CSJ - SL186-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL186-2023 Radicación n.° 93300 Acta 03 Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación presentado por NORA CELLY ORREGO VALENCIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 15 de junio de 2021, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra FIDUAGRARIA S. A. en calidad de administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes

del ISS, la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL y LA NACIÓN – MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES Nora Celly Orrego Valencia promovió demanda ordinaria laboral para que se ordene el reconocimiento y pago del reajuste del valor de los intereses a las cesantías

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Radicación n.° 93300 otorgados desde el año 2001 y del auxilio de cesantías cancelado a la terminación de la relación laboral, aplicando el sistema de retroactividad de las cesantías, con base en el tiempo realmente servido y el verdadero salario devengado. También solicitó el pago de los beneficios del plan de retiro voluntario en igualdad de condiciones que los servidores que se acogieron a este, la prima de navidad, las diferencias en los auxilios de transporte y alimentación, el pago correcto de la indemnización por despido convencional, la indemnización moratoria establecida en el Decreto 797 de 1949 y las costas

del proceso. Para sustentar estas pretensiones manifestó que estuvo vinculada laboralmente al ISS como trabajadora oficial, desde el 20 de noviembre de 1996 hasta el 31 de marzo de 2015; y el último cargo que desempeñó fue el de técnico de servicios administrativos con un salario de $1.782.959. Adujo que en el ISS existía una convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001, prorrogada en los términos legales, de la cual era beneficiaria según lo previsto en su artículo tercero. En ella se consagraron las acreencias reclamadas por indemnización por despido, auxilio de transporte y alimentación, cesantías y sus intereses. Mediante comunicación del 5 de febrero de 2015, el liquidador del ISS dispuso la terminación de su vinculación sin justa causa, a partir del 31 de marzo del mismo año. Explicó que en el artículo 62 de la CCT se acordó el congelamiento de la liquidación retroactiva de las cesantías

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Radicación n.° 93300 durante 10 años. Tal convenio se condicionó a que las partes cumplieran unos compromisos establecidos en el artículo 120 de dicha convención; sin embargo, el Gobierno nacional no honró lo pactado. Afirmó que la liquidación del auxilio de cesantías y sus intereses fue equivocada, pues no tuvo en cuenta el sistema retroactivo, y la indemnización convencional por despido le fue pagada de manera deficitaria. Refirió que el ISS implementó un plan de retiro, pero solo lo aplicó a algunos trabajadores a través de una

conciliación, y a los demás no, pese a estar en idénticas condiciones, dado que su ofrecimiento obedecía a la liquidación de la entidad y la terminación de los contratos. El mencionado plan de retiro consistía en: i) el reconocimiento del 2% sobre la asignación básica para la liquidación definitiva de prestaciones; ii) una suma equivalente al 140% del valor de la indemnización convencional vigente; iii) el cálculo retroactivo de las cesantías y iv) el pago de aportes a seguridad social hasta por tres años a partir de la fecha de retiro. Estos beneficios no le fueron otorgados a la demandante, «pese a que en ambos casos el vínculo terminó por la liquidación de la entidad». Señaló que mediante Decreto 2013 de 2012 se dispuso la supresión y liquidación del ISS y a través del Decreto 553 del 27 de marzo de 2015 se definieron los aspectos para terminar el proceso de liquidación. En virtud de estas normas, el liquidador del ISS suscribió un contrato de fiducia

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Radicación n.° 93300 mercantil con Fiduagraria S. A. para administrar el patrimonio autónomo del Instituto. Afirmó que el acta final de liquidación de la entidad se publicó el 31 de marzo de 2015 y que la Nación debe responder de manera solidaria por las obligaciones laborales del extinto ISS, a través del Ministerio de Salud y Protección Social por cuanto se trataba de una entidad vinculada a él según el Decreto 4107 de 2011. Finalmente dijo que agotó la reclamación administrativa.

Al dar respuesta a la demanda, el representante del PAR ISS en liquidación se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos admitió la existencia de la convención colectiva de trabajo, sus prórrogas, que le es aplicable a la demandante, el acuerdo convencional sobre congelamiento de la retroactividad de las cesantías, el plan de retiro implementado en el ISS y la liquidación de esta entidad; de los demás aseguró que no eran ciertos o no le constaban. Adujo que en la liquidación final de prestaciones sociales se reconoció el auxilio de cesantías, sus intereses, indemnización y demás acreencias de acuerdo a las disposiciones legales y convencionales aplicables, además, se tuvo en cuenta el salario devengado por la trabajadora. Aclaró que el sistema de liquidación de cesantías de manera retroactiva fue congelado por el término de 10 años, según el texto del artículo 62 convencional.

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Radicación n.° 93300 Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer el retroactivo de las cesantías y los intereses a las cesantías, inexistencia de la obligación de pagar sanción moratoria y reajuste de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, pago, compensación y prescripción. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social también dio respuesta con oposición a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la regulación convencional de las acreencias pretendidas por la demandante, la terminación de la vinculación laboral, el congelamiento de la retroactividad de las cesantías, la liquidación del ISS, entidad

que estuvo vinculada a ese Ministerio y la reclamación administrativa; de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su favor afirmó que no sostuvo una relación laboral ni de ninguna índole con la actora, que no es sucesor procesal del ISS y que, en todo caso, fueron los trabajadores quienes pactaron la suspensión de la retroactividad de las cesantías. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la facultad y consecuente deber jurídico de reconocer la retroactividad de las cesantías y el reajuste de los intereses; inexistencia de la obligación del pago de beneficios del plan de retiro, prima de navidad, incremento salarial, auxilio de transporte y alimentación y del derecho a reclamar indemnización por despido injusto, inexistencia de causa para demandar, solidaridad condicionada entre las dos demandadas y prescripción.

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Radicación n.° 93300 La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos, aceptó la reclamación administrativa, de los demás dijo que no le constaban. Refirió que no existió vínculo jurídico alguno con la demandante, por lo que no surgen obligaciones a cargo de este Ministerio; además, las normas que regularon el proceso de liquidación del ISS no le asignaron ninguna responsabilidad a esta entidad en relación con las vinculaciones laborales con sus trabajadores. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la relación laboral con el Ministerio de Hacienda, de solidaridad o vínculo entre el

demandante y el Ministerio; inexistencia de sustitución de obligaciones entre el ISS y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público; ausencia de título legal oponible al Ministerio; sistema de liquidación anual de cesantías por ley desde 1968 y retroactividad por convención; causación del derecho a las cesantías y derechos adquiridos; funciones de los sindicatos y poderes de los negociadores respecto de la negociación colectiva; congelación de la retroactividad de las cesantías y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 13 de agosto de 2018, absolvió a las demandadas y condenó en costas a la actora.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín conoció el recurso de apelación presentado por la parte demandante y a través de decisión dictada el 15 de junio de

2021 resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por Nora Cely Orrego Valencia […] contra el ISS hoy liquidado, quedando a cargo de las obligaciones el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS administrado por la sociedad Fiduagraria S. A. la Nación – Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO: REVOCAR la absolución y CONDENAR al

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS del cual es vocera y administradora FIDUAGRARIA S. A. y una vez agotados los recursos del PAR ISS liquidado, responderá por el contenido de las obligaciones derivadas de las acreencias aquí impartidas La Nación con cargo a los recursos del presupuesto general, a reconocer y pagar a NORA CELY ORREGO, la prima de navidad a partir del año 2013, teniendo en cuenta los salarios reportados a noviembre de cada año y por fracción de 2015 con base en el último sueldo devengado a esa data.

TERCERO: CONDENAR al PAR ISS a indexar los valores objeto de condena, la cual deberá liquidarse a la fecha de pago efectivo y a partir del 1 de abril de 2015, utilizando la fórmula de indexación = índice final/índice inicial x capital – capital.

CUARTO: En los demás aspectos la sentencia será confirmada.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

Indicó que el problema jurídico consistía en determinar si era procedente el reajuste de cesantías e intereses, liquidadas de manera retroactiva e inaplicando las cláusulas convencionales que establecieron el congelamiento de esta modalidad de tasación; así, como si era dable otorgar el pago

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Radicación n.° 93300 de la prima de navidad, la reliquidación de la indemnización por despido injusto y la indemnización moratoria. Aclaró que no era objeto de debate que: i) la actora laboró al servicio del ISS como trabajadora oficial, desde el 20 de noviembre de 1996 hasta el 31 de marzo de 2015; ii)

en el ISS existía una CCT suscrita el 31 de octubre de 2001, vigente para la fecha de finalización de la relación de trabajo y iii) que el texto convencional se hace extensivo a todos los trabajadores, sindicalizados o no, por haber sido pactado por una organización sindical mayoritaria, por tanto, la demandante «es beneficiaria de las prestaciones convencionales allí estipuladas». Reajuste de cesantías y sus intereses: Explicó que en el artículo 62 de la CCT 2001-2004, las partes convinieron el congelamiento de la retroactividad de las cesantías por el término de 10 años (2002-2012). Ello tuvo como causa la negociación colectiva realizada en legal forma, acuerdo que se extendió a todos los trabajadores beneficiarios de ese acuerdo, más cuando obedeció a una decisión de estos para que el ISS no entrara en liquidación. Aclaró que convenios como este resultan válidos según los postulados de la OIT y de las «Altas Cortes», pues pretenden solucionar problemas económicos de las empresas o precaver graves crisis, por lo que se buscan consensos que generen resultados favorables para ambas partes, siempre que sea sobre un tiempo determinado. Advirtió que la retroactividad de las cesantías se congeló por 10 años, lo que

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Radicación n.° 93300 no implica necesariamente una desmejora o violación de derechos convencionales, sin que la demandante pueda escoger la norma aplicable o se acredite que hubiese renunciado a la aplicación del texto extralegal. Resaltó que la Ley 6 de 1945 establece la liquidación

anual de las cesantías, el Decreto 116 de 1976 dispuso el reconocimiento de intereses del 12% sobre los saldos de cesantías al 31 de diciembre de cada año, y la CCT consagró una liquidación retroactiva de este auxilio e intereses al 31 de diciembre de 2001, y una tasación anual desde el año 2002 con 15% de intereses. Refirió que el texto convencional tiene carácter contractual y es ley para las partes, sin que el juez pueda apartarse de lo allí previsto e imponer obligaciones que vayan más allá de lo acordado, como se explicó en sentencia CSJ SL 7 ab. 1995, rad. 7243. Por tanto, el cálculo de las cesantías debía ceñirse a lo previsto en ese pacto extralegal, sin que se pueda desconocer lo negociado, pues no existe un elemento jurídico que la invalide, tal como se adujo en decisiones CSJ SL3823-2020 y CSJ SL17492021. Adujo que, como la demandante se vinculó al ISS antes del año 2001, cuando se dispuso el congelamiento de las cesantías por 10 años, le era aplicable este acuerdo y, por tanto, tal concepto debía liquidarse de manera retroactiva entre el 20 de noviembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2001, así como del 1 de enero de 2012, al 30 de marzo de 2015.

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Radicación n.° 93300 Partiendo de lo anterior, encontró que la liquidación final del contrato se ajustaba a los parámetros convencionales, dado que liquidó retroactivamente 3009

días, así: i) 1839 días entre el 20 de noviembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2001 y ii) 1170 días del 1 de enero de 2012 al 30 de marzo de 2015, con un salario de $2.405.851 que incluyó el incremento adicional por servicios, la doceava parte de las primas de vacaciones y de servicios, y auxilio de alimentación y transporte. Así, por dichos periodos se reconoció la suma de $20.108.604,61. Sostuvo que además, se pagó $14.225.530 por cesantías congeladas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2011, calculadas de manera anual, sin que fuese posible constatar si tal liquidación fue acertada, por cuanto no existía prueba de los salarios devengados para dicha época. En ese orden, consideró que el ISS liquidó las cesantías correctamente, por lo que no había lugar a su reajuste.

Prima de navidad: Indicó que los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968, 51 del Decreto 1848 de 1969 y 32 del Decreto 1045 de 1978 excluían de esta prima a quienes prestaran sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado que por virtud de convenciones colectivas tuviesen derecho a primas anuales similares.

Expuso que, en este caso, los artículos 47 y 50 convencionales establecieron una prima de servicios

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Radicación n.° 93300 semestral en adición a la legal, es decir, que la prima de

navidad no fue expresamente excluida, sino que se aclaró que los trabajadores tendrían derecho a ella. Resaltó que, aunque la jurisprudencia tuvo varias posturas al respecto, en sentencia CSJ SL 15 may. 2012 rad. 35954 se explicó que la prima de navidad no era compatible con la prevista convencionalmente. En esa medida, consideró que la prima de navidad no era compatible con la otorgada en la convención 2001-2004, pero solamente hasta el año 2012, pues el Decreto 853 de dicho año, no contiene la exclusión contemplada en las normas legales antes referidas. Así, luego de recordar el texto del artículo 17 de este Decreto, precisó que la demandante tenía derecho a la prima de navidad desde el 14 de abril de 2013, como quiera que las causadas con antelación (a partir de 2012) se encontraban prescritas. Explicó que el PAR ISS debía asumir esta obligación y que, una vez agotados los recursos de este patrimonio, «responderá por el contenido de las obligaciones derivadas de las acreencias aquí impartidas, la Nación con cargo a los recursos del presupuesto general». Reajuste de la indemnización por terminación del contrato: Señaló que el artículo 5 convencional establece que por dicha indemnización se pagarán 50 días de salario por el primer año de servicios y 55 por cada año subsiguiente, sin que fuera procedente la tesis de la demandante, según la cual, por los años subsiguientes deben reconocerse 105 días

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Radicación n.° 93300 de salario, pues se aleja de lo establecido en la ley y en el

texto extralegal. Resaltó que esta postura de la demandante fue desestimada por la Corte en sentencia CSJ SL 1749-2021 al resolver un caso similar. Adujo que la liquidación de la indemnización por despido efectuada por la demandada se encontraba ajustada a derecho, porque atendió lo previsto en la norma convencional.

Plan de retiro voluntario: Afirmó que la actora sustentó esta pretensión en la conciliación que Ludovina María Tirado Tapiero celebró con el ISS, cuya acta da cuenta de un convenio entre dichas partes en relación con el pago del 2% sobre la asignación básica mensual, el 140% de la indemnización por despido, el valor retroactivo de las cesantías y de los aportes pensionales durante tres años después del retiro. También acreditaba que se conciliaron derechos inciertos y discutibles por la suma de

$104.444.693. Sin embargo, advirtió que no se demostró el plan de retiro ni la Resolución 3473 de 2014 a la que también se alude en dicha conciliación, ni se acreditó cuáles eran las circunstancias en que se encontraba dicha extrabajadora ni los motivos que tuvo el empleador para ofrecer los mencionados beneficios. Tampoco se probó que la actora y la Ludovina Tirado se encontraran en una situación similar.

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Radicación n.° 93300 Resaltó que, usualmente, estos planes de retiro se ofrecen a quienes están cercanos a acceder a la pensión de vejez, y que el artículo 22 del Decreto 2013 de 2012 previó la

posibilidad de que el liquidador ejecutara planes de retiro para terminar los contratos con ocasión de la liquidación de la entidad. Sin embargo, destacó que la accionante continuó laborando hasta el 31 de marzo de 2015, lo que no ocurrió en el caso de la señora Tirado Tapiero, quien concilió con la entidad y se retiró el 31 de diciembre de 2014. Además, señaló que el ofrecimiento del pago de aportes durante tres años luego del retiro se fundó en la sentencia CC SU8972012, que ampara a los pre pensionados ante la supresión de sus cargos, calidad que no se puede predicar de la actora, pues no acreditó su edad ni el número de semanas cotizadas para pensión. En esa medida, consideró que no se estaba ante un trato desigual o discriminatorio, y resaltó que así se concluyó igualmente en sentencia CSJ SL1354-2021 al estudiar el mismo texto conciliatorio aquí invocado. Por tanto, como la demandante no acreditó en qué consistía el plan de retiro y continuó laborando hasta el cierre definitivo del ISS, se debía confirmar la absolución al respecto.

Indemnización moratoria: Encontró que el término de la relación de trabajo ocurrió el mismo día en que finalizó la liquidación del ISS, por lo que no era procedente esta indemnización, pues es sabido que esta solo opera hasta la extinción jurídica del empleador.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que

se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, «en cuanto confirmó la absolución del a quo por el reajuste de cesantías y de los intereses a las cesantías pagadas, por los beneficios del plan de retiro consensuado, del reajuste a la indemnización por despido injusto y la indexación de estos conceptos. Como juez de apelaciones, la Corte deberá revocar la sentencia del a quo condenando al reajuste de las cesantías, los intereses a las cesantías y la indemnización por despido, así como ordenar el reconocimiento de los beneficios del plan de retiro y la indexación de estos conceptos».

Con tal propósito formula cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por el PAR ISS y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las dos primeras acusaciones se abordarán de manera conjunta, dado que persiguen la misma finalidad y su argumentación se complementa.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del colegiado por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 17, 46, 47 y 48 de la Ley 6 de 1945, 18, 19 y 34 del Decreto 2127 de 1945, 13 de la Ley 344 de 1996, 43, 435, 467 y 478 del CST, 1, 2, 3, 4, 5 y 40 del Decreto 1045 de 1978, 1 y 2 del Decreto 1252 de 2000

en concordancia con los artículos 4. 13, 25 y 53 de la Constitución Política. Precisa que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que lo pactado en el artículo 62 de la convención colectiva 2001-2004 del ISS, implicó una renuncia a la retroactividad de las cesantías de la actora.

2. No dar por demostrado, estándolo, que lo pactado en el artículo 62 de la convención colectiva 2001-2004 del ISS, implicó una desmejora en el derecho adquirido al régimen retroactivo de liquidación de las cesantías.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el régimen de cesantías pactado convencionalmente es más desfavorable que el régimen legal.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las partes convinieron condicionar el congelamiento de las cesantías al cumplimiento de los compromisos a cargo del Gobierno Nacional.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el Gobierno Nacional incumplió los compromisos convenidos en la convención colectiva 2001-2004, suscrita por el ISS y Sintraseguridad

Social.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la accionante estaba obligada a adherirse a las cesantías anualizadas.

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7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el sindicato tenía la capacidad legal para renunciar a derechos mínimos de los afiliados.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que la liquidación de las cesantías del contrato realizada por la demandada se ajusta

al ordenamiento jurídico.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no tenía derecho a los intereses a las cesantías.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo se debió a una decisión de los trabajadores para que el ISS no entrara en liquidación.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que el convenio, a los ojos de la OIT y de las Altas Cortes es plenamente válido.

Señala que estos yerros surgieron por la indebida valoración de la CCT, artículos 62, 120 y 130 (folios 112 y siguientes), así como por la falta de apreciación de:

1. Memorando 00192522 del 7 de diciembre de 2012 que contiene el concepto del Ministerio del Trabajo (folio 31 y siguientes).

2. Documento expedido por el director Jurídico Nacional del ISS el 27 de diciembre de 2012 (folio 41 y siguientes) Explica que el artículo 62 de la CCT establece que: i) hasta la entrada en vigencia de dicha estipulación, los trabajadores del ISS tenían un sistema de cesantías con retroactividad; ii) desde el 1 de enero de 2002 y por el término de 10 años, este sistema de liquidación de cesantías se congeló; iii) durante ese lapso (10 años), dicho auxilio se liquidaría anualmente y iv) vencido este plazo, se volvería a la liquidación retroactiva.

Afirma que es evidente que el sistema de liquidación anual previsto en el artículo 62 convencional no resulta

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Radicación n.° 93300 mejor que el cálculo retroactivo, pues este último toma el

último salario del trabajador y lo aplica a todo el tiempo de servicios acumulado y no solo al último año. Recuerda que las CCT pretenden mejorar las condiciones laborales existentes a la fecha de su suscripción, por lo que una cláusula que resulte regresiva o contraria a tal finalidad desconoce su naturaleza y, por tanto, debe inaplicarse en virtud del artículo 43 del CST. Manifiesta que, según la liquidación definitiva de prestaciones sociales, se tuvo en cuenta un salario base de $2.405.051 y 3009 días laborados para calcular las cesantías con retroactividad, obteniendo un total de $34.334.435. Sin embargo, si dicha liquidación se hubiese efectuado descartando el congelamiento de 10 años previsto en la norma convencional, se habrían tenido en cuenta 6609 días en total (resultado de «sumar 3055 días de descongelamiento con los 3600 días de cesantías congeladas»), y al aplicar el mismo salario, el valor por concepto de cesantías hubiese ascendido a $44.152.727. Por ende, el trabajador dejó de percibir la suma de $9.818.292, lo que además implica que deban reajustarse los intereses sobre las cesantías. Aduce que lo anterior evidencia que el cambio en la forma de liquidar las cesantías, vigente entre enero de 2002 y diciembre de 2011, desmejoró notablemente las condiciones laborales de la actora, lo que desvirtúa las conclusiones del colegiado en cuanto a la inexistencia de perjuicio o violación de derecho alguno.

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Refiere que el Tribunal desconoció el contenido del artículo 120 convencional, en el cual se pactó que, si el ISS no cumplía con los compromisos que había adquirido en materia administrativa, no era posible hacer efectivos los sacrificios de los derechos de los trabajadores que fueron acordados en el texto extralegal. Dice que dicho artículo previó que, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad, las modificaciones pactadas no tendrían efecto, por lo que el cambio del sistema de liquidación de cesantías estaba condicionado a los términos previstos en la cláusula 120; sin embargo, el ISS no probó su cumplimiento. Resalta que el artículo 130 extralegal consagró la aplicación de la norma más favorable al trabajador, por lo que el ad quem ha debido preferir la aplicación de la disposición que establece la liquidación retroactiva, en lugar de la CCT que congeló dicho sistema durante 10 años. Indica que en el concepto del Ministerio del Trabajo emitido el 7 de diciembre de 2012, se advirtió que el pago retroactivo de las cesantías por el periodo del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011, debía aplicarse tanto a los trabajadores que se acogieron al plan de retiro como a los que no lo hicieron; directriz que fue acogida en documento expedido por el director jurídico nacional del ISS, en el que se dispuso adelantar las gestiones pertinentes para tal efecto.

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Radicación n.° 93300 Concluye que la indebida valoración de las pruebas denunciadas conllevó el desconocimiento del derecho de la demandante a que sus cesantías fueran liquidadas de

manera retroactiva, durante todo el tiempo laborado.

VII. RÉPLICA El representante del PAR ISS liquidado se opone a este cargo, porque considera que las pruebas denunciadas tan solo se enlistan, pero no se demuestra de qué forma se presentó su equivocada valoración. Resalta que en virtud de la negociación colectiva las partes definieron el alcance del texto extralegal y acordaron una serie de compromisos para modificarlo a partir de 2001 con el fin de viabilizar la existencia del ISS. Agrega que los deberes adquiridos por el Gobierno Nacional sí fueron cumplidos y que en el artículo 62 de la convención se previó otro tipo de beneficios para los trabajadores como el aumento en la tasa de interés; además, las medidas adoptadas en dicha cláusula permitieron que el ISS existiera 10 años más, durante los cuales la actora continuó laborando.

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta réplica conjunta a los cargos. Aduce que deben atenderse los precisos términos en que se formulan las peticiones en sede extraordinaria, por lo que, al no existir solicitud de condena en contra de este Ministerio, no es viable que se extiendan los efectos de la decisión de casación en perjuicio de sus intereses. Resalta que el alcance de la

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Radicación n.° 93300 impugnación tan solo está dirigido a modificar la condena impuesta, pero no a extenderla al Ministerio. En todo caso, advierte que no le asiste ninguna responsabilidad frente al reconocimiento de acreencias como

las debatidas, a cargo del entonces ISS, pues no es sucesora procesal de esta entidad, ni funge como administradora o fondo de pensiones. Explica que, en virtud del contrato de fiducia mercantil, es Fiduagraria S. A. la encargada de atender los procesos judiciales y pagar las condenas impuestas, con cargo a los recursos entregados por la liquidación.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión del Tribunal por transgredir la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de infracción directa del artículo 18 del Decreto 2127 de 1945, en relación con el artículo 43 del CST, los artículos 17, 46, 47, 48, 49 de la Ley 6 de 1945, 13 de la Ley 344 de 1996, 380, 467, 478 del CST, 1, 2, 3, 4, 5 y 40 del Decreto 1045 de 1978, 1 y 2 del Decreto 1252 de 2000, en concordancia con los artículos 4, 13, 25 y 53 de la Constitución Política.

Expone que el Tribunal no tuvo en cuenta que los artículos 18 del Decreto 2127 de 1945 y 49 de la Ley 6 de 1945 prevén que las cláusulas que desmejoren la situación del trabajador no pueden aplicarse, por lo que no ha debido otorgarle efectos jurídicos a la cláusula 62 convencional que

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Radicación n.° 93300 resulta ineficaz e ilegal por atentar contra los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores.

Refiere que la CCT tiene como objeto mejorar los beneficios que los trabajadores han obtenido por ministerio de la ley o por negociación entre las partes, por lo que no es dable aceptar una norma que implique regresión o retroceso respecto de las garantías alcanzadas. Lo anterior con independencia de la voluntad de quien crea la norma o de quien es su destinatario, pues si desmejora la situación del trabajador, no debe aplicarse por resultar nula en los términos del artículo 18 del Decreto 2127 de 1945. Señala que el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 estableció que a los trabajadores oficiales que se vincularan al servicio del Estado a partir de su vigencia, se