CSJ - SL1854-2020

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1854-2020 Radicación n.° 76283 Acta 19 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., dos (2) de junio de dos mil veinte (2020). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 31 de agosto de 2016, en el proceso ordinario laboral que instauró contra el

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Rafael Ricardo Hernández Barrera con tarjeta profesional n.º180.354 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Departamento de Boyacá, para los efectos del poder que obra a folio 17 de este cuaderno.

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I. ANTECEDENTES Pavel Vladimir Rúa Jiménez llamó a juicio al Departamento de Boyacá, para que se declare: i) que la conciliación n.° 229 del 10 de junio de 2003, suscrita con el Departamento de Boyacá, no se aplica al caso de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario según lo consagra el artículo 2 de la convención colectiva de trabajo; ii) que tiene derecho a que el Departamento le reconozca y pague la pensión anticipada de jubilación desde el 12 de noviembre de 2002; iii) que para liquidar el ingreso base de liquidación se deben indexar los factores salariales que se

tiene en cuenta para liquidar su pensión. En consecuencia, pide que se condene al Departamento de Boyacá a reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación anticipada de acuerdo con el artículo 2 de la convención colectiva de trabajo, al pago del retroactivo pensional a partir del 10 de junio de 2003, al reajuste pensional tomando el incremento de ley, a reconocer y cancelar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus peticiones, señaló que laboró al servicio del Departamento de Boyacá en calidad de trabajador oficial de la Secretaría de Obras y Valoración de Boyacá, desde el 11 de noviembre de 1987 hasta el 10 de junio de 2003, que estuvo afiliado al sindicato de trabajadores de la Secretaría de Obras, entre el 27 de

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Radicación n.° 76283 noviembre de 1987 y la fecha de su retiro voluntario, 10 de junio de 2003. Explicó que el gobernador y el sindicato celebraron un acuerdo colectivo el día 12 de noviembre de 2002, cuya vigencia era hasta el año 2003. Que la convención fue debidamente depositada surtiendo todos los efectos legales. Agregó que en el proceso radicado 2004-00278 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja en sentencia del 29 de junio de 2007 confirmada por el Tribunal Superior de ese distrito judicial, resolvió que el acuerdo convencional se

encontraba vigente. Indicó que el 23 de enero de 2003 se acogió al plan de retiro voluntario ofrecido por el Departamento en dicho año en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la convención, por lo que el 10 de junio de 2003, el ente territorial lo citó ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tunja y allí suscribieron el acta de conciliación n.° 229 en la cual se le desconoció el derecho pensional, pues se acordó la inaplicabilidad de la cláusula segunda convencional. Que el 10 de abril de 2015 solicitó la pensión de jubilación por retiro voluntario de acuerdo con la cláusula segunda convencional obteniendo respuesta negativa el 5 de mayo de 2015. El Departamento de Boyacá, al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones invocadas en su

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Radicación n.° 76283 contra. Frente a los hechos, admitió los relacionados con la vinculación laboral que tuvo con el actor, pero aclaró que, en el archivo se encontró un contrato de trabajo a partir del 11 de noviembre de 1987 y en la conciliación se estableció una indemnización a partir del 1 de febrero de 1990. Aceptó todo lo relacionado con la suscripción de la convención colectiva de trabajo, que el actor se acogió al plan de retiro voluntario y que fue citado el día 10 de junio de 2003 a la inspección de trabajo, la reclamación pensional que elevó y la respuesta

negativa de la entidad oficial. Frente a los demás, dijo no ser un hecho, o estar sujeto a debate probatorio. Explicó que la conciliación suscrita entre las partes es totalmente válida, tiene autonomía y vida propia, separable de cualquier otra fuente. Que lo fundamental para su existencia es el acuerdo libre de voluntades con sometimiento al funcionario competente, quien le imparte aprobación, como sucedió con el acta suscrita ante el Inspector de Trabajo de Tunja, que por imperio de la ley hace tránsito a cosa juzgada y, por tanto, es obligatoria para las partes. En su defensa, invocó las excepciones de cosa juzgada, prescripción, falta de legitimación por activa, compensación, inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (f.° 79 a 92).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante fallo del 14 de marzo de 2016, resolvió:

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PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de mérito propuesta por la parte demandada, que denominó cosa juzgada conforme lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Negar la totalidad de las pretensiones incoadas por el señor PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ en contra del

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante. Liquídense en su oportunidad por secretaria. Fíjese como agencias en derecho la suma de $689.454.

CUARTO: Contra esta providencia procede el recurso ordinario de

apelación. En caso de no ser apelada, súrtase el grado jurisdiccional de consulta, conforme al art. 14 de la Ley 1149 de 2007.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja conoció del presente asunto y mediante sentencia del 31 de agosto de 2016, confirmó la decisión de primera instancia e impuso costas al actor.

En lo que interesa el recurso extraordinario, destacó que «la cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en algunas otras providencias el carácter de inmutables vinculantes y definitivas con el propósito de lograr seguridad jurídica». Luego de mencionar lo expuesto en la sentencia CC T652-1996 hizo referencia a los requisitos que frente a la cosa juzgada trae el artículo 332 del CPC, tales como: i) identidad de objeto; ii) identidad de causa petendi e, iii)

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Radicación n.° 76283 identidad de partes. Dijo que, de acuerdo con los documentos visibles a folios 51 al 65, consistentes en las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en proceso anterior radicado bajo el número 2007-191 adelantado por el actor contra la misma entidad territorial, se establece que, en esa primera oportunidad, el señor Pavel Vladimir Rúa Jiménez demandó al Departamento de Boyacá para que le reconociera y pagara la pensión anticipada de jubilación consagrada en el artículo 2° de la convención colectiva, para lo cual, pretendió la declaratoria de invalidez

del numeral quinto del acta de conciliación celebrada entre las partes. Afirmó que en el presente asunto el demandante solicitaba al Departamento el reconocimiento y pago de la misma pensión convencional para lo cual pedía que no se tuviera en cuenta el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes. En ese orden, encontró probados los presupuestos consagrados en el artículo 332 del CPC, pues indicó que las partes en los dos procesos eran las mismas, tenían el igual objeto como lo es, el desconocimiento de la conciliación realizada entre las partes y como consecuencia de ello, el pago de la pensión anticipada de jubilación por retiro voluntario consagrada en el artículo 2° de la convención colectiva. Además, la demanda presentada en este asunto y la decisión anteriormente proferida cuentan con semejantes fundamentos fácticos, por lo que se configura también la identidad de causa petendi.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El actor pretende que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley

sustancial, por violación indirecta, por violación medio de los artículos 303 y 304 del CGP, aplicables por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS, que condujo a la no aplicación de los artículos 467 y 468 del CST. Sostiene que la violación denunciada fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que el señor PAVEL VLADIMIR

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Radicación n.° 76283 RÚA JIMÉNEZ, en proceso ordinario laboral bajo el radicado No. 2017-191 que cursó en el Juzgado Segundo Laboral de Tunja, demandó al departamento de Boyacá al pago y reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario consagrada en el artículo 2° de la convención colectiva de trabajo por los mismos hechos y pretensiones que el presente proceso.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que en este asunto, proceso ordinario laboral entre las mismas partes PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ se está pretendiendo el pago y reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la conciliación celebrada el día 10 de junio del 2003 alegando la invalidez del numeral 5 del mencionado acuerdo.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que, respecto a estos dos procesos, «existe identidad en cuanto a los sujetos, objeto y causa entre una y otra demanda, por lo que no es procedente declarar probada la excepción de cosa juzgada.

Considera que tales yerros tuvieron como origen la errónea apreciación de: i) la demanda inicial y sus pruebas

y, ii) el escrito de demanda del proceso con radicado 2007191, que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja. En la demostración del cargo cita el artículo 332 del CPC hoy 303 del CGP, para concluir que el juez de primera instancia incurrió en un error evidente al dar por demostrado sin estarlo, que se cumplía con los tres requisitos señalados para que se configure la cosa juzgada. Explica que en el proceso que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja se pretendió:

1. Que se invalidara el numeral 5 del acuerdo conciliatorio y que por ende se declara (sic) que el departamento de Boyacá había incumplido la obligación de reconocerle la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario en los términos del

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Radicación n.° 76283 artículo 2 numeral 3 de la convención colectiva de trabajo celebrada entre el sindicato de trabajadores oficiales de la secretaria de obras públicas de Boyacá y el departamento de Boyacá de fecha 12 de Noviembre del 2003 y vigente para el año 2003.

2. Que se declara (sic) que el señor PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ tenía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario teniendo en cuenta los incrementos pactos (sic) en las mismas sumas debidamente actualizadas conforme al IPC.

Considera que en el fallo de primera instancia en el presente asunto, el juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja afirmó que no se podía acceder a las súplicas incoadas

porque, en primer lugar, no se habían vulnerado derechos ciertos e indiscutibles del demandante al firmar el acuerdo conciliatorio celebrado en el año 2003 y que, además, el accionante ya había demandado al Departamento de Boyacá por los mismos hechos y pretensiones en el proceso con radicado 2007-191 que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja. Que adicionalmente se señaló que de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005, a partir de su entrada en vigor no se podían pactar condiciones pensionales más favorables a las establecidas en la Ley 100 de 1993. Refiere que el recurso de apelación tenía tres aspectos de inconformidad, los cuales no fueron atendidos por el Tribunal, porque solamente declaró la excepción de cosa juzgada. Por tal motivo, acusa que la estimación del juez plural frente a este tema fue equivocada, pues dice que debió analizar la conciliación n.° 229 suscrita por las partes el 10 de junio de 2003, para verificar si se le habían vulnerado derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, que

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Radicación n.° 76283 corresponde a la pretensión primera de la demanda y luego, analizar si se cumplían los requisitos consagrados en el artículo 302 del CPC. Expone que, si se analizan cuidadosamente los procesos rad. 2007-191 y el presente, se observa que no se cumplen los tres requisitos que establece la ley. Indica que si bien es cierto se cumple el primero ellos, como lo es la

identidad jurídica de las partes, no así los otros dos. Señala que en el primer proceso se solicitó que se declarara que el departamento había incumplido con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y que, además, no se aplicara el numeral 5º de la conciliación 229 del 10 de junio de 2003. Mientras que en el presente proceso la pretensión principal es que no se aplique dicha conciliación respecto de la pensión de jubilación, para lo cual el juez de conocimiento tenía que analizar el acuerdo para verificar si realmente se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles del trabajador y de conformidad con dicho análisis determinar si tiene derecho a la pensión de jubilación reconocida en la convención colectiva. Por tanto, existe un hecho nuevo, correspondiente a que se afirma que la conciliación vulneró derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, asunto que debió ser objeto de análisis por parte del Tribunal para verificar si se cumplían o no los tres requisitos de la excepción que declaró probada. Considera que no podía interpretarse que existe cosa juzgada a la luz del actual artículo 303 del CGP, porque en el primer proceso se declaró tal excepción por haber surtido

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Radicación n.° 76283 una conciliación entre las partes y en el presente la pretensión principal es que no se aplique la mencionada conciliación. Insiste en que las dos demandas no guardan identidad de objeto ni de causa, ya que en uno y otro proceso existen pretensiones y hechos diferentes. Mientras en el primer proceso solicitó que se invalidara el numeral 5º de la conciliación, en la presente demanda, no se ataca dicho

acuerdo, sino que pide que no se aplique en lo referente a la pensión de jubilación por retiro voluntario, porque vulneró derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, lo que evidencia que se trata de aspectos distintos.

VII. RÉPLICA El Departamento de Boyacá se opone a la prosperidad de los yerros fácticos denunciados por la censura, precisando que se estructuraron todos los elementos de la cosa juzgada, pues el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto, esto es, obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación establecida en el artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo; se funda en la misma causa petendi, toda vez que se pretende el reconocimiento de la pensión convencional, motivo por el cual, solicitó la inaplicación del numeral 5º del acta de conciliación. Por último, indica que es palmaria la identidad de partes.

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VIII. CONSIDERACIONES El recurrente reprocha que el Tribunal hubiera considerado que en este caso se presentaba el fenómeno de cosa juzgada, en virtud de un proceso anterior promovido entre las mismas partes con similares hechos y pretensiones, pues, en su criterio, esta demanda no presenta identidad de objeto ni de causa, ya que mientras en el primer asunto demandó que se invalidara el numeral 5° de la conciliación suscrita con el Departamento de Boyacá, en el actual proceso no ataca la conciliación en sí misma, sino que, pide que no se la aplique respecto de la pensión de jubilación por retiro voluntario por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles, lo

que evidencia un aspecto distinto que requiere de un análisis diferente al estudiado en el proceso anterior. Por su parte, el Tribunal, de acuerdo con los documentos visibles a folios 51 al 65 que corresponden a las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en el proceso anterior con número de radicado 2007-191, encontró probados los requisitos consagrados en el artículo 332 del CPC. En ese sentido, destacó que en el presente caso el demandante le solicitaba al Departamento de Boyacá el reconocimiento y pago de la pensión convencional, para lo cual requería que no se tuviera en cuenta el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en relación con el derecho pensional y como consecuencia de ello, reclama el pago de la pensión anticipada de jubilación por retiro voluntario consagrada en el artículo 2° de la convención colectiva, por lo que concluyó que se trata del mismo objeto,

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Radicación n.° 76283 entre iguales partes y cuenta con iguales fundamentos de hecho que configura la identidad de la causa petendi. Dados los planteamientos de la censura, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en un yerro fáctico al dar por acreditados los presupuestos para la configuración de la excepción de cosa juzgada. Formulado así el debate y para dar una respuesta consistente a la parte recurrente, cabe indicar que esta Corporación ha establecido que para que se configure la existencia de la institución de la cosa juzgada, de acuerdo al entonces vigente artículo 332 del Código de Procedimiento Civil hoy 303 del CGP, debe haber identidad de: i) personas o sujetos, esto es, que se trate de los mismos demandantes y

demandados; ii) objeto o cosa pedida, es decir, que el beneficio jurídico que se reclama sea igual; y iii) causa para pedir, que se refiere al fundamento fáctico o material que sirve de base al derecho reclamado. En este caso, es preciso aclarar que la excepción de cosa juzgada que se declaró en las instancias se planteó respecto a la existencia de dos procesos judiciales similares entre las mismas partes, ámbitos en los cuales se presenta este fenómeno cuando se concreta esa triple identidad, tal como lo indicó la Sala, a través de sentencia CSJ SL17406-2014 rad. 44704, reiterada entre otras, en sentencia SL1846-2019, así: En la labor hermenéutica de la Corte Suprema de Justicia, en decisión CSJ SL del 23 de oct. 2012, rad. 39.366, la Sala enseñó

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Radicación n.° 76283 textualmente que la fuerza de la cosa juzgada --denominada también ‘res iudicata’-- se impone por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, cuando quiera que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto (eadem res), se funda en la misma causa que aquél donde se profirió la sentencia (eadem causa petendi) y entre ambos hay identidad jurídica de partes (eadem condictio personarum -- eadem

personae). (Resaltados del texto). Hechas las anteriores precisiones y como para soportar su tesis, el recurrente denuncia la supuesta apreciación errónea de varios medios de prueba, la Corte procede a su análisis. Pruebas y piezas procesales indebidamente apreciadas a. Demanda proceso con radicado No. 2007-191 (f.° 152 y ss) De esta pieza procesal se puede evidenciar que con anterioridad al proceso que ocupa la atención de la Sala, el actor promovió una demanda ordinaria laboral contra el Departamento de Boyacá, pretendiendo lo siguiente:

1. Que se declare invalido el numeral 5° del Acta de Conciliación firmada entre mi poderdante PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ y el Departamento de Boyacá el día 10 de junio de 2003, correspondiente al Acta de Conciliación No. 229.

2. Que se declare que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ha incumplido la obligación de reconocer a mi poderdante la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario en los términos del artículo 2° numeral 1° de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá y el Departamento de Boyacá, de fecha 12 de noviembre de 2002 y vigente para el año 2003.

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3. Que se declare que el señor PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario en los

términos del artículo 2° numeral 1° de la Convención Colectiva de Trabajo cebrada entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá y el Departamento de Boyacá, de fecha 12 de noviembre de 2002 y vigente para el año 2003.

4. Que se condene al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a reconocer al señor PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario en los términos del artículo 2° numeral 1° de la Convención Colectiva de Trabajo cebrada entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá y el Departamento de Boyacá, de fecha 12 de noviembre de 2002 y vigente para el año 2003, reconocimiento que se hará con efectivo retroactivos al 1 de enero del año 2003 fecha en que entró en vigencia la Convención Colectiva, teniendo en cuenta los incrementos pactados en la misma.

5. Que las sumas reconocidas a favor de mi poderdante sean actualizadas teniendo en cuenta el IPC existente entre el 01 de enero de 2003 fecha en que entró en vigencia la Convención y la fecha en que realice el pago.

6. Lo que resulte probado en el proceso en aplicación de las facultades ultra y extra petita de competencia del Juez.

7. Las costas y agencias en derecho que se causen en este proceso. (f.° 152 a 153).

Como fundamentos fácticos, indicó que laboró al servicio del Departamento en la Secretaría de Obras Públicas y Valorización de Boyacá, desde el 11 de noviembre de 1987

hasta el 10 de junio de 2003, que hasta la fecha de su desvinculación se encontraba afiliado al sindicato de trabajadores oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, organización con quien el Departamento suscribió la convención colectiva vigente para el año 2003, en cuyo artículo 2° se pactó el derecho a la pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario. Que con el acta de conciliación n.° 229 de 10 de junio de 2003, la Gobernación

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Radicación n.° 76283 violó sus derechos adquiridos al acordar inaplicar la cláusula convencional. Agregó que no fue asistido en la diligencia de conciliación por algún apoderado, por lo que se le violó el derecho a la defensa. Además, la pensión que discutía era un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable (f.° 153 a 156). b. Escrito de demanda inicial del actual proceso. Como se citó con ocasión de los antecedentes de este proceso, el actor promovió la actual demanda ordinaria laboral contra el Departamento de Boyacá, para que se declare: i) que la conciliación n.° 229 del 10 de junio de 2003, suscrita con el Departamento de Boyacá, no se aplica al caso de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario según lo consagra el artículo 2° de la convención colectiva de trabajo; ii) que tiene derecho a que el Departamento le reconozca y pague la pensión anticipada de jubilación desde el 12 de noviembre de 2002 y, iii) que para

liquidar el ingreso base de liquidación se debe indexar los factores salariales. En consecuencia, pide que se condene a la entidad territorial a reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación anticipada de acuerdo con el artículo 2º de la convención colectiva de trabajo, al pago del retroactivo pensional a partir del 10 de junio de 2003, al reajuste pensional tomando el incremento de ley, a reconocer y pagar los intereses de mora previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo ultra o extra petita y las costas del proceso.

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Radicación n.° 76283 Pues bien, teniendo en cuenta el contenido de dicha prueba y pieza procesal, la Sala procede al estudio del cargo planteado, desde los tres aspectos que advierten la existencia de la cosa juzgada en cada caso en particular: a. Identidad de partes Este requisito no genera ninguna discusión pues la censura aceptó que ambos procesos fueron instaurados por Pavel Vladimir Rúa Jiménez contra el Departamento de Boyacá, por lo que se cumple con este primer presupuesto. b. Identidad de objeto Se dice que hay identidad de objeto cuando la demanda versa sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. En consecuencia, se presenta cuando, sobre lo pedido, existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica, así como frente a los elementos consecuenciales de un derecho que no fue declarado expresamente. En el presente caso, pese al esfuerzo del demandante en demostrar que ambos procesos tienen finalidades o

pretensiones distintas, la Corte advierte que persiguen idéntico propósito. En efecto, del análisis conjunto de la demanda del proceso que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja radicado 2007-191 con el libelo introductorio del actual, se puede establecer que en los dos

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Radicación n.° 76283 asuntos el actor pretende exactamente lo mismo, esto es, que no se tenga en cuenta la conciliación celebrada con el Departamento de Boyacá el 10 de junio de 2003 y, en consecuencia, se le aplique la convención colectiva y se le reconozca y pague la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario contemplada en su artículo 2º del acuerdo extralegal. Que en el anterior proceso se hubiese pedido que se declarara inválido el numeral 5° del acta de conciliación y en el presente se aluda a la inaplicación de dicho acuerdo en relación con el derecho pensional, no constituye una modificación a la pretensión sustancial que implique que está solicitando un derecho diferente, por el contrario, lo que se evidencia es que se trata de la misma petición en ambos procesos, esto es, el reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada, con prescindencia de la conciliación 229. Ciertamente, en los dos litigios se persigue la inaplicación de la conciliación en relación con el derecho pensional convencional, aunque redactada de manera diferente y con algunos matices, que, en últimas, buscan restarle efectos a lo conciliado frente a tal prestación, y como

consecuencia de ello, le sea otorgada la prestación extralegal. En ese orden, es evidente que el Tribunal no se equivocó al establecer que las dos demandas tenían el mismo objeto, pues como se pudo constatar, el demandante a través de los dos procesos pretende el reconocimiento de la prestación

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Radicación n.° 76283 pensional convencional prevista en el artículo 2º del acuerdo extralegal sin consideración a lo que las partes hubieran conciliado al respecto. Aspecto que, con independencia de que se comparta o no la manera en que fue resuelto el primer proceso, resulta ser similar a lo peticionado en la actual contienda. c. Identidad de causa Para que exista identidad de causa y, por ende, se configure la excepción de cosa juzgada, no basta que el objeto de la nueva demanda sea idéntico al de la anterior, sino que es preciso, además, que se sustente en idéntica causa. Por «causa» se debe entender el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado, esto es, el por qué se reclama. En el presente caso, se evidencia que la pretensión se estructura en los mismos fundamentos de hecho a los que se refirió en el primer proceso. Ello es así, pues las pretensiones actuales se fundamentaron en que prestó sus servicios en la Secretaría de Obras Públicas; que su retiro de la entidad fue voluntario y que le era aplicable la cláusula segunda de la convención colectiva. En relación con los hechos que tienen que ver con la conciliación son los mismos que los planteados en el proceso anterior que cursó en el Juzgado Segundo

Laboral del Circuito de Tunja rad. 2007-191, pues en aquel proceso la pretensión se sustentó así: (...)...

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10. Con acta de conciliación No. 229 de fecha 10 de junio de 2003, la Gobernación de Boyacá violó los derechos adquiridos mi poderdante (sic) PAVEL VLADIMIR RÚA JIMÉNEZ, contemplados en las normas laborales colombianas y los tratados internacionales de derechos humanos y tratados firmados por Colombia con la hoy Organización Internacional del Trabajo al acordar inaplicar la Cláusula convencional del año 2003, tal como se estipula en el numeral 5° de la dicha conciliación.

Por su parte, en la presente demanda se estructuró la pretensión en el siguiente hecho:

7. El día 10 de junio del 2003, el Departamento citó a mi poderdante ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tunja. Allí fue suscrita una Conciliación No. 229 con la cual se desconoció el derecho de la Pensión de Jubilación por retiro voluntario acordando la inaplicación de la Cláusula convencional contenida en el artículo 2º del documento de derecho colectivo

(numeral quinto de la mencionada conciliación). De lo anterior, se puede colegir que, en efecto, el argumento central de la inconformidad del accionante se circunscribe en la inaplicación del acuerdo conciliatorio por haberse desconocido su derecho pensional. Pues, con independencia que en uno de los procesos se haya apelado a

una explicación referida a la violación de su derecho a la luz de las normas y tratados internacionales, lo cierto es que, para el estudio