); del 1 de febrero de 1995 al 30 de junio de 1997 se celebró un contrato por obra o labor determinada; el primero de febrero de 1998 aparece celebrado contrato de trabajo por obra o labor determinada, el cual rigió

hasta el 30 de junio de 1998 […] (subrayado de la Sala). El sentenciador continuó describiendo los diferentes contratos que celebraron las partes durante los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004-2007 y 2008-2011. Finalmente, discernió que el último era un contrato a término fijo para docentes tiempo completo especial, el cual fue celebrado el 21 de enero del 2011, pero que se dice tuvo inició el 14 de enero del 2011 hasta el 13 de enero del 2014. Después de las situaciones fácticas reseñadas, expuso que a partir del principio de buena fe contractual existían las siguientes interpretaciones: La tesis interpretativa uno: señalaría que las partes pactaron un contrato a término fijo de cinco años desde el 14 de enero de 2011 al 13 de enero de 2016, aún en contravía de la prohibición legal del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, por tratarse de una potestad del empleador que no va en desmedro de los derechos del trabajador, tesis sostenida por la parte demandante. La segunda tesis interpretativa consiste o sería que las partes pactaron una prórroga del contrato de trabajo a término fijo con tiempo inferior a la inicial, esto es, por dos años más, deviniendo ineficaz la cláusula octava del contrato, que referida a un contrato por labor determinada prohibía la prórroga de los

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Radicación n.° 86638 contratos. La tercera sería que las partes pactaron que al vencerse el contrato a término fijo celebrarían un nuevo contrato a término

fijo por dos años más, el cual no quiso suscribir el empleador. Y la cuarta, que la cláusula segunda es integralmente ineficaz por estatuir un plazo de cinco años para un contrato a término fijo en desmedro de la prohibición a favor del trabajador; por tanto, el contrato desde el 14 de enero del 2011 sería verbal y por ende por periodos académicos. (subrayado fuera de texto). Argumentó que «no observa viable» que solo el parágrafo de la cláusula segunda sea ineficaz y nada vinculante para el empleador, como lo concluyó el Juzgado, por transgredir el artículo 46 del CST, ello por el efecto útil que debe tener, más aún cuando para el trabajador representó una expectativa legítima de permanencia en su labor, sin solución de continuidad, y porque el parágrafo constituye una unidad inescindible con la cláusula segunda, que al eliminarse daría lugar a la erradicación total de la misma. Adujo que las tesis dos y tres llevarían a la vigencia contractual hasta el 13 de enero del 2016; por tanto, «no cabe duda que la interpretación más favorable y acorde al querer de las partes», al margen de discrecionalidad y autonomía contractual, «impone la viabilidad de las pretensiones subsidiarias del actor, relativas a que el contrato a término fijo, pese a ser preavisada su fecha de finalización, se prorrogó por el querer expreso de las partes, por el término de dos años», voluntad que se hizo explícita al momento de pactarse el vínculo contractual cuando entre ellas ninguna desavenencia existía.

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Radicación n.° 86638 Añadió que lo anterior resultaba armónico con el artículo 11 de la CCT suscrita entre Siprusaca y la Universidad Santiago de Cali (f.º 97) cuya aplicación procuró el demandante en el escrito inicial, según el cual, «el personal docente que tenga siete años o más de estar vinculado con la Universidad, cualquiera sea la modalidad de contrato laboral, solo podrá ser desvinculado por justa causa previamente comprobada y de acuerdo con la establecido en el artículo 7° del Decreto Legislativo 2351 de 1965», es más, el literal a) del inciso segundo del citado artículo dispone: «en cuanto a los contratos de tiempo completo, medio tiempo, dedicación exclusiva una vez finalizado se observará lo siguiente: a). aquellos contratos suscritos a tres años se elaborarán por un término de 5 años». Consideró que en el año 2011, fecha del contrato y en vigencia del pacto convencional, las partes estipularon la cláusula segunda con el parágrafo bajo análisis; por tanto «dado que el trabajador no pudo continuar prestando sus servicios por el irrespeto a la prórroga expresamente pactada por parte del empleador», el demandante tiene derecho al pago de la respectiva indemnización por despido injusto, equivalente al tiempo faltante para el finiquito de dicha prórroga, la cual, conforme al valor del último salario mensual de $3.100.911 (f.º 23), ascendía a un total de $74.421.864, «más aún cuando convencionalmente no era procedente la terminación del vínculo por parte de la universidad atendiendo causales legales, sino únicamente

mediando justa causa».

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Radicación n.° 86638 Indicó que se remitía a lo dispuesto en el CST para definir la consecuencia del supuesto fáctico del inciso 1 del artículo 11 de la convención colectiva, dado que este «no lo otorga». Acotó que dicho estatuto contenía el mínimo de derechos y garantías en favor de los trabajadores, esto por cuanto: […] el último contrato con el actor se había celebrado por el período comprendido entre el 13 de enero de 2011 al 13 de enero del 2014 y el mismo terminó sin justa causa; en tanto no se podía invocar la causal legal de terminación del plazo fijo pactado, debe entenderse, a la luz de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46, que aquel se prorrogó por el término de dos años. En consecuencia, habiéndose terminado el contrato el 13 diciembre 2014, prorrogado como se mencionó antecedentemente, por el interregno comprendido entre el 14 de enero 2014 al 13 de enero 2016, de conformidad con lo instituido en el inciso tercero del artículo 64 del CST, se deberá reconocer por concepto de indemnización el equivalente a los salarios que debió percibir el demandante por dicho periodo. Así las cosas, modificaba los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia. De otra parte, en relación con la aplicabilidad de la convención colectiva de trabajo, expuso que era cierto que la certificación suscrita el 27 de mayo de 2014 por José Omar Salazar Hildebrando Arévalo, en calidad de presidente y

tesorero de Siprusaca, no resultaba acorde con la documental visible a folios 341 a 342; sin embargo, los desprendibles de pago de salario al demandante del año 2014 y 2013 (f.os 17-20 y 314-327), reflejaban las deducciones salariales con destino a esa organización sindical, «lo cual resulta suficiente para acreditar la pertenencia del demandante al sindicato gremial y su carácter de beneficiario de la convención colectiva de trabajo que el a quo decidió

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Radicación n.° 86638 aplicar», además del oficio de 31 de enero de 2008 (f.º 26), en armonía con el artículo 470 del CST; por tanto, desestimaba los argumentos de la pasiva y confirmaba la condena relacionada con las bonificaciones convencionales o ajustes salariales. Ahora, en relación con la indemnización moratoria, después de copiar el artículo 65 del CST, explicó que la jurisprudencia sostiene que su imposición no es automática. Que al revisar el expediente encontraba que la Universidad había omitido suministrar medios de persuasión que acreditaran una conducta provista de buena fe, pues no había allegado elementos de juicio convincentes que le permitieran sustraerse de dicha sanción, «porque la obligación para los años 2012 y 2013 nace del parágrafo segundo de la cláusula quinta de la convención colectiva de trabajo suscrita para los años 2010–2012», a favor de todos los profesores vinculados con la Universidad Santiago de Cali al momento de la firma de la convención colectiva trabajo,

esto es, 1 de julio de 2010 y, por tanto, a favor del actor. Por ello, la condenaba al pago de la indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de retardo teniendo, en cuenta el salario fijado en primera instancia para el año 2014, esto es, $3.100.911, a partir del 14 de enero del 2014 y hasta ese mismo día y mes y año del 2016; luego de ello, debía reconocer intereses moratorios sobre los valores insolutos hasta la fecha en que se hiciera efectivo el pago de las bonificaciones convencionales o reajuste salarial

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Radicación n.° 86638 contenidas en el parágrafo segundo del artículo 5 de la CCT 2010-2012, correspondientes a los años 2012 y 2013 Adujo que, realizadas las operaciones de rigor, por los primeros 24 meses, desde el 14 de enero de 2014 hasta el 14 de enero del 2016, la indemnización equivalía a $74.421.864; y a partir del mes 25, la demandada debía reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera y hasta su pago efectivo por concepto de las bonificaciones convencionales o reajustes salariales referidos.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Universidad, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia fustigada en cuanto modificó la decisión del Juzgado, para

que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo costas ejemplares. Con tal propósito formula tres carg