CSJ - SL1850-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1850-2023 Radicación n.° 90936 Acta 27 Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación presentados por ambas partes contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de julio de 2020, en el proceso ordinario laboral seguido por LIGIA

ESMERALDA ABONDANO LEÓN contra la COOPERATIVA

DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS.

I. ANTECEDENTES Ligia Esmeralda Abondano León llamó a la referida accionada para que se declare que entre las partes existió un vínculo de trabajo a término indefinido sin solución de continuidad entre el mes de julio de 1991 y el 30 de noviembre de 2012.

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Radicación n.° 90936 En virtud de ello, solicitó condenar a la demandada a reajustar la indemnización por despido sin justa causa con sustento en la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta: i) que la relación de trabajo inició en julio de 1991 y no el 2 de mayo de 1994 y ii) que el factor prestacional real de la demandada es de 32,3888%. Igualmente pidió reajustar los «pagos salariales» durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta el anterior factor prestacional real de la empresa (32,3888%); realizar los aportes al sistema general de pensiones por el periodo de julio de 1991 a abril de 1994 y los ciclos

noviembre de 2000 y septiembre de 2008; efectuar de manera completa las cotizaciones pensionales de enero de 1997, julio, agosto y septiembre de 1999; reconocer y pagar la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, dado que al término del contrato de trabajo «el empleador quedó adeudando salarios y prestaciones sociales por cuanto el factor prestacional cancelado fue deficitario en relación con el factor real de la empresa»; la indexación y las costas procesales. Para sustentar sus pretensiones manifestó que en el año 1989 prestó sus servicios de consultoría y asesoría jurídica para Coasmedas «por evento» y de manera independiente. A partir de julio de 1991, por instrucción de la gerencia general de la demandada, empezó a acudir diariamente a las oficinas de Coasmedas con total disponibilidad, cumplía horario, recibía órdenes del empleador, ejerció su labor desde la sede y con los equipos

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Radicación n.° 90936 de la cooperativa accionada y le fue asignada una oficina, para que pudiera atender los temas que le fueran encomendados. Aclaró que la oficina, así como el sitio de parqueo y la inducción sobre la Cooperativa le fueron suministrados por el jefe de personal de la demandada. Dijo que cerró su oficina particular de abogada para trabajar de tiempo completo como asesora jurídica de Coasmedas desde julio de 1991, en la sede de esta cooperativa en la Calle 57 n.° 17 – 16 de Bogotá, cumpliendo un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y su

jefe inmediata era la gerente general Angélica Leal. Adujo que, ante las innumerables reclamaciones de la demandante, el jefe de personal advirtió a la gerente general del riesgo de mantener la vinculación de la señora Abondano León a través de contrato de prestación de servicios y que era necesario celebrar un convenio de trabajo, asunto que también fue discutido por el Consejo de Administración. Explicó que, por instrucciones de la Cooperativa, entre julio de 1991 y abril de 1994, atendió procesos civiles, laborales y penales en que Coasmedas era parte, así como los requerimientos, pliegos de cargos, inscripción de miembros del Consejo de Administración y juntas de vigilancia ante Dancoop; realizaba acompañamiento a la gerencia general y a las comisiones designadas por el Consejo de Administración, se encargaba de la contratación de bienes y servicios de alto impacto económico como la compra de un inmueble; también mantenía comunicación permanente con

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Radicación n.° 90936 los miembros del Consejo de Administración para atender asuntos de la Cooperativa. Además, por instrucción y bajo las directrices de la gerencia general proyectaba las respuestas a derechos de petición; adelantaba el cobro de cartera y realizaba el trámite ejecutivo; asesoraba a la Junta de Vigilancia en los procesos de exclusión de asociados, informes y quejas; participaba en los comités de solidaridad, proyectaba las actas y respuestas a los cooperados; preparaba y elaboraba las resoluciones y acuerdos del Consejo de Administración y Junta de

Vigilancia, las convocatorias a Asamblea General de Delegados; acudía a las seccionales de Coasmedas para atender temas jurídicos y administrativos; proyectaba la contratación de bienes y servicios de la Cooperativa; participaba en comités ejecutivos; asesoraba los proyectos de vivienda; atendía acciones de tutela; y realizaba la inducción a los gerentes de las sucursales sobre aspectos jurídicos, entre otros. Expuso que dentro de sus labores también estuvo atender los problemas derivados de la licencia de construcción del edificio de la Cooperativa; participar en el estudio de la curva salarial, acompañar y asesorar al personal para efectuar «traslados a la Ley 50 de 1990»; diseñar e implementar el departamento jurídico; proyectar los reclamos ante las compañías aseguradoras y estudiar los títulos que se presentaban como garantías de créditos.

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Radicación n.° 90936 Aclaró que todas estas actividades fueron desarrolladas de manera personal, continua y subordinada, requerían de su disponibilidad total a favor de la Cooperativa y el acatamiento de las órdenes impartidas por la gerencia general. Señaló que el 2 de mayo de 1994 la empresa decidió «legalizar» su vinculación celebrando un contrato de trabajo con ella para ejercer el cargo de directora jurídica nacional; la suscripción de este convenio no modificó las condiciones en que prestaba sus servicios desde julio de 1991, pues siguió realizando las mismas funciones, las cuales fueron certificadas por la demandada en documento de fecha 19 de julio de 2013. Aclaró que su tarea iba más allá de una

asesoría o consultoría y la venía desempeñando desde julio de 1991, momento desde el cual actuó como verdadera trabajadora subordinada de la demandada; además, sus obligaciones fueron las mismas desde esa época. Refirió que desde julio de 1991 le fue reconocido un salario mensual, aunque se denominó honorarios profesionales, se incrementaba cada vez que reclamaba la formalización de su relación de trabajo; y que en mayo de 1994 se pactó un salario integral de $1.283.100, el cual tuvo variaciones anuales, las cuales describe año a año. Aclaró que según certificación emitida por la demandada el 29 de agosto de 2014, el factor prestacional corresponde al 32,3888%; sin embargo, tan solo se tuvo en cuenta un 30% por este concepto, por lo que su salario integral fue mal calculado, así como las vacaciones e «indemnización».

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Radicación n.° 90936 Destacó que en 2009 fue nombrada gerente general de la accionada y en 2012 empezaron a presentarse comportamientos de acoso laboral en su contra, recibiendo agresiones por parte de algunos miembros del Consejo de Administración. El 27 de noviembre de 2012, en su calidad de gerente general de Coasmedas, presentó una comunicación a dicho Consejo en la que advertía algunas inquietudes sobre la administración de la cooperativa, y ante ello, fue despedida sin justa causa. Dijo que en la liquidación final de sus acreencias laborales se indicó como fecha final el 30 de noviembre de 2012 y como extremo inicial el 2 de

mayo de 1994, sin tener en cuenta el tiempo laborado desde julio de 1991 hasta abril de 1994. Al dar respuesta a la demanda, Coasmedas se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos aceptó la ubicación de sus oficinas; el acompañamiento y asesoría a la gerencia general en la contratación de bienes y servicios; el salario pactado al celebrar el contrato de trabajo en mayo de 1994; la certificación emitida sobre el factor prestacional; el memorial presentado por la demandante el 27 de noviembre de 2012 y el extremo final de la vinculación de trabajo; de los demás expresó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa explicó que el único contrato de trabajo que existió entre las partes fue el celebrado el 2 de mayo de 1994, sin que con antelación hubiesen sostenido un vínculo de naturaleza laboral. Aclaró que antes de esta data, la actora prestó servicios de asesoría jurídica y consultoría de manera

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Radicación n.° 90936 autónoma e independiente, en desarrollo de una profesión liberal, sin estar sometida a directrices o lineamientos en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y sin que le fuera impuesto un reglamento. Señaló que el factor prestacional es inferior al 30% por lo que la liquidación de las acreencias laborales de la demandante fue correcta y que en la certificación a la que alude la actora se incurrió en una imprecisión al incluir las vacaciones, cuando estas no son una prestación social. Precisó que el suministro de una oficina o de equipos de

trabajo, o la posibilidad de contar con la colaboración esporádica de los empleados de la cooperativa no evidencian el carácter subordinado de la actividad personal desarrollada por la demandante entre julio de 1991 y abril de 1994. Formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación, falta de título y de causa en las pretensiones de la demanda, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2019, resolvió: PRIMERO. DECLARAR que entre la demandante ESMERALDA ABONDANO LEÓN y la demandada COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS existió un contrato de trabajo sin solución de continuidad, comprendido entre el 31 de julio de 1991 al 30 de noviembre de 2012, en el que desempeñó como

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Radicación n.° 90936 último cargo el de Gerente General y devengó como salarios los siguientes: Periodo Salario Julio a diciembre de 1991 $90.000 Enero a octubre de 1992 $200.000 Noviembre de 1992 a abril de 1993 $300.000 Mayo 1993 a febrero de 1994 $800.000 Marzo a abril de 1994 $966.240 Mayo a diciembre de 1994 $1.283.100 Enero a diciembre de 1995 $1.546.136 Enero a diciembre de 1996 $2.100.000

Enero a diciembre de 1997 $2.814.000 Enero a diciembre de 1998 $3.264.240 Enero a junio de 1999 $3.590.664 Julio de 1999 a diciembre del 2000 $3.786.518 Enero a diciembre del 2001 $4.117.838 Enero a diciembre del 2002 $4.385.497 Enero a diciembre del 2003 $4.711.777 Enero a diciembre del 2004 $4.900.248 Enero a diciembre del 2005 $5.292.268 Enero a diciembre del 2006 $5.715.649 Enero a diciembre del 2007 $6.172.901 Enero a diciembre del 2008 $6.635.869 Enero a abril del 2009 $7.144.840 Mayo a diciembre del 2010 $11.081.801 Enero a diciembre del 2010 $12.811.250 Enero a diciembre del 2011 $13.515.869 Enero a noviembre del 2012 $14.461.980 SEGUNDO. CONDENAR a la demandada COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS a pagar a la demandante ESMERALDA ABONDANO LEON, las siguientes sumas de dinero y por los siguientes conceptos: a. $296.129.127 por reliquidación de indemnización por despido sin justa causa. b. Cálculo actuarial por los periodos que el empleador omitió afiliar a la demandante al Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones por los ciclos correspondientes del 31 de julio de 1991 al 30 de abril de 1994,conforme a la liquidación que efectúe Colpensiones y de acuerdo a los salarios que se mencionaron que

corresponderían: del 31 de julio a diciembre de 1991 $90.000; enero a octubre 1992 $200.000; de noviembre de 1992 a abril de 1993 $300.000, de mayo de 1993 a febrero de 1994 $800.000 y de marzo a abril de 1994 $966.240 conforme a lo considerado. c. Diferencias de los aportes en pensión efectuados por los ciclos de julio de 1999, agosto de 1999 y septiembre de 1999 con los respectivos intereses de mora conforme al salario base de cotización que debió ser $3.590.664 los cuales deberán ser cancelados con destino a Colpensiones.

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Radicación n.° 90936 TERCERO. Absolver a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante. CUARTO. DECLARAR no probada la excepción de prescripción relevándose del estudio de los demás medios exceptivos. QUINTO. CONDENAR a la demandada en costas a favor de la demandante […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció los recursos de apelación presentados por ambas partes y mediante decisión dictada el 30 de julio de 2020, resolvió: PRIMERO: REVOCAR el literal c) del numeral segundo del fallo proferido 28 de junio de 2019 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá; para en su lugar, absolver a la demandada de pagar la diferencia de aportes efectuados en pensión para los ciclos julio a septiembre de 1999, y de los respectivos intereses

moratorios, conforme quedó expuesto.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero del fallo apelado, para en su lugar, condenar a la demandada a indexar la indemnización por despido injustificado desde el 30 de noviembre de 2012 y hasta que se verifique el pago de la obligación.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

Para desatar los recursos de alzada, se refirió a los siguientes asuntos: Existencia del contrato de trabajo entre julio de 1991 y abril de 1994: explicó la presunción contenida en el artículo 24 del CST, enlistó las pruebas documentales allegadas por la demandante para demostrar la vinculación laboral por este

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Radicación n.° 90936 lapso y describió algunas de ellas, así como todo lo narrado por los testigos Oswaldo Barrera Guauque, Fernando Jiménez Gómez y Edgar Yesid Orrego Escobar en torno a la forma como Esmeralda Abondano León realizaba su actividad personal. De estos medios probatorios resaltó que se podía establecer que la accionante desarrolló una actividad personal como abogada y asesora jurídica a favor de la demandada, para lo cual le fue suministrada una oficina o lugar de trabajo, que por instrucción de la gerente debía asistir a las instalaciones de la cooperativa todos los días, que se le asignó un horario, se le brindó inducción, un parqueadero, línea telefónica y todos los elementos para realizar su labor, y que se comunicaba con dicha gerente para pedirle permisos.

Con base en lo anterior, adujo que, de un análisis conjunto de las pruebas allegadas, se concluía que la actora demostró la prestación personal del servicio a favor de Coasmedas entre julio de 1991 y abril de 1994, tal como lo exige el artículo 24 del CST. En esa medida, resaltó que la demandada tenía la carga de acreditar la ausencia de subordinación en la ejecución de las labores; sin embargo, no lo cumplió, pues el planteamiento de la pasiva en torno a la independencia y autonomía en el ejercicio de las funciones a cargo de la accionante carecía de respaldo probatorio. Refirió que la accionada ni siquiera aportó el contrato de prestación de servicios y se limitó a presentar un otro sí

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Radicación n.° 90936 que modificó su término a partir del 1 de enero de 1992 (folio 847). También resaltó que la testigo Angélica Leal Olaya, gerente de la demandada, explicó que para los años 1991 a 1994 la actora no presentaba cuentas de cobro y que los incrementos considerables en los honorarios pagados obedecían a las reclamaciones de la demandante, dado el aumento del costo de la canasta familiar, y que la declarante, como gerente, los otorgaba; explicación que el Tribunal no encontró lógica ni racional. Encontró que el testimonio de la señora Leal Olaya fue inconsistente, impreciso e incoherente en relación con las anualidades a las que se refirió. Además, señaló que, aunque en las declaraciones de Carlos Julio Silva y Luz Myriam Rodríguez se explicó que entre 1991 y 1994 la demandante

acudía a la cooperativa porque tenía vínculos de amistad con varios de sus miembros, lo cierto era que estos testigos no tenían mayor contacto con la demandante debido a los cargos desempeñados por ellos: digitador y secretaria. En esa medida, precisó que la declaración de estas personas perdía suficiencia y solidez al contrastarlas con los testimonios de Oswaldo Barrera Guauque y Edgar Yesid Orrego Escobar, quienes sí tuvieron contacto directo con la señora Abondano León durante el periodo discutido, dado que trabajaron con ella, el primero, como miembro del Consejo de Administración, especialmente en proyectos de vivienda para los cuales el declarante requirió de la constante asesoría y acompañamiento de ella; y el segundo, encargado de recursos humanos y quien le hizo entrega de la oficina y

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Radicación n.° 90936 equipos de trabajo en 1991. De hecho, estos declarantes insistieron ante la gerencia para que se regulara la relación laboral de la actora mediante un contrato de trabajo. Además, coincidieron al informar las funciones a cargo de la demandante relacionadas con los roles que ellos ocupaban en la empresa, de manera cronológica y coherente, lo cual se respaldaba con los documentos allegados relativos a la representación judicial, el apoyo a los consejos y la preparación de asuntos que requerían disponibilidad de tiempo. Destacó que el hecho de que en 1994 se «materializara» un contrato de trabajo entre las partes, corrobora la coherencia de los testimonios de los señores Barrera Guauque y Orrego Escobar, y evidencia que las labores ejercidas por la actora eran de gran relevancia e

imprescindibles para el funcionamiento de la cooperativa, lo que desvirtúa la supuesta autonomía. En ese orden, concluyó que, en este caso, la realidad se imponía sobre las formas contractuales, por lo que no se equivocó el a quo al declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, del 31 de julio de 1991 al 30 de noviembre de 2012. Por tanto, adujo que debía confirmar esta decisión, así como la orden de reliquidar la indemnización por despido injusto, fundada en la declaración de los mencionados extremos temporales. Aclaró que el cálculo de esta indemnización no fue objeto de apelación, por lo que no se pronunciaría al respecto.

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Cálculo actuarial: explicó que el pago de aportes en mora procede cuando se dejan de pagar las cotizaciones luego de reportar la afiliación al sistema, mientras que el cálculo actuarial opera cuando el empleador no notifica la existencia del vínculo de trabajo a la administradora de pensiones. Por tanto, en este evento tiene lugar este último mecanismo, dado que Coasmedas no reportó al ISS la vinculación de la demandante entre 1991 y 1994.

Aportes pensionales: señaló que la parte actora desistió de las pretensiones de pago de las diferencias en las cotizaciones para los ciclos julio, agosto y septiembre de 1999, por lo que el juez no ha debido pronunciarse e imponer condena por tal concepto. De ahí que debía revocar esa decisión.

Cesantías y sanción por su no consignación: adujo que,

aunque en la apelación de la actora se insiste en que de la declaración del contrato de trabajo era lógico inferir el reconocimiento de estas acreencias, lo cierto era que en las pretensiones de la demanda inicial no fueron solicitadas y por ello no se abordaron por el a quo, por lo que no podrían ser analizadas por el Tribunal. Explicó que las facultades ultra y extra petita no proceden en segunda instancia y que la decisión del juez de la alzada debe guardar consonancia con las pretensiones de la demanda inicial; además, no se puede sorprender a la

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Radicación n.° 90936 parte demandada con «decisiones» que no hayan sido «rebatidas» en juicio, pues ello transgrede su derecho de defensa y debido proceso garantizado por el artículo 29 superior.

Factor prestacional: resaltó que en el contrato de trabajo firmado en 1994 se pactó el pago de un salario integral y que el factor prestacional de tal remuneración era equivalente a un 30%; y aunque en la demanda inicial la parte actora reclamó que este factor correspondía a un 32,388%, ello lo sustenta en una certificación emitida por la demandada, sin precisar cuáles prestaciones extralegales debían tenerse en cuenta para calcularlo.

Indicó que en el certificado del 2 de octubre de 2013 emitido por Coasmedas se aludió a un 32,3888% como lo afirma la actora, pero ello obedeció a que se incluyó por error el monto por concepto de vacaciones, el cual está excluido legalmente de este factor prestacional (folios 532 y 533). Agregó que lo que se persigue en la alzada es que se

incluya la prima de antigüedad en el cálculo del factor salarial, lo cual no fue solicitado desde el escrito inicial y, por ende, no fue un asunto abordado por la juez; de ahí que la Sala tampoco podía pronunciarse al carecer de facultades ultra y extra petita. Aclaró que el hecho de que algunos testigos hubiesen hecho referencia a esta prima como factor salarial no habilitaba al Tribunal para abordar ese tema.

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Radicación n.° 90936 En todo caso, precisó que no se desconocía ningún derecho mínimo de la actora, dado que en el escrito inicial confesó que siempre recibió el factor prestacional del 30%, hecho que se dio por probado en primera instancia, sin que hubiese merecido reparo en la alzada.

Indemnización moratoria: argumentó que esta se causa cuando al término del contrato se dejan de pagar salarios y prestaciones, y lo cierto es que la única suma adeudada por Coasmedas era la diferencia por la indemnización por despido injusto, en atención a los verdaderos extremos temporales de la relación declarados judicialmente. Por tanto, como el artículo 65 del CST no se refiere a esta indemnización, no es procedente la sanción por mora, ni aún en el evento de que la demandada hubiese querido disfrazar un verdadero contrato de trabajo, como se demostró.

Indexación: dijo que ante la depreciación de la moneda por el paso del tiempo ordenaría la actualización de la condena por concepto de la indemnización por despido injusto, desde el 30 de noviembre de 2012 hasta cuando se verifique su pago.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Los recursos fueron interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, por lo que se pasan a resolver. Por cuestión de método, la Sala estudiará primero el formulado por Coasmedas.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADO POR COASMEDAS La recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto confirmó la condena por concepto de reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa y por indexación. En sede de instancia, solicita que se revoquen las condenas dispuestas por el a quo, y en su lugar, se la absuelva de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito plantea dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 19, 23, 24 y 64 del CST, 6 de la Ley 50 de 1990, 28 de la Ley 789 de 2002, 16 de la Ley 446 de 1998, 8 de la Ley 153 de 1887 y 230 de la

Constitución Política. Afirma que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por probado, a pesar de que lo está, que la cooperativa demandada logró desvirtuar la existencia de una subordinación laboral en los servicios que le prestó la demandante entre julio de 1991 y abril de 1994.

2. No dar por probado, estándolo, que en sus labores de asesora

jurídica al servicio de Coasmedas entre julio de 1991 y abril

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Radicación n.° 90936 de 1994, como abogada y profesional liberal, la actora actuó con plena libertad laboral, autonomía e independencia en sus actividades.

3. No dar por demostrado, estándolo, que entre la actora y la demandada se ejecutó un contrato de prestación de servicios entre julio de 1991 y abril de 1994.

4. No dar por acreditado, a pesar de que lo está, que entre julio de 1991 y abril de 1994, la demandada nunca le exigió el cumplimiento de un horario, y nunca fijó las condiciones de tiempo, modo y lugar sobre el diario quehacer de la accionante como abogada.

5. No dar por probado, pese a que lo está, que entre julio de 1991 y abril de 1994, la actora asesoraba laboralmente a la demandada.

Precisa que estos errores obedecieron a la equivocada valoración de las siguientes pruebas:

1. Otro sí al contrato de prestación de servicios. Folio 847.

2. Demanda inicial.

3. Hoja de vida de la demandante. Folios 840 a 847

4. Comprobantes de pago de honorarios profesionales (folios 948, 1054 a 1064)

5. Cuentas de cobro presentadas por la demandante. Folios 945 a 947

6. Testimonios de Angélica Leal Olaya, Edgar Yesid Orrego

Escobar, Fernando Jiménez Gómez, Oswaldo Barrera Guauque y Luz Miriam Rodríguez Parra. Igualmente, por la falta de apreciación de los siguientes

elementos:

1. Confesiones efectuadas por la actora en los hechos 12, 15, 17 y 36 de la demanda.

2. Acta del Consejo Directivo del 29 de abril de 1994. Folios 931 a 938

3. Documentos de folios 889 a 893 y 896.

4. Documento de folio 846.

Refiere que, contrario a lo dicho por el ad quem, la demandada sí demostró que la actora ejerció sus labores de manera autónoma e independiente.

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Radicación n.° 90936 Expone que el otrosí al contrato de prestación de servicios profesionales allegado a folio 847 demuestra que las partes sí celebraron un convenio de tal naturaleza, pues de otra forma no se explica cómo en este documento se modificó su término de duración. Así, afirma que es dable concluir que antes de la fecha de este documento, 28 de febrero de 1991, ya existía un contrato de prestación de servicios entre las partes, y por lo menos, durante 9 meses más. Aclara que un otrosí tiene como finalidad incluir apartados o artículos a un documento principal, por ende, si existe aquel, es porque también se celebró el contrato que se adiciona o modifica. De ahí que resulta desacertado el reproche del Tribunal en cuanto a que no se hubiera acreditado la celebración del contrato inicial de prestación de servicios, pues este se prueba con el otro sí denunciado, así como con los testimonios de Angélica Leal y Miriam Rodríguez. Agrega que la demandante no desconoció que la Cooperativa accionada había celebrado un contrato de prestación de servicios con ella, por el contrario, lo admitió

en el escrito inicial de demanda, en especial al plantear los hechos 12 y 15; por tanto, el Tribunal no podía concluir que en el proceso no se demostró la vinculación de las partes mediante este tipo de convenio. De otra parte, precisa que el acta del Consejo Directivo del 29 de abril de 1994 visible a folios 931 a 938 explica las

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Radicación n.° 90936 razones por las cuales se creó el Departamento Jurídico en la entidad demandada y en el que la accionante prestó sus servicios desde el 2 de mayo de 1994. En dicho documento se consignó que la asesoría jurídica con la que se contaba era de tiempo no definido por lo que se dificultaba el control de los contratos y la asistencia al Consejo de Administración, y que de contar con un profesional en la planta de personal se obtendría un mejor y más directo manejo de las actividades que requerían atención jurídica, una dedicación de tiempo completo a la cooperativa y mayor eficiencia. Así las cosas, señala que la disponibilidad de la actora a las labores ejercidas en la Cooperativa no era total, no tenía un manejo constante de la actividad jurídica y no estaba involucrada en las problemáticas de la entidad. Además, no es cierto que las tareas realizadas antes de mayo de 1994 fuesen las mismas que desarrolló cuando fue designada para dirigir el departamento jurídico, pues de este documento se desprende que el tiempo y responsabilidades cambiaron, y empezó a depender de la demandada, antes no. Refiere que de la hoja de vida de la accionante y de la confesión contenida en los hechos 17 y 36 de la demanda

inicial se deriva que la señora Abondano León era asesora jurídica de la Cooperativa en materia laboral, lo cual evidencia que, por ostentar tal calidad conocía las implicaciones jurídicas de la forma como se encontraba vinculada a la demandada; pese a ello, no informó a Coasmedas sobre una cuestión que debía ser corregida, por lo que omitió cumplir sus obligaciones como profesional.

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Radicación n.° 90936 Afirma que no se tuvieron en cuenta los conceptos jurídicos elaborados por la demandante sobre asuntos laborales, los que demuestran la actividad como asesora jurídica y dan cuenta de que era consciente de que su tipo de contratación no tenía inconvenientes (folios 889 a 894). Insiste en que, en razón a sus labores, la accionante sabía cuándo una vinculación por prestación de servicios debía entenderse regida por un contrato de trabajo; sin embargo, nunca lo expuso ante la demandada, ni planteó ninguna inconformidad al respecto, lo que generó en la Cooperativa una convicción de estar obrando de manera correcta, pues un obrar profesional y leal de la actora le hubiese obligado a manifestar sus reparos frente a su forma de contratación. Dice que el colegiado no tuvo en cuenta que, además de ser abogada, desde julio de 1991 la accionante le prestaba asesorías a la demandada; razón por la cual, no atendió las particularidades propias de un servicio prestado en el marco de una profesión liberal, y que le confieren autonomía a quien la ejerce. Esta omisión llevó al juzgador a aplicar los

criterios generales sobre subordinación laboral, que no corresponden con la forma como se desarrolla una profesión liberal. Resalta que para la jurisprudencia este tipo de profesiones evidencian una libertad externa, que permite su ejercicio, y una libertad interna, relativa a la forma como la persona organiza su trabajo. Sin embargo, el Tribunal no

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Radicación n.° 90936 distinguió estas particularidades de la actividad persona