CSJ - SL1851-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1851-2023 Radicación n.° 91624 Acta 27 Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por XXXX1, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 13 de agosto de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y

ADMINISTRACIÓN -SERDAN S. A.

I. ANTECEDENTES XXXX llamó a juicio a la compañía accionada con el fin de que se declare que la terminación del vínculo laboral que existió entre ellos es ilegal, injusta e ineficaz, toda vez que se 1 1 En razón a que en el presente caso se estudiará la situación de una persona que padece el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, la Sala advierte que, como medida de protección de su intimidad, se suprimirá de esta providencia el nombre del demandante, así como los datos e información que permitan conocer su identidad. En consecuencia, para efectos de individualizarlo, se ha utilizado el distintivo XXX.

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Radicación n.° 91624 efectuó pese a que se encontraba en estado de debilidad manifiesta, concretamente, en tratamiento médico e incapacitado, con concepto desfavorable de rehabilitación y en trámite de calificación para determinar la pérdida de su capacidad laboral. Lo anterior, debido a una enfermedad catastrófica que padece.

En consecuencia, pidió condenar a Serdan S. A. a reintegrarlo definitivamente en el cargo que venía desempeñando al momento en que fue desvinculado o a uno de similar categoría, teniendo en cuenta su situación actual de salud, sin solución de continuidad e igual remuneración salarial y prestacional, junto con el pago de los salarios, prestaciones, reajustes causados desde su retiro hasta su reinstalación definitiva; la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST; la sanción por no consignación del auxilio de cesantías e intereses; la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; los aportes a pensión; los intereses moratorios o la indexación de las condenas; lo ultra o extra petita y las costas del proceso. Subsidiariamente, solicitó que se le reconozca la indemnización por el despido injusto del artículo 64 del CST y la prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Narró como hechos relevantes del proceso, que el 23 de abril de 2013 ingresó a laborar al servicio de Serdan S. A., mediante la suscripción de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, con el fin de desempeñarse como

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Radicación n.° 91624 representante de ventas en favor de Cervunión S. A. y con un salario básico mensual inicial de $1.117.680. Explicó que en el año 2013 empezó a presentar dificultades de salud que lo llevaron a consultar en reiteradas ocasiones a profesionales adscritos a su EPS, siéndole

diagnosticada una enfermedad catastrófica. Indicó que, con ocasión de su patología, comenzó un tratamiento médico y tuvo que pasar por varias incapacidades laborales, la primera de ellas, del 19 al 24 de junio de 2013; una posterior, desde el 21 hasta el 23 de agosto de 2013 y que fueron otorgadas por su empleador. Afirmó que su enfermedad era conocida por Serdan S. A., tanto por su jefe inmediato como por el área de recursos humanos de la compañía, pues, en las incapacidades prescritas por sus médicos tratantes se consignaba la patología padecida y, además, porque la respectiva EPS le remitió una comunicación en la cual le solicitó documentos a su nombre, con el fin de emitir recomendaciones laborales. Pese a lo anterior, el 16 de junio de 2014, la compañía accionada le informó que su contrato de trabajo finalizaría el 22 de agosto siguiente y que no sería prorrogado, de modo que le fue terminado el vínculo laboral, de forma unilateral y sin justa causa, estando incapacitado y sin que se hubiera solicitado autorización previa del Ministerio del Trabajo; y sin que tampoco se hubiera fijado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral por las autoridades competentes para ello.

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Radicación n.° 91624 Añadió que en desarrollo de sus labores, nunca tuvo una queja o llamado de atención; que su contrato debió prorrogarse a fin de posibilitar su recuperación; que se vulneró su derecho a la estabilidad laboral reforzada; y que mediante sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016, le

fue otorgado un amparo constitucional mediante el cual se ordenó su reintegro, lo que se materializó el 22 de febrero de 2016, siendo reinstalado al cargo de analista integral dentro de la misma empresa, pero con un salario inferior al que tenía derecho. Puntualizó que la acción de tutela se otorgó de forma transitoria, por lo que su situación debió discutirse ante la justicia laboral. Al contestar la demanda, Serdan S. A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones dirigidas en su contra. En relación con los hechos, aceptó la relación laboral que tuvo con el accionante; los demás, los negó. En su defensa, indicó que en el 2013 no tuvo conocimiento de la enfermedad que padece el actor, que en las incapacidades médicas no se evidenciaba su diagnóstico y que, por ende, no había motivo por el que la empresa lo considerara como sujeto en estado de debilidad manifiesta. Añadió que él tampoco solicitó autorización o permisos para adelantar algún tipo de tratamiento; y que aquella incapacidad generada entre el 21 y el 23 de agosto de 2014, se promovió de mala fe por el trabajador, pues desde el 16 de junio anterior tenía conocimiento de que la sociedad no prorrogaría su contrato de trabajo y que lo finalizaría el 22 de agosto. Advirtió que sólo un año y seis meses después de

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Radicación n.° 91624 culminada la relación laboral, conoció del problema de salud que lo aquejaba y eso, por la acción de tutela que interpuso. Insistió en que las únicas dos incapacidades médicas

que le fueron otorgadas al actor en vigencia del contrato de trabajo no acreditaban su estado de salud, además de que la empresa nunca tuvo acceso a su historia clínica, tal como lo dispone el artículo 16 de la Resolución 2346 de 2997, sobre la reserva de este tipo de documentos. Frente a la carta que envió la EPS a dicha sociedad solicitando documentos a fin de emitir recomendaciones laborales, aclaró que esa petición se recibió el 3 de septiembre de 2013, sin que se especificara diagnóstico o motivo de ese requerimiento dándose respuesta oportuna, aportando los anexos pedidos. Explicó que la terminación del vínculo laboral obedeció a una justa causa legal, en atención a que expiró el plazo fijo pactado, dada la modalidad contractual acordada entre las partes. Así, el 16 de junio de 2014, se le puso de presente que el vínculo no sería prorrogado y, por ende, terminaría el 22 de agosto siguiente. Por ello, califica de sorpresivo que el trabajador, un día antes de esa fecha, hubiera acudido a la EPS para obtener una incapacidad. Finalmente, agregó que, a la fecha, ya tiene conocimiento de que el actor padece de VIH y, en consecuencia, le ha brindado todas las herramientas que faciliten su recuperación y rehabilitación, hasta el punto de que, en la actualidad, labora con Serdan S. A. En relación con el amparo constitucional que dispuso su reintegro,

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Radicación n.° 91624 sostuvo que, conforme a un otrosí celebrado con el actor, se pactó que, a partir del 29 de marzo de 2016, desempeñaría

el cargo de analista integral, lo que no significa una desmejora de sus condiciones laborales, sino que ello está pensado para su bienestar, toda vez que las funciones que debía ejercer como representante de ventas, suponía largos recorridos en la calle, visita en tiendas, exposición y desgaste físico que el nuevo cargo no conlleva. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por terminación legal del contrato de trabajo; terminación del contrato no se presume por la enfermedad que el empleador no conoce; la corta incapacidad temporal por sí sola no otorga estabilidad laboral reforzada al demandante; inexistencia de la obligación de los derechos reclamados; pago por cumplimiento de orden judicial; buena fe; mala fe del demandante; compensación; prescripción y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 14 de agosto de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ el despido del señor XXXX y en consecuencia se CONDENA a la sociedad COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERDAN S. A. a REINTEGRAR en forma definitiva al señor XXXX, identificado con la C.C. XXXX al mismo cargo u otro similar al que tenía el día del despido o a uno equivalente o de mejor categoría, acorde con sus condiciones de salud, previa prescripción médica en tal sentido, debiéndose pagar los salarios, prestaciones sociales que se han causado desde la finalización del contrato hasta el momento del reintegro, como los aportes a la seguridad social integral en todos los subsistemas, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

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SEGUNDO: Se CONDENA a la sociedad COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERDAN S. A. a reconocer y pagar al señor XXXX, la indemnización del art. 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a la suma de $6.706.080.

TERCERO: Se ABSUELVE a la sociedad demandada de los restantes cargos formulados en su contra por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: Las excepciones propuestas quedan resueltas implícitamente en la sentencia, sin prosperar.

QUINTO: Costas a cargo de la sociedad demandada. Se fijan agencias en derecho en la suma de $7.812.420 a favor del demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 13 de agosto de 2020, revocó la decisión impugnada y, en su lugar, absolvió a la demandada de las pretensiones dirigidas en su contra. Condenó en costas a la parte demandante.

Como fundamentos de ese pedimento, hizo algunas referencias al estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada y el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, precisando que se exigían cuatro requisitos para que opere en cada caso determinado: i) que el trabajador presente padecimientos de salud que supongan afección sustancial en el ejercicio de sus funciones; ii) que el

empleador hubiese conocido tal condición en un momento previo al despido; iii) que no exista autorización anterior del Ministerio del Trabajo y iv) que el empleador no logre

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Radicación n.° 91624 desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. Agregó que el estado de salud del trabajador genera la referida presunción, por lo que el empleador debe probar que no fue esa, sino otra, la causa de la terminación de la relación laboral. Expuso que, como para el caso, la decisión de finalización del vínculo se adoptó aduciendo una causa legal, esto es, el vencimiento del plazo pactado debía determinarse si al momento de la finalización del contrato de trabajo, el demandante estaba amparado por el beneficio de estabilidad laboral reforzada. Dijo que a folio 20 del plenario, obraba una carta del 16 de junio de 2014, mediante la cual el empleador le informó al actor la decisión de no renovar la relación laboral a término fijo, y que por ello quedaba desvinculado a partir del 22 de agosto de 2014, por vencimiento del plazo. Advirtió, en primer lugar, que, al momento del despido, el trabajador no contaba con una PCL del 15% o más. Ahora, respecto del requisito de si se encontraba en una condición de salud que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus labores, explicó que obraba una historia clínica (folio 14), en la que se observaba que el 14 de mayo de 2013, se le diagnosticó al demandante una infección con VIH y, en razón de esa patología fue incapacitado en dos

oportunidades: la primera, entre el 19 y el 24 de junio de 2013; la segunda, del 21 al 23 de agosto de 2014, esta última vez, por malestar general y cefalea. Así mismo, señaló que obraba una carta del 28 de agosto de 2013 (folio 17), mediante la cual la EPS Saludcoop le solicitó a Serdan S. A.

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Radicación n.° 91624 algunos documentos para hacer unas recomendaciones laborales, sin que se señale ahí el padecimiento de una determinada enfermedad. A folio 18, se podía también reposaba una carta enviada por la EPS Saludcoop a la AFP Protección, del 6 de noviembre de 2013, en la que se informó sobre el concepto desfavorable de rehabilitación por el diagnóstico de VIH estadio A3, indicándose que esta enfermedad le impide al actor realizar sus labores, concepto que fue emitido por el especialista tratante. Dijo que, según lo admitido por el actor en el hecho quinto de la demanda, durante el tiempo en el que estuvo vinculado a la sociedad demandada, desde el inicio hasta su culminación y, a pesar de haber sido diagnosticado desde el año 2013 con VIH, sí pudo desempeñar sus labores normalmente. Añadió que también era relevante que, una vez que fue reincorporado a la empresa en virtud de la acción de amparo, el actor manifestó que su nuevo cargo estaba sin aumento desde el año 2013, y que, aunque era comercial de mercadeo y ventas, la empresa insistía en dejarlo en la oficina, lo que consideraba una discriminación en su contra ya que, anotó,

su enfermedad no le impedía trabajar en la calle. Ello, además, ocurrió dos años después de haberse producido el despido. Además, puso de presente que, en vigencia de la relación de trabajo y previo a que fuera informado del preaviso de no prorrogar más su contrato, el trabajador sólo

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Radicación n.° 91624 estuvo incapacitado una vez, entre el 19 y el 24 de junio de 2013, esto es, durante seis días, por lo que no podía concluirse que su estado de salud le generó incapacidades de las que se pudiera colegir que no podía desempeñar las labores a él encargadas. Sostuvo que, si bien con posterioridad a que fue informado de la no renovación de su contrato de trabajo, el 21 de agosto de 2014, un día antes que se hiciera efectiva la terminación, el demandante asistió a consulta médica por cefalea y malestar general, sin otros síntomas, lo que llevó a que fuera incapacitado durante tres días, entre el 21 y el 23 de agosto de 2014, esa situación no le daba la condición de persona en estado de discapacidad. Advirtió también que no estaba acreditado que un día antes de que su vínculo culminara o antes de ello, se hubieran dado recomendaciones o restricciones laborales o se hubiera calificado su capacidad laboral, lo que, resaltó, tampoco había ocurrido en el curso del proceso. Manifestó que, si en gracia de discusión se aceptara que, para la fecha del despido, el accionante tenía problemas de salud, lo cierto es que no existía prueba de que la empresa

demandada hubiera tenido conocimiento de la enfermedad del actor. Sobre esto último, indicó que Natalia Ortiz Cardona manifestó que durante el tiempo en el que ella había laborado en Serdan S. A., los empleados debían entregar las historias clínicas al momento de presentar las incapacidades médicas,

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Radicación n.° 91624 sin que le constara que el demandante hubiera aportado ese documento, como tampoco informado de su patología, pero que debió hacerlo, lo que, catalogó el despacho, como mera suposición. También descartó la veracidad de la declaración rendida por Nancy Delly Madrid Cañas, a quien no sólo no le constaba la segunda incapacidad médica del trabajadorpues no estaba presente en la empresasino porque no era creíble que conociera con precisión si el actor entregó o no las historias clínicas a su empleador. Consideró que no compartía el criterio expuesto por el a quo sobre el deber que tenía el empleador de verificar cuál enfermedad era catalogada como «B24X» -como se registró en la incapacidad otorgada en junio de 2013toda vez que las reglas de la experiencia sugerían que cuando este tipo de incapacidades no es de tiempo prolongado o reiteradas, no es muy importante conocer cuáles patologías la generaron, menos aún, si no debían ser pagadas por el empresario. De manera que, concluyó, aunque en este caso estaba probado que el accionante presentó ante su empleador las incapacidades de folios 12 y 13 del plenario, ello no implicaba que aquél conociera de la patología que sufría el trabajador, máxime si, de una imposibilidad para trabajar durante seis

días, no podía inferirse una condición especial de salud que afectara el desempeño normal de sus actividades laborales y, en todo caso, no estaba en el deber de verificar a cuál diagnóstico se referían los códigos expresados en esas incapacidades, pues ello hace parte del carácter reservado de la historia clínica.

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Añadió lo siguiente: Es preciso señalar que, aunque el demandante asegura en el escrito de demanda que desde la presentación de la primera incapacidad el empleador tuvo conocimiento de su diagnóstico y estado de salud, se observa en el plenario que a pesar de esa incapacidad presentada por el trabajador en el mes de junio de 2013 (más de un año antes de la terminación del contrato de trabajo) Serdan S. A. encontrándose legalmente facultado para terminar la relación laboral por vencimiento del plazo pactado, decidió continuar con el contrato de trabajo, pues permitió la prórroga por periodos iguales al inicial en tres oportunidades y de esta actitud del empleador es posible inferir que su intención no era terminar el contrato por alguna enfermedad que sufriera el demandante, por el contrario, lo mantuvo por dieciséis meses vinculado como su trabajador e inclusive para el momento en que decide no prorrogar más el contrato, no se había presentado aún la segunda incapacidad del demandante pues recuérdese que se preavisó la terminación en el mes de junio de 2014 y la incapacidad se produjo el 21 de agosto de ese mismo año, un día antes de la terminación del contrato.

De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala de Decisión que la

terminación del contrato de trabajo del actor no obedeció al estado de salud, en primer término, porque como se ha venido exponiendo, el empleador no conocía de sus padecimientos. Adujo que no era procedente la condena a título de indemnización por despido injusto, ya que el demandante no indicó por qué la terminación del contrato de trabajo había sido injusta, aparte de que, se trataba de un vínculo a término fijo por cuatro meses, que inició el 23 de abril de 2013 y terminó el 22 de agosto «del mismo año» (sic). Y, como quiera que se le dio el respectivo preaviso con más de un mes de antelación para ser finiquitado el 22 de agosto de 2014, se trataba de una causal legal. Por lo anterior, revocó el fallo apelado y absolvió a la accionada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El actor pretende que la Sala case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado en lo referente al reintegro en forma definitiva; la condena al pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación. Por razones de metodología, la Sala analizará, en primer lugar, la segunda acusación, a fin de

brindar una mejor comprensión sobre la problemática planteada por la censura, luego de lo cual, resolverá la primera.

VI. SEGUNDO CARGO Denuncia el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por violación directa, por interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; del preámbulo y los artículos 1, 3 y 27 de la Ley 1346 de 2009; 1, 5 y 13 de la Ley 1618 de 2013; 7 del Decreto 2463 de 2001, en armonía con los

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Radicación n.° 91624 artículos 1, 13, 47, 48, 53, 54, 93 y demás concordantes de la CP. Indica que, dada la senda, no discute que laboró para la empresa desde el 23 de abril de «2003» (sic) hasta el 22 de agosto de 2014; que desde el año 2013 comenzó a presentar problemas de salud y los médicos le diagnosticaron VIH; que tuvo varias incapacidades conocidas por el empleador y que el 16 de junio de 2014 se le avisó que su contrato terminaría el 22 de agosto siguiente. Luego de citar extractos del fallo acusado, dice que su intelección no consulta el espíritu de la Ley 1346 de 2009 que consagró un modelo social de discapacidad que se concibe como el resultado negativo de la correlación entre las circunstancias específicas de un sujeto y las barreras impuestas por la sociedad. Cita algunos apartes de los salvamentos de voto referidos en las decisiones CSJ SL7112021, sin hacer ninguna referencia sobre el particular y

termina diciendo que es evidente que demostró encontrarse en situación de discapacidad, en los términos de la Convención sobre los derechos de las personas con minusvalía, dado que padece un cuadro complejo de salud por el tipo de enfermedad que padece, porque sufre VIH SIDA.

VII. RÉPLICA Serdan S. A. explica que, según la jurisprudencia de esta Sala de Casación, para que opere la protección de

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Radicación n.° 91624 estabilidad laboral reforzada es necesario que el trabajador padezca una pérdida de capacidad laboral superior al 15%; que el empleador conozca de esta situación y que la relación laboral termine con ocasión de esta condición de salud. Estima que esta garantía procede exclusivamente para las personas que presentan afectaciones físicas, psíquicas o sensoriales y no para las que tengan cualquier tipo de discapacidad, se hallen en incapacidad o con algún diagnóstico por afecciones concretas. Cita extractos de varias decisiones judiciales sobre el tema y termina diciendo que el Tribunal no violó la ley sustancial en la forma indicada en la demanda de casación.

VIII. CONSIDERACIONES Lo que la censura cuestiona mediante este cargo es que el Tribunal no hubiera interpretado correctamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y concretamente la Ley 1346 de 2009, mediante el cual se consagra el modelo social de discapacidad para resolver su caso conforme a dicho parámetro legal.

Por tanto, la Sala se ocupará de analizar si el juez colegiado se equivocó en su comprensión jurídica de los referentes legales que aparejan el referido modelo social de

discapacidad. Para resolver si es cierto que el Tribunal desconoció tales parámetros, resulta imperioso ilustrar cuál es el estado

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Radicación n.° 91624 actual de cosas, a fin de determinar el escenario jurídico que permite considerar que se está ante un sujeto destinatario de la protección de estabilidad laboral reforzada y establecer si en la decisión se tuvo en cuenta o no. En un principio, la jurisprudencia tenía precisado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no era suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufriera quebrantos de salud, estuviera en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debía acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implicara un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 (CSJ SL11411-2017, CSJ SL46092020, CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL4972021). A partir de ese porcentaje era que se definía si la situación de discapacidad era o no relevante y prolongada en el tiempo, de modo que supusiera una afectación en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y de allí si definía si era o no procedente la protección legal. Adicionalmente, hubo de precisarse que no era

necesario una prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo de trabajo para demostrar la discapacidad, sino que lo relevante es que el empleador tuviera conocimiento de la situación de salud del trabajador.

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Radicación n.° 91624 Ahora bien, con el desarrollo de esta temática a través de instrumentos internacionales, concretamente, desde la década de los 60s, se propuso un concepto de modelo social de discapacidad que, en los términos del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca mejorar las condiciones de vida de las personas en esa situación, no sólo mediante medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades. Así, uno de los instrumentos normativos en materia de discapacidad es la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, en el cual se enfatizó en un modelo con orientación social y de derechos humanos, y reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas como las actitudinales, sociales, culturales o económicas, entre otras, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en dichos ámbitos así como en lo político y cultural del Estado. En reciente pronunciamiento, la Corte concluyó que la mencionada Convención es vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de modo que integra el bloque de constitucionalidad en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y debe considerarse no sólo para entender en qué consiste ese

concepto sino para darle contenido a la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En decisión CSJ SL1152-2023, la Corte expuso:

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Radicación n.° 91624 La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», artículo 1º. Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009 que entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020). En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL7112021 y CSJ SL572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la limitación podía inferirse: […] del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el

trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación. Pues bien, según el inciso 2º del artículo 1º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Así mismo, señala: Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (Inc. 4, art. 2).

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Radicación n.° 91624 Este concepto también concuerda con lo establecido en la Ley 1618 de 2013, que incluso lo amplió a las deficiencias de mediano plazo, en tanto establece: ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con

diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la Sala. Además, la Ley 1618 de 2013 también definió que las «acciones afirmativas son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan». A juicio de la Sala, sin duda estas disposiciones tienen un impacto en el ámbito laboral y se orientan a precaver despidos discriminatorios fundados en una situación de discapacidad que pueda surgir cuando un trabajador con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo, al interactuar con el entorno laboral vea obstaculizado el efectivo ejercicio de su labor en igualdad de condiciones que los demás. Ahora bien, en esta decisión la Corte también se puso de presente que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 sería compatible sólo para aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre