CSJ - SL1859-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1859-2023 Radicación n.° 97011 Acta 22 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NOHORA CLAVIJO MORENO, en nombre propio y en representación de su hija menor MCCC y, CRISTIAN DAVID CÓRDOBA CLAVIJO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauraron a la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S. A.

Se reconoce personería al abogado Juan Francisco Hernández Roa con TP n.° 35.277 para que represente los intereses de Porvenir S. A. en los términos y para los fines del poder que obra en el expediente digital de la Corte.

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Radicación n.° 97011

I. ANTECEDENTES Nohora Clavijo Moreno, en nombre propio y en representación de su hija menor MCCC y Cristian David Córdoba Clavijo, demandaron a Porvenir S. A., para que se reconociera y pagara la pensión de invalidez post mortem

(después de la muerte), del señor Jorge Raúl Córdoba Paredes y, como consecuencia de ello, su sustitución, en calidad de cónyuge e hijos, respectivamente, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios, la indexación

y las costas. Relataron que el 17 de enero de 1987, Jorge Raúl Córdoba Paredes contrajo matrimonio con Nohora Clavijo Moreno, de cuya unión nacieron Cristian David Córdoba Clavijo y MCCC; que aquél estuvo afiliado al ISS y posteriormente se trasladó a Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Porvenir S. A.; que fue diagnosticado con una enfermedad terminal, que le produjo un «51.42%» de PCL, estructurada el 15 de septiembre de 1999; que el 25 de julio de 2000 falleció como consecuencia de sus padecimientos. Contaron que el causante cotizó «51.42 semanas» entre el «15 de septiembre de 1985 [e igual fecha de] 1999»; que prestó servicios al sector público del 1° de septiembre de 1998 al 30 de septiembre de 1999; que, por tanto, acumuló 1454 días de aportes para pensión; que el 4 de octubre de 2014, radicaron la solicitud de reconocimiento de la prestación de invalidez post mortem y la sustitución pensional, negada a través de Oficio del 2 de diciembre

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Radicación n.° 97011 siguiente, bajo el argumento de que el fallecido no la reclamó en vida (f.° 104 a 110, cuaderno n.° 1 del juzgado). La accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó la muerte del afiliado, su relación conyugal y consanguínea con los reclamantes, la petición pensional y

su negativa. Dijo que el fallecido no solicitó valoración de pérdida de capacidad laboral ni la acreencia por invalidez, por lo que no contó con dictamen que diera cuenta de esa condición; que no dejó causado la prestación por sobrevivencia, puesto que no cotizó 26 semanas en el año anterior a su deceso. Explicó que la densidad pensional del asegurado no correspondía a la señalada en el introductor, porque los aportes efectuados por Rosaura Cardona en el periodo de febrero y julio de 2000, no podían computarse para efectos prestacionales, ya que fueron extemporáneos, pues su pago se realizó seis días después de la muerte y porque la empleadora había reportado desde enero de ese año la novedad de retiro, lo que daría cuenta de su mala fe y la ausencia de omisión por parte de la entidad. Propuso en su defensa las excepciones perentorias de: «inexistencia de la obligación a [su cargo] […] por ausencia de los presupuestos y requisitos legales para tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez», cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, compensación, innominada o genérica. (f.° 307 a 320, ibidem).

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Radicación n.° 97011

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el 1° de julio de 2020, absolvió de las pretensiones e impuso costas a los demandantes (acta de f.° 387 en relación con el CD de f.° 386, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir el recurso de apelación interpuesto por los convocantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de abril de 2022, confirmó la de primera.

Dijo que determinaría si el señor Jorge Raúl Córdoba Paredes dejó causada la pensión de invalidez y si procedía su sustitución a los recurrentes. Señaló que eran pruebas relevantes las siguientes: • A folio 3, registro civil de defunción de Jorge Raúl Córdoba Paredes. • A folio 4, certificación del registro civil de nacimiento de Raúl Córdoba Paredes. • A folio 6, registro civil de matrimonio de Jorge Raúl Córdoba Paredes y Nohora Clavijo Moreno. • A folio 11 a 14, registros civiles de nacimiento de Cristian David Córdoba Clavijo y María Camila Córdoba Clavijo. • A folio 16 a 90 historia clínica de Jorge Raúl Córdoba Paredes expedido por el Hospital Universitario de la Samaritana. • A folios 96 - 97, respuesta de Porvenir de fecha 2 de diciembre de 2014, por medio de la cual se niega la pensión de invalidez. • A folio 101, copia del oficio 104 del 1° de agosto de 2014 de Porvenir, en la que certifica que el causante cotizó 145.14 semanas. • A folios 102 - 103, relación histórica del movimiento individual de Jorge Raúl Córdoba Paredes. • A folio 190, relato del siniestro.

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Radicación n.° 97011 • A folios 192 - 194, respuesta de reclamación de pensión de sobrevivientes del 9 de julio de 2001. • A folio 200 y 215, comunicaciones a través de las cuales se realiza la «Devolución de Saldos Sobrevivientes». • A folio 365 a 367, dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de invalidez que determinó que el afilado tenía una pérdida de capacidad laboral de 67.92 % con fecha de estructuración el 17 de marzo de 2000. • Testimonio del doctor Jorge Alberto Álvarez Lesmes, perito médico de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Precisó que entre los litigantes no se controvertía: i) que Jorge Raúl Córdoba Paredes falleció el 25 de julio de 2000 (f.° 3, ibidem); ii) que se casó con la demandante el 17 de enero de 1987 (f.° 6, ib); iii) que los codemandantes eran hijos de la pareja (f.° 11 y 13, ibidem); iv) que la señora Clavijo Moreno solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que fue negada, argumentando que el afiliado solo contaba con 109 días válidamente cotizados, pues los aportes realizados por el empleador fueron extemporáneos (f.° 192194, ib); v) que, por tanto, se procedió a la devolución de saldos de la cuenta individual (f.° 200 y 215, ibidem); vi) que

mediante Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá del 5 de julio de 2019, se definió que el causante tenía una pérdida de capacidad laboral del 67.92 %, de origen común, estructurada el 17 de marzo de 2000 (f.° 365 a 367, ib). Expresó que el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, previó que era invalida la persona que por cualquier causa de origen no profesional y no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral; que estaba acreditado que el afiliado falleció el 25 de julio de 2000, sin que se le hubiese calificado su pérdida de capacidad laboral,

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Radicación n.° 97011 pues esto ocurrió en el trámite judicial, mediante experticia que dio como resultado un 67.92% de PCL de origen común, estructurada el 17 de marzo de 2000, bajo el siguiente concepto: «ayuda de terceros para ABC y AVD: si, requiere dispositivos de apoyo: si, enfermedad de alto costo /catastrófica: si, enfermedad degenerativa: si, enfermedad progresiva: sí». Sostuvo que, conforme al artículo 39 de la citada ley, para acceder a la prestación de invalidez y, como consecuencia de ello, a la sustitución pensional, era necesaria la declaratoria de ese estado con anterioridad al deceso del asegurado, ya que solo era posible lo segundo cuando el «derecho [hubiere] entrado en el patrimonio de la persona titular del mismo». Denotó que la prestación inicial buscaba proteger a

quien había perdido la capacidad de trabajo, a fin de que pudiera derivar su sustento, lo que no se cumplía en el asunto, puesto que la calificación de ese estado ocurrió en el 2019; que a ello se sumaba que el causante tampoco reclamó su derecho ante el fondo, ni estaba en curso el trámite de calificación, cuyo resultado fuera posterior al deceso. Aseveró que, «en otro giro y solo en gracia de discusión», debía dejar anotado que no acogía la experticia decretada y practicada, pues valorada con sujeción al artículo 61 del CPTSS, en armonía con lo expuesto en la sentencia CSJ SL4297-2021, encontraba las siguientes inconsistencias:

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Radicación n.° 97011 i) que fue realizada con base en la Ley 1507 de 2014 y otras normas que no estaban vigentes para la fecha del deceso del señor Córdoba Paredes. ii) que, según la explicación del perito, la falla cardiaca con hipertensión pulmonar del fallecido implicaba que tuviese bastante limitada su locomoción y movilidad, por lo que debía estar restringida al hogar - «no podía bañarse, vestirse o arreglar alimentos solos»; sin embargo, el documento de folio 190, ibidem, titulado «relato del siniestro», daba cuenta de que el fallecido tenía una condición diferente, pues el hecho fatídico ocurrió así: […] el día 25 de julio del presente año, el señor Jorge Raúl Córdoba Paredes salió de estar hablando con el exministro Parmenio Cuellar y partió con su primo hacia el senado de la

República e hizo un receso en una cafetería ubicada en la plazoleta del Rosario donde se sintió cansado y consecuentemente le dio un paro respiratorio […]. Es decir, que el último elemento demostrativo evidenciaba que el afiliado «no se encontraba en las condiciones de salud tan críticas, que fueron referidas por el médico - perito, así como tampoco es posible colegir que no pudiera realizar actividad económica alguna». Indicó que, por tanto, el peritaje […] no contó con los elementos suficientes para determinar con certeza las condiciones en las que se encontraba el señor Jorge Raúl para el momento en que se desencadenó su muerte, al punto que en el mismo dictamen se señala que dicha Junta cuenta con el historial médico correspondiente al mes de marzo de 2000 el paciente falleció el 25 de julio de 2000 no contamos con información en el periodo de marzo a julio de 2000 […] (subrayado de la Corte).

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Radicación n.° 97011 Manifestó, en punto de la pensión de sobrevivientes, que los demandantes no la reclamaron judicialmente, según se extrae de la fijación del litigio de la audiencia del 3 de septiembre de 2018, de acuerdo con el acta de folio 336 a 339, ibidem, no obstante que había sido negada en sede administrativa y, en virtud de ello, reconocida la devolución de saldos (f.° 192 a 194, 200 y 215, ibidem). Dijo que, con todo, si analizara esa prerrogativa, tampoco encontraría acreditados las exigencias para su otorgamiento, puesto que la Corte tenía establecido, por

ejemplo, en los fallos CSJ SL1021-2022 y CSJ SL415-2022, que la norma que regulaba el derecho era la vigente al momento de la muerte del afiliado, esto es, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 original, debido a que ocurrió el 25 de julio de 2000. Aseveró que tales preceptos establecían dos posibilidades para causar la pensión de marras, a saber: i) haber cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, si el afiliado estaba activo en el sistema; ii) tener cotizadas 26 semanas dentro del año anterior a la muerte, si no lo estaba al momento de ese hecho. Señaló que la historia laboral de folio 183 a 184, ib, daba cuenta de que aquél estaba inactivo para el momento de su deceso, por lo que debía acreditar 26 semanas dentro del año anterior, esto es, entre el 25 de julio de 1999 e igual fecha de 2000, presupuesto que no cumplió, pues solo contaba con «15.42», porque no era posible contabilizar las

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Radicación n.° 97011 semanas adicionales reportadas, pues: i) los documentos de folios 183 a 184, ib, informaban que «el empleador ROSAURA CARDONA realizó aportes para los ciclos de enero a julio de 2000; sin embargo, los correspondientes a los meses de febrero a junio de esa anualidad fueron […] de manera extemporánea, dado que su pago ocurrió el 31 de julio de 2000». ii) el escrito de folio 301, ib, que no fue desconocido,

informa que la dadora del empleo reportó novedad de retiro para el ciclo de enero de 2000. iii) no se allegó «medio probatorio como certificación laboral, desprendible de nómina, o contrato de trabajo, con la que se pudiera acreditar que el causante prestó servicios para ese empleador con posterioridad al mes de enero de 2000», quien tampoco integró el contradictorio. iv) a pesar de que la afiliación era permanente, la novedad de retiro temporal requería una nueva inscripción por parte de la dadora del empleo, pues aquel acto implicaba la necesidad del pago de un cálculo actuarial por los periodos faltantes para tenerse como válidamente cotizados, tratándose del riesgo de vejez y, en los relativos a la invalidez o muerte, que fuera previa, para que las AFP tuviese la posibilidad de «prever, gestionar y financiar tales riesgos, antes de asumir las prestaciones derivadas de los mismos debe haber mediado la afiliación oportuna del trabajador o, en

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Radicación n.° 97011 subsidio, algún trámite de convalidación de los tiempos servidos, pero con antelación a que se concrete el riesgo». Precisó que, cuando se presenta omisión de la afiliación o inscripción y esta no es subsanada, es el empleador quien tiene la obligación de atender las prestaciones derivadas de esa contingencia, pues no operaría la subrogación del riesgo, sin que pueda atribuírsele a las entidades del sistema aquella responsabilidad «toda vez que, al no mediar la afiliación o inscripción, no surge la cotización y no es posible ejercer las

acciones de cobro contempladas en las normas legales para el recaudo de los aportes». Razonó que, por tanto, no era posible endilgar obligación a la demandada para cubrir la prestación, pues no incurrió en ninguna omisión que le fuera atribuible. Arguyó que en la sentencia CSJ SL2973-2021, la Corte señaló que debían tenerse en cuenta las cotizaciones en mora a efectos de reconocer las prestaciones de invalidez y sobrevivencia, pero siempre que mediara la afiliación al sistema de seguridad social y prueba del vínculo laboral, presupuestos que no «confluyen» en el caso, lo que imposibilitaba que se tuviesen en cuenta los aportes antes mencionados. Concluyó que, a pesar de que a folios 192 a 194, ib, obraba Comunicación del 9 de julio de 2001, «a través de la cual el otrora Horizonte explica a la demandante las razones por las cuales no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes

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Radicación n.° 97011 y en la que se registra que la cotización para el ciclo de julio de 2000», no tenía valor probatorio, debido a que presentaba inconsistencias en su contenido. Lo anterior, porque […] primero, se aduce que el último empleador del causante fue Miscelánea el Ranchito, cuando de la historia laboral se constata que el mismo correspondía a Rosaura Cardona, nombre que por demás no coincide con el formulario de vinculación, pese a que se refiere al mismo cupo numérico de identificación y, segundo,

como quedara explicado líneas arriba, el empleador referido reportó la correspondiente novedad de retiro para el ciclo de enero de 2000, por manera que no era posible tener como válida la cotización del mes de julio de 2000 al no mediar ningún tipo nuevo de vinculación, ni tenerse certeza que el señor Córdoba Paredes para esa calenda prestara algún servicio para la señora Cardona. Afirmó que, por tanto, el afiliado tampoco dejó causada la pensión de sobrevivientes (archivo «2022015818713», cuaderno de segunda instancia del expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Sala case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la primera y, en su lugar conceda las pretensiones de la demanda (archivo «2023043923131», cuaderno de la Corte ibidem).

Con tal propósito formulan cuatro cargos por la causal

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Radicación n.° 97011 primera de casación, que fueron replicados individualmente los primeros dos y en forma conjunta los subsiguientes. La Sala los decidirá de la última manera, pues comparten algunos argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la providencia de segundo grado de violar directamente la ley, por interpretación errónea de los artículos 38, 39, 40, 41, 73, 74 de la Ley 100 de 1993.

Dicen que el colegiado incurrió en la afrenta normativa

de la proposición jurídica, al considerar que no era procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez post mortem (después de la muerte) y la posterior sustitución pensional, en razón a que el afiliado no fue declarado inválido con antelación a su deceso, ni había solicitado dicha acreencia. Ello, porque los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, no prevén tales exigencias, por el contrario, lo único que imponen es la acreditación de una pérdida de capacidad laboral del 50% o más y la densidad mínima para acceder a la prestación. Precisan que tales requisitos fueron probados con el dictamen pericial de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, que determinó que el fallecido contaba con un 67.92% de PCL, estructurada el 17

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Radicación n.° 97011 de marzo de 2000 y con la historia laboral que daba cuenta que cotizó 32.5 semanas en el año anterior. Explican que las exigencias del colegiado, además de no estar previstas en la ley, distinguen entre los afiliados a los que se les reconoce la pensión de vejez post mortem y los de invalidez, pese a que en el último caso existe certeza de un grave estado de salud que podría impedir su reclamo oportuno. Aducen que las normas citadas imponen obligaciones a las AFP de reconocer la pensión demandada a quienes satisfacen los presupuestos legales; que dicha infracción condujo a los artículos 40, 41, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993,

que garantizan la sustitución de la prestación y, de suyo, el nacimiento de un nuevo derecho del que son titulares. Refieren que era obligación del Tribunal establecer si su causante actuó con diligencia en la reclamación de su derecho, para lo cual debió tener en cuenta que, por sus condiciones de salud, no podía salir de cama y solo lo hizo cuando falleció, contexto en el que debió aplicar el principio según el cual nadie está obligado a lo imposible (archivo, ibidem).

VII. RÉPLICA Manifiesta, respecto de los cuatro cargos, que no podían prosperar, porque conforme a la jurisprudencia laboral, no existió error alguno en la sentencia recurrida, dado que, al

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Radicación n.° 97011 haber operado la desafiliación del trabajador, el empleador no subrogó los riesgos pensionales, siendo responsable directo del cubrimiento de las contingencias reclamadas; que no existió allanamiento a la mora, pues el pago del aporte es posterior al deceso del trabajador, quien no contaba con afiliación vigente. Expresa que el otorgamiento de la pensión de invalidez luego de la muerte del afiliado, requiere del cumplimiento de los requisitos legales de manera previa a ese hecho y la existencia de una reclamación previa; que, admitir lo contrario, sería habilitar a los causahabientes a pedir una prestación de la que solo es titular el fallecido. Añade que el fallador de alzada realizó una valoración probatoria acorde con el artículo 61 del CPTSS, por lo que no pudo incurrir en error de hecho.

Sostiene que, con todo, el primer cargo no cumple con las reglas de la senda directa, ya que introduce criticas fácticas, lo que lo convierte en un alegato de instancia (archivo «2023114204256», ibidem).

VIII. CARGO SEGUNDO Denuncian que el Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley, […] por un error de hecho consistente en la incorrecta apreciación de las pruebas, en concreto, en lo que respecta a las pruebas documentales que reposan en los folios 365, 366 y 367

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Radicación n.° 97011 (DICTAMEN DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y/O PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL); del archivo digital denominado «Instancia CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia 2022015801512.pdf», incurriendo en el literal b) del numeral 5° del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo anterior, tras haber incurrido en los siguientes errores de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que la fecha de exigibilidad del derecho demandado respecto de la pensión de invalidez post mortem es el 17 de marzo de 2000, fecha de estructuración de la invalidez, calificada por la Junta Regional de Calificación de Bogotá D. C. y Cundinamarca. No dar por demostrado, estándolo, que la fecha de exigibilidad del derecho demandado respecto de la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes es el 25 de julio de 2000, fecha de la muerte del afiliado.

No dar por demostrado, estándolo, que a la fecha de la muerte del afiliado JORGE RAÚL CÓRDOBA PAREDES (Q.E.P.D.), ocurrida el 25 de julio de 2000, existía en su favor derecho a la pensión de invalidez y un retroactivo pensional causado desde el 17 de marzo de 2000. No dar por demostrado, estándolo, que a la fecha de la muerte del afiliado JORGE RAÚL CÓRDOBA PAREDES (Q.E.P.D.), ocurrida el 25 de julio de 2000, existía en favor de su esposa e hijos un derecho a la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes y un retroactivo pensional causado desde el 25 de julio de 2000. Dar por demostrado, sin estarlo, que el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá D. C. y Cundinamarca, no tenía validez, por haber sido realizado con base en leyes que no estaban vigentes a la fecha de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, lo cual no es relevante, porque dichas leyes no presentan cambio de fondo, en cuanto a la gravedad de las enfermedades, ya que las mismas no se alteran. Son enfermedades que son terminales, degenerativas y progresivas y que sin importar la vigencia de la ley que sirva de argumento para sustentar una calificación, no cambia de fondo el resultado de las consecuencias de dichas enfermedades, que en este caso llevó a la muerte al afiliado y lo tuvo en una condición de imposibilidad de reclamar la prestación en vida […].

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Radicación n.° 97011 Dar por demostrado, sin estarlo, que el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá D. C. y Cundinamarca, es contradictorio cuando asevera el perito que una persona que padece de falla cardiaca y con hipertensión pulmonar como la padecía el señor Córdoba, su locomoción era bastante limitada, su movilidad estaba restringida al hogar de tal suerte que no podía bañarse, vestirse o arreglar sus alimentos solo, pero que sin embargo, según el Tribunal, al revisar el documento que corre a folio 190 denominado el «relato del siniestro» rendido por la demandante, la sala encontró una «contradicción». Aducen que tales yerros fueron consecuencia de la apreciación errónea de la prueba pericial de folios 365 a 367 del cuaderno n.° 1. Argumentan que «no esta[n] de acuerdo con la valoración […] realizada […] al DICTAMEN DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y/O PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL del señor JORGE RAUL CÓRDOBA PAREDES», porque «independientemente de la normatividad en la que se basa», es un informe técnico elaborado por un profesional a partir de la historia clínica y según criterios objetivos que permiten determinar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional del fallecido, la cual fue calificada en un 67.92%. Indican que no apreció la determinación de origen de la calificación del afiliado, en la que se dejó constancia de que

«tuvo una […] dificultad completa, dependencia o completa en

su MOVILIDAD, AUTOCUIDADO PERSONAL y VIDA

DOMÉSTICA».

Exponen que […] no es correcto que el Juez de segunda instancia, en su deber de velar por la protección y garantía material de los derechos

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Radicación n.° 97011 laborales en el proceso judicial, [reste] valor a un DICTAMEN DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y/O PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL por el hecho de que se realizó con criterios de normas posteriores, cuando se trata de un dictamen técnico emitido por un profesional con base en una historia clínica. Discrepan de la lectura que efectuó el colegiado a la «declaración […] con los resultados enunciados en el dictamen pericial», pues a través de ella se informó la grave situación de salud del señor Córdoba Paredes, quien «en la fecha en que salió por sí mismo falleció como producto de su enfermedad». Aseveran que no era cierta la consideración de que su situación no era tan crítica como lo había referido el perito, pues «[murió] ese mismo día» debido a sus diagnósticos de «enfermedad terminal cardiopatía restrictiva, falla cardiaca global de predominio derecho. disfunción diastólica, hipertensión pulmonar, amiloidosis, derrame pleural derecho. gastritis crónica activa con metaplasia intestinal, miocardiopatía, hipertrófica». Manifiestan que el caso del óbito es diferente y único, pues no pudo radicar la reclamación pensional por invalidez

por la gravedad de su enfermedad sin tratamiento, que lo condujo al deceso en tres meses contados a partir del diagnóstico, lo que evidencia que contaba con una PCL del 67.92% con «dificultad completa, dependencia completa en su

MOVILIDAD, AUTOCUIDADO PERSONAL y VIDA

DOMÉSTICA».

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Radicación n.° 97011 Explican que en la declaración de la consorte, se afirma que el 25 de julio de 2000, el afiliado […] salió de su apartamento a una cita que tenía con el Ministro de Justicia, quien había sido su jefe y amigo y dirigiéndose al senado con un primo, quien había ido por el a recogerlo al apartamento, entraron a una cafetería porque se sintió cansado y allí le dio un paro respiratorio que le causó la muerte en ese mismo instante. Arguyen que de ese relato se podía derivar que «[…] el señor Córdoba no [podía] realizar actividades económicas», lo que traía de suyo que la «experticia, [tenía] los elementos necesarios y suficientes para poder determinar las condiciones en que se encontraba el señor Jorge Raúl Córdoba», pues precisamente el esfuerzo que hizo al caminar dos cuadras condujo a su deceso. Razonan que […] el dictamen pericial y lo consignado en el relato del siniestro […], debieron ser suficiente sustento, para que el Tribunal revocara la sentencia de primera instancia, ya que justamente este hecho, es el que da fe de la gravedad de la enfermedad […] que padecía el señor Córdoba, que era tan crítica, que evidencio

que el único día que salió de su casa, ese día falleció, por lo que obviamente, […] no podía realizar ninguna actividad y tampoco pudo dirigirse a la AFP PORVENIR S. A. a reclamar su pensión de invalidez (archivo «2023043923131», ibidem).

IX. RÉPLICA Aduce que el cargo es inestimable, puesto que se soporta sobre prueba no calificada y no cumple con la carga demostrativa de la senda seleccionada (archivo «2023114204256», ib).

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Radicación n.° 97011

X. CARGO TERCERO Acusan al colegiado de incurrir en violación directa, por interpretación errónea del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original e inciso 4° del 53 del Decreto 1406 de 1999.

Sostienen que el Tribunal se equivocó al señalar que su causante no cumplió con la densidad para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, porque las cotizaciones con mora solo podían tenerse en cuenta cuando mediaba: i) la filiación al sistema de seguridad social y, ii) el vínculo laboral, lo que no «conflu[ía]» en el asunto. Lo indicado, porque la Corte Constitucional en la sentencia CC T241-2017, señaló que los asegurados del sistema de seguridad social o sus beneficiarios no podían soportar la mora en los aportes a pensión ni la inactivación de las AFP en la obligación de cobro coactivo; además, en el fallo CC T502-2020, se fijó las reglas sobre el allanamiento a la mora.

Manifiestan que, conforme al principio de in dubio pro operario (duda en favor del trabajador), ante la posibilidad de dos lecturas normativas, debía privilegiarse la que fuera en favor del afiliado; que, por tanto, debieron tenerse por válidas las semanas cotizadas para los periodos de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2000, pese «a la mora en el pago presentada por el empleador», lo que daría lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes del literal b) del numeral 2° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 97011 Afirman que también incurrió en error el fallador de alzada al restar valor probatorio a la cotización de julio de 2000, pese a denotar su validez, conforme a los folios 192 a 194 del cuaderno n.° 1, por considerar que no coincidían los dadores del empleo, pues «corresponde al mismo cupo numérico de identificación», por lo que no tuvo «en cuenta que se […] trata[ba] de un mismo empleador». Plantean que, por lo anterior, su causante acreditó 26 semanas de aportes en cualquier tiempo, antes de su deceso; que, además logró acumular 124,85 aportadas al fondo privado, más 183 al régimen de prima media con prestación definida, que constituyen el bono pensional, lo que totalizan 307,85 semanas antes del deceso. Señalan que el Tribunal no valoró correctamente la prueba aportada por Porvenir S. A., en la que asegura que aquella cotización (julio de 2000) era válida, lo que

significaba que el causante se encontraba cotizando al momento del deceso; que, por tanto, debía tenerse en cuenta para el reconocimiento de la prestación, «sin que [hubiese] lugar a imponer cargas adicionales relacionadas con la prueba o existencia de una relación laboral, para verificar si es posible tener en cuenta o no el periodo en discusión»,