CSJ - SL1860-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descoeeestlón N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL1860-2023 Radicación n.° 67772 Acta 27 Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

JESÚS MARÍA MONTALVO LÓPEZ, MARÍA LUISA DILMA

DÍAZ RAMÍREZ, MARÍA TERESA DE LOURDES

MONTAÑO SAYONA, ELIZABETH OCHOA REYES,

BLANCA CECILIA LANCHEROS MARTÍNEZ, MARÍA

NELLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCINI SÁNCHEZ

DE RODRÍGUEZ, ANA MERCEDES TORRES DÍAZ, BETTY

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA CRISTINA ARIAS PINILLA,

MIGUEL ALBERTO PALACIO SÁNCHEZ, LUIS ENRIQUE NIETO GUTIÉRREZ, JORGE ELIECER GAONA PÉREZ y JAVIER CAMELO CAMELO, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el 28 de junio de 2013, en el proceso que instauraron contra la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS, EN LIQUIDACIÓN, LA NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, el

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Radicación n.° 67772

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, la

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y BOGOTÁ D.C.

I. ANTECEDENTES Las personas mencionadas, además de Angélica Perea de Perea, Rosa María Jiménez Noguera y Blanca Margarita Rojas Arévalo convocaron a juicio a las demandadas, para que se declarara la existencia de sendos contratos de trabajo con el Instituto Materno Infantil, Fundación San Juan de Dios y que fueron despedidos sin justa causa; que tienen derecho a los beneficios convencionales pactados entre la Fundación y el sindicato Sintrahosclisas y que operó sustitución del empleador, con la Beneficencia de

Cundinamarca. Pidieron el reintegro sin solución de continuidad o la indemnización por despido injusto, la reliquidación de las acreencias legales y extralegales; las indemnizaciones de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 de la Ley 50 de 1990 y 17 de la convención colectiva; los aportes en mora «no reportados» a las administradoras de pensiones; la devolución de las «sumas descontadas y no pagadas por concepto de aportes a salud» y «pagar o remitir los valores descontados nominalmente a los demandantes por concepto de aportes a Fondos de ahorros o en su defecto pagarlos a favor de cada uno de los demandantes» y las costas (fls. 18 a 49, 936 a 940, cuad. 1).

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10 Radicación n.° 67772 Relataron que fueron vinculados a la Fundación San

Juan de Dios, mediante contratos de trabajo, así: Angélica Perea de Perea desde el 2 de julio de 1996, Elizabeth Ochoa Reyes el 1 de (febrero (sic)» de 1993, Betty Sánchez Martínez el 1 de «diciembre (sic)» de 1993, Francini Sánchez de Rodríguez el 2 de mayo de 1996, Rosa María Jiménez Noguera el 13 de septiembre de 1996, Ana Mercedes Torres Díaz el «13 de abril (sic))) de 1988, Blanca Margarita Rojas Arévalo el 14 de septiembre de 1989 y María Luisa Dilma Díaz Ramírez el 2 de octubre de 1995. Que fueron separadas de los cargos de auxiliar de enfermería mediante resoluciones 886, 836, 1009, 957, 714, 1043, 415 y 610 del 20 de noviembre de 2006, respectivamente, cuando devengaban $458.903, más primas de antigüedad y de alimentación, auxilio de transporte y dominicales y festivos. Igualmente, María Nelly Rodríguez Rodríguez desde el 9 de septiembre de 1985, Jorge Eliécer Gaona Pérez el 1 de octubre de 1996, Miguel Alberto Palacio Sánchez el 1 de enero de 1997 y Javier Camelo Camelo el 2 de noviembre de 1996, que culminaron por resoluciones 953, 644, 866 y 516 del 20 de noviembre de 2006, en su orden. Que se desempeñaron como ayudantes de lavandería y devengaron $408.000. Jesús María López Montalvo se vinculó el «9 de septiembre» de 1988, laboró como ayudante de

mantenimiento, con salario final de $444.476, y el contrato finalizó mediante Resolución 792 de 20 de diciembre de 2006.

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Radicación n.° 67772 María Teresa Lourdes Montaño Bayona trabajó desde el 1 de noviembre de 1989, como jefe de sección atención al usuario, con una remuneración de $1.216.260, y terminó por resolución 794 de 20 de noviembre de 2006. María Cristina Arias Pinilla laboró desde el 1 de junio de 1995, se desempeñó como bacterióloga con una asignación de $717.755, que terminó a través de Resolución 008 de 11 de agosto de 2006. Luis Enrique Nieto se vinculó a partir del «12 de septiembre de 1988» como auxiliar administrativo de facturación, percibiendo $614.124 y fue despedido por resolución 826 de 20 de diciembre de 2006, y Blanca Cecilia Lancheros Martínez fue vinculada el 15 de mayo de 1984, fungió como auxiliar de facturación con salario de $466.252, fue despedida según resolución 957 del 20 de noviembre de 2006. Que todos percibieron primas de antigüedad y alimentación, auxilio de transporte y dominicales y festivos. Expusieron que por efecto de la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, declarada en sentencia del Consejo de Estado de 8 de marzo de 2005, con radicado «2001-0145», que adquirió firmeza el 14 de

junio de ese ario, la Fundación San Juan de Dios y sus centros hospitalarios retornaron a la condición jurídica que tenían antes de 1979. Pasaron a ser propiedad de la Beneficencia de Cundinarnarca y, en consecuencia, desde entonces, operó una sustitución de empleadores.

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Radicación n.° 67772 Manifestaron que la liquidadora de la Fundación los despidió, junto con todos los trabajadores del Instituto Materno Infantil, sin autorización del Ministerio del Trabajo. Que el 15 de mayo de 2008 a través de sentencia CC SU484-2008, se declaró que hubo «permanente y grave violación de los derechos de todos los trabajadores» y ordenó la «concurrencia patrimonial intergubernamental para responder por el pasivo laboral». Afirmaron que en las liquidaciones definitivas de los contratos de trabajo se desconocieron todos sus derechos extralegales como afiliados a Sintrahosclisas, con el argumento de que fueron empleados públicos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso al éxito de las pretensiones. Propuso las excepciones previas de «FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA» y «FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA»; y las de mérito de «INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL», «INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD O DE VÍNCULO ENTRE LA DEMANDADA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PUBLICO», «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA», «PRESCRIPCIÓN», «PAGO RESPECTO DE LOS VALORES

RECONOCIDOS Y PAGADOS POR LA LIQUIDADORA DE LA FUNDACIÓN Y LOS PAGOS POR ESTE MINISTERIO», «EXCEPCIÓN DE PAGO. LA NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO HA PAGADO LO QUE CORRESPONDE: (I) EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA LEY 715 DE

2001 Y (II) DESEMBOLSOS CON OCASIÓN A LOS CONTRATOS DE

EMPRÉSTITO», «COMPENSACIÓN», «COBRO DE LO NO DEBIDO», Y «RESPONSABILIDAD DEL PASIVO PRESTA CIONAL DE LA EXTINTA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS A CARGO DE LA BENEFICENCIA DE

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Radicación n.° 67772 CUNDINAMARCA-DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA» (fls. 1 a 36, cont. cuad, 1). (Negrilla en el texto original). No aceptó los hechos y adujo que como no fue empleador de los accionantes, no estaba llamado a pronunciarse, en tanto era un tercero ajeno a las supuestas relaciones laborales; que, en todo caso, en sentencia CC SU484-2008 se dispuso que los vínculos de trabajo con el Instituto Materno Infantil fueron terminados entre agosto y diciembre de 2006. La Nación-Ministerio de la Protección Social se opuso a los pedimentos. Planteó las excepciones de falta de agotamiento de la reclamación administrativa y de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación y prescripción (fls. 90 a 111, cont. cuad, 1). Aseveró que no le

constaban los vínculos laborales y que, debido a la sustitución patronal, la obligación de pago de salarios, pensiones y seguridad social recaía en la Beneficencia de Cundinamarca; sin embargo, la sentencia CC SU484-2008 definió las entidades responsables de las acreencias laborales de la extinta Fundación San Juan de Dios, y allí no se mencionó al Ministerio. Bogotá D.C. rechazó las pretensiones y formuló las excepciones previas de cosa juzgada constitucional, falta de jurisdicción y competencia, y las de fondo de ausencia de relación laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones demandadas, ausencia en la causa para pedir, 6

SCLAJPT-10 V.00 4 q 1

Radicación n.° 67772 prescripción, buena fe y pago (fls. 133 a 148, cont. cuad, 1). Aseguró que no le constaban los vínculos laborales, pues eran supuestos ajenos al ente territorial; que no ha suscrito convención colectiva con Sintrahosclisas que la obligue a asumir las acreencias laborales definidas en la providencia

CC SU484-2008.

La Beneficencia de Cundinamarca se resistió a lo pretendido y blandió las excepciones previas de prescripción, falta de jurisdicción y de integración del litisconsorcio necesario, y las de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido e «IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA POR FALTA DE REQUISITOS» (fls. 1 a 42, cuad. 2).

Sostuvo que no tenía obligación de pagar las acreencias de los trabajadores del Instituto Materno Infantil, ni la Fundación San Juan de Dios, toda vez que nunca se generó «un vínculo laboral obligante»; además, dicha institución nunca hizo parte de la estructura orgánica de la entidad. Refirió que, en la sentencia de 8 de marzo de 2015, el Consejo de Estado no le asignó la responsabilidad de asumir los pasivos, ni la intervención como agente oficioso de la Fundación; tampoco, hubo sustitución patronal, ni subrogación de obligaciones. Añadió que, conforme los Decretos 00099 y 00117 de 2006, la liquidadora de la Fundación pagó todos los derechos laborales deprecados.

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Radicación n.° 67772 La Fundación San Juan de Dios también se opuso a que se emitieran las declaraciones y se impusieran las condenas impetradas. Como excepciones previas, planteó falta de jurisdicción y competencia, falta de conformación del litisconsorcio, inexistencia del demandado y, de fondo, buena fe, pago, cobro de lo no debido, prescripción y compensación (fls. 209 a 247, cuad. 2). Argumentó que los actores estuvieron vinculados a través de relaciones legales y reglamentarias, como que se trató de empleados públicos de libre nombramiento y remoción. Tras relacionar los actos administrativos de vinculación e insubsistencia, destacó que por virtud de la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998,

según sentencia de 8 de marzo de 2005 del Consejo de Estado, la Fundación dejó de existir y las instituciones hospitalarias, entre ellas, el Instituto Materno Infantil, pasaron a la Beneficencia de Cundinamarca. Advirtió que era improcedente conceder beneficios convencionales, dado que los accionantes fueron empleados públicos y que, por virtud de las resoluciones de insubsistencia, fueron pagadas las acreencias. El Departamento de Cundinamarca se abstuvo de pronunciarse sobre algunas pretensiones, dado que «la Fundación San Juan de Dios no perteneció, ni pertenece al Departamento» y los accionantes «jamás han tenido relación laboral» con el ente territorial. Se opuso a las demás peticiones y propuso las excepciones previas de falta de SCLAJPT-10 V.00 8 fqz Radicación n.° 67772 reclamación administrativa y de jurisdicción, y prescripción. Las de fondo, de falta de legitimación en la causa para ser demandada, cobro de lo no debido, inexistencia de la

obligación, «INEXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL DEMANDANTE», e

«INEXISTENCIA DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL, DE SUBROGACIÓN DE

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS, Y DE SOLIDARIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PAGO DE DICHAS OBLIGACIONES» (fls. 477 a 510, cuad. 2). Aseveró que la sentencia del Consejo de Estado que anuló los decretos que crearon la Fundación, no convirtió al

Departamento en deudor de las obligaciones surgidas, ni dio lugar a una sustitución patronal o sucesión procesal. Tampoco, generó ese efecto la decisión CC SU484-2008, pues la Corte «dejó libre a las partes para retribuir los porcentajes asignados, sin que significara la responsabilidad patrimonial, y los facultó, de considerarlo necesario, para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a efectos de definir la referida responsabilidad».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 15 de abril de 2011, el Juzgado Veinticinco Adjunto

Laboral del Circuito de Bogotá D.C. absolvió a las demandadas e impuso costas a los actores (fls. 684 a 697, cuad. 2).

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Radicación n.° 67772

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación a los demandantes, el Tribunal

(fls. 37 a 62, cuad. Tribunal) dispuso: PRIMERO: REVOCAR en su integridad la sentencia calendada Quince (15) de Abril de Dos Mil Once (2011), proferida por la Juez Veinticinco Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. para en su lugar: CONDENAR a las demandadas al reconocimiento y pago de los aportes en pensiones causados a favor de los accionantes desde el inicio de cada relación laboral, hasta el 15 de Junio de 2005, descontando los pagos o cotizaciones que efectivamente ya hubiere realizado el empleador; pago que debe efectuarse al régimen en que se

encuentra afiliado el demandante o al que el elija, de conformidad al cálculo actuarial que la entidad correspondiente expida, en las siguientes proporciones: La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en un porcentaje 50%; Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del 25%; y la Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el Departamento de Cundinamarca en un porcentaje del 25% (...).

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción y pago, propuestas por las demandadas y en consecuencia ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones de la demanda impetradas en su contra, por las razones señaladas.

TERCERO: Sin costas en esta instancia. Las de primera instancia corren a cargo de las demandadas. (Negrilla del texto).

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, no halló controversial que los demandantes prestaron sus servicios al Instituto Materno Infantil, así: Angélica Perea de Perea (Desde julio 2 de 1996. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 73), Javier Camelo Camelo (Desde noviembre 2 de 1996. Cargo Ayudante de Lavandería. FI. 52), María Cristina Arias Pinilla (Desde junio 1 de 1995. Cargo Bacterióloga. FI. 51), Luis Enrique Nieto Gutiérrez (Desde noviembre 11 de 1998. Cargo Auxiliar Administrativo. FI. 50), María Nelly Rodríguez Rodríguez (Desde septiembre 9 de 1985.

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Radicación n.° 67772

Cargo Auxiliar de lavandería. Fl. 53), Jorge Eliecer Gaona Pérez (Desde octubre 1 de 1996. Cargo Ayudante de Lavandería. FI. 54), Miguel Alberto Palacio Sánchez (Desde enero 1 de 1997. Cargo Ayudante de Lavandería. FI. 55), Jesús Maria Montalvo López (Desde noviembre 18 de 1988. Cargo Ayudante de Mantenimiento. FI. 56), Elizabeth Ochoa Reyes (Desde abril 1 de 1993. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 57), María Teresa de Lourdes Montaño Bayona (Desde noviembre 1 de 1989. Cargo Jefe Atención al Usuario. FI. 58), Betty Sánchez Martínez (Desde abril 1 de 1993. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 59), Blanca Cecilia Lancheros Martínez (Desde mayo 15 de 1984. Cargo Auxiliar de Facturación. FI. 60), Francini Sánchez de Rodríguez (Desde mayo 2 de 1996. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 61), Rosa María Jiménez Noguera (Desde septiembre 13 de 1996. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 62), Ana Mercedes Torres Díaz (Desde junio 14 de 1988. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 63), Blanca Margarita Rojas Arévalo (Desde septiembre 14 de 1989. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 64) y María Luisa Dilma Diaz (Desde octubre 2 de 1995. Cargo Auxiliar de Enfermería. FI. 65). Tras referirse a la naturaleza jurídica de la institución hospitalaria, conforme el fallo CC SU484-2008, memoró que

si bien, la declaratoria de nulidad de los Decretos 290, 1374 de 1979 y 371 de 1996 generó que las entidades que conformaban la Fundación San Juan de Dios retornaran a la Beneficencia de Cundinamarca, de suerte que pasaron a ser sujetos de aplicación de las normas que regulan los establecimientos públicos, no podía afectar los derechos laborales, por virtud de la presunción de legalidad de los actos administrativos «posteriormente (...) anulados». Entonces, consideró que el vínculo que ató a los demandantes con el Instituto Materno Infantil fue de linaje laboral, así como las prestaciones que se generaron pues, lo contrario, conllevaría desconocer derechos adquiridos, en los términos del artículo 53 de la Constitución Política. Citó

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Radicación n.° 67772 pasajes de las sentencias CSJ SL, 25 jul. 2005, rad. 25529

y CC C-314-2004.

Precisó que los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, subsistieron mientras los Decretos 290, 1374 de 1979 y 371 de 1996 estuvieron amparados por la presunción de legalidad, hasta el 14 de junio de 2005, cuando quedó ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado que los declaró nulos. De esta suerte, agregó, toda actuación posterior produjo las consecuencias propias de un establecimiento público del orden departamental, dada la naturaleza jurídica de la Beneficencia de Cundinamarca y «los explicados efectos ex tunc». Estimó que los promotores del juicio tenían derecho a

las acreencias reclamadas hasta el 14 de junio de 2005, por manera que negaría «las pretensiones que conciernen el periodo del 15 de junio de 2005 hasta la declaratoria de insubsistencia de cada uno de ellos, por ser de competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa». Coligió que los reclamos elevados a la Beneficencia (fls. 332 a 379), «tuvieron la virtualidad de interrumpir la prescripción solo para las acreencias que se pudieron generar con anterioridad a tres (3) años hacía atrás (sic)» de la fecha de presentación y que los actores fueron beneficiarios de la convención colectiva pues, aunque no aportaron la certificación del sindicato, así fue reconocido en las constancias laborales (fls. 50 a 73). 12

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Radicación n.° 67772 Dedujo improcedente imponer las condenas pedidas, como quiera que la Fundación pagó a los accionantes, «sueldos, prima de servicios, cesantía, intereses de cesantía, vacaciones y prima de navidad», así: Angélica Perea de Perea, valor total pagado de $14,241,593, documental visible a folios 261 a 267, C.2. Javier Camelo Camelo, valor total pagado de $10,502,919, documental visible a folios 403 a 407, C.2. María Nelly Rodríguez Rodríguez, valor total pagado de $30,703,829, documental visible a folios 270 a 276, C.2. Jorge Eliecer Gaona Pérez, valor total pagado de $11,270,836, documental visible a folios 133 a 136.

Miguel Alberto Palacio Sánchez, valor total pagado de $11,841,629, documental visible a folios 289 a 295, C.2. Jesús María Montalvo López, valor total pagado de $25,781,170, documental visible a folios 300 a 305, C.2 Elizabeth Ochoa Reyes, valor total pagado de $24,789,336. documental visible a folios 310 a 316, C.2. María Teresa de Lourdes Montalio Bayona, valor total pagado de $58,784,259, documental visible a folios 321 a 327, C.2. Betty Sánchez Martínez, valor total pagado de $23,826,404, documental visible a folios 332 a 338, C.2. Blanca Cecilia Lancheros Martínez, valor total pagado de $33,741,304, documental visible a folios 344 a 350, C.2. Francini Sánchez de Rodríguez, valor total pagado de $12,113,088, documental visible a folios 358 a 364, C.2. Rosa María Jiménez Noguera, valor total pagado de $12,816,356, documental visible a folios 367 a 372, C.2. Ana Mercedes Torres Díaz, valor total pagado de $30,185,162, documental visible a folios 377 a 382, C.2. Blanca Margarita Rojas Arévalo, valor total pagado de $32,570,224, documental visible a folios 388 a 393, C.2. María Luisa Dilma Díaz Ramírez, valor total pagado de $23,138,482, documental visible a folios 178 a 179.

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Radicación n.° 67772 María Cristina Arias Pinilla, valor total pagado de $27,831,639, documental visible a folios 117 a 119. Luis Enrique Nieto Gutiérrez, valor total pagado de $36,352,980, documental visible a folios 412 a 419, C.2 Explicó que conforme el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la sentencia CSJ SL, 8 jul. 2008, rad. 30868, una vez verificado el incumplimiento de las obligaciones que dan lugar a la imposición de la sanción allí prevista, solo era viable imponerla cuando el patrono «no esgrime circunstancias atendibles que indiquen que en tal omisión hubo buena fe, o el Juez no encuentre circunstancias que dentro del proceso la hagan evidente». Luego de traer a colación los fallos CSJ SL, 5 dic. 2002, rad. 18919 y CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 36506, negó dicha indemnización, en tanto consideró que el empleador no pagó la «liquidación laboral» por razones objetivas, como la iliquidez e intervención económica de la Fundación San Juan de Dios. También, negó la indemnización por despido debido a que, después del 15 de junio de 2005, los demandantes pasaron a ser empleados públicos. Finalmente, dispuso el pago de los aportes a pensión, desde cuando los accionantes se vincularon hasta el 14 de junio de 2005, con sustento en el fallo CC SU484-2008.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuestos por la Beneficencia de Cundinamarca y

los demandantes y concedido a Jesús María Montalvo López, María Luisa Dilma Díaz Ramírez, María Teresa de

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Radicación nn..°° 67772 Lourdes Montario Bayona, Elizabeth Ochoa Reyes, Blanca Cecilia Lancheros Martínez, María Nelly Rodríguez Rodríguez, Francini Sánchez de Rodríguez, Ana Mercedes Torres Díaz, Betty Sánchez Martínez, María Cristina Arias Pinilla, Miguel Alberto Palacio Sánchez, Luis Enrique Nieto Gutiérrez, Jorge Eliecer Gaona Pérez y Javier Camelo Camelo, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver. Angélica María Perea de Perea no presentó recurso de casación y mediante auto de 28 de junio de 2023, se declaró desierto el que formularon Rosa María Jiménez Noguera y Blanca Margarita Rojas Arévalo (f1.184, cuad. Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden se case parcialmente la sentencia gravada, de manera que se declare sin validez, ni efecto «la totalidad del numeral SEGUNDO del resuelve de la sentencia», así como «la parte pertinente del numeral PRIMERO referida a que el pago de los aportes en pensiones se haga hasta el 15 de junio del 2005 (...) ».

En sede de instancia, piden se «sirvan modificar y/o adicionar la sentencia de segundo grado», para acceder a una serie de declaraciones y condenas concernientes a la existencia y vigencia de los contratos de trabajo a término indefinido; cargos desempeñados, salarios devengados, incluido lo percibido por prima de antigüedad y de

alimentación, auxilio de transporte, dominicales y festivos y

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Radicación n.° 67772 aumentos convencionales; que no hubo solución de continuidad o terminación de los vínculos, en aplicación del parágrafo 1 del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo se imponga «como sanción al empleador por omisión en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales». También, el salario base de liquidación de los derechos convencionales pretendidos correspondientes a los incrementos salariales anuales, cesantía y sus intereses, prima de servicios, vacaciones no disfrutadas, primas de vacaciones y navidad, auxilio de semana santa, pensión de jubilación, subsidio familiar e indemnización por despido, de las que debe deducirse lo reconocido a cada uno, a manera de compensación. Igualmente, se concedan las indemnizaciones de que tratan los artículos 65 del estatuto laboral y el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; el pago de los aportes a pensión causados en vigencia de cada uno de los contratos «o hasta la eventual fecha de terminación que se disponga en defecto del reintegro»; que se declare que los contratos terminaron de manera unilateral y, por ende, procede el reintegro a sus cargos; de manera subsidiaria, la indemnización convencional, daños morales y la indexación. Por la causal primera, formulan 4 cargos que fueron replicados. El 2.° y 3.° se resolverán conjuntamente, dada la similitud en la argumentación.

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1C16 Radicación n.° 67772

VI. CARGO PRIMERO Acusan violación indirecta de los artículos 13, 14, 16, 20, 21, 22, 43, 47, 54 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, y 26 de la Ley 10 de 1990.

Aseveran que el error de hecho consistente en dar por probado, «sin estarlo, que mis poderdantes habían mutado de trabajadores privados con contrato de trabajo a empleados públicos a partir del 15 de junio de 2005, hasta cuando fueron declarados insubsistentes», provino de la no valoración o «indebida interpretación» de las siguientes pruebas: a) Copia Escrito de acuerdo marco suscrito el 16 de junio de 2006 por el Ministro de la Protección Social, Alcalde Distrital de Bogotá D.C., Gobernador del Departamento de Cundinamarca a expensas del Procurador General de la Nación (obrante en folios 687 a 690 Cuad. Principal, además a folios 511 a 514 cuad. 2). b) Copia de Decretos Departamentales de Cundinamarca 0099 y 0117 de junio de 2006, que dispusieron la Liquidación de la Fundación San Juan de Dios. (obrante en 2 ejemplares a folios 691 a 697 Cuad. Principal, además a folios 84 a 90 del Cuad. 2) c) Resoluciones No. 2342 de octubre del 2007 y 009 del 22 de febrero del 2008 mediante las cuales se decreta la apertura del proceso liquidatorio de la Fundación San Juan de Dios (obrante

a Folios 82 a 112 del Cuad. Principal). d) Resoluciones 2597, 2504, 2561, 2518, 2575, 2534, 2565, 2553, 2562, 2555, 2583, 2581, 2541, 2586, 2577 todas de 2007; y la 0242 de 2008, con las cuales resuelve la Liquidadora recursos de reposición de los demandantes. e) Escrito de contestación de la demanda de la Beneficencia de Cundinamarca (obrante a folios 1 al 41 del cuad. 2). d) Escrito de contestación de la demanda del Departamento de Cundinamarca 1.( obrante a folios 477 al 510 del cuad. 2).

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Radicación n.° 67772 Resaltan que si bien, el Tribunal reconoció que la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979, y 371 de 1998, no podía afectar situaciones jurídicas consolidadas, dedujo que conservaron la calidad de trabajadores privados hasta el 14 de junio de 2005 y, a partir del día siguiente, mutaron a empleados públicos, bajo el desacertado argumento de que el Instituto Materno Infantil pasó a ser propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca. Con ello, dicen, trasgredió los preceptos legales acusados, y «pasó por alto» los artículos 55 del estatuto laboral y 38 de la Ley 153 de 1887. También, desbordó la «interpretación» de la sentencia proferida por el Consejo de Estado y el fallo CC SU4842008, que adoctrinó sobre el alcance de los principios de buena fe, prohibición de ir contra los actos propios y de confianza legítima en las relaciones con la administración. Sostienen, que: Frente a esa doctrina constitucional, mis representados suscribieron contratos de trabajo de naturaleza privada probados documentalmente en el expediente, que se desarrollaron y ejecutaron en las circunstancias y condiciones pactadas sin solución de continuidad en el tiempo. En esas circunstancias, también celebraron, como afiliados al sindicato, convenciones colectivas y sin variación alguna permanecieron incólumes a lo menos hasta la fecha que se les quiere asignar de terminación de las relaciones laborales mediante irregulares insubsistencias proferidas por la Gerente Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios. Aducen que las pruebas denunciadas, dan cuenta de que las insubsistencias se produjeron durante el proceso de liquidación de la Fundación San Juan de Dios, dispuesta mediante Decretos 099 y 0117 de junio de 2006, expedidos en desarrollo del acuerdo marco suscrito el 16 de junio de 18 SCLAPT-10 V.00 tql Radicación n.° 67772 2006, por el alcalde distrital, los ministros de la protección social y del trabajo, y el gobernador de Cundinamarca a instancia del procurador general de la Nación, en el que convinieron que debían liquidarse «el conjunto de derechos y obligaciones contraídas por la extinta Fundación San Juan de Dios, incluidas las laborales, previo a la entrega de los Hospitales a la Beneficencia de Cundinamarca)). Arguyen que en dicho acuerdo, se dispuso que el

Instituto Materno Infantil fuese operado provisionalmente por Bogotá D.C., mediante contrato de arrendamiento, como desde entonces y actualmente está funcionando. Que mediante resoluciones 2342 de 2007 y 009 de 2008, proferidas por la liquidadora e ignoradas por el ad quem, se dispuso la apertura formal del proceso liquidatorio de la Fundación San Juan de Dios, entre otras acciones las de «remoción del empleo, pago de acreencias y respuestas de reposición»; no obstante, la beneficencia fue la que pagó los emolumentos salariales. Plantean que, en respuesta a la demanda inicial, la Beneficencia y el Departamento de Cundinamarca adujeron que la Fundación debía asumir las obligaciones laborales. También, que el Instituto Materno Infantil, ni el Hospital San Juan de Dios han sido retomados por la primera entidad, toda vez que desde los decretos que ordenaron la liquidación hasta la actualidad, hace parte de un patrimonio autónomo, de donde se sigue que no es cierto que adquirieron la calidad de servidores públicos desde el 15 de junio de 2005.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 67772 Insisten en que el Tribunal desconoció el proceso de liquidación de la Fundación y los artículos 18 del Decreto 1529 de 1990, 1, 3 y 4 del Decreto 1399 de 1990, 15 del Decreto 739 de 1991, y 13, 14, 16, 18, 20 al 23, 43, 47 y 54 del Código Sustantivo del Trabajo.

VII. RÉPLICA

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Salud

y Protección Social glosan la técnica del recurso. Dicen que la sentencia del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de los decretos que dieron origen a la Fundación S